32 Estados de Estados Unidos han solicitado al Tribunal Supremo de los Estados Unidos que se pronuncie sobre el derecho de las parejas homosexuales a contraer matrimonio

Tres jueces estudian las enmiendas contra el matrimonio gay de Idaho, Nevada y Hawai

La experiencia de Massachusetts como primer estado en legalizar el matrimonio igualitario muestra que permitir que las parejas del mismo sexo se case ha beneficiado a las familias y fortalecido la institución del matrimonio, alegó la fiscal general Martha Coakley.

Más de una treintena de estados que permiten o prohíben los matrimonios entre personas del mismo sexo pidieron el jueves a la Corte Suprema federal que resuelva el asunto de una vez por todas.

Quince estados que permiten el matrimonio igualitario, liderados por Massachusetts, presentaron un escrito que pide a los magistrados abordar tres casos de Virginia, Utah y Oklahoma y derogar las prohibiciones. Por su parte 17 estados que prohíben esa unión, encabezados por Colorado, han pedido a la corte abordar los casos de Utah y Oklahoma para limpiar una “maraña” de demandas, pero no exhortó al máximo tribunal a pronunciarse en alguno de los sentidos.

Las mociones se presentaron mientras un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 7mo Circuito en Chicago falló que las prohibiciones al matrimonio entre personas del mismo sexo en Wisconsin e Indiana son inconstitucionales. La decisión unánime del jueves criticó las justificaciones que ambos estados dieron: que el matrimonio entre un hombre y una mujer es tradicional. La corte señaló que hay tradiciones buenas y malas.

“Las leyes que prohíben a las parejas del mismo sexo casarse son discriminatorias e inconstitucionales“, dijo la fiscal general Martha Coakley. “Ha llegado la hora de que este crucial tema sea resuelto”.

California, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Nuevo Mexico, Nueva York, Oregon, Pennsylvania, Vermont y Washington se sumaron a Massachusetts.

El escrito de Colorado argumentaba que la definición de matrimonio enfrenta impugnaciones legales que solo la Corte Suprema puede resolver, y que sin una decisión del máximo tribunal, los estados que defienden las prohibiciones podrían encarar responsabilidades financieras en futuras demandas si las leyes son derogadas.

Alabama, Alaska, Arizona, Georgia, Idaho, Luisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Virginia Occidental y Wisconsin se sumaron a la causa de Colorado.

Fuente Cáscara Amarga

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Una sentencia de nueve líneas suspende ‘in extremis’ los matrimonios entre personas del mismo sexo  en Virginia

Otro juez declara inconstitucional la prohibición del matrimonio en Florida

La decisión de la Corte Suprema no fue inesperada, ya que en enero emitió un fallo en que dejó en suspenso los matrimonios entre personas del mismo sexo en Utah mientras la corte federal de apelaciones en Denver escuchaba el caso.

Las parejas del mismo sexo tendrán que esperar más para comenzar a casarse en Virginia después de que la Corte Suprema federal aceptara este miércoles aplazar el fallo de un tribunal de apelaciones que anulaba la prohibición estatal a los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Las bodas entre personas del mismo sexo tendrían que haber empezado a ser legales en el estado de Virginia el día 21 de agosto. Esta era la fecha que estaba prevista en la sentencia de la Corte de Apelaciones que había marcado un plazo de tres semanas para que se presentaran alegaciones. Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos presentó ayer, ‘in extremis’ su decisión de suspender la aplicación de la sentencia en espera de que la Corte decida a nivel de todo Estados Unidos, y que se resuelvan todas las partes del litigio, siguiendo un camino similar al tomado en otros estados. La diferencia está en que normalmente había sido la propia Corte de Apelaciones la que decretaba la suspensión de la sentencia, pero en este caso los jueces se habían negado a tomar esta decisión sin argumentarla en ningún sentido. Esto ha debido tomar por sorpresa a los jueces de la Corte Suprema, que tampoco han argumentado su decisión y solo han presentado un escueto documento de nueve líneas.

En definitiva, el principal tribunal del país aceptó la petición del secretario de un condado en el norte de Virginia para aplazar la decisión de la Corte Federal de Apelaciones del Cuarto Circuito en Richmond, que habría permitido a las parejas homosexuales casarse a partir del jueves. El estado hubiera tenido que comenzar a reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo si la Corte Suprema hubiera negado la solicitud. La corte no proporcionó una explicación de su orden. La corte ratificó la decisión que anula la prohibición a estas uniones en Utah, pero retrasó su decisión en espera del fallo de la Corte Suprema. La mayoría de las decisiones judiciales a favor de las uniones entre personas del mismo sexo también han quedado en suspenso.

Virginia tendrá de este modo que esperar a que se resuelva todo el complejo entramado de decisiones judiciales que están pendientes en Estados Unidos y que solo ahora están empezando a llegar a la Corte Suprema. De hecho, solo tres de las Cortes de Apelaciones se han pronunciado por el momento sobre el asunto. Las tres sentencias han sido favorables y ya son 20 las sentencias consecutivas a favor del matrimonio gay en Estados Unidos. La decisión de la Corte del Cuarto Circuito de Apelaciones, al que pertenece Virginia, tenía especial importancia por ser la primera dictada en el sur de Estados Unidos, tradicionalmente de ideología más conservadora. De hecho, Virginia había sido uno de los estados sureños que había incluido la prohibición del matrimonio gay en la Constitución del estado. Esa modificación se aprobó con un 57% de los votos en 2006, pero la aceptación del matrimonio gay ha crecido considerablemente en los últimos años. El propio fiscal del estado, Mark Herring, se ha pronunciado a favor del matrimonio igualitario y había pedido él mismo al Supremo que revisara el caso para darle salida cuanto antes.

Al aprobar la demora, la Corte Suprema deja en claro que “cree que un proceso digno es mejor que el desorden”, afirmó Byron Babione, asesor jurídico principal de la Alliance Defending Freedom (Alianza para la Defensa de la Libertad), un grupo conservador de temas jurídicos con sede en Scottsdale, Arizona, que apoyó la impugnación de dos secretarios de tribunales de circuito de Virginia entre cuyas responsabilidades está emitir licencias de matrimonio. “Los habitantes de Virginia merecen una solución justa y ordenada sobre la pregunta de si desean preservar en sus leyes que el matrimonio sea la unión de un hombre y una mujer”, dijo Babione en un comunicado.

Partidarios del matrimonio igualitario se mostraron desilusionados y dijeron que las parejas homosexuales ya han esperado demasiado para casarse. “Las parejas –y las familias– no deben tener que esperar otra demora antes de que su compromiso uno con el otro sea reconocido por el estado de Virginia”, dijo en un comunicado James Parrish, director ejecutivo de la organización Equality Virginia.

Fuente Ragap y Cáscara amarga

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El senador de Arizona Steve Gallardo, quien se opuso abiertamente a un proyecto de ley anti gay aprobado en la Legislatura, anunció abiertamente su homosexualidad este miércoles.

“Soy latino, soy un nativo de Arizona, vengo de una familia católica y yo soy gay, ¿está bien?”, dijo Gallardo a NBC News, poco después de que hizo el anuncio en el Capitolio estatal de Phoenix.

El senador dijo que sintió la necesidad anunciarlo después de que la legislatura de Arizona aprobó una ley que habría permitido a las empresas negar el servicio a personas gays, basado esto en creencias religiosas. La gobernadora Jan Brewer vetó el proyecto de ley hace unos días.

“Este proyecto de ley permite a las empresas reservarse el derecho de atender en algunos restaurantes “, dijo el senador a NBC News. “Yo no sé por qué la Legislatura estaba haciendo esto. Debo salir, debo decir algo, debía compartir este lado personal de mi vida, algo que normalmente no haría”.

Gallardo, demócrata que sirvió en la Cámara Baja en el periodo 2003-2009 en el estado de Arizona, y luego se trasladó al Senado en el año 2011 planea postularse para el escaño que deja vacante el retiro de Ed Pastor.

El funcionario dijo que no le preocupa cómo la declaración afectará sus aspiraciones políticas.

“No me tanto importa la contienda por el Congreso, no sé si me ayudará o afectará, esto es más grande que cualquier cosa…”, dijo. “Si puedo hacer que con esto, las cosas sean más fáciles para una sola persona, valdrá la pena “.

Fuente Terra, vía SentidoG.

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La gobernadora de Arizona vetó recientemente una ley aprobada por las cámaras del estado que permitía discriminar a las personas LGTB en base a las creencias religiosas de los prestadores de servicios. Ahora se ha dado a conocer una encuesta que revela la gran oposición popular a dicha ley, así como el cambio experimentado entre los ciudadanos de Arizona respecto al matrimonio igualitario, cuyos partidarios superan por primera vez a los detractores. La misma tendencia favorable a la igualdad se observa en otras encuentas realizadas a nivel nacional en los Estados Unidos.

No solo las grandes compañías como Apple, American Airlines o los organizadores de eventos deportivos como la Liga Nacional de Fútbol Americano se oponían a la ley homófoba que aprobaran las cámaras representativas de Arizona, también la mayoría de los ciudadanos del estado se han declarado contrarios en una encuesta realizada por la firma Public Policy Polling.

La ley “relativa al libre ejercicio de la religión”, hubiera autorizado la discriminación de las personas LGTB en base a las creencias religiosas de los prestadores de servicios. Con su entrada en vigor, el propietario de cualquier negocio podría haberse negarse a atender a clientes cuando ello hubiera colisionado “de forma sustancialmente motivada” con su fe. Aunque el texto no las mencionaba, el objetivo de la ley no era otro que las personas LGTB pasaran a ser ciudadanos de segunda clase a los que se podría denegar servicios sin que ello supusiera una infracción.

La encuesta de Public Policy Polling revela que un amplio 66 % de los ciudadanos de Arizona apoyan el veto de la gobernadora, que ha dejado la ley sin efectos, frente a un minoritario 22 % favorable a que la medida hubiera entrado en vigor.

En el sondeo, en el que se interrogaba a los ciudadanos sobre asuntos de interés social y político, se mostraba también interés por su opinión acerca del matrimonio entre personas del mismo sexo, ofreciendo datos que ponen de relieve el cambio social que se está experimentando hasta en las zonas tradicionalmente más conservadoras de los Estados Unidos. Un 49 % de los encuestados se mostraba favorable a la legalización del matrimonio igualitario en Arizona, frente al 41 % que se declaraba opuesto, siendo la primera vez que los partidarios de la igualdad superan a los discriminadores. Entre los menores de 45 años los porcentajes difieren aún más: un 56 % de partidarios frente a un 36 % de detractores.

Dean Debman, presidente de Public Policy Polling, señala que “Arizona es un buen ejemplo de cómo está cambiando la nación respecto a la cuestión de los derechos de los homosexuales”, constatando que “ahora no apoyan nuevas leyes que discriminen a los gais y sí apoyan nuevas leyes que les otorguen igualdad completa”. Hace un poco más de dos años, en noviembre de 2011, una encuesta semejante ofrecía el resultado de un 45 % de opositores al matrimonio igualitario frente a un 44 % de partidarios.

Apoyo al matrimonio igualitario en el conjunto de Estados Unidos

Otras encuestas publicadas recientemente confirman el apoyo mayoritario de la población al matrimonio entre personas del mismo sexo en el conjunto de los Estados Unidos. El estudio del independiente Public Religion Research Institute reflejaba que un 53 % de los estadounidenses apoya el matrimonio igualitario frente a un 41 % que se opone. En 2003 el mismo tipo de encuesta mostraba que solo un 32 % apoyaba el matrimonio entre personas del mismo sexo, al que se oponía un 59 %. El cambio es considerable.

El cuestionario ofrece datos interesantes, como el que se refiere a la opinión sobre la igualdad matrimonial por regiones. Los partidarios son mayoritarios en el Noreste (60 %), Oeste (58 %) y Medio Oeste (51 %), mientras que en el Sur hay un empate entre partidarios y detractores, alcanzando ambos el 48 % de los encuestados.

Por creencias religiosas, el matrimonio entre personas del mismo sexo cuenta con un apoyo mayoritario entre los judíos (83 %), los que no se adhieren a ningún grupo religioso (73 %), los blancos protestantes no evangélicos (62 %), los católicos no hispanos (58 %) y los católicos hispanos (56 %). Frente a ellos, un 69 % de los blancos evangélicos y un 59 % de los negros protestantes se oponen a la igualdad de derechos de las personas LGTB.

Otra encuesta, realizada para el New York Times y CBS News a finales del pasado mes de febrero, indagaba sobre la opinión de los ciudadanos estadounidenses respecto a los asuntos políticos de interés general. En ella se reflejaba que un 56 % de los encuestados estimaban que el matrimonio entre personas del mismo sexo debía ser legalizado, frente a un 39 % que opinaba que no debía serlo.

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Arizona se enfrenta a una ola de oposición a la ley homófoba aprobada la pasada semana por las cámaras legislativas de ese estado, de mayoría republicana. Una oposición que no solo procede del colectivo LGTB o de políticos demócratas. Decenas de pequeñas y medianas empresas del estado, importantes organizaciones deportivas o grandes corporaciones como Apple o American Airlines también han expresado su contrariedad. La repercusión es tal que algunos de los legisladores que votaron a favor de la ley aseguran estar arrepentidos. Sigue la incógnita de si la gobernadora escuchará las peticiones y vetará la ley.

La ley “relativa al libre ejercicio de la religión” autoriza la discriminación de las personas LGTB en base a las creencias religiosas de los prestadores de servicios. Si entra en vigor, el propietario de cualquier negocio podrá negarse a atender a clientes cuando ello colisione “de forma sustancialmente motivada” con su fe, una licencia discriminatoria que hasta ahora solo estaba permitida en Arizona para organizaciones religiosas. Aunque el texto no las menciona, el objetivo de la ley no es otro que las personas LGTB, que a partir de ahora pasan a ser ciudadanos de segunda clase a los que se podrá denegar servicios sin que ello suponga una infracción.

Ya cuando informamos de la aprobación de la ley adelantábamos que importantes sectores económicos de Arizona no la veían con buenos ojos. Mencionábamos como ejemplo que el Consejo Económico del Gran Phoenix (Greater Phoenix Economic Council), una entidad que busca atraer inversiones a la capital del estado y a su región, dirigía una carta a la gobernadora Brewer en la que le pedían que vetara la ley. La carta estaba firmada por su presidente ejecutivo, Barry Broome, y por el presidente de su consejo, James Lundy (presidente del Alliance Bank of Arizona).

Pero en estos días se han acumulado nuevas e importantes peticiones en el mismo sentido. Más de 80 compañías radicadas en Arizona, muchas de ellas del sector de la tecnología y del turismo, han firmado una carta conjunta (que puedes descargar aquí) en la que piden a Brewer que vete una ley que directamente califican de “frívola, innecesaria y fiscalmente peligrosa”, que consideran que “intenta solucionar un problema que no existe” y que creen que transmite la idea de que Arizona es un lugar inhóspito. “Tiene la oportunidad de asumir el liderazgo en un tema que de lo contrario tendrá un impacto económico negativo en Arizona. Le instamos encarecidamente a vetar la ley SB 1062 y a que siga apoyando a Arizona, a las empresas locales y a la economía”, concluye la carta. Entre sus firmantes (que puedes consultar al final del texto) se encuentra por cierto la Cámara de Comercio Hispana de Arizona.

Preocupación en compañías como Apple…

Uno de los párrafos de la carta, por cierto, hacer alusión a como la ley actuaría desincentivando la localización de negocios en Arizona y el traslado de trabajadores altamente cualificados al estado. La carta se refiere expresamente a la reciente decisión de Apple, el gigante de la informática, de abrir una fábrica en Mesa, cerca de Phoenix, que daría trabajo a entre 700 y 2.000 personas.

Y los empresarios locales de Arizona no van desencaminados: lo cierto es que la aprobación de la ley ha generado inquietud en la compañía de la manzana, cuya portavoz Kristin Hueget ha confirmado que se han dirigido a la gobernadora Brewer pidiéndole que vete la ley. No ha sido la única: otras grandes compañías que se han dirigido a la gobernadora en el mismo sentido son American Airlines y la cadena hotelera Marriott.

… en la liga de fútbol profesional…

Significativo es también el pronunciamiento del comité responsable de la organización de la Super Bowl (la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano) que precisamente tendrá lugar en febrero de 2015 en Phoenix. En un breve comunicado oficial, esta entidad asegura compartir los valores de la NFL (National Football League) que “abrazan la tolerancia, la diversidad y la inclusión y prohíben la discriminación”.

El comité añade que uno de sus objetivos es promover la vitalidad económica de Arizona, que según esta entidad sufrirá un durísimo golpe si la ley es aprobada. “No apoyamos esta legislación. En su lugar, deseamos seguir promoviendo los valores de la NFL, aprovechar el buen momento económico que vive Arizona y atraer la atención del mundo de una forma positiva mediante la organización de la 49 edición de la Super Bowl”, finaliza la nota.

…y entre políticos ¡que votaron la ley!

Incluso destacados políticos republicanos vinculados a Arizona han expresado su oposición a la ley y han pedido a Jan Brewer que la vete. Es el caso de los dos representantes del estado en el Senado de Estados Unidos, Jeff Flake y John McCain (este último candidato republicano a la Casa Blanca en 2008), de cinco de los siete candidatos republicanos a gobernador en las elecciones de noviembre (a las que Brewer ya no se presentará) o, y esto es los más sorprendente, de tres representantes republicanos en el Senado estatal de Arizona que la semana pasada votaron a favor de la ley: Adam Driggs, Steve Pierce y Bob Worsley.

“No me sentí cómodo con este voto”, ha afirmado Worsley. “Las leyes están en los libros, pero ahora veo cuales son las ramificaciones de mi voto. Me siento mal, fue un error”, ha añadido. Más gráfico ha sido Steve Pierce. “La jodí”, ha afirmado, “y ahora intento hacer lo correcto”, ha asegurado, en alusión a su petición a la gobernadora de que vete la ley que él mismo votó hace pocos días.

La última personalidad republicana en pedir a Brewer que vete la ley ha sido Mitt Romney, candidato a la Casa Blanca en 2012. “@GovBrewer: veto of #SB1062 is right”, reza el lacónico mensaje que Romney ha publicado en su perfil de Twitter. Habrá que ver que hace finalmente la gobernadora, que tiene esta semana para tomar una decisión, y que por el momento no ha dado pistas acerca de cuál será esta. Estaremos atentos.

Finalmente la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, ha sido receptiva a la ola de peticiones que desde sectores económicos y desde su propio partido ha recibido para que vete la ley (de hecho, al margen del posicionamiento de los políticos, el 57% de los votantes republicanos de Arizona se opone a la misma, según una encuesta conocida hace un par de días).

La decisión fue anunciada en una conferencia de prensa que tuvo lugar a última hora del miércoles, después de que Brewer mantuviera varias reuniones privadas con partidarios y opositores a la ley. La gobernadora justificó su decisión en el argumento de que a día de hoy no existe en Arizona una preocupación específica por la libertad religiosa que haga necesaria una norma que vaya más allá de la legislación ya vigente y que además la ley podría derivar en consecuencias “indeseadas y negativas”. “La libertad religiosa en un valor central de América y de Arizona, de la misma forma que lo es la no discriminación”, añadía.

A su juicio, la norma aprobada por la cámara legislativa “podría dividir Arizona en formas que ni siquiera podemos imaginar”. La gobernadora explicó que se había reunido con partidarios y detractores de la ley y había concluido que la ley era demasiado “amplia” y podía tener consecuencias negativas. Brewer se mostró convencida de que la ley que había aprobado la cámara legislativa no estaba encaminada “a preocupaciones sobre libertad religiosa”, y añadió que entre la documentación que le han presentado asesores, ciudadanos y legisladores no ha encontrado ejemplos de que la ley fuera a beneficiar la libertad religiosa.

 Mientras se producía la comparecencia, grupos de personas se manifestaban en las calles que rodean la sede de la gobernación con carteles en los que decían: “Gracias gobernadora Brewer”.

 La Casa Blanca mostró su oposición a la ley homofóbica

 El secretario de Estado de EE UU, John Kerry, consideró que esa propuesta sería declarada inconstitucional si llega al Tribunal Supremo: “No puedo imaginarme cómo esa ley podría sobrevivir al escrutinio del Tribunal Supremo de Estados Unidos”, dijo Kerry en una entrevista con la cadena de televisión MSNBC.

 El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, en su conferencia de prensa de este martes, recordó que Obama defiende “la igualdad para los estadounidenses de la comunidad LGBT”, y cree que todos los ciudadanos, “sin importar su orientación sexual o su identidad de género, deberían ser tratados de forma igualitaria con dignidad y respeto”.

El veto de Brewer supone de facto el punto final de la ley. Aunque quisieran desafiar la decisión de la gobernadora (algo que en la coyuntura actual parece poco probable) los legisladores que votaron a favor -de los cuales hay que descontar, como mínimo, los tres senadores arrepentidos arriba mencionados- no reúnen la mayoría cualificada necesaria para levantar el veto.

Jan Brewer, gobernadora del estado de Arizona

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Si ayer nos alegrábamos poque había ocurrido todo lo contrario en otros cuatro  estados, hoy tenemos que informar de queen Arizona, la intolerancia religiosa se ha impuesto sobre la ley civil y los derechos humanos…

Una pizzería de Arizona se reserva el derecho de admisión a ‘legisladores homófobos’

Hace pocos días Kansas conseguía resistir el embate homófobo, pero Arizona no ha podido. Las cámaras legislativas de ese estado han aprobado una ley que autoriza la discriminación de las personas LGTB en base a las creencias religiosas de los prestadores de servicios. Eso sí, a diferencia del proyecto que se debatió en Kansas, la ley de Arizona solo será aplicable a servicios de titularidad privada, no a funcionarios públicos. Todo apunta a que la gobernadora del estado, la republicana Jan Brewer, firmará la ley, pese al llamamiento que sectores económicos le han hecho para que la vete.

La norma fue aprobada el miércoles por el Senado de Arizona por 17 votos a favor (los de todos los senadores republicanos) y 13 en contra (los de todos los senadores demócratas), dejando claro que en este estado la identificación de los republicanos con las posiciones discriminatorias es mucho más sólida que en otros lugares de Estados Unidos. Un día después era la Cámara de Representantes la que le daba su visto bueno por 33 votos a favor (todos ellos republicanos) y 27 en contra (los de los 24 demócratas y 3 republicanos). Los tres únicos representantes republicanos que votaron contra la discriminación fueron Heather Carter, Kate Brophy-McGee y Ethan Orr.

La ley “relativa al libre ejercicio de la religión” (que puedes descargar, en inglés, pinchando aquí) fue una propuesta de grupos conservadores ligados a la derecha religiosa que los legisladores republicanos no han dudado en hacer suya. Si entra en vigor, el propietario de cualquier negocio podrá negarse a atender a clientes cuando ello colisione “de forma sustancialmente motivada” con su fe, una licencia discriminatoria que hasta ahora solo estaba permitida para organizaciones religiosas. Aunque el texto no las menciona, el objetivo de la ley no es otro que las personas LGTB, que a partir de ahora pasan a ser ciudadanos de segunda clase a los que se podrá denegar servicios sin que ello suponga una infracción.

Los defensores de la ley argumentan que ello impedirá, por ejemplo, que un fotógrafo opuesto al matrimonio igualitario por razones religiosas pueda negarse a prestar sus servicios en una boda entre personas del mismo sexo (aunque Arizona no permite a día de hoy tales bodas), pero lo cierto es que los términos de la ley son lo suficientemente ambiguos como para permitir que cualquier persona LGTB sea rechazada en un comercio, en un restaurante, en una sala de espectáculos o en un hotel, por mencionar algunos ejemplos. Si la persona acude a la justicia, quedará a interpretación del juez determinar si la discriminación está suficientemente fundada en las “creencias religiosas” o no.

“Intentamos proteger la libertad religiosa”, ha justificado el representante republicano Steve Montenegro. “No queremos que el gobierno venga y obligue a una persona a actuar contra sus sagradas creencias religiosas o que se vea forzado a ello porque es el propietario de un pequeño negocio”, ha añadido. Para el representante demócrata Rubén Gallego, sin embargo, “el mensaje es el siguiente: ‘queremos que trabajes aquí, pero no estamos dispuestos a protegerte, a proteger tus derechos, a proteger a tu familia’”.  ”Justificar la discriminación contra la comunidad LGTB o contra otros utilizando la religión es una afrenta a todos los ciudadanos de Arizona. Esta no es la Arizona en la que quiero vivir. Esta no es la Arizona en la que la comunidad LGTB quiere vivir”, ha afirmado el también representante demócrata Demion Clinco, él mismo abiertamente gay. Por su parte, Victoria López, directora de programas de la ACLU (American Civil Liberties Union) en Arizona, ha expresado que su organización está examinando con detalle la legalidad de la norma.

Líderes económicos del estado piden a la gobernadora que vete la ley

Pero la oposición a la norma no proviene solo de la comunidad LGTB, de los políticos demócratas o de las organizaciones de defensa de los derechos civiles. Sectores económicos del estado no ven con buenos ojos una ley que coloca a Arizona en el ojo del huracán como un estado irrespetuoso hacia las minorías, como ya sucedió hace pocos años cuando el estado aprobó una polémica ley antiinmigración, que ya entonces produjo un boicoteo hacia el estado de Arizona con importantes consecuencias económicas.

El Consejo Económico del Gran Phoenix (Greater Phoenix Economic Council) una entidad que busca atraer inversiones a la capital del estado y a su región, ha dirigido por ejemplo una carta a la gobernadora Brewer en la que expresamente le piden que vete la ley. La carta está firmada por su presidente ejecutivo, Barry Broome, y por el presidente de su consejo, James Lundy (que a su vez es el presidente del Alliance Bank of Arizona).

Fuente Dosmanzanas

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