El cuerpo de Carina Guzmán, con rastros de violencia, fue encontrado el 31 de agosto en su casa del barrio Villa Tranquila, en la ciudad de General Güemes, más de 50 kilómetros al sur de la ciudad de Salta. Extraoficialmente se supo que hay personas demoradas en relación al hecho. Amigas de la víctima, que tenía 37 años , contaron detalles de su vida, atravesada por los abusos y la discriminación por su identidad de género.

Quizás la última manifestación de esa discriminación sea la de la investigación de su muerte. Hoy el Ministerio Público Fiscal de Salta informó a Presentes que la causa quedará a cargo del fiscal penal Leandro Flores, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas. Carina no había hecho el cambio de identidad y en su DNI sigue figurando con el nombre que le dieron al nacer. Aunque la ley de identidad de género consagra el derecho en términos de la vivencia interna de cada persona, la investigación del crimen no será con la intervención de la fiscala Mónica Poma, de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM).

El Ministerio Público Fiscal aún no informó el resultado de la autopsia del cuerpo, información extraoficial indica que tiene huellas claras de golpes y heridas cortantes. El cuerpo fue encontrado alrededor de las 9.30 del 31 de agosto. La noticia de la muerte de la joven trans generó gran consternación en gran parte de les habitantes de Güemes, que se hicieron eco en las redes.

El periodista Ángel Teseira, de Güemes, informó hoy que cinco personas fueron detenidas en relación a este hecho. Lo confirmó luego el jefe de Operaciones de la Unidad regional VII, Juan Carlos Tapia. También dijo que esas personas eran conocidas por Carina. Según el relato policial, le robaron el teléfono celular. También «elementos pertenecientes a Carina que se encontraba en poder de uno de los detenidos”, contó Teseira.

El relato de su amiga Estrella

Para el 31 de agosto Carina llevaba varios días desconectada de sus vínculos, y esta ausencia generó preocupación. Una de las personas que la buscó fue su amiga Estrella Mendez, mujer trans e integrante del colectivo LGBTIQ+ de General Güemes, ciudad atravesada por la ruta nacional 34, y muy cercana a la ruta 9, que conduce a la ciudad de Salta.

Estrella estuvo en la casa de Carina poco antes de que alguien llamara a emergencias y la Policía derrumbara la puerta. Contó que a eso de las 9 de la mañana del 31 de agosto fue a buscarla, una vez más, golpeó y le llamó en alta voz sin obtener respuesta. Finalmente, por una rendija en la puerta pudo ver sus piernas. Infirió que estaba acostada en el piso, pero pensó que estaba dormida y se fue a trabajar. Minutos después la llamada de una conocida común le informó del fallecimiento de su amiga.
Estrella está consternada. Contó que Carina “siempre” la llamaba, a veces con diferencia de diez minutos. “A mí no me molestaba porque era chistosa, siempre salía con algo que te hacía reír”. Pero “hacía semanas” que no lo hacía y tampoco atendía las llamadas. Preocupada, comenzó a buscarla. El sábado fue a una feria, donde siempre se encontraban, y en otros lugares donde solían verse. El martes 30 fue a la casa de Carina, no la encontró y le pareció raro que “el portón estuviera sin candado”. También esa vez, como tantas otras, miró por la rendija de la puerta pero no notó nada extraño. Estrella dijo que otras amigas también habían ido a la casa, con el mismo resultado.

Ese mismo día Estrella llamó a la pareja de Carina, que había viajado a Jujuy. Supo que aunque tenía previsto viajar a esa provincia, tampoco sabían nada de ella. Al día siguiente, ya miércoles 31 de agosto, fue de nuevo a la casa, y vio sus piernas, pero interpretó que estaba dormida.
Estrella contó que conoció a Carina hace ya tiempo, y salían a bailar. Carina ejercía la prostitución. Estrella se preocupó de aclarar que ella no trabaja “en la calle” prostituyéndose, “como siempre la gente nos señala a todas”. Hace trámites y tareas de limpieza para personas mayores. “Una me da 200, otra 200 y así me gano la vida”, contó.

Y luego, entre sollozos, expresó: “Carina no hacía daño a nadie. Era una persona humilde, lo poco que tenía ella lo daba, lo brindaba. No sé quién ni por qué le hizo daño a ella. Además, era una pulguita, muy flaquita, no tenía defensa”.

Carina ejercía el trabajo sexual como modo de subsistencia, en la precariedad de un predio vacío, cercano a la terminal de ómnibus. La identificación del espacio fue derrumbada en un intento por evitar que se reúnan personas con adicciones, como, sin embargo, sigue ocurriendo. Tanto Estrella como otra amiga de Carina que accedió a hablar con la condición de que no se brinde su identidad, denunciaron que en este lugar se cometen todo tipo de delitos, sobre todo vinculados con abusos sexuales.
La otra amiga, una mujer que conoció a Carina cuando era apenas una adolescente, contó que solía prostituirse en la estación de servicio donde ella trabajaba en el sector de ventas. La describió como “excelente persona”, con un problema de adicción al alcohol, nacida en el seno de una familia con ese problema. Y contó que por ella misma supo que Carina había sido violada por primera vez cuando tenía apenas siete años,. También que sufría constantes hechos de discriminación de parte de “homofóbicos que no aceptaban” su identidad de género.

Esta mujer relató que la vio hace dos semanas, en un boliche y la encontró de nuevo en días recientes. Carina estaba con un grupo de personas que limpian vidrios. Le pidió un cigarrillo, le dijo que no había comido ese día, y plata para comprar comida.

La familia de Carina es “muy humilde”, contaron. Una amiga creó un grupo de whatsapp para reunir fondos para ayudar con los gastos del sepelio. Y contó, igual que otres testigues que accedieron a hablar, a condición del anonimato, que tres o cuatro días antes de que la encontraran muerta, Carina tuvo un altercado con una mujer. En esas circunstancias recibió un golpe en la cabeza. Ese hecho fue en las inmediaciones del lugar que conocen como Gauchito Gil, cerca de la terminal de ómnibus. Los trascendidos señalan que les detenides participaron de ese incidente, aunque aun no hay información oficial.

El domingo 21 los amigos de La Pancha Quebracho fueron hasta su casa porque no respondía el teléfono. Allí constataron que La Pancha (nombre del personaje de transformista que hizo famoso en el ambiente marplatense) había sido asesinada. Héctor Alberto Juárez o La Pancha (sus amigos hablan de ella/él con los dos nombres y no le adjudican una identidad de género fija) tenía 57 años y vivía en el barrio Alto Camet.

Uno de sus amigos llamó al 911 y allí llegó la fiscal Romina Díaz de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de Mar del Plata.  Según dijo a Presentes, se iniciaron actuaciones por “averiguación de causales de muerte” e instruyó para que se realice la autopsia por haber sido hallado solo y sin presencia de testigos.

Según fuentes judiciales, un informe preliminar de la autopsia reveló que el cuerpo presentaba numerosos golpes, los que constituyeron la causa de muerte.

El crimen está caratulado como “homicidio”.  Al el cierre de esta nota no hay imputados a indagar y las actuaciones se están concentrando en la investigación. Desde el activismo de la diversidad sexual piden se investigue como un crimen de odio.

La Pancha Quebracho fue una artista del transformismo que surgió en los ´80 con total desparpajo y comicidad en el centro de la escena under marplatense.

Uno de sus amigos y artista referente Santiago -Santy- Flores la recuerda compartiendo shows con él, treinta años atrás.”Pancha fue uno de los primeros, aunque ya había unos pocos más. Dentro del transformismo era diferente a todos. Era muy grotesca, se pintaba con un corcho quemado la cara y se hacía tetas con globos. Nosotros aparecíamos con todo el glamour y Pancha se paraba al lado con una cortina de la casa colgada. Era muy graciosa, muy creativa.”, dijo a Presentes.

Su recuerdo remite a la constante risa de quienes la rodearon arriba y abajo de los escenarios. Alma Cristal Barraza conocida como La Loly Pop explica a Presentes:  “Yo me inicié cuando Pancha, cuando Santiago Flores ya eran conocidos. Íconos de la ciudad. Había un boliche que se llamaba Millenium donde yo lo llevaba de la mano y lo presentaba a Pancha. Era difícil no reírte con ella y era lo que buscaba. ‘Yo no voy a ser bonita, porque no lo soy’. Se reía de ella misma y de sus locuras. Era lo que queríamos ver. No había otro artista que hiciera comicidad. Ella era un showoman capocómico con un estilo particular. Se hacía las lolas con bombitas de agua y se pinchaba una y quedaba con una sola teta. Se le salían las pelucas, arrancaba el cuadro y ella salía tarde o no se acordaba la letra.”

Las primeras informaciones del crímen indicaban que habían matado a un cartonero. Santy puede dar fe que no se dedicaba a esa actividad. “El siempre andaba trabajando en algo y es mentira lo que dicen los medios que estaba cartoneando. Lo que pasa es que se había cansado del sistema. Vivía de una manera bastante rara. Estaba aliado con la naturaleza. Cocinaba en horno de barro que él mismo se construyó y lo mostraba con orgullo”.

Cristal lo recuerda como “una persona de mucha luz, que nunca tuvo maldad contra nadie. Buena, humilde, sencilla”.

Andaba con su bicicleta destartalada y siempre le robaban. “Hasta había puesto rejas en su casa y tenía un celu que no servía por si le robaban y mirá lo que son las cosas, la policía lo encontró en su casa”, dice Santy.

Y continúa diciendo que “Pancha estaba a favor de la vida, no quería matar a ningún animal, ni un mosquito, ni una araña. Se había corrido del sistema. Con él nos sacaron una parte del recuerdo y de la lucha. Pancha la viene remando hace mucho por el colectivo travesti trans. No es que se terminó. Que se enfermó y bueno, se fue. Se nos quitó. Porque se nos quitó a Pancha. La mataron. Estamos esperando que la justicia investigue o saldremos a pedir justicia.”

Claudia Vega, titular de Asociación Mundo Igualitario (AMI) dijo a Presentes: “»Esto está enmarcado en un crimen de odio. Acompañamos a la familia en este momento, que es muy reciente, que estaba muy consternada el día del velatorio. Nosotres vamos a esperar la evolución del proceso. Entendemos que debe haber un esclarecimiento. Sabemos que en estos casos es muy importante la articulación, la organización entre movimiento y diversidad. Este homicidio está enmarcado en un crimen de odio. Vamos a estar cerca en el proceso, viendo su evolución y sino vamos a exigir colectivamente justicia, si es necesario, marchando juntes».

Se trata de Gerardo Gabriel Garvizú (29) y Alejandro Oscar Ibarra (32), dos amigos que celebraban su reencuentro en la fiesta LGBT+ en el espacio llamado El Teatrito, ubicado en la calle Sarmiento 1752.

“Adentro nos sentimos bien, nos cuidaron. Siempre en los boliches de este ambiente me he sentido bien. Nunca me imaginé que saliendo del lugar íbamos a recibir esta paliza por parte de ocho personas, aproximadamente”, dijo a Presentes Gabriel, una de las personas golpeadas sobre la calle Rodríguez Peña, entre Sarmiento y Perón, al salir de la fiesta.

“Salimos contentos, abrazados, nos besamos. Creo que eso fue motivo para descargar su odio contra nosotros”, agregó.

A Oscar “le pegaron con una piedra en la cabeza”, señaló su amigo. Para Gabriel, se trató de “un intento de homicidio porque estuvo en peligro la vida de mi amigo y la mía”.

“Nos terminan reduciendo. Nos pegan en la cara, en la cabeza. Empiezo a sangrar. Fue un momento horrible. Traté de mantener siempre la entereza de no perder la conciencia ni nada porque no estaba solo y me preocupaba su bienestar”, describió.

Producto del ataque, Garvizú no recuerda “las caras, quiénes eran” y tampoco “cómo estaban vestidos”. Aunque señaló: “no creo que sea tan difícil ubicarlas a través de cámaras, siendo un barrio tan concurrido”.

Agredidos y abandonados por la policía y la salud

Gabriel criticó el accionar del personal tanto policial como médico que tuvieron intervención durante todo el proceso.

“Estuvimos como 40 minutos esperando el SAME que nunca llegó”, dijo. Agregó, además, que los agentes de la policía se negaron a llevarlos a un hospital o a una dependencia policial para radicar la denuncia.

El personal policial que intervino forma parte de la Comisaría Vecinal 1B, ubicada en Tacuarí 770. “Nunca fueron a buscar a los culpables”, dijo. La comisaría, en tanto, no atendió las llamadas de este medio.

Desde el lugar de los hechos se movilizaron en un taxi hasta el Hospital General de Agudos José Ramos Mejía, pero allí también recibieron destratos, según relataron a Presentes.

Ellos decidieron permanecer en el lugar y, finalmente, los atendieron en la guardia del hospital. Allí les hicieron placas y suturaciones, pero no recibieron atención psicológica.

De lo verbal a lo físico

Actualmente se encuentran recuperándose. Oscar Ibarra, quien resultó más gravemente herido, fue dado de alta ayer en un sanatorio del barrio de Colegiales y aguardan su recuperación para efectuar la denuncia. “Está con cortes en la cabeza, le hicieron varias suturas, tiene el maxilar fracturado, golpes en el cuerpo. Estamos muy mal psicológicamente”, señaló Garvizú.

La Defensoría LGBT se comunicó con las víctimas y se puso a disposición para las denuncias correspondiente ante el Ministerio Público Fiscal y en INADI. También ofreció los dispositivos que co-gestiona la organización La Fulana en el Centro Integral Pepa Gaitán.

“Todavía hay situaciones de discriminación y violencia hacia la diversidad”, dijo la activista LGBT+ María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires.

Para ella, estos ataques son incentivados y avalados “por discursos de odio en los medios de comunicación y la política que están creciendo y a su vez aumentan la discriminación y la violencia”. “Es un tema que nos preocupa y estamos trabajando para poder prevenirlo y dar respuesta a las situaciones que se generen”, indicó.

Desde el Bachillerato Popular IMPA denunciaron a través de sus redes sociales el ataque que recibió Oscar Ibarra, egresado del bachillerato. “Estos ataques homoodiantes no pueden seguir pasando. Rechazamos y repudiamos este tipo de acciones y exigimos reparación inmediata”, dijeron en un comunicado.

“Me gustaría que se haga justicia. Que se pueda detener a estas personas y que esto se visibilice. Que no quede en la nada la agresión que recibimos y tampoco el accionar que tuvo el personal policial y médico ante una situación de gravedad”, concluyó Gabriel Garvizú.

SANTA FE CIUDAD, Santa Fe. La referente trans de Santa Fe, Alejandra Ironici, fue asesinada en su casa –Pasaje Público 8133-, en el noroeste de la ciudad. Tenía 43 años y era la coordinadora del Movimiento por la Integración Social, Étnica y Religiosa (MISER) Santa Fe fue impulsora de importantes avances en derechos humanos para el colectivo trans travesti. Alejandra fue la primera en recibir su DNI con el cambio registral y en acceder a un puesto de docencia en el Estado santafesino, entre otras acciones.

Qué se sabe hasta ahora

Este domingo 21 de agosto, alrededor de las 23, el sobrino de Alejandra -que vive en la misma casa- regresó de trabajar, y al entrar había  fuego en el dormitorio. Al ingresar, según declaró ante la Policía, encontró a su tía con signos de quemaduras y en un charco de sangre. De inmediato llamó al 911.

Cuando los policías llegaron al lugar, confirmaron que la víctima se encontraba ya sin vida. Iniciaron el operativo para preservar el lugar del hecho y pidieron que asistan peritos y una unidad sanitaria (la cual nunca arribó).

Alejandra en una marcha de Ni una Menos en la Ciudad de Santa Fe. Al frente, Otilia Acuña, Madre de Plaza de Mayo (en marzo cumplió 102 años).

En la recorrida por la casa, el joven alertó a la Policía de que no se encontraría en la cochera el automóvil de su tía, el cual sería un FIAT PALIO COLOR GRIS, como así tampoco la pareja actual de Alejandra, con quien ella tendría una relación desde hace alrededor de cinco meses. Esta mañana, encontraron el auto de Alejandra en Padre Dusso al 7200 de la ciudad de Santa Fe. En el mismo lugar se detuvo también a una persona.

El detenido es un hombre de 32 años, cuyas iniciales son DHB. Era la actual pareja de Alejandra. La detención se produjo en una vivienda frente a la cual estaba el auto de la víctima.

El caso es investigado por la Brigada de Femicidios de Santa Fe, a cargo de la fiscala Alejandra Del Río Ayala. En las próximas horas, solicitará a la Oficina de Gestión Judicial que fije el día y hora para la realización de la audiencia imputativa del detenido.

En marzo de 2018, luego de dos transfemicidios perpetrados en la capital santafesina y zona -el de Adriana Cuqui Bonetto y el de Sol– fue Alejadra Ironici quien explicaba a Presentes: “La mayoría de las mujeres trans de la ciudad y sus alrededores viven solas y en zonas periféricas lo que profundiza su situación de vulnerabilidad”.

Una trans pionera en Santa Fe: “Orgullosa de lo que soy”

Victoria Alejandra Ironici tuvo muchos títulos. Su vida fue de lucha y, sobre todo, de logros. Fue la primera mujer trans en conseguir un DNI que respete su identidad, aún antes de que la ley garantizara ese derecho para todes. Si se empezaran a enumerar todas las acciones en las que ella fue pionera, la lista incluiría a todas las reivindicaciones logradas por el colectivo trans travesti de Santa Fe.

Alejandra Ironici, activista trans, hablando con los medios. Foto: Legislatura de Santa Fe

Su historia de lucha comienza a los 18 años, cuando la echaron de su casa por ser trans. Llegó desde Vera a Santa Fe capital para encontrar más oportunidades. En 2007, después de perder un trabajo, comenzó el camino administrativo para que la provincia de Santa Fe le reconociera su identidad.

En 2010, dos meses antes de que se sancionara la Ley de Identidad de Género, se realizó un acto en Casa de Gobierno. El entonces gobernador Antonio Bonfatti le entregó su partida de nacimiento y DNI rectificados.

“Empieza mi nueva vida. Voy a salir con la frente en alto,orgullosa de lo que soy. Sin tener que esconderme, porque no cometí ningún delito. Lo único que hice fue elegir una vida diferente. Eso implicó que se me niegue un montón de derechos”, dijo ese día en que comenzó a ser Victoria Alejandra Ironici. “Yo quería como tercer nombre Selenia pero va a tener que quedar como mi nombre artístico”, bromeó.

Ironici con el gobernador Antonio Bonfatti, al recibir su DNI rectificado en Santa Fe.

Ese día también contó sus próximos objetivos: conseguir un trabajo y realizarse una vaginoplastia. Cumplió con ambas metas y siguió abriendo caminos. En 2013, fue la primera mujer trans en realizarse el procedimiento quirúrgico a través de la obra social de la provincia y en un hospital de Buenos Aires.

Impulsora del cupo laboral travesti trans

Alejandra fue una gran impulsora del cupo trans travesti en distintos niveles del Estado y organismos nacionales. Estaba cursando la carrera de abogacía en la Universidad Nacional del Litoral, y fue una de las impulsoras del cupo en esa casa de altos estudios.

El 31 de mayo, en diálogo con Presentes para una nota sobre el cupo en las universidades argentinas, contaba: “A nivel social y cultural, nos posiciona de otra manera. La sociedad va a ver que queremos ir por más aceptación e inclusión y que la UNL dé el respaldo, a través de una resolución que es producto de nuestro proyecto y de la ley nacional”. Ese camino ya lo había recorrido con la lucha en la provincia y en la capital provincial.

Docente y activista: “El sistema educativo, con nosotras”

Ilustración. Alejandra la usaba como su foto de perfil.

El año pasado, Alejandra y Lucy Gimenez se convirtieron en las primeras docentes trans en acceder a dar clases como reemplazantes en escuelas secundarias de la ciudad. “Es la puerta fundamental de lo que veníamos peleando: el sistema educativo tenía que ser con nosotras. En ese proceso veníamos trabajando con Lucy para romper ese prejuicio social. Hoy nos toca hacerlo desde adentro de las escuelas, ya como docentes”, contó en esa oportunidad.

Ale fue una pionera. Abrió caminos para ella y para quienes vienen detrás. Cada día de su vida fue una lucha para romper la expectativa de vida de 40 años que tiene el colectivo. Sin embargo, no pudo y hoy su nombre está en el título de esa noticia de la cual hizo todo para escapar.

22 de agosto de 2022

Soledad Mizerniuk y Victoria Rodríguez

BUENOS AIRES, Argentina. Sasha Barrionuevo tenía 38 años, 13 hermanes y 35 sobrines. Como sucede con muchas mujeres trans, no encontró otra fuente de ingresos que la prostitución. Durante mucho tiempo tuvo que lidiar con el maltrato policial en las calles de Mar del Plata. Pasó su último año y medio de vida, presa. Sufrió y denunció golpizas. Su cuerpo dio múltiples señales de alarma, pero la acusaron de ser una simuladora. Murió en el hospital, casi en simultáneo con la firma de su liberación. La agonía fue la llave para salir del encierro. Para desentenderse de ella, cuando ya era tarde.

Sasha falleció el 20 de julio en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Dr. Oscar Alende. Allí la habían derivado mientras estaba detenida en la alcaidía 44 del Complejo Carcelario de Batán. Había bajado más de 30 kilos en el último tiempo, estaba perdiendo la visión y casi no tenía movilidad cuando la llevaron en camilla a recibir atención extramuros. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que venía monitoreando su situación, reclama que se investiguen las causas de su muerte y la incidencia de la falta de acceso a la atención sanitaria.

“Ella me decía que se sentía muy enferma. Perdió 35 kilos abruptamente. Vomitaba, tenía pérdida de visión, estaba desorientada. Pero ella y las compañeras decían que los del Servicio Penitenciario no le creían. Por una enfermedad de base que tenía, estaba comprometido su sistema inmunológico. Le tendrían que haber hecho estudios para descartar meningitis, tuberculosis, todo. ¿Cómo no la llevaban al hospital? La dejaron estar. Su muerte se podría haber evitado”, se indigna Yésica Gómez, una de las muchas sobrinas de Sasha. Tenían casi la misma edad y un vínculo muy cercano: “Nos criamos juntas”.

El golpe y la caída

En diciembre del año pasado, Yésica vio los videos que mandó Sasha tras una represión en la Unidad 54, donde estaba alojada por entonces. “Ahí se ve que le están pegando. Las compañeras trans decían que no le peguen. Se escucha que alguien dice que le habían marcado la cara, que le habían doblado un dedo. Ahí todavía estaba más gordita”, cuenta Yésica sobre su tía. Después, comenzaron la pérdida de peso y el deterioro.

“A Sasha la conocemos el 22 de diciembre en la Unidad 54. Se comunica con nosotros porque había sido gravemente golpeada por el Servicio Penitenciario. Sufre un golpe en la cabeza y comienza con problemas en un ojo. Hicimos varias presentaciones por atención a la salud, pero nunca la vio un oftalmólogo, que era lo que a ella le preocupaba”, dice Antonella Mirenghi, directora del Comité Contra la Tortura de la CPM.

Desde ese espacio volvieron a ver a Sasha en junio. “Estaba muy deteriorada, le costaba hablar. Estaba bajo efectos de medicamentos que no sabía cuáles eran. Ahí decidimos ir a la historia clínica y consultar por su situación de salud. Los médicos de Sanidad de la U44 nos dicen que a criterio de ellos era un simulacro. Que estaba simulando para conseguir algún beneficio procesal. Lo consultamos con el director y nos refiere lo mismo”, advierte Mirenghi.

Y remarca: “No consultaron un médico extramuros. No tuvo interconsultas. En 15 días la volvemos a ver en un estado más crítico. Las compañeras nos decían que muchas veces no se quería levantar. Había empeorado notablemente en menos de un mes”.

Ante ese panorama, la CPM presentó un hábeas corpus. “Ese mismo día la sacan al hospital. Empiezan a tratarla primero por tuberculosis. La aislaron por eso, pero luego los estudios dieron negativo. Estuvo internada diez días. Fue el deterioro total, hasta que fallece el 20 de julio”, relata Mirenghi. “Los familiares dicen que a horas de su muerte su hermana firma la libertad de Sasha que había otorgado el Tribunal Oral Criminal 3 de Mar del Plata. Y su familia cuenta que a raíz de aquella represión de diciembre su estado de salud había empeorado. No podemos afirmar que esa haya sido la causa, pero la familia pudo detectar que algo estaba pasando”, plantea.

A morir a casa

“Ya la enterramos. Pero queremos que le hagan una autopsia. Para que se pueda ver que dejaron avanzar todo. Había rumores en la cárcel de que la estaban dejando morir”, asegura Yésica, sobrina de Sasha. Cuenta, además, que “le iban a dar prisión domiciliaria, pero por condiciones ambientales le dio negativo. Porque no tenía medidor de luz y no podía ir con la pulsera electrónica a esa vivienda (en Barrio Centenario). Pero en el último tiempo se rumoreaba que la querían mandar a la casa, aunque le dio negativo el permiso. Para que no se muriera ahí dentro”.

La sobrina de Sasha sostiene que “cuando le ponen el respirador, el Servicio Penitenciario estaba apurado por irse y que le saquen las esposas. Le dieron la libertad y murió. Al darle la libertad, el SP ya no era responsable. Así se lavaron las manos”. Denuncia, además, que su tía “no estaba bien registrada en el hospital. Era un fantasma. Tuvo que ir alguien de dirección a corroborar que estaba ahí. Figuraba alguien con el mismo nombre, pero dada de alta”.

El caso es investigado por la fiscalía 10 de Mar del Plata, especializada en delitos contra la administración pública. “En teoría se iba a investigar la cuestión de los médicos, la desatención de la salud. Y vamos a insistir con esto, estamos pensando en presentarnos en la causa. Todos los días estamos en comunicación con la fiscalía y vamos a seguir presentando y solicitando prueba. Que se llame a declarar a familiares, a compañeras de pabellón, para que den cuenta de su estado de salud”, apunta la directora del Comité Contra la Tortura de la CPM.

Lo que pasó con Sasha, remarca Mirenghi, “no es un caso aislado. Las cárceles de la Provincia de Buenos Aires están atravesando una crisis sanitaria que se profundizó en pandemia. Y en esta población que ya entra con una trayectoria de violencias y cuestiones deterioradas de su salud -por todo lo que conocemos sobre la población trans y travesti-, las que no ingresan con enfermedades de base se enferman dentro, y las que ingresan enfermas se agravan en el encierro”.

“La cárcel pesa y agobia a toda la población, pero sobre todo a la población femenina, a mujeres y diversidades”, decía tiempo atrás a esta agencia Josefina Ignacio, del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). Y agregaba: “Porque la cárcel está construida, fue concebida, para varones (…) La mujer trans o cis que llega a la cárcel en general ya ha sido vulnerada y en la mayoría de los casos ha sufrido violencia de género. Casi todas. Lo encontrás en cada uno de sus testimonios. Y lo siguen padeciendo ahí adentro”.

En línea con lo planteado también por otros organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Equipo de Género y Diversidad de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), la referenta de la CPM cuestiona que “no hay políticas pensadas para la población trans travesti, con toda la especificidad de acompañamiento que necesitan por las patologías que tienen y pensando en alojamientos acordes a su género. Dentro del encierro sus patologías se agravan, sus tratamientos hormonales se interrumpen, se dejan de controlar, algo que venimos denunciando. Hay una criminalización muy grande sobre esta población y un 70% en la PBA está por venta o tenencia de estupefacientes”. Como pasó con Sasha.

Maternar sobrines

Antes de ser detenida, Sasha pasaba todos los domingos en la casa de su hermana Romina. Con la que tenía más vínculo. La mamá de cinco de sus 35 sobrines. “Era una tía muy presente. A sus sobrinos les llevaba el mundo, les compraba todo. Eran como sus hijos. Ella siempre lo dijo. Que era su segunda mamá”, se emociona Romina Barrionuevo. Y aclara: “Ella no era solo mi hermana. Era mi mejor amiga, mi mamá. Era todo para mí. Dejaron morir a la persona equivocada”.

Romina cuenta que Sasha comenzó su transición alrededor de los 13. Al principio les ocultaba a su mamá y a su papá. Pero cuando se enteraron, la aceptaron. “En la familia no hubo discriminación”, dice. En otros ámbitos, sí.

“Antes que cayera presa estábamos haciendo los documentos, porque ella tramitaba pensiones por discapacidad por una leve discapacidad en su mano y su pie, y otra por tener VIH. No puedo creer tanta discriminación, por lo difícil que es hacer documentos para una chica trans. Tenía que hacer el cambio de género, me pedían partida de nacimiento, ponían muchas trabas y nunca lo logré”, lamenta Romina.

Sasha “quería dejar la prostitución y mantenerse con la pensión. No quería prostituirse más. Sufría la violencia sobre todo de la policía, como todas las chicas trans. La paraban y le decían que vendía droga. Cayó presa por eso. Pero ella consumía, no vendía. La vivían cagando a palos. Ella era grandota y a veces se movía y la agarraban entre diez policías. Por eso, iba desde su parada a su casa y desde su casa a su parada. Nada más”, relata su hermana. El cambio de vida que buscaba Sasha quedó trunco.

Luciana Rosende

Flor Capella

Edición: Maby Sosa

Fuente Agencia Presentes

“Esta ley me va a cambiar la vida definitivamente. Me enteré de mi diagnóstico mediante un test preocupacional en una situación de intentar ingresar a un trabajo donde finalmente no ingresé. Sé que hay muchas personas a las que esto les sigue pasando. Y ahora vamos a tener un marco legal que nos ampare”, contó Manuel Ferreiro, coordinador provincial de CABA de la Red de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP). Sabe de lo que habla.

¿Por qué esta ley salvará vidas?

José María Di Bello es presidente de la Fundación GEP, y una de las personas que ha estado durante ocho años luchando para que salga esta ley, armando y debatiendo los cinco proyectos que se presentaron desde 2016.

“El impacto más importante de esta ley es que va a salvar vidas. Todos los años fallecen 5 mil personas en Argentina por causas asociadas a VIH y a hepatitis virales crónicas. Muchas de esas muertes son evitables. Pero estas muertes no tienen que ver con que no haya tratamientos. Tampoco con que no esté disponible el acceder a un sistema de salud, aunque muchas veces por situaciones de vulnerabilidad se complica el acceso. Estas muertes están relacionadas con la vulnerabilidad social, pobreza y discriminación. Por eso esta ley va a salvar esas vidas”, insiste José María.

El enfoque en el que ponen énfasis las organizaciones que conforman el Frente Nacional por la Salud de la Personas con VIH es que esta nueva ley habla de los determinantes sociales.

“Porque plantea una respuesta de protección social. Crea las pensiones no contributivas para las personas con VIH y hepatitis virales crónicas para quienes no tengan trabajo registrado. Es fundamental para que las personas tengan algo en su estómago antes de tomarse la medicación todos los días”, advierte le presidente de Fundación GEP.

José María Di Bello, frente al Congreso de la Nación en Argentina. Archivo Fundación GEP

Años de lucha por la nueva ley

Argentina contaba hasta hoy con una ley que data de 1990. Y esta no es la primera vez que llegó un proyecto al Congreso para modificar ese escrito con 32 años de historias y luchas no contempladas. Este fue, de hecho, el tercer intento.

Las primeras dos veces (en 2016 y 2018) perdió estado parlamentario, es decir: pasó el tiempo estipulado desde que entra un proyecto hasta que se trata en la sesión. Y si pasó eso, explican las organizaciones, es porque había desinterés político.

“En 2018 agregamos los artículos previsionales, porque después de los primeros años del macrismo a las personas que habían accedido a pensiones no contributivas se las habían sacado. Esto no puede quedar a criterio del gobierno de turno. Por eso los agregamos”, relata José María.

Y sigue: “En el 2020 hicimos un proceso de revisión del proyecto de 2018. Nos juntamos todos los domingos 6 horas cada vez, por 5 meses, en el medio de la pandemia, para mejorar el proyecto en redacción en cuanto a técnica legislativa. Ahí se agregó la tuberculosis. Tuvimos en cuenta que son las enfermedades transmisibles con mayor prevalencia en Argentina y en el mundo, y además son coinfecciones comunes con el VIH”.

En esa nueva redacción también se le sumó el capítulo de mujeres y personas con capacidad de gestar. Se expuso el enfoque de género en la redacción, y se profundizó en algunos artículos.

“Nunca se había llegado tan lejos. Afortunadamente muchos legisladores y legisladoras han tomado y llevado al recinto el proyecto, se han puesto al hombro y militado el proyecto como propio: Carolina Gaillard (Frente de Todos), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Romina Del Plá (FIT – Unidad). Es transversal a las fuerzas políticas. Esto lo hemos aprendido del proyecto del aborto. Esto tiene que ser una demanda de toda la sociedad, no que se capitalice en un solo partido político”, explicó Manuel Ferreiro.

Una señal del sistema político

Para Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped, esta nueva ley tiene un mensaje importante: “Es una positiva señal del sistema político argentino de volver a poner en agenda un tema que debería seguir como es la respuesta al VIH, Hepatitis e ITS. Más allá de que la ley vigente garantiza derechos importantísimos como el acceso a la atención, prevención, cuidado y tratamiento, evidentemente necesitamos nuevas estrategias para torcer el curso de la epidemia”.

Con esta ley, las personas con hepatitis virales crónicas por primera vez tienen una garantía legislativa. Por primera vez los derechos de acceso al tratamiento y estudios de diagnósticos gratuitos estarán garantizados.

María Eugenia De Feo, de HCV Sin Fronteras, también cree que esta ley cambiará la vida de muchas personas. Hoy, explica, el 50% del trabajo de su ONG está dedicado a procurar el acceso al sistema de salud de las personas diagnosticadas y el otro 50% a trabajar en campañas de información y prevención destinadas a encontrar a más de 350 mil argentinos que hoy pueden tener hepatitis B o C y no lo saben.

“Habitualmente son enfermedades que no presentan síntomas hasta que el deterioro hepático es importante y la enfermedad se encuentra avanzada. Como redactora de la ley del capítulo sobre hepatitis virales, buscamos cambiar esta realidad por tal motivo el artículo sobre diagnóstico pide la obligatoriedad del médico de ofrecer el test diagnóstico en la consulta, cosa que hoy es muy eventual que se solicite”, indica María Eugenia.

Para el Boletín Epidemiológico de Hepatitis Virales del Ministerio de Salud de la Nación, publicado en diciembre de 2021, ella escribió: “En Argentina necesitamos que la respuesta integral para las hepatitis virales crónicas sea una política de Estado y que permanezca a pesar de los cambios gubernamentales.  Por tal motivo, desde la sociedad civil de hepatitis promovemos la necesidad de una legislación que ampare nuestros derechos; que en definitiva son derechos para todos las y los argentinos”.

Hoy, esa ley existe.

Contra el estigma y la discriminación

Según el Índice contra el estigma y discriminación hacia las personas con VIH en Argentina, realizado por RAJAP, a las personas con VIH les sigue resultando difícil hacer público su estado serológico.

“Se registra un retraso en el inicio del tratamiento (TARV) como consecuencia del estigma. Esto se extiende a todos los ámbitos, e incluso lleva a las personas a evitar dar cuenta de su estado serológico al momento de hacerse atender en centros de salud por cuestiones no relacionadas con el VIH. Las relaciones laborales siguen siendo una instancia de estigma para las personas con VIH. Un 35% de la muestra declaró no conocer las leyes que refieren al VIH o directamente consideraban que no existían”, explica el informe.

Para las personas con hepatitis virales el estigma y la discriminación también es un grave problema. Según María Eugenia De Feo, de HCV Sin Fronteras, esto “se sufre en silencio en distintos ámbitos de la vida diaria laboral y social. El prejuicio social asocia la hepatitis C con la drogadicción y la hepatitis B con la promiscuidad sexual”.

El impacto más importante de la sanción de la ley, considera Manuel Ferreiro, “está vinculado a incorporar los determinantes sociales a un cuadro que hoy en día permanece como una patología médica, pero no contempla que implica una situación social vivir con VIH en Argentina de ahora. En este sentido va a apuntar a lo que más nos afecta y se conforma como una amenaza a las personas que vivimos con el virus, que es el estigma y la discriminación”.

Cuáles son los puntos claves de la nueva ley

La organización RAJAP realizó este punteo de las principales medidas de la ley:

• La prohibición de pruebas diagnósticas de ITS en los exámenes preocupacionales y los despidos asociado a estas patologías.
• La jubilación anticipada para quienes sean diagnosticadxs con envejecimiento prematuro por causa de los tratamientos antirretrovirales o el VIH.
• Las pensiones no contributivas para las personas con VIH y Hepatitis Virales en situación de vulnerabilidad social.
• El derecho a la información sanitaria necesaria pre y post diagnóstico, pre y postparto.

• El acceso gratuito a leche de fórmula para lxs hijxs de personas gestantes seropositivas, imposibilitadas de amamantar.

• La obligación de informar a las personas gestantes sobre las opciones de parto y la prohibición de sugerir cesáreas innecesarias basándose en el estado serológico de la persona.

• La formación y capacitación obligatoria para todos los equipos que trabajen con ITS, incluyendo poderes del Estado, trabajadorxs de la salud y comunicadorxs.

• La creación de diversos organismos de gestión para fortalecer organizaciones trabajando sobre ITS, para disminuir el estigma y la discriminación y para crear políticas públicas que aborden la temática de forma efectiva.

Aún falta la reglamentación, pero este es un día de fiesta para las organizaciones. Un día que soñaron hace más de 8 años y hoy se convierte en realidad.

Fuente Agencia Presentes

BUENOS AIRES, Argentina. Un tribunal por jurados juzgará al ex oficial de la Policía de Mendoza, Darío Jesús Cháves Rubio, por el travesticidio de Melody Barrera. En el juicio, que aún no tiene fecha de inicio, se considerará el “odio a la expresión de género”, informaron fuentes judiciales. Las organizaciones de la diversidad sexual buscan difundir el caso a través de los hashtags #FueTravesticidio, #AMelodyLaMatóUnPolicía y #JusticiaPorMelody.

“Estamos luchando para que su muerte no haya sido en vano: que le deje algo a sus compañeras para que ningún policía más mate a otra Melody. Ella tiene que ser historia”, expresó a Presentes la madre de Melody, Victoria Pincheira.

La fiscal de Instrucción de Homicidios, Andrea Lazo, junto al jefe de fiscales de esa Instrucción, Fernando Guzzo, acusarán a Cháves Rubio, quien cumplía funciones como oficial de la Policía de Mendoza en la Comisaría 34 del departamento de Godoy Cruz. La causa recientemente fue elevada a juicio y se espera que inicie en agosto de este año.

El delito por el cual se encuentra actualmente detenido el hombre es el de “homicidio agravado por el odio a la expresión de género en concurso ideal con homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con violación de las medidas adoptadas por la autoridad para evitar una epidemia”, informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal.

El Código Penal establece que para este tipo de delitos (homicidios agravados, contemplados en el artículo 80) la pena es reclusión o prisión perpetua.

“Ella hacía muchas bromas, era traviesa”

Melody Barrera era una mujer trans de 27 años, que transicionó cuando tenía 16. El 29 de agosto de 2020 fue asesinada en la madrugada con al menos seis disparos ejecutados desde un vehículo en la calle Correa Saa y Costanera, una zona roja del departamento de Guaymallén, a pocos metros del límite con la capital provincial.

Según el Cuerpo Médico Forense, la mayoría de los balazos dieron de lleno en el tórax y la muerte fue inmediata. Otro tanto de vainas servidas calibre 9 milímetros fueron halladas en el lugar de la agresión por la Policía Científica.

Victoria Pincheira, una mujer chilena que hace 41 años vive en Mendoza, parió a tres hijas, de las cuales Melody fue la última en nacer.

En una conversación telefónica con esta agencia, la recordó así: “Hay muchos días que estoy todo el día callada, solamente lloro. Y otros días me río mucho porque ella hacía muchas bromas, me hacía chistes, me molestaba, me escondía las cosas, era traviesa”.

“Tenía un problema muy grave”, dijo, mientras se reía. “Le gustaba limpiar. Era tres veces mejor que una ama de casa: pasaba el dedo y salía limpito. Me hacía sacar las zapatillas al entrar para no ensuciar el piso. Lavaba, cambiaba las sábanas, cocinaba. Veíamos televisión juntas, conversábamos, nos gustaba ‘sacar el cuero’”.

Después de su padre, se fueron del hogar primero la hermana mayor de Melody y luego la del medio para vivir con sus respectivas parejas. “Quedamos las dos solas. Así que ella se encargaba de la casa, yo trabajaba todo el día”, contó Victoria.

“Le exigí que terminara la secundaria y la terminó, a Dios gracias. También la convencí para que, en el 2021, cuando terminara la pandemia, empezara una carrera. A ella le hubiese gustado ser psicóloga infantil. Yo le decía que no, que mejor siguiera bromatología, que también le gustaba: se sabía todos los nombres de las bacterias. Pero no llegó a eso”, continuó.

Victoria actualmente se encuentra haciendo terapia y pasó previamente por consultas con seis psicólogues y dos psiquiatras. “No es fácil. Todos estamos preparados para sepultar a nuestros padres, y ninguna madre está preparada para perder a su hijo o su hija”, apuntó.

https://twitter.com/beigelviviana/status/1529961621547671552?s=21&t=4yJIsWTGduKrRCtznNNBpQ

Por el fin de la violencia institucional

Mario Vargas es un sociólogo, activista sexopolítico, miembro de la Corriente por la Libertad, la Igualdad y el Kambio (CLIK), desde donde conforma, junto a la familia de Melody y otras instituciones, la Comisión de Justicia por Melody. Desde este colectivo buscan acercar a la sociedad el caso, contar “cómo viven y cómo mueren las personas trans” y facilitar información.

“Me parece que en un Estado que reconoce las leyes, como el Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género y el cupo laboral travesti trans, tiene que cambiar el vínculo que tiene con el colectivo travesti trans, que hasta ahora se hizo a través de la policía. Es necesario que termine la violencia institucional”, afirmó, en diálogo con Presentes.

Y agregó: “Queremos que, de acá en adelante, un policía la piense dos veces antes de matar a alguien. Creemos que la condena a este policía tiene que ser un hito que marque un antes y un después: de un Estado que te persigue a uno que reconoce los derechos”.

“Que los policías u otras personas piensen antes de hacernos daño”

También acompañan a la familia y amigues de Melody el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

“Nuestro trabajo es sacar a Melody de ese lugar peyorativo, del lugar del sentido común que no la pone como víctima sino como culpable de su propia situación. Porque lo primero que piensan es ‘ah bueno, era travesti’, ‘ah, bueno, era prostituta’: todos esos prejuicios que maneja la gente que por ahí interfieren de manera subjetiva a la hora de hacer un análisis sobre la situación en la que se encontraba Melody y lo que pasó”, señaló a Presentes Consuelo Herrera, asesora delegada de INADI en la provincia de Mendoza, activista travesti trans, integrante de CLIK y estudiante de Trabajo Social.

“Nosotras lo que queremos es que esta condena sirva como un antecedente aleccionador para que los próximos policías u otras personas la piensen antes de hacernos daño”, agregó Consuelo, y destacó la necesidad de que se tenga en cuenta “que se trata de un crimen de odio, de un travesticidio”.

Por otra parte, Uma Daniela Flores, activista trans y referenta del Movimiento por la Inclusión en Vivienda para el Colectivo Trans en la provincia de Mendoza, expresó que “a un año y medio del travesticidio de Melody es esperanzador saber que su caso finalmente haya sido elevado a juicio”.

Además, destacó: “Este es un caso sumamente importante porque sería la primera vez que se eleva el asesinato de una persona trans con la carátula de homicidio agravado por odio a la expresión de género en la provincia”.

La decisión de la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue comunicada en la Circular 4/2022 el Ministerio de Educación porteño. Allí se ordenó a les docentes desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales “de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”.

La medida, según se aclara en la resolución, “aplica únicamente a los contenidos que dictan los/as docentes en clase, al material que se le entrega a los/as estudiantes y a documentos oficiales de los establecimientos educativos”.

Una excusa para discriminar

Desde el Ministerio afirmaron que esta decisión se tomó luego de los resultados en Lengua obtenidos por los estudiantes en las evaluaciones realizadas tras la pandemia.

En conferencia de prensa tanto la ministra Acuña como el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos, Horacio Rodríguez Larreta defendieron la prohibición. “A partir de ahora, los docentes en la ciudad de Buenos Aires tienen que respetar las reglas del idioma español. Tanto cuando están frente al aula como cuando se dirigen a sus familiares. En la escuela hay que respetar el idioma español”, dijo Rodríguez Larreta.

Por su parte, la ministra de Educación, Soledad Acuña, aclaró. “No estamos persiguiendo ni es una caza de bruja; queremos enseñar mejor para que los chicos aprendan. No les pedimos permiso a los sindicalistas, tomamos decisiones sobre evidencias y consultando a especialistas”.

El Ministerio de Educación de la Nación, Jaime Perczyk criticó la disposición. “Hay que mejorar la educación, pero eso no se hace prohibiendo el lenguaje inclusivo”.

También la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta se pronunció al respecto. «Las escuelas deben ser ámbitos inclusivos y democráticos que respeten la libertad y la diversidad. Nada bueno se aprende de una prohibición», afirmó.

En la actualidad, son más de veinte las instituciones académicas que aprobaron el uso del lenguaje educativo.

Las escuelas deben ser ámbitos inclusivos y democráticos que respeten la libertad y la diversidad. Nada bueno se aprende de una prohibición.

— Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) June 10, 2022

“Es un retroceso muy profundo”

En 2021, la diputada nacional Mónica Macha, que preside la Comisión de Mujeres y Diversidad, presentó un proyecto de ley para el ejercicio del derecho a la utilización del lenguaje inclusivo de género ante el Congreso.

Ese proyecto fue una respuesta a otro que habían presentado las abogadas las abogadas Patricia Alejandra Paternesi y Cynthia Roxana Ginni para prohibir el uso del lenguaje inclusivo. Esa presentación fue patrocinada por dos legisladores que pertenecen a Juntos por el Cambio, el partido que gobierna hoy la Ciudad de Buenos Aires.

“La definición de Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, es un hecho político antidemocrático y excluyente. Negadora de la ley, identidad de género y más. Si hay algo que tiene la escuela es ser un lugar de transmisión de saberes, de experiencias, de un posicionamiento histórico”, expresó a Agencia Presentes la diputada Mónica Macha.

“Prohibir el lenguaje inclusivo significa que haya muches niñes que cuando necesiten ser nombrades tengan más dificultades. Eso tiene impacto directo en la construcción subjetiva de las niñeces. Me parece muy grave», destacó. “Es, políticamente, un guiño para los sectores de ultraderecha».

El lenguaje inclusivo es para periodistas y políticos que trabajan en la construcción de los discursos de odio uno de los blancos de ataque permanente. “Para la población en general es un retroceso muy profundo y que va a contramano de todo un proceso político, cultural, histórico, que va a favor de la de la posibilidad de la inclusión”.

La experiencia en las aulas

Sol Fantín es licenciada en Letras, docente de primaria y además dicta clases de Educación Sexual Integral para profesores. Para ella, esta decisión se trata de una medida intimidante y persecutoria.

“Nos pone en la situación de tener que vulnerar derechos de algunos de nuestros estudiantes, colegas y de otros miembros de la comunidad, por ejemplo, miembros de nuestras familias, las familias de los estudiantes».

El fundamento de esta prohibición, afirma la licenciada, no tienen sustento. “Genera confusión sobre la naturaleza de la lengua y su enseñanza para los docentes que no sean especialistas o no vengan del área de lingüística y de la lengua. El gobierno de la Ciudad dice sin ningún fundamento lingüístico ni didáctico que el lenguaje inclusivo daña el aprendizaje de la lengua”.

Y aporta, «la lengua castellana admite ampliar su rango de género, lo admite morfológicamente y no se daña a la comprensión. El fundamento de esta decisión es un fundamento político de política lingüística. Están difundiendo una información que es falsa en términos lingüísticos».

Lo que no se puede prohibir

Francia y Uruguay también intentan y presentan reformas y prohibiciones para impedir el uso del lenguaje inclusivo.

“La resistencia al lenguaje inclusivo tiene que ver con el no reconocimiento de las academias de lengua a este lenguaje, que son quienes rigen las normas. Esa falta de reconocimiento genera incertidumbre, sin embargo, de a poco se está instalando el uso por parte de la población en su mayoría menor a 35 años”, explica a Presentes, desde Uruguay, Inés Garbarino traductora y profesora de idioma francés.

En 1990, en Francia comenzó una reforma ortográfica que se comenzó a aplicar en 2016. Consistió en simplificar ciertas reglas ortográficas para facilitar el aprendizaje. “Se logró hacer esta reforma, pero hubo muchas resistencias. La lengua es un bastión donde se amparan muchos conservadurismos, por eso hay tantas resistencias”, afirma. “Hay que tener en cuenta que la lengua es un organismo vivo por lo que probablemente el lenguaje inclusivo tarde o temprano se convierta en norma”.

Con respecto a la justificación del gobierno de la Ciudad, Inés Garbarino afirma. “Puede tener una base en la definición de la alfabetización en quienes están comenzando a tener noción de la escritura, porque se necesitan normas. Se entendería en ese caso, pero, de todos modos, hay un docente que puede hablar y explicar cuál es el fenómeno en proceso. Y que ese fenómeno existe. El lenguaje inclusivo no se puede prohibir, porque si se instala en el uso no se puede frenar. No se puede frenar un fenómeno lingüístico”.

Una prohibición inaplicable

Desde la secretaría académica del Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis, Manu Mireles, afirma, “en el Mocha Celis es inaplicable esta resolución por distintos motivos. Pero el principal es que en esta escuela hay personas que además usan pronombres neutros y usan la ‘e’ para expresar diversidad. Esta medida expulsiva es inaceptable en el contexto de esta institución por todo lo que genera en las vivencias del sistema educativo”.

«Para mí la nueva resolución es un acto que claramente viola los derechos y la avanzada de garantía de derechos que hoy tenemos en la Argentina”. Entre los puntos que destaca Mireles afirma que se esta prohibición reproduce matrices de violencias que, a su vez, generan una gran exclusión en la educación.

“La Ciudad de Buenos Aires expulsó sistemáticamente las personas travestis y trans. Particularmente con la falta de información a los equipos docentes y la falta de implementación de una educación sexual integral. Me parece inaceptable que a 16 años de la aprobación de la ESI no se aplique y que, el año pasado cuando lo valoramos, vimos que hay una aplicación de sólo el 40% a nivel federal”.

“En el Mocha Celis entendemos que el lenguaje es una construcción colectiva. Nuestro trabajo que hacemos es fruto de la militancia de los colectivos travesti trans que vamos a seguir profundizando. Tenemos evidencias suficientes de la necesidad el sistema educativo formal de replantearse y repensarse para garantizar derechos”

Violencia y discriminación

Mireles observa que esta resolución viene de la mano de una serie de discursos y situaciones de violencia que se repitieron en el último tiempo y que la prohibición aporta a esa violencia.

“Una medida como esta anula la vivencia de identidad y la posibilidad que tenemos de seguir avanzando a todas aquellas personas que formamos parte de la diversidad. Particularmente, que podamos tener ambientes seguros y libre de violencias y discriminación en nuestras escuelas”.

Y agrega, “esto sucede en el mes del orgullo haya este tipo de disposición. No es casual, hace semanas vandalizaron el bar H, luego el hotel Gondolín. Son situaciones que nos preocupan, para adelante seguirá pensar colectivamente acciones administrativas para que no avance esta medida”.

Los repudios

Organizaciones, sindicatos, referentes educativos y militantes repudiaron la decisión que comunicó el gobierno de la Ciudad.

“En pleno mes del #Orgullo, el gobierno de la Ciudad emite una “resolución” prohibiendo el uso del lenguaje inclusivo en aulas y comunicados oficiales. No solo está vulnerando la libre expresión de estudiantes, docentes y familias, sino también va en contra de las leyes de Identidad de Género y de Educación Sexual Integral”, expresa la editorial Chirimbote.

“Cada vez más estudiantes se identifican con un género diferente al asignado, o con ninguno, o están en transición. ¿Así se sanciona el derecho a ser y ser nombradxs como deseen? La propuesta pedagógica de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, es censurar identidades, sobre todo, de infancias y adolescencias”.

También la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) repudió la resolución. “Lo que no se nombra no existe: Negar desde el lenguaje a las infancias y adolescencias trans y no binaries constituye un ataque al derecho a la identidad de todes y cada une, y a ser en un ambiente en el que la diversidad es respetada”.

En ese sentido, UTE amplió el concepto de esta prohibición en un contexto en que los discursos odiantes tienen lugar en los medios de comunicación. “Forma parte de la ofensiva de la derecha en la educación. El lenguaje es una construcción colectiva que está en permanente transformación y que construye realidades. Les docentes continuaremos construyendo una escuela pública e igualitaria para todes, reconociendo y abrazando amorosamente a todes y cada une de nuestres estudiantes”.

La legisladora e integrante de las comisiones de Educación y Mujeres, Géneros y Diversidades, Laura Velasco de la Ciudad, también se refirió a este tema. “Es una provocación. El gobierno porteño durante tantos años no aplicó con presupuesto ni programa específico la Educación Sexual Integral en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Si existen problemas de aprendizaje tienen que ver con la falta de presupuesto y de decisión política para generar una educación de calidad para todos, todas y todes”, aseguró Velasco, quien también es educadora, maestra y profesora en letras, y especialista en ESI.

BUENOS AIRES, Argentina. La fiscala general del juicio por el crimen de Alejandra Salazar Villa, una mujer trans asesinada en su casa del barrio porteño de Once en diciembre de 2020, busca una condena a prisión perpetua al hombre acusado. También considerará al delito como un travesticidio.

Diana Goral está a cargo de la Fiscalía General N° 6 ante los Tribunales Orales Criminales y Correccionales. Considera que el crimen cometido contra Alejandra Salazar es un delito de “homicidio agravado por mediar odio a la identidad de género”. Por lo que espera para la pena máxima (condena perpetua) para Rodrigo Alejandro Keilis, el autor del crimen.

La primera audiencia del juicio debía comenzar el 7 de marzo pasado. Sin embargo, quedó postergada dado que la jueza Marta Aurora Yungano, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 26 de la Capital Federal, se jubiló. Yungano es la misma jueza que condenó a Marian Gómez a un año de prisión.

El juicio comenzaría, finalmente, en agosto de este año. Así lo evaluaron fuentes judiciales a Presentes.

La investigación que llevó la causa a juicio fue realizada por la fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional N° 35. Su titular, el fiscal Ignacio Mahiques, junto a Mariela Labozzetta, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres (UFEM), solicitaron la elevación a juicio de la causa N° 53.405/2020 en enero de 2021.

Ambes fiscales consideraron que la acumulación de prueba era suficiente para acusar a Rodrigo Alejandro Keilis de “homicidio agravado por mediar odio a la identidad de género en concurso real con robo simple” y a Pablo Isaac Getar como “partícipe necesario”.

Si bien la acusación sobre Keilis se mantiene, la de Getar podría modificarse en el juicio, informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal.

Lo que sucedió con Alejandra

Alejandra Salazar Villa era una mujer trans de 54 años, que había llegado a la Argentina desde Perú. Se ganaba la vida como trabajadora sexual y vivía sola en su departamento ubicado en la avenida Corrientes al 2200, en Once.

El 6 de diciembre de 2020, salió a comprar manzanas a un supermercado, cerca de su vivienda. Una vez hecha la compra, alrededor de las 18.30, volvía a su casa, y en el camino se cruzó con Rodrigo Keilis y Pablo Getar.

Keilis tenía entonces 20 años y trabajaba descargando camiones. Ese día estaba junto a su tío, Pablo Getar, un changarín y cartonero que en ese momento tenía 40 años. Ambos estaban en situación de calle.

Los hombres escoltaron a Alejandra hasta su casa y uno de ellos, Keilis, subió con ella para mantener una presunta relación sexual. Getar cruzó la avenida y se sentó a esperar.

Una vez allí, Keilis «colocó una de las bolsas de nylon traídas desde el supermercado, específicamente aquella en la que transportaba las manzanas, y la tomó fuertemente del cuello, lo que le provocó la fractura del hueso hioides y la muerte por compresión del cuello y sofocación». Así lo indica el requerimiento de juicio, firmado por les fiscales.

Acto seguido, el hombre tomó algunas pertenencias de Alejandra, como el dispositivo electrónico para abrir la puerta del edificio y un televisor. Afuera, ya no se encontraba Getar -quien se había ido diez minutos antes de que Keilis saliera del edificio-, así que tomó un taxi hasta el barrio de Constitución donde volvió a encontrarse con su tío.

Las cámaras de seguridad registraron a Alejandra cuando era seguida por los dos imputados en la causa.

Los argumentos

Tanto Mahiques como Labozzetta encuadraron el caso dentro del artículo 80, inciso 4, del Código Penal. Este dice: “Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare: Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”.

Además, consideraron que el crimen debe ser catalogado como travesticidio ya que la muerte de Alejandra “expresa la discriminación y la violencia que sufren en nuestra sociedad las travestis por su identidad de género disidente y el modo en que la expresan”.

“No es necesario ni correcto adjudicarle a Kelis una calidad especial de ‘transfóbico’ o ‘transodiante’. Para el tipo penal en estudio, alcanza con que haya introyectado los prejuicios discriminatorios que operan sobre las mujeres trans en la sociedad y los haya exteriorizado del modo en que lo hizo, asesinando brutalmente a Alejandra Salazar”, argumentaron.

En este sentido, desde la fiscalía se enfocaron en la figura de “violencia por prejuicio”. Esta es entendida como “un concepto que apunta a una comprensión de la violencia como un fenómeno social, en contraposición con la violencia entendida como un hecho aislado”.

“Los crímenes por prejuicio constituyen racionalizaciones o justificaciones de relaciones negativas, por ejemplo, frente a expresiones de orientaciones sexuales o identidades de género no normativas. Tal violencia requiere de un contexto y una complicidad social, se dirige hacia grupos sociales específicos, tales como las personas LGBT y tiene un impacto simbólico”, detallaron.

Además, señalaron que Alejandra, al morir a sus 54 años, “no ha podido escapar al destino predeterminado de la mayoría de las mujeres travesti trans que logran superar una expectativa de vida que en la mayoría de los casos no supera los cuarenta años”.

Una población en riesgo constante

En este sentido, entre las 335 personas que realizaron el cambio de género en el DNI en los últimos 10 años y se encuentran fallecidas, el promedio de edad de muerte fue de 40 años y el 75% murió antes de los 53 años.

Estos datos demuestran la baja esperanza de vida que caracteriza al colectivo. Fueron recabados por el informe “Caracterización sociodemográfica de las personas que rectificaron sus datos identificatorios de acuerdo a la Ley de Identidad de Género”, publicado en abril de este año por la Dirección de Población del Registro Nacional de la Personas (Renaper).

En caso de darse la condena por travesticidio, este sería el cuarto juicio con una sentencia por crimen de odio hacia la identidad de género en la Argentina.

El antecedente

La primera condena fue por el travesticidio de la activista Amancay Diana Sacayán el 18 de junio de 2018. Allí el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 4 de la Capital Federal condenó a prisión perpetua a Gabriel David Marino.

Luego, la condena, también a perpetua, por homicidio calificado por odio a la identidad de género (transfemicidio) que recibió Oscar Biott en junio de 2019. El hombre estaba acusado junto a Angel Azzolini de asesinar a la joven trans Marcela Chocobar. Los jueces de la Cámara Criminal de Río Gallegos tomaron la decisión en forma unánime.

La tercera es reciente. El 17 de marzo de este año, el Tribunal Penal N°1 de Posadas condenó a Ramón Da Silva a prisión perpetua por homicidio por la relación de pareja, odio hacia su género y expresión, y por femicidio, tras el crimen de Evelyn Rojas.

En el dictamen fiscal por el transfemicidio de Alejandra Salazar, lxs fiscales finalmente destacaron que el Estado se ve en la “obligación de investigar con perspectiva de género y con enfoque diferenciado o interseccional que capture las vulnerabilidades de las mujeres travestis-trans”.

Fuente Agencia Presentes

El jueves 26 de mayo el Consejo Superior aprobó la iniciativa, pero realizó modificaciones a la propuesta original. Así la UNL se convirtió en la primera casa de estudios en incorporar al cupo a las personas no binaries y en no exigir el cambio registral para acceder al registro de aspirantes.

“Con esta resolución de la universidad, el movimiento trans, travesti y no binario tiene la posibilidad de ser mirado de otra forma, con más dignidad. No sólo van a tener la posibilidad de terminar una carrera sino también la dignidad de tener un trabajo firme y formal dentro de la academia”, explicó en diálogo con Presentes, Alejandra Ironici, referenta de Miser Santa Fe. “A nivel social y cultural, nos posiciona de otra manera. La sociedad va a ver que queremos ir por más aceptación e inclusión y que la UNL dé el respaldo, a través de una resolución que es producto de nuestro proyecto y de la ley nacional, es un paso importante”, dijo.

La resolución N° 173 del Consejo Superior establece que se alcanzará progresivamente el cupo del 1% de personas trans, travestis y no binaries en la planta de la universidad. Además, brinda una indicación transitoria, hasta que se cumpla con ese porcentaje, de que anualmente la incorporación no podrá ser inferior al 5% del total de ingresos de ese año.

“La sanción fue bastante convulsa porque veníamos trabajando hace tiempo. Nos pilló tan de sorpresa que se esté sancionando que pensamos que se estaba aprobando algo para nosotres sin nosotres. Por suerte tenemos compañeras que pudieron atajar la situación. Pero no estamos pudiendo ni reaccionar porque no sabíamos si esto nos iba a incluir”, analizó Gora, integrante de la Asamblea Trans y No Binarie de Santa Fe.

La voz de los sindicatos

Para los sindicatos de docentes y no docentes de la UNL (Adul y Apul, respectivamente) el accionar del Consejo Superior responde a la manera en la que habitualmente se toman las decisiones en la universidad. “A diferencia de lo que pasa en los Concejos y la Legislatura, en estos espacios no hay lugar para el cabildeo. La autonomía les permite a las universidades decidir”, explicó a Presentes, Oscar Vallejos, secretario general de Adul y secretario adjunto de Conadu Histórica.

Por su parte, Enrique Mammarella, el rector de la UNL, celebró que el Consejo Directivo –integrado por representantes docentes, no docentes, estudiantes y graduados. “Reconociendo que el acceso al empleo público de personas travestis, transexuales, transgénero y no binarias se ve actualmente obstaculizado por un patrón sistemático de desigualdad, (el consejo) acaba de aprobar una resolución que implementa acciones positivas para posibilitar su inclusión como personal no docente y/o como personal contratado», afirmó.

«La norma sancionada permite flexibilizar algunos criterios y requisitos de idoneidad y de empleabilidad para los puestos de trabajo, pero sin desvirtuar la naturaleza de las funciones de los cargos a cubrir. Con el fin de compatibilizar los objetivos de la política institucional de ‘discriminación positiva’, con obligación de garantizar el cumplimiento de los fines de la Universidad”, agregó el rector.

Para recordar, la primera Encuesta de Vulnerabilidad Trans de América Latina, realizada por el gobierno provincial en Santa Fe, en 2019, arrojó que solo el 5 por ciento de personas trans llega a la universidad; de lo cual se desprende la necesidad en todas las normativas de cupo del acompañamiento en la trayectoria laboral y con herramientas formativas a la hora de regularlas e implementarlas. 

Seguir la reglamentación

Una de las cuestiones esenciales para muchos de los cargos que tiene la universidad es haber terminado la escuela secundaria. En este caso, se contempla que, entre el ingreso bajo contratación y el pase a planta, la persona tenga la posibilidad de completar el nivel medio de educación. “La universidad le va a dar un apoyo para que termine la escuela a través de herramientas que tienen. Eso es una gran ventaja de este proyecto porque no todas las personas trans tuvieron la oportunidad de terminar el secundario”, explicó Ironici.

Y Vallejos agregó: “Tenemos cierta ansiedad de cómo se van a aplicar algunas cuestiones como, por ejemplo, el tema de la idoneidad y la experiencia laboral. Justamente el cupo aparece porque las personas de las colectivas no pueden tener experiencia porque nunca se les ha dado la oportunidad. Hay menciones que queremos ver cómo se van a aplicar porque pueden ser una restricción fuerte”.

“Incluso es un debate que nos dimos durante casi cuatro años. Junto a los gremios y las organizaciones justamente tuvimos el debate de la idoneidad porque ninguna compañera tiene experiencia laboral, todas venimos de la calle, del trabajo sexual. Ya descargaremos el proyecto y analizaremos bien cómo va a ser su implementación”, resaltó Fabiana González, activista trans del Movimiento Evita.

Otro punto al que las organizaciones están atentas es a la fecha en la que se abrirá el registro de aspirantes. Según les indicaron, será a principios de 2023. “Así que por este año no sabemos si lo van a abrir. Y lo que nos dijeron es que el armado de ese registro va a estar a cargo de Bienestar Universitario y de la Secretaría de Extensión”, agregó la referenta de Miser Santa Fe y marcó que esperan tener el articulado lo antes posible.

En ese sentido, la resolución indica en su artículo 3 que la inscripción será “voluntaria, bastando solo la autopercepción de la persona para reconocer la vivencia interna del género tal y como cada persona la siente, siendo éste el único requisito para la inscripción en el registro”. Y en el artículo siguiente indica que se creará un registro para aspirantes para el Personal No Docente y otro para Personal Contratado.

“Apuntamos a que en la comisión, reglamentación e implementación de todo esto se mantenga el espíritu colectivo”, dijo José Ferro, integrante de Apul.

Agregó que hace dos años que están trabajando dentro del sindicato en el tema del cupo, pero también en instancias de reflexión y capacitación para que, cuando el cupo se implemente, “haya condiciones de recepción, acompañamiento, seguimiento y aprendizaje mutuo”.

Las primeras 11

Hay 70 universidades nacionales públicas distribuidas en todo el país. Incluyendo ahora a la UNL, solo 12 de ese total cuentan con resolución aprobada de cupo travesti trans. Algunas incluyeron en su reglamentación a No Binaries.

En 2017, la Universidad Nacional de Mar del Plata se convirtió en la primera de América Latina en implementar el cupo laboral travesti-trans.

La iniciativa se gestó en el seno de la cátedra libre Lohana Berkins, de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, que promueve la Asociación por un Mundo Igualitario (AMI).

Un año después, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) aprobó, por amplia mayoría, el proyecto de “Cupo laboral trans”. Asumió de este modo el compromiso de contemplarlo en su planta de personal universitario, tanto Docente como No Docente.

En noviembre de 2018, la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) fue la tercera en el país en aprobar una resolución similar para sus planteles docentes y no docentes.

En julio de 2019, también la Universidad Nacional de la Pampa aprobó por unanimidad, la Resolución 53/19 y el Reglamento Cupo Trans. Son iniciativas que habilitan la incorporación en la planta no-docente de personas travestis, transexuales y transgénero. El rectorado abrió en 2021 la inscripción a dos convocatorias públicas realizadas mediante el reglamento de cupo laboral trans, destinadas a cubrir un cargo no docente en General Pico y otro cargo no docente en Santa Rosa.

En octubre de 2020, la Universidad Nacional de Luján (UNLu) aprobó el cupo del 1 por ciento y el 1 de julio de 2021 se hizo efectivo el ingreso de la primera trabajadora trans de la Institución, como no docente.

Ese mismo 2020, la Universidad Nacional de Rosario resolvió al respecto y –desde ese entonces a la actualidad– ya ingresaron 13 personas. “La intención es ir ampliando el número año tras año”, dijo Florencia Rovetto, secretaria del Área de Género y Sexualidades – UNR, en diálogo con Presentes. En la misma línea, destacó que “hay una política de cupo” y explicó: “Cada año se implementa abriendo el cupo de nuevo y generando nuevos registros en un archivo que llamamos RUA, Registro Único de Aspirantes”.

En noviembre de 2020, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), en Córdoba, aprobó por unanimidad la propuesta de adhesión al decreto presidencial que promueve una mayor inclusión de este colectivo. Se comprometieron a incorporar a la planta de docentes, por un lado, y a la planta de no docentes, por otro, a personas travestis, transexuales, transgénero y no binaries, en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) en cada una de las plantas.

En el caso de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), en la sesión del 17 de marzo de 2021, el Consejo Superior de la UNGS aprobó por unanimidad los “Lineamientos para la inclusión Travesti, Transexual y Transgénero”, por Resolución CS N° 7878.

Estos lineamientos plantean el diseño y puesta en marcha de iniciativas concretas encaminadas a promover y garantizar la inclusión educativa y laboral de la población travesti-trans en la Universidad.

En septiembre de 2021 el Consejo Superior de la Universidad Nacional de las Artes aprobó la implementación del Cupo Laboral para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Effy Beth” en el ámbito de la universidad. Effy fue una artista conceptual, activista feminista queer, performer y estudiante del entonces IUNA. A partir de su militancia, junto a referentes como Lohana Berkins, Marlene Wayar, Diana Sacayán y Susy Shock, y su producción artística puso en tensión las categorías identitarias y visibilizó los procesos de marginalización, discriminación laboral e hipersexualización de la comunidad trans.

El año pasado, siguió un camino similar la Universidad de Cuyo (UNCuyo). Hace dos meses sus autoridades presentaron el Informe sobre la Primera Convocatoria e Inscripción al Registro de Anotación Voluntaria de Personas Travestis, Trans y No Binarias aspirantes a ingresar a trabajar en la Casa de Estudios.

Entre otros datos, el trabajo relevó 38 personas inscriptas, su género y rango etario y escolaridad alcanzada. A los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo, por lo que se ofrece la posibilidad de que finalice los estudios faltantes mediante la coordinación de los servicios que ofrece la UNCUYO u otras instituciones.

A su vez, las autoridades de aplicación deberán garantizar espacios de capacitación para el empleo y formación laboral como así también mecanismos de acompañamiento para la permanencia en el empleo.

Ya en 2022, el pasado 1 de mayo, la Universidad Nacional de Avellaneda anunció la implementación del cupo laboral travesti trans del uno por ciento para cargos de personal no docente.

La lucha

En los últimos años, tanto la Universidad de Buenos Aires (UBA) como la Universidad Nacional de la Plata se convirtieron en el escenario de numerosos reclamos al respecto, tanto en el ámbito público como administrativo.

En noviembre pasado, la Secretaría de Géneros y Diversidad Sexual de AGD-UBA y la Cátedra Libre de Estudios Trans lograron que se apruebe en el Consejo Directivo de Filosofía y Letras una resolución para instrumentar el cupo laboral trans docente y no docente en la Universidad de Buenos Aires.

Si bien distintas unidades académicas avanzaron sobre esta apertura de oportunidades, aún no hay una definición por parte de los Rectorados.

En el Noroeste, en la Universidad Nacional de Jujuy el tema aún no es ni siquiera parte de un debate. Situación distinta se propicia en la de Tucumán en la cual sí forma parte de la agenda más urgente.

BUENOS AIRES, Argentina. La Cámara Primera en lo Criminal y Correccional de Resistencia, en la provincia de Chaco, condenó este martes a 16 y 19 años de prisión a Ramiro y Hernán Rodríguez por el crimen de la joven trans y militante LGBTIQ+, Fabiola Ramírez.

La familia de la joven se encuentra conforme con la condena por “homicidio simple” que dictó la jueza Natalia Kuray. Los movimientos sociales y la Secretaría de Derechos Humanos y Género de la provincia acompañaron a lxs parientes y destacaron que se trató de un transfemicidio.

Fabiola Ramírez tenía 22 años el día que recibió en su casa del barrio Rawson a los hermanos Ramiro (hoy de 19 años) y Hernán Rodríguez (de 22) el 3 de marzo de 2021. Ambos terminaron asesinándola en lo que fue un “crimen bastante sangriento”, describió la abogada de la familia, Nahir Barud.

El viernes 5 de marzo a las 15:30, la policía encontró su cadáver luego de que vecines llamaran a la Comisaría Quinta Metropolitana para alertar que de la vivienda de calle Leandro Alem al 1800 “se sentían fuertes olores repulsivos”. 

La investigación penal de la causa estuvo a cargo de la Fiscalía N°5 de Resistencia. En la elevación a juicio, ocurrida seis meses después del asesinato, la querella -conformada por la familia- y la fiscalía entendieron que se había tratado de un homicidio agravado por el odio hacia la identidad de género, estipulado en el artículo 80, inciso 4, del Código Penal de la Nación.

“Desde la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros sostuvimos y sostenemos que se trató de un crimen de odio, que efectivamente fue un transfemicidio. Por eso también se consiguió que se elevara la causa con esa carátula en su momento a juicio”, afirmó la abogada Barud a Presentes.

En las audiencias previas al juicio, la defensa oficial propuso la realización de un juicio abreviado. Durante el proceso se juzgaría a los imputados por el delito de homicidio simple y se evitaría el juicio por jurado. “Esto le resultó interesante a la familia de Fabiola. Hay todo un proceso simbólico de no poder cerrar el duelo hasta tanto termine el proceso judicial. Ir a un juicio por jurado iba a ser más extenso y podía tener otro tipo de condena que no sea un travesticidio/transfemicidio ya que iba a depender de las 12 personas seleccionadas”, explicó Barud.

Finalmente, la jueza Kuray citó este martes a la familia y permitió ingresar a la sala a los movimientos sociales que acompañaron el pedido de justicia.

Allí leyó la parte resolutiva de la condena “para que puedan sentir también que la Justicia no lo tomó como un mero trámite, sino que estuvo a disposición”, indicó la abogada.

Si bien tanto Hernán como Ramiro participaron del crimen, las condenas son distintas (16 y 19 años, respectivamente) ya que Hernán poseía una condena en suspenso, la cual se sumó a sus años de prisión.

El pedido por una reforma judicial

Desde la organización 100% Diversidad y Derechos expresaron a Presentes que, si bien no están conformes con la sentencia, acompañan a la familia de Fabiola. “No estamos conformes con la condena porque creemos que fue un transfemicidio. La compañera fue asediada por su identidad trans”, sostuvo Miguel Szabó, activista histórico por los derechos de la población LGBT+ e integrante de 100% Diversidad y Derechos en Chaco.

Y agregó: “Necesitamos imperiosamente una reforma del Poder Judicial. Que los jueces y juezas sean elegidos por voto del pueblo, que el jurado tenga capacitación en la Ley Micaela, en perspectiva de género”.

Sobre el desenvolvimiento del juicio, Barud consideró que se tuvo en cuenta la perspectiva de género en “la escala penal que se le dio a los acusados, teniendo en cuenta que el homicidio simple va de 8 a 25 años y ambos pasan los 15 años de condena de prisión efectiva”.

Las organizaciones acompañaron a la familia durante la lectura de la sentencia.

Además, se consideró que no fue “solo una muerte”, sino “un asesinato de una chica trans, militante, que tenía toda una vida por delante y sueños que no pudo ver. Por ejemplo, no pudo ver la sanción del cupo laboral travesti trans por el que había militado”, agregó la abogada. Y sintetizó: “Creo que todo esto se tuvo en cuenta al momento de ‘negociar’ la pena que acordamos”.

El recuerdo de Fabiola

Les compañeres de la comunidad LGBTIQ+ chaqueña la habían descrito a Fabiola Pamela Ramírez como “una chica como todas”.

“No había marcha feminista, del Orgullo y por los Derechos Humanos en que no la vieras levantar una bandera por Justicia e Igualdad. De un talento, solidaridad y ternura inmensa, ‘La Fabi’ era también una candombera apasionada, integrante de la grupa chaqueña Aguara Chacú”, decían.

La imagen de Fabiola materializada en grafitis recorre las calles de la ciudad de Resistencia. “Ellos sirven y sirvieron como disparadores para empezar a discutir las políticas hacia las compañeras travestis y trans y tener noción de todo lo que nos falta aún como sociedad para que esto no vuelva a pasar”, concluyó Barud.

Fuente Agencia Presentes