Comentarios desactivados en El Estado de Yucatán aprueba, por fin, el matrimonio igualitario con una amplia mayoría y prohíbe las llamadas terapias de conversión
El Congreso de Yucatán ha aprobó el pasado miércoles el matrimonio igualitario.
El Estado sigue la estela de Sinaloa y Baja California, que también han avalado la unión entre parejas homosexuales este verano
El Congreso del Estado de Yucatán aprobó el pasado miércoles el matrimonio igualitario con 20 votos a favor y cinco en contra. Hace solo tres semanas que Baja California tomó la misma decisión y también este verano, a finales de junio, la unión entre parejas homosexuales fue aceptada en Sinaloa. Con estas tres nuevas resoluciones son ya 22 de los 32 Estados mexicanos los que reconocen este derecho.
En una larga sesión de más de cuatro horas, los diputados de Yucatán han votado a favor de modificar el artículo 94 de la Constitución del Estado para replantear los términos: en vez de algo exclusivo entre un hombre y una mujer, la reforma aprobada define el matrimonio como «una institución por medio de la cual se establece la unión jurídica, libre y voluntaria de dos personas, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto y ayuda mutua» y abre la figura del concubinato a todas las parejas.
En la misma sesión, los diputados han prohibido las llamadas terapias de conversión, que tratan de modificar la orientación sexual, y han aprobado que el delito de feminicidio no prescriba. En este mismo sentido, los congresistas han establecido que en caso de asesinato de una mujer a manos de su pareja, la patria potestad de los hijos no sea para el agresor sino para los abuelos de los menores.
El matrimonio igualitario en México
En México, el matrimonio igualitario está en vigor en muchos de sus estados y los matrimonios celebrados en ellos deben ser reconocidos a nivel nacional. Ciudad de México, de hecho, fue el primer territorio de América Latina en aprobar el matrimonio igualitario en el año 2009 (meses antes de que lo hiciera Argentina). En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que tanto los matrimonios entre parejas del mismo sexo como las adopciones por padres del mismo sexo fruto de aquella ley eran válidos en todo el territorio mexicano.
La capital mexicana abría así un camino que luego han seguido otros estados de México, un país federal en el que cada estado goza de amplia autonomía legislativa y cuenta con códigos civiles propios. Además, la prohibición del matrimonio igualitario por los estados que aún no permiten su celebración acabó siendo considerada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y, de hecho, en prácticamente todos los estados de México se han celebrado ya bodas por orden judicial. En los estados que no celebran matrimonios entre personas del mismo sexo, sin embargo, los contrayentes deben presentar un recurso de amparo, un trámite que aumenta los plazos y los costes.
Pese a todo, el Congreso de México decidía a finales de 2016 bloquear el compromiso del presidente del país, Enrique Peña Nieto, de promover la reforma tanto de la Constitución mexicana como del Código Civil federal para asegurar sin género de duda la plena vigencia del matrimonio igualitario en todo el país. Todo ello fruto de una intensa campaña de agitación homófoba promovida, entre otras, por la Iglesia católica mexicana. En enero de 2017 publicábamos la noticia de la nueva constitución de Ciudad de México y el reconocimiento expreso al matrimonio igualitario y a las familias LGTB.
Con la entrada de Yucatán, Baja California y Sinaloa estos últimos tres meses, el mapa mexicano avanza en la igualdad, iniciada hace 11 años en Ciudad de México. Aunque todavía 10 Estados (Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Querétaro, Tabasco, Veracruz y Zacatecas) se resisten a reformar sus leyes. Las parejas homosexuales de estas entidades tienen que presentar un amparo para que los jueces aprueben la unión caso por caso, en vez de hacerlo con un trámite ante el Registro Civil.
Comentarios desactivados en Cinco meses sin Tehuel: qué se sabe hasta ahora
En las últimas semanas, Oscar Montes, uno de los detenidos, pidió declarar pero dio pistas falsas. Se duplicó la recompensa para quienes aporten información concreta que permita encontrarlo.
A Tehuel de la Torre lo vieron por última vez el 11 de marzo de 2021 en Alejandro Korn (provincia de Buenos Aires), cuando fue a reunirse con Luis Alberto Ramos, quien le había ofrecido una changa como mozo. Luis Alberto Ramos está detenido y se mantiene en silencio. En las últimas semanas, Oscar Montes, otro de los dos detenidos, pidió declarar, pero solo dio pistas falsas.
Según la línea que sigue el equipo de investigación de la Fiscalía, ese pacto entre Ramos y Montes esconde la verdad acerca de lo que pasó con el joven trans. Hace pocos días, se duplicó la recompensa para quienes aporten información concreta que permita encontrarlo. Se ofrecen $4.000.000 y anonimato absoluto.
Mientras, avanzan las comparaciones de ADN entre las muestras extraídas a familiares y a los detenidos con los rastros que se encontraron en los primeros operativos. También se amplía el perímetro de rastrillajes, surgen nuevos allanamientos, se apilan cada vez más hojas en el expediente de búsqueda de paradero. Pero Tehuel no aparece.
El caso es investigado en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada San Vicente, a cargo de la fiscala Dra. Karina Guyot, Departamento Judicial La Plata. Allí se planifican, por ejemplo, los rastrillajes que se realizaron en una primera instancia en un radio aproximado de dos kilómetros alrededor de las casas de los dos detenidos. En los últimos operativos se ampliaron a otros dos kilómetros desde ese mismo punto geográfico, donde se lo vio por última vez.
El 11 de marzo – consta en el ofrecimiento de recompensa del Ministerio de Seguridad bonaerense– “se habría retirado de su domicilio sito en Buenos Aires al 500 de San Vicente, provincia de Buenos Aires a las 19 horas aproximadamente. Fue visto por última vez entre las 19:30 y las 21 horas del mismo día en las inmediaciones de las calles Mansilla al 1200 o Frías al 800, ambos domicilios ubicados en la localidad de Alejandro Korn”.
Los rastros hasta ahora
En esos últimos dos domicilios la Fiscalía ubicó –entre las 19.45 del 11 de marzo y las 00.30 del 12 de marzo–, de acuerdo a los informes de las compañías de telefonía móvil, la última actividad del celular de Tehuel y también su última foto hallada, junto a quienes hoy están detenidos. Según confirmaron fuentes propias de la investigación en curso, ese teléfono fue encontrado quemado junto a una campera el 16 de marzo, en uno de los primeros operativos, frente a la vivienda de Ramos. Más allá de esto, también se concretaron peritajes en los teléfonos de Ramos y de Montes que permitieron obtener datos útiles para el trabajo de búsqueda.
La búsqueda
Luego de esos días iniciales, en los cuales se produjeron esos primeros allanamientos y las dos detenciones, los rastrillajes se replicaron –en base a datos proporcionados en diversos testimonios– en basurales, sitios de tratamiento de residuos, en un criadero de chanchos y similares, con personal de Policía de la provincia, buzos tácticos y luego con el aporte de las fuerzas federales. En el mayor porcentaje de casos, los operativos debieron realizarse en sectores descampados, con poca población y dificultades en el terreno (bañados, vegetación espesa, difícil acceso).
En el último mes, también se sumó un relevamiento específico realizado desde el aire, a través de parapentistas. Ese mapeo aéreo, por parte de conocedores de la zona, apunta a optimizar las búsquedas en zonas puntuales y divisar desde otra perspectiva posibles accesos y sectores donde sería recomendable profundizar los rastrillajes terrestres.
Las pericias
En los últimos dos meses se concretó la toma de muestras de ADN en los detenidos y en familiares de Tehuel, para poder comparar con posibles muestras de sangre y de un preservativo encontrados en los primeros allanamientos. Luego del procesamiento de la información genética, se avanzó en la comparación con rastros hemáticos –resultado del cual aún no se proporcionó información a los medios, pero sí a la familia–.
En medio de la pila de papeles que conforman el expediente de búsqueda de paradero en las oficinas de la Fiscalía, hay pedidos de información –y algunas respuestas– de distinta índole. A compañías telefónicas, a Centros de Monitoreo de Cámaras de Seguridad, a efectores de salud (por si se produjo el ingreso de una persona con las características físicas de Tehuel en esos días), entre otros.
Tras un llamado telefónico de una posible testigo que creyó haber visto al joven en Caleta Olivia, también la justicia bonaerense envió un exhorto a la Dirección de la Unidad Regional Norte de la Policía de Santa Cruz, al Comando Radioeléctrico y cuerpo de infantería. Se colocaron carteles con imágenes de Tehuel en locales comerciales y hubo difusión en los medios radiales y televisivos de la zona, además de los operativos policiales de rigor. Sin embargo, no surgieron novedades.
Hace dos semanas, entre rastrillajes y trámites, la Fiscalía confirmó que hubo un pedido concreto de Montes, uno de los detenidos, para prestar declaración. A pesar de las expectativas que generó en el equipo de investigación, la información que aportó no condujo a ninguna verdad. Fueron datos falsos o incorrectos que se desdibujaron en menos de una semana.
“Duele más”
“Es un día triste y mañana va a ser peor. Lo extrañamos mucho y lo queremos en nuestras vidas”, dice a Presentes Verónica Alarcón. Cada 11 es especial pero el dolor es parte constante en la rutina de su familia desde hace cinco meses.
Tehuel hoy no habita los espacios que compartía con su familia pero es una presencia fuerte que acompaña a cada integrante de la familia. “La vida cotidiana es levantarse y acostarse pensando en Tehuel. Llamamos al abogado por si hay alguna noticia. Mi mamá va a la fiscalía a ver si se sabe algo, te la pasás pensando cuándo van a estar las pericias, dónde está Tehuel. La verdad es que a medida que pasa el tiempo, duele más”, dice Verónica.
La esperanza está puesta en los resultados de las pericias de ADN que se hicieron en la casa de Ramos. Esperan conocer si coinciden con Tehuel o con alguno de los dos imputados. Mientras tanto, Verónica organiza las marcha de mañana a las 17 en San Vicente pero aclara que no tienen la fortaleza física ni emocional para sumarse a otras actividades que saben que se realizarán en otros lugares.
“Marchamos para que no se olviden de él y lo sigan buscando”, remarca y recuerda que “hay una recompensa. Si alguien tiene información que llame al 911, al 147 o se acerque a la Fiscalía de San Vicente”.
El mensaje de Verónica para Ramos y Montes sigue siendo el mismo: “Que me digan a dónde está mi hermano y qué es lo que hicieron”. Y el reclamo también persiste: “Que se haga justicia, que paguen por lo que hicieron”.
El barrio habla en voz baja
El barrio donde vivían Ramos y Montes antes de quedar detenidos es un barrio joven. Creció hace algo más de 10 años sobre lo que antes era un inmenso campo y parte de la laguna de Miriní. Primero fueron casillas que se empezaron a construir, ganándole terreno al agua, y con el tiempo se transformaron en casas de material. Como queda muy cerca del barrio La Esperanza, lo apodaron La Nueva Esperanza, aunque algunos le siguen diciendo “la toma”. En La Nueva Esperanza se pierde el rastro de Tehuel.
Esta foto fue encontrada en el celular de uno de los detenidos.
Es un barrio de gente trabajadora, merenderos, kioscos-almacenes, niñes que juegan descalzos en las calles de tierra. Un barrio un poco alejado, donde se reciben muchas denuncias de violencia de género.
En la zona conocen bien a los dos detenidos del caso. Ramos tiene antecedentes de violencia: una condena cumplida por homicidio. Montes en cambio no tiene antecedentes penales, pero varias personas del barrio lo describieron como violento.
El periodista Daniel Rosales, director de Al Sur Web –un histórico medio de San Vicente– dijo a Presentes que “el primer detenido (Ramos) es conocido como uno de los «malandras» del barrio, un tipo metido en negocios ilícitos y con antecedentes graves en la justicia”. En cuanto al segundo, definió: “Montes viene de una familia que vive hace muchos años en la zona, es el barrio Villa Coll, pegado a La Esperanza. Es cartonero. Y era el compinche de Ramos”.
¿Qué dicen en el barrio sobre el primer detenido? Ramos trabajaba en las cooperativas/ Vivía con la madre en el mismo terreno, cada uno en su casita/Daba planes/ Venía drogado, te dabas cuenta/Se decía que le pegaba a la mamá. Ella a veces venía y tenía moretones en la frente. Algún corte también le vimos/ El tío vivía con ellos/ Después de lo de Tehuel, la madre y el tío cargaron los bolsos y un colchón y se fueron en un auto blanco/De la casa, los investigadores se llevaron velas y libros satánicos/Andaba siempre armado con un cuchillo de cocina.
Desde la Fiscalía insisten en que ambos detenidos conocen la verdad sobre lo que ocurrió con Tehuel y también en que hay otras personas que saben lo que pasó y no hablan por miedo. Es por eso que remarcan que, además de la recompensa ofrecida por el gobierno bonaerense, también se asegura la reserva de identidad para quien pueda brindar información concreta que permita hallar al joven trans.
“Tehuel es la cara de la invisibilidad que sufrimos los varones trans”
Tehuel desapareció cuando iba en la búsqueda de un trabajo ofrecido. Nunca tuvo un trabajo fijo, siempre se mantuvo con changas. Su novia hacía rosquitas y bolitas, y él salía a vender. A veces ayudaba a los vecinos cortando el pasto, sacando árboles. El único trabajo que había tenido era el de volantero de Mi cabaña pero duró poco por la pandemia. A los tres meses de su desaparición, se sancionó la ley de promoción del acceso al empleo formal para travestis y trans, Ley Diana Sacayán-Lohana Berkins, una iniciativa que busca paliar esta falta de derechos básicos para el colectivo, causa y consecuencia de una cadena de violencias estructurales y vulneraciones sistemáticas. El reclamo por la aparición de Tehuel estuvo presente en los discursos del Congreso de la Nación e incluso en los festejos en las calles, donde se sigue preguntando Dónde está Tehuel.
En diálogo con Presentes, Fernando Martín, de Hombres Trans Argentinos –una organización que trabaja problemáticas de masculinidades trans– expresó: “Lamentablemente Tehuel es la cara de la invisibilidad que sufrimos los varones trans y de las violencias que atravesamos a lo largo de nuestra vida”.
Verónica, una de las hermanas de Tehuel, contó hace unas semanas a Presentes: “Tehuel estaba en busca de trabajo, agarraba todas las changas que podía. Tengo entendido que a veces con el tema de que era un chico trans no le daban trabajo. Con la señora vivían en el día a día. Él me contaba que le preparaba la leche al nene, lo llevaban al jardín y lo iban a buscar. Muy buen padre, muy buen marido, y sobre todo buen hermano”.
Para aportar datos
Las personas que quieran aportar la información requerida deberán presentarse ante los Fiscales Generales de Cámara de los distintos Departamentos Judiciales de la Provincia, la Unidad Funcional Descentralizada San Vicente, Departamento Judicial La Plata (sita en calle Alem Nro. 45 de la localidad y partido de San Vicente, teléfono (02225) 481-737/772), o ante la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas (sita en calle 2 entre 51 y 53, Oficina N° 118, La Plata, teléfonos 0221-429-3091 y 429-3015 de Lunes a Viernes de 07:00 a 19:00 horas).
El monto de la recompensa será distribuido sólo entre quienes se presenten a suministrar la información ante las autoridades señaladas, haciendo conocer que se encuentran motivados por el ofrecimiento, en los términos del Decreto N° 2.052/98 y su modificatorio, la Resolución Ministerial N° 2.390/07, conforme el mérito de la información aportada.
Comentarios desactivados en Un proyecto de ley busca garantizar el derecho al lenguaje inclusivo en Argentina
Lo presentó la diputada Mónica Macha y responde a un proyecto de ley que busca prohibir el lenguaje inclusivo en el Estado.
Un proyecto de ley que busca garantizar el ejercicio del derecho al uso del lenguaje inclusivo de género fue presentado hoy en la Cámara de Diputadxs de la Nación. La iniciativa “busca que todas las personas humanas y jurídicas puedan hacer uso de esta herramienta fundamental para el ser humano”, dijo a Presentes Mónica Macha, la diputada del Frente de Todxs que impulsó el proyecto.
Su objeto es “garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el empleo de la pluralidad de usos lingüísticos que abarca el lenguaje inclusivo de género, en todos los ámbitos en los que las personas desarrollan su vida social”, apunta el texto del proyecto de ley titulado “Ejercicio del derecho a la utilización del lenguaje inclusivo de género”.
La diputada Mónica Macha contó a Presentes que venía “hablando del lenguaje inclusivo con algunas compañeras y compañeres hace ya un tiempo”, y hubo un hecho que les impulsó a acelerar su discusión. “Hace un par de semanas se presentó un proyecto prohibiendo el uso del lenguaje inclusivo”, dijo Macha, en referencia al proyecto presentado en la Cámara de Diputadxs por las abogadas Cynthia Ginni y Patricia Paternesi que prohíbe su uso en los tres poderes del Estado, en el ámbito educativo y en actos oficiales.
“El objeto de este proyecto que presentamos es garantizar el derecho a utilizar el lenguaje inclusivo. No exigimos que lo hagan todas las instituciones, no es una normativa que busca establecer el lenguaje inclusivo en todos los espacios ni tampoco es prohibitivo, sino que exista el derecho a utilizarlo”, detalló Macha.
No es obligatorio ni busca el castigo
Otros de los puntos claves del proyecto es que no reviste un carácter de obligatoriedad y, fundamentalmente, evita que una persona pueda ser sancionada, por lo que nadie podría ser castigadx por hablar o redactar en inclusivo.
El proyecto garantiza el derecho a utilizar el lenguaje inclusivo “en las exposiciones, discursos, alocuciones, resoluciones, decretos, leyes, fallos, presentaciones judiciales y toda otra forma de expresión que se utilice oficialmente en el Estado nacional”.
También, en “establecimientos del Sistema Educativo Nacional, en todos sus niveles y modalidades, sean de gestión pública o privada” y se aclara que “esta norma incluye tanto lenguaje oral como escrito”.
Además, invita a las Provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las Universidades nacionales y al Consejo Federal de Educación a adherirse.
En el proyecto de ley participaron Mara Glozman, investigadora del CONICET con sede en el Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires; Guadalupe Maradei, profesora e investigadora de la Universidad de Buenos Aires especialista en Teoría y crítica literaria con perspectiva de género; y SaSa Testa, magíster en Estudios y Políticas de Género y activista trans no binarie.
Además, cuenta con el apoyo de las diputadas nacionales Gabriela Estevez, Jimena Lopez, Patricia Mounier, Ayelén Spósito, Alicia Aparicio, Verónica Caliva, Carolina Yutrovic, Mara Brawer y Estela Hernández.
“Es una iniciativa que al plantear la posibilidad de utilizar un lenguaje inclusivo de género, se lograría principalmente una inclusión en este lenguaje de las personas no binarias, con lo cual sin dudas partimos de la base de que es una buena iniciativa”, dijo a Presentes Sole Caballero, activista lesbiana no binarie y referente de 100% Diversidad y Derechos en Neuquén.
En este sentido, continuó: “Las personas no binarias estamos obligades a leer todo el material de estudio que surge de una institución educativa en un lenguaje binario mayoritariamente masculino y también a festejar leyes y decretos que, por un lado validan institucionalmente nuestros derechos pero, por otro lado, por tecnicismos de esas instituciones en sus escritos continúan violentándonos al mencionar solamente a hombres y mujeres”.
Acompañar otros derechos
De esta manera, el proyecto de ley vendría a garantizar el derecho a un trato digno y a ser nombrade de acuerdo a la identidad de género autopercibida, que dispone la Ley de Identidad de Género (N° 26.743) en su artículo 12 y 1, inciso “c”.
Para justificar el proyecto de ley, el equipo que lo redactó se basó en posiciones de organismos internacionales y legislación nacional en materia de perspectiva de géneros, posiciones de instituciones académicas y organismos nacionales en torno del lenguaje inclusivo de género, y razones sustentadas en los estudios lingüísticos.
“El proyecto está muy sólidamente fundamentado. No sólo en aspectos internacionales en cuanto a los derechos humanos, en este sentido el derecho humano a la libertad de expresión, sino también presenta una lista bastante extensa de antecedentes a nivel nacional donde diversas universidades e instituciones públicas, como el ANSES, sacaron resoluciones favorables al uso del lenguaje inclusivo”, dijo a Presentes le activista trans no binarie SaSa Testa, quien participó de la elaboración del proyecto.
En cuanto a las razones basadas en los estudios de la lingüística, la diputada Macha expresó: “nos pareció importante poder plantearlo desde la propia disciplina de la lingüística y en realidad no hay ninguna situación que ponga en tensión o que plantee que no es necesario o que es prohibitiva esta utilización del lenguaje inclusivo”.
“Me parece interesante que dentro de la disciplina lingüística se pueda dar esta discusión porque a veces el remitir a una institución como la RAE pareciera como que obtura o acalla a todos los debates. Cuando estamos hablando de estas construcciones sociales, políticas, no hay un lenguaje que se pueda plantear como estático y definitivo, sino que el lenguaje tiene que permitirnos expresar las ideas y las necesidades de una época”, concluyó.
Este proyecto, para SaSa Testa, se da “en un contexto histórico y social donde ya hay una comunidad de hablantes que lo estamos utilizando y lo estamos militando y con un gobierno que en sus políticas públicas está demostrando ser un gobierno que amplía derechos para la ciudadanía”.
Comentarios desactivados en Investigan muerte de Fátima, mujer trans de 29 años, en Formosa: denuncian violencia policial
Fátima Barrios era una mujer trans, tenía 29 años y falleció tras un operativo policial. Denuncian violencia institucional. Se esperan los resultados de la autopsia.
Foto apertura: Radio Uno Formosa
El domingo 18 de julio, Fátima Belén Barrios, una mujer trans de 29 años, falleció en la subcomisaría del Barrio Guadalupe, en la localidad de Formosa. Alrededor de las 6 de la mañana, la habían llevado a esa dependencia desde la casa donde vivía, a partir de un llamado al 911 de una vecina que alertó sobre una pelea, informó a Presentes la Fiscalía a cargo. Una hora después, Fátima falleció en la subcomisaría en circunstancias dudosas que hoy se investigan. Su familia apunta a la policía como responsable.
En la madrugada del domingo 18 de julio, la dueña de la propiedad donde Fátima alquilaba y vecina, llamó a la policía para denunciar una pelea física entre Fátima y otra mujer. Tras el llamado, la policía provincial se acercó al domicilio, de donde llevaron a Fátima y a una amiga suya. “Cuando llegaron los efectivos policiales, Fátima se tornó un poco agresiva porque consideraba que no ameritaba una presencia policial y menos detenerla. Ahí se produce un forcejeo con los policías”, narró Daniel Suizer, el abogado que representa a la familia de Fátima. “Fue una alteración del orden público, es decir, una causa contravencional. Ni siquiera era un ilícito ni una causa penal, era una infracción por música fuerte y gritos”, precisó.
La causa lleva la carátula “Actuaciones preliminares sobre averiguación de causal de muerte” y es el expediente N°739/21. Está en el Juzgado N°2, el juez asignado es Marcelo Lopez Picabea y la Fiscalía N°4, a cargo de la fiscal Natalia Verónica Tafetani, lleva adelante la investigación.
Desde la Fiscalía explican que Fátima no estuvo en calidad de detenida. “Se la trasladó junto a otra chica también trans por disturbios en la vía pública ya que era una causa contravencional. En esos casos simplemente se los lleva, se les toma los datos, se inicia la causa y continúan en libertad”.
Los policías que participaron del operativo están siendo investigados de forma administrativa por la fuerza policial, pero por el momento no por el poder judicial. “Primero vamos a esperar la causal de muerte y ahí vamos a saber. Por ahora no hay ningún tipo de intervención de terceros”, indicó la fiscal.
La versión policial
Según el informe policial, Fátima sufrió una descompensación en la subcomisaría, y cuando el personal médico del Sistema Integrado Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC) llegó, constató que ya no presentaba signos vitales.
En declaraciones a medios locales, el comisario y jefe de la Unidad Regional N°1 de la Policía de Formosa, Víctor Téllez, dijo que “la mujer falleció en una oficina de la comisaría. Nunca fue encerrada en una celda común. Y mucho menos recibió agresiones o violencia policial durante el procedimiento”.
Fiscalía espera resultados
La fiscal a cargo de la investigación, Natalia Tafetani, dijo a Presentes que se esperan los resultados de los análisis de las muestras. “Se están procesando en el Centro de Investigaciones Forense de nuestro poder judicial”. Calculó que durante “esta semana o la próxima” tendrán el informe completo.
Además, especificó que “al momento no hay indicios de lesiones externas. Está totalmente descartado que haya sido algún factor externo, como golpes o lesiones, porque en el cadáver de ella no había nada que pueda indicar una causal de muerte con interrupción de terceras personas.” Y agregó: “Tenemos los primeros resultados de sangre y orina, que arrojaron presencia de drogas y alcohol en altas dosis. La muerte se produjo por algún factor que todavía desconocemos, puede o no ser una intoxicación”.
Por qué denuncian violencia policial
Sin embargo, tanto la familia como el abogado que la representa aseguran que Fátima murió por “la brutalidad policial”. “Nos basamos en las fotografías del cadáver. En ellas se la ve con contusiones en la frente (un hundimiento de cráneo), lesiones en la tibia y en las rodillas, y golpes en la nariz y en el rostro”, detalló Suizer.
El abogado informó a Presentes que se tomó el testimonio de otras personas trans que estuvieron en el lugar, “que evidencian una golpiza de parte de los efectivos ya dentro de la camioneta, del móvil policial”.“Es lamentable. Fue muerta por manos policiales: no me cabe ninguna duda. El objetivo de acompañar a la familia es mostrar que Fátima no murió de muerte natural como se dice porque presentaba golpes en el cuerpo que ameritan otra cosa”, agregó.
Todxs tenemos derechos
Antonia Palacios, coordinadora de la Red Libertad Positiva Formosa, organización que se encuentra acompañando y dando contención a la familia, contó que están a la espera de los resultados de la autopsia. Aunque los análisis dieron como resultado que Fátima estaba bajo los efectos de sustancias, sus allegadxs creen que la causa de su muerte fue otra.
El lunes 19 de julio, familiares de Fátima y distintas organizaciones de Formosa convocaron a una concentración ante la Subcomisaría. También hubo una concentración en Buenos Aires. En Formosa además se realizó una conferencia de prensa, en la que participó la madre. “Me dijeron que mi hija falleció, que murió de una sobredosis. Pero antes me dijeron que ella se hacía la retobada, que no le quiso dar los datos de ella. Yo estoy segura de que a ella la mataron a golpes”, expresó Beatriz Bogado. “No quiero que esto vuelva a suceder con ninguna chica trans porque todos tenemos derechos”, resaltó su madre a Radio Uno Formosa.
Piden investigar a la policía
En declaraciones a La Mañana en Vivo de Formosa, el comisario Téllez informó que por protocolo institucional, los policías que actuaron en el procedimiento de la detención de Fátima fueron sumariados con causa administrativa para investigar conductas y/o deslindar responsabilidades en el hecho.
“La primera medida que pedimos al juez es que en la investigación intervenga otra fuerza, como la Gendarmería, la Prefectura o la Policía Federal. No puede la policía investigarse a sí misma”, dijo el abogado de la familia, que aún no se ha constituido como querellante en la causa.
En este sentido explicó que en Formosa existe la Acordada N° 2.418 de 2005 que establece que en cualquier situación en donde se vea involucrada la policía provincial debe intervenir otra fuerza. “No lo hicieron y eso despierta muchas sospechas”, apuntó Suizer.
Con esta muerte en una subcomisaría, ya son dos las muertes de mujeres trans vinculadas con la policía en menos de una semana. A Fátima se suma Victoria Núñez, de 27 años, en Paraná, Entre Ríos, quien falleció el miércoles 21 de julio tras una intervención policial.
Comentarios desactivados en Exigen a la Justicia se esclarezca la muerte de la joven trans Victoria Núñez: apuntan a la policía
Travestis y trans autoconvocadxs, familiares y amigues, exigieron que la justicia investigue el caso y se esclarezcan las causas de su fallecimiento y demandaron al gobierno nacional, provincial y municipal la falta de políticas públicas concretas para el colectivo.
Vicky Núñez, una joven trans de 27 años, de Paraná, Entre Ríos, murió el pasado miércoles en circunstancias poco claras tras una intervención policial. Travestis y trans autoconvocadxs, familiares y amigues, exigieron que la justicia investigue el caso y se esclarezcan las causas de su fallecimiento y demandaron al gobierno nacional, provincial y municipal la falta de políticas públicas concretas para el colectivo. La concentración fue frente al edificio del Poder Judicial y frente a la Casa de Gobierno de Entre Ríos. Luego de las intervenciones y la lectura del documento marcharon hacia el palacio municipal.
Marcela, la mamá de la joven, manifestó estar “destrozada” ante el hecho, dijo que todavía la Justicia no les ha informado de nada y solicitó “manejarse con cautela” respetando el dolor.
¿Por qué se señala a la Policía de Entre Ríos?
Según la información a la que accedió Presentes a través de su familiares y amigos, Jorge, pareja de Vicky, llamó a la Policía cuando ella entró en shock. Al acudir al domicilio ubicado en la zona de calles Newbery y Garrigo, el móvil del 911 la encontró convulsionando por lo que se pidió la intervención de la ambulancia para su traslado al hospital San Martín. A los pocos minutos se confirmó su deceso.
En diálogo con Presentes, Macarena Cornejo, militante y activista de Paraná demandó: “Es una muerte dudosa. Amistades acompañamos a la familia en el proceso judicial y seguimos a la espera de que la Justicia de una respuesta. Como colectivo vamos a acompañar el pedido de justicia, queremos que actúen con un buen proceder, queremos saber la verdad”.
Por su parte, Iara Aranzazú Quiroga, activista, militante y amiga de Victoria dijo haberla conocido desde años, en las noches cuando ejercían la prostitución. La describió como una joven simpática, divertida y “luminosa” y señaló al Estado y en particular a la Policía por haber intervenido de manera violenta en el procedimiento.
En este sentido, aseguró estar cansada de que quiénes tienen la responsabilidad de bregar por los derechos de las disidencias sexoafectiva porque miran para otro lado y señaló al gobierno provincial y municipal por no dar respuestas ante las continúas demandas y solicitudes de las “compañeras”.
Para describir a Vicky, Wanda Sayes amiga de la misma expresó: “Fue una gran amiga. Estuvo siempre presente en mis peores momentos, era una persona especial. Su muerte no puede quedar en la nada como venimos viendo con las pérdidas de otras compañeras. Por su memoria vamos a seguir luchando”.
¿Qué denunciaron en el documento?
“Hoy el dolor nos vuelve a encontrar a las travestis y trans. La muerte de Victoria Núñez, ‘Vicky’ como la conocíamos dentro del colectivo, como tantas veces hacen explícitas las condiciones de vida de las travestis y trans y dejan en evidencia, como siempre, la ausencia del Estado. La extrema pobreza, la vulnerabilidad, la soledad, las huellas del maltrato y la violencia sistemática exponen la situación en la cuales vivimos, algo que ya no pueden esconder”, dice el documento.
En segundo lugar, demanda: “Basta de violencia policial y denunciamos a la Policía de Rosario Romero y de Bordet. Le exigimos verdad y Justicia por los travesticidios de Vicki, Nicki, La Loba y cada una de nuestras muertas. Basta crímenes de odio y basta de travesticidios y transfemicidios”.
En tercer lugar manifiesta: “El dolor no nos paralizará. Nos encontramos en un día de intensificación de lucha, denuncias, demandas, reclamos y reivindicaciones por la igualdad de los derechos para cada una de nuestras cuerpas, por cada una que pisa no solo ésta ciudad sino la provincia entera. Porque hacemos responsable al Estado y los Gobiernos, sin distinciones, de la vida a la que nos condenaron y nos condenan”.
Manifestación en Córdoba contra transfemicidios terminaron en represión policial
El lunes a la noche el colectivo @aparicionconvidadetehuel.cba convocó a encontrarse en la Plaza de la Intendencia de Córdoba Capital: “hartxs de que nos asesinen, nos desaparezcan y nos encierren por ser quienes somos”, dijeron en la proclama.
Según informó el medio local La Tinta, mientras se manifestaban pacíficamente, Infantería reprimió violentamente con gases lacrimógenos y se llevó detenidas a dos personas trans. Se encuentran en la Unidad Fiscal de Atención Inmediata (UFAI). “Ya están interviniendo abogadxs de organizaciones sociales y la Coordinación Regional de los Centros de Acceso a Justicia. Desde la organización llaman a concentrarse en calle Laprida 730, para exigir la inmediata liberación”.
Esta marcha para exigir justicia por la joven trans formoseña Fátima Belén, quien fue asesinada en una comisaría. Tan solo tres días después, el miércoles 21 de julio, Vicky Nuñez falleció en circunstancias dudosas luego de una intervención policial.
Dos mujeres trans fueron asesinadas por la policía la semana pasada. Una es Vicky Nuñez, la asfixiaron en medio de un brote psicótico en Paraná. La otra es Fátima Barrios, a quien mataron a golpes en una comisaria en Formosa. Lo de Chano no es aislado. La policía nunca te cuida.
Comentarios desactivados en La Justicia porteña le vuelve a dar la espalda a pareja gay atacada en Palermo
Por segunda vez se archivó la causa que investigaba la agresión de odio sufrida por una pareja gay en Palermo (Ciudad de Buenos Aires) en septiembre de 2020.
La Justicia porteña le volvió a dar la espalda a Pablo Cavaignac y Cristian Jacobsen: por segunda vez archivó la causa en que se investigaba la agresión de odio sufrida por la pareja en las calles de Palermo en la Ciudad de Buenos Aires, en septiembre de 2020. Después de más de tres meses del primer archivo, la Fiscalía Penal Contravencional y de la Faltas Nº 22 (Discriminación) a cargo de Paola de Minicis decidió volver a archivar la investigación por falta de pruebas.
“La investigación de delitos producidos en la vía pública o en lugares privados de acceso público, cometidos por odio de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión, en los últimos años no han presentado un avance significativo en su sanción; muchos de ellos han sido archivados por falta de pruebas o bien, por otros motivos procesales”, explicó a Presentes Emiliano Montini, director de Asuntos Jurídicos del INADI.
De acuerdo con Montini, Argentina no tiene un recorrido aceptable en la investigación y juzgamientos de este tipo de conductas.
El ataque en un barrio de Buenos Aires
Eso es lo que vivieron Pablo y Yaco en estos meses en que buscaron justicia y no la encontraron. El 30 de septiembre de 2020 habían salido a tomar una cerveza en Palermo y cuando estaban volviendo se besaron en una esquina. En ese momento un grupo de personas los empezaron a golpear. Yaco sufrió lesiones en ambas rodillas, en el codo derecho, en la palma de la mano izquierda y un fuerte dolor en el hombro y la oreja. Días después, recibieron mensajes homoodiantes en las redes sociales y denunciaron agresiones en la puerta de su casa. COn esta medida, la investigación de esos hechos queda, por segunda vez, archivada.
“Primero se archivó por la denuncia por el ataque homodiante, por el hostigamiento digital y el daño a nuestra casa. Nosotros pedimos revisión a la fiscalía de Cámara y ellos revocaron el archivo. Y pedimos que se siga investigando el hostigamiento digital y el accionar policial”, explicó Pablo Cavaignac a Presentes sobre el primer archivo.
“Eso lo hizo la fiscal. Y ahora vuelve a archivar en dos meses, diciendo que Facebook no le contesta los oficios para saber quiénes son los usuarios detrás del hostigamiento digital y que el accionar policial no hay delito”, concluyó, indignado.
En este segundo archivo, la fiscal De Minicis pidió al Área de Monitoreo Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que pusiera cámara en la zona. También que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad capacite a sus ciudadanos en perspectiva de diversidad y orientación sexual, y que amplíe esto a las fuerzas de seguridad locales. Ambos puntos ya los había solicitado la primera vez que se archivó la causa.
Dicen que la fiscal nunca los atendió. Tampoco pudieron ver el expediente. “¿Cuál es el mensaje?”, se preguntan Pablo y Yaco. “Te pegan. Te dicen maricon, la policía no hace nada ¿y la Justicia no castiga a nadie? Después nos sorprendemos cuando pasan cosas como el caso de Samuel en España”.
Después del primer archivo de la causa, en marzo de 2021, Pablo Cavaignac pidió que le volvieran a pedir a Facebook información sobre los usuarios que los habían atacado por redes sociales. La fiscal, según lo que indica en el nuevo escrito judicial, lo solicitó pero no recibió respuesta.
También pidió un análisis de un perfil de Instagram, pero, escribió De Minicis, “se ha llegado a la conclusión que no se ha podido vincular ninguna persona a dicho perfil”.
Sin embargo, después de recibir este segundo archivo, Pablo Cavaignac pidió ver el expediente y confirmó lo que sospechaba: ese perfil ya fue identificado, la fiscal tiene los datos para llamarlo a declarar -entre ellos su documento y la dirección de su casa, el lugar donde estudió y dónde trabaja- pero nunca lo hizo.
Qué falta para avanzar
Emiliano Montini, director de Asuntos Jurídicos del INADI, dice que conoce estos hechos y muchos otros. Según lo que ha visto en estos años, cree que faltan herramientas técnicas y procesales para avanzar en las causas. Una de ellas es una Ley integral antidiscriminación que modifique la ley 23.592, entre otras normas.
Hasta ahora, esa ley no nombra la orientación o identidad sexual en el texto. Refiere sólo discriminación por motivos de raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. Hace 20 años que las organizaciones vienen pidieron que eso se modifique.
“Desde INADI estamos trabajando en un ley integral, novedosa, con una fuerte premisa preventiva y educativa, sin obviar la sanción penal que las conductas más graves deben tener”, explicó. Su idea es presentarla este año.
Comentarios desactivados en Seguridad de supermercado Día % agredió a pareja LGBT+: la víctima terminó imputada
La agresión se dio en la puerta del supermercado Día% en el barrio de Constitución, Ciudad de Buenos Aires.
Este domingo 4 de julio, Luz Avapxia, una persona no binaria de 22 años, y su pareja, Pedro Rod, un varón homosexual de 30, recibieron una agresión por parte de un guardia de seguridad del supermercado “Día %” ubicado en la cercanía a la intersección entre las avenidas Entre Ríos y Pavón, en el límite entre los barrios San Cristóbal y Constitución, de la ciudad de Buenos Aires. Pese a que Pedro se presentó a la comisaría cercana para hacer una denuncia, terminó imputado junto al hombre que denunció. “Esto no es un hecho aislado. No es contra mí o contra Pedro. Esta es una situación que va más allá de nosotros”, dijo Avapxia a Presentes. “Es una cuestión de identidad, expresión de género y racismo”, agregó.
Antes de dar inicio a su jornada laboral -un proyecto autogestivo de venta de comida a base de plantas- Pedro, Luz, y su hermana de 10 años se dirigieron al supermercado que quedaba en las cercanías a su hogar a las 12 del mediodía. Una vez allí, Luz y su hermana decidieron esperar afuera, mientras Pedro ingresaba debido a que en ocasiones anteriores Luz se había sentido incómode por actitudes del guardia de seguridad de la sucursal, como pedidos insistentes de exhibir su mochila y el seguimiento incisivo durante su recorrido por el supermercado.
Sin embargo, cuando Pedro observó que había mucha gente en el lugar decidió retirarse y en ese momento el guardia se acercó con el pedido de observar el interior de su mochila. “Vengo todos los días, no te voy a mostrar la mochila, no me robé nada”, le dijo Pedro y ante la insistencia del hombre, continuó: “No es la primera vez que esto me pasa. Me parece que no es por una sospecha de que me haya robado algo”.
Según cuenta Pedro en su denuncia, en ese momento se acercó otro hombre que estaba en el supermercado, quien insistió para que mostrara el contenido de la mochila y golpeó a Pedro en la cara. Acto seguido, el uniformado cerró el local, siguieron discutiendo y cuando Pedro tuvo la posibilidad de salir lo intentó, pero fue sujetado por el guardia en un ademán por el cual resultó tirado en el piso y herido en su dedo índice de la mano derecha. Mientras esto sucedía en el interior de la sucursal, desde afuera Luz sacaba su teléfono para filmar lo ocurrido en un material que subió a sus historias de Instagram y tuvo una rápida repercusión.
“Ayer me agarraron con ganas de grabar y de defender mis derechos, pero esto es algo sistemático. A mí en lo personal me sucede casi todas las semanas. Muchas veces con violencia física de por medio de las que salgo defendiéndome”, dijo Luz y destacó: “Todavía, en Argentina, las personas del colectivo LGBTIQ+ no tenemos una institución que nos respalde, que nos cuide”.
Les denunciantes sostuvieron, en diálogo con Presentes, que una vez que Pedro logró salir finalmente del supermercado, el guardia le arrojó su barbijo al grito de “putito de mierda culo roto”.
Denuncias e imputaciones
Primero llamaron al 911, luego al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y luego realizaron la denuncia en la Comisaría Vecinal 3B, ubicada en Catamarca 1345, en el barrio de San Cristóbal. Pese a que luego de una demora de dos horas le negaron a Pedro la posibilidad de declarar debido a que le informaron que se encontraba imputado, finalmente, luego de insistir, pudo hacer una breve declaración. “Todo esto fue con una falta de profesionalidad que a mí me sorprendió”, expuso Rod. Actualmente está imputado el guardia de seguridad por lesiones leves y Pedro Rod, por daños al local, ya que por las burlas y la mirada insistente del hombre, rompió el vidrio del lugar.
Ante el hecho, en un primer momento actuó de turno la Fiscalía primera de instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas (PCyF) N°11 y actualmente la causa la lleva la Fiscalía PCyF N°22, especializada en Discriminación.
Desde la organización 100% Diversidad y Derechos se pusieron en contacto con Pedro y Luz. “Les estamos orientando porque querían desestimarles la denuncia. Ahora estamos evaluando qué acciones tomar con la empresa para que esta circunstancia no se repita. En principio, el agresor no puede seguir en el puesto de trabajo dado que Luz y Pedro van a ese lugar todos los días. Vamos a trabajar para que puedan circular tranquiles y en paz y se sancione al responsable. También para que la empresa se haga cargo y tome medidas contra este hostigamiento y violencia antiLGBT”, explicó Ricardo Vallarino, director ejecutivo de 100% Diversidad y Derechos.
También tuvo conocimiento y se comunicó con les damnificades la Defensoría LGBT, espacio dependiente del Instituto Contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objetivo es atender los casos de vulneración de derechos humanos de la población LGBT. “La denuncia ya tiene curso en el Ministerio Público Fiscal y nosotres, desde la Defensoría, vamos a hacer el seguimiento de ella y también vamos a librar un oficio para poner en conocimiento de la denuncia al supermercado ‘Día’ e intimarlo o preguntarle qué medidas tomó en relación a esas expresiones tan discriminatorias que tuvo el personal de seguridad”, dijo Flavia Massenzio, coordinadora de la Defensoría LGBT.
“Considero que esto fue por homofobia y por racismo. Es una cuestión de identidad, de expresión de género y obviamente también de racismo porque mi identidad es marrón y a una persona blanca, rubia y de ojos celestes esto no le iba a pasar”, sostuvo Luz, al evaluar los acontecimientos.
Por su parte, Pedro concluyó: “Me quedo con una sensación de desamparo, de humillación y deslegitimación por parte de las fuerzas que nos reprimen”. La contención la recibieron en los cientos de mensajes que les llegaron a través de sus cuentas de Instagram y por los que están agradecides.
Comentarios desactivados en Se promulgó en Argentina la ley de cupo trans e inclusión laboral Diana Sacayán-Lohana Berkins
El presidente de Argentina promulgó la Ley 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero Diana Sacayán-Lohana Berkins. “Hoy es un día para guardar en el corazón. Un día histórico para el movimiento travesti trans”, expresó Alba Rueda, subsecretaria de Diversidad.
El presidente de la Argentina, Alberto Fernández, encabezó un acto en el que hoy se promulgó la Ley 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero Diana Sacayán-Lohana Berkins. En la Casa del Bicentenario, donde se realizó, Fernández presidió esta instancia, junto con la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; la subsecretaria de Diversidad, Alba Rueda; y la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.
La ley dispone una serie de medidas de inclusión laboral en el Estado Nacional a través de un cupo mínimo del 1 % en los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, en todas las modalidades de contratación, que deben ser destinados a personas travestis y trans.
“Es una política de Estado, no la política de un gobierno”, expresó la ministra. Gómez Alcorta informó que en 2020, cuando se firmó el decreto presidencial que obliga al Estado a contratar a un 1 por ciento de personas travestis y trans, sólo había 30 de ellas trabajando en el empleo público nacional. “Hoy hay 320”, dijo la ministra en el acto. También dio a conocer que el Registro de aspirantes a ocupar empleos en ese ámbito ya cuenta con más de 4300 perfiles de quienes se postulan. “Es una política de Estado, no la política de un gobierno”, expresó la ministra.
“Hoy es un día para guardar en el corazón. Un día histórico para el movimiento travesti trans”, dijo Alba Rueda, subsecretaria de Diversidad, minutos antes de que el presidente le pusiera la firma al texto definitivo de la ley. Y destacó tres aspectos fundamentales para comprender la importancia de esta nueva reglamentación: “La reivindicación del movimiento travesti trans como sujeto político de derechos. La reivindicación de la comprensión de nuestras condiciones de desigualdad estructural, que dignifica para nosotres la expectativa de muerte temprana por causas evitables. Y el corazón que pusieron les compañeres trans para poder crear esta ley, abrazar el paradigma de ddhh y reivindicar nuestra identidad como parte fundamental de la democracia”.
“Hoy es un día para guardar en el corazón. Un día histórico para el movimiento travesti trans”, dijo Alba Rueda, subsecretaria de Diversidad, minutos antes de que el presidente le pusiera la firma al texto definitivo de la ley. Y destacó tres aspectos fundamentales para comprender la importancia de esta nueva reglamentación: “La reivindicación del movimiento travesti trans como sujeto político de derechos. La reivindicación de la comprensión de nuestras condiciones de desigualdad estructural, que dignifica para nosotres la expectativa de muerte temprana por causas evitables. Y el corazón que pusieron les compañeres trans para poder crear esta ley, abrazar el paradigma de ddhh y reivindicar nuestra identidad como parte fundamental de la democracia”.
Rueda destacó la apuesta que significa esta ley al paradigma de derechos humanos, y la calificó de “histórica para Argentina, Latinoamérica y el mundo”. Y agregó también una mención al abrazo de este paradigma a la lucha histórica de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Y recordó emocionada: “La ley se llama Diana Sacayán y Lohana Berkins como síntesis de lucha social, de derechos y resistencias, dos aspectos fundamentales de los movimientos travestis y trans en Argentina”.
Comentarios desactivados en La inclusión laboral travesti trans es ley en Argentina
El Senado de Argentina convirtió en ley una deuda y un reclamo histórico: la Ley de Cupo e Inclusión Laboral Travesti Trans “Diana Sacayán – Lohana Berkins” es pionera en el mundo.
Lo que durante años fue un reclamo histórico hoy al fin se convirtió en ley. Por mayoría, con 55 votos afirmativos, 1 negativo y 6 abstenciones el Senado de la Nación aprobó en Argentina la Ley de Cupo e Inclusión Laboral Travesti Trans “Diana Sacayán – Lohana Berkins”. El proyecto de Ley fue trabajado de manera intensiva por las organizaciones de la diversidad sexual, que lograron que finalmente en el 2021 el Congreso de la Nación lo tratara en sesiones ordinarias en Diputadxs el 8 de junio, donde obtuvo media sanción ( 207 votos a favor, 11 en contra y 7 abstenciones ), y en Senadorxs hoy.
La sesión que abrió poco después de las 14 la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner duró varias horas y tuvo a 12 senadorxs que tomaron la palabra, todxs a favor del proyecto. Varixs de ellxs citaron a Lohana y a Diana, pero también historias de vidas de otras travestis y trans. Algunxs pidieron perdón por “llegar tarde” desde el Estado. Hicieron hincapié además en que con que la inclusión se convierta en ley no alcanza: se necesita un cambio cultural, un compromiso del sector privado.
“El cupo e inclusión travesti trans es ley gracias a la militancia, al activismo y a una alianza política sin precedentes. La ley de Identidad de Género fue un trampolín desde el 2012 para reclamar más derechos. El trabajo es un eje fundamental del desarrollo humano. Las travestis y trans fuimos excluidas de todos los derechos humanos fundamentales, hoy el Congreso entendió que debía modificar nuestro destino de violencias y muerte. Estoy segura que este acceso al empleo formal, empleo decente, repercutirá en nuestros promedios de expectativa de vida. Agradecemos especialmente a las diputadas Gabriela Estévez, Vanesa Siley, Mónica Macha y Cristina Álvarez Rodríguez”, comentó la fundadora de la Asociación Civil La Rosa Naranja, integrante del Frente Orgullo y Lucha Marcela Tobaldi.
“Es un día histórico xq la democracia se acordó q existe una comunidad con un promedio de vida de 35 a 40 años. Es un día de muchas preguntas: ¿se pondrá en práctica esta ley? Vamos a dormir con un ojo abierto, xq esta ley se tiene que cumplir”, dice M. Tobaldi de @LarosanaranjaOpic.twitter.com/XAOZhbh8r3
El Frente Orgullo y Lucha, junto con Liga LGBTIQ+ de las Provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, venían trabajando el proyecto de manera intensiva a nivel legislativo con las diputadas nacionales Mónica Macha, Gabriela Estévez, Vanesa Siley y Cristina Álvarez Rodríguez (Frente de Todxs). Porque el proyecto que hoy se votó ley llegó al recinto de manera insistente en los últimos años, a través de diversxs legisladorxs.
🇦🇷#Ahora
📢“Hoy es un día histórico en la recta final de una lucha social colectiva que reclamó cambios culturales y necesarios en términos de política pública”, dice Alba Rueda, Subsecretaria de Políticas de Diversidad del @MinGenerosAR
📢 Cobertura: @almaFernandezokpic.twitter.com/Z9AAwdyCJb
Mónica Macha fue una de las legisladoras que trabajó fuerte para que llegara este día. “Estamos transformando la vida cotidiana, real y concreta de las travestis y trans de nuestra patria. Esta ley es histórica por lo que significa, por su recorrido y su lucha, pero sobre todo por su efecto, por lo que significa en los proyectos de vida y la transformación que supone de la vida laboral y en el Estado“, dijo Macha a Presentes. “Estamos construyendo un Estado transfeminista. El trabajo organiza, dignifica y permite proyectos de vida. Las compañeras travesti trans nos enseñaron a luchar por una sociedad más honesta y con lugar para todos y todas. Un mundo donde quepan todos los mundos, eso es esta ley. Encendimos un fuego imposible de apagar”.
🔥 Legislamos un cambio de época. Con queridas compañeras estamos en el Senado siguiendo la sesión donde vamos a conseguir la ley de Cupo Laboral Travesti Trans
🇦🇷🏳️⚧️#ÅHORA en @SenadoArgentina“Yo no entendía el matrimonio igualitario y eso hizo que votase con una mirada llena de ignorancia. Hoy no quiero que me pase lo mismo. No quiero mirar para otro lado, negando como si las personas trans no existiesen”, senadora Gladys González pic.twitter.com/q6B3SgiH0I
“A partir de este momento vivimos en un país más justo“, expresó Thiago Galván, activista trans y Vicepresidente de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias. Después de una larga historia de abandono, hoy el Estado vuelve a legislar por nuestros derechos. Hoy se materializan nuestras demandas y estamos más cerca de alcanzar esa sociedad donde ser travesti o trans no significa violencia, miedo, desidia, ni castigo. Esta ley es un abrazo de esperanza para las infancias y adolescencias. Hoy se salda una deuda muy grande en Argentina: el acceso al trabajo implica poder proyectarse, elegir y embarcarse en un proyecto de vida. Celebramos la voluntad política de un Estado que nos escucha activamente, pero por sobre todas las cosas, nos celebramos a nosotres, a nuestra fortaleza, a nuestra militancia y a nuestro derecho a vivir plenamente”.
🇦🇷📢”Estamos acá celebrando el legado de Diana, estamos orgulloses y felices xq sabemos que va ser ley”, dice Say Sacayán activista trans masculine no binarie junto a Graciela Puchetta, mamá de Tiziana, la primera niña trans de Salta en recibir su DNI, y activistas. pic.twitter.com/rWiFsq41vs
“Empezamos a escribir otro capítulo de nuestra historia, la de una Argentina más igualitaria. Nuestro colectivo va a poder acceder al trabajo formal. Esto va a repercutir en lo individual y lo colectivo. Pero también vamos a transformar culturalmente a una sociedad que históricamente asoció y confinó a travestis y trans a la prostitución y la criminalidad“, expresó Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans Argentina y de la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina. “No nos quedamos en el lugar de víctimas, lo trascendimos a través de la organización, acción y lucha. Nos convertimos en sujetes políticos. Logramos la unidad entre tres coaliciones federales con más de 250 organizaciones. Esta ley es legítima desde su origen, porque se construyó desde las bases y representa nuestras voces y demandas en primera persona”.
Qué dice la Ley de Inclusión Laboral Travesti Trans
Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Géneros y Diversidad de Diputadxs, lo presentó varias veces, antes y después lo trabajó junto con los colectivos LGBT+. Recoge también iniciativas de otrxs legisladrxs que presentaron proyectos como Gabriela Estevez y Cristina Alvarez Rodríguez. En 2020, como presidenta de la Comisión, Macha convocó a varias reuniones donde a través de encuentros virtuales activistas de diferentes puntos del país trabajaron cada artículo.
A diferencia del decreto presidencial de Alberto Fernández que destina un 1 por ciento de la planta del empleo del sector público a personas trans, la ley -que aun deberá ser promulgada y reglamentada- es mucho más amplio. Porque el proyecto de “Ley de Promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero Diana Sacayán-Lohana Berkins” buscó ir más allá de la idea de cupo para proponer “medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en todo el territorio de la República Argentina”.
Apunta a la inclusión de las personas travestis, transexuales y transgénero habilitadas a trabajar, hayan o no accedido al cambio registral previsto en el artículo 3o de la Ley 26.743 de Identidad de Género.
En sus artículos propone medidas de acción positiva: la inclusión laboral en el Estado Nacional a través de un cupo mínimo del 1 % en los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, en todas las modalidades de contratación.
En uno de sus artículos platea el principio de no discriminación de manera terminante al decir que toda persona travesti, transexual o transgénero tiene derecho al trabajo formal digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Y plantea que para que esto se cumpla, a la hora de garantizar el ingreso y permanencia en el empleo no podrán ser valorados los antecedentes contravencionales. Por eso, los antecedentes penales de les postulantes “que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral, no podrán representar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo considerando la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo” planteó el texto del proyecto.
La propuesta de ley no se limita al cupo. Propone medidas para garantizar la terminalidad educativa y la capacitación, a fin de que las dificultades para acceder al estudio que han sufrido tanta personas travestis y trans no sea un impedimento para acceder aun empleo.
Entre sus artículos, contempla la inclusión transversal y federal, acciones de concientización y prioridad en las contrataciones del Estado (a igual costo y en la forma que establezca la reglamentación, las compras de insumos y provisiones a personas jurídicas o humanas del ámbito privado que incluyan en su planta laboral a personas travestis, transexuales y transgénero).
También habla de incentivos al sector privado para quienes contraten a travestis y trans.
Se proponer garantizar el acceso al crédito para emprendimientos productivos (a través del Banco Nación).
Comentarios desactivados en A diez años del crimen de odio del prefecto Octavio Romero, la Justicia tiene frenada la causa
Octavio Romero iba a ser el primer prefecto gay de las Fuerzas Armadas en contraer matrimonio igualitario. Meses antes de la boda desapareció y fue hallado muerto con signos de golpes en el Río de la Plata. Desde entonces su pareja busca justicia.
El viernes 11 de junio se cumplen diez años del crimen de Octavio Romero, Suboficial de la Prefectura Naval Argentina, cuya investigación avanzó a pasos milimétricos, lo que llevó a que en 2018 el caso fuera admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evaluar si la Argentina es responsable de violar derechos humanos. Hasta hoy, no hay imputados y hace años la causa no avanza.
Octavio Romero y Gabriel Gersbach iban a a ser el primer matrimonio homosexual de las Fuerzas Armadas, luego de que el 15 de julio de 2010 se aprobara la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina (N° 26.618). Sin embargo, el destino fue otro.
Tras avisar a sus superiores sobre el casamiento -petición obligatoria en ese momento-, el Romero comenzó a recibir hostigamientos en su lugar de trabajo y siete meses antes de la boda, desapareció en circunstancias dudosas. Seis días después, el 17 de junio de 2011, un lanchero halló su cadáver desnudo, golpeado y con 2,06 gramos de alcohol en sangre, en la costa del Río de la Plata, en Vicente López.
La noche de la desaparición
El día de su desaparición, un sábado con frío y nublado, Octavio se preparaba para ir a una fiesta de cumpleaños. Gabriel, que es taxista, le ofreció llevarlo, pero su pareja desistió porque todavía le quedaban cosas por hacer. Llevaba un saco de pana color bordó y acomodaba las botellas que iba a llevar. “Me dio dos besos en la boca diferentes, me miró como que algo estaba pasando. Y quedó ahí. Fueron los últimos besos que nos dimos, yo me fui y no vi nada. Cuando volví a casa, dos o tres horas después estaban todas las luces prendidas y no había nadie”, contó Gersbach sobre ese momento.
Al día siguiente, al no tener señales de su novio, Gabriel fue a hacer la denuncia de su desaparición. “En doce años de relación nunca me pasó, éramos culo y calzoncillo nosotros. Todo el tiempo mensajito, éramos muy amigos”. Primero se dirigió a la comisaría N°1, cercana a su domicilio, pero le informaron que no iban a tomar allí la denuncia así que lo trasladaron a la comisaría N°15, sin darle explicaciones sobre la derivación. Una vez allí y luego de declarar dos veces, se presentaron dos superiores de Octavio. Uno de ellos le ofreció su tarjeta y le dijo: “Cualquier cosa estoy a disposición”.
“Yo no sabía nada al principio, después lo terminé sabiendo. Siempre que en un matrimonio uno desaparece, el primer sospechoso es la pareja por protocolo y durante el primer momento sospechaban de mí”, contó a Presentes Gabriel. Pasados dos años desde la muerte de Octavio, Gersbach logró finalmente ser querellante de la causa que investiga la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción Nº40 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Estela Gloria Andrades de Segura.
Al tener conocimiento del caso, el abogado y activista LGBT+ Pedro Paradiso Sottile se acercó junto a César Cigliutti, en ese momento a través de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), para ofrecerle acompañamiento y representarlo. “Yo no tengo ingresos para costear abogados, apenas me puedo bancar. Ellos me ayudaron muchísimo”, dijo Gersbach. Actualmente, a Gabriel lo acompañan y representan Paradiso Sottile, presidente de Fundación Igualdad y director ejecutivo de Ilga Lac, y la abogada Constanza Argentieri de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
El informe
Un hito en el desarrollo de la investigación ocurrió en 2015 cuando llegó a la fiscalía y al periodista Franco Torchia -que anteriormente había entrevistado en dos oportunidades a Gabriel- un informe que narraba en detalle la consecución de hechos que llevaron al crimen de Octavio, la noche del 11 de junio de 2011. En sus páginas se detallaba que el prefecto Romero había sido secuestrado y torturado por un grupo de integrantes de la Prefectura Naval Nacional para evitar el matrimonio entre miembros de la fuerza y que la operación estaba archivada en un disco rígido en el Edificio Guardacostas.
“El informe fue importantísimo porque fue un poco lo que confirmó y legitimó la hipótesis de crimen de odio que Gabriel vino sosteniendo desde el principio y que nosotros como sus representantes también venimos sosteniendo”, dijo Constanza Argentieri a Presentes.
A partir del informe, tanto la Fiscalía como la querella solicitaron que se realizara un allanamiento con el objetivo de encontrar el disco rígido. Sin embargo, el Juez de la causa denegó la solicitud por considerar que el informe “carecía de verosimilitud”. Ante esto se interpusieron dos recursos en contra de esta decisión, los cuales también fueron denegados hasta que el 10 de noviembre de 2015 la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional aprobó la solicitud basando su decisión en que “la información merece atención”. Pero debido a la demora el allanamiento se hizo dos meses después de la solicitud, no se encontró el dispositivo y para ese momento los superiores de Octavio habían sido removidos o estaban retirados.
La Justicia no quiere investigar
“La actuación de la fiscalía y el tribunal ha sido muy deficiente y no por negligencia: creo que ha sido deliberadamente deficiente. Se ha presentado en el marco de la causa desde el primer día la línea de investigación o la hipótesis que nosotros seguimos sosteniendo de crimen de odio”, sostuvo la abogada y agregó: “hay muchas, muchísimas señales y pruebas de que en el asesinato de Octavio hubo personas involucradas de la propia Prefectura Naval y no ha habido por parte ni de la fiscalía ni del juzgado ninguna intención de investigar esa hipótesis”.
“Aparte hubo en un primer momento hubo un enorme prejuicio hacia Gabriel, siendo él el principal sospechoso sin ninguna prueba, desde un lugar absolutamente prejuicioso en relación a la orientación sexual de Octavio y a la de Gabriel”, continuó Argentieri. Los números de teléfono de la Fiscalía no dan tono y las consultas realizadas vía mail no fueron respondidas hasta el momento de escritura de esta nota.
La intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Por la falta de avances en la investigación, Gabriel Gersbach junto a la CHA y ACIJ presentaron el caso en 2012 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de los dos organismos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) creado para la observancia y defensa de los derechos humanos. “Nos parecía que tenía sentido por lo emblemático que es el caso en Argentina, porque no encontrábamos respuestas y ya habíamos agotado todas las posibilidades de que avanzara a nivel interno”, explicó Argentieri sobre la decisión. En 2018, el caso fue admitido y la CIDH emitió un informe sobre el asesinato de Romero, que indica que el caso cumple con los requisitos para que la Comisión evalúe si la Argentina violó derechos humanos específicos.
Actualmente, la defensa volvió a tener conversaciones con el Estado argentino, en el marco del proceso internacional. “Vemos con mucho optimismo la reanudación del diálogo y las posibilidades de encontrar una solución prontamente”, expresó la abogada de ACIJ.
Sobre el caso, Argentieri anhela que “pueda servir y que sea un quiebre en lo que es la formación del poder judicial, en la prevención del daño que genera la estigmatización que los funcionarios y las funcionarias del poder judicial muchas veces tienen frente a este tipo de casos”. Y aseguró: “Es un caso paradigmático en lo que es la población LGBTI y los crímenes de odio”.
“A esto hay que sumar que a diez años de injusticia hoy pedimos por la aparición de Tehuel”, dijo el abogado Pedro Paradiso Sottile, en referencia a la necesidad urgente de una justicia con perspectiva de diversidad sexual y de género.
Por su parte, Gabriel, que lleva diez años luchando para esclarecer la muerte de su ser querido, afirmó: “Voy a hacer lo imposible para dejar el nombre de Octavio bien en alto, lo más alto posible, porque él era una persona que quería llegar lejos y no lo dejaron”.
Comentarios desactivados en Transfemicidio en La Plata: Wanda de La Fuente había migrado de Perú para vivir su identidad libremente
Este sábado a las 3 de la mañana le dispararon en el pecho a Wanda Soraya De La Fuente, una mujer trans peruana que estaba en la esquina de diagonal 73 y 64 de la ciudad de La Plata. Según otras chicas trans que estaban en la zona, un hombre buscaba droga y al no conseguir, le disparó: “Como nosotras no vendemos, él se fue enojado y al rato regresó y le disparó a la Soraya”, contaron.
Cuando los efectivos de la comisaría novena de La Plata llegaron al lugar eran las 3.50 de la mañana. En ese momento, varias personas les explicaron que minutos antes un taxi había trasladado a Soraya al Hospital Ricardo Gutiérrez, y que estaba inconsciente y herida de arma de fuego.
Entonces la policía se trasladó hacia el hospital, donde la médica les dijo que Soraya había fallecido, y que cuando la recibió tenía una herida de arma de fuego en el tórax. Las compañeras le contaron a los efectivos que vieron a tres hombres en un auto de color gris, y que desde el interior dispararon. Intervino la DDI (Homicidios) La Plata.
“Llegó muerta, le habían pegado un tiro en el pecho. Se hicieron las tareas de reanimación y no se pudo hacer demasiado más. [En el hospital] hablaron con los allegados que estaban ahí”, explicaron a Presentes desde la Dirección de Hospitales del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.
Presentes también se comunicó con la fiscal Virginia Bravo, titular de la UFI 7 del Departamento Judicial La Plata, quien explicó que todavía era muy reciente el caso ya que sólo habían pasado poco más de 10 horas del hecho, pero aclaró que estaba en comunicación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y con el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género, y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires para darle un tratamiento especial a la causa.
“Estamos furioses y cansades”
Distintas organizaciones convocaron a concentrarse hoy a las tres de la tarde en la Fiscalía, calle 7 entre 56 y 57, bajo el lema “Basta de Transfemicidios-Travesticidios”, para pedir justicia por Soraya. “Estamos furioses y cansades de que nos arrebaten la vida, de que intenten desterrarnos del espacio público, de que no nos dejen trabajar, de que nos hostiguen, nos desaparezcan y nos maten por el simple hecho de existir y resistir”, explicaron en el comunicado desde la organización platense Venganza Afectiva.
En septiembre del año pasado Soraya había sido baleada. A los pocos días publicó una foto que decía “Nací para ser libre, no asesinada”, y contó lo que le había pasado. Ya estaba recuperándose: “Me balearon hace una semana amiga pero gracias a dios ya me estoy recuperando”.
Este no es el primer crimen de odio ocurrido en esa zona de La Plata. A fines de enero del año pasado, Roberta Carabajal, una mujer trans peruana de 45 años, fue asesinada de cuatro puñaladas en 1 y 62. Después del ataque, sus compañeras la llevaron al Hospital San Martín, donde falleció horas después.
La organización Ammar La Plata, sindicato de trabajadorxs sexuales, compartió hoy un comunicado: “Denunciamos la violencia institucional que sufrieron nuestras compañeras. Debido a que luego del ataque, tres de ellas trasladaron a Soraya en un taxi hasta el Hospital Gutiérrez de La Plata, donde la policía, sin mediar palabra, las detuvieron”.
Desde OTRANS ARGENTINA denunciaron y repudiaron el asesinato de su compañera y además denunciaron al Intendente Julio Garro por las faltas de políticas públicas en la ciudad, quien, según indicaron, “desde inicio de sus gestiones se ha mostrado indiferente respecto a las problemáticas que atraviesa nuestro colectivo”. Además, exigieron que el caso sea investigado con perspectiva de género y que la fiscalía en turno a cargo de Virginia Bravo (UFI 7), tome cartas en el asunto.
Comentarios desactivados en Detienen a una monja en Buenos Aires acusada de abuso sexual a una menor
Sor Marina, de nombre María Fajardo, fue detenida en un convento en San Miguel acusada de abusar de una chica de 14 años, con agravante de abuso de autoridad
La adolescente dio detalles de los vejámenes y aseguró que además de los tocamientos la monja la espiaba
Investigan si hubo más víctimas y más religiosas involucradas en otros hogares. Entre los denunciantes, figuran también la Dirección de Niñez y Adolescencia de las localidades de Tres de Febrero, Pilar y Tigre
| RD/Agencias
Una monja de la comunidad de las Hermanas Trinitarias fue detenida en las últimas horas en un convento de la localidad bonaerense de San Miguel acusada de abusar sexualmente de menores de edad que estaban a su guarda en sedes del Hogar Hermanas Trinitarias, informaron fuentes policiales y judiciales.
Personal policial de la DDI de San Isidro se presentaron en el convento de Avenida Balbín al 775 en San Miguel y tras presentar la orden de allanamiento le pusieron las esposas a Sor Marina y se la llevaron detenida imputada por abuso sexual.
La monja fue acusada por una chica de 14 años, quien denunció sufrir tocamientos en sus genitales cuando se encontraba en el convento que aloja a menores de edad que no tienen dónde vivir.
La adolescente declaró en cámara Gesell y dio detalles de los vejámenes y aseguró que además de los tocamientos la monja la espiaba.
Con intervención del fiscal Marcelo Fuensalida se efectuó también otro allanamiento en el convento de la misma congregación en la localidad de Boulogne, en calle Carlos tejedor al 348.
Los abuso habrían comenzado el año pasado y continuaron hasta este año, y se investiga si otras menores fueron víctimas de Sor Marina y de otras monjas.
Sor Marina, de nombre María Fajardo, quedó imputada por el delito de abuso sexual simple agravado por haber sido cometido por el culto religioso por ser una persona encargada de la guarda aprovechando su relación de autoridad y que la víctima no haya podido consentir libremente dicho accionar.
Dentro de los denunciantes figuran también personal de la Dirección de Niñez y Adolescencia de las localidades de Tres de Febrero, Pilar y Tigre.
Comentarios desactivados en Absolvieron al único imputado en el transfemicidio de Alejandra “La Power” Benítez
La Power fue asesinada a balazos por la espalda el 5 de noviembre del año pasado, en la puerta del lugar donde vivía.
El transfemicidio en Tucumán de Alejandra “La Power” Benítez, una mujer trans de 34 años, quedó impune. Así lo decidió el tribunal compuesto por la jueza María Balcazar, el juez Rafael Marorito y la jueza Isabel Menéndez. En un fallo unánime absolvió al único imputado en la causa: Ricardo Puenzo.
La Power fue asesinada a balazos por la espalda el 5 de noviembre del año pasado en la puerta del lugar donde vivía- a pocas cuadras del centro de Tucumán.
En un resumen de los fundamentos –que se conocerán en su totalidad el 16 de junio- los jueces señalaron que las pruebas aportadas por el fiscal Carlos Sale y los representantes de las víctimas no alcanzaron para determinar la responsabilidad de Puenzo en los hechos.
“Estoy en total desacuerdo con la sentencia porque me parece que el Tribunal se ha equivocado en la valoración de la prueba y no comparto en la valoración que hizo de la investigación”, dijo a Presentes Carlos Garmendia, abogado querellante de la familia Benítez.
Los jueces calificaron de deficiente la investigación realizada por la fiscalía. “El hecho puntual y concreto de quién realizó los disparos, a mi criterio, están más que probados. No hay posibilidad de otra hipótesis ni razones para seguir otra vía de investigación porque quedan descartadas desde el principio. De todos modos yo no dudo de la honorabilidad de los tres jueces pero sí creo que se han equivocado”, agrega Garmendia y lamenta el cambio en la declaración de Diego Mercado, principal testigo y víctima en la causa.
Víctima y testigo investigado por falso testimonio
Diego Mercado es la otra víctima que resultó con cuatro heridas de bala. En reiteradas declaraciones durante la investigación aseguró que la madrugada del 6 de noviembre se encontraba bebiendo en la vereda del lugar donde Alejandra vivía cuando el imputado llegó en una motocicleta. Indicó que presenció una discusión entre ‘La Power’ y Puenzo y que vio cuando este último sacó de entre sus ropas un arma de fuego y efectuó los disparos.
“Él dijo que entonces se dio vuelta y trató de correr hacia el portón para pedir ayuda pero Puenzo le disparó también. Dijo que quedó tendido en el piso como muerto y por eso el asesino se escapó. Dijo que Dios no quiso llevárselo para que haga justicia por mi hermana, pero llegó al juicio y mintió descaradamente”, dice Verónica Benítez, hermana de Alejandra.
En el primer día de audiencia, Mercado declaró como testigo y víctima, y su testimonio contradijo todo lo que había sostenido con anterioridad. Aseguró que no había visto al imputado disparar, que solo vio los fogonazos porque estaba de espaldas y dejó en duda si había otra persona en el lugar. “Se vendió por dos pesos él. Si las cosas hubieran sido al revés mi hermana no hubiera parado hasta conseguir justicia porque todos saben que ella era una gran persona, solidaria y luchadora”, sostiene Verónica en diálogo con este medio.
“Si bien tenemos en contra que la otra víctima mienta para favorecer al imputado, es tan evidente que mintió que el propio Tribunal pidió que se lo investigue por falso testimonio”, opina Garmendia y agrega: “hay una incongruencia por parte del Tribunal que a pesar de darse cuenta de que Mercado ha mentido le da lugar a la mentira y marca la posibilidad de una cuarta persona en el momento de los hechos y con eso fundamenta el beneficio de la duda”.
“La investigación no fue deficiente”
“No correspondía investigar otras pistas como sostuvo el Tribunal en el fallo si yo tenía a un sobreviviente señalando como autor de los disparos a Puenzo, indicó su estatura, sus características personales, hasta el extensor que tiene en la oreja”, dijo a Presentes el representante del Ministerio Público Fiscal, Carlos Sale. “Además hemos secuestrado de la casa de la madre de Puenzo un verdadero arsenal y si bien no encontramos la (pistola) 9 mm que coincide con los proyectiles encontrados, sí encontramos la funda de esa arma faltante”, señala el abogado y enumera otras pruebas que fueron presentadas durante el debate. “Hay todo un plexo probatorio que va direccionado a una sola persona que es Ricardo Puenzo. Había tres personas y eso no ha sido rebatido. De esas tres personas, hay dos víctimas, una fallecida y otra herida y una persona que resultó ilesa. Esa persona ilesa jamás declaró en el juicio, jamás intentó defenderse, ni intentó decir dónde estaba, qué ha hecho, qué pasó y además estuvo seis días prófuga”.
Tanto el abogado de la querella de la familia Benítez como el Fiscal esperarán los fundamentos para apelar el fallo e impugnarlo. “Llama mucho la atención no solo el cambio de la declaración de la otra víctima sino también la actitud de su abogado porque en su alegato pidió que no se juzgue al victimario de su representado por transfemicidio sino por homicidio simple. Eso no lo vi nunca. Creo que la acusación está bien, la investigación no fue deficiente y la sentencia no fue acorde, por eso esperaremos los fundamentos para entender por qué les ha quedado tantas dudas”, remata Sales.
Banco Rojo y mayor presencia policial para compensar la impunidad
En el resumen de los fundamentos que la jueza María Balcazar leyó al momento de dictar sentencia sostuvo que el Tribunal abordó el caso con perspectiva de género y exhortó a los Estados municipal y provincial a trabajar por la inclusión de las personas trans. Además ordenó que se colocara un banco rojo –que recuerda a las víctimas de femicidios y transfemicidios- en la plaza frente al lugar donde fue asesinada Alejandra y que se reforzara la presencia policial en la zona. Cabe mencionar que allí viven y trabajan mujeres trans que ejercen la prostitución. “A mí no me devuelve a mi hermana un banco rojo, yo vine a pedir justicia y me dan un banco rojo y un asesino en libertad”, lamentó Verónica Benítez.
Por su parte, Carlos Garmendia advierte que no duda de la honorabilidad de los tres jueces pero sí considera que se han equivocado. “Me parece importante que el poder judicial haga un esfuerzo por tener perspectiva de género y en particular de la población trans, pero ese esfuerzo no alcanzó para, desde esa mirada, valorar la prueba de forma correcta”.
El viernes 11, a las 10 de la mañana, familiares, activistas y amistades de Alejandra Benítez se concentrarán en la puerta de Tribunales Penales de la provincia para manifestar su disconformidad con el fallo y visibilizar lo que definen como un acto de impunidad.
Pasada la una de la madrugada, y tras cuatro horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins”, con 207 votos afirmativos, 11 negativos y 7 abstenciones. Una noche histórica que cerró con cantos del activismo presente en el recinto: “Lo dijo Diana y Sacayán, al calabozo no volvemos nunca más”. Fue la primera vez que el Congreso incluye esta deuda con el colectivo travesti trans en sus sesiones ordinarias.
Inició el debate la diputada por el Frente de Todos Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Géneros y Diversidad de la Cámara, una de las principales impulsoras de la iniciativa, motorizada por el activismo travesti y trans desde hace una década.
Con aplausos, empezó la votación en Diputades del proyecto de Inclusión Laboral Trans. Su impulsora @MoniMacha dice “No hay otros motivos del desempleo travesti-trans más que su identidad de género. Esta ley viene a reconocer algo negado”. pic.twitter.com/84HunYQtSz
“Desde la Campaña Nacional por el Cupo y la Inclusión Laboral Travesti Trans, integrada por más de 250 organizaciones, celebramos la media sanción de la Ley Diana Sacayán – Lohana Berkins aprobada en la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa, que ahora pasa al Senado, es el resultado de un texto de unidad impulsado por el Frente Orgullo y Lucha, la Liga LGBTIQ+ de las Provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, en un trabajo mancomunado con las diputadas nacionales Mónica Macha, Gabriela Estévez, Vanesa Siley y Cristina Álvarez Rodríguez. Ahora los esfuerzos se concentrarán en lograr la sanción definitiva en la Cámara Alta”, dijeron a través de un comunicado las organizaciones que vienen impulsando esta iniciativa.
Una de las voceras de la campaña, Marcela Tobaldi, fundadora de la Asociación Civil La Rosa Naranja e integrante del Frente Orgullo y Lucha, expresó: “Con esta media sanción, luego de décadas de exclusión, persecución, estigmatización y violencia institucional hacia la población travesti trans comienza un nuevo ciclo en materia de reconocimientos de derechos, como es el trabajo del que fuimos excluidas por nuestra identidad de género. Esta etapa que se avecina contribuirá no solo a la inclusión laboral sino a nuevas relaciones sociales basadas en el respeto, el reconocimiento y la valoración de las diversas identidades de género”
Desde la Liga LGBTIQ+ de las Provincias, Thiago Galván, Secretario de Identidades Travestis, Trans y No Binarias, consideró que se trata de un momento “de mucha emoción y de celebración de un hecho histórico fruto de la lucha de muchos años en la que dejaron su vida muches compañeres. Es un paño de esperanza para las niñeces, las juventudes y las personas travestis y trans adultas que podemos soñar con otras vidas posibles, vivibles. Hoy tenemos una media sanción que nos legitima como sujetos de derecho”.
Y si bien a partir del decreto se abrió un registro y se iniciaron contrataciones de travestis y trans en los ministerios, en relación a la cantidad de personas afectadas por una violencia estructural histórica y de larga data, las personas incluidas aún son pocas. “Necesitamos más personas travestis y trans incluidas. Y una ley nacional, porque la ley nos otorga carácter como ciudadanas”, señala Tobaldi.
El proyecto de “Ley de Promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero Diana Sacayán-Lohana Berkins” busca ir más allá del decreto presidencial y establecer “medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en todo el territorio de la República Argentina”.
Apunta a la inclusión de las personas travestis, transexuales y transgénero habilitadas a trabajar, hayan o no accedido al cambio registral previsto en el artículo 3o de la Ley 26.743 de Identidad de Género. En sus artículos propone medidas de acción positiva: la inclusión laboral en el Estado Nacional a través de un cupo mínimo del 1 % en los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, en todas las modalidades de contratación.
“Abrir el Estado no desde una lógica de inclusión sino de transformación. Y preguntamos también: Dónde está Tehuel”, finalizó la diputada Brenda Austin, del bloque UCR-Córdoba. Y contó la reciente detención de la activista trans Ivanna Aguilera en Córdoba, por una orden de 1988. pic.twitter.com/iiI83pjtdx
En uno de sus artículos platea el principio de no discriminación de manera terminante al decir que toda persona travesti, transexual o transgénero tiene derecho al trabajo formal digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Y plantea que para que esto se cumpla, a la hora de garantizar el ingreso y permanencia en el empleo no podrán ser valorados los antecedentes contravencionales. Por eso, los antecedentes penales de les postulantes “que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral, no podrán representar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo considerando la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo” dice el texto del proyecto.
“Nadia (Echazú), Diana (Sacayán) y Lohana Berkins tuvieron que pelear solas contra un sistema patriarcal”, recordó Claudia Vásquez Haro, presidenta de OTRANS y de la Convocatoria Federal Travesti Trans Argentina, en el Banderazo de febrero frente al Congreso, con el mismo pedido. Valoró la “madurez política del colectivo travesti trans, que construyó esta unidad”. La activista destacó los modos de organización social y política que se necesitaron para llegar a esta instancia y pidió: “La sanción de esta ley es vital para nuestro colectivo”.
“La ley sería el corolario de una política pública que se ha expandido en los últimos años. El cupo ya fue decretado para la administración pública y el Senado. También con leyes de cupo y/o inclusión laboral travesti trans en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa, así como ordenanzas en más de 50 localidades y municipios” expresaron a través de un comunicado el Frente Orgullo y Lucha, la Liga LGBTIQ de las provincias, la Convocatoria Federal Travesti Trans Argentina, Furia Trava y la Casa de Lohana y Diana, organizaciones que vienen trabajando en este proyecto de ley.
Comentarios desactivados en En Argentina, los ministros católicos amplían el alcance pastoral a la comunidad transgénero
P. Facundo Ribero bendiciendo a dos mujeres trans, Angie y Raizza
En Argentina, la Iglesia Católica ha estado expandiendo su alcance pastoral a la comunidad transgénero abriendo refugios para brindar un espacio vital para aquellos que han sido excluidos de la familia y la sociedad.
El Pais informa de que varios sacerdotes conocidos por trabajar en las comunidades más pobres han entrado cada vez más en contacto con más personas trans que viven en los márgenes. Las desesperadas condiciones provocadas por la pandemia de coronavirus han llevado a más y más personas trans a las puertas de los sacerdotes. Además de responder a sus necesidades humanas, los sacerdotes bendicen a las personas trans y les permiten recibir la comunión.
El padre Ficundo Ribero, un sacerdote que trabaja en los barrios marginales, aclara cómo ministran a la comunidad trans allí:
“Más que aceptarlos, diría que los recibimos… Aceptamos algo que se nos da, como si no hubiera otra opción. Por otro lado, recibir es tomar posición. Parece que, poco a poco, una vez más se está prestando atención a ideas ligadas al más puro evangelio. En la Sagrada Escritura, Jesús aparece con amigos que nadie más quería. Prostitutas, recaudadores de impuestos, los gánsteres de la época, leprosos; en general, personas que fueron marginadas por la sociedad ”.
Uno de los albergues que recibe a personas trans es Animí, que forma parte de un ministerio católico llamado Hogar de Cristo. Animí, una casa de ocho habitaciones con espacios comunes y un teatro, proporciona un aterrizaje seguro para las mujeres trans que luchan contra la adicción y el abuso. Para los vecinos, Animí acoge actividades, como jardinería. También ofrecen trabajo, asesoría legal y terapia.
Una residente de mucho tiempo, una mujer trans peruana llamada Angie, compartió su historia:
“Hace casi un año tuve un derrame cerebral, estuve hospitalizado durante un año, pero ahora me siento feliz de estar en una hermosa casa. Dejé atrás la calle, todas las cosas feas que allí pasaron. Me llevé a paco [crack] con una pandilla que me trajo de Perú. No he tocado esa mierda durante casi 10 años “.
Angie cuelga un rosario en su armario y atribuye su educación católica a su madre. “Siempre he creído en Dios”, dijo. Angie toma la comunión en la misa, a pesar de las extrañas miradas que recibe. Ella reflexionó: “Esto es suficiente para mí, es algo que lleva tiempo. Lo entenderán algún día “.
Una ex residente del refugio, Karen, también vino de Perú cuando tenía 22 años y había estado consumiendo cocaína, bebiendo alcohol y, finalmente, fumando crack. Cuando tuvo un derrame cerebral, estuvo en cuidados intensivos durante siete meses y luego fue a Animí. Cuenta: “Cuando vine a Animí me ayudaron cuando apenas podía moverme. Me ayudaron con antirretrovirales, con comida los fines de semana, con una habitación ”.
Karen dijo que su relación con la Iglesia Católica es positiva:
“Creo firmemente en Dios porque renací gracias a Él, aunque ya iba a misa antes. Mis padres son evangélicos. En la iglesia peruana hay mucha discriminación, pero incluso durante mis recaídas siempre creí ”.
Hay muchas historias de éxito que surgen de los ministerios católicos argentinos para personas trans. La monja argentina Hna. Mónica Astorga ha ayudado a decenas de mujeres trans y ha recibido apoyo directo del Papa Francisco para su trabajo. En 2014, el P. Sergio Lamberti bendijo la unión de José Leonardo Coria y Luisa Lucía Paz, líder de la Asociación de Travestis, Transexuales y Trans de Argentina (ATTTA) en una ceremonia ritual católica. Este evento llevó a establecer bodas trans en el país.
Gabriela, la gerente de Casa Animí, reflexionó sobre su trabajo y las historias de éxito de los residentes, diciendo:
Este es el evangelio crudo desde las bases, Jesús acogiendo a los marginados, sus gritos, dando respuestas e integrándolos en la sociedad ”.
Los sacerdotes, monjas y ministros laicos argentinos que emulan a Jesús al crear un espacio para las personas trans marginadas brindan un ejemplo para la iglesia en todo el mundo. El resto de la iglesia debe tomar nota de sus éxitos y hacerlo mejor con nuestros hermanos trans. Más importante aún, la comunidad trans es un ejemplo de fe cristiana, ya que perseveran y se aferran a la fe en el Dios que acoge a todos, a pesar de su propia marginación por parte de la iglesia y la sociedad en general.
Para ver una galería de fotos de los esfuerzos de los católicos argentinos a favor de las personas trans relacionadas con esta historia en El País, haga clic aquí.
–Beth Mueller Stewart, Ministerio New Ways, 25 de mayo de 2021
Comentarios desactivados en Dos meses sin Tehuel: el pacto de silencio de los detenidos Montes y Ramos
Los dos detenidos fueron las últimas personas que vieron al joven trans de San Vicente. La familia insiste: “Que hablen, que nos digan dónde está Tehuel”.
Pasaron dos meses desde la última vez que vieron a Tehuel De la Torre. Su rastro desapareció en Alejandro Korn, Buenos Aires, la noche del 11 de marzo pasado. Para el equipo que encabeza la búsqueda, los dos detenidos, que permanecen en silencio, tienen la clave para encontrarlo. Angustiada por la silenciosa espera, la familia del joven trans encabeza el reclamo de las marchas y pide que hablen.
“Sentimos impotencia, bronca porque lo que queremos es que hablen, que nos digan dónde está Tehuel. Ellos estuvieron con él. Queremos que hablen, alguna de las dos personas tiene que hablar para poder encontrar a mi hermano”, dijo a Presentes Verónica Alarcón, la hermana de Tehuel.
Y siguió: “Mi familia está destruida con todo esto. Siguen pasando las horas y los días sin saber dónde está Tehuel y la verdad es que es angustiante. Lo único que le pido a (Luis Alberto) Ramos y a (Oscar) Montes es que hablen, nada más. Ellos tienen que hablar”.
Primeras mentiras
En una primera instancia Ramos y Montes fueron consultados como testigos si habían visto a Tehuel y ambos lo negaron. El 23 de marzo Ramos fue detenido y Montes el 27. Ambos se negaron a declarar. La causa está a cargo de la fiscala Karina Guyot, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada de San Vicente.
A pesar del dolor, la familia no pierde las esperanzas e insiste que si alguien sabe algo del joven se comuniquen al 911 o al 147.Hoy, a las 16 en San Vicente, encabezarán una marcha de las antorchas para exigir la aparición de Tehuel.
La última pista fuerte que la familia tiene es el hallazgo de la foto de Tehuel junto a Luis Alberto Ramos y Oscar Montes, en la casa del primero de los detenidos el último día en que su familia lo vio. Esa imagen se recuperó gracias a los peritajes en los celulares de los detenidos y de Tehuel el 30 de abril.
Los peritajes
“Según nos dijeron los investigadores, se están peritando los celulares de Montes y Ramos, eso aún no terminó”, aclaró la hermana de Tehuel y señaló que muchas de las acciones de la causa no se difunden para poder preservar la investigación. “Estamos esperando que nos digan a ver si encontraron algún nuevo indicio”, dijo.
Verónica Alarcón explicó que no hay ninguna hipótesis descartada pero no pudo brindar detalles de cuáles son las líneas que está siguiendo la Fiscalía porque no los tiene. De todas maneras, insistió con que “si alguien sabe algo de Tehuel que lo digan, que llamen al 911 o al 147. Es muy importante para nosotros saber algo para poder encontrarlo”.
Alejandro Korn, el último paradero conocido
Hay dos líneas de colectivos que hacen el trayecto de San Vicente a Alejandro Korn –a unos 10 kilómetros– la 404 y la 79. Parten desde distintos lugares de la primera localidad, pero ambas llegan a la misma parada donde debía bajarse Tehuel, sobre la avenida Presidente Perón a la altura de la calle Arcuri. Así lo describió el periodista Daniel Rosales, director de Al Sur Web –un histórico medio de San Vicente– a Presentes.
Esa esquina es la entrada al barrio La Esperanza. Desde allí, fuentes cercanas a la investigación confirman que el joven caminó alrededor de 10 cuadras hasta arribar al domicilio al cual se dirigía, la casa donde vivía el primer detenido en la causa (Luis Alberto Ramos, quien, según declaró la novia de Tehuel, le habría ofrecido un trabajo de mozo). “El primer detenido es conocido como uno de los «malandras» del barrio, metido en negocios ilícitos y con antecedentes graves en la justicia”, aseguró Rosales.
Comunicado de la familia
Desde allí, ambos caminaron unas tres cuadras, hasta donde vivía quien resultó ser el segundo detenido: Oscar Montes. “Montes viene de una familia que vive hace muchos años en la zona, es el barrio Villa Coll, pegado a La Esperanza. Es cartonero y era el compinche de Ramos”, dijo el periodista de San Vicente.
Las casas de los dos detenidos quedan en barrios muy pobres de Alejandro Korn. Calles de tierras, numerosos baldíos e improvisadas canchitas de fútbol completan la fotografía de las últimas cuadras que, según fuentes muy cercanas de la investigación, recorrió Tehuel.
Si bien allí se realizaron cinco allanamientos en búsqueda de elementos que permitieran tener una pista acerca del paradero de Tehuel, hubo muy pocos avances concretos en el último mes. Aún se esperan resultados de los peritajes.
Para aportar datos
La última vez que vieron a Tehuel, estaba vestido con un pantalón gris, una camisa manga corta blanca y una campera azul, gorra y zapatillas azules. Tiene contextura robusta, tez blanca, cabello corto de color oscuro y mide alrededor de 1,56 metros.
Quien tenga alguna información sobre su paradero, comunicarse con la UFI Descentralizada de San Vicente: por teléfono al 0221-429-3015 o por mail en perdes@mseg.gba.gov.ar. También se puede llamar al 911.
Comentarios desactivados en Absolvieron a Joe Lemonge, varón trans condenado en 2018 tras defenderse de sus atacantes
La Cámara de Casación de Paraná absolvió a Joe Lemonge, el joven trans condenado en 2018 por “tentativa de homicidio”.
La Cámara de Casación de Paraná absolvió a Joe Lemonge, el joven trans condenado en 2018 por “tentativa de homicidio” en Entre Ríos, luego de defenderse de sus atacantes. Tras la condena que interrumpió su vida y libertad, Joe, que tenía prisión en suspenso, se instaló en Buenos Aires, para estar más cerca del activismo LGBT+ quien lo acompañó en este proceso.
“Es lo que esperábamos hace cinco años. Es un antes y un después. Tiene que ser el sostén de otras historias, esto es apenas la puntita del iceberg. Falta muchísimo. Me están devolviendo simplemente la libertad pero me arruinaron cinco años. Yo viví con una parte menos de mi propio ser”, dijo Joe a Presentes.
Ayer al mediodía recibió la noticia de su absolución en su pueblo natal, Santa Elena, donde está resolviendo unos trámites de sucesión tras el fallecimiento de su madre. Fue en ese pueblo de 17 mil habitantes donde Joe vivió el acoso permanente, primero como lesbiana visible en la escuela, luego como varon trans en el barrio, y donde la noche del 13 de octubre de 2016 un grupo de hombres que lo asediaba desde hacía tiempo se metió en la casa donde vivía y tras un forcejeo se disparó un rifle que tenía Joe para defenderse.
Un fallo transodiante
Tras este episodio, Joe fue procesado. El 4 de mayo de 2018 el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná con asiento en La Paz (Entre Ríos) lo consideró “autor material de homicidio en grado tentativa” y lo condenó a una pena de cinco años y seis meses de prisión.
Durante el juicio, se lo trató en femenino, sin respetar su identidad de género. La jueza responsable del fallo, Cristina Lía Vandembroucke, dijo que lo hacía por “cuestiones legales”, desconociendo esa ley. “Más allá de la identificación que claramente Usted ha manifestado ante este Tribunal a lo largo de las audiencias, legalmente no tiene hecho el cambio de género y por ende en la sentencia voy a tratarla con el género femenino, sin que ello signifique desconocer y de ninguna manera no respetar la calidad de transgénero que ha invocado. Pero por cuestiones legales debo tratarlo por el género que ostenta legalmente”, dijo Vandembroucke en aquel momento, durante la lectura del fallo.
Que la reparación judicial también sea real
Este fallo de Casación le otorgó la libertad a Joe y además reconoce la violencia estructural que sufren las personas trans. “El fallo es super interesante porque es bastante respetuoso en términos de identidad de género. Y además hace hincapié varias veces en la estructura social. Que la prueba no tiene que ser valorada por dichos sino refiriéndose al contexto. Y aquí se tiene en cuenta la cuestión transodiante. No habla directamente de transodio, pero habla de violencia estructural y de las particularidades del caso de Joe”, dijo a Presentes Alejandro Mamani, integrante de Abosex, la organización que acompaña a Joe desde 2018 y lo ayudó a conseguir el patrocinio de su abogada
En los últimos años, Joe tuvo que irse de Santa Elena y estuvo viviendo en la Ciudad de Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires. “Fueron años muy tristes. Me quitaron todo. En Buenos Aires mejoré un poco la situación pero tuve momentos feos, de abandono. Porque de alguna manera me pedían que fuera un activista y también cometo errores. Sobreviví haciendo changas, trabajos esporádicos. Desde trabajar juntando latitas de un evento hasta guardia de seguridad. Ese fue mi último trabajo. Me echaron con la cuarentena obligatoria el año pasado y ahí sobreviví gracias a organizaciones como Mocha Celis y 100% Diversidad y Derechos, que repartían comida y ayuda”, agrega Joe.
Tanto Joe como desde Abosex evalúan iniciar acciones para pedir una reparación económica o simbólica por los años de injusticia y de “daño social y sentimental”.
“Hoy en día necesito trabajar. Como Tehuel. Necesitamos saber qué pasó con Tehuel. Las personas trans si tenemos trabajo, son muy precarizados, muy peligrosos. O delivery o trabajo sexual. Hace 5 años que no tengo obra social. No he podido hacer la mastectomía, por ejemplo”, cuenta Joe.
Ilustración: Flor Capella para Agencia Presentes
El rol de la militancia y su efecto en la Justicia
En el último tiempo se conoció también la absolución a Mariana Gómez, lesbiana agredida por la Policía y condenada en 2019 por defenderse. De a poco hay algunas señales de cambio a nivel judicial y eso tiene que ver porque empieza a haber jurisprudencia y antecedentes gracias al trabajo del activismo LGBTI+.
El tesón por visibilizar la importancia de la cuestión de género y diversidad en los sesgos judiciales ha logrado avances y este tipo de fallos.
“Hay un cambio a nivel judicial y se le debe al activismo y a los medios alternativos que en su momento contaron bien la historia. Hoy los medios grandes tomaron esta noticia, pero en su momento muy pocos lo visibilizaron bien. Los jueces y los periodistas deben ser educados. A nivel jurídico, los casos de los varones trans no son visibles. En la vida de Joe se cruzan muchas variables interseccionales. Varón trans del interior de clase popular. No tuvo una defensa de calidad porque era de clase popular. Era un “caso más” para la defensa oficial”, agrega Mamami.
Joe espera que este fallo sea un antes y un después no sólo para él sino para todes. “Es un logro colectivo. Lamentablemente me tocó ser una cara visible de algo que viven muchas personas y más en los pueblos”.
Comentarios desactivados en La detuvieron por una orden de captura de hace 33 años: todas las vidas de la militante trans Ivanna Aguilera
La militante trans y sobreviviente de la dictadura fue “demorada” días atrás en Córdoba por una orden de captura de 1988, fundada en un código contravencional que desde 2016 no existe y un artículo derogado en 1994.
23 de abril de 2021
Por Alexis Oliva
Fotografía Carolina Rojo
A las 00:45 de la madrugada del lunes 29 de marzo, el taxi en que Ivanna Aguilera volvía a su casa fue detenido en el control policial del puente de avenida Maipú, sobre el río Suquía que atraviesa la ciudad de Córdoba. La histórica referente trans entregó su DNI al oficial para un chequeo que duró más de veinte minutos. Aguilera pagó el taxi, se bajó y preguntó qué pasaba. Un policía señaló el gacebo: “Espere ahí”. Tres horas más tarde, la llevaron en un móvil a la Unidad Judicial 1ª, donde una funcionaria le informó que la “demora” obedecía a una orden de captura librada hace treinta y tres años.
—Fue mucho más que un déjà vu –dice Ivanna con gesto amargo.
La hoy hija adoptiva de Córdoba y una de las referentes nacionales de la comunidad trans-travesti nació en Rosario en 1963. Igual que Fito Páez, también alumno del colegio primario Manuel Belgrano, de donde Ivanna fue expulsada a los nueve años porque su naciente identidad diversa era considerada “inmoral”. Huérfana de padre y madre desde los cuatro años, creció en “una familia de hermanos”. “Nos criábamos entre nosotres y mis hermanas y hermanos siempre respetaron mi libertad”, recuerda en entrevista con Presentes.
“Para el Ejército éramos carne sexual”
Ivanna tenía 13 años en 1976, cuando con una amiga de la misma edad solían visitar a Poropá, quien encarnaba todo lo que ellas deseaban ser y fue la madrina iniciadora de su identidad travesti. Cuando anochecía, Poropá las despedía antes de pararse en la esquina del Automóvil Club rosarino. Una fría noche de agosto se demoraron de más y una partida del Ejército las sorprendió.
—Paró un camión seguido de dos jeeps. Se bajaron de golpe, agarraron a la compañera mayor de los brazos y la empezaron a insultar y decirle de todo. A nosotras nos tiraron arriba. Imaginate, éramos criaturas. También se llevaron a otra compañera que justo estaba ahí, siempre profiriendo un montón de insultos contra nuestra sexualidad. Yo nunca había escuchado esas palabras: puto, degenerado, invertido… todo eso. Fuimos conducidas en ese camión durante un trayecto, entramos a un lugar, nos metieron en una especie de oficina y nos separaron a todas. Yo estaba en un baño grande, con duchas y migitorios de esos que eran paredes de mármol. Entonces fuimos sometidas a violaciones grupales. Mi primera relación sexual fue una violación grupal, luego de golpizas y descargas eléctricas en el cuerpo. Ahí fuimos violentadas durante 72 horas, hasta que nos volvieron a meter en un camión y nos dejaron tiradas desnudas, lastimadas y quebradas –en los huesos, yo en una pierna y la muñeca, pero también moralmente– en un descampado detrás del frigorífico Swift.
Con el cuidado de sus hermanxs, le llevó tres meses recuperarse y un tiempo más para animarse a volver al centro a buscar a su amiga Poropá: “No la pude encontrar nunca más, ni supimos más de ella. A partir de ahí, yo era una mujer que me visualizaba. Como cualquier compañera en ese momento, vivía de noche y corría muchos riesgos, porque teníamos que trabajar y traer el sustento a la casa”.
En ese tiempo, las llevaba presas la policía rosarina, a la ex Alcaidía –donde las alojaban en el PH (Pabellón Homosexual)– y en la sede del Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario, que también funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio. “Pero además cada tanto nos secuestraba el Ejército, para usarnos como carne sexual y después tirarnos por ahí”, añade Ivanna.
Chicas trans “bajo bandera”
En 1981, a sus 18 años y todavía en dictadura, le tocó un número demasiado alto en el sorteo del Servicio Militar Obligatorio. Con la cédula de notificación, se presentó junto a una amiga en la misma situación en el Batallón de Comunicaciones 121 del II Cuerpo de Ejército, donde se hacía la revisación médica previa a la incorporación a la “colimba”.
“En la entrada había una mesa con oficiales que recibían a les ciudadanes –relata Aguilera–. Esperamos que entraran todos, presentamos la carta y llamaron a dos policías militares para que nos acompañaran. Nos hicieron pasear por todo el parque, con los chabones formados a los costados. Éramos dos mujeres trans, así que se salteó la revisación y nos llevaron directo a junta médica. Pero antes yo pedí pasar al baño y ahí me percaté del lugar y de determinado olor de ese lugar. También recordé que cuando fui detenida por primera vez nos sacaron a la mañana temprano y el camión tenía unas chapas con agujeros a los costados, por los que pude ver ese mismo parque. Entonces supe que ese era el lugar donde había estado cinco años antes”.
Del Batallón 121 las enviaron a la oficina militar del centro de Rosario, donde a su vez las derivaron al Hospital Militar de Paraná, Entre Ríos. Allí debía elaborarse un diagnóstico clínico que fundamentara la excepción. “Nos tuvieron internadas un mes. Íbamos a la mañana al psicólogo y a la tarde al psiquiatra”, rememora.
—¿Las querían curar?
—No sé qué querían hacer, porque no nos decían nada. Éramos dos chicas trans bajo bandera (se ríe). Al mes nos dieron el alta y de vuelta a Rosario nos dijeron que estábamos exceptuadas del servicio militar y nos devolvieron el documento. Miramos y decía por ley tanto… Viste que había una leyenda que decía que a las personas homosexuales les ponían en rojo. Pero la excepcionalidad era una ley que regía para todos: el que le faltaba un ojo, el que es rengo, el que tiene sobrepeso, el que es muy alto, el que tiene pie plano…
—¿Era lo que llamaban DAF (deficiencia en aptitud física)?
—Eso.
—Equiparaban la identidad trans a un problema médico…
—Claro, ¡éramos enfermas! La cuestión es que salimos de vuelta a la vida civil; o sea, a la persecución policial y militar.
Castigo público y privado
“Yo sufría un acoso como muy marcado. La policía no me llevaba presa: me agarraba, me cagaba a palos y me dejaba tirada. Así, una y otra vez. Hasta que un milico más piola, entre comillas, me dijo: ‘¿Sabés cuál es tu problema, Gata? Vos tenés dos hermanos policías que no quieren saber nada con vos, porque les das vergüenza, porque los compañeros los charlan y les dicen que tienen un hermano trabuco’”, refiere Ivanna.
Su hermana mayor le confirmó que su padre había tenido hijos de un matrimonio anterior, de los cuales uno era jefe de Robos y Hurtos y otro integrante del Comando Radioeléctrico de la Policía de Rosario. La represión en la calle tenía correlato en la intimidad: “Mi compañero de vida también era violento. Por eso me fui de Rosario, huyendo de todas esas violencias. Al irme me desarraigué de mi ciudad, mis amigas y mi familia, con la que perdí contacto por más de treinta años. Acá en Córdoba no era diferente. Había una persecución sistematizada y vivíamos escondiéndonos del Ejército y la Policía, pero ya sin las golpizas personalizadas por parte de mi compañero y los policías. La verdad que no fue alegre lo que me pasó la otra noche. Me revolvió un montón de cosas y me entristeció mucho que siga estando presente la violencia institucional”.
El pasado que vuelve
El pedido de captura contra Aguilera data de 1988 y se basaba en el antiguo y dictatorial Código de Faltas de la Provincia de Córdoba, vigente desde el 23 de abril de 1980, modificado en 1994 y reemplazado el 28 de marzo de 2016 por el actual Código de Convivencia. El artículo invocado era el 19, justamente uno de los eliminados en la reforma del 94: “Serán sancionadas con multa equivalente hasta una vez el importe del salario mínimo, vital y móvil o arresto hasta diez días, las personas de uno u otro sexo que se exhibieren en público con vestimentas contrarias a la decencia pública, con arreglo al lugar”. Combinado con el 22 (“Serán sancionados con arresto de hasta treinta (30) días quienes ejerciendo la prostitución se ofrecieren o incitaren públicamente o lo hicieren molestando a las personas o provocando escándalo”) –luego convertido en 45 y atenuado a 20 días de arresto pero vigente hasta 2016–, constituían el combo legal que habilitaba la represión a la comunidad trans-travesti.
Los policías que la “demoraron” y la funcionaria judicial que le explicó el motivo seguramente desconocen que la demorada en cuestión fue una de las impulsoras de la derogación del artículo que fundamentaba aquella lejana orden de captura. Incluso, le aconsejaron que gestionara la baja de esa orden, porque en una próxima ocasión “quizás pudiese ser detenida”. El trámite le deparó todo un periplo burocrático entre Tribunales y la Central de Policía.
El respaldo de la Universidad Nacional de Córdoba
Actualmente, Ivanna coordina el área Trans, Travestis y No Binaries de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que junto a otras organizaciones repudió el episodio. Además, desde ese espacio analizan solicitar respectivas reuniones con la Jefa de la Policía de Córdoba, Liliana Zárate Belletti, y el Fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado, para reclamar el respeto a la ley de Identidad de Género 26.743 por parte de la fuerza policial y la eliminación de toda orden de captura o imputación contra personas trans-travestis relacionada con normas contravencionales ya derogadas.
A su vez, el Consejo Superior de la UNC manifestó ayer su preocupación y exhortó a que “el ejercicio de la fuerza pública, tanto de Córdoba como del país, se sujete estrictamente a una perspectiva de derechos humanos que evite su ejercicio arbitrario y lesivo de elementales garantías y libertades de las personas, advirtiendo que en este contexto de pandemia se han profundizado prácticas autoritarias en el proceder de las fuerzas policiales”.
La razzia que engendró militancia
Al poco tiempo de llegar a Córdoba en 1983, Ivanna formó pareja con un hombre a quien agradece haberle salvado la vida, porque “hubiera sido una más en la estadística de las mujeres trans-travestis asesinadas en una esquina o un sitio baldío. Este compañero me sacó del ámbito prostibulario, que para las mujeres trans no es elegido y es sinónimo de muerte, porque tenemos una expectativa de vida de 38 años. ¿Dónde nos asesinan? En el ámbito de la prostitución”.
En esa nueva vida tuvo una amplia casa en la que albergó a sus compañeras trans en conflicto, una verdulería para ganarse el sustento y tiempo para la pionera militancia LGBTQI+ en Córdoba. En 1990, durante una razzia policial al boliche Planta Baja –uno de los pocos espacios abiertos a la diversidad sexual en general y la trans en particular en la Córdoba de esos años– Ivanna fue detenida junto a más de cuarenta personas, entre ellas Eugenio Cesano, propietario del local. Con él encabezaron la defensa de lxs detenidxs y al fragor de esa movilización crearon la Asociación Contra la Discriminación Homosexual (ACODOH), primera organización LGBTQI+ cordobesa: “Empezamos a trabajar, visualizarnos y junto a organizaciones sociales y de derechos humanos reclamar por este famoso artículo 19 y por el 22. Eran petitorios para los cuales la Provincia y la Policía no estaban preparadas, pero en el 94 logramos derogar el artículo 19”.
Tiempo después fundó Flores Diversas, integró la Asociación de Travestis Unidas de Córdoba (ATUC), representó a Córdoba en la mesa nacional de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) y fue autoridad de Devenir Diverse, vicepresidenta en 2014 y 15 y presidenta hasta 2019 cuando asumió su actual trabajo. Desde esas organizaciones, reclamó inclusión laboral y derecho a la salud para la comunidad trans-travesti, militó por las leyes de matrimonio igualitario e identidad de género, denunció transfemicidios, impulsó la Campaña Nacional por la Inclusión Laboral Trans y Travesti y –con el centro de estudiantes de la FFyH– creó la Cantina de Inclusión Laboral Trans y Travesti en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Juguetes perdidos
—Te suelen definir como una sobreviviente y no parece exagerado…
—No es ninguna exageración, para mí y para las compañeras. Una piba de veinte años también es una sobreviviente. Todos los días tiene que despertar, si es que despierta, y ver cómo sobrevive ese día. Yo soy una sobreviviente porque soy mayor y sigo en lucha. Chicas grandes y que militemos, somos pocas. Por eso me dicen “la tía” o “la abuela”, pero somos todas sobrevivientes.
En las paredes del patio los ladrillos desnudos están adornados de recuerdos y objetos hallados en la calle e integrados a ese paisaje cotidiano en forma de pequeños altares laicos. “Soy medio cachivachera y casi siempre encuentro juguetes, no sé por qué…”, dice con tono misterioso y nostalgia en la mirada. Como si hubieran sido suyos, en aquella infancia atravesada de pérdidas, discriminación y violencias. O mejor, quizás sean símbolos de su esperanza en un futuro donde les niñes que los extraviaron puedan encontrar esa libertad a la que ofrenda cada día de su vida: “Ejercer el derecho a ser quien soy”.
“En lo posible, trato de no engancharme con cosas negativas –comenta–. El pasado siempre está porque tengo mucha memoria, pero no lo vivo flagelándome. Cuando voy a Rosario, me bajo en la terminal de ómnibus y camino, porque era una ciudad que no podía caminar. Entonces, la recorro. Trato de encontrar lugares que me hagan acordar a cuando era joven o alguna situación linda, y la verdad que camino mucho”.
Comentarios desactivados en Transfemicidio en Tucumán: Victoria quería denunciar a su ex pareja y la policía se burlaba
Victoria Nieva, una mujer trans de 33 años, fue asesinada en su casa en Aguilares, Tucumán, este fin de semana. El principal sospechoso es su ex pareja, a quien había intentó denunciar varias veces.
Por Gabriela Cruz, desde San Miguel de Tucumán. Fotos: Facebook
Victoria Nieva, una mujer trans de 33 años, fue asesinada en su casa en Aguilares, al sur de la provincia de Tucumán este fin de semana. El principal sospechoso es su ex pareja, Claudio Maximiliano Gutiérrez, quien se encuentra detenido. Las amigas dicen que Vicky, como la llamaban, había intentado denunciar las violencias que sufría por parte de él, pero que la policía se burlaba de su identidad de género y no se las tomaba.
Desde diferentes organizaciones LGBTI+ de la provincia se pronunciaron exigiendo Justicia. Y señalando la responsabilidad del Estado en estos crímenes. Familiares y amigas de Victoria convocan a una marcha para exigir justicia. Será este miércoles 21 de abril a las 17 en la plaza 25 de Mayo de la localidad de Aguilares.
La investigación está en manos de la Unidad Fiscal de Graves Delitos contra la Integridad Física del Centro Judicial de Concepción, a cargo de Miguel Varela.
Esta semana, organizaciones y activistas de la diversidad sexual en Argentina están advirtiendo sobre el aumento de la violencia contra el colectivo LGBTIQ. En lo que va de abril, hubo por lo menos dos travesticidios: el de Victoria y el de Micaela Catán, de 27 años. Se sospecha que Micaela también fue asesinada por su pareja, en Santiago del Estero.
Las denuncias que no se plasmaron
Vicky había intentado denunciar a su ex pareja, cuentan sus amigas. “Ella se había casado con él en la cárcel. Cuando que él quedó libre, se fueron a vivir juntos. Con el tiempo fue saliendo lo violento. No dejaba que las amigas la visitáramos y la golpeaba mucho”, cuenta una amiga. Ella dice que la acompañó en alguna oportunidad a realizar una de las tantas denuncias. “Como seis veces intentó denunciarlo por violencia de género, pero la policía no quería tomarlas. Se le burlaba y le pedía el documento ‘de verdad’ porque no le quería recibir el que tenía el cambio de registro”, relata una amiga que vive en otra localidad. Fuentes cercanas también confirmaron a Presentes la misma información: que habían existido intentos de denuncias previas.
El principal sospechoso, detenido
Después de que el domingo 28 de abril Vicky fuera encontrada asesinada en su casa, la familia se contactó con el abogado Carlos Garmendia, quien está siguiendo la investigación. “No tengo todos los detalles del caso, porque no fuimos notificados de la audiencia de control de aprehensión que se realizó este lunes. Pero sé por la familia que el cuerpo tenía cortes en la garganta, brazos y las manos. Y que al femicida lo encontraron escondido en la casa de un vecino, muy cerca del lugar donde fue el hecho”, dijo Garmendia, que además es el delegado tucumano de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Hoy hará la presentación formal como querellante en la causa.
Fuentes judiciales confirmaron a Presentes que Claudio Maximiliano Gutiérrez alias ‘El Rubio’ se encuentra detenido. Lo acusan del delito de homicidio agravado por la relación preexistente y por ensañamiento y odio a la identidad de género, en contra de Victoria Nieva. La comisaría de Aguilares también fue consultada para esta nota para chequear más datos acerca de los intentos de denuncias previas pero no hizo declaraciones.
Abril violento para las personas travestis y trans
Además de los transfemicidios ya mencionados:
-El activismo pide justicia para Josefina Cruceño. Su muerte se está investigando la muerte en la provincia de Mendoza.
– En la localidad de Río Grande, en Tierra del Fuego, otra mujer fue atacada a cuchillazos por una mujer y un cómplice. Ambas tuvieron que ser hospitalizadas y ambas se encuentran bien, pero la virulencia de las agresiones motivó expresiones de preocupación de activistas del colectivo. En ambos casos se pide que se investiguen como intentos de travesticidios.
Ayer, lunes, se elevó a juicio el travesticidio de Alejandra ‘La Power’ Benítez, la mujer trans de 34 años asesinada a balazos y por la espalda en la vereda del lugar donde vivía, en avenida Roca y calle Ayacucho de la capital tucumana. El hecho se perpetró en noviembre de 2020. La querella está representada también por Carlos Garmendia.
“Se hizo lugar a la acusación y la causa quedó elevada a juicio por homicidio agravado por violencia de género y por odio, es decir por travesticidio. Además hay una acción civil a cargo de la doctora Soledad Komaid, del Cuerpo de Abogados del Ministerio de Justicia de la Nación”, cuenta Garmendia. El imputado, Ricardo Horacio Puenzo, se encuentra detenido con prisión preventiva. Se estima que el juicio se concretará en el plazo de los próximos dos meses.
Empieza el juicio por el transfemicidio de Ayelén
Esta semana también se conoció la fecha de inicio del juicio por el transfemicidio de Ayelén Gómez. En agosto de 2017 la joven tucumana de 31 años fue encontrada debajo de una de las tribunas del Club Lawn Tenis. La autopsia determinó que murió por asfixia mecánica por sofocación. Las audiencias están previstas para el 29 y 30 de abril de 2021.
El imputado por su muerte es Adrián Miranda. Miranda recuperó la libertad tras cumplirse el plazo de la preventiva
Desde la organización ANDHES -Abogadas y abogados por los Derechos Humanos y Estudios Sociales-, a cargo de la querella, expresaron: “Es un caso testigo que refleja de manera cruda la historia de vida de todo el colectivo de mujeres trans y travestis que vio históricamente vulnerados sus derechos humanos, siendo blanco de violencias e invisibilizaciones por parte del Estado y sus instituciones”.
Séptimo transfemicidio en Tucumán en los últimos cuatro años
El crimen de odio de Ayelén Gómez, (31) en agosto de 2017 fue un punto de inflexión y significó la organización del colectivo travesti trans en la provincia.
A los pocos meses, en enero de 2018, Lourdes Reinoso (30) fue encontrada sin vida junto a su tía en un pequeño poblado al este de la provincia.
En febrero de ese mismo año se supo de la desaparición de Cinthya Moreira (24) cuyo cuerpo fue identificado dos meses después.
En mayo de 2019 Gala Perea (izda)de apenas 19 años fue encontrada sin vida en la capital provincial.
Desde que empezó la pandemia, tres transfemicidios en Tucumán
El de Victoria se suma al de Vanesa Solórzano (Dcha), una joven de 20 años asesinada en agosto y el de Alejandra Benítez, de 34 años, en noviembre del año pasado.
Comentarios desactivados en Denuncian transfemicidio de Micaela Catán, joven activista trans de Santiago del Estero
Micaela Catán tenía 27 años y vivía en Santiago Del Estero. Murió tras ocho días hospitalizada con la mitad del cuerpo quemado. Su familia y organizaciones denuncian fue un transfemicidio. Exigen justicia con perspectiva de género.
Por Ernesto Picco, desde Santiago Del Estero. Fotos: Facebook
Hace cuatro años, cuando tenía 23, Micaela Catán volvió a empezar la primaria. Llegó a ser abanderada en la escuela del barrio Primera Junta, en la capital de Santiago del Estero. Participaba en las reuniones de la asociación D.I.V.A.S., donde era una de las jóvenes trans más activas. En 2021, a sus 27, estaba en pareja y había empezado a construir su casa en el barrio Santa Rosa de Lima. La noche del sábado 3 de abril, su hermana Marina la encontró sentada en la cama, con las piernas y los brazos abiertos. Intentaba inútilmente untarse pasta de dientes sobre el cuerpo para aliviar las quemaduras: “Mirá como estoy”, le dijo Mica a su hermana cuando la vio entrar. Temblaban las dos.
Fue la última vez que se encontraron. Marina relató después: “No tenía rostro. Y la piel de los brazos se le caía”. Mica fue internada y murió ocho días después en el Hospital Regional. Ahora, mientras la familia y las organizaciones aseguran que se trata de un transfemicidio, la justicia investiga el caso con extrema reserva. La fiscal a cargo de la investigación es Celia Mussi, de delitos comunes.
De maltratos y violencias
El mediodía del jueves 15 de abril Margarita Rodríguez, madre de Mica, recibe a Agencia Presentes en el mismo patio de tierra donde tres días antes velaron los restos de su hija. Están también Marina, dos hermanos varones y varixs nietxs. La casa queda en el barrio Libertad, un caserío humilde en el extremo oeste, a metros del centenario canal San Martín, que deriva agua del Río Dulce a lo ancho de toda de la ciudad. El frente de la casa donde se crió Mica está pintado de azul y rojo, los colores del club Güemes, como muchas del barrio. Su mamá, Margarita, vivió ahí casi toda su vida, trabajando en la venta ropa usada. Ahí vivían también O, un vecino con quien Mica estaba en pareja desde los 18 años:
–Ella sufría muchos malos tratos –cuenta la madre–. Había traído aquí a mi casa a la pareja, que la pegaba. La agarraba de los pelos, la cortajeaba. Yo lo terminé corriendo de la casa y ella lo siguió por atrás.
Mica y su pareja terminaron mudándose 5 kilómetros del hogar materno, a una casita en el barrio Santa Rosa de Lima, a la vera de la ruta a Catamarca. Ella estaba construyéndola con el dinero que cobraba del programa Hacemos Futuro –destinado a promover la terminalidad educativa – y el de Emergencia Social. Él tenía trabajos intermitentes. Había sido empleado en una carnicería y en un taller de motos. Marina, la hermana, había empezado a hacer su casa también en el mismo barrio, a cien metros de la de Mica. La familia cuenta que la noche del sábado 3 de abril, él golpeó desesperado la puerta de Marina, diciéndole que su hermana se había quemado.
Ella corrió a ver qué pasaba y encontró a Mica quemada en la cama, salió aturdida a la vereda buscando ayuda. Los vecinos habían empezado a amontonarse. Al rato llegó una ambulancia. Él ya no estaba.
–Vos si no tienes nada que esconder no te escapas– dice Marina. Yo cuando he matado al hombre que ha querido abusar de mí, he esperado que venga la policía, han allanado la casa y me he hecho cargo. Porque yo me estaba defendiendo.
Marina, la hermana de Mica, relata en el patio de tierra su propia historia de terror. En 2005 un vecino la quiso violar y ella le perforó el pecho con un cuchillo. Tenía 16 años y estuvo presa dieciocho meses hasta que pudo comprobar que había actuado en defensa propia y salir libre.
Al poco tiempo conoció un hombre con el que estuvo en pareja durante diez años. Se mudaron a una casa y cada vez que se reencontraban con su madre, Margarita le encontraba un moretón o un golpe. Marina le decía que se había caído o se había golpeado con la ventana.
–Yo lo apañaba. No lo quería denunciar, dice Marina.
Hasta que en 2016 lo denunció Margarita y el hombre terminó preso durante unos meses. Al salir, volvió a merodear la casa familiar. Marina estaba en pareja otra vez:
–Mi marido de ahora es camionero y le ha dicho el día que vos te acerques a la Marina yo te paso por encima con el camión–cuenta ella. Explica así como aquella amenaza le dio la seguridad que no pudo con la ley: “Ya no me molesta más, ni yo a él”.
–Yo la he rescatado a ella –dice la madre–. Porque he vivido la violencia también. El padre de mis hijos me pegaba y me maltrataba. No le gustaba que saliera a vender ropa. Hasta que lo he hecho sacar con la policía cuando mis hijos eran chicos. A la Mica también le decía yo que denuncie lo que le estaba pasando a ella. Pero ella no quería. Con ella ya no he podido.
Abril: una quincena violenta para las personas travestis y trans
La muerte de Micaela Catán se suma a los episodios de violencia contra personas trans que alcanzaron un pico histórico en la primera quincena de abril de 2021. En Jujuy Yeni Méndez sobrevivió a duras penas de un ataque a machetazos. Y, en Tierra del Fuego, Gilda se salvó de un intento de homicidio. El mismo lunes 12 fue encontrada muerta Josefina Cruceño en Mendoza, cuya muerte está siendo investigada.
El domingo 4 a la mañana, las compañeras que trabajaban con Mica en la organización se acercaron a la familia. Su presidenta, Julieta Paz, dijo a Presentes que estaban muy sorprendidas. “Veíamos en las redes sociales que ella estaba en una relación de más de diez años. Que tenía un vínculo construido. Pero nunca nos hubiésemos imaginado que hacia adentro había situaciones de violencia. Participaba de los talleres y escuchaba sobre violencia pero nunca habló de ningún tipo de situación de ella. Por eso nos hace pensar sobre cómo las personas trans naturalizamos la violencia y no podemos reconocer cuando la otra persona que está a nuestro lado no nos ama, sino que nos violenta”.
Exigen justicia con perspectiva de género
Desde D.I.V.A.S. vincularon a la familia con una abogada del Centro de Acceso a la Justicia local. El jueves 8 de abril, familiares e integrantes de la organización fueron recibidas en el Ministerio Público Fiscal, donde pidieron a las autoridades el esclarecimiento de la causa. Ese mismo día una multitud se movilizó por las calles de Santiago pidiendo la detención de O. Mica todavía resistía en terapia intensiva, con la mitad del cuerpo quemado. O estaba desaparecido.
Marina recuerda el último contacto:
–Ha sido como a las cuatro de la mañana. Yo lo llamaba y lo llamaba porque la teníamos a la Mica en el hospital, pero necesitábamos la documentación para internarla. Y eso lo tenía él. Después me atendió y le dejó a una vecina la riñonera con los documentos y la vecina me la ha llevado a mí.
Una semana después de la muerte de Mica, la familia aún no sabe qué es lo que pasó. Unos dicen que las quemaduras fueron con agua hirviendo y otros con alcohol y fuego. Aún se esperan los resultados de la autopsia que se realizó a mediados de la semana pasada para establecer qué ocurrió. Margarita, Marina y sus hermanos ya prestaron declaración. Su pareja, dicen en la casa, fue visto por el barrio, pero no saben dónde está.
–No está prófugo, porque no hay orden de detención, –aclara Julieta Paz–. Incluso se presentó en la comisaría a declarar. Hay vecinos que han declarado hablando de un intento de suicidio, pero para nosotros esto es un transfemicidio. No sabemos cómo está la carátula pero queremos que se siga investigando y que la Justicia actúe con perspectiva de género.
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