Cambio de género en cárceles: el mito de los privilegios
La discusión del alojamiento de personas trans en unidades penales no es nueva. Estrategias de sectores conservadores para voltear nuestros derechos tampoco.
Fuente Agencia Presentes
28 de noviembre de 2024
César Bissutti
Flor Capella
Edición: Ana Fornaro
La discusión del alojamiento de personas trans en unidades penales no es nueva. Estrategias de sectores conservadores para voltear nuestros derechos tampoco.
A raíz de una situación de abuso sexual en un penal y de la solicitud del jefe de la banda narco Los Monos en una cárcel santafesina para cambiar de género se generaron una serie de polémicas. El 26 de noviembre de 2024 la ministra de Seguridad Patricia Bullrich habló de tolerancia cero para aquellos que quieran cambiarse de sexo en la cárcel. El presidente Javier Milei afirmó que “los presos no van a poder solicitar un cambio de penal bajo el paraguas de la identidad de género”.
Desde la sanción de la Ley de Identidad de Género en 2012 hemos visto un cambio material y simbólico en la vida de las personas travestis y trans de nuestro país. Con un camino que todavía tiene mucho por hacer y recorrer, la realidad nos demuestra que esta ley junto a una serie de políticas públicas implementadas hacen la diferencia. Transformar la vida de las personas trans con organización, política y derechos es posible.
Nada nuevo bajo el sol
El binarismo de género que todavía organiza las instituciones, su arquitectura, su administración burocrática, nos atraviesa. Nuestra forma binaria de pensar y organizar el mundo también. En este contexto, y reproduciendo mandatos, estereotipos, discriminaciones y violencias, es que ha habido intentos concretos por desacreditar y deslegitimar nuestra Ley Nacional de Identidad de Género y de negar y eliminar a las personas trans.
Hay quienes sostienen que esta ley genera privilegios. Con ese argumento se han viralizado algunas situaciones de varones cis que cambian su DNI de masculino a femenino para «jubilarse antes”, de los 65 a los 60 años, para lograr atenuantes en crímenes de femicidios, de violencia sexual o de género.
A la vez, el uso legítimo de la Ley por personas trans, por ejemplo personas trans deportistas, se argumenta como una estrategia para obtener ventajas. Pareciera que con el deseo y la autodeterminación no alcanza. La idea de grupos vulnerados e instrumentalización para obtener derechos tampoco es nueva. Que se embarazan por un plan, que tienen hijos por la domiciliaria, por los «beneficios» y ahora que se «hacen trans» para cambiar de pabellón. O, como menciona el diario La Capital, para hacer «más laxas» las condiciones de detención. Como si ser una persona trans en una cárcel no implicase mayores violencias. Como si la cárcel no le hubiera costado la salud, el cuerpo y la vida a un sin fin de personas trans en nuestro país y en las instituciones de encierro a nivel global.
Situación de encierro y problemas reales
Con un gobierno nacional que niega las violencias de género, que vota en contra de abordar las violencias en Naciones Unidas, que elimina y desfinancia las estructuras institucionales y políticas públicas a favor de las mujeres y personas LGBTI+, que quiere ir en contra también del DNI no binario, nada de esto debería sorprendernos. Mano dura, represión: a presos, estudiantes y jubilados. Lo que llaman tolerancia cero y el aumento de la crueldad en la calle y en el encierro son algunas de las coordenadas de idea-acción con la que administran su proyecto político, económico y cultural.
Hasta la fecha nada han dicho y seguramente nada dirán de la problemática estructural de torturas en el encierro. Ni de los abusos sexuales cometidos entre las propias personas detenidas, pero también por personal policial y penitenciario. Tampoco se han preocupado o ocupado de garantizar marcos normativos dentro y fuera del penal.
Para la tribuna
El gobierno de Javier Milei y libertarios tienen una gran capacidad de atender lo visceral. Sin pelos en la lengua y con una inteligente ignorancia, nos revuelven la panza, hacen arder los intestinos y producen agite, caos, pero también sentido. Desde quienes ven reflejado sus emociones o pensamientos y entonces se envalentonan y reafirman y militan la derecha o el fascismo, a quienes nos indignamos y no podemos creer hasta cuán atrás la discusión tenemos que volver a dar. En concreto, por varios lados, su estrategia les funciona.
El odio y el revuelo que generan los derechos de las personas detenidas sobra y alcanza para piantar votos o generar pánico social. Si además «le sumamos» que son trans, la derecha tiene un espectáculo que les sirve para generar polémica e indignación, mientras ataca la ley nacional y los derechos de las personas trans. Que no nos desordenen, que no nos distraigan. Hace poco lo advertía también Alba Rueda en una nota de Agencia Presentes: este gobierno busca tirar abajo la Ley Nacional de Identidad de Género.
Sin reglas claras
La problemática del alojamiento de personas trans en cárceles binarias no es una novedad.
En términos procesales, no existen reglas claras de dónde deberían alojarse las personas LGBTI+ y en particular las personas travesti y trans. Los Principios de Yogyakarta nos dicen que debería preguntarse a la persona detenida dónde cree que se sentiría más segura. Todo muy lindo, eso puede funcionar de manera excepcional, pero con el hacinamiento, la sobrepoblación y la crueldad en nuestras cárceles y de nuestra justicia penal, esta regla en Argentina aún no se puede implementar. No existe un pabellón o un lugar seguro en las cárceles para las personas trans. La mejor estrategia es la que morigera el encierro, la que produce alternativas a la prisión.
Tanto en el sistema federal como en las provincias se han creado pabellones de diversidad sexual. En general: las mujeres trans se alojan en cárceles de varones. Estos pabellones de diversidad sexual suelen compartirse con varones cis condenados por delitos contra la integridad sexual.
Hasta el 2015, por ejemplo, el pabellón de diversidad sexual de la cárcel de Sierra Chica en Olavarría se llamaba «de homosexuales pasivos y delitos contra la integridad sexual». Si nos vamos más atrás, ya en el primer decreto provincial que organiza el lugar de alojamiento de las unidades penales de la provincia de Buenos Aires se hablaba de lugares específicos para «homosexuales y perversos». La asimilación de la homosexualidad y la agresión sexual como conductas desviadas es de larga data y encuentra una forma específica de alojamiento en el encierro. Demos las gracias al campo de la criminología, de la salud y la salud mental.
Ideas peligrosas
Los varones trans suelen quedar invisibles, no registrados. En general, se los aloja en cárceles de mujeres. El objetivo, de nuevo aquí los estereotipos, es “protegerlos” de los varones cis. Aunque la justicia o los servicios penitenciarios digan lo contrario, se les lee como mujeres porque la única «identidad» que mira la administración carcelaria es la genital. De esta forma, también, se niegan y desconocen las violencias que se producen en las cárceles «de mujeres» por las agentes penitenciarias o las mujeres cis detenidas. Aquellos varones trans que han utilizado modificación corporal hormonal o quirúrgica terminan en celdas de castigo o aislamiento en solitario, también en cárceles de mujeres.
Hay quienes sostienen la necesidad de crear cárceles específicas para personas LGBT+. De hecho, puede ser uno de los próximos pasos que intente el gobierno nacional. Esta idea es peligrosa y perjudicial. Más cárceles implica el aumento y la expansión del sistema punitivo y también del sistema carcelario. Es decir, esas cárceles se tienen que llenar. Más cárceles, y cárceles específicas para la diversidad. Más personas trans detenidas, criminalizadas. A todo esto nos tenemos que negar.
Sin derechos
Las cárceles son una forma de organizarnos, de que quienes cometieron un daño se hagan responsables, o al menos eso establece nuestro sistema legal. Las cárceles son una política pública en la cual se restringe la libertad ambulatoria de personas que el Estado también se compromete a cuidar y «rehabilitar«. Las múltiples denuncias de torturas, malos tratos, muertes en contextos de encierro y deterioro grave de la salud de las personas presas no es privativo de ningún gobierno pero sí corre el velo y nos muestra que una parte importante de este sistema no funciona y que muchas veces es injusto y no proporcional.
En informes de organismos internacionales, sentencias de primera y segunda instancia, Casación y Corte, se documenta y reconoce la vulneración de derechos en el encierro. Las muertes de múltiples personas trans en el encierro y el esfuerzo que instituciones como la Comisión por la Memoria, los comités contra la tortura, la Procuración Penitenciaria, Colectivo Yo No Fui y activistas y académicas venimos haciendo, ponen sobre la escena las formas específicas de dar muertes a las personas trans en el encierro. Que no nos metan el perro; ni a Conan. Las estrategias del gobierno nacional son un intento por defenestrar nuestra Ley Nacional, por agudizar el estigma y la criminalización a las personas detenidas, pero también a las personas trans.
¿Será acaso Patricia Bullrich quien se ocupe de escanear una por una los cuerpos de quienes se nombren personas trans en el encierro? ¿Sabrá que eso mismo lo prohíbe la ley nacional? ¿Que pasa de verdad con la situación de las personas trans detenidas y sus derechos? De las que murieron, de las que van a morir… ¿Buscará Javier Milei tornar inaplicable nuestra Ley 26.743 en contextos de encierro? ¿Con qué argumentos jurídicos? ¿Acaso buscará modificar la aplicación práctica de la ley mediante un DNU?
Encarar la discusión de la Ley Nacional de Identidad de Género desde la cuestión de encierro nos pone en un lugar más complejo e incómodo. De hecho, escribir sobre este tema sin miedo a la cancelación y sin poder analizar las múltiples capas y problemáticas que se articulan y se generan es también muy difícil. La diversidad nos hace humanos. Repensemos cómo poder dar estas discusiones en lo público, en lo político, en lo mediático. Sin hacer concesiones, entendiendo también la disputa por el concepto de seguridad a nivel social. Por el derecho de las personas a vivir seguros, sin miedo pero también sin hambre. Que no nos ganen las vísceras. Que nos ganen nuestras luchas, nuestra historia. La fuerza de nuestros movimientos.
César Bissutti es activista marica, abogado, docente, trabajador de la salud y militante anticarcelario.
El primero en reaccionar fue el legislador de La Libertad Avanza, Ramiro Marra. Publicó un mensaje en la red social X, donde compartía el flyer de la actividad diciendo que era una “atrocidad”.
Manifestación frente del hotel donde se cometió el triple lesbicidio.
El cuarto de hotel donde fueron atacadas las cuatro mujeres.
Ivana Tintilay, María Belén Correa y Lara Bertolini durante la presentación de la acción legal en el CELS. Foto: Centro de Estudios Legales y Sociales
Quimey Ramos es activista y trabajadora del CELS. Foto: Centro de Estudios Legales y Sociales.
Foto: Centro de Estudios Legales y Sociales
Un nuevo estudio revela que los católicos de Estados Unidos y América Latina siguen divididos sobre las cuestiones LGBTQ+, pero el apoyo está aumentando en algunas áreas.
Durante los tres días del encuentro (23 al 25 de octubre) las distintas organizaciones compartieron la situación que enfrentan las personas LGBTI+ migrantes y refugiadas en distintos territorios de la región. Las rutas que toman, las formas cómo se informan sobre cómo migrar y solicitar refugio y las vulneraciones a sus derechos humanos que enfrentan en sus países y el de tránsito.
Las organizaciones dedicadas a acompañar personas LGBTI+ migrantes y refugiadas insistieron en que trabajar en red ayuda también a fortalecerse de manera interna. Mejorar y adoptar buenas prácticas, crear y mantener albergues para personas LGBTI+, migrantes y refugiadas. Y, además, crear acciones locales y regionales para dar respuesta a las necesidades de estas poblaciones y en la incidencia política con organizaciones humanitarias y los Estados.
Rosario Sansone (centro) y Pelusa Liendro (con la bandera), pioneras en las marchas del Orgullo en Salta.
Rosario en una entrevista de radio.
Pelusa y Rosario no pudieron organizar la cuarta marcha. Una noche de lluvia como la de estos días, el 29 de noviembre de 2006, siete cuchilladas pusieron fin a la vida de Pelusa. La violencia fue tan atroz que que travestis y trans debieron huir de la provincia. Rosario fue una de las que tuvo que exiliarse.
Rosario junto a sus compañeras, pidiendo por la implementación del cupo laboral trans travesti.
También Nancy recordó a Rosario como una persona luminosa. “Era una chica tranquila”, “una gran persona”, que “no tenía problemas con nadie”. Le gustaba juntarse a tomar mate con sus amigas, estar en familia y salir a bailar. Amaba los colores, y los imponía en las marchas del Orgullo. Le gustaba hacer play back con temas de Isabel Pantoja y Rocío Durcal, y solía montar shows para las actividades del colectivo.
Ariel Gutraich/Presentes
Ana Paula Costas, una mujer trans de 43 años, volvía a su casa en el barrio Alto Comedero (San Salvador de Jujuy), cuando fue atacada. Piden la colaboración de testigues que aporten datos. Y convocan a un cartelazo frente a la Legislatura.
Activistas reclaman frente a la Legislatura de Jujuy. Foto: Mariana Mamami.
La periodista argentina cuenta en su libro “Ese que fui. Expediente de una rebelión corporal” cómo descubrió que es una persona intersex y los caminos que tuvo que transitar hasta hoy.
Candelaria es escritora y periodista. Trabajó como cronista de Policiales en Crítica, en la sección Sociedad en Clarín y como productora en el canal televisivo C5N. Además es autora de Cordero de dios, una investigación sobre el asesinato de Candela Sol Rodríguez. Hace unos años se alejó del rubro por la desilusión que le generó las coberturas mediáticas de determinados hechos, como la desaparición de Santiago Maldonado. Con este libro vuelve al periodismo desde otro lugar y para contar su historia.
CANDELARIA SCHAMUN ABR 2023, periodista, autora Penguin
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En esta línea, 
– Nuestro proyecto de paz y nuestra ley de víctimas considera como los cuatro valores fundamentales de la justicia transicional a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, entendiendo que hay un vínculo entre uno y otros. En materia de reparación apelamos tanto a la reparación individual como a la reparación colectiva, la monetaria y la simbólica. La individual porque cada vida tiene que ser reparada en su mismidad. La colectiva porque el conflicto armado rompió procesos organizativos que deben recuperarse. La monetaria porque empobreció a la gente y hay que darle recursos para que acceda a servicios que mejoren su calidad de vida. Y la simbólica porque el conflicto armado impuso un proyecto moral y político homofóbico, transfóbico, misógino, patriarcal y machista.
Les activistas Darío Aries, de Conurbanes por la Diversidad, Flor Guimaraes, de la organización La Casa de Lohana y Diana, Wilson Castañeda y la activista Greta Pena, de 100% Diversidad y Derechos, en la Facultad de Derecho
«A Ali le gustaba la cerveza, las canciones de Sandra, de Celeste Carballo, Chavela Vargas, hizo una lista en Facebook para compartir con sus temas preferidos. Pero era una persona que a veces estaba triste, añorando los años vividos en comunidad con otras lesbianas en su tiempo en Europa».
Qué se reclama
Higui de Jesús y Mabel Valdez, hermana de Sofía Fernández
La activista Quimey Ramos junto a Higui de Jesús
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