Gavin Grimm. (ACLU)

Punto final a una larguísima batalla jurídica de la que un joven adolescente trans, Gavin Grimm, sale triunfante. Y con él, los derechos de las personas trans en Estados Unidos.  En el contexto actual, dada la «supermayoría» conservadora del Supremo estadounidense tras la presidencia de Donald Trump (que en solo 4 años renovó a tres de sus nueve magistrados) supone una derrota inesperada del activismo transexcluyente y un alivio importante para el colectivo LGTBI.

Después de siete años de pelear contra Gavin Grimm, un hombre trans al que se le prohibió usar el baño correcto en la escuela, finalmente recibió un pago de $ 1.3 millones de la junta escolar que lo discriminó.

En 2014, cuando solo tenía 15 años, Grimm le dijo por primera vez a la Junta Escolar del Condado de Gloucester de Virginia: “Todo lo que quiero hacer es ser un niño normal y usar el baño en paz”.

Pero su simple solicitud lo llevó hasta la Corte Suprema y al centro de un debate nacional sobre el derecho a existir de las personas trans.

Cuando la junta escolar impidió que Grimm usara los baños de niños en su escuela y lo dejó “estigmatizado y aislado” al obligarlo a usar su propio baño privado, el entonces adolescente presentó una demanda por discriminación.

Representado por la ACLU y la ACLU de Virginia, Grimm sostuvo que la política de la junta iba en contra del Título IX, una ley de derechos civiles que prohíbe la discriminación basada en el sexo.

Su demanda se convirtió en un caso de prueba federal cuando el entonces presidente Barack Obama programó su envío a la Corte Suprema en 2017, pero volvió a las cortes inferiores una vez más al año siguiente después de que la administración Trump desechara una política de la era de Obama que protegía alumnos trans.

Un tribunal federal finalmente dictaminó que la prohibición de la junta escolar fue discriminatoria en 2019 y esto fue confirmado por un tribunal de apelaciones en 2020.

A principios de este año, la Corte Suprema denegó una apelación de la junta escolar, ya que presionó para intentar prohibir a los estudiantes trans el uso de los baños correctos.

En julio, el Tribunal Supremo de ese país ha decidido no tomar en consideración el recurso contra la decisión de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito Judicial, que reconoce al Grimm el drecho a usar los baños de su instituto que corresponden a su identidad de género. La decisión del Supremo pone de manifiesto el escaso interés del máximo órgano jurisdiccional estadounidense en entrar a discutir a fondo el detalle de los derechos del día a día de las personas trans.

Finalmente, el jueves (26 de agosto), la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) anunció que se le había ordenado a la Junta Escolar del Condado de Gloucester pagar más de $ 1.3 millones en honorarios y costos de abogados a Grimm, llevando su caso a una resolución.

Gavin Grimm espera que los fanáticos aprendan que “la discriminación es una costosa batalla perdida”

Josh Block, abogado senior del ACLU LGBTQ and HIV Project, dijo en un comunicado: “Estamos contentos de que este largo litigio finalmente haya terminado y que Gavin haya sido plenamente reivindicado por los tribunales, pero no debería haber tomado más de seis años. de litigios costosos para llegar a este punto. Después de un año en el que las legislaturas estatales han presentado una cantidad sin precedentes de proyectos de ley dirigidos a los jóvenes trans, esperamos que la concesión de tarifas dé a otras juntas escolares y legisladores una pausa antes de que utilicen la discriminación para ganar puntos políticos”.

El propio Gavin Grimm, que ahora tiene 22 años, agregó: “En lugar de permitir que un niño tenga el mismo acceso a un entorno escolar seguro, la Junta Escolar de Gloucester decidió luchar contra este niño durante cinco años en una costosa batalla legal que perdieron. Espero que este resultado envíe un mensaje contundente a otros sistemas escolares, que la discriminación es una costosa batalla perdida”.

En definitiva, un triunfo muy relevante para los derechos de las personas trans en Estados Unidos en un momento en el que este colectivo está recuperando, de la mano de Joe Biden, los derechos que la administración Trump les retiró en el nivel federal. Eso no significa que su situación sea precisamente halagüena, dado que la ofensiva tránsfoba se ha trasladado ahora a los estados controlados por los republicanos. Esta batalla se ha ganado, pero la guerra continúa.

Fuente Pink News/Cristianos Gays

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Punto final a una larguísima batalla jurídica de la que un joven adolescente trans, Gavin Grimm, sale triunfante. Y con él, los derechos de las personas trans en Estados Unidos. El Tribunal Supremo de ese país ha decidido no tomar en consideración el recurso contra la decisión de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito Judicial, que reconoce al Grimm el drecho a usar los baños de su instituto que corresponden a su identidad de género. La decisión del Supremo pone de manifiesto el escaso interés del máximo órgano jurisdiccional estadounidense en entrar a discutir a fondo el detalle de los derechos del día a día de las personas trans. Algo que en otros momentos podría ser visto como negativo pero que en el contexto actual, dada la «supermayoría» conservadora del Supremo estadounidense tras la presidencia de Donald Trump (que en solo 4 años renovó a tres de sus nueve magistrados) supone una derrota inesperada del activismo transexcluyente y un alivio importante para el colectivo LGTBI.

A continuación hacemos un repaso de la historia de Gavin Grimm y de su batalla jurídica. Tras salir del armario como chico en 2014, el adolescente comenzó a usar los baños que correspondían a su identidad masculina en su instituto de Gloucester (Virginia). Aparentemente ello no le supuso problema alguno con sus compañeros, pero cuando la noticia llegó a oídos de los padres, un grupo de ellos solicitó al Consejo Escolar del condado que se le habilitase un baño separado. El joven, asistido por la ACLU (American Civil Liberties Union), demandó al instituto ante la justicia federal en junio de 2015, al considerar que la medida suponía una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo.

Cuando el juez federal Robert Doumar estudió el caso en primera instancia, denegó la petición de Gavin, pero el joven apeló. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito (con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) le dio la razón, por 2 votos contra 1, al considerar que el derecho del adolescente a usar los baños que corresponden a su identidad de género en efecto podía considerarse amparado por la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas. Una decisión coherente con las directrices que en abril de 2014 había emitido el departamento de Educación de Estados Unidos bajo la administración Obama, según las cuales las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB (si bien la Corte de Apelaciones reconocía en su argumentación que la equivalencia jurídica entre «sexo» e «identidad de género» no está bien clarificada).

Una decisión que el Consejo Escolar del condado de Gloucester apeló directamente al Tribunal Supremo, solicitando de este que con carácter urgente la orden quedase temporalmente invalidada en tanto se desarrollase el proceso legal. Algo a lo que el Tribunal Supremo accedió por 5 votos contra 3. Ya avanzada la batalla legal, el departamento de Educación de Obama había enviado en mayo de 2016 a todos los distritos escolares del país unas nuevas directrices que de forma expresa abordaban el tratamiento de los estudiantes trans y que cubrían, entre otros, el uso de baños públicos y vestuarios acordes a su identidad de género.

La llegada al poder de Donald Trump en enero de 2017, y junto a él de toda una corte de políticos contrarios a la igualdad jurídica de las personas trans, convertía en papel mojado los esfuerzos de la administración Obama. La instrucción sobre los estudiantes trans quedaba revocada a los pocos días de la toma de posesión de Trump, de forma que estos perdían la protección federal y su situación quedó en manos de los estados. Tras el cambio en la política del departamento de Educación, el Tribunal Supremo, que como explicamos antes había paralizado cautelarmente a requerimiento del instituto la orden de que Grimm pudiese usar el baño de chicos, decidió devolver la patata caliente a los tribunales de ámbito inferior para que reevaluaran el caso. En agosto de 2019, la jueza federal Arenda L. Wright Allen emitió una primera sentencia a favor de Grimm, pese a que este, ya por su edad, había abandonado el instituto. Pero el Consejo Escolar del condado recurrió y el caso volvió a la Corte de Apelaciones del 4º Circuito, que en agosto de 2020 insistía de nuevo por 2 votos a 1 en que la decisión de prohibir a Grimm el uso de los baños acordes a su identidad de género era inconstitucional. El tribunal ciataba además en su argumentación una reciente sentencia del propio Tribunal Supremo que prohibía la discriminación laboral basada en la orientación sexual o la identidad de género.

En un casi perfecto déjà vu, el Consejo Escolar del condado de Gloucester volvió a recurrir al Tribunal Supremo, seguramente convencido de que gracias a su actual composición este le daría finalmente la razón. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el pasado 28 de junio el alto tribunal comunicaba su decisión de no tomar en consideración el caso, de forma que el fallo del 4º Circuito de Apelaciones es ya firme. Poco se conoce sobre las deliberaciones del Supremo a la hora de decidir por qué no estimaron la apelación, aunque el comunicado del alto tribunal menciona de forma expresa que dos de los magistrados de su mayoría conservadora (Clarence Thomas y Samuel Alito) se opusieron.

En definitiva, un triunfo muy relevante para los derechos de las personas trans en Estados Unidos en un momento en el que este colectivo está recuperando, de la mano de Joe Biden, los derechos que la administración Trump les retiró en el nivel federal. Eso no significa que su situación sea precisamente halagüena, dado que la ofensiva tránsfoba se ha trasladado ahora a los estados controlados por los republicanos. Esta batalla se ha ganado, pero la guerra continúa.

Fuente Dosmanzanas

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Un juzgado federal da la razón a Gavin Grimm, un chico trans que denunció a su instituto por no permitirle usar los baños del género con el que se identifica.

El Tribunal Supremo de EE.UU. rechazó el caso porque, tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, el gobierno cambió su política respecto a la ley que prohíbe la discriminación sexual en lugares públicos. 

Ya hace tiempo que publicamos la historia del joven trans Gavin Grimm.  Gavin es un chico trans de Gloucester, Virginia (EE.UU.) que en 2014 demandó a su distrito escolar porque le prohibieron utilizar el baño de chicos. Lo curioso del caso es que los problemas de Gavin empezaron cuando protestaron los padres de algunos alumnos al enterarse de que Gavin utilizaba el baño de chicos, porque entre los alumnos no hubo nunca ningún problema durante los dos meses que estuvo usándolo.

La denuncia de Gavin dio muchas vueltas, primero un juzgado dio la razón al distrito escolar pero luego un tribunal de apelaciones se la dio a Gavin. Y así el caso llegó hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que devolvió la demanda a un juzgado federal porque el nuevo presidente Donald Trump, anuló nada más llegar a la Casa Blanca la directriz de Obama que obligaba a los centros públicos (incluidos centros escolares) a permitir que las personas trans utilizaran el baño del género con el que se identifican.

Ahora la jueza Arenda L. Wright-Allen, del Tribunal del Distrito Este de Virginia, ha sentenciado que Gavin tiene razón. Y punto.

Tras la decisión del Supremo de devolver el caso al tribunal federal el distrito escolar solicitó a la jueza Arenda L. Wright-Allen que desestimara el caso. Pero la jueza dijo que no. Wright-Allen analizó el caso y ha sentenciado que el centro y el distrito vulneraron el Título IX y la Cláusula de Protección Igualitaria de la Constitución.

El meollo aquí está en el Título IX. El Título IX es una ley federal de 1972 que prohíbe la discriminación en base al sexo en edificios públicos, como por ejemplo los colegios e institutos que reciben financiación del estado. Durante su mandato Obama ordenó que la discriminación por identidad de género también se considerara discriminación sexual, pero Trump dio marcha atrás a esa orden en cuanto entró en el Despacho Oval.

Y ése es el motivo por el que la victoria de Gavin es tan importante: porque un juzgado federal ha sentenciado que la discriminación por identidad de género también es discriminación sexual y, por lo tanto, está prohibida por el Título IX. De ahí que la jueza Wright-Allen haya ordenado al equipo legal de Gavin (que está siendo asistido por la ACLU) y al distrito escolar a que se sienten para llegar a un acuerdo en 30 días. Aprovechó, además, para señalar el daño gratuito provocado por la junta escolar tanto por “la localización de los baños” como por “la estigmatización y la angustia física y mental infligida sobre el Sr. Grimm.”

“Siento un increíble alivio“, ha declarado Gavin a través de un comunicado publicado por la ACLU, “Tras luchar esta política desde que tengo 15 años, finalmente tengo una sentencia judicial que dice que lo que la Junta Escolar del Condado de Gloucester me hizo estaba mal e iba en contra de la ley. Estaba dispuesto a no rendirme porque no quiero que ningún otro estudiante tenga que sufrir la misma experiencia por la que tuve que pasar.”

Tanto la ACLU como la Human Rights Campaign han celebrado la sentencia. Sarah Warbelow, directora legal de la HRC, ha declarado que “con la sucesión de ataques de la administración Trump-Pence a las personas LGTB+ en este país, incluyendo a los menores, nos alegra que otro juzgado federal haya reafirmado los derechos legales y la dignidad de las personas trans“.

Fuente | Pink News, vía EstoyBailando

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Desde Estados Unidos, el goteo de buenas noticias relativas a los derechos LGBT no para... Una jueza federal anuló el jueves a última hora la prohibición del matrimonio igualitario en Virginia, una decisión que sigue la línea de los dictámenes emitidos por tribunales en numerosos estados durante los últimos meses.

La jueza de Distrito Arenda Wright Allen ha dictado una suspensión de la enmienda constitucional mientras es recurrida, lo que significa que las parejas del mismo sexo en Virginia no podrán casarse todavía hasta que se resuelva definitivamente el caso.

Ambas partes creen que el caso no se resolverá hasta que la Corte Suprema decida escucharlo o uno parecido.

La juez federal Arenda L. Wright Allen ha dictaminado en la noche de este jueves 13 de febrero que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en las leyes del estado de Virginia es inconstitucional. Sin embargo, al igual que en otras recientes decisiones judiciales de este tipo, la aplicación de la sentencia ha quedado en suspenso hasta que sea revisada por la Corte de Apelaciones. Otra victoria más, en cualquier caso, para los partidarios de la igualdad LGTB en los Estados Unidos, en un proceso que se muestra imparable.

La sentencia de la juez Wright Allen es clara: tanto los artículos de la Constitución del estado de Virginia como los de su Código Civil o cualquier otra ley del estado “que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo o el reconocimiento por parte de Virginia de los matrimonios del mismo sexo legítimos celebrados en otras jurisdicciones son inconstitucionales. Estas leyes niegan a los demandantes su derecho al debido proceso y a la igual protección garantizados por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”.

Una resolución que bebe, sin duda, de la argumentación jurídica que sustentó la derogación de la sección 3 de la DOMA (la norma que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo) por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos el pasado junio. Se asemeja también a las recientemente dictadas por jueces federales en Utah, Oklahoma o Kentucky. Como en estos dos últimos estados, la aplicación práctica de la sentencia queda en suspenso, en este caso a la espera de que la Corte de Apelaciones resuelva el seguro recurso. Una decisión influida sin duda por el aplazamiento dictado por el Tribunal Supremo para el fallo de Utah (después de que en este caso se hubieran celebrado numerosos matrimonios).

El caso de Virginia se centra en una pareja gay de Norfolk a la que le fue denegada una licencia de matrimonio por el Tribunal de Norfolk en julio, poco después de que el Tribunal Supremo anulara la Ley de Defensa del Matrimonio. Una pareja del Condado de Chesterfield, casada en California y con una hija adolescente, se unió posteriormente a la demanda, solicitando que su matrimonio fuera reconocido en el estado Virginia. Los demandantes aseguran que el caso es análogo a otra causa que marcó un hito en 1967 cuando el Tribunal Supremo EEUU dictó sentencia en un caso de matrimonio interracial. Mildred y Richard Loving se casaron en Washington DC, y estaban viviendo en Virginia cuando la policía irrumpió en su casa y los acusó de violar la ley de Integridad Racial del estado. Fueron declarados culpables, pero más tarde prevalecieron ante el Tribunal Supremo.

En el caso de Virginia, la juez decidía sobre la demanda presentada por Mary Townley y Carol Schall, una pareja de lesbianas legalmente casadas en California, cuyo matrimonio no era reconocido por el estado de Virginia, donde residen. Carol deseaba adoptar a la hija que habían decidido tener ambas, pero que fue gestada por Mary. La respuesta de los funcionarios del registro civil fue “tú no eres nadie, no importas”, negándole la filiación. Ambas presentaron la demanda correspondiente, que ahora ha sido estimada por la justicia federal.

“La justicia a menudo se ha forjado a partir de las vejaciones y perjuicios sufridos” estimaba en su sentencia la juez Wright Allen, resolviendo que “los intereses del gobierno en la perpetuación de las tradiciones, protegiendo los asuntos estatales de la interferencia federal, y favoreciendo un modelo de paternidad sobre los demás deben ceder el paso a la protección de la garantía del ejercicio de las opciones privadas del ciudadano sobre el amor y la familia, tan querida por este país”.

La Oficina del Procurador General de Virginia tomó la decisión de no defender la prohibición

Virginia, giro político en muy poco tiempo

La sentencia se ha producido tan solo unos días después de que el nuevo fiscal general de Virginia, el demócrata Mark Herring, renunciara a defender ante los tribunales la prohibición del matrimonio igualitario que estaba vigente hasta ahora, ya que cree que la prohibición viola la cláusula de igual protección de la Enmienda 14. Sin embargo, pidió al juez que la mantuviera a fin de evitar una situación como lo que pasó en Utah después de que otro juez federal declarara inconstitucional la prohibición en ese estado a los matrimonios homosexuales. Herring se hacía en las elecciones de noviembre con el puesto de fiscal general que dejaba vacante el homófobo Ken Cuccinelli, candidato a gobernador por el Partido Republicano. Una batalla que perdió por escaso margen frente al candidato demócrata, Terry McAuliffe.

Dos cambios que sin duda han marcado para bien la evolución de los derechos LGTB en Virginia. La primera orden de Terry McAuliffe como gobernador fue de hecho prohibir la discriminación de los trabajadores LGTB del estado. Por otro lado, aunque la vía judicial, de resultar finalmente favorable, aceleraría el reconocimiento estatal del matrimonio igulitario, también se ha abierto un proceso legislativo: hace tan solo unas semanas, un grupo de legisladores del estado anunciaban su intención de presentar un proyecto de ley para revertir el veto del matrimonio entre personas del mismo sexo (vigente desde 2006 tras ser aprobada por los votantes en un referéndum con el 57% de los votos). Una iniciativa de éxito improbable (los republicanos controlan la Cámara de Delegados) pero de gran valor simbólico en este contexto.

 Fuente Cáscara Amarga y Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Anthony Kennedy, Arenda L. Wright Allen, Arenda Wright Allen, Carol Schall, Discriminación, DOMA, EE. UU., Estados Unidos, Kentucky, Mark Herring, Mary Townley, Matrimonio, Oklahoma, Terry McAuliffe, Tribunal Supremo (Estados Unidos), Utah, Virginia