El plan aprobado reconoce, en su tercer lineamiento estratégico, la existencia de grupos que requieren especial protección a sus derechos humanos: adultos mayores; afroperuanos y minorías étnico-raciales; personas con discapacidad; migrantes, desplazados y víctimas de trata; mujeres; niñas, niños y adolescentes; personas privadas de la libertad; indígenas; víctimas del conflicto armado interno; y personas con VIH y tuberculosis. Desaparece finalmente cualquier mención a las personas LTGB, y ello pese a que el borrador elevado a la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú en noviembre de 2012 contenía hasta 18 acciones para el reconocimiento, protección y promoción de sus derechos humanos. Acciones que según explica el MHOL “contemplaban la dación de leyes y ordenanzas contra la discriminación y los crímenes de odio, la prevención del bullying homofóbico, el reconocimiento de derechos de las parejas homosexuales, la ratificación de tratados internacionales que protegen a personas LTGBI, entre otras medidas”. Estas 18 acciones se convirtieron en los sucesivos borradores a los que el MHOL tuvo acceso en 14, después en 7, y finalmente en cero en la versión aprobada y publicada.

El MHOL ha querido desmentir además las declaraciones del ministro de Justicia peruano, Daniel Figallo, según el cual la comunidad LGTB no ha sido excluida del plan. “Si las declaraciones de Figallo respondieran a la verdad, dichas acciones no hubieran sido discriminadas del Plan finalmente aprobado y publicado”, ha expresado dicha organización tras conocer las declaraciones del ministro. “La exclusión de los derechos humanos de más de tres millones de peruanas y peruanos LTGBI del Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016 es un claro retroceso respecto al Plan 2006-2010 que sí contenía acciones explícitas contra la homofobia, e incumple diversos compromisos contraídos por el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y diversos comités de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como condiciones del Tratado de Libre Comercio entre Perú, Colombia y la Unión Europea”, añade el MHOL.

Preocupación del Defensor del Pueblo peruano por la exclusión

La exclusión de las personas LGTB ha sido también denunciada por el Defensor del Pueblo de Perú, Eduardo Vega, que en una carta dirigida al ministro de Justicia expresa que “observamos con preocupación que no se haga ninguna mención a la situación de las personas con distinta orientación sexual e identidad de género ni a la necesidad de políticas específicas a su favor. Esta ausencia contradice la visión, misión y lineamientos estratégicos reconocidos en el propio documento, así como en los instrumentos y resoluciones de la ONU y otras organizaciones internacionales que lo sustentan (…) El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha instado al Estado peruano a modificar su legislación con el fin de prohibir la discriminación por los motivos antes señalados y a ‘establecer clara y oficialmente que no tolera ninguna forma de estigmatización social de la homosexualidad, la bisexualidad o transexualidad, la discriminación o la violencia contra personas por su orientación sexual o identidad de género’. Esta situación expresa, además, una falta de continuidad en las políticas estatales, pues el Plan Nacional 2006-2010 sí incorporó algunas acciones para contribuir a revertir la grave situación de los derechos fundamentales de este colectivo”.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú también ha expresado su preocupación por el hecho de que se hayan invisibilizado por completo “los derechos de un grupo vulnerable como es la población LGTBI”, mientras que Francisco Soberón, de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), una de las organizaciones en favor de los derechos humanos más importantes del país, ha denunciado que “se deja de lado lo que se había avanzado en relación a las personas de orientación sexual diversa y eso expresa que el gobierno ha dejado de lado a la población LGTBI, confirmando así los silencios que ha tenido el presidente Ollanta Humala frente al debate de la unión civil”.

Un gobierno indiferente a los derechos LGTB

La exclusión de las personas LGTB del nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos viene a confirmar la definitiva claudicación de los poderes políticos peruanos ante los sectores más profundamente homófobos del país, defraudando el moderado optimismo que en su momento despertaron las promesas inclusivas del presidente Ollanta Humala.

Hace ahora un año, precisamente, el Congreso de Perú decidía también excluir la orientación sexual y la identidad de género de la ley contra crímenes por discriminación (“crímenes de odio”). Y las ilusionantes expectativas que había despertado el proyecto de unión civil entre personas del mismo sexo han quedado también frustradas por la reciente decisión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de sustituirlo por un sucedáneo denominado “unión solidaria”, un contrato entre dos personas con independencia de su sexo que regularía aspectos patrimoniales pero que no las reconoce como unidad familiar.