Mujeres y personas trans sufrieron graves abusos y torturas durante cuatro meses, mientras estaban detenidas. El juicio fue por jurado popular y ahora esperan el monto de la pena.

BUENOS AIRES, Argentina. Un jurado popular declaró culpables a 11 policías por el delito de vejaciones y abuso sexual. Las víctimas fueron 28 personas trans y mujeres que siguen afectadas por la violencia sufrida, con lesiones psicológicas y físicas que persisten. No quieren hablar. El terror las habita.

El miércoles 10 de mayo estaba prevista la audiencia de cesura, pero fue pospuesta. Durante esa audiencia las partes requieren el monto de la pena al juez Gerardo Gayol, del TOC 4 de La Matanza para que dicte sentencia. Por unanimidad, los 12 jurados estuvieron de acuerdo en considerar culpable a 11 de los 15 policías bonaerenses acusados. El veredicto se conoció el sábado 22 de abril.

A pesar de las normativas que lo prohíben, hoy las comisarías siguen albergando detenidos y detenidas muy por encima de sus capacidades. ¿El motivo? Los penales también están sobrepoblados, y la tasa de prisionalización no para de crecer.

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— Comisión Provincial por la Memoria (@CPMemoria) April 24, 2023

El caso

Los hechos denunciados tuvieron lugar en la Comisaría 3° de la Tablada, en La Matanza, entre septiembre de 2019 y enero de 2020.

El personal policial fue señalado como responsable de gravísimos delitos. Fueron declarados culpables el subcomisario Lionel Maximiliano Gómez, Ángel Ariel Reales y Javier Ramón González por los delitos de severidades y abuso sexual; Valeria Suárez, Silvia Solari y Lara de las Nieves Taramazzo por el delito de severidades; Silvina Suárez por el delito de abuso sexual; y Hernán Garzón, Yanina Vargas, Johanna Romero y Franco Hinojosa por el delito de vejaciones. Por su parte, Maida Ruiz, Cristian Aliaga, Leandro Maidan y Ariel Pasquale fueron declarados no culpables por el jurado.

La causa penal tenía otros 6 policías, integrantes del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), imputados por el encubrimiento de estos hechos; 5 de ellos firmaron un juicio abreviado. Uno de los abusos cometidos por GAD fue luego de una protesta cuando encerraron a 10 detenidas en un baño ínfimo. Las obligaron a desnudarse y a los golpes las obligaron a hacer ejercicios de fuerza mientras les gritaban “negras de mierda”, “putas”, “mugrientas”.

Desamparadas

Otro de los hechos fue durante una requisa en la que buscaban un celular. Las víctimas declararon que un agente policial de la comisaría revisó en sus cavidades íntimas, con sus dedos, y con el mismo par de guantes, a un mínimo de cuatro personas. Las requisas se realizaron sin autorización judicial y en el lugar había un escáner. Es decir que la maniobra era evitable.

Además, se supo en el juicio que era habitual el robo y la destrucción de los alimentos que ingresaban las familias de las detenidas, el aislamiento extremo como forma de castigo en pequeñas celdas por tiempos prolongados, teniendo que orinar y defecar en botellas y bolsas descartables.  Y también las hambreaban, arrojaban comida fresca en el patio y dejaban que se echara a perder, a la vista.

Se les administró agua en condiciones peligrosas para su salud.

Comisaría 3 de La Tablada, La Matanza, Provincia de Buenos Aires.

El contexto

El caso puede (y debe) leerse en una serie. Sofía Fernández (39) murió en una celda de una comisaría de Pilar, y aún se desconoce qué maniobra produjo la asfixia que terminó con su vida. El año pasado, Sasha Barrionuevo (38) falleció detenida en Mar del Plata por falta de asistencia médica. Estaba alojada en la alcaidía 44 del Complejo Carcelario de Batán. Había bajado más de 30 kilos en el último tiempo, estaba perdiendo la visión y casi no tenía movilidad cuando la llevaron (demasiado tarde) en camilla a recibir atención extramuros.

Según el informe emitido por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), durante 2022 hubo 129 crímenes de odio en la Argentina. De ese total, el 5% fue perpetrado específicamente por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de su función estatal, es decir, configuran casos de violencia institucional. El informe también consigna que el 84% de los casos (108) tienen como víctimas a mujeres trans. De esa cifra 12 fueron asesinadas.

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Según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, estadística penitenciaria oficial del país, que muestra la evolución y las características de la población privada de libertad en unidades penitenciarias, en 2021, en la Provincia de Buenos Aires hubo 92 mujeres trans detenidas y un varón trans, sobre un total de 46.437 personas. Las mujeres fueron 1.689, con lo cual los varones representan el 96,2% del total de detenidos en cárceles. Para saber lo que sucede en las comisarías la información no es pública, pero se puede inducir que las proporciones serán similares. Veamos cómo crece la cantidad de detenidos, sin que esta estrategia mejore de forma significativa los niveles de seguridad.

Durante las jornadas del juicio, familiares de las víctimas y militantes acompañaros con diferentes acciones. Foto: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) La Matanza.

El juicio

Lily Galeano integra la agrupación H.I.J.O.S de La Matanza. Es una de las militantes que acompañó el desarrollo de este juicio. “Mi mirada como hija, en este otro tipo de juicio, tan hermanados a la justicia social”, compara, como hija de desaparecidos de la última dictadura cívico militar (1976-1983), terrorismo de Estado que también incluyó al colectivo travesti trans.

La mujer construye un activismo situado en su territorio, con epicentro en el distrito más populoso del Gran Buenos Aires. Acompaña a familias con situaciones actuales de violaciones graves a los derechos humanos, que se siguen (re)produciendo hasta nuestros días.

«Los juicios contra los genocidas ya tienen otro marco», remarca, «otra jurisprudencia, otra aceptación social. Pero en los juicios por hechos de gatillo fácil, por ejemplo, hay otros estereotipos que pesan socialmente: el pibe chorro, la persona trans, la trabajadora sexual. Son sujetos sociales que siguen encontrando múltiples barreras, económicas y simbólicas, para acceder a la justicia», explica Lily.

“Era un juicio contra las mujeres pobres, y un juicio de clase: machista, racista”, remarca en diálogo con Presentes. Es uno de los motivos por el cual las víctimas no se sienten seguras para hablar. La defensa de los policías acusados fue muy agresiva para con ellas. No sirvió de nada ante el jurado popular, que “comprendió el dolor de las víctimas”, y tomó la decisión de protegerlas y condenar a los policías.

La Comisión Provincial por la Memoria representa a 17 de las 28 víctimas. Como querellante denunció la “sistematicidad” y la responsabilidad de la institución en prácticas que constituyen actos de tortura, con la intencionalidad de provocar sufrimientos y padecimientos graves en las víctimas, siendo funcionarios públicos con el deber de velar por la seguridad y la integridad de los detenidos.

Una red del bien

La investigación judicial se inició con una denuncia de la Defensoría General de La Matanza y el entonces Defensor de Casación, Mario Coriolano, que vehiculizó un habeas corpus presentado por familiares de las víctimas y una posterior denuncia penal de la CPM el 21 de enero del 2020.

Las audiencias fueron acompañadas por H.I.J.O.S. y APDH de La Matanza, la distrital de La Matanza de Suteba y colectivos de género y derechos humanos de la región.

Vanina Pasik

Fuente Agencia Presentes

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El acoso de la policía local a Lautaro Blengio es habitual, pero el 14 de marzo fue torturado por la Policía Local, llegando a simular que le fusilaban.

Varias organizaciones sociales denunciaron que el lunes por la mañana, la policía de Miramar secuestró y torturó a un militante por la diversidad llamado Lautaro, de 17 años. Según la denuncia, la policía lo interceptó a la salida de la escuela en un auto de civil, al que lo obligaron a subir a punta de pistola. De allí lo llevaron al vivero local, donde lo tajearon con cuchillos y lo quemaron con cigarrillos.

Con 17 años de edad, Lautaro Blengio es uno de los referentes en la lucha LGTB de su comunidad, siendo uno de los organizadores de la primera marcha del orgullo en su ciudad natal, la localidad bonaerense de Miramar. A pesar de su estética punk, es el presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Media N 1 Rodolfo Walsh, donde cursa último año de secundaria. Su familia ya había denunciado que el todavía adolescente está sometido habitualmente al hostigamiento de la Policía Local, que ya le había detenido en alguna ocasión sólo por ser activista. La mañana del lunes, 14 de marzo, el acoso traspasó la línea de la agresión llegando a la tortura cuando al volver de la escuela era interceptado por una persona identificada como policía que le obligara a subir a un coche a punta de pistola.

Según el sitio 0223.com.ar, sus padres ya habían presentado dos Habeas Corpus denunciando que desde el verano pasado el joven era perseguido por la policía. Lo tenían en la mira, dijo la madre, porque “tiene cresta, aros y usa borcegos negros”. Ambas presentaciones fueron rechazadas por “inconsistentes”.

Según lo relatado por el propio activista, se trataba de un policía que ya le había amenazado anteriormente, y que en esta ocasión estaba acompañado. Relata que lo llevaron encapuchado hasta el vivero de Miramar, donde le apagan cinco cigarrillos en el cuerpo, le arrancan un aro de la oreja, le realizan varios cortes con una navaja en la zona del abdomen y hasta llegan a simular que le están fusilando, para después abandonarlo en el lugar. Organizaciones sociales denuncian que esta violencia sistemática es habitual contra miembros de la comunidad LGTB con la connivencia de las autoridades locales, sucediendo episodios similares cada semana con total impunidad. Pero este caso es aún más grave, si cabe, al tratarse de un menor de edad.

Daniel Blengio, padre del adolescente señala sin vacilar que se trata de “discriminación”, explicando que han presentado “denuncia en la fiscalía local y la fiscal Ana María Caro que está investigando y nos pusieron protección con Prefectura en la puerta de casa“. Los primeros problemas con la Policía se producen durante el verano pasado, llegando a pedir a la Justicia de Paz de Miramar un habeas corpus preventivo «para evitar que le pase algo más grave y la jueza Hogan rechazó el pedido diciendo que no estaba en peligro. Entonces nos fuimos a la Justicia de Mar del Plata, donde iniciaron una investigación en la comisaría“. Se da la circunstancia de que que la juez Florencia Hogan es la esposa del intendente de Miramar, Germán Di Cesare.

La madre de Lautaro, militante de la federación argentina de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, denuncia que agentes de la policía le acosan habitualmente diciéndole “ché, pelotudo, no sabés quiénes somos nosotros, ya te dije que no quiero verte por acá”, además de que “lo insultan porque tiene cresta, aros y usa borceguís negros”, señalando que no quiere que su hijo sea el próximo Luciano Arruga, en alusión a otro adolescente argentino, desaparecido desde enero de 2009 hasta octubre de 2014, tras haber sido secuestrado por la policía de Lomas del Mirador, según defienden sus familiares.

AMADI (Asociación marplatense de derechos a la igualdad) denunció en su comunicado que la noche anterior al secuestro, “el mismo menor, y un grupo de amigos fue víctima de abuso de autoridad” durante una requisa por averiguación de antecedentes. Mientras les pedían documentos y los revisaban, sigue el comunicado, uno de los oficiales que participó del operativo tomó a Lautaro por el cuello, lo golpeó contra el capot del patrullero y le dijo “pendejo, yo no te conozco ni vos a mí, te voy a desfigurar la cara a piñas y te voy a tirar en el vivero”.

El lunes 14 , según la denuncia, el policía cumplió su amenaza. Luego de hacer subir a Lautaro a un auto de civil, fueron al Vivero Dunícola Florentino Ameghino. Allí, dice el comunicado de AMADI, con el menor encapuchado, lo hicieron bajar del auto a golpes y cortes de navaja.

“Una vez dentro del vivero, lo continúa golpeando, le produce cortes en la zona del abdomen, lo quema con cigarrillos y lo amedrenta y amenaza de muerte, con frases como “ahí te voy a fusilar” (señalando un cruz realizada con tajos en el pecho del menor)”, sigue la denuncia.

La familia del adolescente se contactó con varias organizaciones sociales, entre ellas la APDH y Frente Antirepresivo de Mar del Plata. La causa judicial por las torturas y el secuestro quedó en manos de la fiscal de General Alvarado, Ana María Caro.

Por su parte, la organización 100% Diversidad y Derechos expresó su repudio al ataque sufrido por Lautaro.

“Repudiamos enérgicamente este hecho y nos comprometemos a seguirlo de cerca. Lamentablemente no se trata de un caso aislado, se enmarca en un clima político e institucional de violencia y desigualdad. Exigimos a la gobernadora María Eugenia Vidal y al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo la intervención de la seccional de la policía bonaerense de Miramar, el descabezamiento de su cúpula y la separación preventiva de todos los agentes involucrados a fin de que no obstaculicen la investigación”, declaró el secretario de la organización, Martín Canevaro.

“Además, debido a que se trata de prácticas policiales que se reiteran contra la población LGTB, y especialmente contra personas trans en situación de prostitución, desde 100% Diversidad y Derechos exigimos la derogación del inconstitucional Código Contravencional y de las detenciones por averiguación de identidad y antecedentes en la provincia de Buenos Aires que se utilizan para perseguir a nuestra comunidad y otros grupos vulnerados por la discriminación”, continuó el activista.

“Existen reiterados casos en los que la policía detiene en la vía pública y comisarías a personas que exhiben sus documentos, constituyendo una práctica sistemática de las fuerzas policiales. Bajo pretexto de pretender tomar conocimiento de la identidad o los antecedentes de las personas ponen en funcionamiento un dispositivo de disciplinamiento social, estigmatizando y estableciendo un patrón valorativo sobre la actitud, la vestimenta y el aspecto de las personas que pasan así a ser sospechosas según este criterio de acción policial”, finalizó Canevaro.

Fuente Fuente: Cosecha Roja, 100% Diversidad y Derechos, vía SentidoG

General, Homofobia/ Transfobia. AMADI, Ana María Caro, APDH, Cristian Ritondo, Daniel Blengio, Florencia Hogan, Frente Antirepresivo de Mar del Plata, Germán Di Cesare, Lautaro Blengio, Mar del Plata, Maria Eugenia Vidal, Martín Canevaro, Policía, Tortura