Ayer informábamos de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminaba que los 22 países de la UE que obligan a las personas trans a esterilizarse para poder ver su género reconocido legalmente están vulnerando los derechos humanos y prohíbe su práctica. Hoy, publicaos esta nueva y buena noticia que ya adelantábamos en enero pasado…

Ya no sería necesario un informe médico para pedir un cambio de sexo en el registro civil.

El Gobierno socialista de Portugal aprobó el pasado jueves en consejo de ministros una propuesta de ley que establece el régimen de identidad de género y otorga reconocimiento civil a las personas intersexuales (que tienen características físicas de ambos sexos).

El documento también establece el marco legislativo para los transgénero y los transexuales, “suprimiendo las discriminaciones subsistentes en la ley, como forma de protección y promoción de los derechos fundamentales de estas personas”, recoge el comunicado del consejo de ministros, que no avanza más detalles.

Con ello, el Gobierno que preside Antonio Costa pretende avanzar en el respeto de los derechos humanos de transexuales, transgénero e intersexuales, “con procedimientos que garanticen una mayor calidad de vida y una mayor inclusión de un grupo social que con frecuencia es objeto de discriminación, estigma y violencia”.

El mes pasado, la secretaria de Estado para la Ciudadanía y la Igualdad, Catarina Marcelino, adelantó que la ley que estaba preparando el Ejecutivo establecería que ya no era necesario un informe médico para pedir un cambio de sexo en el registro civil. Además, reduciría la edad mínima para poder realizar esta solicitud de los 18 a los 16 años y garantizaría que los menores transexuales serían tratados en la escuela con el nombre con el que ellos mismos se identificaban. También fue anunciado que la norma prohibiría realizar intervenciones quirúrgicas para asignarles un sexo u otro a las personas intersexuales hasta que fueran lo suficientemente mayores como para elegirlo libremente.

La propuesta de ley aprobada el jueves por el Gobierno deberá ser sometida a tramitación en el Parlamento, donde los socialistas no tienen mayoría absoluta pero están apoyados por otras fuerzas de la izquierda.

¿Y en España, qué?

Portugal se sumará, de esta forma, al cada vez más numeroso grupo de países que respetan legalmente el principio de autodeterminación de género, como Noruega (que reconoce ese derecho también a los menores), Irlanda, Dinamarca o Malta. Este último país, de hecho, está considerado por las organizaciones trans el más aventajado por lo que al tratamiento del sexo legal de los menores se refiere, al no establecer límite de edad inferior para proceder a la modificación. La ley maltesa, además, fue pionera en el mundo al prohibir cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, un paso que ahora decide dar Portugal.

En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando. Y en Escocia ya se están planteando un avance similar.

España, mientras tanto, ha quedado “congelada” en el tiempo y mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la modificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.

El pasado mes de octubre, sin embargo, la Comisión de Igualdad del Congreso aprobaba, con los votos a favor de todas las fuerzas políticas salvo del PP, que prefirió abstenerse, una proposición no de ley que instaba al Gobierno a modificar la legislación. La proposición, que fue presentada por Ciudadanos y recibió aportaciones de PSOE y Unidos Podemos, pedía eliminar tanto el límite legal de 18 años para que así los menores puedan modificar en el Registro Civil la referencia a su nombre y su sexo como la exigencia de un diagnóstico y tratamiento médico.

En la actual coyuntura política española, aunque el PP se opusiera frontalmente a una reforma de este tipo, si las fuerzas que aprobaron esta proposición fuesen capaces de ponerse de acuerdo sobre el texto de una futura ley esta podría ser aprobada en el Congreso y superar un hipotético veto del Senado. Sería complicado, además, que el Gobierno hiciese uso de la prerrogativa que el artículo 134.6 de la Constitución Española le otorga: tener que dar su conformidad a aquellos proyectos de ley que pueda elaborar la oposición cuando supongan “aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario”, prerrogativa que según los analistas el Gobierno de Mariano Rajoy va a defender con uñas y dientes ante el Tribunal Constitucional cada vez que se presente un proyecto de ley que no desea aprobar. Y la actual composición del Tribunal Constitucional, como bien sabemos, es favorable a los postulados del PP por amplia mayoría, y así va a seguir siendo. Está por ver qué sucedería en este caso, en el que parece difícil argumentar que la reforma vaya a suponer un aumento del gasto. El hecho de que el PP se abstuviese y no votase en contra hace pensar que la oposición en este caso podría no ser tan frontal.

En este sentido, el pasado 20 de febrero, el grupo socialista del Congreso registró una propuesta de actualización de la ya anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como “ley de identidad de género”. La iniciativa fue presentada por la diputada socialista Dolores Galovart, que estuvo acompañada de Carla Antonelli, también diputada socialista (en la Asamblea de Madrid, en su caso) e histórica activista trans. El objetivo de la propuesta, entre otros: despatologizar la transexualidad y extender el derecho a ver reconocida legalmente tu identidad de género a los menores de edad. La Proposición de Ley, tal y como ha sido presentada por el grupo socialista (descargar PDF), elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serían necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga/Cristianos Gays

General, Historia LGTBI António Costa, Carla Antonelli, Catarina Marcelino, Dolores Galovart, España, Partido Socialista, Portugal, PSOE

Este 12 de febrero, el Parlamento portugués aprobó de manera absoluta una ley en la que autoriza la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

El Parlamento portugués confirmó este miércoles por mayoría absoluta una ley que autoriza a parejas homosexuales adoptar niños, tumbando el veto presidencial a este texto.

Todos los partidos de izquierda, mayoritarios desde las elecciones legislativas del 4 de octubre, y unos veinte diputados de la oposición de derecha, votaron a favor de la ley.

“El tiempo de la discriminación basada en la orientación sexual ha terminado”, exclamó el diputado socialista Pedro Delgado Alves. “La adopción por parte de parejas del mismo sexo no es contraria al interés supremo del niño”, agregó, en respuesta a los argumentos de algunos diputados de derecha.

El presidente conservador Aníbal Cavaco Silva, quien terminará su segundo mandato en marzo, se había negado el pasado 25 de enero a promulgar esta ley aprobada el 18 de diciembre en el Parlamento, como lo autoriza la Constitución. “Es importante que un cambio de esta magnitud, sobre un tema muy sensible socialmente, no entre en vigor sin ser precedido de un amplio debate público”, había estimado en un comunicado.

Los diputados socialistas respondieron que este debate se llevó a cabo antes de la aprobación del texto en el Parlamento.

La mayoría absoluta de los diputados, al menos 116 de los 230, permite superar el veto presidencial.

La adopción por parte de parejas homosexuales es una promesa de campaña del primer ministro Antonio Costa, quien llegó al poder en noviembre gracias a una alianza inédita con la izquierda radical.

Hasta ahora, la adopción a título individual estaba abierta a todos en Portugal, pero la ley de febrero de 2010 que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo excluye explícitamente el derecho a la adopción para parejas homosexuales.

Los diputados portugueses también decidieron el miércoles ignorar otro veto presidencial a una serie de enmiendas a la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo.

Fuente SentidoG

General, Historia LGTBI Adopción Homoparental, Aníbal Cavaco Silva, António Costa, Parlamento, Partido Socialista, Pedro Delgado Alves, Portugal

El presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, ha bloqueado ley de adopción homoparental aprobada por amplia mayoría en el Parlamento de Portugal. Un movimiento que reafirma su oposición al derecho y que puede ser una de sus últimas actividades como jefe de Estado del país luso.

Aníbal Cavaco Silva, presidente de la república de Portugal, ha decidido concluir su mandato con el veto a la ley que permitiría la adopción de menores a las parejas del mismo sexo, una medida largamente esperada por los defensores de los derechos LGTB, pues Portugal era el único país europeo con matrimonio igualitario, pero sin adopción homoparental. Sin embargo, la decisión de Cavaco Silva tan solo conseguirá retrasar la promulgación de la ley, pues las fuerzas de izquierda, mayoritarias en el Parlamento, ya han comunicado que votarán para levantar el veto. De cumplirse los plazos establecidos reglamentariamente, sería el propio Cavaco Silva quien debería promulgar la ley tras el levantamiento del veto, pues permanecerá como jefe de Estado en funciones hasta que ceda su cargo al ganador en las últimas elecciones presidenciales, Marcelo Rebelo de Sousa. Sea como sea, Aníbal Cavaco Silva ha querido finalizar su cometido como jefe de Estado haciendo gala una vez más de su inveterada LGTBfobia.

Portugal dio inicio el domingo a sus Elecciones Presidenciales, unos comicios que en su primera vuelta apuntan al ascenso de Rebelo de Sousa (PSD) como sustituto de Aníbal Cavaco Silva.

No obstante, a pesar de que el proyecto legislativo que pretende llevar la adopción homoparental a la república ibérica ha sido ampliamente apoyado por el Parlamento, Cavaco Silva ha aprovechado sus últimos días en el Palacio de Belém para bloquearla junto a la reforma de su ley del aborto. Este veto se debe a la orientación izquierdista de la nueva mayoría en la Cámara, que se opone frontalmente a las políticas de corte conservador y ultrarreligioso que el presidente Caravaco Silva ha impulsado durante la última legislatura.

El pasado 20 de noviembre de 2015, el Parlamento portugués aprobaba un conjunto de proyectos de ley para permitir la adopción homoparental, presentados por el Partido Socialista (PS), el Bloque de Izquierda, Los Verdes y el partido animalista Personas-Animales-Naturaleza (PAN). Las iniciativas recibieron el voto favorable de prácticamente toda la izquierda (se abstuvo Isabel Oneto, una diputada socialista) e incluso recibió 19 votos favorables de las filas del centroderechista Partido Social Demócrata (PSD), que en esa ocasión había dado libertad de voto a sus diputados.

Las iniciativas legislativas aprobadas fueron sometidas al dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías del Parlamento, que consensuó un texto unificado de todas ellas, al que dio su aprobación con fecha 16 de diciembre. Tan solo dos días después, el 18 de diciembre, el texto definitivo fue puesto de nuevo a consideración del Parlamento, que lo aprobó con los votos favorables de los todos los representantes de los partidos de izquierda (exceptuando la abstención del socialista António Cardoso) y de 17 diputados del PSD.

La redacción definitiva de la ley regresó a la Comisión de Derechos y Garantías del Parlamento, que le dio su visto bueno el 23 de diciembre y ordenó su publicación. Tan solo faltaba el trámite de su promulgación por parte del jefe del Estado, el presidente de la república Aníbal Cavaco Silva.

Según ha manifestado Cavaco Silva, la legislación que iguala los derechos de adopción entre parejas hetero y homosexuales es ”un cambio radical que requiere la consulta pública más amplia”. De la misma manera ha afirmado que el Parlamento no ha demostrado que respalda suficientemente ”el interés superior del menor’‘

A su vez, el jefe de Estado Portugués también ha vetado la decisión del Parlamento de eliminar la consejería obligatoria para mujeres que quieren interrumpir su embarazo, alegando que el asesoramiento es un requisito común en otros países europeos y su eliminación merma el derecho a la información.

Después de este movimiento, se espera que el voto de dos tercios de la Cámara obligue a la Presidencia de la República a aprobar ambas leyes. No obstante, en vez de Cavaco Silva, puede ser el presidente entrante, Rebelo de Sousa, quien finalmente la ejecute.

El veto presidencial como recurso al pataleo

Pero Cavaco Silva tenía pensado terminar su mandato presidencial evidenciando una vez más su inveterada LGTBfobia, que ya se puso de manifiesto durante la aprobación del matrimonio igualitario en 2010, para cuya promulgación puso todo tipo de objecciones y cortapisas. Así, una de sus últimas decisiones como presidente ha sido la de vetar la ley de adopción homoparental y devolverla al Parlamento, lo que hizo oficialmente el pasado 23 de enero.

Su excusa para el veto ha sido que, para él, “es importante que no se introduzca un cambio tan grande en un asunto social sin que haya un debate público”, insinuando así la celebración de una consulta popular. También declaraba que había prevalecido en su criterio “el interés de los niños sobre la igualdad entre las parejas del mismo y distinto sexo”. Además, sabiendo que la mayoría parlamentaria de las fuerzas de izquierdas es suficiente para levantar su veto, advertía sibilinamente de que Portugal tiene problemas económicos y sociales más graves que la adopción homoparental.

A pesar de la advertencia, las fuerzas de izquierda han comunicado que procederán al levantamiento del veto a la mayor brevedad, posibilidad que se podría dar incluso esta misma semana. En todo caso, aunque la votación tuviera lugar al término de los quince de plazo establecidos legalmente, sería el propio Cavaco Silva quien tendría que promulgar la ley. El reglamento indica que la promulgación debe efectuarse dentro de los ochos días posteriores al levantamiento del veto, y la investidura como presidente de la república de Marcelo Rebelo de Sousa, ganador en las recientes elecciones presidenciales, no tendrá lugar hasta el 9 de marzo, por lo que Cavaco Silva sería aún el jefe de Estado en funciones. En caso de no hacerlo, estaría violando la Constitución portuguesa, aunque no hay sanción establecida para un caso semejante. Aún así, la ley podría ser promulgada una vez que tomara posesión de su cargo el nuevo presidente, Rebelo de Sousa, que ya ha declarado que no tendría ningún inconveniente en hacerlo.

Cabe recordar que la ley de adopción homoparental fue aprobada por el Parlamento, por iniciativa de los partidos de izquierda, antes de que se formara gobierno tras las elecciones generales del 4 de octubre, pues Cavaco Silva rehusaba nombrar otro primer ministro que no fuera su correligionario Pedro Passos Coelho, del PSD. Sin embargo, su nombramiento fue objeto de una victoriosa moción de censura por parte de la mayoría parlamentaria de izquierdas. Aun así, no fue hasta el 24 de noviembre cuando finalmente Cavaco Silva tomó la decisión de nombrar al socialista António Costa como nuevo primer ministro, tras casi dos meses de incertidumbre y con la amenaza persistente de una nueva convocatoria de elecciones.

Un largo periplo hasta la aprobación

La ley portuguesa de matrimonio igualitario fue aprobada en 2010, pero incluyendo una cláusula discriminatoria que impedía optar a la adopción, y ello pese a que las personas homosexuales solteras sí pueden adoptar. De esa manera, Portugal era el único país de Europa con matrimonio igualitario pero sin adopción homoparental.

La limitación fue impuesta por el entonces gobernante Partido Socialista contra el criterio de otros grupos de izquierda, y muchos la consideraron inconstitucional, dado que la Constitución de Portugal es una de las pocas del mundo que recoge de forma expresa la no discriminación por razones de orientación sexual. De hecho, aunque la ley fue sometida a revisión por el Tribunal Constitucional portugués por iniciativa del presidente de la república, el conservador Aníbal Cavaco Silva, esta cláusula quedó expresamente fuera de la consulta, para evitar precisamente que fuese el único punto declarado inconstitucional.

En febrero de 2012, ya con mayoría de centro-derecha, el Parlamento rechazó acabar con esta discriminación, pero varios diputados del PS expresaron su intención de promover un proyecto que legalizara la coadopción, es decir, la posibilidad de que uno de los cónyuges de un matrimonio entre personas del mismo sexo pudiese adoptar a los hijos legalmente reconocidos del otro, para dar seguridad jurídica a las familias homoparentales ya existentes.

En mayo de 2013 el gobernante PSD permitió de hecho que prosperara la iniciativa cuando fue votada en primera lectura. Una actitud que causó malestar entre las bases más conservadoras de ese partido, lo que derivó en que ocho diputados pertenecientes a sus juventudes propusieran un referéndum sobre la materia.

Los partidos de izquierda no renunciaron a dar la batalla y en enero de 2015 presentaron tres proyectos para permitir la adopción de menores por parte de las parejas casadas del mismo sexo. Las propuestas fueron derrotadas con los votos del PSD y de sus socios del CDS-PP, situados aún más a la derecha. La novedad, en este caso, fue el voto favorable del Partido Comunista, que en el pasado se había abstenido en las votaciones sobre la materia. Por parte de los dos grandes partidos hubo varios diputados que se saltaron las directrices de su formación: siete representantes del PSD apoyaron la iniciativa del PS y, en sentido contrario, tres socialistas se opusieron a la adopción homoparental.

Finalmente, tras las últimas elecciones, en las que las fuerzas de izquierda lograron superar a la coalición formada por el PSD y el CDS-PP, se logró aprobar un texto de consenso que permitía la adopción a las parejas del mismo sexo en las mismas condiciones que a las parejas heterosexuales. Ahora tan solo resta que la mayoría parlamentaria de izquierdas logre levantar el veto a la ley del presidente Cavaco Silva.

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