El horror…

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Ya son más de mil los curas acusados de pederastia en todo EEUU, según AP

“No creo que la Iglesia sea capaz de vigilarse a sí misma”, lamenta el fiscal del estado, Josh Shapiro

(C. Doody/AP).- La crisis de abusos en la Iglesia estadounidense sigue arrojando luces y sombras. Sombras como la que aún cubre las diócesis de Pensilvania, donde las autoridades civiles han recibido 1.400 nuevas denuncias por abusos del clero después de la publicación del informe de horrores del gran jurado en agosto. Y luces, porque la presión de la justicia está obligando a la Iglesia a ser más transparente en cuanto a los pederastas en sus filas.

En los últimos cuatro meses, diferentes entidades de la Iglesia en los Estados Unidos han publicado los nombres de más de mil sacerdotes y otras personas acusados de abuso sexual a menores, en una revelación pública sin precedentes provocada, al menos en parte, por la enorme investigación en Pensilvania, concluye Associated Press.

Casi 50 diócesis y órdenes religiosas han identificado públicamente a sacerdotes que abusaron de menores tras el reporte de Pensilvania de mediados de agosto y otras 55 han anunciado planes de hacer lo mismo en los próximos meses. En total, representan más de la mitad de las 187 diócesis del país.

La revisión llevada a cabo por la agencia también determinó que casi 20 investigaciones locales, estatales o federales, penales o civiles, han sido lanzadas desde la publicación de las conclusiones del jurado investigador en Pensilvania. Dichas investigaciones podrían hacer públicos más nombres y acusaciones, además de generar multas contra las diócesis y que se tomen medidas de seguridad ordenadas por las cortes.

“La gente vio lo sucedido en esas parroquias en Pensilvania y dijo: ‘Eso pasó también en mi parroquia’. Pudieron ver la relación y exigen la misma responsabilidad“, dijo Tim Lennon, presidente de la junta de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP).

En algunos casos, las acusaciones recién reveladas datan de hace seis o siete décadas; la más antigua de todas es de 1910 en Luisiana. La mayoría de los sacerdotes fueron apartados desde hace tiempo del sacerdocio y, según un análisis de la AP, más de 60% han muerto. En la mayoría de los casos, el plazo legal para cargos penales o demandas ha expirado.

Más de 1,000 sacerdotes acusados de abusar sexualmente de niños han sido identificados públicamente. https://t.co/OcCEC8gbuM pic.twitter.com/lISKRkJ5Ua

— Noticias45Houston (@noticiashouston) 4 de enero de 2019

No obstante, activistas dicen que exponer a los abusadores casi dos décadas después del estallido del primer escándalo en Boston en el 2002 es un paso alentador, en parte porque les da a algunas víctimas un sentido de vindicación tras décadas de silencio oficial o negativas.

Además, podrían aumentar las presiones contra las diócesis para establecer fondos de compensación a las víctimas, como lo hizo la iglesia en Pensilvania, y la dinámica en marcha podría desembocar en la expulsión de abusadores de puestos eclesiásticos que dan acceso a niños.

“Es un hito. Nos acercamos cada vez más a lo que debería ser, un reconocimiento verdadero a nivel nacional“, dijo Joe McLean, que presentó una demanda junto con otras víctimas para obligar a la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos a publicar los documentos sobre abusadores en todo el país.

La crisis, en cifras

La investigación en Pensilvania, encabezada por el fiscal general Josh Shapiro, identificó a casi 300 “sacerdotes depredadores” en casos que datan de hasta siete décadas y acusó a los líderes de encubrir los abusos, en algunos casos readmitiendo a sacerdotes a sus labores tras breves temporadas en centros de tratamiento o simplemente mudándolos a otros sitios. Los activistas dijeron que el informe tuvo un gran impacto, porque ha sido el más extenso hasta el momento, abarcando casi todo el Estado.

“No es suficiente”, dijo Shapiro a AP a propósito de las nuevas medidas que se han adoptado contra la pederastia en la Iglesia estadounidense desde la publicación del informe del gran jurado. “Sin embargo, no creo que la Iglesia sea capaz de vigilarse a sí misma. Necesita fuerzas externas, idealmente de la justicia, para obligarle a rendir cuentas”.

La lista más grande de curas pedófilos que ha salido a la luz pública hasta ahora la publicó la provincia del oeste de la Compañía de Jesús, que abarca nueve estados en el oeste del país. Esta orden identificó a 111 sacerdotes pederastas. La archidiócesis de Nueva Orleans, por otro lado, publicó los nombres de 61 sospechosos, y la diócesis de Syracuse, en Nueva York, los de 57. La archidiócesis de Los Ángeles reveló más de medio centenar de sacerdotes pedófilos de la última década, mientras que la diócesis de Great Falls-Billings, en Montana, divulgó los nombres de 47 pederastas.

Mayor transparencia

Y es que si se puede decir que la publicación del informe del gran jurado de Pensilvania ha tenido un impacto positivo, porque el escándalo ha empujado a diócesis y órdenes como las anteriormente citadas a un mayor esfuerzo de transparencia, si bien es cierto que aún queda camino por recorrer.

Mientras que en los 16 años entre el escándalo de pederastia en la Iglesia de Boston  famoso por la película Spotlight y el informe de horrores de Pensilvania solo 30 diócesis publicaron sus listas de curas abusadores -en mayor parte obligadas por la justicia y no por iniciativa propia- en estos cuatro meses desde la investigación del gran jurado 13 diócesis han tomado el paso de invitar incluso a policías o jueces ya jubilados a revisar sus expedientes internos.

Diócesis como la de Little Rock, Arksansas, cuyo obispo, Anthony B. Taylor, recientemente publicó una lista de 12 curas abusadores y invitó a un asesor independiente a auditar los archivos de la Iglesia local. Taylor explicó a AP: “El informe del gran jurado de Pensilvania nos ayudó a reafirmar nuestra decisión de avanzar con lo que ya estábamos haciendo. Afectó el plazo, no tanto la decisión”.

AP Exclusive: Big jump in US Catholic dioceses naming names https://t.co/zKYgF2GKxE

— CBS NewsChannel 5 (@kgwntv) 4 de enero de 2019

Fuente Religión Digital

General, Iglesia Católica Abuso sexuales, Anthony B. Taylor, Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Corte Suprema, Diócesis de Erie, Estados Unidos, Joe McLean, Josh Shapiro, Pensilvania

Recuerda que la defensa de la vida va más allá de la oposición al aborto

“Todas las vidas tienen una dignidad inherente, incluso las de los condenados a muerte”

(Cameron Doody).- El obispo de Little Rock (Arkansas), Anthony B. Taylor, boicoteó la edición local de la Marcha por la Vida el pasado domingo en protesta por la presencia en capacidad de ponente invitada de la fiscal general del estado sureño, una conocida defensora de la pena de muerte.

En una carta a sus fieles, el obispo Taylor lamentó que, aunque la vigilia y las misas que se vienen celebrando cada año en el aniversario de la legalización del aborto en EEUU seguirían igual este año en la diócesis, él personalmente no participaría en la marcha y la manifestación por la vida. ¿La razón? Que Arkansas Right to Life (“Derecho a la vida Arkansas“), la organización que organizó el evento este año, eligió para dirigirse a la manifestación a la fiscal general Leslie Rutledge. Una persona, en palabras del obispo, que tiene “buenas credenciales anti-aborto, pero por lo demás no es para nada una apropiada ponente pro-vida”.

En su misiva, el obispo de Little Rock recuerda que la fiscal Rutledge “trabajó incansablemente el año pasado para garantizar la ejecución de cuatro criminales que ya no representaban ninguna amenaza para nuestra sociedad”. Taylor rememora los esfuerzos de la diócesis de Little Rock “al pedir la clemencia para estos cuatro hombres”, pero lamenta a la vez que “a cada paso se nos opusiera la fiscal Rutledge”. El prelado además indica que intentó convencer a Arkansas Right to Life a que eligiera a otra ponente, pero que todos sus esfuerzos no dieron resultado.

El obispo Taylor justificó su postura ante sus fieles argumentando que “la Iglesia enseña una ética consistente de la vida en la que la vida y dignidad humanas deben ser protegidas desde el primer momento de la concepción hasta la muerte natural y en cada etapa intermedia”. “Esto significa“, añadió el prelado, “que todas las vidas tienen una dignidad inherente dada por Dios”: incluso las de los condenados a muerte, “razón por la que debe abolirse la pena capital”.

En contraste con el tradicional enfoque anti-aborto de la Marcha por la Vida, la frase usada por el obispo de Little Rock –“ética consistente de la vida”– evoca el legado del cardenal Joseph Bernardin, quien equiparaba la muerte de niños no nacidos con otras formas de exclusión social.

Ser verdaderamente pro-vida, escribió el entonces arzobispo de Chicago, en 1984, implica “unir la humanidad de los no nacidos con la humanidad de los hambrientos: llama a la acción legal positiva para impedir el asesinato de los nonatos o los ancianos y a la acción social para dar cobijo a los sin techo y dar educación a los analfabetos”.

Fuente Religión Digital

General, Iglesia Católica Aborto, Anthony B. Taylor, Arkansas, Joseph Bernardin, Leslie Rutledge, Little Rock, Marcha por la vida, Pena de Muerte