Niegan acceso a vivienda a una anciana porque su cuidador es gay
Angela, Elba y Lucas
A sus 76 años de edad, Elba Vega tiene una discapacidad que le obliga a tener un cuidador. Después de que su hija, Angelina Fernández, formalizara un contrato de alquiler de una vivienda ubicada en la Calle Blanco Encalada, en Arica, la propietaria del inmueble no le ha permitido el acceso a la vivienda porque su cuidador es gay.
La arrendadora no pone problema alguno cuando es la hija de Elba la que firma el contrato. Ella es quien le comenta la orientación sexual de Lucas Tonini, de 20 años de edad y cuidador de su madre, tras preguntarle la arrendadora, Leslie Thompson, por los modales finos del joven. Si bien en ese momento no le dice nada, poco después la llama por teléfono para explicar que la persona con la que convive sí tiene problemas con las personas homosexuales, indicándoles que perdieran cuidado por que ella resolvería el conflicto. Sin embargo, cuando Elba y Lucas llegan a su nuevo domicilio con el camión de la mudanza, su casera no les abre la puerta.
«Los responsables de este abuso ni siquiera han devuelto a Elba el mes de arriendo que pagó por adelantado, por lo que además estamos ante un robo», señala un portavoz desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) que explica que «los problemas iniciaron minutos después de que la hija de Elba, Angelina Fernández, firmara ante notario con la dueña de la propiedad, Leslie Thompson, el contrato de arriendo de una pieza para su madre y para Lucas, con el respectivo pago de la garantía y el primer mes de arriendo» en lo que denominan un acto «de la mayor cobardía», puesto que ni siquiera salieron ante la llamada a la policía.
La arrendadora desmiente que se trate de un caso de homofobia y se defiende indicando que la persona con al que firmó el contrato fue con Angelina Fernández, persona que según ella debería residir en un apartamento que considera inviable para que puedan compartir dos personas, mucho menos dos que no han firmado el contrato. «No es así, lo que expresa la señora Ángela, porque yo le arrendé a ella, hay un contrato que se hizo legal. Ella llegó con terceras personas a mi casa. Ahora cuando hubo el problema, llamó a Carabineros y yo dije que yo le devolvía todo el dinero. Ella ha hecho un escándalo de proporciones. No entiendo a la señora», declara Thompson.
A la espera del resultado de la investigación, lo cierto es que fuera quien fuera la persona que firmara el contrato, da la impresión de que la propietaria del apartamento sabía desde un principio quién iba a hacer uso del inmueble, así como está claro que la mudanza la puede realizar con cuantas personas quiera, por lo que presentarse junto con su madre y su cuidador no parece ser motivo suficiente para impedirles el acceso a la vivienda.
Fuente MOVILH
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