Comentarios desactivados en El Congreso respalda la Declaración Institucional contra la LGTBIfobia en el deporte bloqueada por la ultraderecha en el Senado.
La Declaración Institucional quedó bloqueada en el Senado la semana pasada por el voto en contra del senador de VOX.
El Congreso ha aprobado este jueves una declaración institucional contra la LGTBIfobia en el deporte, una iniciativa que se presentó hace una semana en el Senado y que no salió adelante por el veto del único senador de Vox.
La Cámara Baja, con los votos a favor de todos los grupos, se compromete así a “promocionar políticas respetuosas con la diversidad y que fomenten un deporte inclusivo y tolerante”, según se lee en la declaración, promovida por el PSOE, cuya diputada Ángeles Álvarez comenzó a impulsar el acuerdo sobre esta declaración al conocerse que en el Senado no fructificó por la posición contraria de Vox.
El texto suscribe la declaración final del I Congreso Deporte y Diversidad, celebrado recientemente en Madrid, que propone, entre otras medidas, “denunciar los comportamientos LGTBIfóbicos, machistas y xenófobos en el entorno del deporte”, “acabar con cualquier expresión de violencia por cuestiones relacionadas con la diversidad sexual” o “equiparar el reconocimiento público de las deportistas femeninas respecto a las masculinas”.
Esta declaración se iba a aprobar en el Senado el 20 de febrero, un día después del Día contra la LGTBIfobia en el Deporte, celebrado en recuerdo a Justin Fashanu, primer futbolista profesional que se declaró abiertamente homosexual en el año 1990. El voto en contra del senador de Vox, Francisco José Alcaraz, en el grupo mixto de la Cámara Alta, impidió que así ocurriera, gesto que criticaron el resto de partidos y que el parlamentario defendió tachando el documento de “panfleto ideológico del PSOE”.
La asociación “Deporte y Diversidad” (que agrupa a los clubes deportivos LGTBI de Madrid), la “Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI+” (integrada por clubes deportivos LGTBI de España y Portugal) y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), había solicitado a los diputados de todos los partidos políticos que promovieran, firmarann y apoyaran el escrito que recoge los objetivos consensuados en la Declaración Final emitida tras la celebración del “I Congreso Deporte y Diversidad”, previo al Día Internacional contra la LGTBIfobia en el Deporte.
Tras su bloqueo en el Senado la semana pasada, las principales entidades que representan al colectivo LGTBI hacen un llamamiento a los Grupos Parlamentarios que integran el Congreso de los Diputados para que con su apoyo se haga realidad esta declaración institucional en el último Pleno de la Cámara Baja, que se celebrará este jueves 28 de febrero antes de su disolución ante las próximas elecciones generales.
La petición llegaba después de que esta misma iniciativa fuera paralizada el pasado miércoles en el Senado por Francisco José Alcaraz, primer senador de VOX perteneciente al Grupo Mixto, único integrante de la Cámara Alta que renunció firmar la declaración institucional, frenando así una propuesta que contaba con el consenso del resto de Grupos del arco parlamentario. “No podemos dejar que un solo senador de ultraderecha impida un momento histórico, la unidad de todos los partidos políticos en el apoyo a un deporte más inclusivo, diverso e igualitario”, ha afirmado el presidente de “Deporte y Diversidad”, David Guerrero.
La Declaración Final del I Congreso Deporte y Diversidad fue el resultado de un amplio consenso alcanzado entre esta asociación, la Comunidad de Madrid, deportistas profesionales, federaciones, clubes y expertos/as en materia de diversidad y género. El texto fue refrendado por la asesora del Comité Olímpico Internacional en cuestiones de género Joanna Harper, la periodista deportiva Paloma del Río, el waterpolista Víctor Gutiérrez, la futbolista Alba Palacios, el capitán de la selección española masculina de rugby Jaime Nava, la pionera de la esgrima paralímpica española Gema Hassen-Bey, el Senador Juan Luis Soto, el Consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid Jaime de los Santos, la Gerente y Secretaria General de la Federación Madrileña de Patinaje Paz Granados, el Secretario General de la Federación Española de Ciclismo Alejandro Martín, el fundador de Madrid Titanes (primer club de rugby inclusivo de España) Víctor Granado, el asesor legal Sebastián Salinas o los periodistas deportivos Juan Antonio Alcalá y Javier Callejo.
En los últimos días se han producido numerosas adhesiones al citado texto, entre ellas: los cinco clubes deportivos inclusivos madrileños Halegatos, Madrid Titanes, GMadrid Sports, Madminton y Madpoint; la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB); la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI+ (ADI LGTBI+); la Asociación de Familias de Menores Transexuales Chrysallis; y los clubes deportivos LGTBI Panteres Grogues (Barcelona), Samarucs (Valencia), AD Cierzo Prolgtb+ (Zaragoza), Miaukatu z (Vitoria) y Diversport (Málaga).
Personas trans en el deporte
El punto de la Declaración Final del I Congreso y Diversidad que el senador de ultraderecha utilizó como excusa para su veto dice literalmente: “garantizar la práctica deportiva de las personas trans e intersexuales de acuerdo a su sexo sentido, protegiendo sus derechos y su intimidad, y velando especialmente en el deporte de élite por una reglamentación que asegure las condiciones de igualdad”.
Esta formulación recoge los derechos de las personas trans sin dejar de garantizar que la competición sea justa. Tanto la Declaración como las jornadas de las que emana, tienen un enfoque centrado en la perspectiva de género y la reivindicación del deporte femenino.
El consenso internacional sobre la participación de las personas trans e intersexuales en el deporte se está buscando desde hace años. Actualmente, la directiva del Comité Olímpico Internacional aprobada en 2015 establece la participación de los hombres trans en la categoría masculina sin ningún tipo de restricción,mientras que fija una serie de limitaciones a la competición de las atletas trans en categoría femenina con el objetivo de garantizar una competencia justa: imposibilidad de modificar su identidad de género con fines deportivos durante los cuatro años que dura el ciclo olímpico, y tener un nivel de testosterona por debajo de los 10 nmol/L en los doce meses previos a la competición.
Esta recomendación del COI se queda alejada de las leyes autonómicas actuales (en Madrid, Andalucía, Valencia o Aragón prevalece el sexo sentido de los deportistas) e incluso de algunas federaciones, que han eliminado todas las restricciones en deportes de equipo. Estudios como el de la doctora Joanna Harper demuestran que tras completar su tratamiento hormonal, las mujeres trans presentan niveles de testosterona equivalentes a los de las mujeres cisgénero. La propia Harper afirma que las deportistas trans son como “un coche grande con un motor pequeño, compitiendo contra un coche pequeño con un motor pequeño” y por tanto, no tienen ninguna ventaja competitiva.
Las y los deportistas cisgénero pueden presentar niveles de testosterona muy por encima de la media, sin que nadie se plantee medirlos. Tampoco se pone en duda la participación en alta competición de deportistas con excepcionalidades genéticas, tales como las personas zurdas en esgrima o con mayor capacidad pulmonar y envergadura en natación. Además, la presencia de mayor testosterona en el cuerpo no se traduce siempre en un mayor rendimiento deportivo o un incremento de fuerza. Prueba de ello es el caso de la saltadora de vallas María José Martínez Patiño, quien a pesar de no metabolizar la testosterona, fue expulsada de la carrera Olímpica.
Comentarios desactivados en La Ley LGTBI comienza su trámite parlamentario con 287 enmiendas
Tras decaer la enmienda a la totalidad del PP, la Ley LGTBI continúa el trámite parlamentario con 287 enmiendas presentadas por todos los grupos políticos.
Podemos retira de la ley las multas por ofensas LGTBfóbicas en redes sociales porque valoran muchísimo la libertad de expresión.
Hace casi un año que Unidos Podemos registró en el Congreso la Ley LGTBI redactada por FELGTB y diversas entidades más y ahora, por fin, empieza su trámite parlamentario. Recordamos el tiempo que ha pasado porque en su momento uno de los motivos por los que FELGTB permitió a Javier Maroto y Andrea Levy (PP) portar la pancarta de la manifestación del World Pride era que con el apoyo de los grupos políticos esperaban que se admitiera a trámite antes del día del Orgullo LGTB+.
La ley ha estado dando vueltas por el Congreso sufriendo continuos retrasos por las diferentes enmiendas que cada grupo político ha querido hacer sobre el texto. Texto que, como dijimos en su momento, era una propuesta y necesitaba esas enmiendas.
La proposición de ley de Igualdad LGTBI presentada por Unidos Podemos en el Congreso ha recibido 287 enmiendas parciales de todos los grupos parlamentarios, incluido el de Podemos, después de que la semana pasada la Cámara Baja tumbara el texto alternativo que había presentado el PP.
El PSOE es el grupo parlamentario que ha registrado un mayor número de propuestas, con alrededor de un centenar de enmiendas; seguido del PP y el grupo mixto, con más de cincuenta cada uno; el PNV, con casi cuarenta; Ciudadanos, 19; Unidos Podemos, 13, y ERC, dos.
Unidos Podemos ha corregido su propia Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género a través de 13 enmiendas, que reducen las sanciones administrativas a quienes ofendan por esos tres motivos hasta un máximo de 12.000 euros y no 45.000 como propusieron al principio.
También ha eliminado uno de los artículos más polémicos de su texto, la de proceder al “decomiso y destrucción, borrado o inutilización de libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte” que atenten contra la normativa.
Los socialistas proponen el cambio en la denominación para que sea la “Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación por Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género” y la reforma de la legislación para permitir la rectificación registral de la mención relativa al sexo y nombre de los menores transexuales.
Según la diputada Ángeles Álvarez, el objetivo de las enmiendas son “ordenar” y “pulir” el texto de Podemos y “dotar a la proposición de ley de igualdad LGTBI de un marco normativo general contra la discriminación y a favor de la igualdad de trato”. “Todas las enmiendas están diseñadas para buscar un gran acuerdo que permita sacar adelante esta Ley”, ha señalado Álvarez, quien destaca que también pretenden evitar preceptos que ponen en cuestión la Ley de violencia contra las mujeres.
Así, plantean que la definición de violencia intragénero defina “aquellos actos de violencia que se produzcan entre los miembros de una pareja sentimental del mismo sexo”, que serán considerados como violencia doméstica.
El PSOE propone suprimir órganos innecesarios como la Agencia estatal contra la discriminación por orientación sexual o el Centro Nacional de la Memoria Histórica LGTBI.
El PP pide suprimir medio centenar de artículos y varias disposiciones finales de la ley, entre ellos, los que se refieren al ámbito de los menores, eliminado propuestas como tener derecho a recibir de la administración la protección y atención necesarias para promover su desarrollo integral. También pide la anulación del artículo que reconoce el derecho de los menores a desarrollarse física, mental y socialmente de forma saludable, así como en condiciones de libertad y dignidad, y de utilizar libremente el nombre que hayan elegido.
En el medio centenar de enmiendas, el PP rechaza hacer el Centro Nacional de la Memoria Histórica LGTBI, apuesta crear el Consejo Estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI dentro de Sanidad y mantener la legislación vigente respecto a la adopción y acogimiento familiar.
Ciudadanos pide en las 19 enmiendas que la agencia estatal sea sustituida por una Oficina contra la Discriminación por Orientación Sexual, con rango de dirección general y dependiente de Sanidad, cuyas funciones se limiten al asesoramiento, evaluación y elaboración de informes y estadísticas en materia de discriminación y delitos de odio.
También incluir el permiso paterno o de tutor o juez en su caso para someterse a tratamientos hormonales, además de en las intervenciones quirúrgicas, que plantea se hagan a partir de los 16 años.
Por su parte, el PNV pide eliminar la referencia al auxilio de la fuerza pública para hacer efectivo el derecho de admisión ante casos de discriminación y varias modificaciones para evitar invasión de competencias de algunas de las medidas.
ERC presenta una enmienda para modificar la redacción de la Agencia Estatal para que respete el ámbito competencial y la legislación autonómica al respecto.
Entre las enmiendas del Grupo Mixto, se plantea corregir algunos artículos, como el relacionado con los menores para incluir que se tenga especialmente en cuenta su derecho al libre desarrollo de la personalidad y su capacidad para tomar decisiones tanto para acceder a la reasignación sexual quirúrgica, como para acceder a los bloqueadores hormonales y al tratamiento hormonal cruzado.
Comentarios desactivados en Marta Higueras, número dos del Ayuntamiento de Madrid y “mano derecha” de Manuela Carmena, se visibiliza como lesbiana en los medios
Mano derecha de Manuela Carmena y alcaldesa de Madrid en funciones cuando aquella se ausenta de la ciudad, Marta Higueras es una mujer no demasiado conocida por el gran público. Pese al poder que atesora en el Ayuntamiento como primera teniente de alcalde y persona de la máxima confianza de Carmena, siempre ha preferido mantener un perfil público bajo. Por eso nos alegra que Higueras, abiertamente lesbiana en su vida y relaciones personales, haya decidido visibilizarse también a través de los medios de comunicación. España, un país en el que los hombres gais ya comienzan a visibilizarse en la vida pública, cuenta todavía con escasísimas mujeres en posiciones de poder que se atrevan a hacerlo.
Hemos hablado en varias ocasiones de la diputada socialista Ángeles Álvarez o de la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, pero lo cierto es que son solo una gota en el océano. Muy pocas políticas se visibilizan públicamente como lesbianas en España, y menos aún cuando ocupan posiciones ejecutivas de poder. Por eso el gesto de Marta Higueras es importante, al aceptar ser incluida en el tradicional listado del diario El Mundo de “los 50 homosexuales más influyentes de España”. Una lista con la que se puede estar más o menos de acuerdo, pero que supone una muestra de visibilidad indiscutible. Higueras ha concedido además dos entrevistas, al propio El Mundo y a Vanitatis (sección de crónica social de El Confidencial), en las que habla abiertamente de su condición de mujer lesbiana.
En ambas entrevistas Higueras asegura no haberse sentido discriminada, aunque “eso no quiere decir que sí haya personas que han sido apartadas por ello, situación por la que desde el Ayuntamiento estamos trabajando”, según declaraba a El Mundo. De hecho, fue Higueras la promotora del área de Políticas de Género y Diversidad, que desde marzo dirige Celia Mayer. “Desde las administraciones tenemos que trabajar con programas de prevención desde la infancia y con campañas de concienciación dirigidas a la ciudadanía aceptando la diversidad”, ha explicado a Vanitatis.
Marta Higueras, madrileña de nacimiento, geógrafa de formación y mediadora penal, atesora una larga carrera profesional en el ámbito de la justicia. Trabajó, ejerciendo funciones técnicas, en los Juzgados de Plaza de Castilla y en el Consejo General del Poder Judicial. De aquella época procede el estrecho vínculo profesional y de amistad que le une a Manuela Carmena, jueza de profesión. Posteriormente fue asesora de Justicia del Gobierno vasco, y durante el mandato del socialista Patxi López como lehendakari fue nombrada de hecho directora de Justicia y Administración Pública. Tras volver a Madrid, trabajó en el Tribunal de Cuentas, en concreto en la secretaría de la consejera María Antonia Lozano (propuesta para el cargo por Izquierda Unida). Formó parte de las listas de Ahora Madrid en las elecciones municipales de 2015, y de la mano de Manuela Carmena se ha convertido en una eficaz y discreta “número dos”. Ahora, después de visibilizarse en los medios, ya podemos decir además que se trata de la mujer abiertamente lesbiana más poderosa de este país.
Comentarios desactivados en El PSOE ratifica su rechazo a la gestación subrogada y los vientres de alquiler
Juventudes Socialistas y un sector LGTBI reclaman que el partido regule esta práctica por su “vertiente altruista”.
La mayor parte del feminismo y el propio Pedro Sánchez son contrarios a esta iniciativa.
La ponencia de política social del 39 Congreso del PSOE ha ratificado su rechazo a la práctica de los vientres de alquiler y a la gestación subrogada, han informado fuentes socialistas.
A la espera de la redacción definitiva del texto, el congreso socialista asume la equiparación de los vientres de alquiler y de la maternidad subrogada, de modo que en el documento definitivo aparecerán ambas expresiones.
Y aparecerán ambas para dejar claro que el PSOE rechaza estas prácticas por cuanto “suponen una mercantilización de las mujeres”.
De este modo queda rechazada la enmienda presentada por Juventudes Socialistas. Ha sido descartada con 175 “noes” y 31 tan sólo “síes”.
Sale adelante, por tanto, la posición del documento programático de Pedro Sánchez, en el que se plasmaba ese rechazo a la “mercantilización” de las mujeres a través de la gestación subrogada y de los vientres de alquiler.
El texto del equipo de Sánchez que venció en las primarias establece, además, que el PSOE “no puede abrazar ninguna práctica que pretenda socavar los derechos de las mujeres, de las niñas”, ni “apuntalar la feminización de la pobreza”.
La diputada Ángeles Álvarez y la asociación “No somos más hijas“, contraria a la maternidad subrogada, habían pedido antes del debate y de la votación de este punto que no se aceptaran “soluciones intermedias”.
“La única solución es que si soy de izquierdas y soy feminista, nunca aceptaré un contrato por el que una parte renuncia a sus derechos”, había resumido la portavoz de la citada asociación, Alicia Miralles.
Por su parte, La Asociación Son Nuestros Hijos hace un llamamiento a los miembros del PSOE para que consideren la importancia de legislar en materia de Gestación Subrogada, y rechacen la propuesta encaminada a perseguirla, contemplada en el punto 418 de su Ponencia Marco, por considerar que vulnera los derechos de los niños y niñas españoles nacidos bajo esta técnica, y contribuye a la estigmatización de sus familias.
Las leyes han sido objeto de los ajustes demandados por el avance del tiempo, cuando la realidad ha hecho más que evidente su obsolescencia. Con mayor o menor resistencia, el ordenamiento jurídico ha ido adaptándose a los cambios de la sociedad, y es lo que la Asociación Son Nuestros Hijos (SNH) considera necesario en lo relativo a la Gestación Subrogada (GS). Es un hecho y la legislación española no debería seguir ignorándolo o perseguirlo. Todo lo contrario, regular en este sentido favorece que se dé en las mejores circunstancias para los padres intencionales, la gestante y el bebé.
En la antesala del 39 Congreso Federal del PSOE, Son Nuestros Hijos ha lanzado una petición a través de la plataforma Change.org con el fin de solicitar a este partido el rechazo a la propuesta contra la GS, contenida en el punto 418 de la Ponencia Marco y encaminada, según la Asociación, a perseguir a la GS y las familias creadas gracias a ella.
“De prosperar dicha iniciativa, tanto por el vocabulario empleado como por la finalidad que tiene, su efecto más inmediato será la criminalización de miles de niñas y niños nacidos mediante esta técnica, que son españoles de origen y deben tener los mismos derechos que otros niños españoles”, señala la petición que ha iniciado Pedro Fuentes, presidente de la Asociación Son Nuestros Hijos, y que ha reunido más 12.000 firmas en 72 horas.
Desde hace cuatro años Son Nuestros Hijos busca el acceso al Registro Civil de los hijos de españoles nacidos en el extranjero mediante GS, y el cese de la discriminación que sufren las familias que recurren a esta técnica, a las que se les deniegan prestaciones sociales, como la de maternidad, entre otras.
Desde que Reino Unido la reguló, hace más de tres décadas, países de todo el mundo han ido modificando sus legislaciones buscando extender derechos. Holanda, Sudáfrica, Bélgica, Israel, Australia, Brasil, Nueva Zelanda, Grecia, Portugal… han legislado para permitir una GS libre y voluntaria. El Gobierno irlandés ha anunciado que ofrecerá en unas semanas su propia ley sobre GS; el Parlamento sueco ha presentado ya seis mociones para pedir a su Gobierno que regule; Islandia debate su borrador de ley; en Noruega los partidos políticos se posicionan a favor de legislar. Asimismo, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo dice que hay que inscribir a los menores nacidos por GS.
De cara a este escenario, Fuentes señala que “oponerse a ella en España, con las leyes españolas, tan garantistas, y hacerlo en base a lo que se conoce de países donde no se respetan los derechos humanos o donde no hay legislación sobre GS, tiene el mismo sentido que oponerse a los trasplantes en España porque haya países donde se trafique con órganos”.
Ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado en diversas sentencias concluyendo que, sin importar la regulación del estado de origen de los padres intencionales, las familias formadas por gestación subrogada en países donde esta técnica está regulada han de ser reconocidas y respetadas.
En la actualidad, los menores nacidos bajo esta técnica enfrentan un limbo jurídico que les niega los beneficios a los que tienen derecho como españoles. En la opinión de Pedro Fuentes, el Partido Socialista Obrero Español no puede pasar de ser un partido de libertades a ser un partido que criminalice a menores. “El respeto a todos los modelos de construcción familiar reconocidos por la legislación, nacional o internacional, debe ser algo consustancial al respeto a los derechos humanos. Máxime cuando desde las más altas instancias judiciales, españolas y europeas, se reconocen los derechos de niñas, niños y familias. Y por supuesto de las gestantes, mujeres empoderadas que, bajo legislaciones correctas, ejercen su derecho a decidir”.
Consciente de que puede haber mafias o redes que busquen lucrarse y explotar a mujeres en situación de vulnerabilidad, el presidente de SNH es categórico al señalar que es en la falta de ley, en la prohibición, en la marginalidad, donde medra la explotación. Y adicionalmente subraya que la mujer española tiene derecho a decidir. “¿Por qué la mujer canadiense puede elegir, libre y voluntariamente, si quiere ayudar a alguien a tener un hijo y la mujer española encuentra vetada esa posibilidad? ¿Acaso es menos inteligente, menos humana, menos mujer?”.
A través de la plataforma Change.org Son Nuestros Hijos solicita a las delegadas y delegados del 39 Congreso Federal que reflexionen sobre lo que implica para los menores su decisión respecto a la GS y que recuerden la Resolución del Parlamento europeo, del 5 de julio de 2016, en la que se pide revisar las políticas restrictivas sobre subrogación, por ser estas restricciones causa de subrogación forzada en otros países.
Más allá de la necesidad de priorizar el interés superior del niño, SNH defiende un modelo de Gestación Subrogada vigente en sociedades equiparables a la española, como puede ser el caso de Canadá o Reino Unido, que exige que la gestante se encuentre en una situación socio-económica estable, que dé su consentimiento de forma libre y voluntaria, estando debidamente informada de las distintas implicaciones médicas y jurídicas, sociales y éticas. La regulación en tal sentido permitiría a todo aquel que lo desee, acceder a la maternidad o paternidad mediante esta técnica de reproducción asistida, y no sólo aquellos que pueden permitirse acudir al extranjero.
“Los españoles recurrimos a la gestación subrogada en el extranjero por las inseguridades jurídicas que existen si se hace el proceso en España. Nuestro país ni garantiza derechos a la mujer gestante, ni a los menores, ni a los padres intencionales. Si se asume esta inseguridad, se puede realizar (de hecho, se realiza), el proceso en España. No hay modo de prohibir la Gestación Subrogada ni en España, ni en el mundo, salvo que se pretenda ignorar la filiación biológica de los menores. Esta filiación es reconocida sólo al varón, por tanto la prohibición sólo impedirá el acceso a la GS a mujeres solas, en parejas lesbianas y a las parejas heterosexuales que precisen donación de semen” –aclara Fuentes.
Comentarios desactivados en Alfa y Omega denuncia que “HazteOir no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos” y la Asamblea de Madrid pide por unanimidad que HazteOír debe dejar de ser entidad de utilidad pública
Ignacio Arsuaga debe de estar comiéndose las uñas…
Aunque con la maldita cantinela acrca de la inexistente “Ideología de Género”, bienvenida sea esta bofetada a los ultras de HazteOir:
“Campañas como la del autobús solo consiguen generar división entre los católicos”
El semanario del Arzobispado de Madrid arremete contra los que “se erigen en paladines de la pureza doctrinal”
(Jesús Bastante).- El bus tránsfobo de HazteOir es “una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio”. El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacude una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en su editorial de este jueves.
En el mismo, que lleva por título “Dejemos a los niños en paz”, la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que“es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio“, pero advierte que “la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida”.
Para el semanario católico, “campañas como la del autobús solo consiguen fortalecer en sus posiciones a quien piensa de forma distinta y generan división entre los católicos. Por eso resultan contraproducentes, salvo que el objetivo real sea instrumentalizar reivindicaciones nobles como la libertad educativa para aumentar la propia capacidad de influencia social”.
“Un criterio de discernimiento es el sentido de comunión”, señala AlfayOmega, que subraya que, en la Iglesia, “hay grupos más sensibles a la defensa de la vida gestante y otros más preocupados por los derechos de los inmigrantes. Es buena la diversidad y es bueno cooperar con quienes, desde otras convicciones, persiguen los mismos fines, siempre que no se mutile el Evangelio a conveniencia”.
Porque sólo “desde la integridad de la fe”, como afirma el Papa en Amoris Laetitia, “se podrá denunciar la ideología de género, al tiempo que se acoge a ‘todas las peronsas sin excepción'”. “La denuncia será entonces creíble. De lo contrario, sin comunión, se estará haciendo ideología, y con niños de por medio“, concluye el editorial, interpretado como la respuesta del cardenal de Madrid a los grupos ultracatólicos y sus campañas de descrédito a su persona y al Papa Francisco.
Éste es el editorial de Alfa y Omega:
Dejemos a los niños en paz
La campaña de Hazte Oír ha obtenido un éxito rotundo gracias a la desmedida reacción desde algunos sectores, que parecen intentar tapar con ruido las críticas a las leyes autonómicas que introducen la ideología de género en el currículum escolar. No debería costar encontrar fórmulas más sensatas para atajar la discriminación a los alumnos homosexuales o transexuales, en lo cual, ahí sí, toda la sociedad debería ponerse de acuerdo, igual que toda la sociedad tendría que rechazar que se vulnere el derecho constitucional de los padres a elegir la «formación religiosa y moral» que reciben sus hijos, ejercido desde el respeto a los demás.
Guste más o menos, se trata de una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio. Es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio, pero la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida. Campañas como la del autobús solo consiguen fortalecer en sus posiciones a quien piensa de forma distinta y generan división entre los católicos. Por eso resultan contraproducentes, salvo que el objetivo real sea instrumentalizar reivindicaciones nobles como la libertad educativa para aumentar la propia capacidad de influencia social.
Un criterio de discernimiento es el sentido de comunión. Porque en la Iglesia hay grupos más sensibles a la defensa de la vida gestante y otros más preocupados por los derechos de los inmigrantes. Es buena la diversidad y es bueno cooperar con quienes, desde otras convicciones, persiguen los mismos fines, siempre que no se mutile el Evangelio a conveniencia. Y así, desde la integridad de la fe, como hace el Papa en la Amoris laetitia, se podrá denunciar la ideología de género, al tiempo que se acoge a «todas las personas sin excepción». La denuncia será entonces creíble. De lo contrario, sin comunión, se estará haciendo ideología, y con niños de por medio.
Por otra parte, la Asamblea de Madrid ha aprobado por unanimidad de todos sus grupos políticos una Proposición No de Ley que entre otras cosas pide la retirada a HazteOír de la condición de entidad de utilidad pública que le concedió en 2013 el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y que ha permitido al grupo ultraconservador aprovecharse de las considerables ventajas fiscales para sus donantes y así financiar sus actividades (como la campaña que en este momento lleva a cabo contra los menores transexuales y sus familias).
La proposición fue presentada por el grupo socialista en diciembre, después de que HazteOír hiciera llegar a miles de colegios de toda España un panfleto LGTBfobo en el que cargaba contra las leyes en favor de los derechos de las personas LGTB aprobadas en diversas comunidades, y muy singularmente en la de Madrid. En su redacción original, la proposición instaba al Consejo de Gobierno a recordar a los equipos directivos de los centros educativos que fueran “especialmente cuidadosos y escrupulosos en el material difundido entre el alumnado o utilizado en función docente”, a desarrollar políticas tendentes a preservar una convivencia inclusiva y creando las condiciones para prevenir y en su caso tratar cualquier manifestación de acoso, y a exigir la retirada y no distribución de textos LGTBIfóbicos que atenten contra la dignidad e inciten al odio a las personas LGTBI, garantizándolo a través de la inspección educativa.
Tras la intensificación de la campaña de odio mediante la puesta en circulación de autobuses con mensajes negacionistas de la realidad transexual en menores, la proposición ha sido enriquecida con tres enmiendas, dos del propio PSOE y una de Podemos. Los socialistas han incluido la petición de que se inste a la retirada de la condición de “utilidad pública” a HazteOír (una competencia del Gobierno central), así como la apertura de un expediente sancionador a esta organización por infracción de la ley madrileña contra la LGTBIfobia. Podemos, por su parte, ha pedido la elaboración de un estudio sobre la situación de acoso por LGTBIfobia en los centros educativos madrileños y que se articule un plan integral para combartirlo de forma efectiva. La proposicion ha sido votada favorablemente por los 123 diputados presentes, tanto del PSOE y de Podemos como del PP y Ciudadanos. Seis diputados no estuvieron presentes.
Insertamos a continuación la contundente intervención de la diputada socialista Carla Antonelli defendiendo la proposición:
La utilidad pública de HazteOír: dinero para financiar el odio
HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013, como entonces recogimos, por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ultraconservadora. Ya entonces advertimos del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, entre otras condiciones sus fines estatutarios deben “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”. Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se ha opuesto y se sigue oponiendo con fiereza a los derechos de las personas LGTB.
Según informa infoLibre (un medio digital que de hecho ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. En la práctica, si alguien dona 200 euros a HazteOír, Hacienda le devuelve 127,5 euros. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015, último ejercicio del que constan datos en su página web.
Lo cierto es que la retirada de la condición de entidad de utilidad pública a HazteOír es un clamor que poco a poco se extiende a izquierda y a derecha del espectro político. Incluso entre una parte del PP, el partido que al fin y al cabo tomó desde el Gobierno la decisión de premiar a una organización con la que en su momento tuvo importantes coincidencias y de la que ahora parece querer distanciarse. El portavoz de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, pedía hace unos días revisar la decisión, al mismo tiempo que garantizaba que HazteOír no recibirá subvención alguna por parte del Gobierno regional. Incluso personalidades del PP a nivel nacional, como la vicesecretaria de estudios y programas Andrea Levy, se han mostrado partidarios de la retirada “si sigue con esos autobuses”.
Habrá que ver qué sucede finalmente. Por el momento, el actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, prefiere no mojarse. Al ser interpelado en el Congreso de los Diputados por la diputada socialista Ángeles Álvarez, el sucesor de Fernández Díaz se ha limitado a expresar que su departamento analizará el estatus de HazteOír “cumpliendo siempre la ley” y sin tener en cuenta “opiniones personales y arbitrarias”.
El Gobierno revocó el mismo estatus a la Federación de Planificación Familiar
El Gobierno del PP, por cierto, ya ha retirado a otras organizaciones el estatus de entidad de utilidad pública. Hace menos de un año lo hacía a la Federación de Planificación Familiar Estatal después de una denuncia de otro grupo ultraconservador. No es imposible, pues…
Comentarios desactivados en Significativa reacción institucional contra la campaña tránsfoba de HazteOír en Madrid, Valencia y Cataluña
A lo largo de este martes 28 de febrero las reacciones políticas e institucionales a la campaña de odio tránsfobo de HazteOír no han dejado de sucederse. Recogemos algunas de las más significativas. Seguimos sin tener noticia, en cualquier caso, de intervención alguna por parte de la Fiscalía. Nos permitimos destacar, en primer lugar, la reacción de la Generalitat de Cataluña, que ha abierto expediente a HazteOír por posible vulneración de la ley autonómica contra la LGTBfobia y que desde un principio ha dado traslado del caso a la Fiscalía por un posible delito de odio.También destacamos la reacción del Ayuntamiento de Madrid, que según conocíamos poco después de publicar esta entrada ha inmovilizado el autobús de la campaña.
Desde el ámbito de la política, prácticamente todos los partidos han expresado de una u otra forma su malestar. Muy activo en este sentido ha sido el PSOE, cuya diputada en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli era una de las primeras en denunciar la campaña y que ha pedido directamente la inervención de la Fiscalía. Ha sido a través de su diputada Ángeles Álvarez, en una rueda de prensa en el Congreso. “Con su autobús, HazteOír está dirigiendo mensajes contra un colectivo motivado por sus prejuicios en materia de identidad sexual y pretende alentar odio y discriminación hacia ese colectivo”, ha declarado. El PSOE también se está moviendo en la Asamblea de Madrid, donde ha registrado ya una petición para que sancione la campaña de HazteOír, además de otras 45 preguntas relacionadas con el incumplimiento de la ley integral de transexualidad de la Comunidad de Madrid.
Las instituciones madrileñas, de hecho, se han sumado a la condena. Desde el Ayuntamiento de Madrid, que preside Manuela Carmena (Ahora Madrid) se daban instrucciones a la Policía Municipal para que proceda a paralizar el autobús con los mensajes tránsfobos. La portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, ha condenado la campaña por su transfondo tránsfobo, pero ha asegurado que en cualquier caso viola dos ordenanzas municipales, la de circulación y la de publicidad exterior, lo que ya de por sí es razón para impedir que transite por las calles de Madrid. La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, ha pedido de hecho al equipo de Gobierno que reforme la ordenanza de publicidad y se dote de herramientas que le permitan prohibir campañas que atenten a los derechos humanos.
Por lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, su presidenta Cristina Cifuentes ha calificado la campaña de “impresentable” y aseguraba a primera hora que había puesto en caso en manos de la abogacía para que valorase si incumple la ley madrileña contra la LGTBfobia. Cifuentes, en su cuenta de Twitter personal, ha lanzado además un mensaje a HazteOír, organización que ya ha lanzado en el pasado ataques contra ella. “Los de HazteOír sois muy plomicos”, escribía en un tuit adornado con caracteres gráficos. Más tarde los medios se hacían eco de que Cifuentes había remitido un escrito a la Delegación del Gobierno para que pusiese los hechos en conocimiento de la Fiscalía.
Se da precisamente la circunstancia de que el colectivo Arcópoli ha interpuesto esta misma mañana una denuncia ante la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. En opinión del gabinete jurídico de Arcópoli, la campaña de HazteOír promueve un mensaje negacionista contra un sector de la población, el de las personas transexuales y transgénero. “Invisibilizar su realidad y negar su identidad puede provocar aislamiento, estigmatización y malestar en especial a niñas, niños y adolescentes trans, que ya sufren a menudo acoso escolar tránsfobo y que esta campaña es otra muestra más de rechazo de una parte de la sociedad a su dignidad”, argumenta Arcópoli. “Este negacionismo atenta contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 10 de la Constitución Española y contra Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. Por ello como colectivo de defensa de las personas transexuales nos vemos obligadas a presentar un escrito de denuncia para que esta campaña sea sancionada administrativamente de acuerdo con la ley aprobada por los cuatro partidos de la Asamblea de Madrid, que representan a la ciudadanía autonómica madrileña”, explica esta organización en su comunicado.
Arcópoli no es el único colectivo que ha expresado su indignación por lo que está sucediendo. La Plataforma por los Derechos Trans, por ejemplo, ha mostrado su enfado por la actitud de la Fiscalía, que hasta la fecha no ha llevado a cabo acción alguna contra la anterior campaña de HazteOír, consistente en el envío de un folleto LGTBfobo a colegios de todas España. “Los esfuerzos que muchas comunidades autonónomas están realizando para la protección y garantía de derechos de la diversidad sexual y de género en sus legislaciones, protocolos de educación y atención sanitaria no se corresponden con estos impunes actos de odio y fobia hacia las personas trans”, ha declarado su presidenta, Mar Cambrollé.
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), por su parte, ha exigido que se apruebe con urgencia una ley estatal de igualdad “que equipare los derechos y proteja a los sectores más vulnerables del colectivo LGTBI de ataques tales como la campaña transfóbica de HazteOír”. La FELGTB ha dado su apoyo a Arcópoli en su denuncia ante la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, y considera además que la campaña de HazteOír supone un claro desafío a los artículos 14, 18 y 20.4 de la Constitución Española, “en los que se contemplan los principios de igualdad, derecho al honor y dignidad de la persona como límite a la libertad de expresión”. El equipo de juristas de la FELGTB considera además que el mensaje negacionista sobre las personas trans vulnera su derecho a la dignidad y puede considerarse publicidad ilícita según el artículo 3 de la Ley General de Publicidad.
Concentración este miércoles en Valencia
Pero no solo en Madrid se han producido reacciones. En Valencia, supuestamente el próximo destino del autobús tránsfobo, la diputada en el Congreso por Podemos, Àngela Ballester, aseguraba esta mañana en Twitter que ya ha pedido al delegado del Gobierno que lo impida. Y Ricardo Sixto, diputado de Esquerra Unida del País Valencià (la rama valenciana de Izquierda Unida) pedía también en el Congreso que actuase la Fiscalía.
Los colectivos LGTB valencianos, de hecho, ya han convocado una concentración urgente mañana miércoles 1 de marzo a las 19:00 horas frente a las Cortes Valencianas. Los colectivos consideran “intolerable” la campaña de odio tránsfobo, que “en ningún caso puede ampararse en el derecho a la libertad de expresión”. “En esta ocasión la agresión es valorada como más grave, por dirigirse específicamente contra los derechos básicos de las niñas y niños trans”, explican en su comunicado. “Nos encontramos ante un claro ataque contra la dignidad y los derechos fundamentales de las personas trans, la situación personal, social y laboral de las cuales es de las peores de toda la sociedad española”, ha declarado Fani Boronat, coordinadora general del colectivo Lambda. La concentración ha recibido por cierto el apoyo expreso en Twitter de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra (Compromís).
Y en Cataluña, la Generalitat se moviliza activamente
En Cataluña, otro de los destinos de la campaña homófoba (que tiene previsto recalar en Barcelona, Hospitalet y Sant Cugat), la Generalitat le ha abierto el correspondiente expediente, en aplicación de la ley catalana contra la LGTBfobia. Ya desde el principio, además, la Generalitat ha puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía de Delitos de Odio, al considerar que puede haber una vulneración del artículo 510 del Código Penal español, que castiga con a quienes “lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad” a pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses.
La Generalitat de Catalunya también se ha puesto en contacto con los Ayuntamientos afectados para pedirles que hagan valer sus ordenanzas municipales de civismo contra la campaña. El Ayuntamiento de Barcelona, de hecho, ya ha anunciado que en caso de aparecer por sus calles paralizará la circulación del autobús y lo multará. “El autobús no tiene permiso para circular por la ciudad, no es bienvenido”, ha declarado Laura Pérez, concejal de Feminismos y LGTBI, que ha asegurado que el consistorio barcelonés “no se quedará de brazos cruzados” y aprovechará todo el margen legal del que dispone para sancionar su actividad. Diferentes fuerzas políticas catalanas, como el PSC, Esquerra Republicana o la Candidatura d’Unitat Popular han exigido que no se permita al autobús circular.
ACTUALIZACIÓN (20:45 horas): El Ayuntamiento de Madrid inmoviliza el autobús
A los pocos minutos de publicar esta entrada saltaba la noticia: El Ayuntamiento de Madrid ha cumplido la promesa que horas antes hacía su portavoz, Rita Maestre. La Policía Municipal madrileña ha inmovilizado en la tarde de hoy el autobús con mensajes tránsfobos de HazteOír. Así lo ha anunciado el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Javier Barbero, que ha informado de que el vehículo incumplía las ordenanzas municipales en materia de publicidad.
Desconocemos por el momento bajo qué condiciones y por cuánto tiempo el vehículo ha sido inmovilizado. Una buena noticia, en cualquier caso, que servirá de poco si no se acompaña de una actuación sancionadora decidida por parte de las autoridades autonómicas y sobre todo de la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía.
Comentarios desactivados en Cristo, de nuevo crucificado: “Las pastorales de la transfobia de los obispos de Alcalá y Getafe”, por Carla Antonelli
Juan Antonio Reig Plá, Joaquín María López de Andújar y su auxiliar José Rico Pavés
“Aquel mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos…”
Lucas 23, 12
No he podido más que acordarme de este hecho que cita Lucas al narrar la Pasión de Jesús. Es ya intolerable que esta gente despiadada se permita el lujo de pisotear derechos, incitar al odio y profanar la Semana Santa con sus palabras que rezuman el desprecio hacia las personas LGTBI más vulnerables. ¿De qué sirve que Francisco module el gesto y sus palabras hacia las personas LGTBI si dos de sus obispos escupen de esta forma sobre el rostro de Cristo en estos días de Pasión y llaman a desobedecer las leyes civiles?. Estos señores no pueden permanecer ni un minuto más en sus puestos, de lo contrario, Francisco, serás cómplice de su Homofobia… de nada servirá que te arrodilles a lavar los pies de nadie…
La Iglesia vuelve a atacar. Los obispos de Getafe y Alcalá de Henares, Joaquín María López de Andújar y Juan Antonio Reig, respectivamente, han tachado de un “hecho grave” la aprobación de la ley madrileña para la plena integración de los transexuales, legislación que ven “en esencia”, “injusta“, por lo que “a nadie obliga en conciencia“. Ambos obispos, junto con el obispo auxiliar de Getafe, José Rico, han hecho este pronunciamiento a través de unas reflexiones pastorales remitidas a los medios de comunicación después de que el pleno de la Asamblea de Madrid aprobase con la abstención del PP y los votos a favor de PSOE-M, Podemos y Ciudadanos la pasada semana una ley que busca la “plena integración social de las personas transexuales”.
“Las pastorales de la transfobia de los obispos de Alcalá y Getafe”,
por Carla Antonelli
Que dos obispos hablen de esta ley como -pensamiento ideologico y totalitario- tal como se ha escrito la historia de la humanidad los últimos dos mil años, no deja de ser paradójico y artero.
Una vez más, ha sido en Semana Santa. Todos recordamos cómo un viernes santo el obispo Reig Pla, de Alcalá de Henares, en directo por TVE, ante una primera fila de niños que no entendían lo que decía, afirmó que los homosexuales “se corrompían y prostituían en club de hombres nocturnos”.
Ante la perplejidad y asombro leo una carta de los obispos de Getafe y Alcalá de Henares de Madrid, contra la Ley Integral de Transexualidad aprobada por la Asamblea el pasado 17 de marzo, que solo rezuma odio, intolerancia y desprecio social hacia las personas transexuales y sus derechos fundamentales. Colectivo que históricamente ha sido y es discriminado en todos los ámbitos sociales, habiendo aumentado alarmantemente las tasas de ataques violentos por razón de su identidad de género.
Cuestión que, en un primer momento, da lugar a pensar que quienes dicen defender el amor y respeto al prójimo habrían celebrado con satisfacción que esta normativa entrará en vigor al día siguiente de que sea publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Hecho que provoca estupor después de leer la misiva del obispo de Alcalá de Henares y el de Getafe, ya que parece que el arzobispo de Madrid se ha negado a rubricarla. Aunque de la consternación pasas a la conclusión de que no son dignos representantes de la doctrina de su magisterio.
Pero entrando en materia en cuanto al texto legislativo se refiere, ya sean los firmantes de “las reflexiones pastorales” genuinos o falsarios, habría que recordarles que en la Tierra están sometidos al Imperio de la Ley del hombre y no de lo divino, por lo que hacer un seudo-llamamiento al incumplimiento de la normativa ya en sí es un hecho delictivo, donde dicen que es una “ley injusta y que, por tanto, a nadie obliga en conciencia”. Por otro lado, decirles igualmente que vivimos en un estado aconfesional y que sus pretensiones son una gravísima injerencia de la Iglesia en las cuestiones legislativas del Gobierno Autonómico de la Comunidad de Madrid.
Tampoco ahorran en calificativos, desde “marxistas liberales, ecología idolátrica y fragmentada, pornificación de las relaciones personales y de la cultura, sexualidad sin verdad, usurpación deliberada de la filiación natural de los niños, manipulación hormonal, amputación y extirpación de órganos sanos, reasignación de la identidad personal, realidad virtual sustitutiva”, hasta su sorprendente conclusión de que las personas transexuales no podemos afirmar nuestra identidad sobre el que llaman “sexo biológico”. Hecho llamativo, ya que en otra parte piden para sí mismos espacios de “justicia y libertad”, una más de las paradojas conceptuales de la Iglesia, el arte de la afirmación y negación en un mismo principio para producir el desconcierto.
Hay varias cosas llamativas en el texto. Una es la cantidad de improperios y rienda suelta a un odio desmedido con el que trufan la carta de principio a final, y lo burlesco que es que digan hacerlo desde el “respeto”. La otra es su profundo distanciamiento de los problemas y de la realidad cotidiana de las personas, su falta de empatía y desconexión total de los rasgos inherentes del ser humano, como es la solidaridad con quienes sufren y lo están pasando mal.
Ya lo ha dicho el papa Francisco, en varios ocasiones, invitando a la curia a que salgan de sus palacios, riquezas y boatos, aunque parece que todavía muchos se aferran a su jaula de oro inconexa de la realidad.
Aunque lo realmente alarmante en toda su proclama es la retórica de la incitación al odio hacia las personas transexuales, en su punto número doce hace un llamamiento y apelan a la “emergencia cívica de los católicos” a no mirar hacia otro lado con esta ley porque si no estarían “pecando de omisión”. Con lo que la Fiscalía tendría que actuar de oficio, ya que una vez más nos han marcado con la estrella de David, y ahora solo hace falta que vengan a por nosotras y nosotros.
Por último, destacar que hacen especial hincapié que esta norma es fruto de “un pensamiento ideológico y totalitario”. Contestarles que no, que esta Ley es fruto del trabajo y consenso de los colectivos transexuales de la Comunidad de Madrid, de sus demandas y problemas de discriminación añadida diaria al resto del tejido social. Pero que dos obispos hablen de esta ley como -pensamiento ideologico y totalitario- tal como se ha escrito la historia de la humanidad los últimos dos mil años, no deja de ser paradójico y artero.
Carla Antonelli
Diputada del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid y Activista transexual
El Observatorio contra la LGBTFOBIA condena la infame Carta de los obispos de Getafe y Alcalá de Henares y la pone en conocimiento de la Fiscalía especializada en Delitos de Odio.
El Observatorio Español contra la LGBTFOBIA (STOPLGBTFOBIA) hace una dura condena sin paliativos de la Carta destinada a sus feligreses difundida por los obispos de Getafe (Joaquín María López de Andújar y su auxiliar José Rico Pavés) y el obispo de Alcalá de Henares (Juan Antonio Reig Plá), donde arrementen contra la recientemente aprobada Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación” el pasado 17 de Marzo en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, y la consideran “injusta y no obliga en consecuencia”.
“Desde el Observatorio Español contra la LGBTFOBIA estamos consternados, insultados y humillados con esta grave injerencia y acusación por parte de la Jerarquía Católica en la Comunidad de Madrid. Consideramos que se trata de un infame discurso del odio, que fomenta la exclusión, la discriminación y la injusticia contra las personas LGBT. Por ello, hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía Especializada en Delitos de Odio la Carta de estos obispos, al mismo tiempo que estamos estudiando interponer una querella contra los autores, puesto que creemos que fomenta el odio y la discriminación contra un grupo poblacional específico tal como recoge el Código Penal en su Artículo 510. Además están fomentando la insumisión ante la ley, lo cual también es considerado delito según nuestra Legislación de Justicia”, declara Paco Ramírez, presidente del Observatorio.
“En la polémica carta aducen que se trata de una ley que además de fomentar la desigualdad (inicua) y la injusticia, la consideran una ley antinatural que va contra el orden natural de Dios y la naturaleza, que promueve el pensamiento totalitario y una dictadura del relativismo cultural y social, entre otras barbaridades y absurdidades metafilosóficas”, afirma Paco Ramírez.
“Literalmente afirman: ‘Difícilmente se podrá defender el derecho de personas que se consideran discriminadas cuando esa defensa se funda en una comprensión equivocada del ser humano’. Se trata de infames declaraciones que promueven el odio, la desigualdad y la injusticia de la sociedad en la que vivimos, donde llegan incluso a afirmar que los cristianos podrían negarse a defender discriminaciones y derechos de estas personas por estar ‘equivocadas’”, afirma Paco Ramírez.
“Para estos obispos la diferencia sexual entre varón y mujer es un don divino que no se puede alterar, y que sirve para una reciprocidad y complementariedad mútua, y sobre todo para la procreación, los fines últimos del matrimonio hombre-mujer. Además el cuerpo biológico es un regalo de Dios, y consideran insana cualquier actitud que pretenda ‘cancelar la diferencia sexual’. Llevando al absurdo esta lógica, no estarían moralmente mal vistas cualquier tipo de cirugía, aunque sea para curar un accidente, operar un cáncer o reparar alguna anomalía física con la que se ha nacido”, continúa Ramírez.
“Continúan los ínclitos obispos afirmando que la ley de matrimonio igualitario aprobada en España, es una ‘redefinición del matrimonio’, que ‘abrió la puerta a cualquier combinación afectiva’. Ya no se atreven a afirmarlo directamente, pero todos son conocidas las continuas comparaciones entre el matrimonio entre personas del mismo sexo como entre un hombre y un animal, o el de anciano o un bebé, como declaraban otrora algún jerarca católico”, explica el presidente de STOPLGBTFOBIA.
“En un intento de proscribir hechos contrarios a la naturaleza divina meten en el mismo saco la anticoncepción, el divorcio, la anticoncepción, la esterilización, las técnicas de reproducción asistida,… con la manipulación hormonal, la amputación/extirpación de órganos, el suicidio, la eutanasia… hasta incluso el “amor romántico”, el “amor libre”, el “poliamor”, una sexualidad sin verdad (considerada como procreación) o la usurpación de la filiación natural de los niños (refiriéndose a la maternidad subrogada o a las técnicas de reproducción asistida”, enfatiza Ramírez.
“Continúan acusando a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de difundir una maligna ‘teología de género’ entre los niños en los centros escolares sin el permiso de los padres, lo que para ellos trastoca los derechos del niño que no son nada sin la voluntad de sus padres que deben agredecerles ‘haberles dado la vida’”, continúa Paco Ramírez.
“Finalizan afirmando que este tipo de leyes van contra la libertad de conciencia y religiosa, y llegan al extremo de concluir que la citada ley constituye un grave atentado contra el Quinto Mandamiento (‘No cometerás actos impuros’) y facilita el Sexto Mandamiento (‘No robarás’) y Noveno Mandamiento (‘No codiciarás los bienes ajenos’)”, aclara Ramírez. “Desde el Observatorio pedimos a la sociedad civil y a los partidos políticos a que condenen y denuncien este discurso del odio, que tanto daño sigue haciendo a nuestra sociedad, fomentando la discriminación, la injusticia y hasta incluso la violencia. De forma particular pediremos a los Plenos de los Ayuntamientos de Getafe y de Alcalá de Henares que reprueben esta carta”, finaliza Paco Ramírez.
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El PSOE rechaza enérgicamente las palabras de los obispos
El PSOE rechaza enérgicamente las críticas de los obispos Juan Antonio Reig Pla, de Alcalá de Henares; Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo, de Getafe, y José Rico Pavés, prelado de Mentesa y auxiliar de Getafe a la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad Autónoma. “Que dejen de radicalizarse y sean más cristianos”, les ha contestado la secretaria de Igualdad y Diversidad del PSOE-M, Ángeles Álvarez.
Álvarez ha salido al paso de las Reflexiones pastorales a la norma que han hecho los religiosos donde describen lo que Álvarez ha descrito como “posiciones encolerizadas contra la Ley Trans” y documento “que instiga al odio“. A su juicio, el texto “es producto de la obsesión de un sector de la jerarquía católica más cerca de los ultramontanos del siglo XIX que de ciudadanos del siglo XXI respetuosos con los Derechos Humanos”.
Álvarez ha recordado que “la Ley de Transexualidad pretende hacer realidad que los y las transexuales gocen de los mismos derechos que tiene cualquier persona”. Además, ha animado a los obispos “a conocer de cerca la realidad de la transexualidad” y, finalmente, ha recordado que “no es bueno ni cristiano, exhortar al odio, al rechazo y al desprecio de las personas transexuales”.
Comentarios desactivados en ¿Quosque Tandem?: Homofobia hasta el final… El PP ha rechazado una ley contra las agresiones a LGTBI
El PP ha rechazado en la Comisión de Interior una iniciativa de Izquierda Plural, respaldada por PSOE y Grupo Mixto.
Se solicitaba un protocolo de actuación para tratar a las personas que sufren agresiones por su orientación sexual, identidad o expresión de género.
Ha tenido 23 votos en contra y 17 a favor.
El PP ha rechazado en la Comisión de Interior del Congreso una iniciativa de Izquierda Plural, respaldada por PSOE y Grupo Mixto, encaminada a pedir al Gobierno que elabore una ley integral de igualdad de trato que luche contra las agresiones y discriminación hacia el colectivo LGTBI. La proposición no de ley de Izquierda Plural, en la que también se solicitaba un protocolo de actuación para tratar a las personas que sufren agresiones por su orientación sexual, identidad o expresión de género, ha tenido 23 votos en contra y 17 a favor.
La propuesta ha sido defendida por el diputado Ricardo Sixto quien ha señalado que los ataques contra este colectivo (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales) son una “realidad” en España, por lo que ha demandado un cambio para que las instituciones públicas adopten medidas. Pese a los avances logrados con el matrimonio homosexual igualitario, la formación de izquierdas denuncia las “constantes discriminaciones y ataques directos” a los derechos humanos del colectivo, una discriminación que se agudiza en los entornos laborales, escolares, de ocio y en las calles.
“Los ambientes en los que crece y se desarrolla la persona todavía están repletos de prejuicios hacia las personas LGTB”, señala, al mismo tiempo que recuerda que a mediados del 2014 se obtuvieron datos “escalofriantes” sobre los delitos de odio ocurridos en España en 2013, año en el que se denunciaron 452 delitos contra la orientación sexual e identidad de género, de un total de 1.172, siendo así estas agresiones mayoritarias, por delante de las agresiones racistas o a personas con diversidad funcional. “Estas agresiones van desde amenazas, robos o agresiones hasta abusos y violaciones.(…). Las agresiones contra el colectivo LGTBI son una realidad en España, realidad a la que no se le puede dar la espalda. Frente a esta situación, se demanda un cambio desde las instituciones públicas a favor de la adopción de medidas que palíen las injusticias y discriminaciones que aún persisten”, añade. Por ello, se proponía también el desarrollo de un protocolo de actuación integral para tratar adecuadamente a las personas que sufren agresiones por su orientación sexual, identidad de género o expresión de género, así como para perseguir estos delitos de odio de forma contundente. “Un protocolo dotado de recursos económicos y personales que puedan hacer frente a estas situaciones de violencia y discriminación”.
Asimismo, con esta iniciativa se pretendía también pedir al Ejecutivo que promoviese la denuncia por parte de las víctimas por orientación sexual, identidad de género o expresión de género, la puesta en marcha de planes de formación y sensibilización en materia de diversidad afectivo sexual a los agentes de policía y guardia civil, que den herramientas para prevenir, detectar y atender casos de delitos por LGTBIfobia.
Además, quiere impulsar la puesta en marcha de planes de formación y sensibilización para el profesorado de colegios e institutos en diversidad afectivo sexual puesto que los menores se encuentran más desamparados al no poder denunciar. “Programas que den herramientas al personal docente para atender y prevenir los casos de LGTBIfobia”, al mismo tiempo que quiere la puesta en marcha de un protocolo unitario de recogida de datos donde se recopilen las denuncias de delitos de odio por motivo de orientación sexual o identidad de género.
Además, Sixto ha recordado que en 2013 se denunciaron 452 delitos por la orientación sexual y la identidad de género, de un total de 1.172 de los delitos de odio ocurridos en España, según datos del Ministerio del Interior.
La diputada popular María Jesús Bonilla ha asegurado que su partido tiene como prioridad defender los derechos de las personas “sea cual sea su condición” y ha manifestado que en la actualidad ya existen medidas como las que se plantean en esta iniciativa, como el plan director de seguridad.
Por ello, ha considerado que no es necesario un protocolo de actuación, sino la “aplicación de la ley vigente”. Desde el PSOE, Ángeles Álvarez ha indicado que es “mejor una ley integral de igualdad de trato” para luchar contra las agresiones del colectivo LGTBI, ya que el simple reconocimiento de un derecho “no es suficiente”.
Comentarios desactivados en Dos políticos gays en alza: Antonio Maíllo (ganador de las primarias de IU en Andalucía) y Miquel Iceta (próximo líder del PSC)
Parece que poco a poco los políticos abiertamente gays van conquistando en España posiciones de mayor relevancia. Dos de ellos han sido noticia estos últimos días. Antonio Maíllo, elegido hace un año coordinador de Izquierda Unida de Andalucía, ha resultado el ganador indiscutible de las primarias que dicha formación ha celebrado para elegir a su candidato a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas (que deberían celebrarse en marzo de 2016). Mientras, en Cataluña, Miquel Iceta se perfila como nuevo primer secretario del PSC, al ser el único candidato que ha obtenido los avales necesarios para optar al liderazgo de los socialistas catalanes.
Iceta, que ya fue durante más de una década viceprimer secretario del Partit del Socialistes de Catalunya y portavoz de grupo socialista en el Parlamento catalán, recupera así protagonismo en un momento especialmente delicado para su partido. Los socialistas catalanes, de hecho, se han convertido en pocos meses en una fuerza con gran peso de políticos abiertamente gays: en abril era el exdiputado en el Parlamento catalán y portavoz del PSC Jaume Collboni (del cual en 2011 recogíamos la noticia de su boda) el ganador de las primarias abiertas para elegir al candidato de ese partido a la alcaldía de Barcelona en las elecciones municipales de mayo de 2015.
Collboni, Iceta o Maíllo forman parte de una lista de políticos que muy poco a poco va haciéndose más extensa, y de la que también forman parte el convergente Santi Vila, miembro del Gobierno catalán, el popular Iñaki Oyarzábal, secretario de Justicia, Derechos y Libertades del PP, o Víctor Casco, diputado de IU en el Parlamento de Extremadura.
Otros destacados políticos gays que por ejemplo han ocupado en el pasado posiciones destacadas a nivel autonómico han sido Jerónimo Saavedra, presidente de Canarias en los años ochenta (luego sería ministro y alcalde de Las Palmas), aunque en su caso su salida pública del armario no se produjo hasta el año 2000, o Ernesto Gasco, que tras ser concejal en San Sebastián y diputado, fue viceconsejero en el Gobierno de Patxi López. En ambos casos se trata de políticos socialistas. Caso aparte merece el de los que ya siendo conocidos como activistas LGTB dieron el paso a la política, como el concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid Pedro Zerolo o el diputado de Compromís de las Cortes valencianas Fran Ferri.
Mucho más difícil, por desgracia, resulta encontrar nombres de mujeres abiertamente LGTB en la política española. Destacamos dos: los de las socialistas Carla Antonelli, diputada en la Asamblea de Madrid y activista transexual, y Ángeles Álvarez, en nuestro conocimiento la única diputada abiertamente lesbiana del Congreso (está claro que mientras cada vez más políticos gays se atreven a dar el paso y visibilizarse, el armario y la vergüenza sigue siendo la tónica general de las lesbianas que se dedican a la actividad pública).
Santi Vila se casa en presencia de Ana Pastor…
Precisamente este fin de semana el conseller de Territorio y Sostenibilidad de Cataluña, Santi Vila, contraía matrimonio en el castillo de Peralada con su novio, Rafa Vertamatti. Vila, que antes de incorporarse al ejecutivo catalán fue alcalde de Figueres, es uno de los principales representantes del sector más progresista de Convergència Democràtica de Catalunya y un firme defensor del proyecto soberanista.
A la ceremonia asistieron casi todos sus compañeros del Gobierno catalán así como la ministra de Fomento, Ana Pastor.
… que en su día se manifestó contra el matrimonio igualitario
No deja de resultarnos curiosa la presencia de Ana Pastor en una ceremonia en la que habrá tenido que tragar mucha bilis. La ahora ministra de Fomento, recordemos, fue una de las políticas del PP que avalaron con su presencia la infame manifestación homófoba de junio de 2005 contra el matrimonio igualitario convocada por organizaciones ultraconservadoras. Y en 2008 manifestó, al ser preguntada sobre el tema en una entrevista radiofónica, que el matrimonio entre personas del mismo sexo sería “un paréntesis en la historia de nuestro país“.
Comentarios desactivados en Informe anual sobre los derechos LGTB en Europa: España sube a la tercera posición.
Se ha dado a conocer el habitual informe anual sobre la situación de los derechos LGTB en el continente europeo que confecciona ILGA Europa. Junto al estudio, como también es costumbre, se incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTB. España sube un puesto respecto al año anterior y se sitúa en el tercer lugar de la lista, por detrás del Reino Unido y Bélgica. Sin embargo, en el informe se señala la alineación del gobierno español con el sector de la sociedad más reacio al reconocimiento de los derechos LGTB y, en especial, la hostilidad evidente de la alcaldesa de Madrid hacia las celebraciones del Orgullo. Quien repite el último lugar de la clasificación es Rusia, cuyas medidas contra la llamada “propaganda homosexual” siguen pesando de manera ostensible.
Como en el año 2013, la clasificación se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y antidiscriminación, derecho de familia, crímenes y discursos de odio, reconocimiento legal de la identidad de género, libertad de asociación y asilo. Dicho porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. En esta ocasión, el país que ha experimentado un incremento mayor de su porcentaje de cumplimiento es Malta, debido a sus recientes avances en cuando a los derechos LGTB, como la ley de uniones civiles aprobada el pasado mes de abril.
El Reino Unido vuelve a ocupar el primer lugar, aumentando su porcentaje por la aprobación del matrimonio igualitario en Inglaterra, Gales y Escocia, aunque no se deja de señalar que aún no es legal en Irlanda del Norte. Sorprende, sin embargo, que Croacia también incremente su calificación tras el referéndum en el que su población reformó su Constitución para prohibir el matrimonio igualitario. Recordamos, como siempre, que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación. La lista es la siguiente:
Reino Unido: 82%
Bélgica: 78%
España: 73%
Holanda: 70%
Noruega: 68%
Portugal: 67%
Suecia: 65%
Francia: 64%
Islandia: 64%
Dinamarca: 60%
Malta: 57%
Croacia: 56%
Alemania: 56%
Hungría: 54%
Austria: 52%
Montenegro: 47%
Finlandia: 45%
Albania: 38%
Eslovenia: 35%
República Checa: 35%
Estonia: 35%
Irlanda: 34%
Grecia: 31%
Eslovaquia: 31%
Serbia: 30%
Bulgaria: 30%
Suiza: 29%
Luxemburgo: 28%
Rumanía: 28%
Polonia: 28%
Georgia: 26%
Italia: 25%
Lituania: 22%
Andorra: 21%
Bosnia-Herzegovina: 20%
Chipre: 20%
Letonia: 20%
Liechtenstein: 18%
Kosovo: 17%
Moldavia: 17%
Turquía: 14%
San Marino: 14%
Bielorrusia: 14%
Macedonia: 13%
Ucrania: 12%
Mónaco: 10%
Armenia: 9%
Azerbaiyán: 7%
Rusia: 6%
Situación en España
Respecto a España, aunque mejore su calificación, subiendo además un puesto en la lista, el informe no deja de reflejar el deterioro de algunos derechos y, sobre todo, el cambio de actitud del partido gobernante. Dice la introducción a la situación española (los hiperenlaces son nuestros):
Aparte de lo destacado en el preámbulo, el informe denuncia el surgimiento de la violencia homófoba, a imitación de los grupos rusos, bajo el nombre de “Proyecto Pilla-Pilla”, aunque también valora cómo fue rápidamente abortada tras la detención de sus líderes. Se significa asimismo la desaparición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía del temario escolar, con la consiguiente eliminación de cualquier referencia al respeto a la diversidad afectiva y sexual.
Apartado especial merece la patente animosidad de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, hacia la celebración del Orgullo en la ciudad que gestiona, informando de las fuertes multas que ha impuesto a las asociaciones convocantes. Según recoge el informe, dichas asociaciones denuncian la pretensión del ayuntamiento de acabar así con el Orgullo, una fiesta que convoca a más de 1.500.000 ciudadanos.
En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual. España, en todos los casos, se ha situado siempre en los puestos de cabeza.
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