El año 2023 ha sid9 un año positivo para el matrimonio igualitario en el mundo. A la entrada en vigor en Andorra, se sumaron la aprobación parlamentaria en Estonia, el conjunto de resolución judicial y administrativa en Nepal y la aprobación en primera lectura por el Parlamento de Tailandia por una abrumadora mayoría que permite ser optimista en que esta vez sí sea finalmente implementado. De esta manera, ya son 35 los países del todo el mundo en los que está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El matrimonio igualitario en 2023 comenzaba con su entrada en vigor en Andorra el 17 de febrero, si bien había sido aprobado en julio de 2022. Hubo que esperar a que la nueva normativa fuera publicada en el Boletín Oficial para que tuviera efectos del día siguiente. Posteriormente, el 20 de junio, un nuevo país se añadía a la lista donde es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo, cuando el Parlamento de Estonia votaba mayoritariamente a favor, si bien su entrada en vigor se fijó para el 1 de enero de 2024. Se trata del primer país báltico y perteneciente a la antigua Unión Soviética en legislar a favor de la igualdad en el acceso a la institución matrimonial.

Nepal

El Tribunal Supremo de Nepal resolvió en junio de 2023 sobre una demanda presentada por la organización LGTBI Blue Diamond Society, en la que se impugnaba la legislación nepalí que impide el registro de los matrimonios entre personas del mismo sexo. El juez Til Prasad Shrestha falló a favor del demandante, fundamentándose en que el párrafo 1 del artículo 69 del Código Civil establece que toda persona tiene derecho a contraer matrimonio, mientras que el párrafo 1 del artículo 18 de la Constitución de Nepal establece la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Por ello, ordenó al ejecutivo que se creara un registro temporal para este tipo de parejas mientras daba un plazo de 15 días para el Gobierno informara de las acciones que implementaría para evitar la discriminación.

Sin embargo, nada de eso ocurrió y todo hacía pensar que ocurriría como en 2008, cuando el Tribunal Supremo ordenó que se legislara la igualdad jurídica de las personas LGTBI sin que el matrimonio igualitario se terminase implementando.  Incluso poco después de la sentencia, en el mes de julio, un tribunal de distrito de Katmandú rechazó la inscripción del matrimonio entre Maya Gurung y Surendra Pandey, alegando que ambos eran legalmente varones. En realidad, Maya es una mujer trans, pero la administración nepalí no reconoce su identidad de género. La pareja presentó un recurso ante el Tribunal Supremo que aún está por resolver.

Pero, a finales de noviembre, el Ministerio del Interior ordenó a los funcionarios del registro civil que inscribieran los matrimonios entre personas del mismo sexo que se solicitaran, incluyendo el del Maya y Surendra, que fue inscrito el 29 de noviembre, fecha desde la que se considera que el matrimonio igualitario ha tomado efectos en Nepal. Se trata del 35º país del mundo y el segundo asiático en legalizarlo.

Tailandia

El primer ministro de Tailandia, Srettha Thavisin, comunicó el pasado mes de noviembre de 2023 que su Gobierno del centrista Pheu Thai había aprobado un proyecto de ley de matrimonio igualitario. El texto fue sometido a votación en el Parlamento el 21 de diciembre, junto a otros tres proyectos, uno del socialdemócarta Phak Kao Klai, otro del conservador Partido Demócrata y otro proveniente de la sociedad civil. Todos ellos fueron aprobados por una abrumadora mayoría de 369 votos a favor y tan solo 10 en contra.

La Cámara de Representantes aprobó entonces la formación de una comisión que se encargará de la redacción de un texto que aúne los cuatro proyectos aprobados. Para ello dispone de un plazo de 15 días, tras lo cual el proyecto de ley conjunto volverá a ser sometido a votación en el Parlamento.

Se espera que ello ocurra a principios de 2024 y que Tailandia se convierta en el tercer país asiático en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, tras Taiwán y Nepal, y el 36º del mundo.

Cabe señalar que en 2022 el Parlamento tailandés ya aprobó un proyecto de ley al respecto, pero que no pudo llevarse a cabo por la convocatoria de nuevas elecciones.

El matrimonio igualitario en el mundo

Con la incorporación de Nepal, ya son 35 los países donde está implementado el matrimonio igualitario:

Países Bajos (2001), Bélgica (2003), España (2005), Canadá (2005), Sudáfrica (2006), Noruega(2009), Suecia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), México (desde 2010 a 2022), Argentina (2010), Dinamarca (2012), Francia (2013), Nueva Zelanda (2013), Brasil (2013), Uruguay (2013), Reino Unido (2014 en Inglaterra, Gales y Escocia,, 2020 en Irlanda del Norte), Luxemburgo en (2015), Estados Unidos (2015), Irlanda (2015), Colombia (2016), Australia (2017), Finlandia (2017), Alemania (2017), Malta (2017), Austria (2019), Taiwán (2019), Ecuador, (2019), Costa Rica (2020) , Chile (2021), Suiza (2021) y Eslovenia (2022), Andorra (2023), Estonia (2024) y Nepal (2023). (Podéis pinchar en el mapa para verlo a mayor tamaño).

Fuente Dosmanzanas

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El presidente del Gobierno de Andorra, Xavier Espot Zamora, se declaró homosexual públicamente el día 11 de setiembre de 2023  en una entrevista en Ràdio Nacional d’Andorra, la radio pública del país, lo que lo convierte en el primer Jefe de Gobierno del Principado de Andorra.

“Soy homosexual. Nunca lo he escondido”, dijo. “Ahora, si no me lo preguntan, no tengo por qué decirlo, en el sentido de que eso no define la totalidad de mi persona y menos aún mi política personal. Pero al mismo tiempo, creo que no debería ser un problema expresarlo”.

“Y si esto ayuda a que muchos niños, jóvenes o adolescentes, que están pasando por un momento difícil, vean que al final, sin importar su condición u orientación sexual, en este país se puede prosperar y llegar a la más alta magistratura porque soy feliz de expresarlo”.

Esto convierte a Espot Zamora en el octavo jefe de Estado o de Gobierno en la historia mundial. Él y los demás: el Primer Ministro Xavier Bettel de Luxemburgo, la Primera Ministra Jóhanna Sigurðardóttir de Islandia, el Primer Ministro Elio Di Rupo de Bélgica, la primera ministra de Serbia desde 2017, Ana Brnabić, el Primer Ministro Leo Varadkar de Irlanda, el Presidente Edgars Rinkēvičs de Letonia, el Capitán Regente Paolo Rondelli de San Marino: todos lideran o lideran naciones europeas más pequeñas.

Espot Zamora, de 43 años, nació en la ciudad andorrana de Escaldes-Engordany, el día 30 de octubre del año 1979. Es licenciado y tiene un máster en Derecho por la Facultad de la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE). Además, también es licenciado en Humanidades por la Facultad de Filosofía de la Universidad Ramon Llull de Barcelona.

Fue juez antes de ser nombrado secretario de Justicia e Interior en 2011 y elegido primer ministro en 2019.

Es el líder de Demócratas por Andorra. Ganó las elecciones parlamentarias de Andorra de 2019 con 11 escaños. Fue investido jefe de gobierno por mayoría absoluta, con el apoyo de Liberales de Andorra y de Unión Laurediana. Desde 2019 es el jefe de Gobierno de Andorra.

Su anuncio se produce aproximadamente un año después de que Andorra se convirtiera en el país número 33 en legalizar el matrimonio igualitario con una ley que entró en vigor a principios de este año. La nueva ley también creó un sistema para que las personas transgénero actualicen su nombre y marcador de género en documentos legales sin proporcionar prueba de atención médica.

Fuente LGTBQNation

General, Historia LGTBI Andorra, Principado de Andorra, Visibilidad LGTBIQ+, Xavier Espot Zamora

ILGA-Europe publica su índice anual en el que reconoce la autodeterminación de género, las prohibición de las terapias de aversión y la mutilación genital de menores intersex que recoge la ley trans

La ley trans eleva a España al cuarto puesto del ranking de países con más derechos LGTBI

La Federación Estatal LGTBI+ ha colaborado en la elaboración de este informe

ILGA Europa ha publicado sus acostumbrados mapa interactivo y clasificación de los países del continente europeo y Asia central correspondientes al año 2022, en los que se refleja el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI en los distintos países. De nuevo, Malta encabeza la clasificación con amplitud, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años. España es el país que experimenta un mayor ascenso en la clasificación, debido a la aprobación de la Ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI iniciada el año pasado, alcanzando el cuarto lugar. Suben también los otros países que han legislado a favor de la autodeterminación de la identidad de género o la identidad corporal intersexual. 

España, que llegó a ocupar en 2011 el segundo puesto de este mapa, que elabora cada año ILGA-Europe, había ido perdiendo posiciones en los últimos años. Tras una exhaustiva clasificación de 49 países, en base a sus respectivas legislaciones en materia LGTBI, la organización reconoce a nuestro país (con un 74% de los puntos) como uno de los que han experimentado “el mayor salto en las puntuaciones”, junto a Islandia, Finlandia, Moldavia, Suiza y Croacia. Como puede verse en el mapa, el podio lo ocupan Malta (89), que repite en primera posición; Bélgica (76%), que ha incluido la identidad de género y las características sexuales como agravantes en su código penal; y Dinamarca (76%), gracias a un nuevo plan de igualdad.

ILGA Europa publicó el pasado mes de febrero su informe anual sobre los derechos humanos de la población LGTBI del continente europeo y Asia Central en el año 2022, en el que concluía que había sido el año más violento para las personas LGTBI en toda la región en la última década, tanto por los ataques feroces y planificados como por los suicidios causados por los discursos de odio crecientes y generalizados por parte de políticos, líderes religiosos, organizaciones de derechas y expertos de los medios de comunicación 

España asciende siete puestos y ocupa la cuarta posición en el ránking de países más respetuosos con los derechos LGTBI+ elaborado por la entidad de derechos humanos ILGA Europa. Según esta entidad internacional, la reciente aprobación de la Ley Trans y LGTBI+, que reconoce la autodeterminación de género para las personas trans, entre otras medidas contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género, ha hecho que España suba siete puestos con respecto a su posición anterior en este índice internacional.

Se trata del Índice Arco iris que elabora anualmente la principal organización europea de defensa de los derechos de las personas LGBTI+, ILGA Europa, y analiza la situación legal y política de las personas LGBTI+ en 49 países.

Según esta entidad, “aunque el discurso público es cada vez más polarizado y violento, en particular contra las personas trans, la determinación política de promover los derechos de las personas LGBTI+ está dando sus frutos”. “Los mayores avances en el mapa corresponden a los países que introdujeron el reconocimiento legal de género siguiendo un modelo de autodeterminación”, describen a través de su informe.

“España vuelva a situarse a la vanguardia internacional de los derechos LGTBI+”

Por su parte, Óscar Rodríguez, vocal de Relaciones Exteriores de la Federación Estatal LGTBI+, organización que ha colaborado en la elaboración de este informe, ha celebrado este ascenso, “fruto del trabajo de incidencia del asociacionismo LGTBI+ con el apoyo de la sociedad civil.” y ha aplaudido que España vuelva a situarse “a la vanguardia internacional de los derechos LGTBI+ como ya sucedió con la aprobación del matrimonio igualitario, cuando España ocupó el segundo puesto en el ránking”.

“Nuestra posición de liderazgo en materia de derechos LGTBI+ debe de ser un motivo de celebración y de orgullo, pero no nos puede hacer caer en la autocomplacencia. Desde la Federación Estatal LGTBI+ trabajaremos para garantizar que los derechos logrados se apliquen en todo el territorio nacional, instando a las autoridades competentes a que destinen recursos específicos. También para frenar el discurso de odio, cada vez más presente en la esfera pública, que legitima la violencia en las calles. Solo de esta manera podremos seguir avanzando.”, manifiesta.

Malta encabeza este índice por octavo año consecutivo

Por encima de España, Malta encabeza este índice por octavo año consecutivo. Asimismo, Bélgica ha ascendido hasta el segundo puesto, con una subida de cuatro puntos con respecto a su posición anterior, gracias a la inclusión de la identidad de género y las características sexuales como factores agravantes en el código penal del país. Dinamarca ocupa el tercer lugar, con una subida de dos puntos debida a su nuevo plan de acción para la igualdad, que incluye medidas específicas sobre orientación sexual e identidad de género.

Además, otros países, como Islandia o Moldavia, que ha incluido la identidad de género y las características sexuales en su legislación contra la discriminación y/o los delitos de odio también han tenido un ascenso significativo en la tabla, al igual que España.

NOTA. Mapa de ILGA-FELGTBI+

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Como herramienta útil complementaria a dicho informe, ILGA Europa ha dado a conocer ahora la clasificación por países y el mapa interactivo, que ofrecen información detallada sobre los derechos LGTBI en el continente en el año pasado. La clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Continuando con el criterio establecido el año pasado, las medidas respecto a la igualdad y no discriminación son el 23 % de la puntuación total, el derecho de familia representa el 17,5 %, los crímenes y discursos de odio el 19 %, el reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 17,5 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 9 %, el asilo un 9 % y la integridad corporal intersexual el 5 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa. 

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados: 

(Pincha en las imágenes para agrandarlas)

La clasificación de los países europeos 

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente: 

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo): 

También podéis ver el grado de cumplimiento de los países en cada apartado en este índice (podéis pinchar en él para ampliarlo): 

Malta vuelve a encabezar con holgura la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años respecto respecto a la identidad de género, la prohibición de los tratamientos quirúrgicos innecesarios a las personas intersexuales, la adopción homoparental, la prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual y el matrimonio igualitario.Con un 89,29 % de consecución de objetivos, se sitúa muy por encima del resto de países. 

Como comentábamos anteriormente, el mayor ascenso en la clasificación de este año es el de España, que el año anterior había descendido hasta la undécima posición debido a su inmovilismo legislativo. La aprobación de la Ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI del pasado mes de diciembre por el Congreso de los Diputados, si bien solo era una primera lectura, ha sido la causante de la subida. La aprobación de la autodeterminación de género en Finlandia y el respeto legislativo a la integridad corporal intersexual en Grecia también han hecho que ambos países experimenten un estimable ascenso. A su vez, Moldavia ha modificado su ley de igualdad y su código penal para incluir la orientación sexual y la identidad de género, lo que la ha hecho ascender 14 posiciones. 

Bielorrusia, Rusia, Armenia, Turquía y Azerbaiyán cierran la clasificación, no solo por falta de políticas de protección de la población LGTBI, sino por legislaciones y actuaciones gubernamentales específicamente LGTBIfobas. 

La situación en España 

Si en los años 2020 y 2021 no hubo ningún avance legislativo de ámbito nacional en España respecto a los derechos de las personas LGTBI, el 2022 ha sido completamente diferente. La aprobación en primera lectura de la tan esperada Ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI (Ley 4/2003) ha causado que el porcentaje de consecución de objetivos haya pasado de un exiguo 61,79 % hasta un 74,10 %. Así, España sube de la undécima posición hasta la cuarta, regresando a su habitual posición entre los diez primeros países de la clasificación. 

ILGA Europa destaca que con la Ley 4/2003 España ha regulado el reconocimiento legal del género basado en la autodeterminación, ha prohibido las mutilaciones genitales en menores intersexuales, ha prohibido también las llamadas prácticas de «conversión» y ha proscrito la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género y las características sexuales. 

En el informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGTBI publicado hace unos meses, ILGA Europa destacaba respecto a España el incremento sostenido de la retórica de odio contra las personas trans. Señalaba como dato significativo el hecho de que en la celebración del 8 de mayo por el Día de la Mujer hubo dos manifestaciones separadas en más de 20 ciudades, dada la no aceptación de la autodeterminación de género por parte de un sector del movimiento feminista. 

También destacaba la comunicación del Ministerio del Interior de un incremento del 68 % en el año 2021 de los delitos de odio basados en la orientación sexual e identidad de género. 

En esta ocasión, ILGA Europa hace las siguientes recomendaciones al Gobierno español: 

• Incluir específicamente la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales en las políticas diseñadas para abordar los delitos de odio y la incitación al odio. 
• Actualizar el marco legal de reconocimiento de género existente para que incluya una opción no binaria o de tercer género, y garantizar que sea accesible sin restricciones de edad. 
• Introducir leyes sobre asilo que contengan una mención expresa a la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales. 

Clasificación en años anteriores 

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo trans, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que repitió en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Este año vuelve a situarse en esa posición a considerable distancia de los demás. España ha ascendido hasta el cuarto puesto por la aprobación de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Esperemos que este importante avance legislativo en el respeto a los derechos LGTBI no solo se consolide sino que se amplíe. 

 Fuente FELGTBI+/Dosmanzanas

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El Partido Socialdemócrata de Andorra recurrirá al Constitucional la ley que distingue los matrimonios canónicos de los casamientos civiles.

Apuestan por que se reconozca, sin matices, el matrimonio igualitario civil

El Consell General (parlamento unicameral del Principado de Andorra) ha aprobado por unanimidad la Ley Cualificada de la Persona y de la Familia, que establece que el matrimonio o casamiento civil tendrá los mismos requisitos y efectos sean los contrayentes del mismo o distinto sexo. También incluye la eliminación de la figura de la unión civil para parejas del mismo sexo y dicta que las celebradas hasta el momento se conviertan automáticamente en matrimonios. La nueva ley entrará en vigor dentro de seis meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Andorra, una vez sancionada por uno de los copríncipes. Andorra se convierte así en el 33º país del mundo en aprobar el matrimonio igualitario.

El título segundo de esta nueva Ley Cualificada de la Persona y de la Familia se dedica a la regulación del matrimonio y de todo lo relacionado con el ámbito familiar. Recoge lo establecido en la Ley Cualificada del Matrimonio de 1995 con algunas actualizaciones, la más importante de ellas la misma definición de matrimonio. Así, los dos primeros artículos de la sección dedicada al sistema matrimonial quedan con la siguiente redacción:

Artículo 77. Formas de matrimonio

1. Se reconocen las formas de matrimonio siguientes:

• el casamiento civil
• el matrimonio canónico

2. El matrimonio, celebrado bajo la forma de casamiento civil, tendrá los mismos requisitos y efectos sean ambos contrayentes del mismo o diferente sexo.

Artículo 78. Efectos

El casamiento civil y el matrimonio canónico producen los mismos efectos.

Por otra parte, desaparece la figura de las uniones civiles, hasta el momento reservadas a parejas del mismo sexo. La disposición adicional única y las disposiciones transitorias cuarta y quinta de la nueva ley establecen que los textos legales que hagan referencia a esas uniones civiles deben entenderse a partir de la entrada en vigor de la ley como referencias a matrimonios; y que las uniones civiles ya existentes se considerarán matrimonios a todos los efectos, incluidos la separación y el divorcio.

La nueva Ley Cualificada de la Persona y de la Familia entrará en vigor en el plazo de seis meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Andorra, en la que deberá aparecer sancionada por uno de los copríncipes, muy probablemente el presidente de la República Francesa, ya que es dudoso que el otro jefe de estado, el obispo de la Seu d’Urgell, esté complacido con el nuevo texto legal.

Durante ese semestre, la ley aprobada establece que se deberán modificar todos los textos y normativas legales afectados por esta nueva legislación.

 Un proceso legislativo muy prolongado

El Consell General (parlamento unicameral del Principado de Andorra) aprobó en noviembre 2014 la ley que hacía posible las uniones civiles entre personas del mismo sexo y concedía a estas los mismos derechos que los de los matrimonios, incluida la adopción conjunta (si bien en su momento activistas LGTBI andorranos advirtieron de la existencia de algunas lagunas debido a la diferencia terminológica, como en lo referente a las sucesiones y el reagrupamiento familiar).

Posteriormente, las fuerzas políticas de la coalición gobernante informaron, en una rueda de prensa celebrada en marzo de 2020, de la elaboración de un proyecto de ley que terminaría con la diferencia «terminológica» entre matrimonio y unión civil.

Así, el 24 de noviembre de 2020 se admitía a trámite el Proyecto de Ley Cualificada de la Persona y de la Familia, a instancias de los presidentes de los grupos parlamentarios del Consell General de Demòcrates per Andorra, de Liberals d’Andorra y de Ciutadans Compromesos, las tres fuerzas del actual gobierno de coalición.

Tras la publicación del criterio del Gobierno, la toma en consideración y la presentación de enmiendas en marzo de 2021, en abril de ese mismo año comienza un interminable periodo de sucesión de prórrogas que concluye en abril de este 2022. Reanudado el procedimiento parlamentario, tras el paso por las comisiones pertinentes, la Ley Cualificada de la Persona y de la Familia es aprobada por el Consell General por unanimidad (25 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención) de todas las fuerzas políticas el 21 de julio de 2022.

El matrimonio igualitario en Europa y el mundo

Tras la aprobación del matrimonio igualitario en Andorra, aun a la espera de su entrada en vigor, son 19 los países europeos donde existe el matrimonio igualitario (entre paréntesis, la entrada en vigor de la ley):

Holanda (2001), Bélgica (2003), España (2005), Noruega (2009), Suecia (2009), Portugal(2010), Islandia (2010), Dinamarca (2012), Francia (2013), Reino Unido (2014en Inglaterra, Gales y Escocia, 2020 en Irlanda del Norte), Luxemburgo (2015), Irlanda (2015), Finlandia (2017) y Alemania (2017), Malta (2017), Austria (2019), Suiza (2021) y Eslovenia (2022) y Andorra (pendiente de entrada en vigor) (Podéis pinchar en el mapa para verlo a mayor tamaño).

Dentro de la Unión Europea, el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en 14 de los 27 países que la componen.

En todo el mundo, ya son 33 los países donde existe la igualdad para las parejas del mismo sexo, al añadir los siguientes al grupo europeo:

Canadá (2005), Sudáfrica (2006), México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Argentina (2010) , Nueva Zelanda (2013), Brasil(2013), Uruguay (2013), Estados Unidos (2015), Colombia (2016), Australia (2017),      Taiwán (2019), Ecuador (2019) , Costa Rica (2020) y Chile (2021). (Podéis pinchar en el mapa para verlo a mayor tamaño).

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Andorra, Ciutadans Compromesos, Demòcrates per Andorra, Ley Cualificada de la Persona y de la Familia (Andorra), Liberals d'Andorra, Matrimonio, Uniones Civiles

Igual que el año pasado, ILGA Europa ha emitido por separado su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo (y Asia occidental) y la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. Por sexto año consecutivo, Malta encabeza la clasificación con amplitud, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años. El año 2020 ha sido prácticamente inoperante en cuando a la implementación de nuevas disposiciones legislativas a favor de los derechos LGTBI en Europa. Ninguna en materia de derechos de las parejas del mismo sexo. En cuanto a la identidad de género, tan solo se puede contar con el reconocimiento legal de las personas no binarias en Islandia. Incluso las disposiciones aprobadas en años anteriores han terminado sin ser finalmente resueltas por expiración de plazos, como en el caso de Noruega, Albania o Ucrania.

Como ocurrió el año anterior, ILGA Europa ha distanciado la publicación de su informe anual sobre los derechos LGTBI en el continente europeo de la elaboración de la clasificación por países. En el informe, publicado en el mes de febrero, destacaba que la pandemia mundial causada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la debilidad del progreso alcanzado en cuanto a los derechos LGTBI, especialmente vulnerable a la explotación por parte de quienes se oponen a los derechos humanos. Los informes recibidos por ILGA Europa desde los distintos países han señalado un aumento de los abusos y de la incitación al odio contra las personas LGTBI tanto en el ámbito familiar como social, destacando sobre todo la utilización por parte de funcionarios gubernamentales y representantes de fuerzas políticas para usar a la población LGTBI como chivo expiatorio de la pandemia.

Como herramienta útil complementaria a dicho informe, ILGA Europa ha dado a conocer ahora la clasificación por países y el mapa interactivo, que ofrecen información detallada sobre los derechos LGTBI en el continente. La clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Este año no ha habido cambios en la valoración de cada apartado, por lo que es más sencilla la comparación con los datos del año anterior. Las medidas respecto a la igualdad y no discriminación son el 25 % de la puntuación total, el derecho de familia representa el 20 %, los crímenes y discursos de odio también son el 20 %, el reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 20 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 8 % y el asilo un 7 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En el apartado del reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal, este año se han valorado dos nuevos indicadores: el reconocimiento legal de las personas no binarias y la existencia de procedimientos legales para el reconocimiento del género en menores de edad. Eso ocasiona que suba o baje la puntuación respecto al año anterior aunque no haya habido cambios legislativos, teniendo en cuenta si se cumplen o no con estos nuevos indicadores.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

También podéis ver el grado de cumplimiento de los países en cada apartado en este índice (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar con holgura la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años respecto a la identidad de género, la prohibición de los tratamientos quirúrgicos innecesarios a las personas intersexuales, la adopción homoparental, la prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual y el matrimonio igualitario. Pero este año sigue incrementando su puntuación hasta alcanzar el 93,78 % de consecución de objetivos, debido a que ha añadido las características sexuales entre los motivos protegidos en su Ley de Refugiados y ha publicado nuevas directrices políticas para las solicitudes de asilo LGBTI. Malta también ha obtenido puntos por cumplir con los nuevos indicadores de ILGA Europa de reconocimiento del género no binario y amparo legal al reconocimiento de género en menores.

La mayor caída en la clasificación en este año es la de Dinamarca, que ha perdido un 3,80 % en la puntuación debido a las irregularidades en el criterio de despatologización, ya que el acceso a la asistencia sanitaria específica para personas trans sigue estando vinculado a una evaluación de salud mental. Georgia también pierde un 3,73 % por la falta de un procedimiento claro para el reconocimiento legal del género y a la arriesgada situación de los defensores de los derechos humanos del colectivo LGBTI en el país. Ucrania baja un 3,5 % gracias a la expiración de los planes de acción del gobierno en materia LGTBI.

ILGA Europa también señala el descenso de Polonia a causa de la pérdida de espacio de la sociedad civil, ya que la policía ataca activamente a las personas LGTBI durante los actos públicos, en lugar de protegerlas. También pierde puntos relacionados con la libertad de expresión, debido a las resoluciones anti-LGTBI aprobadas por los gobiernos locales. Polonia es el país de la Unión Europea que ocupa la peor posición en la clasificación.

Bosnia-Herzegovina y Macedonia del Norte mejoran su puntación gracias a la mejora en la libertad de reunión en ambos países.

La situación en España

El año 2020 no hubo ningún avance legislativo de ámbito nacional en España respecto a los derechos de las personas LGTBI. Sin embargo, los nuevos indicadores implementados por ILGA Europa este año han ocasionado que baje el porcentaje de consecución de logros de un 66,82 % a un 64,59 %, ya que España no reconoce legalmente a las personas no binarias. Debido a esto, España baja de la sexta a la octava posición en la clasificación general de este año.

El único avance legislativo reseñado por ILGA Europa es la aprobación de la Ley de Garantía de Derechos de Personas Lesbianas, Gais, Trans, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales en Cantabria. El hecho que sea un procedimiento legislativo de ámbito local hace que no incida en la puntuación general, puesto que España ya había puntuado por tener legislaciones regionales de este tipo.

Cabe destacar que, mientras que en el resto de apartados España ocupa un lugar entre los diez primeros países en cuanto a la consecución de logros, en el del reconocimiento de la identidad de género baja hasta la 13ª posición. En su informe anual de febrero, ILGA mostraba su preocupación por el incremento de los discursos de odio contra las personas trans en 2020 y el hecho de que un sector del PSOE se haya unido al discurso de odio tránsfobo propio de la ultraderecha, al calificar el derecho de la autodeterminación de género como una amenaza al feminismo y clamar contra la llamada «teoría queer».

Con todo esto en cuenta, ILGA Europa hace las siguientes recomendaciones al Gobierno español:

• Adopción de la Ley Trans para el reconocimiento legal del género a nivel nacional basado en la autodeterminación y libre de requisitos abusivos (como la esterilización, el diagnóstico médico, la intervención quirúrgica/médica o la restricción de edad), incluyendo una opción no binaria o de tercer género y la despatologización de las identidades trans.
• Prohibir las terapias de conversión en todas las regiones.
• Introducir políticas públicas de asilo que contengan una mención expresa a la orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo trans, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que repitió en 2017, 2018, 2019 y 2020. Este año vuelve a situarse en esa posición, incluso incrementando su puntuación, a considerable distancia de los demás. España ha descendido hasta el octavo puesto por su inoperancia legislativa en cuanto a los derechos de las personas trans y la falta de reconocimiento legal de las personas no binarias.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Europa, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Homofobia, Hungría, ILGA, ILGA Europa, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, LGTBIfobia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Menores, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Personas trans, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Transexualidad, Turquía, Ucrania

Aunque algo habíamos adelantado ya el pasado sábado con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia, ampliamos el informe con este post de Dosmanzanas:

Después de que el pasado mes de febrero emitiese su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo, ILGA Europa ha dado a conocer la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. Malta vuelve a encabezar la clasificación con holgura, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, entre las que se incluyen el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales o la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad. Como el año anterior, ILGA Europa advierte de que se están experimentando retrocesos legislativos en algunos países respecto a los derechos de las personas LGTBI. También se están propagando los discursos de odio por parte de los movimientos populistas, que ponen en riesgo a quienes defienden los derechos civiles, sin que las autoridades políticas estén tomando medidas al respecto. España asciende hasta la sexta posición, a pesar del inmovilismo legislativo de los últimos años, debido a la sentencia que ha declarado inconstitucional la discriminación de los menores trans en cuanto al reconocimiento de su identidad de género. ILGA Europa sigue recomendando la aprobación definitiva de la ley de igualdad de las personas LGTBI, la reforma de la ley de identidad de género que incluya la despatologización y la prohibición a nivel nacional de las terapias de reconversión de la orientación sexual.

Por primera vez, ILGA Europa ha distanciado la publicación de su informe anual sobre los derechos LGTBI en el continente europeo de la elaboración de la clasificación por países. En el informe, publicado en el mes de febrero, advertía del aumento de los discursos de odio contra las personas LGTBI en gran parte de Europa por parte de personas de relevancia social y política, debido al auge de los partidos de extrema derecha populista en números países. También informaba de que se ha producido un aumento de las agresiones físicas y de las expresiones de odio a través de las redes sociales en muchos países.

Como herramienta útil complementaria a dicho informe, ILGA Europa ha dado a conocer ahora la clasificación por países y el mapa interactivo, que ofrecen información detallada sobre los derechos LGTBI en el continente. La clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Este año no ha habido cambios en la valoración de cada apartado, por lo que es más sencilla la comparación con los datos del año anterior. Las medidas respecto a la igualdad y no discriminación son el 25 % de la puntuación total, el derecho de familia representa el 20 %, los crímenes y discursos de odio también son el 20 %, el reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 20 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 8 % y el asilo un 7 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar con holgura la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años respecto a la identidad de género, la prohibición de los tratamientos quirúrgicos innecesarios a las personas intersexuales, la adopción homoparental, la prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual y el matrimonio igualitario.

La mayor caída en la clasificación la experimenta Hungría, que pierde 8,46 puntos debido a la suspensión de los procedimientos para el reconocimiento de la identidad de género, y a la falta de protección adecuada por parte del Gobierno en los eventos públicos. También descienden Francia y Finlandia, ya que las iniciativas gubernamentales en cuanto a la ampliación de derechos no han logrado entrar en vigor.

Ascienden Holanda, Montenegro y Macedonia del Norte debido a la implementación de reformas para impedir la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. España también asciende hasta la sexta posición, tras el dictamen del Tribunal Constitucional respecto a la identidad de género de los menores trans.

Según los datos recopilados por ILGA Europa, no ha habido ningún avance legislativo en el 49,9 % de los países europeos.

La pérdida de derechos o el aplazamiento de las reformas destinadas a su reconocimiento son una gran preocupación para ILGA Europa. Su directora ejecutiva, Evelyne Paradis, declaraba que «este es un momento crítico para la igualdad LGBTI en Europa. Con cada año que pasa, más y más países, incluidos aquellos que defienden la igualdad LGBTI, continúan rezagados en sus compromisos de igualdad para las personas LGBTI, mientras que más gobiernos toman medidas activas para atacar a las comunidades LGBTI. Hay razones para estar extremadamente preocupados de que esta situación se extienda a medida que la atención política se vea inmersa en las consecuencias económicas de la COVID-19».

La situación en España

Aunque el pasado año hubo una vez más en España un total inmovilismo legislativo respecto a los derechos LGTBI, su clasificación se he visto sustancialmente mejorada, al pasar de la undécima posición hasta la sexta. El ascenso se debe principalmente a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional la prohibición de que los menores trans pudieran acceder a la rectificación registral del sexo.

De esta manera, España ha pasado de un cumplimiento del 59,98 % en la clasificación del año pasado hasta un 66,82 % en la del actual.

No obstante, ILGA Europa hace las siguientes recomendaciones al Gobierno español:

• Prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual.
• Implementar un organismo de igualdad con mandato explícito sobre orientación sexual, identidad de género y características sexuales.
• Actualizar el marco legal existente a nivel nacional para el reconocimiento legal del género, a fin de establecer un proceso administrativo basado en la autodeterminación y libre de requisitos abusivos (tales como un diagnóstico médico) y de límites de edad.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. Repitió en 2017, 2018 y 2019. Este año vuelve a situarse en esa posición, a considerable distancia de los demás. España, que salió el año pasado por primera vez del grupo de los 10 países de cabeza, vuelve a integrarse en él, debido al reconocimiento de los derechos de los menores trans por el Tribunal Constitucional.

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El Gobierno de Andorra tiene intención de eliminar la diferencia «terminológica» entre el matrimonio civil entre personas de distinto sexo y la unión civil entre personas del mismo sexo. Así lo contempla la proposición de ley de la persona y la familia, que han presentado en días pasados representantes de los tres partidos que componen el gobierno andorrano. 

El Consell General (parlamento unicameral del Principado de Andorra) aprobó en noviembre 2014 la ley que hacía posible las uniones civiles entre personas del mismo sexo y concedía a estas los mismos derechos que los de los matrimonios, incluida la adopción conjunta (si bien en su momento activistas LGTBI andorranos advirtieron de la existencia de algunas lagunas debido a la diferencia terminológica). Ahora, más de seis años después, el gobierno andorrano ha decidido dar un paso más y suprimir esta diferencia. Así lo determina el borrador de la proposición de ley de la persona y la familia, que el pasado 10 de marzo presentaron en rueda de prensa conjunta Ester Molné (representante en el Consell General de Demòcrates per Andorra), Sílvia Ferrer (de Liberals d’Andorra) y Carles Naudi (de Ciutadans Compromesos). Se trata de los tres partidos que conforman el actual gobierno andorrano.

Según han explicado Molné, Ferrar y Naudi, la futura ley de la persona y la familia actualiza en un único texto diferentes leyes previas que tienen que ver con la institución familiar, introduciendo diversas reformas como, por mencionar otro ejemplo, la supresión de la obligación de pasar por una separación como fase previa antes de conceder definitivamente el divorcio. En en este contexto que se actualiza la denominación de las uniones civiles entre personas del mismo sexo, sin que ello signifique ningún cambio en los derechos y obligaciones de quienes la contraen, que pasará a ser la misma que la de los matrimonios civiles entre personas de distinto sexo. En definitiva, existirá una única institución civil, con independencia del sexo de los contrayentes.

Eso sí, la reforma hace uso de un «truco» lingüistico, al menos según se deprende de las declaraciones de los citados representantes políticos (puedes ver aquí la rueda de prensa que concedieron, en catalán). Y es que, salvo que durante su tramitación parlamentaria haya cambios, la ley utilizará el término «casament» para la institución del matrimonio civil, mientras que reservará el término «matrimoni», para el matrimonio canónico religioso. Una diferencia que (así nos parece a nosotros) parece especialmente pensada para que la reforma no levante las iras de la Iglesia católica. Conviene recordar, en este punto, que uno de los dos copríncipes de Andorra (junto al presidente de la República Francesa) es el obispo de la Seu d’Urgell, que previsiblemente no estará muy contento con la reforma. No obstante, hoy día Andorra es una democracia constitucional en la que el papel de los copríncipes está muy limitado. Así, la actual Constitución andorrana prevé mecanismos para que algunas leyes entren en vigor pese a ser sancionadas por un único copríncipe.

Filiación y gestación subrogada

Otra de las reformas que plantea la proposición de ley, según asegura Diari d’Andorra, es el reconocimiento de la filiación en el caso de niños nacidos mediante gestación subrogada en países en los que este procedimiento sea legal. Andorra, al igual que sus vecinas España o Francia, no permite la gestación subrogada en su territorio, pero la justicia andorrana ha reconocido la filiación en varios casos en esta situación (en línea con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos). Si la propuesta se mantiene durante la tramitación parlamentaria, la futura ley reconocerá de forma explícita esta posibilidad.

Fuente Dosmanzanas

Foto Diari d’Andorra, Fernando Galindo

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La 10ª edición de su informe anual, que analiza la situación del colectivo en los 49 países europeos

Con adelanto respecto a otros años, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. Como es habitual, el estudio incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2020 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2019. La clasificación la encabeza de nuevo Malta, a considerable distancia del resto de países, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, entre las que se incluyen el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales o la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad. ILGA Europa se muestra especialmente preocupada por el avance de los discursos y delitos de odio en gran parte del continente europeo, así como el aumento de quienes se ven obligados a abandonar sus países por otros más seguros. España desciende un puesto más en esta ocasión, hasta situarse en el duodécimo puesto, debido a la continuidad del inmovilismo legislativo de los últimos años, si bien se ha incrementado el porcentaje de consecución de objetivos por la aprobación de algunas normas de ámbito autonómico.

La entidad internacional referente en materia de derechos LGTBI, ILGA-Europa, de la que la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) forma parte, ha instado este martes a los estados a adoptar leyes que protejan a las personas LGTBI ante el auge generalizado de los discursos de odio que la ONG ha identificado tras el análisis de la situación de la realidad del colectivo en los 49 países europeos y los cinco países del Asia central.

Así, la directora ejecutiva de ILGA-Europa, Evelyne Paradis, ha asegurado que “los gobiernos todavía tienen mucho que hacer. Es necesario actuar y adoptar leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y den a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores. Deben dar ejemplo adoptando un discurso que promueva el respeto y la inclusión social”.

Y es que, la 10ª edición de un informe que recoge las conclusiones de este análisis, revela que, actualmente, existe en Europa “un fuerte aumento de los discursos de odio en toda la región, a menudo llevados a cabo por figuras públicas”.

La investigación revela el auge de los discursos de odio por parte de dirigentes políticos y religiosos en Albania, Andorra, Azerbaiyán, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, España, Finlandia, Georgia, Grecia, Hungría, Kosovo, Portugal, la República Checa y Turquía. En la mayoría de estos países, este discurso LGTBIfóbico se difunde con total impunidad.

Además, alerta de que, en muchos de los países analizados, y no sólo en los que se ha documentado un aumento de los discursos LGTBIfóbicos en la esfera pública, se ha producido un incremento igualmente significativo de la incitación al odio contra el colectivo a través de las redes sociales y de las agresiones físicas contra personas LGBTI.

En muchos países de las regiones de Europa y Asia central, y no sólo en aquellos en los que se ha documentado un crecimiento del discurso oficial motivado por el prejuicio, también se ha producido un aumento igualmente pronunciado de las expresiones de odio en línea y de las agresiones físicas contra las personas LGBTI, muchas de ellas premeditadas y brutales.

En el examen se señala que se trata de un fenómeno paneuropeo, desde el Reino Unido, donde la narrativa populista que rodea a Brexit puede vincularse a un aumento de los delitos e incidentes de odio contra las personas LGBTI, hasta la prohibición de actos en muchos pueblos y ciudades del continente, el enjuiciamiento de les participantes en las marchas del Orgullo  en Turquía y la creciente presencia de manifestantes anti-LGBTI y neonazis en los espacios públicos durante los actos LGBTI en toda la región.

Junto con el aumento del odio, hay un mayor movimiento de personas de la región hacia países considerados menos duros. Un mayor número de personas LGBTI abandonaron países como Albania, Bosnia y Herzegovina, Tayikistán y Turkmenistán para ir a países vecinos en los que la situación podría percibirse como relativamente más segura. También hay un aumento anecdótico de personas que dicen que quieren dejar países como Polonia para ir a otros países de la UE.

Los obstáculos comunicados en el acceso a la atención de la salud, el acoso en las escuelas y en el lugar de trabajo y la denegación de servicios a las personas LGBTI, a menudo por falta de intervención gubernamental, son factores que influyen en el panorama general de una Europa en la que las experiencias vividas en gran medida no coinciden con el mensaje superficial de que los derechos y la igualdad de las personas LGBTI están plenamente garantizados.

Según ILGA-Europa, Alemania, Francia, Luxemburgo, Reino Unido, Suecia y Suiza ya han adoptado medidas para hacer frente a la incitación al odio o han fortalecido la legislación existente. Sin embargo, dado el contexto actual y las repercusiones que estas actuaciones LGTBIfóbicas tienen para la sociedad en general, asegura que “es sorprendente que un mayor número de gobiernos no estén adoptando de manera proactiva medidas como la aprobación de legislaciones eficaces, planes de acción y formación de las autoridades públicas”. Además, denuncia que “en los países en los que existe legislación, no hay suficiente compromiso político para garantizar la aplicación efectiva y la dotación de recursos”.

Así, la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, recuerda la importancia de que España apruebe una Ley Estatal LGTBI para blindar los derechos de las personas LGTBI de todo el territorio y no quedarse atrás con respecto a otros países en materia de avances sociales. En este sentido, la presidenta denuncia que “en España, aún hay cinco Comunidades Autónomas donde las personas LGTBI están totalmente desprotegidas pues que no existe ningún tipo de legislación que garantice sus derechos”. “Además, tal y como alerta ILGA-Europa, en aquellos territorios donde sí existe legislación autonómica, como puede ser Murcia, ésta está siendo incumplida por la LGTBIfobia institucionalizada de la ultraderecha”.

En este sentido, la presidenta recuerda que, en 2019, España dejó de estar por primera vez entre los 10 países europeos más respetuosos con los derechos del colectivo LGTBI. Este descenso, según apuntó ILGA-Europa en el informe en el que realizó la comparativa entre países se debió precisamente a la falta de legislación estatal.

“Y es que, pese a las recomendaciones de Europa, en España, algunos aspectos fundamentales como la prohibición de las terapias de reconversión, la creación de políticas para el fomento del empleo de las personas trans o el establecimiento de medidas para erradicar la discriminación contra el colectivo en los ámbitos sanitarios o educativos sólo están aprobados en determinadas autonomías”, alerta Sangil.

Según Evelyne Paradis, Directora Ejecutiva de ILGA-Europe: “No todo son malas noticias. La cuestión de la integridad corporal de las personas intersex sigue ganando cada vez más importancia en la agenda política de los gobiernos e instituciones. El año 2019 fue un año de acontecimientos positivos para las familias arcoiris en la región, con una expansión de los derechos de la familia en unos pocos países; y se siguen realizando importantes avances en la reforma o el establecimiento de procedimientos legales de reconocimiento del género, aunque en muchos países los progresos se están ralentizando.”

“Sin embargo, la realidad vivida por las personas LGBTI en muchas partes de Europa y Asia Central es cada vez más difícil y en gran parte permanece invisible, incluso para organizaciones como ILGA-Europe. Es necesario tomar medidas. Los gobiernos todavía tienen mucho que hacer, desde adoptar leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y dar a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores, hasta dar el ejemplo de tener un discurso que promueva la aceptación y la inclusión social.”

“Al dar a conocer un panorama tan amplio y matizado, que cambia y evoluciona constantemente, el examen anual de ILGA-Europe tiene por objeto dar una idea de la enormidad de las cuestiones y esferas que afectan a la vida de las personas, que seguirán requiriendo atención, especialmente en un contexto en el que las personas LGBTI son el blanco de ataques y la vulnerabilidad es mayor”.

La 10ª edición de ILGA-Europa ‘Annual Review of the Human Rights Situation of LGBTI people in Europe and Central Asia, 2020’ fué  lanzada en el Parlamento Europeo el pasado martes 4 de febrero en presencia de activistas de Bulgaria, Bosnia y Herzegovina y de la Organización Intersex Internacional (OII) Europa, y de una representante de la Comisaria de la UE para la Igualdad, Helena Dalli.

Preocupación del Parlamento Europeo 

Asimismo, ILGA-Europa recuerda en su informe que, el pasado mes de diciembre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre “Discriminación pública y expresiones de odio contra las personas LGBTI, incluidas “zonas sin LGBTI. En dicha resolución se expresa “una profunda preocupación por el creciente número de ataques contra la comunidad LGBTI por parte del Estado, los funcionarios estatales, los gobiernos a nivel nacional, regional y local y los políticos de la Unión Europea (UE)”.

La resolución reconoce que estos ataques han generado un aumento de la violencia contra las personas LGTBI y que los delitos de odio por LGTBIfobia van en aumento en toda la Unión Europea, mientras que las respuestas de las autoridades siguen siendo con demasiada frecuencia inadecuadas. Así, reitera un llamamiento a la Comisión para que adopte una estrategia de la Unión Europea en materia de derechos LGBTI.

Más detalladamente:

Al igual que en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Las correspondientes a la igualdad y no discriminación suponen el 25 % de la puntuación total, el derecho de familia el 20 %, los crímenes y discursos de odio el 20 %, la estimación del reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 20 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 8 % y el derecho a asilo el 7 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. Hay que remarcar que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea, entre los que ya no está incluido el Reino Unido, alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Una vez más, Malta encabeza la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 90,35 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, a considerable distancia del segundo clasificado, Bélgica, que se queda en un 73,08 %. El mayor ascenso en la lista es el de Montenegro, que sube desde el puesto 22 al 13, inmediatamente detrás de España, debido a la implementación de medidas contra la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género en abril de 2019.

ILGA Europa advierte este año en su informe del aumento de los discursos de odio contra las personas LGTBI en gran parte de Europa por parte de figuras públicas, debido al auge de los partidos populistas de extrema derecha. Así se ha detectado en Bulgaria, Polonia y Turquía, Chipre, Finlandia, Grecia, Portugal o España. También se ha producido un aumento de las agresiones físicas y de las expresiones de odio a través de las redes sociales en muchos países, como en el Reino Unido, consecuencia de los discursos populistas que rodean al Brexit. En países como Turquía se enjuicia a los participantes en las marchas del Orgullo y en otros países es creciente la presencia de manifestantes LGTBIfobos durante estos actos.

Se ha comprobado que hay un aumento de la migración hacia países con menor LGTBIfobia social desde Albania, Bosnia-Herzegovina, Tayikistán y Turkmenistán. Dentro de la Unión Europea también ha aumentado el número de personas que abandonan países como Polonia para ir a otros de la eurozona.

A pesar de todo, Evelyne Paradis, directora ejecutiva de ILGA Europa, quiere hacer una lectura positiva del informe: «No todo son malas noticias. La cuestión de la integridad corporal de las personas intersex sigue ganando cada vez más importancia en la agenda política de los gobiernos e instituciones. El año 2019 fue un año de acontecimientos positivos para las familias arcoíris en la región, con una expansión de los derechos de la familia en unos pocos países; y se siguen realizando importantes avances en la reforma o el establecimiento de procedimientos legales de reconocimiento del género, aunque en muchos países los progresos se están ralentizando.

«Sin embargo, la realidad vivida por las personas LGBTI en muchas partes de Europa y Asia Central es cada vez más difícil y en gran parte permanece invisible, incluso para organizaciones como ILGA Europa. Es necesario tomar medidas. Los gobiernos todavía tienen mucho que hacer, desde adoptar leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y dar a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores, hasta dar el ejemplo de tener un discurso que promueva la aceptación y la inclusión social».

«Al dar a conocer un panorama tan amplio y matizado, que cambia y evoluciona constantemente, el examen anual de ILGA Europa tiene por objeto dar una idea de la enormidad de las cuestiones y esferas que afectan a la vida de las personas, que seguirán requiriendo atención, especialmente en un contexto en el que las personas LGBTI son el blanco de ataques y la vulnerabilidad es mayor».

La situación en España

La falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Sin embargo, se ha producido un pequeño incremento desde el 59,98 % de cumplimiento en el informe del año pasado hasta el 61,20 % en el presente, debido a la aprobación de leyes contra la discriminación o creación de consejerías específicas en Canarias, Murcia o la Comunidad Valenciana. También ha puntuado favorablemente la sentencia del Tribunal Constitucional en contra de la exclusión de los menores trans del derecho al reconocimiento de género. A pesar de ello, España pierde otro puesto respecto al año anterior y se sitúa en la 12.ª posición, debido a la escalada de Holanda, que ha pasado del 12.º puesto al 10.º, por delante de Suecia.

ILGA Europa señala que se ha producido en España un aumento de los discursos de odio por parte de líderes políticos. Como ejemplo, destaca que Vox, el tercer partido en representación parlamentaria, comparase la homosexualidad con el bestialismo durante su campaña electoral o que propusiera la prohibición de las marchas del Orgullo. También incluye a Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista (formación integrada en Izquierda Unida), quien desde la cuenta oficial del partido ha difundido mensajes homófobos que atacaban al «lobby gay» a cuyos miembros acusaba de «proxenetas y compradores de niños». Sus críticas más feroces se dirigían a las mujeres trans, a quienes niega su identidad de género, acusándolas de haber impuesto el reconocimiento legal del género en España.

También se muestra preocupación por el aumento de las agresiones por motivo de orientación sexual e identidad de género. Hace evidente la discrepancia entre los datos oficiales del Ministerio del Interior, que hablaban de un descenso de estos delitos del 4 % respecto al año anterior, con los que ofrecen los distintos Observatorios contra la LGTBfobia. El madrileño señalaba un aumento del 7 %, mientras que el catalán apuntaba a un incremento del 30 % de los delitos de odio en Cataluña durante los primeros seis meses de 2019.

En el apartado referido a la libertad de reunión, el informe únicamente incluye la obstrucción a los miembros de Ciudadanos en las marchas del Orgullo de Madrid y Barcelona por parte de otros manifestantes, debido a sus alianzas con el partido LGTBIfobo Vox.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que ha repetido en 2017, 2018 y 2019. España siempre se había situado entre los 10 países de cabeza, pero el inmovilismo legislativo ha causado que abandonase ese grupo en 2018 y este año pierda incluso otro puesto.

Fuente FELGTB/ ILGA-Europa/Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Ciudadanos, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Evelyne Paradis, FELGTB, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Homofobia, Homofobia/Transfobia, Hungría, ILGA, ILGA Europa, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, LGTBfobia, Lidia Falcón, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Partido Feminista, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Tomás Marcos, Turquía, Ucrania, Uge Sangil, VOX

Los derechos LGBT se han estancado y en algunos países incluso han retrocedido, esta es la preocupante conclusión a la que ha llegado la ILGA-Europe -la asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e intersexuales- en su reunión anual que ha tenido lugar hoy en Oslo. Asimismo, también han lanzado el 10º mapa sobre los derechos LGTB+ en Europa, una herramienta para monitorizar y clasificar los 49 países del continente en aspectos como legislación contra la discriminación y derechos, reconocimiento legal de género, integridad, protección contra delitos de odio, derechos familiares y espacios en la sociedad civil. Como se puede ver, no solo no avanzamos sino que estamos retrocediendo en algunos lugares:

Como es costumbre por estas fechas, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es habitual, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2019 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2018. Malta encabeza de nuevo la clasificación, a bastante distancia del resto de países, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, entre las que se incluyen el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales o la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad. Pero ILGA Europa advierte que este año, por primera vez desde que realiza el informe, se ha experimentado un retroceso en las legislaciones de algunos de los países europeos en lo que respecta a los derechos de las personas LGTBI, como en Polonia, Bulgaria, Serbia y Kosovo. Por ello, ILGA Europa da la voz de alarma para que se redoblen los esfuerzos para asegurar la igualdad de derechos de los europeos LGTBI. España desciende a la undécima posición, situándose por primera vez fuera de los diez primeros puestos, todo ello debido al inmovilismo legislativo de los últimos años, con la recomendación una vez más por parte de ILGA Europa de que se aprueben definitivamente tanto la ley de igualdad de las personas LGTBI como la reforma de la ley de identidad de género.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Este año ha variado la valoración de cada apartado. Se mantiene el de las medidas respecto a la igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), baja la puntuación del derecho de familia (20 %), no experimenta cambios el de los crímenes y discursos de odio (20 %), sube la estimación del reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (20 %), se mantiene la de las libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y se incrementa la del asilo (7 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 90,35 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, a considerable distancia del segundo clasificado, Bélgica, que se queda en un 73,08 %. Es de reseñar también el ascenso en la lista de Luxemburgo, que el pasado año aprobó importantes medidas respecto al reconocimiento de la identidad de género y la no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en todos los ámbitos sociales. Eso le ha permitido ascender del decimoctavo puesto al tercero.

 Pero la gran preocupación de ILGA Europa en el presente año es la pérdida de derechos de las personas LGTBI en algunos de los países europeos por primera vez en los diez años de existencia de este informe, que se teme que sea la avanzadilla de las políticas populistas que amenazan tanto lo ya conseguido como el avance en la igualdad y no discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género. Según señala ILGA Europa, Polonia ya no brinda acceso a la reproducción asistida para mujeres solteras; Bulgaria ha eliminado todos los procedimientos administrativos para el cambio legal del nombre o del género en los documentos oficiales de las personas trans; Serbia y Kosovo no han renovado sus planes de acción para la igualdad; por último, Bulgaria, Hungría y Turquía no han respetado derechos civiles y políticos fundamentales, como la libertad de reunión, la libertad de asociación y la protección de los defensores de los derechos humanos durante el año pasado. El resultado es un entorno cada vez más inseguro e insostenible para las organizaciones LGTBI y los defensores de los derechos humanos en un número creciente de países.

Por ello, la directora ejecutiva de ILGA Europa, Evelyne Paradis, declaraba que «si alguna vez hubo un momento para dar prioridad política a la igualdad LGBTI, ¡es ahora! El año pasado, advertimos sobre los peligros de pensar que el trabajo estaba hecho. Lamentablemente, este año vemos pruebas concretas de retroceso a nivel político y legislativo en un número creciente de países. No hay más tiempo que perder. En el actual clima social y político cada vez más polarizado, las leyes y las políticas son a menudo las últimas líneas de defensa de las comunidades LGBTI. Por eso necesitamos que los responsables de la toma de decisiones nacionales y europeos redoblen sus esfuerzos para garantizar la igualdad en la ley y en la práctica para las personas LGBTI».

La situación en España

Un año más, la falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Además, el hecho de que la valoración respecto al reconocimiento legal de la identidad de género se haya incrementado en este año, hace que la puntuación en este apartado por primera vez sea inferior al 50 %. Así, España ha pasado de un cumplimiento del 67,03 % el año pasado a un ya escaso 59,98 % en el presente.

ILGA Europa vuelve a hacer estas dos recomendaciones al Gobierno español:

• Implementar un organismo de igualdad con mandato explícito sobre orientación sexual, identidad de género y características sexuales.
• Actualizar el marco legal existente a nivel nacional para el reconocimiento legal del género, a fin de establecer un proceso administrativo basado en la autodeterminación y libre de requisitos abusivos (tales como un diagnóstico médico) y de límites de edad.

A pesar de ello, ILGA Europa reconoce los avances legislativos producidos en Andalucía, Murcia, Castilla y León o Aragón. También señala que la ley de igualdad LGTBI y la reforma de la ley de identidad de género iniciaron su trámite parlamentario. Sin embargo, su aprobación quedó cancelada definitivamente con la convocatoria de las elecciones generales. El informe también destaca la salida del armario como bisexual del senador de Ciudadanos Tomás Marcos y la entrada en el parlamento andaluz de VOX, de quien resalta su intención de prohibir el matrimonio igualitario y la adopción homoparental.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que repitió en 2017 y 2018. Este año se consolida en lo más alto de la lista a considerable distancia de los demás. España, hasta este año, se había situado siempre entre los 10 países de cabeza, pero el inmovilismo legislativo ha causado que abandone ese grupo y baje hasta la undécima posición.

General, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Homofobia, Hungría, ILGA, ILGA Europa, Informe, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, LGTBfobia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Tomás Marcos, Turquía, Ucrania, VOX

Coincidiendo con la celebración del 40 aniversario de su fundación, ILGA ha reanudado la publicación de su informe sobre la homofobia de Estado, tras un receso de un año. Desde el su último reporte, publicado en mayo de 2017, ILGA celebra que se hayan despenalizado las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo en tres países: India, Trinidad y Tobago y Angola. También se congratula que desde esa fecha el matrimonio igualitario sea una realidad en Malta, Alemania, Australia y Austria. Sin embargo, alerta de que de los derechos adquiridos no son inamovibles y pueden perderse, como ocurrió en Chad cuando se volvieron a penalizar las relaciones homosexuales en 2017, y que el auge de los populismos conservadores amenaza las conquistas incluso en los países más avanzados en el respeto a los derechos humanos.

Dentro del informe, como es costumbre, ILGA edita un mapa explicativo de la situación legal de las relaciones entre personas del mismo sexo en el mundo. Si en otros años la parte positiva se materializaba en el matrimonio igualitario, este año ILGA ha considerado como límite favorable que la no discriminación basada en la orientación sexual tenga rango constitucional. En el extremo negativo se sitúan los países que criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo, y el límite en aquellos que las castigan con la cadena perpetua e incluso la pena de muerte. Este es el mapa descriptivo (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

DERECHOS Y PROTECCIÓN CONTRA LA DISCRMINACIÓN

Leyes contra la discriminación con base en la orientación sexual

Tan solo en 9 países pertenecientes a la Naciones Unidas se protege constitucionalmente de manera específica contra la discriminación por razón de la orientación sexual:

Bolivia, Ecuador, Fiyi, México, Nepal, Malta, Portugal, Sudáfrica y Suecia.

Sin embargo, a pesar de esa protección constitucional, en Bolivia, Ecuador, Fiyi y Nepal se discrimina a las parejas del mismo sexo al negarles la posibilidad de contraer matrimonio, tal como se permite a las parejas de distinto sexo.

A estos 9 países se añaden otros 43 en los que existe una legislación específica que proporciona una «protección amplia» contra la discriminación con base en la orientación sexual:

Albania, Alemania, Andorra, Angola, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Kosovo, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mauricio, Mongolia, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, República Checa, Rumania, Serbia, Surinam y Uruguay.

Como en el caso anterior, la protección legal contra la discriminación no implica la plena igualdad de derechos. No solo en la mayoría de estos países también se discrimina a las parejas del mismo sexo, sino que en alguno, como en Mauricio, se compagina esa protección con la penalización de las relaciones homosexuales masculinas, que están castigadas con penas de hasta 5 años de cárcel.

En 73 de los países pertenecientes a Naciones Unidas existen leyes que protegen contra la discriminación en el lugar de trabajo por motivos de orientación sexual, aunque en algunos de ellos las relaciones entre personas del mismo sexo estén castigadas penalmente (es el caso de Botsuana, Kiribati, Mauricio, Samoa, Santa Lucía y la región autónoma de las Islas Cook). En 39 se han promulgado leyes que castigan los actos de incitación al odio, la discriminación o la violencia por motivos de orientación sexual. En otros 42 países se imponen penas más severas por delitos motivados por el odio hacia la orientación sexual de la víctima.

ILGA estima que en 8 países la protección contra la discriminación con base en la orientación sexual es limitada o dispar en su territorio:

Argentina, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Japón, República Dominicana y Vanuatu.

En otros 55 países no existe ningún tipo de legislación contra la discriminación, pero tampoco se criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Entre ellos están gigantes demográficos como China, India, Indonesia y Rusia.

Los derechos de las parejas del mismo sexo: matrimonio y adopción

En cuanto a los derechos de las parejas del mismo sexo, en 26 de los países pertenecientes a las Naciones Unidas existe la igualdad de acceso a la institución del matrimonio:

Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido (excepto Irlanda del Norte), Sudáfrica, Suecia y Uruguay,

El próximo mes de mayo vencen los plazos establecidos por sus respectivas Cortes Constitucionales para que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea legal en Costa Rica y Taiwán.

En otros 16 estados se han establecido distintos tipos legales de unión que reconocen algún tipo de derechos a las parejas del mismo sexo:

Andorra, Chile, Chipre, Colombia, Croacia, Ecuador, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Liechtenstein, República Checa, San Marino y Suiza.

En 28 países se permite la adopción en las mismas condiciones que a las parejas de distinto sexo:

Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Israel, Luxemburgo, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, Uruguay,

En 3 países más, solo se permite la adopción de los hijos de la pareja:

Eslovenia, Estonia y San Marino.

LA HOMOFOBIA DE ESTADO

Criminalización de las relaciones homosexuales

La penalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo implica casi siempre a todo el colectivo LGTB. No solamente afecta a gais, lesbianas y bisexuales, sino que también criminaliza a las personas trans, pues en la mayoría de estos países no se reconoce su identidad de género y son considerados legalmente por el sexo asignado al nacer. De esta manera, una mujer trans heterosexual puede ser castigada por mantener relaciones con un varón cis, de la misma manera que un hombre trans heterosexual puede ser denunciado por entablar relaciones sexuales con una mujer cis.

En 73 países y territorios del mundo están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Ocurre en 70 de los países pertenecientes a Naciones Unidas:

Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Bangladés, Barbados, Botsuana, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 73 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 44 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

Cadena perpetua en 5 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 5 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Tanzania, Uganda y Zambia.

Las legislaciones de 11 países establecen incluso la pena de muerte. En 6 de ellos, se tienen datos contrastados de su aplicación:

Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen. En Nigeria y Somalia, en las provincias donde se aplica la sharía.

En otros cinco no se tiene constacia de su aplicación, pero la legislación vigente contempla la posibilidad:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania y Paquistán.

Respecto al informe de 2017, han desparecido las referencias a Siria e Irak, donde se implementaba actores no formalmente estatales como el Estado Islámico.

Restricciones a la libertad de expresión y la actuación de ONG

Aparte de la criminalización de las relaciones homosexuales, en 32 Estados existen leyes que restringen la libertad de expresión en cuestiones de orientación sexual e identidad de género:

Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Bielorrusia, Camerún, Catar, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Libia, Lituania, Malasia, Marruecos, Nigeria, Omán, Paquistán, Paraguay, Rusia, Singapur, Siria, Somalia, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda y Yemen.

En Europa, aparte de Rusia, Lituania y Bielorrusia, ha habido intentos de aprobación de leyes contra la «propaganda homosexual» (que prohíben informar positivamente de las relaciones entre personas del mismo sexo) en Armenia y Letonia. En Hungría se han prohibido por decretos los estudios de género en las universidades. Por su parte, en los Estados Unidos de América, siete estados (que representan el 17,4 % del total) han promulgado leyes locales que también se han definido como contrarias a la «propaganda homosexual» en el ámbito educativo.

En 41 países se ha constatado que se plantean barreras para la formación, el establecimiento o el registro de ONG relacionadas con la orientación sexual:

Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Bahréin, Bangladés, Bielorrusia, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Catar, China, Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Fiyi, Irán, Jordania, Kazajistán, Kirguizistán, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Malawi, Mali, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Omán, Rusia, Senegal, Singapur, Siria, Somalia, Sudán, Tanzania, Uganda, Yemen y Zambia.

Según declaraban Ruth Baldacchino y Helen Kennedy, cosecretarias generales de ILGA, «esto no son solo cifras, sino leyes que realmente impactan la vida diaria de las personas de diversas orientaciones sexuales en todo el mundo. Las leyes positivas marcan la diferencia: pueden contribuir a cambiar las actitudes del público y, concretamente, dicen a la gente que son igualmente dignas de derechos».

Puedes descargar el informe completo de ILGA en inglés sobre Homofobia de Estado (536 páginas) en este enlace.

General, Homofobia/ Transfobia. Afganistán, Albania, Alemania, Andorra, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Australia, Austria, Bahrein, Bangladés, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Brasil, Brunei, Bulgaria, Burundi, Bután, Camerún, Canadá, Catar, Chad, Chechenia, Chile, China, Chipre, Colombia, Comoras, Corea del Norte, Corea del Sur, Croacia, Dominica, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estado Islámico, Estonia, Etiopía, Etiquetas:Afganistán, Finlandia, Fiyi, Francia, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Helen Kennedy, Holanda, Homofobia, Homofobia de Estado, Honduras, Hungría, ILGA, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Islas Salomón, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kiribati, Kosovo, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malawi, Maldivas, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Perú, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Ruth Baldacchino, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, senegal, Serbia, Seychelles, Sharia, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudáfrica, Sudán, Sudán del sur, Suecia, Surinam, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Yemen, Zambia. Zimbabue

ILGA Europa ha emitido su acostumbrado informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es habitual, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2018 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2017. Como en pasados años, Malta encabeza la clasificación debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, como el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad, la adopción homoparental o, finalmente, la aprobación del matrimonio igualitario, que la sitúan a la vanguardia mundial en cuanto a legislaciones de ese tipo. España, debido a su inmovilismo legislativo, se mantiene en la novena posición, con la recomendación por parte de ILGA Europa de que se aprueben definitivamente tanto la ley de igualdad de las personas LGTBI como la reforma de la ley de identidad de género.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta sigue encabezando la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 91,04 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, quedando tan solo pendientes legislaciones respecto a la no discriminación en el acceso a bienes y servicios, las medidas reproductivas para parejas del mismo sexo o mejorar la situación de los asilados por orientación sexual o identidad de género.

Por otro lado, el inmovilismo legislativo, como ocurre en el caso de España, ha ocasionado que países que en su día encabezaron la clasificación o se situaron a la vanguardia de los derechos LGTBI, como Suecia u Holanda, se sitúen en la décima y undécima posición respetivamente. Ya no bastan leyes que establezcan la igualdad de derechos, también se exigen políticas activas contra la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género.

La situación en España

La falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Además de ello, el hecho de que no exista un organismo que se encargue tanto de vigilar y sancionar las situaciones de discriminación como de fomentar la igualdad en todos los ámbitos resta el porcentaje de consecución de objetivos en el apartado de «Igualdad y no discriminación».

ILGA Europa hace estas dos recomendaciones al Gobierno español:

Es decir, las recomendaciones son que se aprueben leyes como las que están actualmente en trámite parlamentario. Respecto a los acontecimientos más destacables del pasado año, ILGA Europa precisamente señala el gran esfuerzo de las asociaciones LGTBI para convencer a los distintos grupos políticos de la necesidad de aprobar las leyes de igualdad LGTBI y de reformar de la ley de identidad de género. También destaca la gran aceptación social que las personas LGTBI disfrutan en España, según confirman numerosas encuestas, y comenta, por ejemplo, el hecho de que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hiciera pública su bisexualidad. Por otro lado, no deja de lamentar las agresiones denunciadas por el Observatorio contra la LGTBfobia de Madrid y los lamentables sucesos que tuvieron lugar en Murcia durante la celebración del Orgullo.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. Repitió en 2017 y este año se consolida en lo más alto de la lista. España, en todos los casos, se ha situado siempre entre los 10 países de cabeza, aunque cayendo hasta el 9º puesto estos dos últimos años debido al inmovilismo legislativo.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, HazteOir, Holanda, Homofobia, Hungría, Iglesia Católica, ILGA, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Transfobia, Turquía, Ucrania, Visibilidad LGTBI

ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es de costumbre, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2017 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2016. En esta ocasión, vuelve a encabezar la clasificación Malta, un país que ha aprobado importantes medidas legislativas en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, así como contra las infames “terapias reparadoras” de la homosexualidad, situándose a la vanguardia mundial en cuanto a legislaciones de ese tipo. Noruega asciende hasta la segunda posición, debido a su reciente legislación sobre identidad de género. España, por el contrario, baja desde la quinta a la novena posición, debido al inmovilismo del Gobierno respecto a leyes de ámbito nacional contra la discriminación de las personas LGTBI o la falta de adecuación de la ley estatal de identidad de género a las reivindicaciones del colectivo.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos, es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar este año la clasificación, sin duda debido a una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, pues prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento. También está adecuada a la despatologización de la transexualidad y es aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe a los profesionales de la medicina la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2016, además, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles “terapias” reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género.

La ministra de Libertades Civiles maltesa ha comunicado este año que se ha abierto el proceso para que la isla apruebe finalmente el matrimonio igualitario. Precisamente es en el apartado de “familia” donde Malta reduce su porcentaje de logros, debido a la actual discriminación de las parejas del mismo sexo, que hasta el momento solo pueden optar por las uniones civiles. De prosperar el proceso, la legislación maltesa destacará aún más en su respeto a los derechos LGTBI.

Noruega, por su parte, ha ascendido desde la undécima posición hasta la segunda, debido a la aprobación en junio de 2016 de otra de las leyes de identidad de género más avanzadas del mundo. Desde su promulgación, basta un simple trámite administrativo para que los mayores de 16 años puedan modificar la referencia al sexo que aparece en sus documentos oficiales. El mismo procedimiento se aplica a los niños y adolescentes de entre 6 y 16 años, siempre que cuenten con el visto bueno de sus tutores legales.

El inmovilismo legislativo, como ocurre en el caso de España, es el que ocasiona que países como Suecia u Holanda, que encabezaron en su día la lista o se situaron a la vanguardia de los derechos LGTBI, hoy se encuentren en la duodécima y décima posición respetivamente. Según un portavoz de ILGA Europa, el motivo de la clasificación sueca es que aún sigue exigiendo procedimientos quirúrgicos para que las personas transexuales puedan cambiar su sexo registral. En cuanto a Holanda, ni su Constitución ni sus leyes contra los delitos de odio protegen específicamente a las personas LGTBI.

La situación en España

La puntuación alcanzada por España sigue viéndose mermada por la falta de disposiciones de rango constitucional o leyes de carácter estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género. También influye notoriamente la falta de adecuación de la vigente ley de identidad de género de ámbito nacional a la despatologización de la transexualidad, más la carencia de una legislación protectora de las personas intersexuales.

Estas son las recomendaciones que ILGA Europa hace al Gobierno español:

• Extender las protecciones contra la discriminación en la legislación laboral para garantizar que las personas LGBTI estén protegidas en todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en todas las regiones.
• Incluir específicamente todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en la legislación que prohíbe la discriminación en el ámbito educativo.
• Incluir específicamente todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en la legislación que prohíbe la discriminación en el ámbito de la salud.

Por su parte, en cuanto a los sucesos ocurridos en 2016, de relevancia social, que han afectado al colectivo LGTBI, ILGA Europa destaca los siguientes:

El discurso de odio dirigido a personas LGBTI por varias instancias de funcionarios eclesiásticos prominentes fue una tendencia negativa en 2016. Los incidentes fueron registrados por ONG o fueron objeto de quejas por parte de representantes públicos favorables a la igualdad. El lenguaje utilizado se refería a las leyes contra la discriminación como algo negativo, hablaba de una tendencia de la llamada “ideología de género” o cuestionaba la moralidad de las personas LGBTI. En un caso específico, el director de una escuela católica fue multado después de comparar las leyes contra los crímenes de odio con el terrorismo.

Incluso dentro de la Policía, el acoso motivado por prejuicios fue denunciado en diciembre por una integrante lesbiana de las fuerzas del orden. Las ONG LGBTI siguieron ayudando a las personas que informaban de incidentes violentos. Una ONG con sede en Madrid ha registrado más de 200 crímenes de odio contra las personas LGBT a lo largo del año.

Como dato positivo, varias regiones reforzaron sus disposiciones sobre el derecho de familia, abriendo el acceso a las técnicas de reproducción asistida a todas las mujeres.

En efecto, el informe de ILGA hace una detallada relación de muchas de las agresiones sufridas por personas LGTBI a lo largo del 2016, de las que lamentablemente hemos tenido que hacernos eco en dosmanzanas, así como destaca la labor del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia por su amparo a las víctimas y su denuncia de la violencia.

También destaca los mensajes de odio por parte de miembros de la jerarquía católica, como el arzobispo de Valencia y cardenal, Antonio Cañizares, que definió a la “ideología de género” como “una de las ideologías más insidiosas en la historia de la humanidad y de la cultura”. Detalla a su vez la misiva firmada por los obispos de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla; de Getafe, Joaquín María López de Andújar, y el obispo titular de Mentesa y auxiliar de Getafe, José Rico, en la que acusaban a la Asamblea de Madrid de perpetrar “un ataque a la libertad religiosa y de conciencia” por aprobar la ley integral de transexualidad y hacían un llamamiento a la desobediencia civil.

Asimismo, el informe se hace eco de la carta que envió el director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón a los padres de los alumnos, en la que, en referencia a la mencionada ley integral de transexualidad madrileña, la equiparaba con el terrorismo. También se refiere al reparto de folletos a colegios por parte de HazteOír, en los que denigraba los avances legislativos en materia de derechos LGTBI.

Como acontecimientos socialmente positivos, el informe señala la salida del armario del patinador Javier Raya, el waterpolista Víctor Gutiérrez y el árbitro de fútbol Jesús Tomillero.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. España, en todos los casos, se ha situado siempre entre los 10 países de cabeza

Fuente Dosmanzanas

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De un plumazo, Estados Unidos ha perdido todos sus embajadores abiertamente gais. Entre ellos el que fuera hasta hace pocos días embajador en España y Andorra, James Costos. No se trata de una medida específicamente homófoba: lo cierto es que el nuevo presidente de los Estados Unidos ha ordenado el cese fulminante de todos los embajadores que fueron nombrados por su predecesor, Barack Obama. Un gesto sin precedentes que habla muy claramente de la obsesión de nuevo presidente, Donald Trump, de revertir lo más rápidamente que pueda el legado de Barack Obama.

No es habitual que de forma inmediata un presidente de los Estados Unidos ordene el cese de todos los embajadores nombrados por su predecesor. Es común que los sustituya, al menos a los más destacados, y coloque en su lugar a personas afines, pero por lo general los embajadores permanecen en sus puestos durante un periodo de cortesía de varios meses hasta que tienen sustituto. En el caso de Trump, sin embargo, el afán por deshacerse de cualquier persona sospechosa de simpatizar con su predecesor ha precipitado la salida de numerosos representantes diplomáticos sin que todavía tengan sustituto.

Entre los representantes cesados se encuentran todos los embajadores abiertamente gais que había nombrado Obama: James Costos (España y Andorra), Ted Osius (Vietnam), Ruffus Gifford (Dinamarca), James “Wally” Brewster (República Dominicana) y Daniel Baer (embajador ante la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE). No son los únicos embajadores gais que nombró Obama: David Huebner, también abiertamente gay, fue embajador de Estados Unidos en Nueva Zelanda y Samoa, pero dejó ese puesto en 2014, mientras que John Berry, embajador en la vecina Australia, lo dejó en septiembre de 2016.

No fue hasta la llegada de Obama a la presidencia que en la diplomacia estadounidense comenzó a romperse el techo de cristal para los hombres gais (el del resto de personas LGTB sigue intacto). Antes de 2008 solo se tiene noticia de otros dos casos: James Hormel (primer embajador estadounidense abiertamente gay, propuesto en 1999 por Bill Clinton como representante en Luxemburgo) y Michael Guest (propuesto por George Bush en 2001 como embajador en Rumanía).

Costos y su pareja, amigos personales de los Obama

De la lista (tampoco demasiado amplia) dos son los nombres que merecen mayor atención por nuestra parte. El primero, James “Wally” Brewster, sin duda el que lo tuvo más complicado debido a la reacción homófoba de una parte de la sociedad dominicana, que se negó a aceptar con normalidad el hecho de que el máximo representante de Estados Unidos en su país fuese abiertamente gay. Es el caso de Nicolás de Jesús López, cardenal arzobispo de Santo Domingo, que lo calificó de “maricón” y llegó a decir de él que era la “esposa de un señor” que debería ocuparse de las labores del hogar.

Más fácil lo ha tenido en España James Costos, al queal margen de su labor estrictamente dimplomática hay que agradecerle la visibilidad de que ha hecho gala junto a su pareja, Michael Smith. Imágenes como la de Costos donando sangre en Madrid, en lo que constituyó una velada crítica a la discriminatoria política de donación en su propio país, o su aparición junto a su pareja en MasterChef Junior en horario de máxima audiencia fueron dos buenos ejemplos. Costos y Smith, amigos personales de los Obama (con los que al parece compartirán en próximos días vacaciones en California) dejan sin duda un buen recuerdo entre el colectivo LGTB de nuestro país.

La obsesión de Trump: liquidar el legado de su predecesor

El gesto de Donald Trump se enmarca, como decíamos arriba, en el contexto de la que es una de sus principales obsesiones: liquidar el legado de Barack Obama a la mayor velocidad que pueda. Un ejemplo simbólico fue la retirada, pocos minutos después de jurar como presidente, de la página que la web de la Casa Blanca dedicaba con Obama los derechos LGTB (de lo que nos hicimos eco casi inmediatamente en redes sociales, y que luego otros muchos medios han destacado).

No fue la única eliminación. También han desaparecido, por ejemplo, las referencias a la lucha contra el calentamiento global o las páginas en castellano. Todo un indicio de por donde pueden ir los tiros de una presidencia que, al margen de lo que suceda con los derechos LGTB en suelo estadounidense, no parece tener el menor interés en desarrollar el papel de promoción de los derechos LGTB en el mundo que la administración Obama sí quiso, al menos tímidamente, poner en marcha.

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Como ya es habitual en estas fechas, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es también lo acostumbrado, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. En este año, encabeza la clasificación Malta, un país que ha aprobado importantes medidas legislativas en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, pero que, sin embargo, aún mantiene una legislación distinta e inferior para las parejas del mismo sexo. También es de señalar la bajada en la clasificación del Reino Unido, que la encabezaba en los años anteriores y ahora desciende al tercer puesto. España sube uno respecto al año anterior, hasta alcanzar la quinta posición.

Al igual que en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y antidiscriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertad de asociación (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial.

Malta encabeza este año la clasificación, sin duda debido a la aprobación de una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, pues es la única que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento. También está adecuada a la despatologización de la transexualidad y es aplicable a los menores. Malta ha aprobado asimismo una ley que prohíbe a los profesionales de la medicina la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. Sin embargo, en materia de igualdad y familia, Malta sigue estableciendo diferencias entre las parejas del mismo o distinto sexo, pues solo estas últimas pueden contraer matrimonio, dejando para las parejas del mismo sexo la posibilidad de las uniones civiles, una legislación de inferior rango para un mismo hecho.

El Reino Unido baja dos posiciones respecto a la clasificación obtenida desde el año 2011, en que comenzó a encabezar el listado. Bélgica, por su parte, conserva su segunda posición. España alcanza la quinta, subiendo un puesto respecto al año pasado. A destacar también el descenso de países como Holanda y Noruega, que el pasado año empataban con España, y, sobre todo, el de Suecia, que desciende desde la cuarta plaza hasta la duodécima.

Aunque el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA, no deja de sorprender que la discriminación expresa y constitucional del colectivo LGTBI no reste puntuación, como en el caso de Croacia, que supera a las mencionadas Holanda, Noruega o Suecia cuando su población, mediante referéndum, corroboró en 2013 una reforma constitucional para prohibir el matrimonio igualitario.

La situación en España

La puntuación alcanzada por España se ve mermada debido, sobre todo, a la falta de disposiciones de rango constitucional que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género. También se señala que España carece de instituciones de ámbito nacional que se ocupen de vigilar y arbitrar los supuestos de discriminación de las personas LGTBI. Otra de las carencias es que las legislaciones que protegen contra la discriminación en el trabajo y el acceso a los servicios de las personas LGTBI son únicamente de ámbito territorial (autonómico o municipal). Por ello, el objetivo en el apartado de la igualdad y no discriminación solo alcanza el 35 %. La falta de adecuación de la vigente ley de identidad de género de ámbito nacional a la despatologización de la transexualidad, más la carencia de una legislación protectora de las personas intersexuales, ocasionan que ese apartado solo se sitúe en el 59 % de logros. Sin embargo, sí consigue un 100 % en lo que respecta a la familia (matrimonio igualitario y adopción) y las libertades de reunión, asociación y expresión.

Entre los acontecimientos que han tenido lugar en el pasado 2015, ILGA destaca el fallecimiento de Pedro Zerolo y la dedicatoria de una plaza en su memoria en Madrid. También se hace eco de la controversia con la circular interna del Metro de Madrid, luego anulada, que instaba a sus interventores a estrechar la vigilancia en determinadas estaciones y trayectos de personas identificadas como gais. Sin abandonar la capital, da cuenta de que, por primera vez, la bandera arcoíris adornó el edificio del Ayuntamiento durante las fiestas del Orgullo.

El informe recoge la estadística facilitada por el Ministerio del Interior respecto a los crímenes de odio perpetrados en 2014, de los cuales las agresiones a personas LGTBI representaban el 40 % (un informe luego corregido en el referido al 2015). Sin abandonar el organismo, ILGA también hace referencia a las declaraciones del ministro Jorge Fernández Díaz y su disgusto por si su hijo se casara con otro hombre. Alcanzando todo el espectro social y mediático, ILGA engloba en los discursos de odio los comentarios de Los Chunguitos en el programa Gran Hermano VIP, en los que decían preferir “un hijo deforme antes que maricón”.

Aun así, ILGA sigue destacando que la aceptación social de la homosexualidad en España continúa siendo muy alta, situándose muy por encima de la media europea. Es más, según los informes a disposición de la organización, España se situaría a la cabeza mundial a ese respecto.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. España, en todos los casos, se ha situado siempre en los puestos de cabeza.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Homofobia, Hungría, ILGA, Irlanda, Islandia, Italia, Jorge Fernández Díaz, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Los Chunguitos, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Pedro Zerolo, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania

Un año más, ILGA Europa ha dado a conocer su informe anual sobre la situación de los derechos LGTB en el continente europeo. Como es costumbre, junto al estudio se incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTB. España baja hasta la sexta posición, empatada con Holanda y Noruega, desbancada por los sorprendentes ascensos de Malta, que alcanza el tercer puesto, y sobre todo de Croacia, un país cuya población votó mayoritariamente en referéndum a favor de la discriminación de las personas LGTB. En cuanto al descenso en la calificación de España, han pesado las políticas en materia sanitaria y servicios sociales del gobierno del Partido Popular, entre las que se incluyen la restricción del tratamiento hormonal para los hombres transexuales, el bloqueo de las técnicas de reproducción asistida para lesbianas y mujeres bisexuales o el hecho de que las personas que viven con VIH no puedan acceder a ciertas profesiones o servicios como residencias para mayores o seguros de salud o de vida, sin que se articulen medidas legislativas para impedir la patente discriminación que eso supone.

Al igual que en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y antidiscriminación, derecho de familia, crímenes y discursos de odio, reconocimiento legal de la identidad de género, libertad de asociación y asilo. Dicho porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial.

Ello explica el ascenso de Malta hasta la tercera posición, pues tras promulgar en 2014 una ley de uniones civiles que incluía a las parejas del mismo sexo, en abril de 2015 ha aprobado una avanzada ley de identidad de género que reconoce y ampara los derechos de las personas transexuales e intersexuales. Sin embargo, cabe señalar que los gais, lesbianas y bisexuales malteses siguen sin ser iguales ante la ley, pues sus parejas no merecen el mismo reconocimiento que las parejas heterosexuales.

Ese es también el caso de Croacia, con el agravante de que en este caso fue el propio pueblo croata quien en 2013 corroboró en referéndum una reforma constitucional para prohibir el matrimonio igualitario. Tras esa decisión, en julio de 2014 el gobierno de Croacia aprobó una ley de uniones civiles que sí incluía a las parejas del mismo sexo (aunque no les permite adoptar conjuntamente), lo cual le ha proporcionado el ascenso hasta la quinta plaza en el listado de ILGA. A pesar de ello, hay que reiterar que las parejas LGTB croatas están discriminadas constitucionalmente por decisión popular.

Aunque cabe recordar, como de costumbre, que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA, no deja de sorprender que la discriminación expresa y constitucional del colectivo LGTB no reste puntuación, sino que parece sumarla. También cabe preguntarse qué medidas legislativas a favor de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales ha adoptado Rusia en el último año para que su porcentaje se incremente del 6 al 8 % y abandone el último puesto de la clasificación.

Como en los últimos años, el Reino Unido vuelve a ocupar el primer lugar, seguido de nuevo por Bélgica. Esta es la lista ordenada por calificación:

• Reino Unido: 86 %
• Bélgica: 83 %
• Malta: 77 %
• Suecia : 72 %
• Croacia: 71 %
• Holanda: 69 %
• Noruega: 69 %
• España: 69 %
• Dinamarca: 68 %
• Portugal: 67 %
• Francia: 65 %
• Islandia: 63 %
• Finlandia: 62 %
• Alemania: 56 %
• Austria: 52 %
• Hungría: 50 %
• Montenegro: 46 %
• Luxemburgo: 43 %
• Albania: 42 %
• Irlanda: 40 %
• Grecia: 39 %
• Georgia: 36 %
• República Checa: 35 %
• Estonia: 34 %
• Eslovenia: 32 %
• Andorra : 31 %
• Bosnia-Herzegovina: 29 %
• Serbia: 29 %
• Eslovaquia: 29 %
• Rumania: 28 %
• Suiza: 28 %
• Bulgaria: 27 %
• Polonia: 26 %
• Italia: 22 %
• Liechtenstein: 19 %
• Lituania: 19 %
• Chipre: 18 %
• Kosovo: 18 %
• Letonia: 18 %
• Moldavia: 16 %
• Bielorrusia: 14 %
• San Marino: 14 %
• Macedonia: 13 %
• Turquía: 12 %
• Mónaco: 11 %
• Ucrania: 10 %
• Armenia: 9 %
• Rusia: 8 %
• Azerbaiyán: 5 %

La situación en España

Entre los datos que destaca ILGA sobre la situación española, está el informe del Ministerio del Interior que señala que el mayor porcentaje entre los delitos de odios son aquellos que tienen a las personas LGTB como víctimas, al alcanzar el 39,9 % del total. A ello suma la habitual intolerancia y agresividad contra el colectivo LGTB por parte de la jerarquía de la iglesia católica, con el cardenal Fernando Sebastián a la cabeza calificando a la homosexualidad como “deficiencia tratable”.

Pero son las restricciones impuestas por el gobierno del Partido Popular en materia sanitaria y de servicios sociales las que tienen una mayor influencia en la calificación de ILGA. Entre ellas, la exclusión de las mujeres sin pareja masculina de la cobertura de las técnicas de reproducción asistida, que afecta a las lesbianas y mujeres bisexuales; la retirada del Reandron, tratamiento hormonal muy utilizado por los hombres transexuales, de la financiación pública; la no articulación de medidas legislativas para impedir la discriminación de las personas que viven con VIH en el acceso a ciertas profesiones o servicios, como las residencias para mayores o seguros de salud y de vida; el imperdonable hecho de que, desde 2009, no se haya concedido ninguna solicitud de asilo a personas LGTB perseguidas en su país, a pesar de que la legislación europea lo establezca; o  el vergonzoso convenio de adopción con Rusia, que se doblega ante su legislación homófoba y no solo impide a las parejas del mismo sexo y a las personas solteras optar a la adopción, sino que permite a Rusia hacer un seguimiento de los menores ya adoptados.

ILGA señala que las carencias en estos y en otros ámbitos a veces son aliviadas por determinadas Comunidades Autónomas. Así, destaca la aprobación en comunidades como Extremadura de una avanzada ley contra la discriminación de las personas LGTBI, a semejanza de la promulgada anteriormente en Cataluña. O la entrada en vigor de la ley integral de identidad de género en Andalucía, a la que califica como una de las más avanzadas de Europa. ILGA, sin embargo, echa en falta más legislación de este tipo de ámbito nacional.

Algunos de los datos positivos son ambivalentes. Aunque ILGA señala que los hijos de parejas del mismo sexo masculina nacidos por gestación subrogada en otros países ya pueden ser registrados, también advierte de que no ha sido así hasta que se tuvo que acatar una sentencia del tribunal de Estrasburgo. También alaba que el actual rey, Felipe VI, haya recibido a los representantes de los colectivos LGTB en diversos actos oficiales, pero critica que la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no se haya reunido con esos mismos representantes después de más de dos años de reiteradas solicitudes al respecto.

También hay datos claramente positivos para ILGA, como la presentación por parte del Ministerio del Interior del primer protocolo policial específico para los delitos de odio. También destaca la sentencia del Tribunal Supremo a favor de Maribel Blanco, una mujer lesbiana que ha conseguido ser declarada madre legal del hijo concebido por la que ahora es su expareja mediante fecundación in vitro, pese a no existir entre ellas relación matrimonial y a que la madre biológica se oponía a ello.

Existe un dato por el que ILGA alaba a España especialmente: según los informes a disposición de la organización, España está a la cabeza mundial en cuanto a la aceptación social de la homosexualidad.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, y en 2014.  España, en todos los casos, se ha situado siempre en los puestos de cabeza.

Os podéis descargar (en formato PDF) tanto el informe anual, como la tabla con todos los datos o el mapa.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Felipe de Borbón, Fernando Sebastián, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Hungría, ILGA, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Maribel Blanco, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Soraya Sáenz de Santamaría, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania

– India pierde el 1,4% de su PIB por discriminar a sus trabajadores LGBT. La homofobia sale cara. Uno de los argumentos para establecer políticas de tolerancia y no discriminción al colectivo LGBT es el económico. El Banco Mundial ha realizado un estudio del impacto económico que tiene para una potencia como La India establecer una legislación homófoba y perseguir a los gais. Según informa The Atlantic los cálculos maś conservadores indican que afecta a un 1.4% del PIB del país asiático, esto es, 26.000 millones de euros. Ausentismo, baja productividad, formación inadecuada, alta rotación, perdida de habilidades, conocimiento, talento, perdida de productividad por violencia psíquica o física son algunas de las consecuencias que acarrea sobre los trabajadores LGBT una politica discriminatoria. Además de las pérdidas que supone para un sector turístico nacional prescindir de un colectivo viajero y con alta cpacidad de gasto como el gay, que no acudirá a países considerados hostiles hacia el colectivo. Así pues, las políticas de inclusión, como se demuestra en este informe, tienen una alta incidencia directa e indirecta con la fortaleza económica del país, tal y como sucede con aquellos países que promueven el ascenso laboral de las mujeres. Leer más…

– Un varón portador de VIH ha sido condenado hoy a 16 años y medio de prisión por sedar y asesinar a un estudiante americano al que había llevado a su casa, y por grabar la violación a otro al que también había drogado. Según el auto, los hechos ocurrieron en la madrugada del 7 de enero de 2012, cuando el acusado se acercó al estudiante en las inmediaciones de la estación de Metro de la Barceloneta, y se aprovechó de que estaba ebrio para que aceptase la invitación de ir a su casa en Esplugues de Llobregat, Barcelona. Allí, le ofreció una copa de whisky en la que sin su consentimiento había disuelto un sedante, y el estudiante perdió el conocimiento. El condenado llamó a los servicios de urgencias a las 13.40 horas del día siguiente, y cuando llegaron los sanitarios constataron que ya estaba muerto. Leer más…

– El candidato homosexual a la alcaldía de Londres: ‘los gays no saben comportarse en sociedad‘. Londres podría tener en 2016 su primer alcalde abiertamente gay, y también conservador. Se trata de Ivan Massow, que como homosexual está preocupado por el colectivo y ha asegurado en una entrevista a GayDio que “los hombres gays no saben cómo comportarse en sociedad”. El también empresario, de 47 años de edad, se ha referido al “enorme problema de drogas” que hay en la capital del Reino Unido, y que la comunidad LGBTI “necesita crecer”. Se trata de un problema que le preocupa y cree que “es necesario una línea dura” para acabar con él, pero también considera que “un alcalde recto sería incapaz de hacer frente al problema, ya que sería tratado de homófobo”. Por eso, y promocionando su candidatura, aseguró que “tiene que ser alguien gay el que adopte una línea dura con nosotros mismos, con nuestra propia comunidad”. “Creo que va a ser muy difícil de resolver, pero creo que comienza con una fuerte conversación“, añadió. Massow, en el Partido Conservador desde hace más de 20 años, se convirtió en leyenda al anunciar su intención de postularse para alcalde de Londres. Leer más…

– Denuncian la discriminación del Principado de Andorra hacia las parejas del mismo sexo. La ley de parejas de hecho que posiblemente se apruebe hoy supone una clara apuesta por la desigualdad de las parejas del mismo sexo. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, FELGTB, ha mostrado su solidaridad con el Colectivo LGTB GayMZ Andorra para mostrar su repulsa ante la ley de parejas de hecho del mismo sexo que está previsto que apruebe hoy el Consell General por considerarla retrógrada y profundamente discriminatoria. Aunque el 70 % de la ciudadanía andorrana se muestra a favor del matrimonio igualitario, el Gobierno del Principado ha decidido apostar por la desigualdad estableciendo diferentes derechos para las parejas en función de si la forman dos personas de distinto o el mismo sexo. Leer más…

– Anuncian querellas a quien afirme que Jaime García Legaz y el Pequeño Nicolás tenían una relación. Durante el pasado lunes 24 de noviembre, muchos usuarios de Twitter afirmaban que, bajo su opinión, Francisco ‘El Pequeño’ Nicolás y Mariano Rajoy eran amantes. Tal como informó RAGAP, en la red se gestó una teoría conspiranoica según la cual el idilio entre el joven y el presidente del gobierno justificaría los contactos de Fran, quien habría ido al famoso viaje a Ribadeo a encontrarse con el político, y por ello el estudiante siempre se muestra esquivo a explicar el motivo de dicho desplazamiento. Pero no es la única relación sentimental que se atribuye a Fran con altos cargos. Muchas voces han apuntado también que el Pequeño Nicolás y Jaime García Legaz tuvieron una relación. Así se explicaría que el secretario de Estado de Comercio le firmase una carta de recomendación para que ingresara en el Instituto de Empresa, un centro de estudios universitarios, si bien Fran finalmente se matriculó en el Centro Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) una vez el curso ya habría empezado, un privilegio que habría conseguido por el hecho de que García-Legaz fue profesor de ese centro. Leer más…

– Aunque no es una noticia homófoba: Muere una mujer en un nuevo caso de violencia intragénero en Chile. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) insistió en la necesidad de que se implementen políticas públicas contra la violencia en parejas del mismo sexo, pues “es una realidad para nada abordada por el Estado”. Esta organización ha anunciado que “el próximo año implementaremos un programa de asistencia sobre la materia”. Los hechos ocurrieron el pasado viernes alrededor de las 7.00 horas en el domicilio de la pareja, en Cartagena (Chile). Tras una discusión, la agresora, de 32 años, provocó una herida cortopunzante a la víctima, de 33, quitándole la vida tras 10 años de relación. “Mi hija estaba enamorada, estaba segada, por eso seguía en esa relación, pese a que era víctima de agresiones”, dijo Margarita Martínez, madre de la víctima. Leer más…

– Aunque no es una noticia homófoba: Joven de 22 años mata y entierra en casa a su pareja travesti de 55 “por celos”. Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, nos despertamos con una triste noticia que ha tenido lugar en Manzanares, Buenos Aires. Allí, un hombre de 22 años ha sido detenido acusado de matar a su pareja, al que los medios de comunicación argentinos describen como un travesti de 55 años cuyo nombre legal era José Carrizo.  El cuerpo de la víctima apareció enterrado debajo de la casa que ésta tenía alquilada, y mostraba signos de haber sido apuñalada. El propietario de la vivienda, la cual ésta tenía alquilada, fue quien llamó a las autoridades al no ver a Carrizo en varios días, y haberse encontrado con Julio Martínez, su novio, que presentaba una actitud extraña “y un marcado nerviosismo”. Leer más…

– Alcalde homófobo pillado mientras compartía porno por Whatsapp en una reunión. El alcalde se aburría durante la reunión de trabajo con otros regidores municipales. Decidió entonces sacar el móvil y mirar el Whatsapp. Otro primer edil compartía con él videos y fotos porno heterosexuales. Un fotógrafo que se encontraba en la sala captó el momento en el que el funcionario público visualizaba las imágenes. Ocurrió el pasado viernes (21 de noviembre) en México, y la fotografía es hoy viral en todo el país. Los regidores de los 38 municipios del estado de Coahuila se encontraban en una sesión de trabajo cuando Ismael Aguirre, alcalde del municipio de Nadadores, fue pillado por las cámaras. Los videos y las fotos de mujeres desnudas se los había mandado su colega Abel Alejandro Garza, jefe de gobierno en la localidad de Progreso. Por si fuera poco que un representante público en horario laboral gaste su tiempo en consumir pornografía, la polémica va más allá. Y es que Aguirre se ha excusado del incidente con unas homófobas declaraciones que han incendiado aún más la mecha. “Cuando me preguntaron, lo primero que se me vino a la mente es que a mí me gustan las mujeres y no tengo nada que esconder, peor sería que anduviera viendo animales o gays”, argumenta Aguirre, quien también considera que lo que hacía “se trata de una práctica común y normal”. Leer más…

– Google Play retira de su Store un juego en el que el objetivo era cazar gays. El juego “Ass hunter” (cazador de culos) disponible para móviles ha sido retirado de la Google Play debido a su extremo carácter homófobo. El reto que este abominable videojuego plantea al jugador es el de cazar y matar a gays, que se representan como depredadores sexuales violentos. Ya fue prohibido anteriormente por Facebook, debido a que violaba sus términos y condiciones de uso. Fue creado por primera vez en 2002 por un francés llamado Stephane Aguie y varios grupos pro LGBT han intentado prohibir la circulación del juego en el país. Leer más…

– Airbnb elimina un anuncio de un apartamento que no quería personas LGBT. La homofobia se manifiesta en muchas formas, también en forma de anuncios de particulares que quieren alquilar sus viviendas para viajeros de todo mundo. Seguro que conocéis el portal Airbnb, en el que particulares alquilan su vivienda, o parte de ella. Ha sido en este portal en donde se ha encontrado un anuncio en Australia que especificaba que prefería no alojar personas homosexuales. Algo que no pasó desapercibido para los usuarios que denunciaron este anuncio por ir en contra de las leyes que en Tasmania existen contra la discriminación. Airbnb ha eliminado por completo este anuncio, y la Tasmanian Gay and Lesbian Rights Group ha felicitado a la compañía por ello, pero les ha pedido un mayor control para garantizar que ningún anuncio pueda incluir discriminación en ninguna forma. Leer más…

– El nadador Ian Thorpe lamenta no haber salido antes del armario. El australiano no se arrepiente de haber desvelado su orientación sexual públicamente, aunque preferiría haberlo hecho antes. Así mismo, aprovecha para salir al paso de los rumores sobre su supuesta relación con Ricky Martin, asegurando que estos no son ciertos. A propósito de su nombramiento como hombre de influencia por la revista GQ y tras haber sido nombrado “chico de portada” durante un evento VIP en el Ivy Ballroom de Sydney el miércoles pasado, Ian confesó lo que realmente significa para él ser un “hombre de influencia.” Declaró que no se siente cómodo con el término, sin importar el hecho de que haya sido medallista de oro olímpico en cinco ocasiones. A pesar de que está acostumbrado a ser admirado por sus dotes de natación y de modelado, nunca le ha interesado despertar la atención del público y mucho menos ser contemplado como un modelo a seguir. Sin embargo, una de las cosas con las que más cómodo se siente ahora mismo es a la hora de hablar sobre su orientación sexual. El nadador reveló al presentador británico Michael Parkinson su condición en una entrevista en julio de este mismo año, y ahora confiesa a GQ que le gustaría no haber tenido miedo de salir del armario mucho antes. “Estoy un poco avergonzado de no haberlo revelado antes, de no haber tenido la fuerza y la determinación de hacerlo”, contó a la revista. Añadió además que no tuvo la valentía suficiente para romper la mentira en la que estaba viviendo. También reveló al presentador que una de las razones por las cuales no lo dio a conocer antes fue por su reticencia a aceptar su sexualidad, todo ello unido al miedo de que su propio país tampoco lo aceptase. Y en última instancia, por el miedo al rechazo de su familia y amigos. Leer más…

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El Consell General (parlamento unicameral del Principado de Andorra) aprobó en la tarde de este jueves, con los votos de Demòcrates per Andorra, la formación mayoritaria, la ley que equipara los derechos de las uniones civiles entre personas del mismo sexo con los de los matrimonios, incluyendo la adopción de hijos. La ley, que en otro lugar o momento histórico podría considerarse avanzada, supone la persistencia de una discriminación jurídica en algunas materias, según han denunciado los colectivos LGTB, y en cualquier caso consagra la existencia de dos instituciones distintas en función del sexo de los contrayentes. Menos que antes, pero Andorra seguirá siendo un país en el que la discriminación de las parejas del mismo sexo seguirá siendo una realidad.

Lo comentábamos en mayo: Demòcrates per Andorra, la confluencia de fuerzas de centro-derecha que dispone de la mayoría absoluta en el Consell General, rechazaba la propuesta de la oposición socialdemócrata de aprobar el matrimonio igualitario por considerar que este tipo de cambios legislativos deben hacerse “de manera progresiva”. Andorra, recordemos, ya había aprobado en 2005 una ley de parejas de hecho abierta a las parejas del mismo sexo que les concedía parte de los derechos de los que gozaban las parejas casadas. Los demócratas andorranos se inclinaban por aprobar una ley que equiparase los derechos pero que denominase “unión civil” y no matrimonio a la institución jurídica que regula la unión entre personas del mismo sexo. El proyecto de matrimonio igualitario rechazado entonces era el resultado de un proceso iniciado un año antes, cuando cuatro juristas del Principado se propusieron sensibilizar a las instituciones políticas andorranas ante una realidad que la sociedad del pequeño país pirenaico parece aceptar con naturalidad. Ya en enero de 2013, de hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Andorra había señalado ya el camino al reconocer el derecho a percibir pensión de viudedad al cónyuge viudo de una pareja del mismo sexo que se había casado en España.

La solución finalmente adoptada puede considerarse “intermedia”. De hecho, es la ley de matrimonio la que se modifica, para, a continuación del artículo 1.1 (“el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio entre ellos y fundar una familia de acuerdo con las disposiciones de esta ley”) añadir el 1.2, “dos personas del mismo sexo tienen también derecho a casarse, mediante la formalización de una unión civil entre ellos, con los mismos efectos que el matrimonio, y a fundar una familia de acuerdo con las disposiciones de esta ley”. El artículo 1.5 también reconoce expresamente el derecho de las uniones civiles a acogerse a la ley de adopción. En definitiva, la ley mejora el marco jurídico anterior y concede a las personas unidas civilmente el estado civil de “casadas”. Sin embargo, según han denunciado colectivos como Gaymz, no sería del todo cierto que la equiparación sea absoluta, ya que leyes como la de sucesiones o como la que permite el reagrupamiento familiar en suelo andorrano hablan específicamente de “matrimonios” y por tanto dejaría fuera a las uniones civiles.

La modificación legal ha contado con el voto favorable de Demòcrates per Andorra, la abstención del Partit Socialdemócrata d’Andorra (PS) y el voto contrario del actual grupo mixto, integrado por tres diputados cercanos a Socialdemocràcia i Progrés d’Andorra (SDP), una formación que se ha desvinculado del grupo común que antes formaba con el PS. Ambos grupos, sin embargo, coinciden en considerar que debe aprobarse una verdadera ley de matrimonio igualitario que acabe con toda discriminación.

Habrá que ver cuales son los próximos pasos, pero ya antes del verano los partidarios del matrimonio igualitario en el Principado anunciaban que se aprobaba finalmente una ley que negase a las parejas del mismo sexo la posibilidad de contraer matrimonio con ese nombre presentarían un recurso de inconstitucionalidad por discriminatoria. Desde la vecina España, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) anunciaba ya ayer que se ponía al servicio de los colectivos LGTB andorranos para ayudarles en lo que fuera necesario.

Fuente Dosmanzanas

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Andorra legalizará las uniones homosexuales después de que Demòcrates per Andorra (DA), el grupo con mayoría absoluta en el Consell General (parlamento), haya presentado una proposición de ley con el fin de garantizar los mismos derechos que los del matrimonio heterosexual.

Los Demòcrates han presentado su propuesta después de rechazar en el parlamento una proposición de ley elaborado por el Partit Socialdemòcrata.

El Consell General (parlamento unicameral del Principado de Andorra) ha rechazado con los votos de Demòcrates per Andorra, la formación mayoritaria, la toma en consideración de un proyecto de matrimonio entre personas del mismo sexo que había sido presentado por la oposición socialdemócrata. El presidente del grupo demócrata, Ladislau Baró, ha justificado la negativa en que este tipo de cambios legislativos deben hacerse “de manera progresiva”.

Los demócratas andorranos se inclina por aprobar en este momento una ley que denomine “unión civil” y no matrimonio a la institución jurídica que regule la unión entre personas del mismo sexo. La oposición socialdemócrata se opone sin embargo a crear dos categorías distintas en función del sexo de los contrayentes. Como ha explicado la consejera socialdemócrata Mariona Gonzàlez, ello sería contrario al principio de no discriminación. Para Gonzàlez, “una vez más ha vuelto a ganar el criterio más conservador e intolerante” en el seno de Demòcrates per Andorra, una formación política surgida de la unión de diversas fuerzas del centro y la derecha.

El proyecto de ley de matrimonio igualitario en Andorra era el resultado de un proceso iniciado hace un año, cuando cuatro juristas del Principado se propusieron sensibilizar a las instituciones políticas andorranas ante una realidad que la sociedad del pequeño país pirenaico parece aceptar con naturalidad. Meses antes, en enero de 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Andorra señalaba ya el camino al reconocer el derecho a percibir pensión de viudedad al cónyuge viudo de una pareja del mismo sexo que se había casado en España.

A favor de mantener la discriminación, “pero menos que la actual”

La iniciativa, sin embargo, ha acabado chocando con la realidad política del Consell General, controlado ampliamente por los demócratas, partidarios en todo caso de un proceso “gradual y en etapas”, según ha expresado el presidente de su grupo parlamentario, Ladislau Baró. Baró ha anunciado la presentación por su grupo de una proposición de ley que reconocería primero las uniones civiles “para no romper los equilibrios y consensos sociales”, más “prudente y evolutiva”. Al menos Baró ha sido honesto y ha reconocido que la nueva situación legal seguiría siendo discriminatoria, “pero mucho menos que la actual”. “Se podría avanzar más, en eso estoy de acuerdo”, ha añadido (Andorra, recordemos, aprobó en 2005 una ley de parejas de hecho abierta a las parejas del mismo sexo que solo les concede parte de los derechos de los que gozan las parejas casadas).

Un reconocimiento que le ha parecido una “barbaridad” a la consejera socialdemócrata Mariona Gonzàlez, y que ha provocado la indignación de Maite Bourgeaud, una de las juristas que promovió el proyecto y abogada defensora en el caso cuya sentencia está en el origen de esta iniciativa. “Ahora dejo subir a los negros en el autobús, y ya más adelante les dejaré ir a la universidad”, es el símil que ha utilizado para explicar la postura de los demócratas andorranos. “Si ven que hay una discriminación, ¿por qué no la eliminan? ¿Qué quiere decir progresiva? Esto no es aceptable”, ha añadido.

Bourgeaud y el resto de juristas ya han señalado que continuarán dando la batalla política y en los tribunales, y que si Demòcrates per Andorra aprueba finalmente una ley que niegue a las parejas del mismo sexo la posibilidad de contraer matrimonio con ese nombre, o que les niegue el derecho a la adopción, presentarán un recurso de inconstitucionalidad por discriminatoria.

El principal punto de discrepancia, de hecho, se encuentra en el término, pues DA ha optado por la fórmula de unión civil para esquivar de esta forma un posible conflicto con el Copríncipe episcopal (jefe de Estado), el obispo de La Seu d’Urgell (Lleida).

Sin embargo, ni los dos partidos en la oposición ni el colectivo de homosexuales del país aceptan la propuesta al considerar que se queda a medio camino y que no se garantiza la igualdad con las parejas heterosexuales.

En este sentido, desde el PS critican que con la propuesta de DA “se señala con el dedo” y se “estigmatiza” a las parejas del mismo sexo y lamentan que haya imperado el criterio “más conservador e intolerante” entre los Demòcrates.

Quirn también ha mostrado su rechazo al texto de DA, por considerarlo insuficiente, es un grupo de abogados del país que hace meses que ha iniciado una campaña para equiparar los derechos de las parejas del mismo sexo, además de censurar que se haya optado por la posición “más conservadora”.

El texto que DA acaba de entrar a trámite también regulará las adopciones de las parejas homosexuales, que podrán hacerlo en dos fases: primero adoptará uno de los miembros de la pareja y después se podrá sumar el cónyuge como segundo adoptante.

La oposición tampoco se conforma con la fórmula, ya que insiste en que no garantiza los derechos por igual al resto de parejas.

Fuente Dosmanzanas y Cáscara Amarga

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Se ha dado a conocer el habitual informe anual sobre la situación de los derechos LGTB en el continente europeo que confecciona ILGA Europa. Junto al estudio, como también es costumbre, se incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTB. España sube un puesto respecto al año anterior y se sitúa en el tercer lugar de la lista, por detrás del Reino Unido y Bélgica. Sin embargo, en el informe se señala la alineación del gobierno español con el sector de la sociedad más reacio al reconocimiento de los derechos LGTB y, en especial, la hostilidad evidente de la alcaldesa de Madrid hacia las celebraciones del Orgullo. Quien repite el último lugar de la clasificación es Rusia, cuyas medidas contra la llamada “propaganda homosexual” siguen pesando de manera ostensible.

Como en el año 2013, la clasificación se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y antidiscriminación, derecho de familia, crímenes y discursos de odio, reconocimiento legal de la identidad de género, libertad de asociación y asilo. Dicho porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. En esta ocasión, el país que ha experimentado un incremento mayor de su porcentaje de cumplimiento es Malta, debido a sus recientes avances en cuando a los derechos LGTB, como la ley de uniones civiles aprobada el pasado mes de abril.

El Reino Unido vuelve a ocupar el primer lugar, aumentando su porcentaje por la aprobación del matrimonio igualitario en Inglaterra, Gales y Escocia, aunque no se deja de señalar que aún no es legal en Irlanda del Norte. Sorprende, sin embargo, que Croacia también incremente su calificación tras el referéndum en el que su población reformó su Constitución para prohibir el matrimonio igualitario. Recordamos, como siempre, que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación. La lista es la siguiente:

• Reino Unido: 82%
• Bélgica: 78%
• España: 73%
• Holanda: 70%
• Noruega: 68%
• Portugal: 67%
• Suecia: 65%
• Francia: 64%
• Islandia: 64%
• Dinamarca: 60%
• Malta: 57%
• Croacia: 56%
• Alemania: 56%
• Hungría: 54%
• Austria: 52%
• Montenegro: 47%
• Finlandia: 45%
• Albania: 38%
• Eslovenia: 35%
• República Checa: 35%
• Estonia: 35%
• Irlanda: 34%
• Grecia: 31%
• Eslovaquia: 31%
• Serbia: 30%
• Bulgaria: 30%
• Suiza: 29%
• Luxemburgo: 28%
• Rumanía: 28%
• Polonia: 28%
• Georgia: 26%
• Italia: 25%
• Lituania: 22%
• Andorra: 21%
• Bosnia-Herzegovina: 20%
• Chipre: 20%
• Letonia: 20%
• Liechtenstein: 18%
• Kosovo: 17%
• Moldavia: 17%
• Turquía: 14%
• San Marino: 14%
• Bielorrusia: 14%
• Macedonia: 13%
• Ucrania: 12%
• Mónaco: 10%
• Armenia: 9%
• Azerbaiyán: 7%
• Rusia: 6%

Situación en España

Respecto a España, aunque mejore su calificación, subiendo además un puesto en la lista, el informe no deja de reflejar el deterioro de algunos derechos y, sobre todo, el cambio de actitud del partido gobernante. Dice la introducción a la situación española (los hiperenlaces son nuestros):

“A pesar de los avances en favor de los derechos de las personas LGBTI en los últimos años, el nuevo Gobierno de centroderecha, incluyendo a algunos ministros individuales y a la alcaldesa de Madrid, ha demostrado su interés por responder a las preocupaciones de los votantes más conservadores. La recesión económica ha sido un pretexto para reducir la financiación a las ONG clave, y una reforma del sistema de salud también apareció para bloquear los tratamientos de fertilidad para mujeres solteras y lesbianas en el sistema público”.

Aparte de lo destacado en el preámbulo, el informe denuncia el surgimiento de la violencia homófoba, a imitación de los grupos rusos, bajo el nombre de “Proyecto Pilla-Pilla”, aunque también valora cómo fue rápidamente abortada tras la detención de sus líderes. Se significa asimismo la desaparición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía del temario escolar, con la consiguiente eliminación de cualquier referencia al respeto a la diversidad afectiva y sexual.

Apartado especial merece la patente animosidad de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, hacia la celebración del Orgullo en la ciudad que gestiona, informando de las fuertes multas que ha impuesto a las asociaciones convocantes. Según recoge el informe, dichas asociaciones denuncian la pretensión del ayuntamiento de acabar así con el Orgullo, una fiesta que convoca a más de 1.500.000 ciudadanos.

En cuanto a aspectos positivos, se destaca la salida del armario de la diputada Ángeles Álvarez, la aprobación de la ley integral de transexualidad de Andalucía, la dedicatoria de una plaza en Barcelona a la mujer transexual asesinada Sonia Rescalvo, o el hecho de que España aparezca en la encuesta de Pew Research Center como el país del mundo con mayor aceptación de la homosexualidad.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual.  España, en todos los casos, se ha situado siempre en los puestos de cabeza.

Podéis descargaros (en formato PDF) tanto el informe anual, como la tabla con todos los datos o el mapa.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Ana Botella, Andorra, Ángeles Álvarez, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Hungría, ILGA, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania