La bandera arcoíris ondeará por primera vez en el ayuntamiento de la ciudad andaluza a petición de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, para celebrar el 28 de junio, Día del Orgullo.

La Federación Andaluza ‘Arco Iris’ ha destacado este viernes que la propuesta también ha sido realizada por concejales de Ganemos Córdoba, IU y PSOE, al tiempo que espera que en el próximo pleno municipal se apruebe la moción ’28 de junio’ que desde Arco Iris han remitido a los grupos que sustentan el nuevo gobierno municipal.

Para el presidente de la Federación Andaluza Arco Iris, Gonzalo Serrano, “se trata de señales con las que el Ayuntamiento, tanto en pleno como desde el equipo de gobierno, lanzan un mensaje claro contra la homofobia y la transfobia a la ciudadanía, comprometiéndose al mismo tiempo y de forma clara en llevar a cabo medidas concretas en el mes en el que se celebra el décimo aniversario de la aprobación del matrimonio igualitario”.

Desde Arco Iris señalan que durante la anterior legislatura algunas de sus propuestas contaron con el apoyo de algunos concejales del anterior equipo de gobierno. Sin embargo, añaden, “otras fueron bloqueadas por el gobierno del PP, como por ejemplo la colocación de la bandera en la fachada del Ayuntamiento o la aprobación de una moción con medidas concretas para luchar contra la homofobia, la bifobia y la transfobia en Córdoba”, comenta Serrano.

La moción cuenta también con el respaldo de Familias por la Diversidad, asociación de padres, madres y familiares de personas LGBTI. Así, desde Arco Iris destacan la importancia de aprobar la moción para que el Ayuntamiento tenga una “hoja de ruta” que comprometa a todas sus concejalías en la implementación de las acciones durante este primer año de legislatura.

Un total de 15 medidas

En concreto, la iniciativa incluye 15 medidas concretas, algunas de las cuales ya comenzaron a implementarse durante el anterior mandato. Las medidas más novedosas son la creación de un centro LGBT que dará apoyó al profesorado y al alumnado de institutos y colegios; la inclusión de los diferentes modelos familiares en las actividades infantiles municipales, y la promoción del respeto activo a la diversidad entre la población mayor, a través de los centros de servicios sociales y centros de mayores.

Además, las acciones incluyen la formación de la Policía Local y del personal de las instalaciones deportivas en relación a las normativas específicas de no discriminación y a los delitos de odio y discriminación.

Fuente Cáscara amarga

General, Homofobia/ Transfobia. Andalucía, Córdoba, Federación Andaluza Arco Iris, Ganemos Córdoba, Gonzalo Serrano, Isabel Ambrosio, IU, PP, PSA (PSOE)

La “Red de Municipios Orgullosos“ renueva su compromiso en conseguir la igualdad real en la diversidad izando la bandera multicolor en las fachadas de los ayuntamientos sevillanos en la que es ya su tercera edición. La demanda de una Ley de Igualdad de Andalucía, el décimo aniversario de la ley de matrimonio igualitario y el homenaje a Pedro Zerolo comparten protagonismo en el manifiesto de 2015.

Falta una semana para que las calles de Sevilla se llenen de miles de personas para pedir una ley de igualdad real para Andalucía. Pero la Asociación Adriano Antinoo, celebra durante estos días previos una de sus actividades principales junto a los Premios por la Igualdad: la Red de Municipios Orgullosos.

Localidades sevillanas del Aljarafe, la Vega, la Campiña, la Sierra Sur o los Alcores harán ondear la bandera multicolor en las fachadas de sus ayuntamientos, con el apoyo y el compromiso de sus respectivos ediles y representantes municipales. El pistoletazo de salida se da en este viernes 19 de junio en los municipios aljarafeños de Camas, Aznalcázar, Umbrete y Benacazón.

Durante el acto, representantes de las entidades LGTB dan lectura a un manifiesto donde se denuncian las discriminaciones, desigualdades, odio y vejaciones que continúan sufriendo lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, por lo que piden el compromiso de las distintas administraciones de Andalucía para conseguir que todas las personas sean iguales dentro de la diversidad. En este 2015, hacen un reconocimiento a todas aquellas entidades, sindicatos y partidos políticos que luchan en comunión y posibilitan que podamos celebrar el primer aniversario de la aprobación Ley de Transexualidad de Andalucía o una década de matrimonio homosexual. El homenaje a Pedro Zerolo, recientemente fallecido y Premio Adriano Antinoo 2012, se hace necesario como uno de los grandes luchadores que consiguieron que España fuera el tercer país del mundo en legalizar matrimonio entre personas del mismo sexo.

Para Adriano Antinoo, ”la visibilidad es la mejor herramienta para conseguir la igualdad real”. Esta actividad, pionera en Andalucía por iniciativa de esta asociación sevillana, ha provocado que cada año se sumen más localidades. Manuel Rosado, responsable de la Red de Municipios Orgullosos, ha asegurado que “el incremento de ayuntamientos progresistas en nuestra provincia, como Gelves, Ecija o Mairena del Aljarafe, ha provocado que en esta semana hayamos recibido solicitudes de adhesión de nuevos municipios, superando la treintena “.

En los próximos días, la actividad recorrerá municipios de todas las comarcas, como Cantillana, Osuna, San Juan de Aznalfarache, Bormujos o Guillena, antes de confluir miles de personas desde toda Andalucía en la gran manifestación del Orgullo 2015.

Foto: Camas

Fuente Ragap

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El nuevo alcalde de Sevilla, Juan Espadas ha recibido una invitación para participar como máximo representante de la ciudad en el Orgullo Trans 2015, que se celebra justo una semana después de su investidura.

La Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera le ha remitido, esta misma mañana, su invitación al Orgullo Trans 2015, que se realizará el próximo 20 de junio en la Alameda de Hércules, transmitiéndole la importancia de su presencia para apoyar el acto de Lectura del Manifiesto.

Por ello, Mar Cambrollé, presidenta de ATA-Silvia Rivera, tras felicitar a Espadas por su nombramiento, le transmite que, como Alcalde de todos los ciudadanos sevillanos, “espera y desea que respalde y apoye con su presencia” el Orgullo Trans. “Para Sevilla supone un gran privilegio acoger este evento, que no es sólo lúdico sino de visibilidad y reivindicativo, al presumírsele como la cita más visible de las personas trans de todo el estado español”, apunta.

“Andalucía tiene motivos para celebrar un nuevo marco jurídico que garantiza los derechos y la no discriminación por identidad de género de las personas transexuales, que nos hace ser pioneros en España y Europa, siendo un referente en una de la leyes más avanzadas y que dan respuestas a las demandas históricas del colectivo trans” declara Cambrollé, quien añade, “con ello el colectivo quiere demandar un paso adelante en lucha por la igualdad “aunque tenemos la igualdad legal, queremos la igualdad real mediante la efectividad de la ley”.

Esta asociación aspira a alcanzar la mayor participación, difusión y respaldo público posible por parte de las entidades sociales e institucionales de nuestro territorio, sin exclusión de colores ni opciones políticas, salvo aquellas que se muestran contrarias a los objetivos de dicho evento. Por ello, la Asociación de Transexuales de Andalucía ha enviando igualmente a todos los representantes de los grupos parlamentarios y municipales dicha invitación, destacando entre ellos, por ser este su primer Orgullo Trans, las nuevas formaciones como Podemos Andalucía y Ciudadanos.

Fuente Ragap

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La ola despatologizadora de la transexualidad avanza con fuerza inusitada. Ahora es el gobierno de Colombia el que ha emitido un decreto (que puedes descargar aquí) que simplifica sobremanera el procedimiento para proceder a la rectificación del sexo en los documentos oficiales, para la que a partir de ahora bastará un mero trámite notarial similar al que se sigue cuando cualquier persona desea modificar su nombre. El decreto se alinea con una reciente sentencia de la Corte Constitucional de Colombia en el mismo sentido.

Lo explica muy bien el ministro de Justicia, Yesid Reyes, en una entrevista al diario El Espectador. “Antes, las personas que querían corregir el género que figura en sus documentos debían someterse a un proceso lento y engorroso que vulneraba sus derechos a la de dignidad humana y libertad de identidad sexual. Ahora podrán materializar sus solicitudes, de manera ágil y rápida, mediante una sencilla escritura pública”, ha declarado. Esta escritura pública consiste en un documento expedido por un notario que simplemente da fe de la voluntad de una persona de querer modificar el sexo que figura en su cédula de identidad y en otros documentos oficiales. Una vez hecho ese trámite las personas interesadas podrán acudir a la Registraduría para que les expidan una nueva cédula de acuerdo con lo consignado en la escritura pública.

Se elimina así la obligatoriedad de someterse a un proceso judicial, en el que los jueces podían solicitar desde exámenes físicos para determinar si las personas solicitantes se habían sometido a un proceso de reasignación hasta evaluaciones psiquiátricas. En palabras del ministro de Justicia, “ambas pruebas eran profundamente invasivas del derecho de intimidad y partían de un prejuicio inadmisible. La construcción de la identidad sexual y de género es un asunto que no depende de la biología: va mucho más allá y es lo que estamos reconociendo en el Decreto 1227 de 2015″. Pero no solo se suprime el proceso judicial: ni siquiera será necesario aportar documentos médicos o psicológicos que certifiquen un diagnóstico de “disforia de género”. “Lo que hace este decreto es, precisamente, reconocer que la identidad de género es algo que cada persona construye. Y, por tanto, no puede ser certificada por un tercero. Debe quedar claro: la única prueba que se puede exigir en estos casos es una declaración juramentada y punto”, asegura el ministro Reyes.

La decisión del gobierno de Colombia está en línea con una reciente sentencia de la Corte Constitucional de ese país (la T-063/2015) sobre el caso de Sara Valentina López, una mujer transgénero a la que se negó la posibilidad de rectificar su sexo registral sin contar con el visto buen de un juez. El alto tribunal determinó que exigir trámites judiciales para modificar la variable “sexo” en los documentos de identidad atenta contra los derechos fundamentales de identidad y libertad sexuales, dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, intimidad e igualdad. La Corte Constitucional consideró además que suponía un trato desigual con relación a la población cisgénero, en tanto esta sí podía acudir al trámite notarial cuando se consignaba un error en sus documentos registrales.

Sobre la posibilidad de que un notario se niegue a expedir la correspondiente escritura arguyendo motivos religiosos o de conciencia, el ministro de Justicia es contundente. “Colombia es, constitucionalmente, un Estado laico. En consecuencia, las personas que ejerzan la función pública tienen el deber de actuar de acuerdo con la Constitución y las leyes. Cada persona es libre de abrazar sus propias convicciones religiosas y de ordenar su vida privada conforme a ellas pero cuando ejerce funciones públicas está obligada a comportarse según las normas legales y constitucionales. Por eso confío en que los notarios, conscientes de estos parámetros, cumplirán con su deber de respetar lo que se dispone en este decreto. Sin embargo, si llegare a presentarse algún caso, el afectado puede recurrir a la acción de tutela”, ha declarado Reyes.

El propio ministro de Justicia solemnizaba este martes 9 de junio la entrada en vigor del decreto recordando una cita del Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez: “Los seres humanos no nacen para siempre el día que sus madres los alumbran: la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez, a modelarse, a transformarse, a interrogarse (a veces sin respuesta) a preguntarse para qué diablos han llegado a la tierra y qué deben hacer en ella”.  En el mismo acto, celebrado en la notaría 65 de Bogotá, cinco hombres y cinco mujeres eran los primeros en hacer uso de la nueva norma. “Hoy, por primera vez, cinco mujeres y cinco hombres trans podrán modificar su componente sexo con un trámite ágil y expedito. Hoy, por primera vez, un notario expedirá una escritura pública para modificar el género de los documentos de identidad de estas valerosas personas. Hoy, por primera vez, las normas que regulan el Estado Civil se aplicarán para garantizar la justicia material a la población transgénero. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, se les cumple la promesa a diez ciudadanos a vivir legalmente de acuerdo con su proceso de transformación y construcción personal, como diría nuestro Nobel”, expresaba el ministro (puedes leer su discurso íntegro en la web del colectivo Colombia Diversa).

Colombia se suma a la ola despatologizadora

Precisamente esta semana recogíamos como el gobierno de Irlanda proponía una reforma legal en un sentido similar al del decreto colombiano. Una senda que ya han transitado países como Argentina, Dinamarca o Malta, que no abordan el cambio de identidad de género como una patología.  Avances que colocan a todos estos países por delante de España, que aunque dio un paso de gigante en 2007 al suprimir el proceso judicial, todavía mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la rectificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal previo.

Y aunque es cierto que otras leyes posteriores, como la ley integral de transexualidad de Andalucía o las más recientes leyes contra la homofobia, la bifobia y la transfobia aprobadas en Cataluña y en Extremadura, sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de ámbito autonómico que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. La actualización de la norma estatal no puede retrasarse y los colectivos LGTB deben asumirla como reivindicación prioritaria.

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Tras sorprender al mundo con el voto a favor de legalizar el matrimonio gay en un referéndum hace unas semanas, Irlanda vuelve a colocarse a la cabeza de los países con mayores derechos LGBT tras aprobar una ley trans que permite la libre determinación del género. Gracias a esta nueva ley, los ciudadanos transexuales irlandeses lo tendrán mucho más fácil, ya que no tendrán que depender del testimonio de los psiquiatras o de los endocrinólogos para que las autoridades del país reconozcan su género. De esta manera, la persona trans tendrá simplemente que realizar una declaración como garantía de su género para sacarse documentos fundamentales en la vida de cualquier ciudadanos, como por ejemplo el pasaporte o el carné de conducir.

Joan Burton, la vice primera ministra irlandesa, ha anunciado que la nueva ley entrará en vigor en breve, asegurando que el Estado irlandés reconocerá el género de las personas trans en cualquier aspecto de su vida cotidiana, desde el derecho a casarse o conseguir un nuevo certificado de nacimiento. Sin duda, una ley que hará feliz a muchas personas trans, y que nos provoca una inmensa alegría por ver cómo uno de los países más conservadores de Europa ha dado en poco tiempo varios pasos de gigante para situarse a la cabeza del mundo en materia de derechos LGBT.

Cuando todavía resuenan los ecos por la consecución del matrimonio igualitario en Irlanda, mediante referéndum, este país puede volver a ser noticia internacional de aprobarse el nuevo proyecto de ley sobre identidad de género que su gobierno tiene sobre la mesa. Hace solo unos días, recogíamos las reivindicaciones del colectivo LGTB, encaminadas a transformar la anterior propuesta legislativa con la que trabajaba el ejecutivo irlandés. Desde la asociación Transgender Equality Network (TENI), unas semanas atrás, aseguraban que “vamos a utilizar este impresionante impulso que se ha construido para lograr derechos para todos los miembros de la comunidad LGBT en Irlanda”. Parece que el efecto positivo, de hecho, sí que ha contribuido. Ahora, “el Gobierno ha demostrado una gran visión y convicción para garantizar los derechos de las personas trans”, defienden desde TENI.

La coalición de partidos que conforma el gobierno de Irlanda, el centroderechista Fine Gael y el Partido Laborista, está dando toda una lección, en el campo de los derechos LGTB, a otras naciones europeas como Alemania (con una composición del ejecutivo de similares características). Y es que, en lugar de mantener el anterior texto legislativo sobre identidad de género (que no contaba con el consenso de las entidades LGTB, ni de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional), la nueva ley propuesta “mejorará significativamente las realidades vividas por las personas trans en Irlanda”. Así lo reconocen los responsables de TENI.

El proyecto previo de ley para el reconocimiento de género que estudiaba el gobierno irlandés desde el año pasado no protegía adecuadamente “la privacidad, la dignidad o los derechos de las personas transexuales”, tal y como denunciaba TENI. Una activista trans expresaba con disgusto que se sentía “muy en desacuerdo” con que las propias personas a las que el proyecto iba destinado no fueran escuchadas. Sin embargo, el gobierno finalmente ha decidido apostar por el consenso y tramitar un nuevo texto más progresista e inclusivo, que puede colocar a Irlanda entre los países más avanzados del mundo en este campo al alinearse con el principio de libre determinación del género. El reconocimiento oficial de este se basará en la autodeclaración de la persona por medio de una declaración jurada, y se eliminará además la controvertida cláusula de divorcio forzado (en la versión anterior se exigía que las personas solicitantes estuvieran legalmente solteras).

El presidente ejectutivo de TENI, Broden Giambrone, justifica que “la libre determinación es fundamental para las personas trans. Tenemos que ser capaces de afirmar nuestra identidad y nuestros derechos reivindicados”. De cara a la nueva redacción de la ley, y a diferencia de la anterior, sí se ha contado con la opinión del colectivo trans, a través de testimonios individuales y de las entidades LGTB. No obstante, sigue habiendo un escollo remarcable: la ley solo será aplicable de forma íntegra para los mayores de 18 años. Como explica Giambrone “los jóvenes trans siguen siendo vulnerables”, por lo que “trabajaremos estrechamente con el Gobierno para garantizar que estén protegidos”. Los solicitantes menores de edad sí deberán someterse a exámenes y valoraciones médicas (de mantenerse la actual redacción). Con todo, aún podría mejorarse este punto antes de que el texto llegue a la correspondiente comisión parlamentaria, el próximo 17 de junio.

España empieza a quedar retrasada…

Irlanda se situaría así en el grupo de países más avanzado en esta materia, junto a Argentina, Dinamarca o Malta, que no abordan el cambio de identidad de género como una patología.

Avances que colocan a estos países por delante de España, que aunque dio un paso de gigante en 2007, todavía mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la rectificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal previo. Leyes posteriores, como la ley integral de transexualidad de Andalucía o las más recientes leyes contra la homofobia, la bifobia y la transfobia aprobadas en Cataluña y en Extremadura, sí incorporan ya el principio de la despatologización, pero no dejan de ser normas de ámbito autonómico. Urge ya una actualización de la norma estatal.

Fuente Dosmanzanas y AmbienteG

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La Asociación de Transexuales de Andalucía asegura que con este protocolo se garantiza por ley el respeto a la identidad de género de los menores en los Centros Educativos públicos y concertados de Andalucía.

Este jueves 21 ha salido publicada en el BOJA la Orden de 28 de abril de 2015 por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011 por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, incluyendo en su anexo VIII el protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz.

Esta Orden permite la efectividad de la “Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía”, en el ámbito educativo.

La Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera ha sido la entidad que ha colaborado estrechamente junto con la Consejería de Educación en el desarrollo de este protocolo, tal como así fue anunciado el pasado 27 de junio por el propio Consejero de Educación D. Luciano Alonso, día en el que fue presentado el protocolo en la Consejería de Educación junto con la Presidenta de ATA Sylvia Rivera, Mar Cambrollé.

Desde esta entidad, valoran este protocolo como pionero en España por respetar la identidad de género libremente determinada por el alumnado transexual. Así mismo, reconoce la tutoría legal de los progenitores para que este derecho le sea reconocido a los/as menores, ya que entiende la Identidad sexual como parte de la diversidad humana y como derecho humano a la libre autodeterminación del género.

“Este es un día histórico en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales e instamos al Gobierno Central a secundar esta iniciativa, desarrollando una Ley Integral estatal, en la misma línea que la Andaluza” y añade “esta entidad tiende la mano a la Consejería para seguir colaborando y se ofrece para la realización de talleres y jornadas formativas dirigidas al personal docente”, afirma Mar Cambrollé, Presidenta de ATA Sylvia Rivera.

Fuente Ragap

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El Ministerio del Interior ha hecho público, por segundo año consecutivo, su informe sobre incidentes relacionados con los delitos de odio en España, referido a 2014 (que puedes descargar aquí). Los datos no son tranquilizadores: en 2014 se contabilizaron 1.285 delitos de odio, de los cuales el grupo más numeroso (513, un 39,9% del total) se debieron a orientación sexual o identidad de género. Las cifras son peores que las de 2013 (aunque el Ministerio advierte que ello no significa necesariamente que haya habido más delitos), y se si se tiene en cuenta que en esta materia solo se denuncian una parte de los delitos, el panorama es inquietante.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz ha presentado este martes un informe referido a los crímenes de odio en España durante el pasado 2014, en los que se cometieron un total de 1.285. Del total, los delitos racistas se cifraban en 475 casos, los dirigidos contra los discapacitados en 199, por creencias religiosas en 63 casos, y actitudes antisemitas 24 casos -diferenciados de los religiosos ya que están tipificadas como tal en el Código Penal-, y un 0,9 de delitos de aporofobia, acciones contra mendigos. Sin embargo, la lista la encabeza y por goleada los delitos de homofobia y transfobia: 513 casos registrados.

Los delitos de odio se distribuyen en estas seis categorías siguiendo una clasificación internacional establecida por la Agencia Europea de Derechos Humanos, según ha explicado Fernández Díaz, y apuntó que pese a que en el informe se las llame delito alguna de las algunas de las conductas registradas en este informe tan sólo son consideradas faltas administrativas en las leyes españolas. Para el año que viene se contabilizarán también los delitos relacionados con violencia de género y los delitos de motivación ideológica. Tras esta afirmación, desde RAGAP nos preguntamos si dentro de esta violencia de género se incluirá también la violencia intragénero, la que se produce dentro de parejas del mismo sexo.

En cuanto a la tipología delictiva, lo que más se repiten son las agresiones de tipo sexual, un total de 308 repartidas en 157 abusos sexuales, 77 agresiones sexuales y 74 agresiones sexuales con penetración. Le siguen las lesiones (179 casos), amenazas (145), vejaciones leves (84), injurias (63), actos racistas y xenófobos en el deporte (58), daños (41) y el resto (407). Los datos presentados en este informe reflejan un incremento del 9,6 por ciento de delitos de odio registrados durante el año 2013, algo que se justifica explicado que por primera vez se han integrado los resultados de todas las policías autonómicas.

Por distribución territorial, en lo que a los delitos LGTBfobos se refiere, las comunidades autónomas con mayor número de denuncias fueron Andalucía (188), Cataluña y Galicia (ambas con 43) y Baleares (41). Por provincias, una distribución más afinada, destaca muy singularmente Cádiz, provincia en la que se contabilizaron 115 incidentes, seguida de Sevilla (63), A Coruña y Baleares (41), Zaragoza (35), Barcelona (29), Madrid (26) y Valencia (20). Por el contrario, no se registraron incidentes en las provincias de Álava, Burgos, Cantabria, Cáceres, Córdoba, Guadalajara, Huelva, Jaén, La Rioja, Lugo, Ourense, Palencia, Salamanca, Soria y Teruel. No necesariamente esto último nos parece una buena noticia. Ello puede significar más bien que en estas provincias -al menos en algunas- hay una deficiencia en el reconocimiento de los incidentes. Resulta poco coherente, por mencionar un ejemplo llamativo, que Cádiz y Sevilla encabecen la clasificación provincial mientras que en las vecinas Córdoba, Huelva y Jaén no se haya contabilizado un solo delito…

Especial interés tiene ver el sexo de víctimas y agresores. En contra de lo algunos pudieran pensar, la mayoría de las víctimas de delitos por LGTBfobia que se denuncian fueron mujeres (401 víctimas, frente a 157 hombres). En cambio la inmensa mayoría de los agresores fueron hombres (264, frente a solo 9 mujeres). De hecho, de las seis tipologías de delitos de odio reconocidas en el estudio, es en los delitos por orientación sexual e identidad de género donde esta diferencia entre los dos sexos es más pronunciada. Resulta obvio que, aunque existan características propias, la violencia machista y la violencia LGTBfoba beben de las mismas fuentes.

Las cifras, como ya adelantábamos en el encabezamiento, suponen un empeoramiento respecto a las de 2013 (puedes descargar aquí el informe correspondiente a ese año), pero según el Ministerio del Interior no por ello debe deducirse necesariamente que haya habido más delitos, al haberse desarrollado en este tiempo programas de formación y sensibilización a los distintos cuerpos policiales, haberse establecido procedimientos operativos más eficaces (como la implementación de un protocolo de delitos de odio) y haberse hecho un mayor esfuerzo de acercamiento a las víctimas para que estas sean conscientes de la necesidad de denunciar lo sucedido.

Todo ello, según el Ministerio, puede explicar el que haya existido un mayor número de contabilizaciones sin que necesariamente haya un crecimiento real de las agresiones respecto al año anterior.

La FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) ha hecho público un comunicado en el que celebra la continuidad en la recogida de datos por parte del Ministerio del Interior, pero recuerda que según sus propios datos más del 70% de quienes sufren agresiones físicas o verbales o amenazas con tintes LGTBfóbicos no lo denuncia (entre el 60 y el 90%, según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea).

La FELGTB ha pedido también al gobierno español que promueva una ley de protección integral contra los delitos de odio que regule las denuncias, su tratamiento y  el apoyo a las víctimas y ha aprovechado para insistir en su preocupación por la negación del derecho de asilo a Christelle Nangnou, perseguida en Camerún por lesbiana. “Resulta paradójico que el Ministro de Interior el mismo día que habla de la necesidad de combatir la LGTBfobia permita que una mujer que ha huido de su país perseguida por su orientación sexual continúe en una sala de no admitidos del Aeropuerto de Barajas sin ver reconocido su derecho a protección y refugio, tal y como reconoce nuestra ley”, ha destacado su presidente, Jesús Generelo.

También la confederación COLEGAS ha reaccionado ante la publicación del informe. Esta organización considera ”muy positivo” que España se integre en la lista de los principales países de la Unión Europea “que recogen tan exhaustivamente los datos de incidentes sobre delitos de odio” pero recurre al mismo símil de iceberg para explicar que en esos otros países el número de incidentes registrados es mayor. “La infradenuncia es el principal caballo de batalla de las organizaciones LGBT y las fuerzas de seguridad (…) por lo que es crucial la plena colaboración entre sociedad civil y las fuerzas y cuerpos de seguridad para aumentar la confianza mediante campañas específicas destinadas a la población LGBT. Desde COLEGAS animamos a la población LGBT a que denuncie cualquier tipo de incidente del que sea víctima por nimio que parezca, ya que es la única forma de que se luche contra la LGBTfobia social que aún permanece en la sociedad española a pesar de los avances legislativos en materia de igualdad en los últimos años. También pedimos colaboración al resto de la población a que denuncie cualquier incidente del que sea testigo o tenga conocimiento”, ha declarado su presidente, Paco Ramírez.

En el informe del Ministerio del Interior revela que en la Comunidad de Madrid se registraron 26 delitos de odio por LGTBfobia en 2014, frente a los 12 registrados en 2013.

De los 102 delitos de odio registrados en la Comunidad de Madrid, 26 lo han sido por la orientación sexual o la identidad de género de la víctima. Es un incremento de más del 115% en un solo año, el mayor aumento de entre todas las comunidades autónomas. Desde la asociacíon madrileña Arcópoli afirman que “es necesario poner en perspectiva este dato con la situación de que, aproximadamente, el 90% de las agresiones por LGTBfobia que se producen no se denuncian, como pudo atestiguar esta entidad con los testimonios de las víctimas a las que ayuda“.

Igualmente destacan la importancia de tener en cuenta que el registro no recoge las faltas, sino únicamente los delitos, con lo que quedan fuera muchos de los incidentes basados en la LGTBfobia y que sí han sido denunciados.

Arcópoli ha exigido, como viene haciendo desde el pasado mes octubre, un plan de choque urgente a las instituciones madrileñas ante el aumento de agresiones que han llegado hasta ellos. A este respecto, la asociación se ha reunido con la Directora General de Asuntos Sociales, con la Delegación de Gobierno, con los Grupos Parlamentarios Autonómicos, y con Metro de Madrid. También han solicitado en numerosas ocasiones una reunión con RTVAM que no ha tenido respuesta.

“Sin embargo, el resultado continúa siendo infructuoso y, salvo Metro de Madrid, ninguna otra institución ha aprobado ninguna medida urgente para atajar este alarmante aumento de agresiones”, denuncian.

Además, desde Arcópoli han reclamado para la próxima legislatura una Ley Contra la LGTBfobia que dote a las entidades de herramientas para combatir las agresiones que, lejos de remitir, van en aumento en toda España, y muy especialmente en la Comunidad de Madrid. Asimismo, han solicitado la implantación del protocolo policial Contra los Delitos de Odio y formación a la policía en este tema, para que conozcan las particularidades y sensibilidades de este colectivo, el más agredido en España.

El coordinador de Arcópoli, Yago Blando, ha declarado que “una vez más comprobamos que somos uno de los colectivos más vulnerables y desprotegidos de la Comunidad de Madrid. Reclamamos a los partidos que de cara a las próximas elecciones se comprometan a aprobar una Ley Contra la LGTBfobia como la recientemente aprobada en Extremadura o la catalana para dotar a la sociedad de las herramientas necesarias para combatir la LGTBfobia y así poder crear una región en la que quepamos todas y todos”.

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La discriminación sexual será multada en Extremadura

Las infracciones serán sancionadas con multas desde 3.000 hasta 45.000 €, además de prohibición de acceso a cualquier ayuda pública o contratación con la Administración.

La Asamblea de Extremadura ha aprobado con la unanimidad de todos sus grupos políticos la “Ley de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e Intersexuales y de Políticas Públicas contra la discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género” (cuyo texto puedes descargar aquí), promovida por el Partido Popular (que gobierna Extremadura sin mayoría absoluta) y consensuada con el resto de grupos de la cámara y con los colectivos LGTB extremeños. Un buen ejemplo de que es posible avanzar hacia el pleno reconocimiento de los derechos LGTB por encima de otras diferencias políticas, y que ojalá marque al PP un rumbo diferente al seguido hasta ahora en el resto del país, donde su mayorías absolutas han frenado la aprobación de leyes en este sentido.

Extremadura cuenta ya con un Ley de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales e Intersexuales que, impulsada por el Gobierno de José Antonio Monago (PP) y con la participación de los citados colectivos, ha sido respalda unánimemente por el Parlamento.

Activistas y organizaciones LGTB han asistido al debate final y votación de la norma desde la tribuna del público, donde la aprobación de la propuesta de ley ha sido recibida con una gran ovación, a la que se han sumado los parlamentarios desde sus escaños.

La ley, en la que ha estado trabajando la entidad federada Extremadura Entiende, junto a otros colectivos LGTB, ha conseguido promover el consenso y la necesidad de abordar la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género con medidas sancionadoras y la inversión de la carga de prueba que ofrece especial protección a las víctimas de delitos de odio. Las infracciones serán sancionadas con multas desde 3.000 hasta 45.000 €, además de prohibición de acceso a cualquier ayuda pública o contratación con la Administración.

La norma, calificada hoy de “histórica” por los cuatro grupos parlamentarios, contempla el reconocimiento legal de la financiación pública de la reproducción asistida de lesbianas y bisexuales, y la protección ante la denominada “violencia intragénero”, entre las personas del mismo sexo.

Encarnita y Paulita (derecha), pareja desde hace 43 años, emocionadas en el pleno de la Asamblea de Extremadura con el nacimiento de la Ley LGTBI / Susana Sauceda

Crea un protocolo policial ante delitos de odio que se basen en la homofobia y la transfobia, además de un régimen de infracciones y sanciones contra la discriminación sexual que puede ser de hasta 45.000 euros en las infracciones muy graves.

La ley incluye otro protocolo para que las personas transexuales tengan garantizadas la atención necesaria para poder hacer realidad la necesidad de identificar su cuerpo con el género sentido, con cargo al Servicio Extremeño de Salud.

La ley recoge la inclusión de todas las mujeres en el acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública y el acceso a los recursos de protección para las víctimas de violencia intragénero así como la consideración de víctimas de violencia de género a las mujeres transexuales en relación con hombres, tengan o no modificada su documentación. Los menores transexuales también son protagonistas de la ley y tendrán acceso a prestaciones sanitarias acorde con el libre desarrollo de su personalidad en sociedad.

Asimismo con esta ley se dota a Extremadura de un Observatorio Extremeño contra la homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia que puede ser un instrumento útil para alcanzar la igualdad real, meta final de la misma.

Como adelantamos en enero, cuando el grupo popular registró la propuesta en el Parlamento regional, se trata de un texto que el gobierno extremeño lleva año y medio negociando con colectivos LGTB de la región, muy singularmente con Fundación Triángulo y Extremadura Entiende, y cuya aprobación supondrá sin duda un gran impulso a las políticas de igualdad. El texto consagra la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o pertenencia a grupo familiar y recoge la gran mayoría de las demandas del activismo en el marco de la comunidad autónoma de Extremadura, entre ellas la creación de un observatorio regional contra la homofobia, la bifobia y la transfobia.

En el terreno de la asistencia sanitaria, por ejemplo, la ley establece de forma explícita la no discriminación por razón de orientación sexual, expresión o identidad de género en el acceso a las políticas de salud sexual y reproductiva (recordemos, en este punto, que el Gobierno central sí ha establecido limitaciones en el acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública a las mujeres sin pareja masculina). “Las mujeres lesbianas y bisexuales tendrán garantizado el acceso a las técnicas de reproducción asistida”, reza por ejemplo el artículo 12.2. El proyecto también recoge la atención sanitaria integral a personas transexuales e intersexuales.

La ley recoge medidas de protección de la diversidad familiar, reconociendo además el fenómeno de la violencia en el ámbito familiar por causa de la orientación sexual y/o identidad de género de cualquiera de sus miembros, y estableciendo medidas de atención y ayuda a víctimas de la violencia intragénero, sin que ello interfiera con la protección a las mujeres víctimas de violencia machista. Un aspecto que hace meses despertaba la polémica al anunciar el presidente del gobierno extremeño que incluiría como “violencia de género” el maltrato en el seno de parejas del mismo sexo, y que finalmente ha quedado perfectamente aclarado.

Respecto a las denuncias por discriminación, la ley introduce el principio de inversión de carga de la prueba (artículo 43): “En los procesos autonómicos, cuando el interesado aporte hechos o indicios razonables, fundamentados y probados por cualquier medio de prueba admitido en derecho, de haber sufrido discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, corresponde a aquél quien se atribuye la conducta discriminatoria, la aportación de justificación probada, objetiva y razonable de las medidas adoptadas”. Eso sí, como ya sucediera cuando se aprobó una ley contra la discriminación LGTBfoba en Cataluña, dicho principio “no será de aplicación a los procesos penales ni a los procedimientos administrativos sancionadores”.

La propuesta incluye además un capítulo de sanciones administrativas en el ámbito de la comunidad autónoma “sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden y de las atribuciones inspectoras y sancionadoras que en el ámbito laboral pueda ejercer la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”. Las infracciones más graves, en este sentido, podrán se sancionadas con multas de hasta 45.000 euros, y además podrá imponerse la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la comunidad autónoma por un periodo de hasta dos años: la inhabilitación temporal, por un periodo de hasta dos años, para ser titular, la persona física o jurídica, de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos, y la prohibición de contratar con la administración, sus organismos autónomos o entes públicos también por un periodo de hasta dos años.

Entre las enmiendas aprobadas durante su trámite parlamentario, los grupos de la oposición han sumado sus votos para incluir el reconocimiento a la memoria histórica del colectivo, duramente represaliado durante décadas, muy especialmente durante los años del franquismo. En este sentido, destaca la creación (artículo 29) del Centro Memoria Democrática y Documentación LGBTI de Extremadura.

La parlamentaria popular Francisca Rosa ha resaltado que iniciativas como ésta dignifican la política y que con esta ley se avanza hacia una sociedad más justa e igualitaria. Al margen del contenido concreto, ha considerado que es un “homenaje” a las personas que han sufrido la intolerancia, aunque el dolor es difícil de reparar. Rosa ha valorado la “sensibilidad” del Gobierno regional del PP en este asunto y su disposición a acercar posiciones hasta el último momento, ya que hoy se han votado las últimas enmiendas que no se habían incorporado al texto en comisión, 13 de ellas presentadas conjuntamente.

La diputada socialista Isabel Gil Rosiña ha considerado que esta sesión debería ser recordada por el paso adelante dado en favor de los derechos del colectivo LTGB. “No se trata de creer en la igualdad sino de tomar decisiones que la hagan posible”, ha aclarado Gil Rosiña, que ha destacado la firmeza en las convicciones de su partido, al apoyar una norma a pesar de haber sido presentada por el PP.

El diputado de IU Víctor Casco ha recordado el caso de Paulina y Encarna, presentes en la tribuna, una pareja de lesbianas que tuvieron que irse de Extremadura. Casco ha recibido la llegada de esta ley con “emoción”, ya que garantiza que nadie sea perseguido e injuriado por querer ser amado por otro ser humano. El parlamentario de IU, que hace tiempo confesó su homosexualidad, ha destacado la histórica lucha de mucha gente para conseguir aprobar esta ley por unanimidad. “Nunca más ni armarios ni prisiones” para estas personas, ha dicho Casco en su despedida de la primera línea política, antes de anunciar solemnemente que su grupo pulsaría el botón del sí.

La diputada del PREX CREX Fernanda Ávila ha considerado importantísimo que se reconozca en la exposición de motivos de la ley la “memoria histórica” de las personas que han sufrido este problema.

Los activistas de Fundación Triángulo Extremadura, estaban exultantes. “Aprobada por unanimidad, que no es algo irrelevante, la Ley LGBTI extremeña, muy grande, ha sido algo realmente grande lo vivido. Mucho trabajo, mucho esfuerzo detrás, pero ahí está. Gracias a todos los que lo han hecho político, diputados, grupos políticos, gobierno regional, organizaciones cómplices… y todas y todos los activistas LGBT extremeños. Un abrazo enorme a todos y todas los compañeros/as de Fundación Triángulo, cuando nos lo proponemos somos imparables! Gracias!”, podía leerse en su página de Facebook. Su presidente, José María Núñez, se mostraba muy emocionado por lo conseguido en Extremadura, “donde parecía siempre que era el sitio donde peor se vivía y donde peor se podían disfrutar de estas emociones y la igualdad”.

También Extremadura Entiende, asociación de mujeres LBT de Extremadura (y miembro de la FELGTB) expresaba su satisfacción. “Nos sentimos muy orgullosas de que Extremadura, junto con Cataluña, se ponga a la cabeza de la defensa de los derechos humanos. Esperamos que este ejemplo cunda y que el PP, que aquí ha aprobado esta ley, no la paralice en otras comunidades autónomas ni a nivel estatal”, declaraba su presidenta, Marisa González.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, FELGTB, celebra la aprobación de la Ley de Igualdad Social LGTBI aprobada por unanimidad en el Parlamento extremeño. Para que la ley cumpla con sus objetivos, Extremadura Entiende con la ayuda de FELGTB trabajará con todos los partidos políticos, agentes sociales y organismos públicos y privados. Jesús Generelo, presidente de FELGTB, ha destacado que “Una de nuestras demandas más urgentes es la aprobación de una ley semejante a nivel estatal. Se trata de un paso importantísimo que va a mejorar el día a día de la vida de miles de personas”.

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Todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón han reivindicado  “el derecho a la autodeterminación del género”, así como la aprobación de una Ley integral de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales y contra la discriminación por identidad sexual.. PSOE y PAR han pactado un texto de impulso al Ejecutivo, tras una proposición no de ley del primero de estos grupos y una enmienda del segundo, que ha recibido el apoyo unánime de la Cámara para posicionarse en defensa de las personas transexuales

Lorena Canales, desde el grupo proponente, y María Herrero, para presentar la enmienda, han participado en un debate en el que también han pasado por la tribuna la diputada del PP Mª Ángeles Orós, la parlamentaria de CHA Carmen Martínez y la portavoz de IU, Patricia Luquin.

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El Consistorio ha señalado que es contrario a “cualquier discriminación por motivo de orientación o identidad sexual de las personas” y ha subrayado que “siempre” la ha apoyado, una vez que la joven, de 16 años, manifestó su intención de participar el pasado fin de semana en las celebraciones con motivo de la Fiesta del Mosto y de la Aceituna.

El Ayuntamiento de Umbrete (Sevilla) ha mostrado hoy su apoyo a la menor transexual a la que supuestamente el párroco de la localidad prohibió entrar en la iglesia para participar en una celebración, según ha denunciado la Asociación de Transexuales de Andalucía y ha sido negado por el Arzobispado.

El Ayuntamiento ha explicado que cuando el párroco de la localidad manifestó que no le parecía “prudente” que una persona que había nacido como hombre acudiera a la misa vestida de mujer, esta institución le trasladó desde el primer momento que no estaba de acuerdo con su opinión y le instó a que la joven pudiera acudir a misa “con absoluta normalidad”.

En la nota se relata que cuando el Delegado de Fiestas tuvo conocimiento de la situación, informó a la familia de la menor afectada “pensando siempre en el bienestar y en los derechos de la joven vecina de Umbrete“. “Es posible que ese exceso de celo con que se abordó el asunto no contribuyera a gestionar la situación para que la joven acudiera con toda normalidad a los actos previstos y nos ha llevado a situaciones no deseadas por este Ayuntamiento”, se indica desde el Consistorio, que “lamenta profundamente lo sucedido”.

El Ayuntamiento ha manifestado su “más enérgica condena ante cualquier actitud discriminatoria, incluidas prácticas y comportamientos transfóbicos” y ha recordado que pone en marcha habitualmente campañas de sensibilización por la igualdad de género y por el reconocimiento de todas las identidades sexuales. “Lo acaecido nos refuerza en la convicción de que la educación en valores es la mejor receta para desterrar de nuestra sociedad todas las prácticas y actitudes discriminatorias y excluyentes”, concluye el comunicado.

ATA había asegurado que el edil les transmitió que la joven no podía ir a la misa porque el párroco temía “que la gente del pueblo se le eche encima por permitir la entrada en la iglesia de un chico vestido de flamenca”.

Tras esta denuncia, fuentes del Arzobispado aseguraron que el religioso lo único que le dijo que es que “no veía prudente” que un chico acudiese al festejo vestido de flamenca pero “en ningún momento mostró su disposición contraria a que entrase en el templo“.

En un comunicado, el Arzobispado hispalense ha expresado hoy la “sorpresa” que esa denuncia ha suscitado en la comunidad parroquial “al resultar involucrada la figura del párroco, que cuenta con una trayectoria de probada entrega y servicio al pueblo en muchos ámbitos”.

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Como siempe,después de la bofetada, la jerarquía lo niega diciendo que “en la Iglesia nunca se discrimina” (jajajaja)  pero es que ya no les creemos nada…

María José, una adolescente transexual de 14 años, ha visto vetada su entrada en la misa que tiene lugar en Umbrete (Sevilla) en el contexto de la Fiesta del Mosto y la Aceituna. La chica se había apuntado en el Ayuntamiento para participar vestida de flamenca en los actos festivos, pero el propio concejal de Fiestas acudió a su casa para pedirle que no acudiera a la iglesia ante la negativa del párroco. El incidente es un nuevo ejemplo de la peor transfobia, la que se dirige contra una menor de edad. 

La noticia saltó a la luz pública con este tweet de Carla Antonelli. “Quiero denunciar un acto transfóbico en Umbrete (Sevilla). Una persona transexual ha sido expulsada de una iglesia en plena celebración”. El comentario encendió las redes.

La menor, que cuenta con el apoyo absoluto de su madre, estaba de hecho muy ilusionada con el hecho de vestirse de flamenca y participar con normalidad en el evento, encuadrado en la Fiesta del Mosto y la Aceituna. Pero el pasado jueves, tres días antes, el concejal de Fiestas,  José Llorente, se presentó en el domicilio de la niña y comunicó a su madre que no podría asistir a misa porque el párroco del pueblo se negaba. Se trata del sacerdote de Nuestra Señora de la Consolación, la misma iglesia a la que la niña asiste a misa los fines de semana vestida de mujer sin que antes se hubiera percatado). “El cura teme que la gente del pueblo se le eche encima por permitir la entrada en la iglesia de un chico vestido de flamenca”, argumentó el concejal a la madre de la menor, según recoge 20 Minutos. La madre afirma que el concejal les ofreció la posibilidad de que la niña se quedase en el Ayuntamiento durante la misa, lo que la propia menor descartó. “No me tengo que esconder de nada. Me quedaré en la puerta de la iglesia”, respondió. Así lo hizo: el domingo la chica, vestida de flamenca, se quedó en la puerta de la iglesia acompañada de unas amigas. Lo cierto es que el domingo, la niña, vestida de flamenca, se quedó en la puerta de la iglesia con dos amigas y una señora del pueblo que se solidarizó.

La madre de la menor no entiende que desde el Ayuntamiento se preguntase al sacerdote. “No nos dieron opción. No la han apoyado. Deberían haber entrado las 200 flamencas o haber suspendido la parada en la iglesia”, asegura. El alcalde, Joaquín Fernández Garro, explica que fue un miembro de la comisión de festejos y no el concejal el que creyó conveniente plantearle al párroco que una menor transexual participaría en el festejo vestida de flamenca. Tras la respuesta del sacerdote, el concejal decidió intervenir. “No estoy de acuerdo con el párroco y con que se discrimine a nadie por razón de sexo. Tenemos un respeto absoluto hacia este colectivo”, ha declarado el alcalde, que da el asunto por zanjado tras hablar con los implicados.

La Asociación de Transexuales de Andalucía, por su parte, ha denunciado de forma “contundente” los hechos, que “no se ajustan al nuevo marco jurídico vigente en Andalucía que garantiza los derechos y la no discriminación de las personas transexuales en nuestra comunidad”. “Por ello, como principal órgano local que debe cumplir y hacer que se cumplan las leyes, exigimos una respuesta contundente de condena por parte del Ayuntamiento de Umbrete donde se exija al Obispado de Sevilla la destitución del cura”, ha declarado Mar Cambrollé, su presidenta.

 Lo ocurrido en Umbrete es “repugnante y repulsivo” y va en contra de los derechos y la libertad de las personas y en contra de lo que predica la iglesia, como el amor al prójimo“, dice Marisa Tejado, de Acción Diversa LGTB.  Esto “saca a debate la necesidad urgente de una Ley estatal o comunitaria en favor de los derechos y la protección de las personas LGTB que recientemente ha aprobado Cataluña y Extreñadura”, apunta Tejado. En Andalucía, “donde somos pioneros en igualdad”, queda pendiente esta ley que tanta falta hace a la vista de los hechos ocurridos, dice Tejada. Acción Diversa quiere contactar con el instituto de la chica para difundir la primera guía LGTB Fóbico dirigida a profesores y Ampas que ellos han elaborado.

“Desde pequeño sabíamos que era una niña. Siempre la he apoyado y la he animado a que se ponga mi ropa y mis tacones. Y a que no sienta vergüenza al salir vestida como una mujer. También le digo que si alguien le dice ‘maricón’ le tiene que dar igual. Estoy divorciada, con tres hijos y en paro. Siento impotencia porque no tengo dinero para comprarle ropa nueva a mi hija, que este año ha decidido hacer la transformación. Está deseando cambiarse de sexo. Está en tratamiento en el hospital Regional de Málaga para poder llevarlo a cabo. No es el único episodio que ha vivido la chica. El pueblo es muy cerrado, aunque ya algo va cambiando”. Este es el testimonio de María José, madre de la menor transexual.

Por desgracia lo sucedido no es el primer episodio de discriminación tránsfoba contra una menor en Andalucía. No conviene olvidar lo sucedido en Málaga, donde un colegio concertado dependiente de una fundación diocesana discriminó a una niña transexual que se vio obligada a trasladarse de centro.

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El  mundo al revés: El matrimonio gay que en junio sufrió una agresión de tintes homófobos en Almería ha sido ahora imputado por un supuesto delito de exhibicionismo. Parece que las víctimas, para la jueza instructora, son las culpables de lo sucedido.

Ricardo y Luis afirman que se sienten “estigmatizados” y que hacían nudismo “en ejercicio de su libertad”.

Denunciaron su agresión “con la esperanza de que los tribunales sancionaran unos comportamientos que no deben consentirse en nuestra sociedad actual”.

El Juzgado de Instrucción 4 de Almería ha imputado a Luis y Ricardo de Frutos, la pareja homosexual que denunció una agresión en la playa de Torregarcía en junio de 2014, por supuestos delitos de lesiones y de exhibicionismo mientras que ha imputado por lesiones a un tercero, J.E.M.V. El auto, contra el que han interpuesto recurso de reforma ambas partes, ordena transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado y da traslado para que se formule acusación si procede o se solicite el sobreseimiento de la causa. En concreto, se indagaba para conocer si esta zona del litoral de la ciudad es nudista o, por el contrario, están “prohibidas estas prácticas” ya que la agresión que la pareja denunció se produjo cuando estaba haciendo nudismo y se disponía a bañarse. El incidente se produjo coincidiendo con la celebración del Día Internacional de los Derechos del Colectivo LGTB.

Pues bien, la jueza María del Mar Cruz, del Juzgado de Instrucción nº 4 de Almería, ha imputado finalmente a la pareja agredida por un supuesto delito de exhibicionismo. Por lo que se refiere a los agresores solo ha imputado a uno de ellos por lesiones. El argumento de la jueza es que, según el Área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Almería, la playa de Torregarcía no tiene autorización oficial para uso nudista. Ricardo y Luis Guillermo, que han recibido la noticia con estupefacción, recuerdan que el actual “marco de libertades que impera desde el año 1978 permite a cualquier ciudadano, en ejercicio de su derecho a la libertad, acudir a cualquier playa y practicar el nudismo, a menos que una ordenanza municipal lo prohíba expresamente”. La pareja, que se reconoce estigmatizada por lo sucedido, ha recurrido a través de su despacho de abogados, Trustlaw Almería, que entiende que la resolución es contraria al deber de apurar la instrucción y esclarecer al máximo las circunstancias de la agresión, “de evidente naturaleza homófoba y discriminatoria a la orientación sexual de las víctimas”.

Fuentes cercanas al caso han trasladado a Europa Press que la Fiscalía se va a adherir al recurso de reforma que han presentado las dos partes contra el auto ya que estima pertinente la práctica de nuevas diligencias encaminadas a esclarecer los hechos, como la toma de declaración a algunos testigos.

La agresión tuvo lugar el pasado 28 de junio, Día del Orgullo LGTB, en la playa de Torregarcía, en el parque natural del Cabo de Gata (Almería), playa en la que conviven pacíficamente nudistas y no nudistas. Ricardo y Luis Guillermo (matrimonio de 68 y 54 años), paseaban desnudos por la playa, donde de hecho había más personas practicando el nudismo. En un momento determinado dos hombres que se encontraban en compañía de su familia les salieron al paso al grito de “Maricones de aquí no vais a pasar” y “sois unos cerdos andando con las pollas fuera”, según consta en la denuncia. Aunque recibieron la ayuda de otros bañistas, las víctimas fueron golpeadas y uno de ellos precisó cuatro puntos de sutura en la cara. A los agresores ni siquiera les frenó el hecho de que Ricardo presente una discapacidad debido a la esclerosis múltiple que padece. Cabe recordar que Luis, de 54 años, y Ricardo, de 68 años, relataron en su denuncia que el otro imputado, junto a su padre, se abalanzaron sobre ellos al grito de “¡Ni un paso más, maricones!” y que, tras una fuerte discusión, J. E.M.V. les atacó presuntamente mientras el padre lo incitaba al grito de “¡Maricones!, ¡dales caña a esos cerdos!”.

El atestado policial, que se elaboró tras tomarle declaración como imputado policial a este, de 25 años, recoge que fueron varios los testigos los que presenciaron los hechos y los que alertaron. Las “patadas” y los “puñetazos” habrían ocasionado lesiones por las que Luis precisó cuatro puntos de sutura en una ceja mientras que Ricardo sufrió “hematomas y escoriaciones por patadas en el costado”, además de perder la consciencia.

La pareja, que siempre ha sostenido el “carácter homófobo” del ataque, ha trasladado en un comunicado que se sienten “estigmatizados” por la instrucción del caso y ha remarcado que el actual “marco de libertades que impera desde el año 1978 permite a cualquier ciudadano, en ejercicio de su derecho a la libertad, acudir a cualquier playa y practicar el nudismo, a menos que una ordenanza municipal lo prohíba expresamente”. Ricardo y Luis han recordado que tomaron la decisión de denunciar estos hechos “con la esperanza de que los tribunales sancionaran unos comportamientos que no deben consentirse en nuestra sociedad actual” y han hecho alusión a “distintos obstáculos legales” que ha “tenido que superar” como el archivo provisional de las actuaciones.

El despacho de abogados Trustlaw Almería, que actualmente asume la defensa de ambos a través de los letrados Salvador Benítez y Manuel Ocaña, ha recurrido la resolución dictada en enero por el Juzgado de Instrucción 4 al entender que no es ajustada a Derecho. Afirma, así, que es “contraria” al “deber de apurar” la instrucción y “esclarecer al máximo” lo ocurrido a través de la practica de todas aquellas pruebas “que sean necesarias para determinar no solo los hechos y personas responsables sino también las circunstancias de dicha agresión”, que, según subraya, “fue de evidente naturaleza homófoba y discriminatoria a la orientación sexual de las víctimas”.

Los letrados discrepan igualmente de la imputación de un delito de exhibicionismo ya que, a su juicio, el tipo no concurre en este caso. “No sólo se requiere que exista ese desnudo en presencia de menores, sino que además se realice una conducta con connotaciones sexuales, cosa que en el presente caso no ocurre ya que nuestros clientes eran simplemente dos personas que paseaban por la playa sin otra intención distinta que la de tomar el sol”. Los abogados argumentan además que el hecho de que Ricardo y Luis Guillermo se pasearan desnudos tomando el sol por una playa en la que había menores no basta para imputarles un delito de exhibicionismo, ya que no realizaron en ningún momento una conducta con connotaciones sexuales. “Solo ordenanzas municipales pueden regular el desnudo de sus ciudadanos en lugares públicos con ocasión de cierto decoro que estas quieran dar al municipio pero ello es tan solo una cuestión administrativa, nunca un delito”, concluye el recurso. Tampoco parece por cierto que la Fiscalía esté satisfecha con la instrucción y podría solicitar la práctica de nuevas diligencias para esclarecer mejor los hechos, como la toma de declaración a algunos testigos.

General, Homofobia/ Transfobia. Agresión, Almería, Andalucía, Cabo de Gata, Discriminación, exhibicionismo, Luis y Ricardo de Frutos, Manuel Ocaña, María del Mar Cruz, Nudismo, Playa de Torregarcía, Salvador Benítez, Trustlaw Almería

Prosigue el goteo de incidentes homófobos a lo largo y ancho de la geografía española. El pasado viernes, una pareja gay era expulsada de un bar de Granada por darse la mano, mientras que en A Coruña los asistentes a la besada convocada en diversas ciudades españolas con motivo del Día Mundial de la No Violencia y la Paz tuvieron que soportar que les arrojaran huevos.

Comencemos por lo sucedido en A Coruña, una de las ciudades en la que el pasado viernes tenía lugar una de las besadas contra la LGTBfobia (una acción promovida desde la FELGTB con motivo de la conmemoración del 30 de enero bajo el lema #BesosContraLaViolencia). La inmensa mayoría de las besadas transcurrieron sin incidentes, pero en el caso de A Coruña los asistentes tuvieron que soportar como se les arrojaba huevos desde un edificio cercano. Una muestra de LGTBfobia que ha merecido ya la condena del Partido Socialista de Galicia (PSdeG), que ha pedido que los autores sean identificados y “se les aplique la ley” y del Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de Esquerda Unida  (ALEAS-EU), que considera de hecho que lo sucedido es una muestra “de lo que pretendíamos denunciar con esta acción, que el heteropatriarcado es un hecho, algo que debemos combatir, que la situación de las personas LGTBI aún no está normalizada y que queda mucho camino por recorrer”.

Por lo que se refiere a Granada, medios LGTB han recogido como una joven pareja gay fue expulsada, precisamente en la mañana del 30 de enero, de una cafetería de la ciudad simplemente por apoyar uno la cabeza en el hombro de otro y darse la mano. Contactados por dosmanzanas a través de redes sociales las víctimas, que al parecer prefieren pasar página y no denunciar lo sucedido, han preferido no hacer más declaraciones. En cualquier caso, este lunes, a las 19:00 horas, ha sido convocada a través del hashtag #StopHomofobiaGranada una concentración de protesta en la Avenida de la Constitución de Granada.

Lo sucedido en A Coruña y Granada, dos ciudades situadas en puntos opuestos de la geografía española, pone de manifiesto el repunte de los incidentes LGTBfobos en España a lo largo de los últimos meses (o quizá su mayor conocimiento, gracias en buena parte a las redes sociales). Hace solo unos días dábamos cuenta de la agresión ocurrida en Salamanca. Otras han ocurrido en la propia capital, como la ocurrida en las cercanías del Templo de Debod en diciembre (que dio lugar a una besada de protesta), las acaecidas en febrero y marzo contra sendas parejas de chicos gais en el entorno de la Gran Vía, la paliza sufrida por una pareja gay en septiembre en los alrededores de la Plaza de España o la agresión verbal ocurrida en noviembre en el metro en noviembre.

Un escenario de violencia física y verbal preocupante, al que se suman episodios de discriminación como el ocurrido hace unas semanas en un Burger King de Madrid, no muy distinto del acaecido el viernes en Granada, y contra la que se convocó otra besada de protesta.

Homofobia/ Transfobia. A Coruña, ALEAS Esquerda Unida, Andalucía, Día Mundial de la No Violencia y la Paz, Discriminación, España, Galicia, Madrid, PSdeG-PSOE, Salamanca

General, Homofobia/ Transfobia. Álvaro Moreno, Andalucía, Avenida Madrid, Cafetería, Granada, Rubén Guijarro

El pasado 15 de enero, el grupo popular en el Parlamento extremeño registró en dicha cámara la Propuesta de Ley de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales e Intersexuales y de Políticas Públicas Contra la Discriminación por Homofobia y Transfobia. Se trata de un texto que el gobierno extremeño lleva año y medio negociando con colectivos LGTB de la región, muy singularmente con Fundación Triángulo, y cuya aprobación supondrá sin duda un gran impulso a las políticas de igualdad y no discriminación. La noticia, por otra parte, deja al descubierto lo ”moldeable” de las políticas del Partido Popular, capaz de defender posiciones opuestas en distintos territorios por lo que a las personas LGTB se refiere en función de cada coyuntura política.

Desde Fundación Triángulo, de hecho, consideran la propuesta “histórica” por recoger “la gran mayoría de las demandas del activismo LGBT a día de hoy”. “Desde que hace mas de un año apareciera esta posibilidad, Triángulo dejó claro que si se legislaba, debía hacerse al mismo nivel que se ha hecho en Cataluña en su ley contra la discriminación a LGBTI, o en Andalucía sobre transexualidad. Queríamos y queremos la mejor ley, y la ley mas participada, para todos los extremeños, LGBT o no. Que un chico en Piornal sea agredido por ser gay le afecta y le importa a él, a sus amigos, familiares, y a toda la gente que cree en la igualdad, que es mucha”, declaraba José María Núñez, presidente de Fundación Triángulo.

La propuesta de ley (que puedes descargar aquí en su integridad) consagra, en el ámbito de la comunidad autónoma de Extremadura, la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o pertenencia a grupo familiar; crea un observatorio regional contra la homofobia y la transfobia y establece medidas de apoyo y protección a los grupos más vulnerables dentro del colectivo LGTB, incluyendo las víctimas de la violencia homofóbica y/o transfóbica.

En el terreno de la salud, la propuesta incluye dos aspectos fundamentales. Por un lado, establece de forma explícita la no discriminación por razón de orientación sexual, expresión o identidad de género en el acceso a las políticas de salud sexual y reproductiva (recordemos, en este punto, que el Gobierno central sí ha establecido limitaciones en el acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública a las mujeres sin pareja masculina). “Las mujeres lesbianas y bisexuales tendrán garantizado en igualdad de condiciones el acceso a las técnicas de reproducción asistida”, reza por ejemplo el artículo 12.2. Por otro, el proyecto recoge la atención sanitaria integral a personas transexuales e intersexuales.

La propuesta prevé medidas de protección de la diversidad familiar, reconociendo además el fenómeno de la violencia en el ámbito familiar por causa de la orientación sexual y/o identidad de género de cualquiera de sus miembros y estableciendo medidas de atención y ayuda a víctimas de la violencia intragénero que garanticen la protección de la persona acosada frente a la persona acosadora, facilitando la independencia física y económica de la víctima, sin que ello interfiera con la protección a las mujeres víctimas de violencia machista. Un aspecto que hace pocas semanas, recordemos, despertaba la polémica al anunciar el presidente del gobierno extremeño que incluiría como “violencia de género” el maltrato en el seno de parejas del mismo sexo.

El proyecto también incluye medidas en el ámbito educativo y laboral. Respecto a las denuncias por discriminación, introduce el principio de inversión de carga de la prueba: “En los procesos autonómicos, cuando el interesado aporte hechos o indicios razonables, fundamentados y probados por cualquier medio de prueba admitido en derecho, de haber sufrido discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, corresponde a aquél quien se atribuye la conducta discriminatoria, la aportación de justificación probada, objetiva y razonable de las medidas adoptadas”. Eso sí, como ya sucediera cuando se aprobó una ley contra la discriminación LGTBfoba en Cataluña, dicho principio tiene límites y “no será de aplicación a los procesos penales ni a los procedimientos administrativos sancionadores”.

La propuesta incluye, por último, un capítulo de sanciones administrativas en el ámbito de la comunidad autónoma “sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden y de las atribuciones inspectoras y sancionadoras que en el ámbito laboral pueda ejercer la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.

Los colectivos se felicitan

Fundación Triángulo,  como antes dijimos, se muestra satisfecha con el texto y anuncia su disposición a mejorarlo. “Triángulo ha trabajado hasta ahora con el gobierno, y lo seguirá haciendo en el trámite parlamentario con todos los grupos políticos, porque cree firmemente que esta ley es necesaria, y porque debe consolidar lo que se ha conseguido en estos veinte años de activismo LGBT, debe reconocer como derecho la atención a las víctimas de homofobia o transfobia, y una atención completa a nivel sanitario, psicológico, social y jurídico, debe establecer protocolos correctos de atención a transexuales e intersexuales en el Servicio Extremeño de Salud, debe comprometer una acción integral en cuanto a prevención de la discriminación por esta causa, y atención en las agresiones que se den, y debe cuidar de la discriminación a nuestros hijos, hayan llegado como hayan llegado a nuestras familias”, expresaba Triángulo en su comunicado.

También Extremadura Entiende, asociación de mujeres LBT de Extremadura (y miembro de la FELGTB) expresaba su satisfacción por un texto que considera más global que los recientemente aprobados en Cataluña -en materia de igualdad y no discriminación- o en Andalucía -en materia de transexualidad- y anima a otras comunidades a seguir el ejemplo. “El sistema patriarcal heterosexista que continúa generando en Extremadura, por su marcado carácter rural, estructuras simbólicas y reales que generan profundas, injustas y dolorosas desigualdades en función del género, el sexo, la orientación sexual, la identidad y los roles de género, va a verse desmoronado, en gran medida, con la regulación de los derechos de personas LGTBI mediante esta ley. Además, a través de la máxima feminista de que lo personal es político, creemos en la visibilidad como herramienta de nuestra realidad y diversidad LGTBI, y es la mejor estrategia para producir cambios en nuestra sociedad. A partir de hoy, las personas lesbianas, gais, transexuales, transgéneros, bisexuales e intersexuales de Extremadura vamos a ser mucho más visibles”, expresaba en su comunicado.

PP, un discurso en cada comunidad

Desde luego, si algo queda claro tras lo sucedido en Extremadura es lo moldeable -algunos dirán hipócrita- del discurso del Partido Popular, capaz de votar a favor de una ley integral de transexualidad en Andalucía pero oponerse en Madrid, e incluso plantearse a nivel nacional un posible recurso de inconstitucionalidad contra la propia ley andaluza. O de rechazar un capítulo sancionador en las leyes de Galicia y Cataluña (en este caso de forma virulenta) pero incluirlo por iniciativa propia en Extremadura.

Un partido, en definitiva, al que no le importa defender políticas diametralmente opuestas en distintos territorios por lo que a las personas LGTB se refiere en función de cada coyuntura política. En el caso extremeño, afortunadamente, esta coyuntura (falta de mayoría absoluta y necesidad de contar al menos con la abstención de Izquierda Unida para sacar adelante sus proyectos) ha jugado en esta ocasión a favor de la igualdad.

Fuente Dosmanzanas

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La Fiscalía pide un año de inhabilitación para el ejercicio de la enseñanza y de administración de centros de enseñanza para los imputados.

Los padres pidieron información al colegio “sin ocultar que era una familia homoparental” y les respondieron que todas las plazas estaban cubiertas.

Los denunciantes volvieron a pedir información sin identificarse como matrimonio homosexual y los citaron para una entrevista.

El director y la responsable de admisión del colegio privado Yago School de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), para quienes la Fiscalía pide un año de inhabilitación para el ejercicio de la enseñanza y de la administración o dirección de centros de enseñanza por negarse a admitir al hijo de una pareja de gays, han solicitado su libre absolución.

Fuentes del caso han informado de que la defensa de los imputados ha presentado un escrito en el que solicita la libre absolución de ambos al considerar que no son culpables del delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas del artículo 512 del Código Penal que les atribuye tanto el Ministerio Público como la acusación particular.

El pasado 10 de octubre, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla rechazó el recurso interpuesto por los imputados contra la resolución en la que el juez de Instrucción número 2 procesó a ambos “por su participación en un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas”, según un auto.

Los magistrados de la Audiencia Provincial han considerado que “de lo actuado se deduce indiciariamente que la negativa a la escolarización del menor fue debida a la condición sexual de los padres, sin perjuicio de lo que resultare del juicio que se celebre”, señalando que “no se puede hablar de pena de banquillo”, tal y como han alegado los imputados en sus recursos.

“Plazas cubiertas”

La Audiencia ha señalado que, como quiera que el menor comenzaba su escolarización en el curso 2012/2013, los padres del mismo se pusieron en contacto por medio de un email en septiembre de 2011 con el colegio, “sin ocultar que era una familia homoparental”, a fin de manifestarles su interés de que su hijo estudiara en dicho colegio y pidiendo información sobre diversos extremos de interés como precio, comedor o rutas.

La acusada, en su calidad de directora de admisiones del colegio, respondió a dicha solicitud también vía correo electrónico “manifestando que no había plaza y que contactara en el mes de septiembre de 2012 por si existiera una vacante”.

Así, los denunciantes “empezaron a sospechar que les estaban denegando la escolarización por su condición sexual, pues tras llamar otras personas solicitando información no se les indicó que las plazas estaban cubiertas”.

Uno de los afectados, entonces, se puso nuevamente en contacto con el centro “omitiendo esta vez el dato de ser una familia homoparental”, tras lo que lo citaron para una entrevista el 16 de febrero de 2012 en la que la imputada le comunicó que sí había plazas y que las anteriores negativas se debían a “un malentendido administrativo“.

El 20 de febrero, la acusada llamó por teléfono al padre para comunicarle de nuevo que “no había plaza”, concluye la Audiencia.

Hay que recordar que la Fiscalía de Sevilla ha solicitado para cada uno de los imputados un año de inhabilitación para el ejercicio de la enseñanza y de la administración o dirección de centros de enseñanza por un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas del artículo 512 del Código Penal.

De su lado, la acusación particular pidió para cada uno de los imputados tres años de inhabilitación y que el colegio pague una multa de 30.000 euros como responsable de los hechos realizados por sus trabajadores.

Fuente 20 Minutos

General, Homofobia/ Transfobia. Andalucía, Carlos Mahón, Castilleja de la Cuesta, Discriminación, España, Familia Homoparental, Iván Vallejo, Ricardo Lucas, Sevilla, Yago School

Dibujo hecho por un niño transexual.

La transexualidad no suele esperar a la edad adulta para manifestarse y muchos adolescentes sufren aislamiento y hasta depresión al ver de cerca el desarrollo de su cuerpo en el sentido contrario a sus deseos. Varias asociaciones luchan por hacer visible lo invisible y dar voz a niños a los que se les han restringido sus derechos.

Sólo Andalucía permite el acceso a los bloqueadores de pubertad sin necesidad de diagnóstico

“La supresión de la pubertad es una intervención médica completamente reversible”, afirma una psiquiatra infantil

Rocío Álvarez Albizuri. Madrid 13/12/2014

A paso lento comienza a existir en la consciencia social la realidad de los niños y niñas transexuales. En este camino, la cruzada es conseguir que estos menores puedan vivir sin desigualdades, traumas y con naturalidad. Meses después del éxito en el Parlamento andaluz de la Ley Integral de Transexualidad, continúa la controversia a nivel nacional ya que no llegan los cambios en el resto de comunidades, no así las demandas por parte del colectivo para mejorar su situación.

África Pastor es madre de Daniela, una niña transexual de ocho años. A raíz de sumergirse en el universo de la transexualidad infantil decidió crear la Fundación Daniela, con el objetivo de “mejorar el conocimiento que la sociedad tiene sobre la realidad de los menores y adolescentes transexuales y transgénero”. Para ello, su lucha se centra en conseguir fondos para mejorar la formación de los profesionales de la medicina y la psicología infantil, potenciar la creación de redes de asesoría y apoyo para ellos y financiar nuevas investigaciones para la erradicación del estigma y la discriminación. “El único problema que hay es que la sociedad no conoce estos casos, no caen en los difíciles que son los años de infancia por los que necesariamente pasa una persona transexual”. “Cuando hablamos con jóvenes trans que no pudieron acceder a los bloqueadores de pubertad y ven la lucha que hacemos para que los niños de hoy no sufran el trauma que ellos vivieron se emocionan y quedan profundamente agradecidos“, explica África Pastor.

Existen una serie de comportamientos característicos en los niños y niñas transexuales como la selección, en la mayoría de los casos, de un nombre para el sexo que manifiestan que no corresponde con su apariencia y genitalidad. Además se sienten incómodos en situaciones como tener que utilizar baños públicos que no corresponden a su sexo sentido. La pubertad es otro de los momentos críticos, según declaran mujeres y hombres transexuales. Les supone angustia, aislamiento y hasta depresión, al ver de cerca el desarrollo de su cuerpo en el sentido contrario a sus deseos.

Aún siendo así, explica la doctora y psicoanalista Alejandra Menassa, “cualquier comportamiento sexual en la infancia es posible y no es indicador definitivo de ninguna conducta futura. Una niña puede decir que quiere ser un niño, y eso es sólo un momento de su constitución como mujer futura. Nada es definitivo en el niño. Todo es puro cambio, puro movimiento. Es conveniente que hable con un especialista para aclararse antes de hacer nada a nivel biológico“.

El objetivo de estos medicamentos, también llamados inhibidores hormonales y usados hasta hace años sólo para tratar la pubertad precoz, es que el cuerpo paralice su desarrollo. Dar tiempo al menor para madurar y decidir, ya en la edad adulta, si recurrir a una reasignación definitiva con hormonas cruzadas y cirugía, o dejar que su cuerpo recupere su proceso original biológico. Esta supresión hormonal, a base de inyecciones, envía una señal al cerebro para que no produzca más hormonas sexuales. Estos medicamentos tienen efectos reversibles ya que en el momento que se dejaran de tomar el cuerpo volvería a generar los caracteres sexuales originales.

Frente a la aún extendida idea entre muchos profesionales de la medicina de que dichos fármacos podrían ser perjudiciales para la salud —argumentando que podrían variar la altura y el desarrollo corporal y hasta generar esterilidad— un estudio de la holandesa Henriette A. Delemarre-Van de Waal, profesora de endocrinología pediátrica de la Universidad de Leiden, afirma que con una trayectoria de más de diez años con bloqueadores hormonales para adolescentes con una edad comprendida entre 12-16 años, queda demostrado que es un tratamiento seguro y sin efectos secundarios, dejando también patente que la experiencia, en los casos analizados, es muy satisfactoria para los pacientes, sus padres y el entorno.

“La supresión de la pubertad es una intervención médica completamente reversible, lo que permite tanto a los adolescentes como a sus familias disponer de tiempo para explorar sus sentimientos relativos a la disforia de género y tomar una decisión definitiva sobre el tratamiento de reasignación de sexo”, expresa Annelou de Vries, psiquiatra infantil de la Unidad de Disforia de Género de la Universidad Libre de Amsterdam.

Los costes de estos tratamientos para una familia que no viva en las comunidades donde estos fármacos se suministran de forma gratuita, pueden llegar a suponer un desembolso de 32.000 euros. “Lo que me parece flagrante es que no haya un marco legal común para todos los niños una vez publicados numerosos estudios internacionales al respecto, que avalan la idea de que es beneficioso evitar temporalmente el desarrollo puberal”, opina García Nieto.

Natalia Aventín, presidenta de Chrysallis Asociación de Familias de Menores Transexuales, explica que en menos de dos años de trayectoria ya han dado apoyo a más de 200 familias, un número en permanente ascenso. Cubren todo el territorio nacional con asociados en casi todas las comunidades. Su labor es asesorar, escuchar y ayudar activamente en los tres grandes campos de acción que conlleva el asunto: sanidad, educación y legislación. Contactan a las familias con profesionales formados de su confianza, asesoran en los trámites de cambio de nombre, aún muy difíciles de resolver, y les ayudan en las problemáticas con los colegios. “Es verdad que la realidad para los niños trans está mejorando en los colegios, conocemos más de 60 centros trans-friendly”

Otro de los grandes obstáculos con los que se cruza un niño transexual es el del nombre. Existen varías vías legales para poder cambiarlo en el Registro Civil, con la consiguiente variación en toda la documentación oficial, pero hasta hoy, en España, sólo existen ocho casos que lo hayan conseguido. Algunos de los jueces se apoyan en que puede ser conflictivo para las administraciones o en que no será beneficioso para el menor, despreocupándose de los deseos de éste.

“Hoy por hoy, todavía es una cuestión de voluntad de la persona con la que te cruzas que quiera respetar los intereses de nuestros hijos. No existe una legislación que obligue a las instituciones y colectivos a proteger y cuidar el bienestar de los niños según obliga la Carta de Derechos Humanos o la propia Constitución. No actuar con contundencia al respecto es dañarles”, expone Natalia Aventín, madre de un niño transexual.

La educación flojea en este terreno social tabú por excelencia. En los colegios no se estudia y en las carreras más significativas relacionadas con el tema, como Medicina, tampoco se trata la temática de cara a formar a los profesionales.

Fuente Público

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Se difunde públicamente una nueva agresión homófoba, que en esta ocasión tuvo lugar hace unos días en Málaga. Una pareja gay fue agredida por un hombre que al parecer trabaja como vigilante de seguridad de la estación de RENFE, y que de hecho ya antes habría dedicado insultos homófobos a la pareja.

La víctima de la agresión homófoba en Málaga llevará el caso a juicio

Sebas, uno de los chicos agredidos, difundía la historia en redes sociales (nosotros la hemos encontrado en un tuit de @patriarcadomata, al que el propio Sebas enlaza desde su perfil de Twitter (@FuriousHeadbang): “Lo que supuso ser un día bonito junto a mi pareja terminó siendo un día terrible. Teníamos ya todo planeado, ir a comer al Domino’s Pizza y pasar el día juntos por llevar 11 meses. En el camino hacia el Domino’s Pizza nos cruzamos con un guarda de Renfe con el cual ya habíamos tenido problemas anteriormente pero dentro de las estaciones Renfe, hoy nos lo cruzamos en la calle y empezó a meterse con nosotros por (según él) haberle mirado mal. Empezó a decirnos que si somos unos ’maricones de mierda’ terminando con el típico repertorio de insultos que suele tener un homófobo. Al decidir irnos y al terminar el repertorio de insultos corrió hacia nosotros con el resultado de acabar en el Clínico de Málaga (Facultad de Medicina) y mi pareja con varias lesiones en la cara y grave en el ojo (no puede abrir el ojo derecho y posiblemente haya roto algún hueso”.

“A lo que quiero llegar es que estamos en el siglo XXI y que aún haya personas capaces de hacer cosas tales como las que nos han pasado a nosotros. No podemos andar tranquilamente por Málaga sin que algún bala perdida nos haga cosas así, por favor decid NO a la homofobia, que ya estamos en unos tiempos dónde se deberían aceptar la sexualidad de cada cual sin repercusión alguna. De nuevo a NO a la homofobia y si no os importa compartir esta publicación en vuestros tablones para hacer que esto llegue a ser conocido. Gracias”, finaliza el relato del joven.

Su pareja, Álvaro (@Mr_Chups), que fue de hecho el que se llevó la peor parte, colgaba en su cuenta de Instagram, con fecha 12 de diciembre, una foto en la que se aprecia con claridad un hematoma orbitario derecho. “Esto señores es la sociedad en la que vivimos hoy en día. Pasear con tu pareja por la calle se ha convertido en una situación de alto riesgo. Aquí veis las consecuencias de haberme arriesgado a salir a la calle; claro si hubiera sabido que un ‘primate’ andaba suelto por Málaga me fuera quedado mejor en casa. En conclusión, hay dos clases de personas; las que respetan todo y las que no respetan nada e incluso tampoco la condición sexual y a mi desde luego que no me ha tocado las personas civilizadas”, expresa el texto que acompaña a la imagen.

Por el momento desconocemos más detalles de la agresión, como el día y hora exacta y si ya ha sido denunciada (lo que parece claro es que en este caso el agresor es perfectamente identificable). De hecho, no ha sido hasta que la revista Shangay y la web de informativos Telecinco se han hecho eco de la agresión cuando hemos conocido los primeros detalles de la noticia.

Fuente Dosmanzanas

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Castilla y León es la primera comunidad autónoma que cubre voluntariamente los tratamientos de transexualidad sin necesidad de ley autonómica o de fallo judicial.

Un año de negociación entre Fundación Triángulo y el SaCyL culmina con el acuerdo que restaura los derechos sanitarios de las personas transexuales en Castilla y León.

– Descargar el protocolo de atención a personas trans de CyL –

Tras un año de negociaciones entre el área trans de la Fundación Triángulo y responsables del Sacyl, Castilla León se suma a las comunidades que ofrecerán tratamiento integral a la identidad de género. Hasta ahora, sólo las CCAA que acordaron aumentar la cartera de servicios por ley (Madrid, Cataluña, Andalucía, País Vasco, Extremadura, Navarra) y las que fueron obligadas por la Justicia a cubrir el tratamiento por sentencia de tribunales superiores (Asturias, Galicia…) ofrecían un tratamiento integral a la identidad de género, si bien existen notables diferencias en los niveles y formas de asistencia. Con el acuerdo publicado por el Sacyl y notificado a los centros de salud, Castilla y León se suma voluntariamente a las CCAA que entienden que la actual redacción de la ley de SS implica la atención íntegra de las personas transexuales en igualdad con el resto de la población, aunque no exista mención expresa en el catálogo general de servicios.

“Es un acuerdo que restaura una deuda de igualdad y de dignidad” señala Marina Sáenz, responsable del área trans de FT. “Un acuerdo que evitará el sufrimiento y ayudará a disminuir la marginación que sufrimos las personas transexuales en esta comunidad” en palabras de Lunara Santamaría, Coordinadora regional del área trans de Fundación Triángulo en Castilla y León.

En los términos del protocolo para la atención a la identidad de género, las personas trans de Castilla y León podrán solicitar atención médica a la identidad de género a sus médicos de cabecera, que les derivarán a los servicios de salud mental y endocrinología más cercanos, que actuarán asesorados por la unidad de referencia, o bien solicitar derivación voluntaria a la unidad de referencia establecida en Valladolid con el fin de recibir atención por especialistas en la materia. La atención en salud mental se concibe no como un proceso de “diagnóstico de admisión” sino como un proceso de acompañamiento y refuerzo ante los retos sociales que afronta la persona trans en su manifestación de identidad. Aunque el protocolo menciona por referencia al CIE y DSM V el llamado “test de la vida real”, aclara que no es elemento del diagnóstico o criterio de elegibilidad y que no se puede exigir un itinerario único u obligado en la manifestación de identidad de género, siendo cada persona la que según sus circunstancias sociales y familiares elige la forma y los tiempos en los que expresa su identidad. El protocolo, ampara además a los menores de edad sin exclusiones ofreciendo una vía específica de tratamiento para estos casos.

El protocolo compromete las operaciones “menores” de adaptación a la identidad de género manifestada en centro de proximidad ubicado en la comunidad y las cirugías de reasignación genital mediante derivación a centro de referencia en el que existan medios y experiencia en la materia, si bien, por fallo de última hora en la coordinación con el País Vasco, aún queda por fijar que centro efectuará este tipo de operaciones, previsiblemente, la Unidad de género de Madrid.

“Queda por rematar el mecanismo de derivación a Madrid o a otra comunidad pero ya existe un compromiso firme de atención que acaba con la situación irregular que hemos vivido los últimos quince años, durante los que se comenzaba el tratamiento hormonal, se establecía la necesidad de la cirugía y se abandonaba al paciente a su suerte, lo que ha provocado que más del 70 % de las personas transexuales de esta comunidad terminaran abandonándola por la dificultad de integración social y la ausencia de tratamiento especializado” señala Marina Sáenz. “Confío en que esto funcione con normalidad y nos ayude a disminuir la discriminación, la transfobia y el sufrimiento personal que muchas sufrimos en carne propia” declara Lunara Santamaría.

En la actualidad existen unas 42 personas transexuales en los listados del SaCyL de las que aproximadamente siete son menores de edad, o adolescentes, siendo esta última categoría la que crece a ritmo vivo, pues la mejora de las situaciones sociales está haciendo que se manifiesten y se detecten a los menores trans con mayor facilidad y en edad cada vez más temprana.

Fuente Fundación Triángulo

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El equipo de arqueólogos trabaja en la zona donde podría estar enterrado Lorca. / m. zarza

24 pasos y 78 años para buscar a Lorca

¿Quién oculta a Lorca?

¿Y ahora dónde estás, Federico?

“Está ahí. Hay que seguir buscando“

 Un equipo de expertos intenta encontrar al poeta en una fosa señalada por falangistas

La sobrina del autor rechaza la exhumación: “No la autorizaremos”

El pasado viernes concluyeron los trabajos de la pala excavadora iniciados el martes, que permitieron localizar una zona de “tierra oscura y húmeda”. Esa anomalía en el terreno podría corresponderse con el pozo que los investigadores tratan de localizar como posible enterramiento común. Los especialistas prevén continuar con sus tareas manuales al menos hasta este domingo y no descartan volver el lunes con la pala excavadora.

Una decena de especialistas, coordinados por el arqueólogo Javier Navarro, ha comenzado este sábado en el entorno del Peñón del Colorado, en el término municipal de Alfacar (Granada), la excavación manual de los terrenos donde el investigador Miguel Caballero sitúa la posible fosa de Federico García Lorca.

Desde primera hora de la mañana de este sábado, los arqueólogos han iniciado los trabajos manuales en este paraje situado cerca de la carretera que une Víznar y Alfacar, a unos 500 metros de la zona en la que la Junta de Andalucía ya intervino en 2009 sin éxito. La intervención se enmarca en las labores de localización y delimitación de fosas de víctimas de la Guerra Civil impulsadas por la dirección general de Memoria Democrática de la administración autonómica.

El inicio de las excavaciones a mano ha podido comenzar este sábado después de que este viernes concluyera su tarea la pala excavadora, perteneciente a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que desde el martes retiraba tierra. Esa tarea con maquinaria permitió localizar una zona de “tierra oscura y húmeda” que coincidiría con las señales detectadas previamente por el georradar, según Navarro. Esa anomalía en el terreno podría corresponderse con el pozo que los investigadores tratan de localizar como posible enterramiento común, si bien será el trabajo manual el que determine los resultados definitivos. Navarro ha explicado este sábado que, hasta el mediodía, no habían llegado a la zona señalada por el georradar y que al menos inicialmente las tareas se han complicado ante el endurecimiento que presenta la superficie.

El equipo de especialistas prevé continuar con sus tareas manuales al menos hasta este domingo y no descarta que el lunes tenga que volver la pala excavadora para rebajar aun más el terreno. El proyecto parte de las investigaciones científicas y documentales de Miguel Caballero, quien también se basa en testimonios del periodista y escritor granadino Eduardo Molina Fajardo (1914-1979) para situar en ese entorno el posible enterramiento de García Lorca, junto a al menos otras tres personas.

Aunque desde la dirección general de Memoria Democrática han aclarado que la iniciativa, promovida de oficio por la administración autonómica, no está centrada en Federico García Lorca, han reconocido que en el proyecto inicial Caballero sí hace referencia expresa al poeta de Fuente Vaqueros. En cualquier caso, si en los sondeos arqueológicos se encontraran finalmente restos óseos, esos hallazgos serán denunciados ante los tribunales de justicia para que puedan decidir al respecto.

Fuente El País, Público y Cáscara Amarga

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