Quienes sigan a dosmanzanas desde sus orígenes recordarán a Javier Rodrigo de Santos, el que fuera concejal de Urbanismo de Palma de Mallorca con el Partido Popular (PP), conocido por su militancia católica y su negativa a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. Rodrigo de Santos fue condenado a prisión en 2009 por varios delitos de abusos sexuales a menores, así como por malversación de fondos públicos en locales de alterne homosexual. Años después, Rodrigo de Santos ha sido imputado de nuevo.

Las víctimas de los abusos por los que fue condenado en 2009 fueron menores vinculados a las actividades del Camino Neocatecumenal, la organización católica a la que Rodrigo de Santos pertenecía. Inicialmente la Audiencia de Palma le impuso una condena de 13 años, pero luego fue rebajada a 9 años por el Tribunal Supremo. Antes había sido condenado además a 2 años de prisión por malversar fondos públicos (más de 50.000 euros) en locales de alterne homosexual. En ambos casos se benefició parcialmente del atenuante de drogadicción por ser adicto a la cocaína.

Javier Rodrigo de Santos, casado y padre de cinco hijos, era un político muy cercano al catolicismo más conservador, que como concejal se negaba a oficiar enlaces entre personas del mismo sexo. Participó en las concentraciones con motivo de la visita papal a Valencia en el año 2006, fotografiándose en compañía del entonces obispo de Mallorca. De Santos había llegado a Mallorca de la mano de la que ahora es presidenta del Congreso, Ana Pastor, que lo nombró presidente territorial de la mutualidad de funcionarios del Estado cuando ella dirigía dicha entidad. De Santos desarrolló con posterioridad una fulgurante carrera dentro del PP balear.

Pues bien, como si se tratara de una especie déjà vu, este martes nos desayunábamos con la noticia, publicada por eldiario.es, de que Javier Rodrigo de Santos ha sido imputado por un posible delito de agresión sexual. Según el artículo que firma el periodista Pedro Águeda, Rodrigo de Santos, que salió de la cárcel en 2014, habría utilizado presuntamente su puesto en la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos, una ONG que entre otras actividades se dedica a ayudar a la reinserción de reclusos, para coaccionar a dos presos en tercer grado y obligarlos a mantener relaciones sexuales bajo la amenaza de informar en contra de su puesta en libertad a Instituciones Penitenciarias.

Rodrigo de Santos habría conseguido su puesto en la ONG tras un periodo como voluntario para el que fue recomendado por una religiosa. Después fue contratado para cubrir una vacante de forma temporal y más adelante ascendió a responsable de uno de los programas de reinserción de presos.

La Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos cuenta en su patronato con varias personalidades vinculadas al PP de ideología fuertemente conservadora, como Luis Peral, que siendo diputado de la Asamblea de Madrid se ausentó para no votar la ley madrileña contra la LGTBfobia. También forma parte del patronato el socialista José Bono. La dirección de la ONG asegura que ninguno de ellos conocía la contratación de Rodrigo de Santos, que fue despedido en diciembre, tras resultar imputado. De hecho, siempre según eldiario.es, la detención de Rodrigo de Santos arrastró a la que era entonces presidenta de la ONG, María Dolores Navarro (exconcejal del PP en los ayuntamientos de Madrid y Torrejón) que se vio obligada a dimitir.

Fuente Dosmanzanas

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Asistentes al acto de la Declaración por la Universalidad del Derecho a la Salud.

El fin de la asistencia sanitaria universal ha sido una de las medidas adoptadas por el gobierno de Mariano Rajoy de más graves consecuencias sociales y, para quienes nos confesamos cristianos, de las más alejadas al Evangelio que dicen seguir… A lo largo de estos últimos tres años han quedado fuera de la atención sanitaria (con la supuesta excepción, y no sin problemas, de las visitas a urgencias) colectivos como los inmigrantes “sin papeles” o los ciudadanos que aun siendo españoles se hayan visto obligados a emigrar y lleven trabajando más de 90 días en el extranjero. Afortunadamente, la inmensa mayoría de los partidos políticos españoles se ha comprometido a poner fin a esta situación en cuanto sea posible. Solo PP y Ciudadanos se han negado a sumarse. 

El Círculo de Bellas Artes de Madrid fue el escenario de la presentación de la Declaración Institucional por la Universalidad del Derecho a la Salud, mediante la cual doce partidos partidos políticos garantizan su intención de restituir la cobertura sanitaria a todas las personas que residen en el territorio español y de incluir en sus programas electorales medidas reales que contrarresten los efectos negativos del Real Decreto-Ley 16/2012 y su desigual aplicación.

Amaiur, Bloque Nacionalista Galego, Coalición Canaria, Compromís, Convergencia i Unió, Equo, Esquerra Republicana de Catalunya, Geroa Bai, Izquierda Unida, Nueva Canarias, Partido Nacionalista Vasco, Podemos, PSOE y UPyD han secundado la Declaración Institucional por la Universalidad del Derecho a la Salud, promovida por la ONG Médicos del Mundo (y que puedes descargar aquí), por la cual se comprometen a incluir en sus programas electorales la necesidad de restituir la asistencia sanitaria universal, a la que puso fin el Real Decreto 16/2012. Un retroceso social que ha dado lugar a casos como el del ciudadano senegalés Alpha Pam, rebotado de servicio de urgencias en servicio de urgencias sin que nadie se hiciera cargo de su proceso pese a llevar años viviendo en Baleares, y finalmente fallecido por una tuberculosis que podría haberse curado con antibióticos.

Todos los líderes políticos presentes coinciden en señalar el cambio estructural de modelo sanitario que ha supuesto el RDL 16/2012 al crear la figura de “asegurado” y “beneficiario” de la tarjeta sanitaria, y que excluye directamente a las personas más vulnerables. Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, ha afirmado incluso que su partido derogará el Real Decreto-Ley si gana las elecciones. Por su parte, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha recordado que el rechazo al Real Decreto ha contado, desde su adopción, con la oposición de amplios sectores sociales, mientras que UPyD, representado hoy por Toni Cantó, recordó el compromiso de su partido por restituir la sanidad pública a españoles y extranjeros residentes; y Rafael Mayoral, de Podemos, se comprometió a acabar con el apartheid sanitario.

Amnistía Internacional, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria y la Red de Mujeres Latinoamericanas también criticaron la falta de cobertura sanitaria en los colectivos afectados en representación de las 50 organizaciones sociales que han impulsado y/o apoyan esta campaña.

Hace más de año y medio que Médicos del Mundo recopiló, de hecho, 1.192 casos concretos de vulneración del derecho a la salud como consecuencia del fin de la atención sanitaria universal, recogidos en un informe entregado entonces a la Defensora del Pueblo. Hoy son con seguridad varios centenares más. Médicos del Mundo denunciaba entonces que según cifras del propio gobierno se habían retirado 873.000 tarjetas sanitarias desde septiembre del año 2012.

El impacto negativo del Real Decreto 16/2012 ha sido también documentado por Gesida (Grupo para el Estudio del Sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica) que hace pocos meses ha publicado un estudio en la revista Microbiología Clínica (que puedes descargar en PDF pinchando aquí) basado en una encuesta realizada a médicos especialistas que atienden a personas con VIH/sida y a ONG que trabajan con ellas. El estudio muestra como hasta el 37% de los especialistas en VIH encuestados han visto su práctica asistencial afectada siempre o con frecuencia por la decisión, e incluso el 21% expresa que los pacientes no fueron atendidos “ni siquiera en las condiciones recogidas por la ley”.

“Aunque en algunos casos se han puesto medidas para paliar esta situación, lo más preocupante es la alta proporción de interrupciones del tratamiento y abandonos del seguimiento. Estos factores impactan de forma negativa en la eficacia del tratamiento, así como en la aparición de resistencias a los antivirales y la necesidad de tratamientos de rescate, a menudo más complejos y de mayor coste. A ello hay que sumar el deterioro inmunológico de estas personas, con el consiguiente incremento de la morbimortalidad asociada al VIH/sida“, expresa el estudio. En los casos de interrupción del seguimiento o del tratamiento antirretroviral, los motivos referidos por los encuestados fueron: imposibilidad de citar a los pacientes (34% de los casos), no dispensación de medicación por parte del hospital (19%), exigencia de pago (15%) y otros, como problemas con el seguro privado, no disponer o haber perdido la tarjeta sanitaria, miedo del paciente a volver por si le hacían pagar la medicación o dificultad de acceso por problemas económicos. Solo el 26% de los encuestados refirieron que en sus hospitales se habían puesto en marcha medidas extraordinarias para atender a toda esta población.

Según el estudio, al menos en seis comunidades (Andalucía, Asturias, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco) se dieron indicaciones explícitas de mantener la continuidad asistencial y terapéutica en los pacientes que ya estaban en seguimiento, una tendencia que parece haberse seguido en la mayoría de las comunidades y que al menos habría evitado “el cambio dramático en la morbimortalidad que era esperable si se hubiese implantado el Real Decreto 16/2012″ de manera estricta. Y es que ya en su momento los especialistas en VIH/sida denunciaron el riesgo que esta medida suponía en el caso de esta infección.

PP y Ciudadanos, en contra

Solo dos de las fuerzas políticas más importantes del país se han negado a sumarse al compromiso. La postura del PP es bien conocida. Por lo que se refiere a Ciudadanos, su líder, Albert Rivera, ya dejó claro en la entrevista concedida hace pocas semanas a la periodista Ana Pastor en La Sexta su oposición a que los “sin papeles” tengan acceso a la sanidad regular.

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Parece que poco a poco los políticos abiertamente gays van conquistando en España posiciones de mayor relevancia. Dos de ellos han sido noticia estos últimos días. Antonio Maíllo, elegido hace un año coordinador de Izquierda Unida de Andalucía, ha resultado el ganador indiscutible de las primarias que dicha formación ha celebrado para elegir a su candidato a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas (que deberían celebrarse en marzo de 2016). Mientras, en Cataluña, Miquel Iceta se perfila como nuevo primer secretario del PSC, al ser el único candidato que ha obtenido los avales necesarios para optar al liderazgo de los socialistas catalanes.

Iceta, que ya fue durante más de una década viceprimer secretario del Partit del Socialistes de Catalunya y portavoz de grupo socialista en el Parlamento catalán, recupera así protagonismo en un momento especialmente delicado para su partido. Los socialistas catalanes, de hecho, se han convertido en pocos meses en una fuerza con gran peso de políticos abiertamente gays: en abril era el exdiputado en el Parlamento catalán y portavoz del PSC Jaume Collboni (del cual en 2011 recogíamos la noticia de su boda) el ganador de las primarias abiertas para elegir al candidato de ese partido a la alcaldía de Barcelona en las elecciones municipales de mayo de 2015.

Collboni, Iceta o Maíllo forman parte de una lista de políticos que muy poco a poco va haciéndose más extensa, y de la que también forman parte el convergente Santi Vila, miembro del Gobierno catalán, el popular Iñaki Oyarzábal, secretario de Justicia, Derechos y Libertades del PP, o Víctor Casco, diputado de IU en el Parlamento de Extremadura.

Otros destacados políticos gays que por ejemplo han ocupado en el pasado posiciones destacadas a nivel autonómico han sido Jerónimo Saavedra, presidente de Canarias en los años ochenta (luego sería ministro y alcalde de Las Palmas), aunque en su caso su salida pública del armario no se produjo hasta el año 2000, o Ernesto Gasco, que tras ser concejal en San Sebastián y diputado, fue viceconsejero en el Gobierno de Patxi López. En ambos casos se trata de políticos socialistas. Caso aparte merece el de los que ya siendo conocidos como activistas LGTB dieron el paso a la política, como el concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid Pedro Zerolo o el diputado de Compromís de las Cortes valencianas Fran Ferri.

Mucho más difícil, por desgracia, resulta encontrar nombres de mujeres abiertamente LGTB en la política española. Destacamos dos: los de las socialistas Carla Antonelli, diputada en la Asamblea de Madrid y activista transexual, y Ángeles Álvarez, en nuestro conocimiento la única diputada abiertamente lesbiana del Congreso (está claro que mientras cada vez más políticos gays se atreven a dar el paso y visibilizarse, el armario y la vergüenza sigue siendo la tónica general de las lesbianas que se dedican a la actividad pública).

Santi Vila se casa en presencia de Ana Pastor…

Precisamente este fin de semana el conseller de Territorio y Sostenibilidad de Cataluña, Santi Vila, contraía matrimonio en el castillo de Peralada con su novio, Rafa Vertamatti.  Vila, que antes de incorporarse al ejecutivo catalán fue alcalde de Figueres, es uno de los principales representantes del sector más progresista de Convergència Democràtica de Catalunya y un firme defensor del proyecto soberanista.

A la ceremonia asistieron casi todos sus compañeros del Gobierno catalán así como la ministra de Fomento, Ana Pastor.

… que en su día se manifestó contra el matrimonio igualitario

No deja de resultarnos curiosa la presencia de Ana Pastor en una ceremonia en la que habrá tenido que tragar mucha bilis. La ahora ministra de Fomento, recordemos, fue una de las políticas del PP que avalaron con su presencia la infame manifestación homófoba de junio de 2005 contra el matrimonio igualitario convocada por organizaciones ultraconservadoras. Y en 2008 manifestó, al ser preguntada sobre el tema en una entrevista radiofónica, que el matrimonio entre personas del mismo sexo sería “un paréntesis en la historia de nuestro país“.

Fuente Dosmanzanas

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Leemos en El País:

«Lo que me preocupa como madre es que mi hijo tire de la intolerancia para afrontar lo que no comparte»

Homofobia/ Transfobia. Ana Pastor, Madrid, Vips de la Plaza de los Cubos

Leemos en Ragap:

El cardenal pide “respeto” a los homosexuales

Teníamos al cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, como un hombre abierto y liberal como demostró defendiendo a la monja Teresa Forcades pero ayer nos desencantó después de ver el programa ‘El objetivo’ de la Sexta que dirige Ana Pastor. La alta jerarquía eclesiástica española vuelve a demostrar que nada va a cambiar en su estrategia: Se posicionarán en contra del proyecto de Ley Orgánica de Protección de Vida del Concebido y los Derechos de la Embarazada, en caso de que permita un supuesto de malformación, se niegan a admitir que la iglesia es machista y sólo reconocen que “hay distinciones” y pasan de puntillas por el tema de la postura eclesiástica ante los gays. Sobre la homosexualidad, Sistach midió muy bien sus palabras para no pillarse los dedos con su discurso.

Sistach cree que a que los homosexuales “se les tiene que respetar como a cualquier otra persona”, aunque no ha entrado a valorar si son enfermos, como opina parte de la Iglesia. “Yo no soy un técnico”, ha dicho el cardenal arzobispo, que cree que las críticas a las parejas del mismo sexo “vienen porque se da un juicio sobre sus actuaciones concretas. La moral cristiana califica como buenas o malas determinadas cosas, pero no sólo en los homosexuales”, aseguró el arzobispo catalán.

Respecto a su audiencia con el Papa, ha revelado que abordaron distintos temas relacionados con España. “Francisco está trabajando mucho y en su labor hay letra y música. La letra irá llegando, la música es más fácil, pero está haciendo ya gestos importantes y estos gestos llevan una letra”, ha resaltado. Desde luego y, muy a pesar de la imagen aperturista del cardenal Bergoglio y los aires renovadores del Vaticano, la primera medida que tuvo para con España nombrando al homófobo cardenal Fernando Sebastián no se puede decir que haya sido muy acertado.

El único atisbo de entonar un ‘mea culpa’ de la Iglesia fue cuando Sistach aludió a la labor de la Iglesia española, pidiendo “coherencia“. En opinión del arzobispo: “La gente desearía que fuéramos más coherentes. Los que hablamos tenemos que ser coherentes. Los políticos hablan mucho y ¿qué aplican? Nosotros también predicamos mucho y a veces nos preguntan ¿y qué hacéis?”.

Algunas de las salidas por la tangente de Sistach fue cuando la periodista Ana Pastor le preguntó si la Iglesia Española ha especulado en la bolsa, a lo que el sacerdote dijo no tener conocimientos sobre este asunto cuando hace años se publicó que el cardenal Rouco Varela había invertido acciones en una empresa farmaceútica que fabricaba profilácticos. A eso se le llama predicar con el ejemplo.

En esta misma línea, Sistach ha afirmado que es en la dimensión más social y ética de la economía donde quizás la Iglesia “no ha dado un mensaje claro y radical”. “La economía debe de estar al servicio de las personas y no al revés”, ha añadido, recordando que el estamento eclesiástico “hace lo que puede, ayudando y denunciando las cosas que no funcionan”. Claro está que la Iglesia Católica, hasta ahora, ha dado la callada por respuesta ante los casos de desahucios que han provocado en nuestro país más de 3.500 suicidios, como ha puesto de manifiesto recientemente el Instituto Nacional de Estadística.

Por último, ha recordado que la Iglesia también ha sufrido recortes al entrar menos dinero para “las necesidades pastorales”. Además, ha destacado que su sistema de financiación respeta la libertad religiosa y la voluntad de los ciudadanos. “El 0,7% no nos da ni para pagar los sueldos de los sacerdotes, que no llegan a 1.000 euros mensuales, no les llega para vivir”, ha señalado. Posiblemente habría que preguntarle a Sistach si con un salario de 645,30 euros pueden vivir las familias españolas, sobre todo, cuando ya existe un elevado porcentaje en la que ninguno de sus miembros está empleado y cuando más del 21 % de las familias está en el umbral de la pobreza. Pero claro, estos temas no son prioritarios para la Iglesia española.

Gracias al apartado titulado ‘El Españolisto’ conocimos las siete ventajas capitales de la iglesia con el Estado Español. Las negociaciones de estos convenios se llevaron en secreto, quizá porque seguían otorgando privilegios a la iglesia que chocaban con la confesionalidad del Estado y la libertad de culto, incluidas en la Constitución que se estaba redactando paralelamente, allá por los años 70:

Dentro del programa ‘El Objetivo’ descubrimos cuánto dinero público recibe la Iglesia en España y cómo se distribuye. Hay dos canales, principalmente, de forma directa por los contribuyentes que en su declaración de la renta marcan la ‘X’ de la iglesia, pero también a través de otras vías como son las exenciones fiscales:

Podéis ver los videos, pinchando en el enlace.

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