El Tribunal durante la lectura del veredicto, en marzo de 2024, La Plata.

La Justicia reconoció en marzo que los delitos contra travestis y trans fueron parte del Terrorismo de Estado. Ahora se conocieron los fundamentos de un fallo “único e inédito en el mundo”. Ana Oberlin, auxiliar de fiscal, explica su relevancia.

Fuente Agencia Presentes

10 de julio de 2024

Agustina Ramos
Archivo Agencia Presentes Archivo de la Memoria Trans
Edición: María Eugenia Ludueña

 BUENOS AIRES, Argentina. “Es un fallo único, inédito en el mundo”, expresó a Presentes la auxiliar de fiscal Ana Oberlin tras conocer los fundamentos del juicio Brigadas. En él, por primera vez se reconoció judicialmente a ocho mujeres trans y travestis como víctimas del terrorismo de Estado. El 5 de julio el Tribunal dio a conocer los fundamentos de la sentencia del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata que el 26 de marzo condenó a 11 acusados por delitos de lesa humanidad durante el Terrorismo de Estado. Diez de ellos a prisión perpetua.

“Las detenciones arbitrarias e ilegales, la violencia sexual, la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y la reducción de servidumbre” sufridas por estas ocho mujeres trans y travestis “en manos del personal policial y militar, se encuadra en el ataque que sufrió la población civil en la Argentina durante el periodo investigado, y en consecuencia, corresponde calificar tales sucesos como delitos de lesa humanidad”, concluye la parte de los fundamentos dedicada a los delitos contra ell colectivo trans. La sentencia fue dictada por los jueces Ricardo Basílico, Walter Venditti y Esteban Rodríguez Eggers.

Las víctimas trans y travestis de este juicio, el más grande en la región, fueron Valeria del Mar Ramírez, Julieta Alejandra González, Claudia, Judith Lagarde, Analía Velázquez, Paola Leonor Alagastino, Carla Fabiana Gutiérrez y Marcela Viegas Pedro. Se investigaron delitos contra 610 víctimas. Entre ellas, 23 mujeres embarazadas, 10 nietes apropiades -7 recuperaron su identidad-, militantes, estudiantes de La Noche de los Lápices y una madre secuestrada junto a su hijo.

Los delitos juzgados fueron cometidos durante la última dictadura militar en los centros clandestinos Pozo de Banfield; Pozo de Quilmes; El Infierno (Lanús, Avellaneda); y en la Brigada de Investigaciones San Justo, en la provincia de Buenos Aires. En el caso de las ocho víctimas travestis y trans, los delitos fueron en el Pozo de Banfield.

«Nos decían puto, maricón, ustedes tienen que morirse, los vamos a matar, los vamos a tirar por ahí y quién los va a buscar», contó Paola Alagastino. A la derecha, Ana Oberlin, auxiliar de fiscal. . 

“Esta fue la primera vez que un juicio por crímenes de lesa humanidad analizó lo sucedido con las mujeres trans en esos años. Además, estos casos fueron presentados por la fiscalía no como hechos aislados, individuales, sino como parte de la violencia estatal sistemática hacia ellas, que se agudizó en la dictadura”, explicó la auxiliar de fiscal Ana Oberlin, abogada especializada en Derechos Humanos, Género y Derecho Penal, doctora en Derecho y Ciencias Sociales y familiar de desaparecides.

Delitos contra travestis y trans fueron parte del Terrorismo de Estado

Julieta Alejandra González, el día de su declaración ante el Tribunal. Archivo de la Memoria Trans.

“Ya fue un hito el hecho de que cinco de ellas, sobrevivientes, hayan brindado testimonio en la audiencia del 18 de abril. También que lo hiciera Valeria del Mar (primera querellante trans en juicio de lesa humanidad) y que Marlene (Wayar) fuera convocada en su calidad de testiga experta, como otras personas que aportaron en el mismo sentido”, compartió Oberlin a Presentes. El Tribunal consideró en su veredicto y fundamentos “algo fundamental: que estos delitos también fueron de lesa humanidad, formaron parte del Terrorismo de Estado”, explicó Oberlin.

Desde hace años, la Fiscalía insiste en que si bien existían códigos contravencionales por los que personas travestis y trans eran detenidas, no fueron detenciones legales. “Las violencias a las que fueron sometidas son exactamente las mismas a las que fueron sometidas todas las personas en centros clandesrtinos durante el Terrorismo de Estado”, argumentó.

En esta línea, el doctor en Comunicación y militante por los derechos LGBT+ Flavio Rapisardi subrayó durante el juicio: “Estas comunidades estaban marcadas con anterioridad y posterioridad, pero durante el golpe de Estado sufrieron una persecución sistemática”.

La identidad de género, enemiga de la dictadura

Marcela Viegas Pedro declaró en abril de 2023, acompañada por el equipo de Acompañamiento de Testigxs de la Secretaría de DDHH de la provincia.

Los fundamentos del Tribunal retoman el alegato formulado por Oberlin. Para la Fiscalía y los jueces, la identidad de género de estas víctimas quedó incluida “en el esquema binario que eliminaba todo lo que se presentase como disidente para la concepción del opresor”. Oberlin fundamentó que las mujeres trans formaron parte de las personas consideradas enemigas por el Terrorismo de Estado ya que no se ajustaban al modelo sexo-genérico “occidental y cristiano” que la dictadura buscó garantizar. En este sentido fueron consideradas subversivas en razón de su identidad de género y formaron parte del plan de aniquilamiento.

A esto se suma que fueron utilizadas instrumentalmente, a través de actividades de inteligencia, con el objetivo de conseguir información de ellas.  Lo que “refuerza que eran parte de los objetivos a perseguir”, dice el fallo.

Los fundamentos de los jueces cumplen una función pedagógica al explicar qué son los conceptos “cisnormatividad” y “heteronormatividad”, al tiempo que argumentan por qué la dictadura se apoyó en ellos en el modelo social y cultural que buscó reforzar e implantar.

Una sentencia que habla de cisnormatividad y heteronormatividad

Fabiana Gutiérrez, una de las víctimas que declaró en el juicio. Foto: Ariel Gutraich/Agencia Presentes

Para el Tribunal quedó verificado “de manera clara y contundente” que “el Terrorismo de Estado fue garante de un modelo sexo genérico hegemónico, en el cual, los roles de mujeres (cis) y varones (cis) estaban asignados, respectivamente, a los ámbitos doméstico y público, en una cultura netamente patriarcal-occidental”, según se sostiene en el documento.

Se apoyaron en el concepto de “cisnormatividad” que reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “la expectativa de que todas las personas son cisexuales [o cisgénero], que aquellas personas a las que se les asignó masculino al nacer siempre crecen para ser hombres y aquéllas a las que se les asignó femenino al nacer, siempre crecen para ser mujeres”. Al mismo tiempo explicaron que la “heteronormatividad” se refiere al “sesgo cultural a favor de las relaciones heterosexuales, conforme al cual dichas relaciones son consideradas ‘normales, naturales e ideales’ y son preferidas sobre relaciones del mismo sexo o del mismo género”.

Además, consideraron que quedó demostrado que “las mujeres -cis y trans- sufrieron en mucha mayor medida que los varones, violaciones y abusos en sus cautiverios, y otras violencias específicas”, retomando las palabras de Oberlin.

Ana Oberlin, abogada especializada en Derechos Humanos, Género y Derecho Penal, doctora en Derecho y Ciencias Sociales y familiar de desaparecides, junto a una sobreviviente trans, en una charla sobre el juicio en el Bachillerato Popular Trans No Binarie Mocha Celis

Delitos de violencia sexual

Los delitos cometidos contra este colectivo fueron privaciones ilegales de la libertad agravadas, tormentos agravados, abusos sexuales agravados y reducción a la servidumbre. Los jueces detallaron que fueron en su mayoría delitos de violencia sexual.Y explicaron que estos “configuran delitos de lesa humanidad como el resto de los delitos evaluados en este juicio (privación ilegal de la libertad, sometimiento a tormentos, reducción a la servidumbre, homicidios), y, por ende, son imprescriptibles”. 

Los fundamentos de las sentencia enumeran jurisprudencia internacional como el Estatuto de Roma y el precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia “Vicky Hernández vs Honduras” que declaró al Estado de Honduras responsable por el asesinato de Vicky Hernández, una mujer trans, trabajadora sexual y defensora. También cita jurisprudencia nacional, entre ella, el fallo “Martel” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de mayo de 2022, el cual revocó una sentencia que excluyó los delitos de violación y abuso deshonesto a condenados por delitos de lesa humanidad. Y consideró que el juzgamiento de estos hechos debe realizarse con perspectiva de género.

“He pasado todo tipo de torturas, también psicológicas. Me han violado. Continuamente se sentía la muerte», contó Analía Velázquez

El Tribunal consideró especialmente los testimonios brindados en debate por las víctimas. “En diversos pasajes han señalado el constante hostigamiento y criminalización sufrido estructural e históricamente por las disidencias sexo-genéricas, que como se ha verificado en este juicio, alcanzó niveles de intensidad y sistematicidad mayores en la época en que acaecieron los sucesos”, explicaron.

Los jueces reconocieron finalmente que el análisis sobre los delitos contra el colectivo trans en este juicio “dio cuenta de la notoria discriminación. Hasta la fecha, no ha sido cristalizada en el marco de un juicio oral por los crímenes de lesa humanidad”. Además, subrayaron que tales crímenes “no resultan aislados sino que corresponde enmarcarlos dentro de un contexto de discriminación histórica y estructural”.

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Entre las 610 víctimas totales del juicio había 23 mujeres embarazadas, 10 nietes apropiades -7 de los cuales recuperaron su identidad-, militantes, estudiantes de La Noche de los Lápices, una madre secuestrada junto a su hijo y 8 mujeres trans y travestis.

El Tribunal Oral Federal N1 de la Plata condenó ayer a 10 represores de la dictadura a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en el marco de genocidio. Se trata de la Causa Brigadas, el juicio de lesa humanidad más grande de la región. También hubo una condena a 25 años. La lectura de la sentencia duró cuatro horas en una sala colmada de gente. Entre las 610 víctimas totales del juicio había 23 mujeres embarazadas, 10 nietes apropiades -7 de los cuales recuperaron su identidad-, militantes, estudiantes de La Noche de los Lápices, una madre secuestrada junto a su hijo y 8 mujeres trans y travestis.

Es la primera vez en la historia argentina que militares fueron condenados por los delitos privación ilegítima de la libertad, tormentos, abuso sexual y reducción a la servidumbre a personas del colectivo travesti trans.

“Terminó esta etapa que tanto estaba esperando para por lo menos ya sacarme esta tensión. Esto para mí es una gran satisfacción: que pueda concluir. No solo para mí sino también para las compañeras. Estamos contentas que se nos cumplió”, expresó a Presentes Valeria del Mar Ramírez, sobreviviente de la dictadura y primera persona trans en ser querellante en un juicio de lesa humanidad.

En el marco de un genocidio

En un hecho considerado “histórico” por la comunidad y la militancia de Derechos Humanos, los jueces Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico del TOF N1 de La Plata afirmaron que “los hechos, además de resultar crímenes de lesa humanidad, lo fueron en el marco de un genocidio”.

Además reconocieron como víctimas de crímenes de lesa humanidad a las sobrevivientes trans Valeria del Mar Ramírez, Carla Fabiana “La Cañito” Gutiérrez, Paola Leonor Alagastino, Julieta Alejandra “Trachyn” González, Analia Velázquez, Marcela Viegas Pedro, Judith y Claudia, todas detenidas en el Pozo de Banfield. Estas dos últimas fallecieron a lo largo del proceso judicial.

#Ahora
🇦🇷Estamos en el Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata en el veredicto en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y la Brigada de Lanús.
📢Hasta ahora las siguientes condenas fueron pronunciadas:
⚖️Federico Antonio… pic.twitter.com/JkCzWEK049

— Agencia Presentes (@PresentesLatam) March 26, 2024

Sin precendentes en el mundo

“El punto nuevo en este juicio -es la primera vez que pasa no solo en Argentina sino en el mundo, no hay precedentes- es que se abordó las violencias a las que fueron sometidas un grupo de mujeres trans que fueron llevadas al Pozo de Banfield, uno de los cuatro centros clandestinos que se analizaron en este juicio”, explicó a Presentes la auxiliar de fiscal Ana Oberlin, abogada especializada en Derechos Humanos, Género y Derecho Penal, doctora en Derecho y Ciencias Sociales y familiar de desaparecides.

También reconoció que “durante todos estos años esas violencias habían estado invisibilizadas en todos los planos” por lo que esta sentencia marca “un hito”. “Creo que viene a aportar un poco de justicia, aunque sea tarde y fragmentada para todo un colectivo que fue violentado no solamente durante el Terrorismo de Estado sino también antes y después”, agregó.

Cerca de las 14, el juez Basílico comenzó la lectura de una extensa sentencia que duró cuatro horas. La sala del primer piso del Tribunal estaba repleta de familiares de desaparecides, sobrevivientes del Terrorismo de Estado, militantes por los derechos humanos y personas interesadas que llevaban carteles para recordar rostros y exigir que haya “memoria, verdad y justicia”. Otras decenas de personas aguardaban en la parte externa del edificio y seguían el veredicto con pantallas y parlantes gracias a la transmisión de La Retaguardia. Cada tanto, en momentos clave de la lectura, en la sala se escuchaba el sonido de bocinazos desde la calle.

Los condenados

El Tribunal condenó a prisión perpetua a Federico Minicucci, Jorge Héctor Di Pasquale, Roberto Armando Balmaceda, Jorge Antonio Bernés, Guillermo Alberto Dominguez Matheu, Carlos María Romero Pavón, Jaime Lamont Smart, Juan Miguel Wolk, Carlos Gustavo Fontana y Horacio Luis Castillo. En tanto, Alberto Julio Candioti fue condenado a 25 años de prisión y Enrique Augusto Barre, absuelto.

El Juicio Brigadas comenzó en octubre de 2020 con el objetivo de juzgar los delitos perpetrados en cuatro Brigadas de Investigaciones de la Policía bonaerense: Quilmes, Banfield, Lanús y luego San Justo. En un principio la causa contó con 18 imputados vivos, de los cuales doce continúan con vida y fueron juzgados. Entre los que murieron se encontraban Miguel Osvaldo Etchecolatz, Miguel Ángel Ferreyro, Ricardo Armando Fernández, Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Emilio Herrero Anzorena y Eduardo Samuel De Lio.

Este juicio contó con el testimonio de casi 500 personas.

Esta sentencia viene a traer luz por primera vez sobre la persecución que vivió el colectivo travesti trans en dictadura, algo que se encontró invisibilizado durante muchos años en democracia.

“Esperamos 47 años para esto” 

“Esperamos 47 años para esto. Sinceramente las heridas que una tiene no te las borra nadie”, expresó Valeria del Mar. En sintonía, la sobreviviente “Trachyn” expresó, al final del veredicto: “Justicia hubiese sido que nunca pasara esto, pero pienso que igual es un hecho de justicia, que quede en la memoria de la historia argentina”.

Para la activista trans María Belén Correa, fundadora del Archivo de la Memoria Trans, que estaba presente en la sala, se trató de “un día histórico porque por primera vez incluyen a la comunidad trans en estos juicios, marcando que el genocidio no solamente fue heterosis y que la memoria, verdad y justicia tampoco es el hetero cis”.

“Los testimonios de las compañeras, de los cuales cuatro fueron agregados gracias al Archivo de la Memoria Trans y el compromiso de la fiscal (Ana Oberlin), fue fundamental para que hoy podamos estar acá en este momento histórico”, agregó. En este sentido, espera que el fallo “sea el puntapié inicial para que el resto de las compañeras trans también puedan empezar a declarar, que puedan entender que ellas pueden ser escuchadas aunque durante mucho tiempo la memoria era un privilegio”.

A lo largo del juicio quedó demostrada la violación sistemática de derechos humanos elementales que vivió el colectivo travesti trans perseguido durante la dictadura: desde torturas físicas y psicológicas, hasta abusos sexuales y trabajo forzado.

Los testimonios

“Sistemática y metódicamente todos los días me venían a buscar. Me ponían una capucha. No sé adónde iba. Teníamos una venda y yo podía espiar por abajo. Me tiraban en una cama. Me ataban. Y me ponían 220 (electricidad). (…) Ellos querían que yo dijera los nombres de los chicos con los cuales salía, su domicilio y de qué hablaban, pero mi única relación con ellos era sexual, no conocía sus nombres. Además de eso también me violaban. Y después me volvían a la celda”, describió Marcela Viegas Pedro, con la voz temblorosa durante su declaración de abril del 2023.

También eran levantadas de la calle para llevarlas a “fiestas” que hacían las Brigadas. “Cuando querían nos sacaban de la celda y nos hacían hacer striptease, querían que bailáramos para ellos, a veces estaban alcoholizados. Recuerdo estar con una compañera y nos sacaban fotos y nos preguntaban cuál de las dos era más linda”, sostuvo Analía Velázquez.

“Contínuamente se sentía la muerte”

“Nosotras nos rompemos por las cosas que nos pasaron y nos hicieron. Que hoy se haga Justicia por nosotras es algo que ganamos después de tantos años de saber que no están más las chicas”, agregó Fabiana, con la voz quebrada.

A Julieta González la reconocieron en el fallo como una víctima del delito de reducción a la servidumbre, entre otros. Al respecto, había testimoniado: “Al Negro (Claudia Gómez) y a Judith los ponen a picar cascotes. A la mañana vemos que era grande el lugar. Tenían como dos fosas donde nos hacían lavar los autos. Tenían barro, pero adentro muchos tenían sangre. Siempre recuerdo mucha sangre en un Falcon amarillo. Nos hacían cocinar, lavar la ropa, lustrar borcegos”.

Las declaraciones de las sobrevivientes también sirvieron para conocer qué pasaba con les demás detenides. “Continuamente se sentía la muerte, se oían los gritos de las personas a las que les daban picana. Hombres, mujeres, señoras y chicos que lloraban. Mamá no me abandones, gritaban”, compartió Velázquez.

“En un momento escuchábamos llorar a una chica. Y después escuchamos llorar a un bebé. Y después la chica no se escuchó más y el bebé tampoco. Como que nació el bebe. Tenía unos re pulmones porque lloraba fuerte. Pensar que nosotros estuvimos en ese nacimiento, decíamos después”, dijo “Trachyn”, quien hasta el día de hoy reconoce que todos los días recuerda el rostro de esa chica.

Derecho a la vida  y reparación

En su alegato, la Fiscalía pidió, además de las condenas a prisión perpetua, una reparación para las víctimas y sus familiares. Durante la sentencia no se abordó el tema ya que se tratará en el ámbito administrativo, aclaró Oberlin. Desde el activismo travesti trans piden una reparación para todas aquellas adultas mayores que vivieron violencia institucional.

“Tenemos derecho a la vida, a proyectos de vida legítimos, deseables, amables. Tenemos derecho a la memoria, la verdad y la justicia. Por todas las muertas, que ni siquiera tienen una lápida, pido que las reconozcan por lo que quisieron ser”, concluyó en su declaración la activista y psicóloga social, citada como testiga experta, Marlene Wayar.

Agustina Ramos

Fuente Agencia Presentes

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El gobierno bonaerense las reconoció como presas políticas

Julieta González relata a Página/12 cómo fueron los días en los que estuvo secuestrada en el Pozo de Banfield: los abusos, las humillaciones, los Falcon manchados con sangre y el llanto de un bebé nacido en ese campo de concentración.

“Te llena saber que después de 40 y pico de años diciendo nuestra verdad finalmente nos escucharon”, dice con emoción Julieta González, una mujer trans que el martes fue reconocida como presa política por el gobierno bonaerense después de haber estado detenida en el centro clandestino de detención conocido como el “Pozo de Banfield”.

Julieta vivió toda su vida en Tigre. Una noche fue secuestrada mientras estaba con otras dos compañeras ejerciendo el trabajo sexual en la Avenida del Libertador, a la altura del Club Atlético San Isidro (CASI). No recuerda si fue en 1977 o en 1978 porque entonces las violencias eran muchas, cotidianas y asfixiantes. Pero sí recuerda cómo –con sus 20 años a cuestas– fue llevada desde la Brigada de Martínez al lugar que conocía como el “Área Metropolitana” de Banfield.

“Nos trataban como si fuéramos un extraterrestre. Te miraban de arriba a abajo. Como si fueras un marciano”, cuenta. Primero las llevaron a buscar un calabozo donde meterlas. “Vi una persona en una celda, sentada en el piso. Toda flaquita y con el pelo largo enredado. Cuando abren la puerta, mira hacia donde estábamos y después vuelve a agachar la cabeza”.

Como ese lugar estaba ocupado, las empujaron a buscar otro calabozo. Las instalaron en uno que tenía una letrina. “Nos trajeron dos colchones que estaban llenos de sangre –como con coágulos de sangre– y pelos. Ahí comenzó el martirio”, relata. Para las mujeres trans que estaban alojadas ahí dentro lo común eran los abusos sexuales y los cachetazos ante cualquier mínima resistencia.

A ellas también las usaban como mano de obra esclava en el centro clandestino: tenían que cocinar en unas ollas grandes, limpiar, lustrar botas e incluso picar cascotes. “Párense como hombres”, les gritaban. Si osaban responder, lo que venían eran los golpes.

Las tareas de limpieza incluían lavar los autos que se usaban para secuestrar. Era común que se encontraran ropas rotas y ensangrentadas, pero hay un recuerdo de un Falcon amarillo que, más de 40 años después, aún la estremece. El auto estaba lleno de sangre en los asientos y en el baúl. “A veces me miro las manos y pienso que están manchadas con sangre porque nos hacían lavar esos coches”, cuenta.

Durante el día, el Pozo de Banfield funcionaba casi como una dependencia policial más –con sus violencias y arbitrariedades– pero los movimientos se escuchaban particularmente de noche. A Julieta y a sus compañeras les habían prohibido subir hacia los pisos superiores. Un día escucharon que, desde arriba, les preguntaban dónde estaban. “En el Área Metropolitana de Banfield”, se animaron a responder ellas.

El sonido de los motores de los autos son todavía un recuerdo vívido para ella, que hacen que durante las noches esté atenta al menor ruido. Hay otro sonido que no puede olvidar. Los gritos de una mujer y después el llanto de un bebé en el Pozo de Banfield, un lugar usado como una maternidad clandestina dentro de lo que se conoce como el Circuito Camps. “¿Quién será ese bebé? A mí me gustaría decirle: ‘Yo estuve en tu nacimiento. Yo te escuché llorar’. Ojalá Dios haya iluminado a esa criatura”, dice.

Algo parecido a la justicia

Julieta, de 65 años, estuvo el martes en La Plata para recibir el certificado que la reconoce como una presa política y la hace beneficiaria de una pensión graciable a partir de la ley 14042. La acompañó su mamá de 90 años. “Qué emoción ver que hoy te reconocen cuando tantas veces vi que te humillaban”, le dijo.

En medio de los abrazos y las fotos, se acercó un hombre joven para saludarla. “Los presento. Él es el juez Ernesto Kreplak”, les dijo una funcionaria que participaba del acto. Kreplak es el juez que procesó a los represores que tuvieron bajo su órbita al Pozo de Banfield por lo que padecieron Julieta y otras siete personas trans que fueron llevadas a ese lugar. En su resolución de abril de este año, el juez reconoció que estas personas fueron víctimas de una violencia diferencial en razón de su orientación sexual e identidad de género.

La investigación sobre lo sucedido con Julieta se hizo conjuntamente con la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata, con el especial impulso de la auxiliar fiscal Ana Oberlin, quien venía trabajando desde hace unos años en casos que nunca habían tenido respuesta judicial. Contó con la ayuda del Archivo de la Memoria Trans, que acercó a otras personas que habían estado secuestradas y nunca habían contado su historia en los tribunales –vistos como un escenario más asociado a la violencia y al maltrato que como una instancia de justicia y reparación–.

“Se escucharon sus testimonios y se generaron distintas imputaciones. Eso habilitó que se las considerara presas políticas en manos del terrorismo de Estado. En ese momento fue cuando se intensificaron las violencias, lo que incluyó haber estado en un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Esa persecución se dio en el marco del modelo que quería imponer la dictadura en lo que hace también a lo sexo-genérico: haber transgredido la cis-heteronormatividad iba a ser castigado con mayor saña entonces”, explica Oberlin, que resalta que siguen escuchando testimonios y que quienes quieran acercarse para contar sus historias van a ser recibidas.

Algo parecido a la reparación

El martes, el gobierno provincial no solo reconoció –en el marco del día del detenido-desaparecido– a Julieta sino también a Carla Fabiana Gutiérrez, una mujer trans que se exilió en Europa. Ella fue secuestrada en el verano de 1976-1977, cuando tenía catorce años y sometida a todo tipo de abusos y humillaciones. No pudo viajar pero mandó un video desde Italia, donde vive.

“Fue un acto con características distintas por todo lo que representa este grupo tan vulnerado y se percibió esa sensación de reparación y justicia”, afirma Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos bonaerense. “Si en el imaginario de la dictadura no entraban las disidencias políticas, gremiales o estudiantiles, tampoco entraban las disidencias sexuales”, añade.

A Julieta todavía le cuesta creer que el reconocimiento sea cierto. Será posiblemente otro hito en su historia, como lo fue recibir en 2012 el documento con el nombre que ella había elegido como propio a los catorce años. “El gobierno de Cristina no solo me dio mi identidad, sino que me devolvió la dignidad”, dice. “La vida también recompensa”.

Hace un tiempo, Julieta volvió una vez al Pozo de Banfield con un equipo de periodistas de Brasil. Sintió la conmoción de estar nuevamente cerca de esas paredes llenas de humedad. Sintió la presencia de quienes no pudieron salir de ese infierno. En las últimas horas recibió una invitación para ir al sitio de memoria que allí funciona, sacarse una foto y que su historia se cuente allí. “Es la historia y tiene que saberse para que no pase nunca más. Ojalá que la reparación sea para todas las chicas mayores de 60 que pasaron por este proceso”, pide.

Por Luciana Bertoia

2 de septiembre de 2022

Fuente Página12

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