En un giro que ha sido bien recibido por los colectivos LGTB, el Gobierno de Costa Rica ha decidido dejar de lado el tan traído y llevado proyecto de “sociedades de convivencia” y rescatar un proyecto de ley previo que buscaba equiparar a las parejas de hecho del mismo sexo con las heterosexuales, sin crear una institución jurídica distinta. Ahora la dificultad estriba en el procedimiento, dado que el plazo original de discusión del proyecto ha vencido ya.

Costa Rica es el primer país centroamericano en discutir el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, pero el proceso está siendo realmente complicado, hasta el punto de que es la justicia la que se ha acabado por adelantar. Lo contábamos con detalle hace unas pocas semanas: un juzgado de familia ha reconocido la convivencia entre Cristian Zamora y Gerald Castro, que iniciaron el proceso legal en 2013, y concedía a la pareja los derechos derivados de una unión de hecho. Un fallo de gran importancia, pero que se limita, eso sí, a la pareja demandante. Y unas semanas antes recogíamos otra sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que fallaba a favor de un médico gay, a cuya pareja el Colegio de Médicos y Cirujanos -del que es socio- había denegado el derecho a disfrutar de sus instalaciones recreativas.

¿Por qué se retrasa, sin embargo, el reconocimiento por vía legislativa? La complicación estriba, además de en la composición de la Asamblea de Costa Rica (muy fragmentada) en la figura jurídica elegida. El contexto político, en cualquier caso, es el mejor que ha habido nunca en se país. Ya desde el principio de su mandato, el presidente Luis Guillermo Solís rompía moldes eligiendo a un ministro abiertamente gay para la cartera de Turismo y haciendo ondear, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, la bandera arco iris en diversas dependencias oficiales, incluida la sede de la presidencia. Gestos sin precedentes en Centroamérica, bien recibidos por activistas LGTB y muy criticados por los sectores conservadores.

La apertura de un nuevo periodo por lo que a los derechos LGTB se refiere quedó simbolizado, poco después de la elección de Solís, por la decisión de la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social de que los trabajadores de Costa Rica puedan incluir a sus parejas del mismo sexo en los beneficios del sistema de seguridad social por lo que a la atención médica se refiere. La decisión fue saludada muy efusivamente por el propio presidente de Costa Rica e incluso mereció una felicitación expresa a Costa Rica desde Naciones Unidas.

Sin embargo, pese lo esperanzador del nuevo periodo, el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo, que Costa Rica lleva años debatiendo, se resiste a avanzar. En legislaturas anteriores siempre acababa encontrando el freno de los cada vez más influyentes grupos evangélicos costarricenses y sus representantes políticos, entre ellos el que en su momento llegó a ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, el pastor Justo Orozco (un conocido homófobo). Por fin, activistas LGTB se reunían en marzo con representantes del Gobierno para exigirles avances en esta materia, una reunión tras la cual la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, anunciaba que el Gobierno promovería la discusión de los dos proyectos sobre la materia que se encontraban en trámite parlamentario (el de sociedades de convivencia y el de uniones de hecho), para unificarlos en un solo texto que reuniese apoyo suficiente. Sin embargo, como ya ha sucedido con anterioridad, el proceso se ha enquistado, y no ha sido hasta esta semana cuando el Gobierno por fin decidía –o eso parece– dar carpetazo a la idea de crear una figura jurídica nueva (las “sociedades de convivencia”) y optar por reformar la ya vigente legislación de uniones de hecho para incluir a las parejas del mismo sexo, como planteaba el otro proyecto.

Colectivos LGTB: no a figuras específicas fuera del Código de Familia

Descartada la aprobación de una ley de matrimonio igualitario, que en ningún momento ha estado sobre la mesa, los colectivos LGTB consideran esta la mejor opción. En Costa Rica, las uniones de hecho adquieren prácticamente los mismos derechos que el matrimonio tras acreditar ante un juez tres años de convivencia. Su reforma para abrirlas a las parejas del mismo sexo supone la modificación del Código de Familia con carácter general, sin necesidad de crear una institución jurídica “específica” para las parejas del mismo sexo no contemplada en el Código de Familia. Como bien señalaba el jefe de la unidad política del Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC), Francisco Madrigal, “el proyecto de ley de sociedades de convivencia, al crear una figura diferenciada para un sector de la población, sólo perpetúa la discriminación sin sentido”.

Existe, sin embargo, una dificultad procedimental: el proyecto de ley para reformar las uniones de hecho que el Gobierno pretende rescatar está ya fuera del plazo parlamentario, lo que impide su discusión inmediata. El viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, considera sin embargo que la jurisprudencia de la Sala Constitucional permite su rescate durante el periodo de sesiones extraordinarias que tienen lugar a lo largo de este mes de agosto. En este sentido, Mora ha señalado que señaló que llevarán nuevamente a la mesa de diálogo con los colectivos LGTB la situación para que ahí mismo se defina una nueva ruta a seguir para abordar el tema. Estaremos pendientes del discurrir de los acontecimientos.

Fuente Dosmanzanas

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El país centroamericano seguirá los pasos de Chile, que en enero se convirtió en la más reciente nación de América Latina en legalizar las uniones entre personas del mismo sexo después de Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Brasil y algunos estados de México.

Costa Rica presentará esta semana dos proyectos de ley para legalizar las uniones de parejas del mismo sexo, dijo una funcionaria del Gobierno tras reunirse con activistas por los derechos de las personas LGTB. “Esta semana serán convocados estos proyectos, honrando el compromiso del Gobierno en esa materia y (…) se va a abrir un espacio de consulta con distintas organizaciones”, dijo Ana Gabriel Zúñiga, viceministra de la Presidencia. Las autoridades esperan que el Plan de Sociedades de Convivencia y el de Uniones de Hecho, los dos textos para legalizar la unión civil igualitaria, se discutan en la Asamblea Legislativa antes del 30 de abril.

El gobierno de Costa Rica promoverá en breve la discusión de un proyecto de uniones entre personas del mismo sexo. Una buena noticia que se inscribe en el contexto favorable a los derechos LGTB abierto hace un año en Costa Rica con la elección como presidente de Luis Guillermo Solís, que si todo va bien -el proceso no se adivina fácil- promete dejar a ese país como el más avanzado en materia LGTB de Centroamérica.

Ya desde el principio de su mandato Luis Guillermo Solís rompía moldes eligiendo a un ministro abiertamente gay para la cartera de Turismo y haciendo ondear, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, la bandera arco iris en diversas dependencias oficiales, incluida la sede de la presidencia, abogando por “la igualdad de derechos sin ninguna discriminación”. Gestos sin precedentes en Centroamérica, bien recibidos por los activistas LGTB costarricenses y muy criticados, como era de esperar, por los sectores conservadores.

La apertura de un nuevo periodo por lo que a los derechos LGTB se refiere quedó simbolizado, poco después de la elección de Solís como presidente, por la decisión unánime de la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) de que los trabajadores de Costa Rica puedan incluir a sus parejas del mismo sexo en los beneficios del sistema de seguridad social por lo que a la atención médica se refiere (lo que incluye tanto el derecho a la atención sanitaria pública como a la visita hospitalaria). LA CCSS comenzó a valorar esta posibilidad en los días previos al relevo presidencial a iniciativa de Luis Loría, representante del movimiento cooperativista ante dicho organismo, que consideró injusto que durante el proceso de negociación para elegir al nuevo presidente de la Asamblea Legislativa se usara como moneda de cambio la posibilidad de dejar en suspenso la discusión del proyecto de uniones civiles, una noticia que recogimos en su momento. La decisión fue saludada muy efusivamente por el propio presidente de Costa Rica en su perfil de Facebook e incluos mereció una felicitación expresa a Costa Rica desde Naciones Unidas.

Sin embargo, pese lo esperanzador de este nuevo periodo, hasta ahora nada concreto se había materializado respecto a la posibilidad de reconocer las uniones entre personas del mismo sexo, que la Asamblea Legislativa de Costa Rica lleva años debatiendo. Una iniciativa que en legislaturas anteriores siempre acababa encontrando el freno de los cada vez más influyentes grupos evangélicos costarricenses y sus representantes políticos, entre ellos el que en su momento llegó a ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, el pastor Justo Orozco (un conocido homófobo). Es por eso que activistas LGTB se reunían esta semana con representantes del gobierno para exigirles avances en esta materia, una reunión tras la cual la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, anunciaba que el gobierno promovería la discusión, antes del 30 de abril (cuando concluye el vigente periodo de sesiones extraordinarias) de los dos proyectos sobre la materia que se encuentran en trámite parlamentario (el de sociedades de convivencia y el de uniones de hecho), para unificarlos en un solo texto que reúna un apoyo suficiente para conseguir su aprobación tras un periodo de consultas.

Grupos y activistas por los derechos de los homosexuales aplaudieron la iniciativa con la que el presidente Luis Guillermo Solís cumple su promesa de combatir la discriminación después de dar algunas señales el año pasado, como la extensión de los beneficios de la seguridad social a las parejas del mismo sexo. 

“Sí nos molesta que se haya demorado tanto el proyecto, pero el día de hoy ha sido un paso adelante”, aseguró Marco Castillo, del Movimiento Diversidad, quien agregó que el objetivo ahora es buscar el apoyo más amplio en el legislativo. “Vamos a estudiar el proyecto una vez que esté listo (…) Lo importante ahora es que ya, por fin, el Gobierno cumplirá con el compromiso de convocar en sesiones extraordinarias los dos proyectos que buscan el reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo. Se nos va a permitir esta lucha tan importante en favor de las familias del mismo sexo”, afirmaba esperanzado Marco Castillo, representante del Movimiento Diversidad. “Estamos felices de que haya un compromiso concreto y una fecha”, aseguraba por su parte Margarita Bolaños, representante del Frente por los Derechos Igualitarios, quien convocó a toda la comunidad lesbiana, gay, transgénero y bisexual (LGTB) a participar en el debate público de las propuestas legales

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