Nuevamente, las autoridades prohibían la normal celebración de la manifestación del Orgullo LGTB de Estambul. Este hecho ha provocado la crítica de varias organizaciones internacionales. Por su parte, Human Rights Watch ha dejado muy claro que «Turquía tiene la obligación de garantizar que las personas LGTBI puedan disfrutar plenamente de sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica sin discriminación» y que, en este sentido, «las autoridades encargadas de mantener el orden público deberían recordar que están allí para proteger a los que participan en la marcha». Desgraciadamente, como viene ocurriendo en todas las ediciones del Orgullo desde 2015, la policía al servicio del régimen autocrático de Recep Tayyip Erdoğan (reelegido y con el doble de poder que en la anterior legislatura), lejos de proteger a los activistas, utilizó la fuerza para dispersarlos. Los agentes lanzaron gas lacrimógeno y pelotas de goma contra los manifestantes y practicaron, al menos, once detenciones.

El gobernador de Estambul prohibía la manifestación del Orgullo por cuarto año consecutivo. En las pasadas ediciones, la oficina del gobernador tomó como excusas el mes de Ramadán o las amenazas de grupos ultra contra la comunidad. Sin embargo, este año el Orgullo ni ha coincidido con el mes de Ramadán ni se han recibido amenazas de consideración. Los activistas negociaron con la policía y se les permitió usar una calle en Taksim, cerrando otras áreas cercanas antes de que comenzara la manifestación. Sin embargo, tras la lectura del manifiesto, los agentes utilizaron gas lacrimógeno, pelotas de goma y otros métodos violentos de fuerza (como los porrazos) para dispersar a la multitud.

100s of police throughout the Taksim area to stop the İstanbul Pride taking place but creative and courageous Pride participants sidestep the ban and read their press statement at a back street spontaneous protest. 👍👍👍 pic.twitter.com/djfkl0XLps

— Andrew Gardner (@andrewegardner) 1 de julio de 2018

La semana pasada, Efe Songun, activista LGTB de Estambul y colaborador de Human Rights Campaign, escribía que «se esperaba la prohibición de este año, considerando las prohibiciones sobre otras actividades LGBTQ anunciadas bajo el estado de emergencia a principios de este año en Ankara. Aunque ahora se ha prohibido la marcha, los activistas LGBTQ continuarán con las actividades que rodean la Semana del Orgullo, y se realizará un esfuerzo para montar una manifestación pacífica para aumentar la visibilidad LGBTQ». Songun también aseguraba que «la cancelación de Orgullo se produce cuando el autoritario presidente turco Recep Tayyip Erdogan continúa ejerciendo su poder en el país».

Los organizadores del Orgullo de Estambul, Istanbul LGBT Pride Week, horas antes de la manifestación, publicaban un comunicado en su página de Facebook en el que se recoge que «estas prohibiciones no están en contra de las acciones, sino en contra de las formas de existir. La decisión del gobernador es parte del odio existente y es ilegítima. Esta es la razón por la cual las marchas del Orgullo son importantes y deberían tener lugar. Los LGBTI + estamos aquí con nuestro Orgullo a pesar de todos los vanos intentos de evitarnos y no reconocemos esta prohibición».

Para Human Rights Watch, «las restricciones a las libertades de expresión, reunión y asociación para las personas LGTBI en Turquía no solo violan esos derechos humanos fundamentales, sino que colocan a Turquía en una violación de sus obligaciones internacionales». Recordemos que las ediciones de 2015, 2016 y 2017 del Orgullo de Estambul también fueron reprimidas con el uso de la fuerza como este año.

Erdoğan asienta su régimen autocrático

Desde el fallido intento de golpe de estado en Turquía, en julio de 2016, el recién reelegido presidente del país, Recep Tayyip Erdoğan, lo ha utilizado para acallar cualquier voz crítica que le resulte molesta. Ha despedido a más de 100.000 funcionarios públicos, acusándolos de golpistas, según denunciaba la organización Human Rights Watch. También se ha perseguido a periodistas y medios de comunicación críticos con el Gobierno, a políticos de la oposición y se ha detenido a activistas LGTB como Levent Pişkin o Uğur Büber. Solo en 2016, se le imputaban cargos por «terrorismo» a 47.000 personas.

En de abril de 2017 Turquía aprobaba en referéndum convertirse en un estado presidencialista. Además de eliminar el cargo de primer ministro y concentrar poderes en su persona, de un modo autocrático, Erdoğan podrá nombrar ministros del gabinete, uno o varios vicepresidentes, emitir decretos, elegir jueces de los tribunales superiores y disolver el Parlamento. Con los dos mandatos de cinco años, aprobados como el plazo máximo que un presidente tendrá posibilidad de ejercer el cargo, Erdoğan podría mantener su poder casi absoluto hasta 2029. Sin duda, una noticia muy preocupante para el respeto de los derechos humanos y del colectivo LGTB en Turquía.

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Pakistán es el primer país de Asia que reconoce la autopercepción de la identidad de género de las personas transgénero. 

Pakistán ha conseguido avances históricos para los derechos de la población de las zonas tribales de la frontera con Afganistán con la aprobación de una nueva enmienda constitucional que rompe con una vergonzosa legislación de la era colonial, dijo ayer Amnistía Internacional.

Con la aprobación de esta enmienda constitucional, es la segunda vez este mes que el Parlamento paquistaní salva sus profundas divisiones políticas para unirse en asuntos clave de derechos humanos. La primera fue la aprobación de la Ley sobre Personas Transgénero (Protección de Derechos).

“Se trata de un momento histórico que pone fin a más de un siglo y medio de leyes draconianas de la era colonial para la población de las zonas tribales, que puede disfrutar por fin de los mismos derechos constitucionales que el resto de la población de Pakistán, rompiendo con un lamentable pasado de normas arbitrarias y punitivas”, ha dicho Omar Waraich, director adjunto de Amnistía Internacional para Asia Meridional.

La enmienda constitucional pone fin al famoso Reglamento sobre Delitos Fronterizos, impuesto bajo el dominio británico en la década de 1850. El Reglamento negaba explícitamente a la población de las zonas tribales su derecho a interponer recurso contra su detención, a tener representación letrada y a presentar pruebas en su defensa, autorizando así un amplio abanico de violaciones de derechos humanos.

También este mismo mes, el 5 de mayo de 2018, los partidos del gobierno y la oposición se unieron para aprobar una de las leyes más progresistas del mundo en lo que se refiere a los derechos de las personas transgénero.

“Pakistán es ahora el primer país de Asia y uno de los pocos del mundo que reconoce la autopercepción de la identidad de género de las personas transgénero, que ya pueden conseguir documentación oficial en la que se refleje su identidad de género, y por tanto participar plenamente en la sociedad sin discriminación”, ha dicho Omar Waraich.

“Aunque aún queda mucho por hacer para garantizar los derechos de ambas comunidades, fue un momento excepcional en el que unas fuerzas políticas siempre enfrentadas tuvieron la voluntad necesaria para ocuparse de los derechos humanos en Pakistán.”

La realidad LGTB en Pakistán

A pesar del gran avance que supondrá la nueva ley, las condiciones de vida de la comunidad LGTB en Pakistán son muy duras. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo siguen siendo ilegales a día de hoy en este país. El Código Penal se remonta a 1860, cuando formaba parte de la India colonial y ambos Estados compartían la ley de sello británico. Tal y como reza el texto en su artículo 377, están perseguidos los “delitos antinaturales”, que cometerá “quien voluntariamente tenga relaciones sexuales carnales contra el orden de la naturaleza con cualquier hombre, mujer o animal”.

Los condenados por estos «delitos» «serán castigados con pena de prisión de por vida o con pena de prisión de cualquiera de las dos categorías por un término que no podrá ser inferior a dos años ni superior a diez años; también será responsable de multa». La ilegalidad de las relaciones homosexuales ha provocado, aparte de injustas persecuciones motivadas por la orientación sexual, situaciones tan ridículas como la censura de una fotografía de dos hombres besándose en la portada internacional del New York Times distribuida en Pakistán el 29 de enero de 2016.

En cambio, como publicó también dosmanzanas en su momento, ya en julio de 2009 la Corte Suprema de Pakistán daba un paso hacia un cierto reconocimiento oficial de las personas transgénero y a finales de ese mismo año ordenaba que se reconociera oficialmente la existencia de un «tercer sexo». Este mismo año, el senador Babar Awan presentaba en la cámara alta un proyecto de ley similar al aprobado ahora para proteger al colectivo trans y que también contenía disposiciones antidiscriminatorias. En marzo de 2017, una histórica sentencia condenaba a cadena perpetua a los dos asesinos de una mujer trans.

No obstante, la igualdad real de las personas trans también sigue estando muy lejana, ya que todavía son vulnerables a los abusos físicos y verbales, tienen que soportar la actitud humillante de los policías, médicos en los hospitales y funcionarios públicos y los informes de palizas y otras formas de violencia dirigidas contra estas personas son comunes. Hace solo un par de semanas recogíamos el asesinato de Sheena, una mujer trans de origen afgano, que no pudo recuperarse tras ser víctima de cinco disparos. Shena era en la quincuagésimo sexta persona trans muerta como consecuencia del odio tránsfobo en Pakistán desde 2015. Entre ese año y 2017, además, se han contabilizado un mínimo de 1.131 casos de violencia contra este colectivo (208 de los cuales corresponden al año pasado). Cualquier ley que favorezca a las personas trans y al conjunto de la población LGTB pakistaní es, por tanto, muy necesaria, igual que lo es la urgente despenalización de la homosexualidad.

Fuente Cáscara Amarga/Dosmanzans/Cristianos Gays

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Hace tan solo un año, las estremecedoras noticias sobre detenciones, torturas y asesinatos de personas homosexuales en la república rusa de Chechenia sacudían a la comunidad internacional. Según reportaba el diario Novaya Gazeta, al menos 100 personas habían sido detenidas y encarceladas por ser «sospechosas de homosexualidad». Más adelante, salía a la luz la posible existencia de auténticos campos de concentración para personas homosexuales cerca de Grozny, la capital chechena. En este tiempo, La homofobia del líder checheno, Ramzán Kadýrov, ha quedado sobradamente demostrada. Sofocada la crisis separatista, el Gobierno checheno ha encontrado en el colectivo LGTB un chivo expiatorio que encaja perfectamente con sus ideales retrógrados. Un año más tarde, sin embargo, las autoridades rusas han demostrado una ausencia total de voluntad política para investigar los posibles crímenes y llevar a los responsables ante la justicia. A fecha de hoy, nadie ha sido detenido ni imputado.

Según ha apuntado Denis Krivosheev, director de la sección de Europa del Este y Asia Central de Amnistía Internacional, «el Gobierno ruso ridiculizó y descartó estas noticias que llegaban de Chechenia hace un año. Desde entonces, hemos presenciado con estupefacción la negación, evasión e inacción de las autoridades respecto a este tema, llegando a denegar en repetidas ocasiones el lanzamiento de una investigación oficial en relación a los crímenes reportados, ignorando las pruebas aportadas por Novaya Gazeta».

En efecto, las investigaciones llevadas a cabo por las organizaciones de derechos humanos han conseguido recabar un elevado volumen de información, pero aún así no se ha incoado ningún procedimiento penal. Pese a las denuncias interpuestas relativas a asesinatos de personas homosexuales, las autoridades siguen afirmando que no hay relación entre esos crímenes y la persecución homófoba que alegan las organizaciones. Sin embargo, activistas LGTB afirman que en diferentes países del mundo hay refugiados chechenos dispuestos a testificar.

Igor Kochetkov, activista de la Russian LGBT Network, ha señalado que «en el pasado año, la Russian LGBT Network, junto a Novaya Gazeta, han hecho el trabajo que debía realizar el Estado». La organización ha velado por la seguridad de las víctimas, y ha recopilado y publicado sus experiencias para denunciar públicamente la persecución que sufrieron. Pero lo que no han podido conseguir es que las autoridades inicien una investigación oficial, ni asegurar que los responsables sean investigados penalmente.

Según Elena Milashina, la periodista de Novaya Gazeta que reveló por primera vez la situación en Chechenia, «sería muy fácil sacar adelante una investigación si las autoridades realmente quisieran». Como ejemplo, señala que las autoridades ni tan sólo han intentado averiguar las localizaciones GPS de los teléfonos móviles de las personas que habrían sido detenidas. Milashina asegura que muchos de esos teléfonos permanecieron encendidos durante las detenciones, y una simple investigación sobre los geolocalizadores de los dispositivos permitiría verificar que dichas personas permanecieron durante varios días en centros de detención ilegal.

Una de las víctimas de la purga homófoba, Maxim Lapunov, presentó una denuncia oficial el pasado mes de septiembre. A día de hoy, las autoridades rusas no han tomado ninguna acción al respecto. Inicialmente, utilizaban la excusa de la falta de denuncias por parte de las víctimas para justificar su inacción. No obstante, después del valiente paso de Lapunov, las autoridades ya no pueden justificar la ausencia de investigaciones.

Kochektov tiene claro cuál es el problema. El activista de la Russian LGBT Network considera que el principal obstáculo para sacar adelante dichas investigaciones es el hecho de que «la homofobia es la política oficial del Estado ruso». Tal es así que las autoridades han tachado de «burda mentira» las denuncias de las organizaciones LGTB, achacándolas a una «nueva campaña informativa contra Rusia».

El único amparo al que han podido acudir las víctimas del horror checheno han sido el que les han brindado las organizaciones de derechos humanos. El trabajo incansable de organizaciones como la Russian LGBT Network ha permitido que más de 100 personas hayan podido ser reubicadas de forma segura fuera de Chechenia. Según Amnistía Internacional, al menos 98 habrían logrado salir de Rusia, mientras que los demás habrían sido reubicados en otras partes del territorio nacional. No todos ellos eran hombres: diez de las personas evacuadas eran mujeres lesbianas, y también se reubicó a dos personas trans. Asimismo, también se ha evacuado a familiares que temían ser objeto de represalias por parte de las autoridades.

Concidiendo con el aniversario de las primeras noticias que se publicaron sobre este escándalo, en diversas ciudades del mundo tuvieron lugar actos de protesta, exigiendo una investigación imparcial y el enjuiciamiento de las personas responsables, y poniendo en evidencia la falta de cobertura mediática de tal vulneración masiva de derechos humanos. También se reclamaba a gobiernos europeos y americanos que asegurasen el derecho de asilo de aquellos que han conseguido huir del infierno checheno.

Pese a la inacción de las autoridades, diversas organizaciones LGTB siguen observando la situación en Chechenia con lupa. «Os estamos observando», apuntaba Matt Beard, de la organización All Out. «No descansaremos hasta que consigamos justicia para Maxim, Zelim y para las docenas de personas que fueron torturados y asesinados en Chechenia».

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Amnistía Internacional, 16 bufetes de abogados y hasta 16 compañías bancarias ofrecen su apoyo a una pareja de lesbianas que lucha en los tribunales de Hong Kong por una visa de dependiente.

Que el Tribunal de Primera Instancia de Hong Kong denegara el visado de uno de los miembros de una pareja de lesbianas era algo que se podía prever, dado que habitualmente este tipo de casos se resuelven en la Corte de Apelaciones. Lo que la demandante, Q.T. no esperaba realmente era recibir el apoyo de Amnistía Internacional, dieciséis bufetes de abogados de Hong Kong, y hasta quince entidades bancarias de cara a la celebración del juicio ante el Tribunal de Apelación Final el próximo 5 de junio.

Casadas en el Reino Unido, Q.T. y S.S. se mudan en 2011 a Hong Kong tras recibir la segunda una oferta laboral. Un tribunal reconoce que una pareja del mismo sexo debe tener los mismos derechos que se conceden a una pareja heterosexual de cara a que uno de los cónyuges reciba una visa de dependiente si están casados legalmente en otro país. Pierden en el Tribunal de primera instancia, pero ganan en el Tribunal de Apelaciones. El tribunal superior dictaminó que la negativa del Departamento de Inmigración equivale a una discriminación indirecta, pero el departamento de inmigración decide apelar esta resolución, lo que levanta las críticas de políticos y activistas que echan en cara a su gobierno que ni siquiera haya apoyado la candidatura de los Gay Games, que se celebrarán finalmente en Hong Kong en 2022.

«QT acoge con satisfacción las solicitudes de intervención de una ONG internacional de derechos humanos tan reconocida y respetada y un grupo tan amplio de instituciones financieras y bufetes de abogados globales en Hong Kong», declara Michael Vidler en representación de Vidler and Co, que este mismo miércoles, 12 de abril, anuncia que junto a un gran número de organizaciones, se han prestado a brindar su apoyo al matrimonio, cuya identidad está protegida por los tribunales.

«La política disminuye significativamente su capacidad de atraer y retener el talento de clase mundial que es crucial para mantener y mejorar el estatus de Hong Kong como un centro líder de servicios legales en Asia-Pacífico y globalmente», declaran desde Davis Polk & Wardwell, otra de las firmas de abogados que apoya a la pareja, afirmando el interés de todas estas compañías para promover la diversidad en todo, desde la raza hasta la orientación sexual con la intención de atraer a Hong Kong a los trabajadores más competitivos en cualquier sector.

«Este es un caso importante en Hong Kong; un caso importante para los derechos LGBT», asegura Jan Wetzel, asesora principal de política de Amnistía Internacional. Sin embargo, antes de poder involucrarse en el proceso, todas estas organizaciones deben esperar la aprobación del tribunal, por lo que se espera que presenten sus alegaciones a través de los abogados de la pareja.

Las 16 firmas de abogados

— Akin Gump Strauss Hauer & Feld— Allen & Overy— Ashurst Hong Kong— Clifford Chance— CMS— Eversheds Sutherland— Freshfields Bruckhaus Deringer— Herbert Smith Freehills— Hogan Lovells— Latham & Watkins— Linklaters— Morley Chow Seto— Morrison Foerster— Oldham, Li & Nie; Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison— Ropes & Gray.

Las 15 entidades bancarias

— ABN AMRO Bank— AIG Insurance Hong Kong— Australia and New Zealand Banking Group— The Bank of New York Mellon— BlackRock Asset Management North Asia— Credit Suisse— Goldman Sachs— Morgan Stanley— Nomura International (Hong Kong)— Royal Bank of Canada— Societe Generale Hong Kong Branch— State Street Bank and Trust— Barclays— Deutsche Bank Hong Kong— Macquarie Group

Fuente Universogay

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El Tribunal Supremo de Kenia valora la abolición de la ley que penaliza la homosexualidad, vigente desde la época colonial británica, como consecuencia de la demanda de tres asociaciones que la consideran anticonstitucional. Tres asociaciones del colectivo keniano de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales exigen anular las secciones del código penal que sancionan el sexo homosexual en un juicio en el Tribunal Superior de Justicia. Introducidas durante la dominación colonial británica, estas secciones hacen referencias al “conocimiento carnal contra natura” y al “ultraje contra la moral pública”. El juicio se desarrollará en los juzgados de Milimani, en la capital, Nairobi.

Desde este viernes, 19 de febero, el Tribunal Supremo de Kenia revisa una demanda para abolir la ley que penaliza las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, presentada en 2016 por la Comisión Nacional por los Derechos Humanos de Gays y Lesbianas (NGLHRC por sus siglas en inglés: National Gay and Lesbian Human Rights Commission), junto con la Colación de Gays y Lesbianas de Kenia (GALCK por sus siglas en inglés: Gay and Lesbian Coalition of Kenia) y la Coalición LGBT de Nyanza-Valle del Rift y Kenia Occidental (NYARWEK Network). De conseguirlo sería un paso significativo para los países del este de África, en los que la homosexualidad está penalizada en casi todos los países de la región, 38 en todo el contienen africano según Amnistía Internacional.

“Aunque tenemos una Constitución que porta la voluntad del pueblo keniano y que dice que nadie debería ser discriminado, estas leyes lo hacen. Están lejos de tratar la moralidad y se usan para justificar la discriminación, la violencia, el acoso y la intrusión en la vida privada de los ciudadanos de Kenia”, denunció el director ejecutivo de la NGLHRC, Eric Gitari, en un comunicado. «El hecho de que nos escuchen es un indicador de que nuestra democracia ha alcanzado la mayoría de edad», declara Eric Gitari, abogado y fundador de la NGLHRC. La sala habilitada para la vista, en Nairobi, tuvo que trasladarse a un espacio más grande debido a la gran multitud de personas que acudieron a la vista del caso. «Los jueces saben que todo el mundo está mirando (…). Tenemos esperanza. El juicio dará una guía a los países de África. Alentará a los activistas en tantos países africanos, va a crear un efecto dominó», asegura el activista, consciente de que las leyes que prohíben la homosexualidad promueven el acoso abuso y discriminación de la comunidad LGBT.

La ley de Kenia prohíbe actualmente lo que denomina el «conocimiento carnal contra el orden de la naturaleza», que castiga con penas de hasta 14 años de prisión. Una ley que se remonta a la época colonial británica de principios de siglo XX, que los demandantes consideran anticonstitucional. Entre 2010 y 2014, el gobierno de Kenia procesó 595 casos de homosexualidad, mientras que en 2016, los tribunales de Kenia dictaminaron que las pruebas anales forzadas a hombres sospechosos de ser homosexuales eran constitucionales y podrían utilizarse como evidencia en un juicio.

En el documento se explica que, aunque las leyes penalizan un amplio abanico de “actividades consensuadas que no generen descendencia”, se aplican “de forma selectiva contra lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero”. La NGLHRC, formada por un grupo de abogados para proteger los derechos de las personas LGBT, asegura haber recibido más de un millar de denuncias de miembros de dicha comunidad por delitos como asesinatos, violencia grupal, violaciones, chantajes y extorsión.

Según Neela Ghoshal, investigadora principal del programa de Derechos LGBT de Human Rights Watch, «el caso ante el Tribunal Supremo de Kenia que busca despenalizar la conducta consensuada entre personas del mismo sexo es de importancia monumental para Kenia y más allá (…). Un dictamen positivo afirmaría que los kenianos amantes del mismo género son tan dignos de igualdad, privacidad y dignidad como cualquier otra persona (…). Los valientes activistas kenianos y la gente común que presentaron este caso son un modelo y una inspiración para las personas LGBTQ y sus aliados en toda África».

LGTBfobia de Estado en Kenia

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana) y profundamente homófobo, que castiga la práctica de la homosexualidad, como hemos dicho, con penas de hasta 14 años de cárcel, en base a leyes heredadas de la época colonial británica. Precisamente a principios de 2015 informábamos de la detención de dos hombres, acusados de practicar la homosexualidad, víctimas de una operación policial más amplia, con la que se pretendería dar ejemplo tras salir a la luz unos informes que señalan un aumento del turismo homosexual en la zona costera del país.

A las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social. Según un estudio del Pew Global Attitudes Project de 2013, únicamente un 8% de sus 44 millones de habitantes estaría dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 90% considera tal orientación sexual inaceptable. La prensa alienta esta homofobia social y en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Aun así, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB. Entre sus miembros se encuentra Denis Nzioka, que incluso trató de presentarse en las últimas elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó como senador en las últimas elecciones, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez un político abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos. El de Kuria es, como no podía ser menos, otro de los nombres citados en la publicación.

La salida del armario del escritor keniano Binyavanga Wainaina y el que se desarrollaran sin incidentes las protestas convocadas en Nairobi el pasado 2014 contra la legislación ugandesa alentaban incluso la esperanza de una mayor apertura en Kenia para los derechos LGTB. Esperanza que vio luego truncada, como muestra la detención en julio de 2014 de sesenta personas en un club de ambiente de Nairobi. Incluso se ha presentado una iniciativa ante el Parlamento de la nación, que pretende que los actos homosexuales sean sancionados con cadena perpetua para los kenianos y lapidación para los extranjeros. El propio presidente Uhuru Kenyatta declaraba en 2015 que, si bien no permitiría “cazas de brujas” contra la población LGBT de Kenia, tampoco derogaría las leyes que castigan la homosexualidad debido a su gran aceptación social. Más recientemente, en junio de 2016, un tribunal de este país consideraba “legal” y “razonable” usar torturas anales para incriminar a sospechosos de ser gais.

Fuente Universogay/Cristianos Gays

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Las doce mujeres trans detenidas y torturadas en Aceh (Indonesia) han explicado su experiencia a Amnistía Internacional.

Hace unas semanas publicábamos que en la provincia de Aceh, Indonesia, la policía (ayudada por un grupo de ciudadanos) había llevado a cabo redadas en varias peluquerías regentadas por mujeres trans y las había detenido. Las doce mujeres fueron llevadas a un parque público donde se les rapó la cabeza para después ser retenidas en comisaría para someterse a un “curso de conversión” que las convirtiera de nuevo en hombres.

Ahora las doce mujeres han hablado con Amnistía Internacional Indonesia para explicar qué fue exactamente lo que les ocurrió la noche del 27 de enero.

La policía de Aceh llevó a cabo redadas en varias peluquerías locales para encontrar a las mujeres trans y luego llevarlas al centro del pueblo. La operación policial llevaba como nombre “operasi penyakit masyarakat”, que se traduce como “Operación de Enfermedades Públicas“. Cuando las tuvieron a todas reunidas frente a la vista de decenas de curiosos, el jefe de policía dio un discurso condenando la identidad de género de las retenidas y provocando que la gente aplaudiera y exigiera que fueran asesinadas.

Las mujeres explican que entonces se les obligó a marchar de forma militar hasta un parque cercano donde les obligaron a llevar a cabo un entrenamiento militar simulado para volverlas más “masculinas“. Además se les obligó a desnudarse y a rodar por el suelo y cuando una de las mujeres se negó la policía disparó varios tiros de advertencia. A otra mujer que protestó le lanzaron un cubo de agua helada; y una de las detenidas le dijo a la policía que le dispararan porque prefería morir con dignidad que ser torturada y humillada; algo a lo que, según el relato, el jefe de policía respondió con un “Tú, como transgénero, no tienes derecho a tener dignidad“.

Imagen de uno de los vídeos que los “curiosos” grabaron con sus móviles.

La policía rapó la cabeza de seis mujeres a las que obligaron a orinar en una botella para hacer un test de drogas. Una de ellas fue obligada a “limpiar” al resto con una manguera, pero al no hacerlo como la policía quería fue pateada. Se obligó a las mujeres a gritar “como hombres” y cuando estuvieron empapadas fueron llevadas a la comisaría donde se les encerró en una celda sin colchones y se les forzó a dormir en el suelo con la ropa aún mojada.

Al día siguiente la policía liberó a 11 de las mujeres, no sin antes obligarlas a acudir a un sermón por parte de un clérigo musulmán que les dijo que tenían que “volver” a su “naturaleza” y que justificó el asesinato de personas trans y LGTB porque “son más peligrosas que los infieles“. La última mujer fue retenida porque en su teléfono móvil se encontró un vídeo sexual explícito.

Tras la detención las mujeres aseguraron estar “profundamente traumatizadas“. Muchas de ellas se han visto obligadas a abandonar Aceh, la única región de Indonesia en la que está en vigor la ley islámica; aunque dado la deriva LGTBfóbica que está tomando el país en los últimos tiempos (con la ilegalización de la homosexualidad pendiendo de un hilo) puede que cambiar de región no les sirva para protegerse. Algunas mujeres han sido acosadas y atacadas por sus vecinos o familiares, llegando incluso a darles patadas o lanzarles piedras. Varias han sido despedidas de sus empleos porque sus jefes tienen miedo de atraer la atención de la policía y las propietarias y trabajadoras de las peluquerías no han podido volver a su trabajo porque los locales o bien están clausurados o han sido vandalizados por la gente.

Desde Amnistía Internacional han condenado el trato “cruel, inhumano y degradante” al que se sometió a las mujeres y han aclarado que, bajo la ley internacional, podría considerarse un caso de tortura. Usman Hamid, Director Ejecutivo de A.I. en Indonesia, asegura que el único motivo para esas detenciones era la transfobia: “Es aterrador que un grupo de hombres fuertemente armados hiciera redadas y detuviera a mujeres trans con la discriminación como única base. Las autoridades locales y la población general, en nombre de la ley Sharia, se han unido para atacar y humillar a estas mujeres trans. Creemos que, bajo la ley internacional, las acciones de la policía suponen un caso de tortura.”

Posible criminalización de la homosexualidad en todo el país

La noticia tiene lugar en un contexto especialmente hostil, dada la discusión que se ha abierto sobre una posible criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, de la que también hablamos hace pocos días, y que ha desencadenado una auténtica espiral de LGTBfobia. De hecho, un diputado indonesio proponía la semana pasada modificar la legislación nacional para no solo castigar las relaciones homosexuales con cárcel, sino incluir además la pena de muerte para el colectivo LGTB (o, como mínimo, la cadena perpetua). El artífice de tal propuesta es Muslim Ayub, miembro del Partido Mandato Nacional Islámico (PAN).

Hanafi Rais, otro diputado del mismo partido, aseguraba que el debate sobre la criminalización de la homosexualidad está siendo acordado “por la mayoría de los partidos políticos indonesios”. Los seis partidos seculares, que controlan a la mayoría en la presente legislatura, no parecen, en todo caso, querer ponerse en contra a los extremistas islámicos antes de las elecciones de junio, en las que 171 regiones votarán por nuevos gobernadores, alcaldes y jefes de distrito.

Realidad LGTB en Indonesia

El pasado mes de diciembre recogíamos la condena de diez hombres a dos años de cárcel en Indonesia por participar en una supuesta “fiesta gay” en Yakarta, la capital de este país asiático. Como decíamos hace ahora poco más de un mes, esta la noticia suponía un paso más en la escalada de LGTBfobia de estado que vive Indonesia. A diferencia de Aceh, en Yakarta las relaciones homosexuales no son ilegales, por lo que los detenidos fueron condenados por violar la ley contra la pornografía.

El hecho de que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente esta no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación que se vive hoy día en Indonesia. De hecho, solo en las provincias autónomas de Aceh y Sumatra Meridional, en las cuales se aplica la sharía o ley islámica (En Aceh a todos los ciudadanos, en Sumatra Meridional solo a los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría), las relaciones homosexuales son formalmente ilegales, castigándose incluso con castigos físicos.

Pero también en el resto del país la situación se está deteriorando. Ya lo recogíamos en febrero de 2016, cuando hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos. Desde entonces, por desgracia, no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. Un ejemplo es la redada de mayo de 2017, que desembocó en la citada condena de diez hombres, pero ha habido muchos otros. Días antes de aquella redada, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una “fiesta gay” en Surabaya, la segunda ciudad del país. En Java Occidental, la provincia más poblada de Indonesia, el jefe de policía hizo pública por su parte su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB. Y en octubre de 2017 tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres. Una estigmatización a la que también ha contribuido la decisión de la Asociación Psiquiátrica Indonesia de clasificar la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad como trastornos mentales.

En diciembre también aludíamos al “respiro provisional” que había supuesto la decisión del Tribunal Constitucional de Indonesia de rechazar una propuesta de criminalización de las relaciones sexuales entre personas no casadas, cuyo objetivo principal no era otro que el de castigar por vía indirecta las relaciones homosexuales. Poco duraba el respiro, por desgracia.

Fuente | Pink News, vía EstoyBailando/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Aceh, Amnistía Internacional, Homofobia/Transfobia, Indonesia, Usman Hamid

“Qatar, así no“, por José Ignacio González Faus

La Asociación de Futbol de Inglaterra y la de Catar firman un Memorando de Entendimiento con el compromiso de luchar contra la homofobia y los abusos contra los derechos humanos de cara al Mundial 2022.

El presidente de la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA por sus siglas en inglés: The Football Association), Greg Clarke, y su homólogo de la Asociación de Fútbol de Catar (GFA por sus siglas en inglés: Qatar Football Association), el jeque Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al-Thani, firman en Doha un Memorando de Entendimiento mediante el que se comprometen a denunciar los abusos contra los derechos humanos y los conflictos derivados de la celebración del Mundial de 2022 en un país en el que es ilegal ser homosexual. De esta manera, la FA espera «influir positivamente en el fútbol en Catar» y participar en cuestiones sociales más amplias.

En diciembre de 2010 se desata la polémica al escogerse Catar como sede de para albergar la Copa del Mundo de 2022. «El peor momento en la historia de la FIFA», declaraba el entonces presidente de la FA, Greg Dyke, después de que saltaran acusaciones de corrupción ante esta elección, que serían descartadas por un informe de la FIFA en 2014. Más allá de que vaya a ser la primera vez que el Mundial se celebra en invierno, dadas las altas temperaturas de la zona en verano, la principal preocupación son los derechos de los trabajadores inmigrantes desplazados a un país que teniendo el índice de desarrollo humano más alto de todo el mundo árabe, gracias a poseer la tercera mayor reserva mundial de gas natural que lo ha convertido en el país con mayor renta per cápita del mundo, pero que habría sido denunciado por Amnistía Internacional por el trato inhumano y degradante hacia los trabajadores.

En noviembre de 2017, la Organización Internacional del Trabajo, una agencia de la ONU, asegura que el país gobernado actualmente por el propio Hamad bin Jalifa Al Thani, en el poder desde mediados de los años 90, ha acordado una serie de reformas que permiten mayores protecciones a los dos millones de trabajadores desplazados para las obras de construcción de las instalaciones destinadas a albergar el Mundial, incluyendo un salario mínimo y el derecho a abandonar el país sin el permiso de sus jefes (lo que casi no se podría hablar de protección sino de derechos mínimos para diferenciar entre trabajadores y esclavos).

«Lazos más profundos entre la FA y Catar 2022 conlleva una mayor responsabilidad en la FA para hablar sobre los graves riesgos de derechos humanos que enfrentan los trabajadores inmigrantes que trabajan el torneo. Catar se ha comprometido recientemente a reformar su sistema de trabajo migratorio abusivo, y ahora la FA debe desempeñar su papel para garantizar que Catar cumpla sus promesas», declara Fabien Goa, asesor especial de Amnistía Internacional para los derechos laborales y eventos deportivos tras la firma del acuerdo entre FA y QFA.

Por su parte, la asociación británica Stonewall, afirma que habría mediado para asegurar que la FA se «comprometería a tomar medidas para promover la igualdad LGBT en el deporte en el Reino Unido y el extranjero». La sodomía entre hombres mayores de edad se castiga con sentencias de hasta cinco años de cárcel en Catar, siendo ilegales también las relaciones sexuales entre mujeres. Ni el derecho a la identidad de género ni a la orientación sexual están amparadas por ninguna ley civil contra la discriminación ni mucho menos se reconoce ninguna forma de unión entre parejas del mismo sexo. En cualquier caso, si la FIFA anunciaba en junio de 2017 que se reservaba la decisión de trasladar el Mundial a otro lugar si Catar no se desvinculaba de las acusaciones sobre su protección a ciertos grupos y asociaciones vinculadas con el terrorismo, en diciembre del mismo año Canadá, México y los Estados Unidos se ofrecían de manera conjunta para dar cobijo a la celebración deportiva ante cualqueir irregularidad.

Fuente Universogay

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Solo han pasado unos días desde la redada a varios salones de belleza en la región indonesia de Aceh, en donde rige oficialmente la sharía o ley islámica desde 2005. La policía detuvo a 12 mujeres trans, afeitándoles el cabello en público, desnudándolas y obligándolas a vestirse con ropas masculinas para, supuestamente, convertirlas en “hombres normales”. Ahora, las autoridades han emitido una circular en la que amenazan con retirar la licencia a las peluquerías que contraten a mujeres trans. Con esta medida, conscientemente, están condenando a estas mujeres a la marginalidad, ya que es una de las pocas actividades profesionales “legales” en la que hasta ahora encontraban oportunidades de empleo. Además, las autoridades están organizando seminarios para “alertar” a la población de los “peligros” que, a su juicio, entrañaría la comunidad LGTB.

Parece que la LGTBfobia oficial en esta región semiautónoma del noroeste de Indonesia no ha alcanzado su techo todavía. A la abierta persecución que sufren las personas LGTB en Aceh, se suma el inicio de una campaña de “educación” para la población. Sirva de ejemplo el seminario organizado por un centro oficial juvenil, el pasado fin de semana, para prevenir a los jóvenes de los “peligros” LGTB. “Este comportamiento desviado está prohibido en la Sharía y es una enfermedad psiquiátrica”, argumentan falsamente. Además, solicitan que “los padres, maestros y la comunidad puedan prevenir y rescatar a las víctimas que ya se han desviado”.

Pero el verdadero peligro para los derechos humanos reside en las propias autoridades y en la policía de Aceh, que imponen su moral por la fuerza. Si hace tan solo unos días recogíamos la humillación pública a la que se sometió a 12 mujeres trans, como consecuencia de varias redadas sincronizadas a salones de belleza, ahora se les quiere impedir trabajar. A ellas y a cualquier persona LGTB.

En el distrito de Aceh Besar se pretende modificar la legislación para que las mujeres trans (les llaman “travestis” o “warias” sin distinción) “no puedan abrir un negocio y trabajar” en salones de belleza, peluquerías o barberías. Y, por si no fuera suficiente, quieren atribuirse derechos para realizar registros habituales y retirar la licencia a los establecimientos con trabajadoras trans o a los que se les acuse de ser LGTB.

Posible criminalización de la homosexualidad en todo el país

La noticia tiene lugar en un contexto especialmente hostil, dada la discusión que se ha abierto sobre una posible criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, de la que también hablamos hace pocos días, y que ha desencadenado una auténtica espiral de LGTBfobia. De hecho, un diputado indonesio proponía la semana pasada modificar la legislación nacional para no solo castigar las relaciones homosexuales con cárcel, sino incluir además la pena de muerte para el colectivo LGTB (o, como mínimo, la cadena perpetua). El artífice de tal propuesta es Muslim Ayub, miembro del Partido Mandato Nacional Islámico (PAN).

Hanafi Rais, otro diputado del mismo partido, aseguraba que el debate sobre la criminalización de la homosexualidad está siendo acordado “por la mayoría de los partidos políticos indonesios”. Los seis partidos seculares, que controlan a la mayoría en la presente legislatura, no parecen, en todo caso, querer ponerse en contra a los extremistas islámicos antes de las elecciones de junio, en las que 171 regiones votarán por nuevos gobernadores, alcaldes y jefes de distrito.

Realidad LGTB en Indonesia

El pasado mes de diciembre recogíamos la condena de diez hombres a dos años de cárcel en Indonesia por participar en una supuesta “fiesta gay” en Yakarta, la capital de este país asiático. Como decíamos hace ahora poco más de un mes, esta la noticia suponía un paso más en la escalada de LGTBfobia de estado que vive Indonesia. A diferencia de Aceh, en Yakarta las relaciones homosexuales no son ilegales, por lo que los detenidos fueron condenados por violar la ley contra la pornografía.

El hecho de que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente esta no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación que se vive hoy día en Indonesia. De hecho, solo en las provincias autónomas de Aceh y Sumatra Meridional, en las cuales se aplica la sharía o ley islámica (En Aceh a todos los ciudadanos, en Sumatra Meridional solo a los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría), las relaciones homosexuales son formalmente ilegales, castigándose incluso con castigos físicos.

Pero también en el resto del país la situación se está deteriorando. Ya lo recogíamos en febrero de 2016, cuando hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos. Desde entonces, por desgracia, no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. Un ejemplo es la redada de mayo de 2017, que desembocó en la citada condena de diez hombres, pero ha habido muchos otros. Días antes de aquella redada, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una “fiesta gay” en Surabaya, la segunda ciudad del país. En Java Occidental, la provincia más poblada de Indonesia, el jefe de policía hizo pública por su parte su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB. Y en octubre de 2017 tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres. Una estigmatización a la que también ha contribuido la decisión de la Asociación Psiquiátrica Indonesia de clasificar la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad como trastornos mentales.

En diciembre también aludíamos al “respiro provisional” que había supuesto la decisión del Tribunal Constitucional de Indonesia de rechazar una propuesta de criminalización de las relaciones sexuales entre personas no casadas, cuyo objetivo principal no era otro que el de castigar por vía indirecta las relaciones homosexuales. Poco duraba el respiro, por desgracia.

Fuente Dosmanzanas

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El jefe de la policía de Aceh del Norte, Ahmad Untung, calificó a los transexuales como “una amenaza peor que terroristas”.

En la región indonesia de Aceh, en donde rige oficialmente la sharía o ley islámica desde 2005, se ha iniciado la enésima campaña contra la comunidad LGTB. Amnistía Internacional ha denunciado la detención de 12 mujeres trans en la redada a cinco salones de belleza, el pasado sábado 27 de enero. La policía, además de clausurar los locales, les afeitó el cabello en público, las desnudó y las obligó a vestirse con ropas masculinas para, supuestamente, convertirlas en “hombres normales”. “La llamada ‘reeducación’ de las personas trans por parte de la policía no solo es humillante e inhumana, también es ilegal y una clara violación de sus derechos humanos. Dichos incidentes deben ser investigados de manera inmediata y efectiva”, exige Usman Hamid, director ejecutivo de Amnistía Internacional Indonesia.

La policía indonesia arrestó a 12 transexuales en la provincia de Aceh, la única que se rige bajo la sharia o ley islámica, y les obligó a vestir ropa de hombre además de cortarles el pelo, denuncian los activistas. En el marco de la llamada “Operación Anti Moral Enferma”, la policía de Aceh efectuaba este sábado redadas sincronizadas a varios salones de belleza, deteniendo a 12 mujeres trans. Los agentes forzaron el cierre de los establecimientos y a las víctimas arrestadas, por su mera identidad de género, las sometieron al escarnio público: les raparon las cabelleras en la calle y las obligaron a pasearse con ropas de hombre. Para las autoridades, estas prácticas denigrantes formal parte de un programa de “reeducación social”. El tránsfobo objetivo final no es otro que “enseñarles” a “comportarse” como “hombres de verdad”.

Decenas de agentes de la policía local e islámica llevaron a cabo las detenciones durante la noche del sábado en cinco salones de belleza del distrito Aceh del Norte, en el norte de la isla de Sumatra, confirmó un activista en favor de los derechos del colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTB).

“Por el momento todavía están recuperándose del trauma”, declaró en conversación telefónica la fuente, que pidió mantener el anonimato, y añadió que los arrestados fueron liberados el domingo.

El jefe de la policía de Aceh del Norte, Ahmad Untung, calificó a los transexuales como “una amenaza peor que terroristas” y dijo que actuaron porque molestaban a los vecinos con un comportamiento que va “en contra de la sharia y la naturaleza humana”, en declaraciones al portal de noticias “Kliksatu.com“.

Aceh, provincia que aprobó en 2002 la aplicación de la ley islámica, criminaliza las relaciones homosexuales y sentencia a los infractores a castigos corporales que pueden llegar a hasta los 100 bastonazos.

El investigador en asuntos LGTB de Human Rights Watch, Kyle Knight denunció, tras los arrestos de diciembre, que los políticos locales de Aceh han empeorado la situación al promover la homofobia.

Al menos 527 personas fueron azotadas en Aceh desde 2016 hasta octubre de 2017, por infracciones como apostar, consumir alcohol o adulterio, entre otros, según el centro de investigación indonesio Institute for Criminal Justice Reform.

El año pasado dos hombres fueron condenados por primera vez a ser azotados en público por mantener relaciones homosexuales.

Aunque Aceh es la única provincia del archipiélago que aplica la sharia, ONG y activistas han denunciado un aumento en la represión contra la comunidad LGTB en Indonesia, el país con mayor población musulmana del mundo.

Indonesia, un infierno para la comunidad LGTB

En febrero de 2016 publicábamos un artículo que recogía cómo la oleada de virulenta homofobia y transfobia se abre paso a un ritmo preocupante en Indonesia. Publicábamos entonces que políticos y líderes religiosos se turnan con declaraciones incendiarias que estigmatizan cada vez más a la población LGTB. Desde entonces, por desgracia, no hemos parado de recoger casos de detenciones, abusos y crueles castigos físicos. Lo que ha hecho que Amnistía Internacional reclame el fin de la cruel persecución al colectivo LGBT en Indonesia.

Indonesia presenta una realidad muy diferente para su comunidad LGTB dependiendo de la región. Formalmente, la homosexualidad no es delito en el país con mayor número de fieles musulmanes del mundo, que mantiene un código penal heredado de la época colonial neerlandesa. La excepción son las provincias autónomas de Aceh (situada en la zona norte de Sumatra) y Sumatra Meridional, aunque en este caso la prohibición rige solo para los musulmanes.

En Aceh, desde 2005 rige la sharia o ley islámica gracias a la autonomía que le fue concedida al firmar la paz con los separatistas, poco después del tsunami que asoló la región. En septiembre de 2014, además se aprobó una terrible ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de recibir cien azotes en público con una vara de ratán. La legislación entraba en vigor en octubre de 2015 y fue aplicada, entre otras ocasiones, el pasado mes de mayo a dos jóvenes de 20 y 23 años.

Fuera de Aceh también se ha registrado un incremento de la represión. También en mayo de este año, la policía indonesia detenía en Yakarta a 141 hombres por asistir a lo que las autoridades han calificado como una supuesta “fiesta de sexo gay”, pese a que la homosexualidad no es ilegal en la capital. No obstante, el portavoz de la policía de Yakarta, Raden Argo Yuwono, aseveraba que los detenidos podrían ser acusados bajo las duras leyes contra la pornografía vigentes en el país. Unas semanas antes, ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una “fiesta gay” en Surabaya, la segunda ciudad más grande de Indonesia. Y en octubre, la policía de Indonesia detiene a 58 personas en una redada a una sauna gay de Yakarta…

El pasado 20 de diciembre publicábamos que diez hombres habían sido condenados a dos años de cárcel en Indonesia por participar en una supuesta “fiesta gay” en Yakarta, la capital. La noticia supone un paso más en la escalada de LGTBfobia de estado que vive aquel país. Las detenciones se produjeron en Yakarta, la capital, donde las relaciones homosexuales no son formalmente delito. No ha hecho falta: el tribunal ha considerado probado que los condenados violaron la ley contra la pornografía.

El 15 de noviembre del pasado 2016 conocíamos que el gobierno de Indonesia  acaba de prohibir el uso de GIFS en WhatsApp. Pero no sólo porque no se puedan enviar imágenes en movimiento  sino que lo han hecho para evitar que la gente se envíe imágenes pornográficas a través de la aplicación.

Son solo algunos ejemplos de la penosa situación de los ciudadanos LGTB en el país.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga/Cristianos Gays

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El plazo de enmiendas ha sido ampliado hasta la fecha en once ocasiones

Amnistía Internacional, Comisiones Obreras (CCOO), la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Confederación Estatal de Personas Sordas CNSE),  la Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA), la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), la Confederación Intersindical, el Consejo de la Juventud de España (CJE), la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), la Fundación Cepaim, la Fundación ONCE, la Fundación Secretariado Gitano, Mensajeros de la Paz, Movimiento Contra la Intolerancia, Movimiento por la Paz (MPDL), la Plataforma de Organizaciones de Acción Social, la Plataforma del Voluntariado, Plena inclusión, RAIS, Red Acoge, Save the Children, la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol) han suscrito un documento en el que exigen la urgente aprobación de la Ley de Igualdad LGTBI, actualmente en proceso de tramitación parlamentaria.

“Como organizaciones de la sociedad civil, estamos comprometidas a trabajar para la erradicación de todas las barreras que suponen una discriminación y una vulneración de los derechos humanos. Confiando en que el compromiso es compartido, instamos a que los diputados y diputadas del Congreso hagan todo lo que esté en su mano para que la Ley de Igualdad LGTBI pueda entrar en vigor lo antes posible”, han asegurado las organizaciones y sindicatos que suscriben el documento.

Asimismo, piden a las diputadas y los diputados del Congreso que, “durante el actual proceso de tramitación, hagan enmiendas que busquen mejorar el articulado, pero respetando al máximo la esencia del texto −impulsado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y consensuado con numerosas entidades− ya que es el que emana de los colectivos directamente afectados”.

El texto suscrito en su totalidad se encuentra disponible en el siguiente microsite: http://www.felgtb.com/leylgtbi/

Fuente FELGTB

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas (NGLHRC en sus siglas en inglés) presentó en abril de 2016 una demanda contra la ley que castiga las relaciones homosexuales con hasta 14 años de cárcel. El proceso judicial sigue en marcha y en la audiencia celebrada a finales de la semana pasada, el abogado de la NGLHRC, Paul Muite, ha solicitado la comparecencia de un psiquiatra para explicar por qué no deben ser ilegales las relaciones entre personas del mismo sexo. Por su parte, el Foro de Profesionales Cristianos de Kenia, a través de su abogado Charles Kanjama, dijo que también llamaría a dos testigos para que emitan una opinión divergente. En opinión de la citada agrupación de cristianos, el Código Penal se encuentra “dentro de los límites de la ley” al perseguir la homosexualidad. La sentencia será, sin duda, uno de los temas candentes de la próxima Reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth del presente 2018. Si Kenia legalizara la homosexualidad finalmente, por sentencia judicial, abrirá el camino a otros países mancomunados a seguir sus pasos.

Sigue en marcha la batalla legal que busca revertir la ilegalización de la homosexualidad en Kenia. Si la demanda de la NGLHRC logra una sentencia favorable a la descriminalización, tendrá una repercusión mundial indiscutible. Del mismo modo, si el tribunal falla a favor de mantener la penalización de las relaciones homosexuales o, incluso, de endurecer la ley, sería un antecedente peligroso para el empeoramiento de la situación de las personas que mantienen relaciones con otras de su mismo sexo en decenas de países de la órbita de la Commonwealth (organización en forma de mancomunidad supranacional, formada por 52 países soberanos que comparten vínculos históricos con el Reino Unido).

La próxima Reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth, en la que el fallo judicial sobre la posible legalización (o no) de la homosexualidad será uno de los puntos más candentes de debate, está fijada para la semana del 16 de abril de 2018 en Londres. Este año le ha correspondido albergar la sede al Reino Unido, que no la acogía desde 1997, tras las anteriores ediciones de Malta (2015), Sri Lanka (2013), Australia (2011), Trinidad y Tobago (2009) y Uganda (2007). Ahora, todas las miradas están puestas en los tres jueces que llevan el caso: Roselyn Aburili, Chacha Mwita y John Mativo. La próxima audiencia tendrá lugar el 22 de febrero y se espera una sentencia para antes de abril.

Respecto a la mencionada audiencia que tendrá lugar en febrero, cabe apuntar que se producirá un cruce de posturas radicalmente enfrentadas. Por una parte, el activismo LGTB ha solicitado la comparecencia de un psiquiatra, que explicará conceptos como la orientación sexual y dejará claro por qué no deben ser ilegales las relaciones entre personas del mismo sexo. En oposición a la igualdad y a los Derechos Humanos, el Foro de Profesionales Cristianos de Kenia también presentará a comparecientes que defenderán la retorcida idea de que la actual persecución y penalización de la homosexualidad estaría “dentro de los límites de la ley”.

Actualmente, existen varios artículos en el Código Penal de Kenia (modificado en 2003) que castigan las relaciones homosexuales (página 99 del informe “Homofobia de Estado” de ILGA 2017). El artículo 162 establece penas de 14 años de cárcel para quienes “tengan conocimiento carnal con otra persona contra el orden de la naturaleza” o “quien permita que un varón tenga conocimiento carnal con él o ella contra el orden de la naturaleza”.  El artículo 163, por su parte, castiga a “quien intente cometer alguno de los delitos establecidos en el artículo 162 comete delito grave y será penado con prisión de 7 años”.

Asimismo, el artículo 165 establece que “el varón que, en público o en privado, cometa un acto de indecencia grave con otro varón, o indujera a otro varón a cometerlo con él mismo, o intentara inducir la realización de un acto similar, incluso con terceras personas, es culpable de un delito grave y será penado con prisión de 5 años”. Según los datos del propio Gobierno de Kenia, solo entre 2010 y principios de 2014 se procesó a 595 personas por estos cargos.

El activista LGTB keniata Denis Nzioka ha valorado que, si bien tras la sentencia judicial sobre la homosexildad “los keniatas LGTBI no se despertarán felices, casados y viviendo en casas con vallas blancas”, en términos judiciales “tendrá implicaciones importantes”, ya que “podría cambiar el mundo”. Nzioka agrega en este sentido que “la despenalización es diferente de la realidad vivida por los keniatas”. El activista igualitario espera que la opinión pública juegue un papel importante en la decisión de los jueces, en tanto que “la gente lo seguirá [el debate] en los medios, y solo podemos esperar que el diálogo sea equilibrado”.

LGTBfobia de Estado en Kenia

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana) y profundamente homófobo, que castiga la práctica de la homosexualidad, como hemos dicho, con penas de hasta 14 años de cárcel, en base a leyes heredadas de la época colonial británica. Precisamente a principios de 2015 informábamos de la detención de dos hombres, acusados de practicar la homosexualidad, víctimas de una operación policial más amplia, con la que se pretendería dar ejemplo tras salir a la luz unos informes que señalan un aumento del turismo homosexual en la zona costera del país.

A las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social. Según un estudio del Pew Global Attitudes Project de 2013, únicamente un 8% de sus 44 millones de habitantes estaría dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 90% considera tal orientación sexual inaceptable. La prensa alienta esta homofobia social y en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Aun así, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB. Entre sus miembros se encuentra Denis Nzioka, que incluso trató de presentarse en las últimas elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó como senador en las últimas elecciones, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez un político abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos. El de Kuria es, como no podía ser menos, otro de los nombres citados en la publicación.

La salida del armario del escritor keniano Binyavanga Wainaina y el que se desarrollaran sin incidentes las protestas convocadas en Nairobi el pasado 2014 contra la legislación ugandesa alentaban incluso la esperanza de una mayor apertura en Kenia para los derechos LGTB. Esperanza que vio luego truncada, como muestra la detención en julio de 2014 de sesenta personas en un club de ambiente de Nairobi. Incluso se ha presentado una iniciativa ante el Parlamento de la nación, que pretende que los actos homosexuales sean sancionados con cadena perpetua para los kenianos y lapidación para los extranjeros. El propio presidente Uhuru Kenyatta declaraba en 2015 que, si bien no permitiría “cazas de brujas” contra la población LGBT de Kenia, tampoco derogaría las leyes que castigan la homosexualidad debido a su gran aceptación social. Más recientemente, en junio de 2016, un tribunal de este país consideraba “legal” y “razonable” usar torturas anales para incriminar a sospechosos de ser gais.

Fuente Dosmanzanas

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Sarah Hejazy y Ahmed Alaa han abandonado la cárcel, tras el pago de 2.000 libras egipcias (algo más de 93 euros). Son dos de los siete detenidos durante el concierto de la banda libanesa de rock alternativo Mashrou’ Leila, que congregó a unas 30.000 personas en El Cairo el pasado 22 de septiembre. Por el simple hecho de exhibir y agitar banderas arcoíris, siete personas fueron arrestadas y se les acusa de “unirse a grupos fuera de la ley, cuyo objetivo es alterar las disposiciones de la Constitución y la ley”. Sarah Hejazy y Ahmed Alaa, aunque estén en libertad provisional bajo fianza, siguen enfrentándose a los mismos cargos que el resto de arrestados. Según las cifras que maneja la Egyptian Initiative for Personal Rights (Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales o EIPR, en sus siglas en inglés) ahora mismo 54 personas siguen detenidas en Egipto por apoyar al colectivo LGTB, por su orientación sexual (real o percibida) o por su identidad de género.

Como recogíamos en septiembre del año que acabamos de abandonar, siete personas eran detenidas por ondear banderas arcoíris durante el concierto en la capital egipcia de la banda libanesa Mashrou’ Leila, cuyo vocalista Hamed Sinno es abiertamente gay. Además de estos arrestos, el grupo musical se enfrentó a descalificaciones y de momento no volverá a tocar en el país, debido al veto del Sindicato de Profesiones Musicales egipcio (ya fue vetada en Jordania tras una campaña promovida por Dima Tahboub, portavoz de Frente de Acción Islámica).

El vicepresidente de dicho sindicato, Reda Ragab, condenó la actuación de la banda libanesa como “un escándalo contra nuestras tradiciones que está muy lejos del arte serio y con significado”. Mientras que la escritora Mona Eltahawy lamentó la persecución, tachando de “completamente ridículo” que se arreste a alguien por ondear una bandera o por su sexualidad.

Este 2 de enero ha saltado a la palestra informativa internacional la salida provisional de prisión bajo fianza de dos de las siete personas arrestadas en el citado concierto de Mashrou’ Leila en El Cairo: son Sarah Hejazy y Ahmed Alaa (de 28 y 21 años, respectivamente). Un tribunal egipcio ha autorizado la liberación, tras el depósito de 2.000 libras egipcias (algo más de 93 euros) como fianza.

De las 54 víctimas que siguen detenidas en Egipto por apoyar al colectivo LGTB, por su orientación sexual (real o percibida) o por su identidad de género, “varias de estas personas ya han sido declaradas culpables de los cargos y diez acusados en nueve casos han recibido sentencias de prisión duras, que van de uno a seis años”, explica la EIPR.

Si bien la homosexualidad no está explícitamente prohibida por la actual legislación egipcia (aunque podría llegar a cambiar, lo que la ONU ya ha condenado expresamente), las 54 personas que permanecen en prisión comparten supuestos cargos como la “indecencia o libertinaje”, la “conducta inmoral” o la “ofensa a los sentimientos religiosos”. Por su parte, la abogada Doaa Mostafa, que asistió a los interrogatorios de una de las chicas detenidas, ha explicado que lo más difícil no son las preguntas irrelevantes, sino saber que la víctima regresaría a una celda donde presuntamente fue agredida sexualmente.

El abogado de la Asociación para la Libertad de Pensamiento y Expresión, Ahmed Othman, también dijo hace unos meses que los interrogatorios se prolongan durante más de 10 horas. Al parecer, a los acusados se les pregunta acerca de sus puntos de vista religiosos y políticos. Además, les obligan a revelar las contraseñas de sus cuentas en redes sociales y les investigan sus mensajes.

Amnistía Internacional denuncia que algunos de los detenidos han sido sometidos a exámenes anales en contra de su voluntad. La ONU considera que este tipo de exámenes son “una forma de tortura”, así como “malos tratos prohibidos por el derecho internacional”. Human Rights Watch, por su parte, apunta que el Sindicato Médico Egipcio no ha tomado ninguna medida para evitar que los profesionales de la sanidad realicen estas degradantes pruebas, no consentidas por las víctimas de la represión LGTBfóbica ejercida por el Estado.

Egipto ha intensificado la LGTBfobia de Estado en 2017

El ya pasado 2017 no ha sido un buen año para en colectivo LGTB en Egipto. Este pasado año se ha producido una intensificación de la persecución LGTBfóbica de Estado: en octubre nos hacíamos eco de que, hasta ese momento 57 personas habían sido detenidas, básicamente, por su orientación sexual o identidad de género, así como por el mero apoyo a los derechos igualitarios (con los cargos oficiales anteriormente referidos).

De esas 57 detenciones, según EIPR, como decíamos, 54 todavía están en prisión (tras la liberación provisional de Sarah Hejazy y Ahmed Alaa). No obstante, hay que leer las cifras con precaución, pensando que la falta de transparencia de la administración y de la justicia de Egipto puede falsear la realidad y suponer, por lo tanto, un escoyo para esclarecer si hay otros casos ocultos por razones desconocidas e incluso por supuestos intereses de las élites.

En octubre de 2017 también conocíamos la noticia de que el Consejo Supremo para la Regulación de los Medios de Comunicación (SCMR) daba la orden para prohibir todas las formas de apoyo a la comunidad LGBT en los medios de comunicación egipcios. Desde abril del año pasado, por decreto del presidente Abdel Fatah al-Sisi, los medios de comunicación de este país están regulados por la referida organización, así como por la Autoridad Nacional de Prensa (NPA) y la Autoridad Nacional de Medios (NMA).

Makram Mohamed, responsable del SCMR, expresaba a raíz del concierto de Mashrou ‘Leila que la homosexualidad es una “enfermedad vergonzosa” y que no debería promoverse en los medios de comunicación. Y no solo eso, sino que en su opinión (formada por los prejuicios y su propia ignorancia) no se debe permitir que las personas LGTB se integren a menos que reciban tratamiento para mantener la moralidad pública.

Los antecedentes LGTBfóbicos ya eran preocupantes…

En abril de 2016 fueron condenados once hombres egipcios a penas que oscilaban entre los 3 y los 12 años de cárcel, acusados del delito de “libertinaje e incitación al libertinaje”, que es el cargo que se utiliza habitualmente en Egipto para detener y condenar a homosexuales. Las detenciones se llevaron a cabo en septiembre de 2015, fruto de unas redadas que formaban parte de una “campaña de moralidad” con motivo de la festividad que marca el fin del Ramadán.

Un año antes (abril de 2015) nos hacíamos eco de la nueva potestad que se arroga el Estado para deportar a extranjeros LGTB. Esta medida era ratificada por un tribunal que falló en favor de la decisión tomada por el Ministerio del Interior egipcio de extraditar y prohibirle la entrada al país a un ciudadano libio, por ser gay.

En junio de 2015, dábamos cuenta de la utilización que la “Policía de la Moralidad” hacía de apps de contacto para gais y redes sociales para engañar y detener a hombres homosexuales inocentes. La última víctima: un refugiado sirio que llegó a Egipto huyendo de las miserias y de la violencia de su país, para empezar una nueva vida, y que fue humillado, detenido y condenado a un año de prisión tras caer en una trampa policial.

Incluso algunos medios de comunicación se dedican a realizar “cacerías” contra homosexuales. Al Kahera Wal Nas emitía en diciembre de 2014 un reportaje de la denostada presentadora amarillista Mona Iraqi, que servía como excusa para detener a decenas de personas, vanagloriándose de la redada a una sauna gay de El Cairo (capital de Egipto). Un tribunal los absolvería a todos posteriormente. No obstante, siguió pesando sobre ellos otra condena que no se revoca: la estigmatización social. Un problema que a menudo deriva en violencia por parte de terceros o en intentos de suicidio. Uno de los detenidos en la sauna gay de El Cairo, por ejemplo, trató de quemarse vivo, tras difundirse las imágenes en televisión en las que se le reconocía.

En noviembre de 2014 nos hacíamos eco de la condena de un tribunal de Egipto a tres años de prisión para ocho hombres por aparecer en un vídeo en el que presuntamente se representaba la celebración de “la primera boda gay” de este país. Sin embargo, los ocho acusados habían negado los cargos que se les atribuían, así como que la controvertida boda fuese una ceremonia real, ya que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es posible en Egipto.

Ese mismo año, también informábamos de la sentencia de un tribunal egipcio que condenaba a cuatro hombres a varios años de prisión, por crear una supuesta red de prostitución homosexual, después de que la policía encontrase ropa de mujer y maquillaje en la casa de uno de ellos.

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Abdelfatah al Sisi, Ahmed Alaa, Ahmed Othman, Amnistía Internacional, Dima Tahboub, Discriminación, Doaa Mostafa, Egipto, El Cairo, Frente de Acción Islámica, Hamed Sinno, Homofobia, Human Rights Watch, Jordania, LGTBfobia, Makram Mohamed, Mashrou’ Leila, Mona Eltahawy, Mona Iraqi, Naciones Unidas, Partido al-Nour, Reda Ragab, Salafismo, Sarah Hejazy, Sarah Leah Whitson

Dos chicos son detenidos y torturados en la antigua república soviética de Uzbekistán por practicar sexo consentido en su propia casa.

La homosexualidad es ilegal en el país y se enfrentan a tres años de cárcel.

Una pareja del mismo sexo ha sido detenida y sometida a torturas anales en Uzbekistán por mantener relaciones consentidas. Ambos están unidos en una relación desde hace unos meses y, hasta su detención, convivían en un piso que habían alquilado en Taskent, la capital de este país de la antigua Unión Soviética. La policía ha confirmado que se les ha sometido a “pruebas” anales, una práctica que el derecho internacional califica de “tortura”. Se enfrentan a una pena de hasta tres años de cárcel. Nadezhda Atayeva, presidenta de la Asociación para los Derechos Humanos en Asia Central, ha dejado claro que “es inaceptable perseguir a la gente por el hecho de mantener relaciones consentidas con otras personas del mismo sexo”. Por otra parte, un tribunal de Moscú anunciaba hace unos días que mantiene la orden de deportación a Uzbekistán para el periodista gay Ali Ferouz, paralizada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Distintas organizaciones internacionales de derechos humanos exigen desde hace tiempo, y vuelven a hacerlo ahora, la derogación del artículo 120 del Código Penal de Uzbekistán, que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo. Según esta legislación discriminatoria, la policía uzbeka ha detenido a dos jóvenes de 20 años que estaban conviviendo e iniciando una relación estable en Taskent.

Ha sido un portavoz de este cuerpo el que ha confirmado el arresto, así como el sometimiento de las víctimas a “pruebas” anales para “determinar” si habían mantenido sexo entre ellos. Este tipo de exámenes están calificados como “tortura” por el derecho internacional y atentan contra los derechos humanos básicos. Un juez tendrá que decidir la pena para estos chicos, que puede alcanzar hasta los tres años de prisión. Pero su castigo se prolongará, con toda probabilidad, incluso después de la cárcel, debido al estigma social: se enfrentarán a abusos, vejaciones y discriminación social (actitudes permitidas por el Estado uzbeko y, por lo tanto, impunes en casi todos los casos).

“Es inaceptable perseguir a la gente por el hecho de mantener relaciones consentidas con otras personas del mismo sexo. Cada persona es libre de determinar sus propias relaciones. Este incidente no es más que un acto demostrativo de discriminación hacia la comunidad LGTB y refleja las políticas del régimen actual” de Uzbekistán, ha declarado Nadezhda Atayeva, presidenta de la Asociación para los Derechos Humanos en Asia Central.

El periodista gay Ali Ferouz espera el fallo de Estrasburgo

Rusia decretaba el pasado mes de agosto la expulsión del periodista abiertamente gay Ali Ferouz a Uzbekistán, como informaba dosmanzanas. Ali Ferouz, que en realidad es un pseudónimo profesional (su verdadero nombre es Khoudoberdi Nourmatov) es un periodista independiente, aunque desde hace algo más de un año trabaja de forma estable para Novaya Gazeta, un periódico ruso crítico con Vladimir Putin y comprometido con los derechos humanos (es el periódico que destapó, por ejemplo, la persecución a homosexuales en Chechenia).

Aunque nació en Rusia, país en el que su madre y hermanos residen legalmente y en el que él mismo vivió durante su infancia y adolescencia, tiene la nacionalidad uzbeka. En 2008 se instaló en Uzbekistán, pero no tardó en colocarse en el punto de mira de los servicios secretos de ese país, que llegaron a someterlo a tortura por negarse a colaborar con ellos. En 2009 volvió a Rusia. Allí ha continuado su labor de periodista y ha solicitado asilo político, que le ha sido denegado. De hecho, Ferouz ya sufrió una primera detención el pasado marzo, aunque en aquella ocasión pudo evitar la expulsión.

Pero en agosto fue arrestado durante un control policial en Moscú. Pocas horas después el juez ordenaba su expulsión inmediata a Uzbekistán. Tras escuchar la decisión, Ferouz intentó autolesionarse con un bolígrafo, aunque los agentes que lo custodiaban lo impidieron. Y es que Ferouz, abiertamente gay, activista en favor de los derechos humanos y muy crítico con el régimen uzbeko (que precisamente destaca por su poco respeto a los derechos humanos), está convencido de que será detenido y torturado en cuanto pise el país. “Prefiero morir antes que regresar a Uzbekistán”, decía entonces, en palabras que trasmitidas por Daniil Khaïmovitch, su abogado.

Hace unos días, un tribunal de Moscú reafirmaba el mantenimiento de la multa y la orden de deportación. Sin embargo, Rusia no puede hacer efectiva la expulsión hasta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos realice un dictamen oficial. Este tribunal con sede en Estrasburgo, hasta el que ha llegado el caso de Ferouz, mantiene paralizada la orden rusa y todavía no ha anunciado cuál será el sentido del fallo y, por consiguiente, el destino que tendrá que asumir el periodista gay en el punto de mira.

La LGTBfobia de Estado en Uzbekistán se mantiene de Karimov a Mirziyoyev

En febrero de 2016, Islom Karimov, entonces presidente de Uzbekistán, realizaba unas declaraciones cargadas de odio homófobo: “la homosexualidad es repugnante para los uzbekos”. Karimov también dijo que la homosexualidad es una manifestación “vulgar” de la cultura occidental, en un nuevo ataque contra las personas LGTB en este país de Asia Central. Otra de sus perlas fue asegurar que “cuando los hombres viven con hombres y mujeres viven con mujeres, creo que debe haber algo mal aquí”, una opinión que trataba de justificar con un dicho uzbeko: “cuando Dios quiere revelar la vulgaridad de alguien, primero le quita la razón”.

El caso es que, seis meses después de esta ristra de declaraciones homófobas, Karimov moría, víctima de una hemorragia cerebral. Karimov presidía Uzbekistán desde 1989 (cuando fue elegido primer secretario del Partido Comunista) y en las distintas elecciones celebradas tras la caída de la Unión Soviética ha sido reelegido con victorias aplastantes. Eso sí, todas ellas han sido cuestionadas por la comunidad internacional, que ha llegado a denunciar parcialidad e incluso fraude electoral. Su última elección fue en 2015 con un supuesto 90% de los sufragios a su favor (una vez más, criticado por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE).

Shavkat Mirziyoyev, actual presidente de Uzbekistán

Con la muerte de Karimov, siguiendo con los trámites que marca la legislación uzbeka, el presidente del Senado asumía la presidencia del país de forma interina. Le correspondió a Nigmatilla Yuldashev, que previamente había ejercido el cargo de ministro de Justicia entre 2011 y 2015. Pero su escaso peso político no le ayudaría a mantener la presidencia, que finalmente recaía en Shavkat Mirziyoyev en diciembre de 2016. Mirziyoyev fue el primer ministro de Islom Karimov.

El respeto a los derechos humanos del colectivo LGTB fue inexistente durante la presidencia de Karimov, al que varias organizaciones y medios han tildado durante años de “dictador”, pero los dos sucesores (Yuldashev y Mirziyoyev, este último en el cargo) estaban en puestos de responsabilidad durante sus últimos mandatos y participaron en la persecución LGTBfóbica de Estado o, cuanto menos, no la combatieron. Del mismo modo que no lo han hecho al asumir la presidencia, legitimando la discriminación y poniendo a Uzbekistán en el mapa de la vergüenza (al ser uno de los más de setenta países que siguen criminalizando la homosexualidad).

Fuente Gay Star News, vía Dosmanzanas, EstoyBailando

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Sólo dos meses han pasado desde que un grupo de jóvenes ondeara una bandera arco iris en un concierto de Mashrou’ Leila en El Cairo y la mayor persecución a las personas homosexuales en Egipto ya se ha saldado con una condena de tres años de cárcel y otros tres en libertad condicional para 16 de los 75 detenidos acusados de «promover la desviación sexual y el libertinaje».

Un tribunal de El Cairo condena a 3 años de cárcel y otros 3 de libertad condicional a 16 hombres después de declararlos culpables de «incitar al libertinaje» y de mantener «relaciones sexuales anormales» en la que es la mayor represión del colectivo LGBT en Egipto en más de una década y que se produce después de que un grupo de jóvenes izaran una bandera arco iris en un concierto de Mashrou’ Leila. Dos de los acusados se encuentran en libertad tras abonar una fianza de 5.000 libras egipcias, mientras está pendiente la apelación de uno de ellos.

«Estas sentencias golpean el corazón mismo del ser humano y son otro ejemplo de la persecución en curso contra las personas LGBTI y la mayor represión de los derechos humanos (…). Las autoridades egipcias deben anular las sentencias contra los 16 hombres de inmediato y liberarlos incondicionalmente», reclama Najia Bounaim, directora de campaña para África del Norte de Amnistía Internacional.

A pesar de que sólo un grupo de 10 de los arrestados estarían relacionados con el concierto de Mashrou’ Leila, las autoridades inician una campaña contra las personas homosexuales en las que detienen inicialmente a 33 personas, que ascenderían finalmente a un total de 75 personas que acusan de «promover la desviación sexual y el libertinaje». Al menos 5 de los detenidos habrían sometidos a exámenes anales.

Si bien no existen leyes contra la homosexualidad en Egipto, las personas homosexuales son a menudo víctimas de discriminación, siendo arrestadas con cargos de inmoralidad por las autoridades. Una situación de vulnerabilidad que se ha incrementado con la aprobación inmediata de una ley que prohibe a los medios de comunicación aludir de alguna manera al colectivo LGBT, siempre que no sea para demonizarlo, así como un grupo de 14 diputados a presentado un proyecto de ley para endurecer una persecución que la ONU ya ha condenado expresamente.

Si bien algunos recuerdan que se trata de la mayor represión contra los derechos del colectivo LGBT en Egipto desde 2001, cuando la policía de El Cairo arresta a 52 hombres en una redada a una discoteca flotante en el Nilo, lo cierto es que nunca han dejado de producirse situaciones similares, siendo los casos más notorios el arresto de un grupo de personas acusadas de asistir a una boda gay o una redada a una sauna.

Egipto: un país inseguro para oriundos y extranjeros

El propio Ministerio de Asuntos Exteriores de España, en su ficha de Egipto, “desaconseja que las mujeres viajen solas, sin agencia de viajes y/o fuera de los circuitos turísticos” y explica a continuación que “aunque la homosexualidad no está formalmente tipificada como delito, los actos homosexuales en público son ilegales y hay precedentes de homosexuales condenados a prisión por contravenir leyes de ‘decencia pública’”.

Efectivamente, aunque las relaciones homosexuales no son ilegales, sí están perseguidas socialmente y se castigan a través de otras figuras legales como la “indecencia o libertinaje”, la “conducta inmoral” o la “ofensa a los sentimientos religiosos”. Además, en abril de 2015 nos hacíamos eco de la nueva potestad que se arroga el Estado para deportar a extranjeros LGTB. Esta medida era ratificada por un tribunal que falló en favor de la decisión tomada por el Ministerio del Interior egipcio de extraditar y prohibirle la entrada al país a un ciudadano libio, por ser gay.

Como señalábamos anteriormente, en abril de este 2016 fueron condenados once hombres egipcios a penas que oscilaban entre los 3 y los 12 años de cárcel, acusados del delito de “libertinaje e incitación al libertinaje”, que es el cargo que se utiliza habitualmente en Egipto para detener y condenar a homosexuales. Las detenciones se llevaron a cabo en septiembre de 2015, fruto de unas redadas que formaban parte de una “campaña de moralidad” con motivo de la festividad que marca el fin del Ramadán.

En junio de 2015, dábamos cuenta de la utilización que la “Policía de la Moralidad” hacía de appsde contacto para gais y redes sociales para engañar y detener a hombres homosexuales inocentes. La última víctima: un refugiado sirio que llegó a Egipto huyendo de las miserias y de la violencia de su país, para empezar una nueva vida, y que fue humillado, detenido y condenado a un año de prisión tras caer en una trampa policial.

Incluso algunos medios de comunicación se dedican a realizar “cacerías” contra homosexuales. Al Kahera Wal Nas emitía en diciembre de 2014 un reportaje de la denostada presentadora amarillista Mona Iraqi, que servía como excusa para detener a decenas de personas, vanagloriándose de la redada a una sauna gay de El Cairo (capital de Egipto). Un tribunal los absolvería a todos posteriormente. No obstante, siguió pesando sobre ellos otra condena que no se revoca: la estigmatización social. Un problema que a menudo deriva en violencia por parte de terceros o en intentos de suicidio. Uno de los detenidos en la sauna gay de El Cairo, por ejemplo,trató de quemarse vivo, tras difundirse las imágenes en televisión en las que se le reconocía.

En noviembre de 2014 nos hacíamos eco de la condena de un tribunal de Egipto a tres años de prisión para ocho hombres por aparecer en un vídeo en el que presuntamente se representaba la celebración de “la primera boda gay” de este país. Sin embargo, los ocho acusados habían negado los cargos que se les atribuían, así como que la controvertida boda fuese una ceremonia real, ya que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es posible en Egipto.

Ese mismo año, también informábamos de la sentencia de un tribunal egipcio que condenaba a cuatro hombres a varios años de prisión, por crear una supuesta red de prostitución homosexual, después de que la policía encontrase ropa de mujer y maquillaje en la casa de uno de ellos.

Fuente Universogay/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Amnistía Internacional, Egipto, Homofobia/Transfobia, Islam, Mashrou’ Leila, Najia Bounaim

Lo anunciábamos el pasado mes, pero ampliamos la noticia:

De facto, la defensa pública de la diversidad sexual en Egipto ya está siendo perseguida de un tiempo a esta parte, aunque sin una legislación específicamente LGTBfóbica. Sin embargo, y por primera vez, este país del norte de África podría sacar adelante una ley que formalmente sirva para invisibilizar al colectivo LGTB, prohibiendo cualquier tipo de “propaganda”, y criminalizando las relaciones entre personas del mismo sexo (tanto femeninas como masculinas). El diputado egipcio Riad Abdul Sattar, de la formación liberal Egipcios Libres, ha presentado un proyecto de ley que se debatirá en próximas semanas y que ha sido firmado por 67 señorías. Para el promotor del texto, la homosexualidad sería “más peligrosa” que el terrorismo o la violencia, por lo que urge “poner fin a esas prácticas que conducen a la destrucción de la sociedad”. Amnistía Internacional denuncia que “se pretende fomentar el estigma, la humillación y el odio contra las personas debido a la orientación sexual que tengan o parezcan tener”.

Aumentan (todavía más) las alarmas de LGTBfobia de Estado en Egipto. A la persecución de cualquier atisbo de diversidad que ya sufre la población, se suma el intento de oficializar, a través de la ley, la criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo. Asimismo, el proyecto que abandera el diputado liberal Riad Abdul Sattar también pretende cerrar locales, prohibir reuniones, vetar cualquier apoyo al colectivo LGTB e impedir la “propaganda” en cualquier medio público (incluyendo las redes sociales).

Así reza el artículo 2 del borrador legislativo que ya han firmado, al menos, 67 diputados egipcios: “por cada dos o más personas, ya sean hombres o mujeres, que mantengan una relación sexual pervertida entre ellos, en cualquier lugar público o privado, la pena será de prisión por un período no inferior a un año y no superior a tres años, y en caso de reincidencia, la pena será de cinco años”.

Y no “solo” eso, sino que la responsabilidad penal también recaería en “cualquier persona que fomente las relaciones homosexuales, sea lo que sea, ya sea incitándolas o facilitándolas a otros, preparando un lugar para que se practiquen, o invitando a otros a los mismos, incluso si no las están practicando, se le impondrá pena de prisión por un período no inferior a un año y no superior a tres años, más el cierre de los locales. En caso de reincidencia, la pena será de cinco años de prisión”, establece el artículo 3 del proyecto de ley.

La “propaganda” LGTB también sería ilegal, a través de cualquier medio o plataforma, según dicta el artículo 4. Por lo que respectaría a la visibilidad, aparte de vetar cualquier tipo de publicación o aparición pública a favor de la diversidad, se velaría por “prohibir llevar cualquier signo o símbolo para homosexuales, así como fabricarlo, venderlo, comercializarlo o publicitarlo. El castigo para cualquiera que viole esto será la prisión por un período no menor de un año y no más de tres años”.

Con estas últimas medidas, si llega a aprobarse esta ley discriminativa, habría un respaldo legal para enjuiciar a cualquier persona simplemente por ondear banderas arcoíris. Recordemos que, como recogió dosmanzanas, en septiembre fueron detenidas siete personas durante un concierto de la banda Mashrou’ Leila en El Cairo por este motivo. Estas y otras detenciones, hasta el momento, se basan en la arbitraria y moralista acusación de “promover el libertinaje”.

El diputado liberal Riad Abdul Sattar, en calidad de promotor de esta propuesta legislativa, ha aseverado públicamente que la homosexualidad conduce a “la destrucción de la sociedad”, ya que es, en su ignorante opinión, “más peligrosa” que el terrorismo o la violencia. Najia Bounaim, directora de campañas de Amnistía Internacional para el norte de África, por su parte, ha puesto de manifiesto que “no solo se propone con este anteproyecto de ley penalizar las relaciones homosexuales, que ni siquiera deberían ser delito, sino que también se pretende fomentar el estigma, la humillación y el odio contra las personas debido a la orientación sexual que tengan o parezcan tener”.

Amnistía Internacional también ha hecho un contundente llamamiento a “los líderes del mundo, incluido el presidente francés, Emmanuel Macron, que recibió a su homólogo egipcio, Abdelfatah Al-Sisi, el mes pasado en el Elíseo”, ya que “deben alzar la voz para condenar esta represión homófoba. En vez de tender alfombras rojas para recibir al presidente egipcio en las capitales europeas y firma nuevos acuerdos, deben utilizar su influencia para garantizar que el Parlamento retira este anteproyecto de ley totalmente represivo”.

Egipto incrementa la escalada de LGTBfobia de Estado

La realidad demuestra que las administraciones y los políticos egipcios han acabado enterrando el espíritu democrático, humanitario y social que se reclamaba en la Primavera Árabe. El actual presidente de Egipto, Abdelfatah Al-Sisi, asumió el cargo en 2014, después de haber encabezado meses atrás un golpe de Estado contra Mohamed Morsi, de los llamados “Hermanos Musulmanes”. Desde entonces, lejos de implementar avances en materia de derechos humanos en el país, se están sucediendo los retrocesos. En concreto, el colectivo LGTB está siendo uno de los principales perjudicados, si bien no el único, y de manera más intensa a raíz del concierto de Mashrou’ Leila del pasado mes de septiembre.

A principios de octubre nos hacíamos eco de que Egipto intensificaba la persecución LGTBfóbica de Estado, deteniendo a 57 personas por su orientación sexual o identidad de género, además de otras víctimas que lo fueron solo por mostrar su apoyo al colectivo (independientemente de su sexualidad). Como decíamos en líneas anteriores, en este país las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo no están formalmente penalizadas. Por ello, a los detenidos se les suele imputar acusaciones tales como incitar al libertinaje, desviación sexual y violación de la moral pública. La Autoridad de Medicina Forense de Egipto también somete a los arrestados a exámenes anales forzados, tal y como están denunciando distintas organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Con estas tácticas decimonónicas, sin el respaldo de la comunidad forense y científica internacional, se trata de extraer “pruebas” de una supuesta “conducta homosexual”.

La ONU considera que este tipo de exámenes son “una forma de tortura”, así como “malos tratos prohibidos por el derecho internacional”. Human Rights Watch, por su parte, apunta que el Sindicato Médico Egipcio no ha tomado ninguna medida para evitar que los profesionales de la sanidad realicen estas degradantes pruebas, no consentidas por las víctimas de la represión LGTBfóbica ejercida por el Estado.

Desde octubre hasta hoy, según denuncia Amnistía Internacional, las detenciones LGTBfóbicas ya se habrían incrementado de 57 “a más de 70 personas”.

Odio y persecuciones al colectivo LGTB: una constante en los últimos años

En junio de 2015, dábamos cuenta de la utilización que la “Policía de la Moralidad” hacía de apps de contacto para gais y redes sociales para engañar y detener a hombres homosexuales inocentes. La última víctima: un refugiado sirio que llegó a Egipto huyendo de las miserias y de la violencia de su país, para empezar una nueva vida, y que fue humillado, detenido y condenado a un año de prisión tras caer en una trampa policial.

Incluso algunos medios de comunicación se dedican a realizar “cacerías” contra homosexuales. Al Kahera Wal Nas emitía en diciembre de 2014 un reportaje de la denostada presentadora amarillista Mona Iraqi, que servía como excusa para detener a decenas de personas, vanagloriándose de la redada a una sauna gay de El Cairo. Un tribunal los absolvería a todos posteriormente. No obstante, siguió pesando sobre ellos otra condena que no se revoca: la estigmatización social. Un problema que a menudo deriva en violencia por parte de terceros o en intentos de suicidio. Uno de los detenidos en la sauna gay de El Cairo, por ejemplo, trató de quemarse vivo, tras difundirse las imágenes en televisión en las que se le reconocía.

En noviembre de 2014 también nos hacíamos eco de la condena de un tribunal de Egipto a tres años de prisión para ocho hombres por aparecer en un vídeo en el que presuntamente se representaba la celebración de “la primera boda gay” de este país. Sin embargo, los ocho acusados habían negado los cargos que se les atribuían, así como que la controvertida boda fuese una ceremonia real, ya que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es posible en Egipto. Ese mismo año, también informábamos de la sentencia de un tribunal egipcio que condenaba a cuatro hombres a varios años de prisión, por crear una supuesta red de prostitución homosexual, después de que la policía encontrase ropa de mujer y maquillaje en la casa de uno de ellos.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Abdelfatah al Sisi, Ahmed Othman, Amnistía Internacional, Dima Tahboub, Discriminación, Egipcios Libres, Egipto, El Cairo, Frente de Acción Islámica, Hamed Sinno, Homofobia, Human Rights Watch, Jordania, LGTBfobia, Makram Mohamed, Mashrou’ Leila, Mona Eltahawy, Mona Iraqi, Naciones Unidas, Najia Bounaim, Partido al-Nour, Reda Ragab, Riad Abdul Sattar, Salafismo, Sarah Leah Whitson

Desde que se aplica la ley Sharia en la provincia de Aceh, habrían sido azotadas publicamente hasta 530 personas, por lo que Amnistía Internacional exige el fin de este «castigo degradante e inhumano», reclamando mayor presión por parte de la comunidad internacional para mejorar la situación del colectivo LGBT en Indonesia. 

«La flagelación pública y la criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo son violaciones flagrantes de las leyes internacionales de derechos humanos», declara Usman Hamid, director de Amnistía Internacional en Indonesia. Situada en el norte de Indonesia, la provincia de Aceh aplica por primera vez la ley Sharia en 2011, castigando el juego, el adulterio, la venta de alcohol y la penalización de las relaciones íntimas entre personas del mismo sexo, a pesar de que la homosexualidad no está penalizada en el país asiático. Desde octubre de 2015 se intensifican los castigos, ascendiendo ya a 530 las personas que han sido azotadas públicamente, por lo que Amnistía Internacional exige que se ponga fin al «castigo degradante e inhumano».

A principios de este años, una pareja era asaltada en la privacidad de su domicilio, siendo declarados culpables por un tribunal islámico de mantener relaciones homosexuales y condenados a recibir 85 bastonazos. «El azote de dos hombres homosexuales fue un espectáculo nauseabundo, llevado a cabo frente a más de 1000 espectadores que se burlaban de ellos en un acto de extrema crueldad», explica Hamid, aclarando que era la primera vez que personas homosexuales eran castigados de esta manera.

Dos semanas después de que el gobierno de Joko Widodo propusiera la eliminación del colectivo LGBT de los medios de comunicación, Rupert Colville, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, condenaba la persecución de homosexuales, bisexuales y transexuales en Indonesia. «Proponemos que las autoridades indonesias, especialmente el presidente Widodo y los líderes de Aceh, deroguen la ley que impone estos castigos, que constituyen un trato cruel, inhumano y degradante, y pueden constituir tortura (…). La comunidad internacional debe presionar a Indonesia para que cree un entorno más seguro para la comunidad LGBTI antes de que la situación se deteriore aún más», reclama Hamid.

Predominantemente musulmana, la provincia de Aceh, ubicada en el extremo norte de la isla de Sumatra, tiene un gobierno parcialmnte autónomo. Los estatutos de la Sharia se aplican a todos los ciudadanos residentes, así como a los turistas que visitan la provincia. «Las actitudes intolerantes continuas, incluidas las mayores protestas conservadoras musulmanas del año pasado, han mostrado un mayor conservadurismo (…). La discriminación contra el colectivo LGBTIQ ha aumentado y esta situación se ha visto alimentada durante el año pasado por una serie de declaraciones imprudentes, incendiarias e imprecisas hechas por funcionarios públicos, aparentemente bajo el pretexto de ‘defender la moral pública’» asegura Hamid.

Indonesia, un infierno para la diversidad LGTB

No se puede negar la belleza natural de Indonesia, un país de postal que oculta en su interior un infierno para la comunidad LGTB. Sin ir más lejos, el pasado mes de febrero  publicábamos un post recogiendo cómo la oleada de virulenta homofobia y transfobia se abre paso a un ritmo preocupante en Indonesia. Publicábamos entonces que políticos y líderes religiosos se turnan con declaraciones incendiarias que estigmatizan cada ver más a la población LGTB.

Recordemos que la provincia autónoma de Aceh (en la zona norte de Sumatra) aprobó en septiembre de 2014 una penosa ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de recibir cien azotes en público con una vara de ratán. La legislación entraba en vigor en octubre de 2015. Ese mismo mes nos hacíamos eco de la detención de dos jóvenes lesbianas (de 18 y 19 años) por abrazarse públicamente y confesar que eran pareja. Según el jefe de la policía islámica las chicas serían “sometidas a rehabilitación con la participación de psicólogos en dependencias sociales”.

Indonesia presenta una realidad muy diferente para su comunidad LGTB dependiendo de la región. Formalmente, la homosexualidad no es delito en el país con mayor número de fieles musulmanes del mundo, que mantiene un código penal heredado de la época colonial neerlandesa. La excepción es Aceh, donde desde 2005 rige la sharia o ley islámica gracias a la autonomía que le fue concedida al firmar la paz con los separatistas, poco después del tsunami que asoló la región. Pero la influencia islamista se deja sentir también en otros lugares de Indonesia. La de Aceh es desde luego la peor situación, puesto que como decíamos arriba la homosexualidad no es formalmente delito en el resto del país. Ello no significa que en otras partes sea buena. En 2004, las autoridades municipales de Palembang, en Sumatra Meridional, dictaron por ejemplo una regulación en la que aglutinaban la actividad de las personas LGTB como “prostitución”. En virtud de ese reglamento, todas las personas acusadas de cometer cualquiera de esas actividades se enfrentan a la perspectiva de un máximo de seis meses de prisión o 5.000.000 de rupias (360 euros, 380 dólares) de multa.

En otras zonas existe una actitud algo más tolerante, especialmente en zonas urbanas como Yakarta. Con todo, la influencia de los islamistas más radicales se hace sentir cada vez más. En la propia Yakarta, la capital, las autoridades prohibieron en 2012 un concierto de Lady Gaga,  abanderada de los derechos LGTB, por considerarla un personaje diabólico y antirreligioso.

Los fundamentalistas también han obligado a cancelar una reunión de la división asiática de la ILGA (International Lesbian and Gay Association) en Surabaya y han amenazado a los organizadores del Q! Film Festival, un festival de cine LGTB, por mencionar otros dos ejemplos. En marzo de 2015, el Consejo de Ulemas de Indonesia dictó una fetua en la que se exigía que los actos homosexuales sean castigados con la pena de muerte. Aunque el Consejo de Ulemas no tiene ningún poder legislativo o ejecutivo en Indonesia, su influencia social es elevada.

En el mes de octubre de 2016, informábamos de la detención de una pareja gay por subir a su cuenta de Facebook unas fotos besándose, junto con un mensaje de amor, que fue considerada por las autoridades como “pornografía”. A estos hechos se suman el veto de aspirantes LGTB a plazas públicas, el cierre de la única escuela para personas trans de Indonesia o la persecución de webs LGTB y apps de contactos gais.

Indonesia también votó el pasado 2014 en contra de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra la homofobia y la transfobia y ha sido calificado, por su propia población, como un mal lugar para vivir si eres gay o lesbiana (solo un 2% opina lo contrario) en una encuesta de Gallup.

 Deterioro preocupante de los derechos LGTB

Como decíamos antes, Indonesia presenta una realidad muy diferente para su comunidad LGTB dependiendo de la región. Formalmente, la homosexualidad no es delito en el país con mayor número de fieles musulmanes del mundo, que mantiene un código penal heredado de la época colonial neerlandesa. La excepción son las provincias autónomas de Aceh y Sumatra Meridional. Y así lo reconocía el presidente Joko Widodo, quien lejos de atajarla ha llegado a aprobar medidas discriminatorias, como confiscar preservativos, bloquear aplicaciones de citas entre personas del mismo sexo o autorizar formas de discriminación laboral, aparte de permitir las irresponsables declaraciones homofóbicas de políticos y alcaldes demonizando al colectivo LGBTy la radicalización de líderes religiosos que han llegado a fomentar el boicot a empresas internacionales que apoyan al colectivo LGBT.

Pero también en el resto del país la situación se está deteriorando. Ya lo recogíamos en febrero de 2016, cuando hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos. Hace pocas semanas, por ejemplo, la policía detenía en Yakarta, la capital, a 141 hombres por asistir a lo que las autoridades calificaron como “fiesta de sexo gay”, pese a que la homosexualidad no es allí ilegal. El portavoz de la policía aseveraba que los detenidos podrían ser acusados bajo las duras leyes contra la pornografía. Semanas antes, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una “fiesta gay” en Surabaya, la segunda ciudad del país. Y en Java Occidental, la provincia más poblada del país, el jefe de policía ha hecho público el plan de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB.

Y a finales de mayo se ejecutaba la condena a 85 bastonazos a una pareja descubierta manteniendo relaciones sexuales consentidas en la provincia de Aceh, donde sí se aplica la ley Sharia desde 2005. El Parlamento Europeo condenaba en febrero la discriminación de personas homosexuales, bisexuales y transexuales en Indonesia, cuya situación era comparada con Chechenia por Kimahli Powell, director ejecutivo de Rainbow Railroad, que ha contribuido, en colaboración del gobierno de Canadá, a la evacuación de muchos perseguidos por la purga de homosexuales liderada por Razam Kadyrov.

Fuente Universogay/Cristianos Gays

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Amnistía Internacional exige la abolición de la Ley de Propaganda Homosexual en base a la que un tribunal de Samara ha condenado a una activista a pagar una multa por unos enlaces relacionadso con el colectivo LGBT publicados en sus redes sociales.

Amnistía Internacional exige a las autoridades rusas la abolición de la Ley de Propaganda Homosexual, además de poner fin a la persecución de activistas de los derechos humanos, después de que este miércoles, 18 de octubre, un tribunal de Samara impusiera una multa a Evdokia Romanova tras declarada culpable del delito administrativo de «propaganda de relaciones sexuales no tradicionales entre menores que utilizan Internet», imponiéndole una multa de 50.000 rublos. La acusación se había construido en torno a unos enlaces de historias relacionadas con miembros del colectivo LGBT que habría publicado en diferentes redes sociales entre 2015 y 2016, incluyendo una artículo sobre el referéndum del matrimonio igualitario en Irlanda y un artículo sobre una exposición LGBTI en San Petersburgo.

Romanova es miembro activo de la rama local del movimiento LGBTI Avers, así como de la Coalición Juvenil de Derechos Sexuales y Reproductivos. El 26 de julio es citada en una comisaría de la policía local con el pretexto de que fuera testigo en un caso del que no tenía conocimiento. Un ardid para que acudiera voluntariamente a la oficina de policía donde se le informa de que se enfrenta a un procedimiento legal por distribuir «propaganda homosexual», aunque tanto a ella como a su abogado se les niega durante semanas el acceso a cualquier información sobre los motivos exactos que le habían llevado a estar acusada, que sólo conocen el día 5 de septiembre, días antes del comienzo del juicio.

El Centro de Policía para la Prevención del Extremismo ordena a un grupo de «expertos» el examen de un enlace que publicó en la página de la Coalición Juvenil para los Derechos Sexuales y Reproductivos, que exhortaba a activistas juveniles a hacer campaña por los derechos LGBTI. Su conclusión es que contienen «propaganda de relaciones sexuales no tradicionales», con el objetivo de «formar una orientación sexual no tradicional», según su opinión, haciéndole responsable de «crear una imagen atractiva de la orientación sexual no tradicional».

«He perdido la sensación de seguridad en este país. He estado recibiendo amenazas de personas que no conozco. Esta ley ha causado el aumento de crímenes de odio hacia personas LGBT en todo el país. Impide que las organizaciones LGBT brinden apoyo legal y psicológico a las personas jóvenes LGBT, que siguen marginadas y desprotegidas» declara Romanova. De la misma manera que Amnistía Internacional ha estado haciendo campaña para la abolición de la Ley de Propaganda Homosexual, aprobada en junio de 2013 por el gobierno de Vladimir Putin, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado esta ley que considera discriminatoria.

Fuente Universogay

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Grecia aprueba una Ley Trans que mejora sustancialmente el proceso legal para cambiar el nombre y el género en documentos oficiales pero no se rige por el principio de auto-determinación.

A pesar de no ser una ley perfecta los colectivos trans celebran su aprobación y lo consideran un paso adelante en una lucha que aún no ha terminado.

El Parlamento griego aprobó el martes una avanzada ley de identidad de género, la primera del país que despatologiza la realidad trans. El texto elimina la necesidad de tutela médica y de cualquier intervención quirúrgica, incluida la esterilización, para que los mayores de 17 años puedan obtener el reconocimiento legal de su identidad. Los jóvenes de entre 15 y 17 años sí necesitarán un informe psiquiátrico además del consentimiento paterno. Aunque no satisface la totalidad de sus reivindicaciones, los colectivos trans han saludado la nueva norma como un gran avance.

Durante décadas, numerosos países han obligado a las personas transexuales a someterse a procedimientos que conllevan directa o indirectamente la pérdida de la capacidad reproductiva como requisito previo a ver reconocida legalmente su identidad de género. De hecho, según un informe de Transgender Europe de noviembre de 2016, 21 estados europeos seguían haciéndolo a fecha de noviembre de 2016. La mayoría, del Este de Europa, pero también había algunos occidentales. Otros han eliminado ese requisito hace poco (Suecia, por ejemplo, no lo hizo hasta 2013, Noruega actualizó su ley en 2016 y Bélgica, en mayo de este año). Y no fue hasta 2014 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó esta práctica y pidió que todas aquellas legislaciones que obligan a este tipo de procedimientos sean revisadas. En la misma línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenaba hace unos meses a Francia por haber obligado a hacerlo (el país vecino, de hecho, modificó su legislación en 2016, eliminando dicho requisito, aunque sigue manteniendo el proceso en manos de los jueces).

Grecia se suma ahora a la lista de países que no solo eliminan ese requisito, sino que tampoco exigen ya la necesidad de un diagnóstico médico o psicológico de “disforia de género” o similar. La ley integra, en este sentido, el principio de autodeterminación de género, aunque solo para los mayores de 17 años. Para los jóvenes entre 15 y 17 años será necesario un informe psiquiátrico, además del consentimiento paterno. El texto ha recibido el apoyo de 171 diputados del Parlamento griego: de Syriza (impulsora del proyecto), sus socios de Anel y los centristas de To Potami. En contra han votado 128: la derecha de Nueva Democracia, los neonazis de Amanecer Dorado, los comunistas de KKE y la Unión de Centristas.

Pese a reconocer el indudable avance sobre la situación anterior, los colectivos LGTB consideran mejorable la nueva ley. Por ejemplo, en lo referente a la tutela médica y paterna en menores de edad. El asunto, de hecho, fue uno de los motivos esgrimidos por Nueva Democracia para oponerse en lugar de abstenerse, como habían anunciado en primer lugar. El principal partido de la oposición pretendía que el cambio del sexo legal no fuera posible bajo ninguna circunstancia antes de los 18 años.

Evelyne Paradis, directora ejecutiva de la ILGA afirma que : “Es progreso, pero no es perfecta. Hoy se ha dado un gran paso adelante, pero es una pena que ese paso no fuera uno hacia la total auto-determinación de todas las personas trans en Grecia.”  Y es que la nueva ley griega para las personas trans ha mejorado sustancialmente la realidad del colectivo, pero se ha quedado corta en varios aspectos (y en otros ha pasado a ser bastante estrambótica). Hasta la aprobación de esta nueva ley las personas trans que querían cambiar su género en los documentos oficiales tenían que pasar una evaluación psiquiátrica para acreditar un diagnóstico de disforia de género, tenían que someterse a una operación de reasignacion de sexo y se les exigía la esterilización.

Con esta nueva ley esas tres necesidades para que se reconozca su género percibido en los documentos oficiales de todos aquellos mayores de 17 años. Las personas trans entre los 17 y los 17 podrán acceder al proceso para cambiar el género en su documentación pero en esos casos sí hará falta la decisión de un grupo de doctores.

Pero hay dos cosas bastante absurdas en esta ley. Por un lado una persona trans que quiera cambiar su género oficialmente tendrá que estar soltera, lo que puede hacer que las personas trans que estén casadas tengan que divorciarse. Además la última palabra en el proceso la tendrá un juez, que decidirá si la expresión o presentación de género de la persona coincide con lo que quieren que ponga en sus documentos.

“Esta reforma es una victoria duramente conseguida por los y las activistas por los derechos trans en Grecia que han luchado por la igualdad de las personas trans durante años. Envía un mensaje claro de que nadie ha de verse obligado a pasar por procedimientos médicos para que se reconozca oficialmente quiénes son. Pero aunque se trata de una reforma histórica en la dirección correcta, la lucha aún no está del todo ganada“, han declarado desde Amnistía Internacional.

Otra de las insuficiencias es la exclusión de las personas migrantes en situación irregular y de los refugiados en la nueva ley. La nueva ley no reconoce el acceso al proceso de reconocimiento de género para personas trans refugiadas o inmigrantes y además deja muchas mejoras pendientes con respecto a los menores trans.

Por último, una enmienda para introducir una tercera opción de género junto a la de “masculino” y “femenino” en los documentos oficiales fue rechazada. Se trata de una medida que han adoptado países como Australia en 2011 o Canadá hace solo unas semanas. La posibilidad de registrarse bajo un tercer género o de no definir el género también ha sido regulada de diferentes formas en países como Alemania, la India o Nepal.

La comunidad trans del país ha celebrado la aprobación de la ley, aunque no ocultan su decepción pues se esperaba que se aprobara una primera versión del texto que reconocía el derecho de cualquier persona trans mayor de 15 años a cambiar su nombre y su género en los documentos oficiales con sólo una declaración y un proceso administrativo; pero finalmente se ha optado por un enfoque mucho más conservador y que sigue estigmatizando a las personas trans.

A pesar de eso el Primer Ministro griego, Alexis Tsipras, ha celebrado que la ley reconoce los derechos humanos básicos de “un segmento de la sociedad que ha sido marginado durante demasiado tiempo. Estamos con aquellos que no tienen voz o cuya voz está siendo acallada. Con los estigmatizados, con las minorías oprimidas, con las personas que viven cualquier tipo de desigualdad o aislamiento. Es a esas personas a las que queremos defender.”

Por delante de España

La nueva normativa coloca a Grecia por delante de España, cuya ley 3/2007 ha envejecido de forma prematura. De hecho, cada vez es más numeroso el grupo de países que ya han incorporado el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, además de los ya mencionados, de Irlanda y Dinamarca, en Europa. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente.

En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

En España seguimos a la espera de que el Parlamento decida dar el paso (el grupo socialista del Congreso registró en febrero una propuesta de actualización de la ley). Mientras tanto, sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.

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Hace solo unos días, nos hacíamos eco de la detención de siete personas en El Cairo por ondear banderas arcoíris durante un concierto de la banda libanesa Mashrou’ Leila. Ahora sabemos que la escalada de LGTBfobia de Estado en Egipto se extiende como una plaga entre las autoridades y las fuerzas de “seguridad” de este país transcontinental. Se está hablando de al menos 57 arrestados por su orientación sexual o su identidad de género. Pero también hay afectados heterosexuales que han visibilizado su apoyo a la igualdad de derechos del colectivo LGTB. Human Rights Watch asegura que este país debería centrarse en “mejorar su gravísimo historial de derechos humanos” y Amnistía Internacional denuncia que algunos de los detenidos han sido sometidos a exámenes anales en contra de su voluntad. Por otra parte, se acaba de prohibir la presencia LGTB y el apoyo al colectivo en los medios de comunicación.

Cada vez son más preocupantes las noticias que nos llegan desde Egipto en materia LGTB. El propio Estado está organizando una persecución planificada, cada vez más intensa, contra la diversidad de orientación sexual e identidad de género, pero también contra la visibilización de la igualdad de derechos LGTB e incluso contra personas que brindan apoyo a las reivindicaciones del colectivo. Según cifras oficiales, 57 personas habrían sido detenidas por estos motivos arbitrarios (22 de ellas solo en lo que llevamos de octubre). Sin embargo, el número de arrestados puede ser mayor, teniendo en cuenta los antecedentes, la poca transparencia y la escasa credibilidad de las autoridades en lo que se refiere al respeto de la diversidad sexual y de género.

Como venimos recogiendo en dosmanzanas en el seguimiento informativo de la realidad LGTB en Egipto, en este país las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo no están formalmente penalizadas. Por ello, a los detenidos se les suele imputar acusaciones tales como incitar al libertinaje, desviación sexual y violación de la moral pública. La Autoridad de Medicina Forense de Egipto también somete a los arrestados a exámenes anales forzados, tal y como están denunciando distintas organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Con estas tácticas decimonónicas, sin el respaldo de la comunidad forense y científica internacional, se trata de extraer “pruebas” de una supuesta “conducta homosexual”.

La ONU considera que este tipo de exámenes son “una forma de tortura”, así como “malos tratos prohibidos por el derecho internacional”. Human Rights Watch, por su parte, apunta que el Sindicato Médico Egipcio no ha tomado ninguna medida para evitar que los profesionales de la sanidad realicen estas degradantes pruebas, no consentidas por las víctimas de la represión LGTBfóbica ejercida por el Estado.

“Egipto debe dejar de dedicar recursos estatales a cazar a la gente por lo que supuestamente hacen en sus dormitorios o por expresarse en un concierto de rock y en su lugar debe centrar su energía en la mejora de su gravísimo historial de derechos humanos”, declara Sarah Leah Whitson, directora de Oriente Medio y del Norte de África de Human Rights Watch.

El abogado egipcio Ahmed Othman, miembro de la Asociación para la Libertad de Pensamiento y Expresión, ha denunciado que a los acusados también se les pregunta sobre sus puntos de vista religiosos y políticos. Además, las contraseñas de sus cuentas de redes sociales son recopiladas y se examinan sus mensajes en busca de pistas y de mayor información sobre sus actividades.

Respondiendo a las intransigentes peticiones de lobbies políticos y sociales LGTBfóbicos, el Sindicato de Profesiones Musicales egipcio impedirá a Mashrou ‘Leila actuar en Egipto nuevamente, después de la visibilización de banderas arcoíris y mensajes inclusivos durante su último concierto, celebrado el pasado 25 de septiembre. Como publicábamos estos días atrás, la banda, cuyo vocalista Hamed Sinno es abiertamente gay, ya fue vetada en Jordania tras una campaña promovida por Dima Tahboub, portavoz de Frente de Acción Islámica (la marca de los Hermanos Musulmanes en Jordania).

Egipto excluye a las personas LGTB de los medios de comunicación

El Consejo Supremo para la Regulación de los Medios de Comunicación (SCMR) ha dado a conocer una orden para prohibir todas las formas de apoyo a la comunidad LGBT en los medios de comunicación egipcios. Desde el pasado mes de abril, por decreto del presidente Abdel Fatah al-Sisi, los medios de comunicación de este país están regulados por la referida organización, así como por la Autoridad Nacional de Prensa (NPA) y la Autoridad Nacional de Medios (NMA).

Makram Mohamed, responsable del SCMR, ha expresado a raíz del concierto de Mashrou ‘Leila que la homosexualidad es una “enfermedad vergonzosa” y que no debería promoverse en los medios de comunicación. Y no solo eso, sino que en su opinión (formada por los prejuicios y su propia ignorancia) no se debe permitir que las personas LGTB se integren a menos que reciban tratamiento para mantener la moralidad pública.

Egipto: un país inseguro para oriundos y extranjeros

El propio Ministerio de Asuntos Exteriores de España, en su ficha de Egipto, “desaconseja que las mujeres viajen solas, sin agencia de viajes y/o fuera de los circuitos turísticos” y explica a continuación que “aunque la homosexualidad no está formalmente tipificada como delito, los actos homosexuales en público son ilegales y hay precedentes de homosexuales condenados a prisión por contravenir leyes de ‘decencia pública’”.

Efectivamente, aunque las relaciones homosexuales no son ilegales, sí están perseguidas socialmente y se castigan a través de otras figuras legales como la “indecencia o libertinaje”, la “conducta inmoral” o la “ofensa a los sentimientos religiosos”. Además, en abril de 2015 nos hacíamos eco de la nueva potestad que se arroga el Estado para deportar a extranjeros LGTB. Esta medida era ratificada por un tribunal que falló en favor de la decisión tomada por el Ministerio del Interior egipcio de extraditar y prohibirle la entrada al país a un ciudadano libio, por ser gay.

Como señalábamos anteriormente, en abril de este 2016 fueron condenados once hombres egipcios a penas que oscilaban entre los 3 y los 12 años de cárcel, acusados del delito de “libertinaje e incitación al libertinaje”, que es el cargo que se utiliza habitualmente en Egipto para detener y condenar a homosexuales. Las detenciones se llevaron a cabo en septiembre de 2015, fruto de unas redadas que formaban parte de una “campaña de moralidad” con motivo de la festividad que marca el fin del Ramadán.

En junio de 2015, dábamos cuenta de la utilización que la “Policía de la Moralidad” hacía de appsde contacto para gais y redes sociales para engañar y detener a hombres homosexuales inocentes. La última víctima: un refugiado sirio que llegó a Egipto huyendo de las miserias y de la violencia de su país, para empezar una nueva vida, y que fue humillado, detenido y condenado a un año de prisión tras caer en una trampa policial.

Incluso algunos medios de comunicación se dedican a realizar “cacerías” contra homosexuales. Al Kahera Wal Nas emitía en diciembre de 2014 un reportaje de la denostada presentadora amarillista Mona Iraqi, que servía como excusa para detener a decenas de personas, vanagloriándose de la redada a una sauna gay de El Cairo (capital de Egipto). Un tribunal los absolvería a todos posteriormente. No obstante, siguió pesando sobre ellos otra condena que no se revoca: la estigmatización social. Un problema que a menudo deriva en violencia por parte de terceros o en intentos de suicidio. Uno de los detenidos en la sauna gay de El Cairo, por ejemplo,trató de quemarse vivo, tras difundirse las imágenes en televisión en las que se le reconocía.

En noviembre de 2014 nos hacíamos eco de la condena de un tribunal de Egipto a tres años de prisión para ocho hombres por aparecer en un vídeo en el que presuntamente se representaba la celebración de “la primera boda gay” de este país. Sin embargo, los ocho acusados habían negado los cargos que se les atribuían, así como que la controvertida boda fuese una ceremonia real, ya que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es posible en Egipto.

Ese mismo año, también informábamos de la sentencia de un tribunal egipcio que condenaba a cuatro hombres a varios años de prisión, por crear una supuesta red de prostitución homosexual, después de que la policía encontrase ropa de mujer y maquillaje en la casa de uno de ellos.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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En la más reciente campaña contra las personas homosexuales, las autoridades de Egipcio arrestan en dos semanas a 33 personas que acusan de «promover la desviación sexual y el libertinaje» y someten a exámenes anales. 

El organismo que regula los medios de comunicación en Egipto ha prohibido emitir cualquier forma de apoyo a la comunidad LGTBI.

Los homosexuales solo podrán aparecer en los medios “para arrepentirse”.

Es una consecuencia más del acoso gubernamental contra el colectivo desde que se desplegaran banderas arcoíris en un conciero de Mashrou’ Leila.

Después de que los medios de comunicación locales lanzan una campaña sumamente crítica contra un grupo de personas que habían ondeado la bandera del arco iris en el concierto de Mashrou ‘Leila, una popular banda de rock alternativo libanesa cuyo cantante es abiertamente gay, el fiscal de El Cairo anuncia una investigación que se salda con la detención de 7 personas. Como consecuencia, también se activa una campaña de represión contra personas sospechosas de ser homosexuales que, por el momento, ya se ha saldado con 33 personas arrestadas, 22 sólo en los últimos 3 días.

La policía arrestaba el 25 de septiembre, a Ahmed Alaa y Sarah Hegazy, siendo esta la primera mujer involucrada en estas detenciones, según revela su abogado. Ambos son acusados de «unirse a un grupo formado en contra de la ley» y «propagar la idea de ese grupo». Hegazy se enfrenta a la acusación adicional de «promover la desviación sexual y el libertinaje», motivo por el que son retenidos durante 15 días según ha declarado su abogado, Amr Mohamed. Antes del concierto de Mashrou’ Leila, dos hombres habrían sido ya arrestados, siendo uno de ellos puesto en libertad.

El resto de las detenciones no están relacionadas con el incidente de la bandera, pero todas las detenciones se han producido por ser sospechosas de ser homosexuales, 10 arrestos se producen entre el 28 y el 30 de septiembre, y 6 más a principios de la semana pasada, siendo todos los sospechosos procesados por «promover la desviación sexual» y el «libertinaje», eufemismos para designar la homosexualidad, estando previsto que se dicte un veredicto el próximo 29 de octubre.

Las expectativas para salir libres son escasas, puesto que ya se habría condenado a un hombre a seis años de edad por cargos similares, a pesar de que la homosexualidad no está prohibida en Egipto, se trata de un país en el que la sociedad es fuertemente conservadora y la discriminación está a la orden del día. Las personas homosexuales son frecuentemente arrestadas y acusadas de libertinaje, inmoralidad o blasfemia, siendo sometidos a exámenes anales para determinar si han tenido relaciones entre personas del mismo sexo, una práctica considerada como tortura por Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Desde que se iniciara esta escalada homofóbica, las fuentes judiciales no ocultan que se han realizado hasta cinco exámenes de este tipo, aunque según ellos se hacen de manera legal y no son una forma de abuso. «En cuestión de días, las fuerzas de seguridad egipcias han reunido a decenas de personas y llevado a cabo cinco exámenes anales que indican una aguda escalada en los esfuerzos de las autoridades para perseguir e intimidar a los miembros de la comunidad LGBTI tras el incidente de la bandera arco iris», declara Najia Bounaim, director de campañas del Norte de África en Amnistía.

Aunque oficialmente la homosexualidad está despenalizada y no es motivo de arresto, en este momento se habla ya de 15 detenidos que se enfrentan a cargos de “depravación” y de “promover desviaciones sexuales en las redes sociales”.

Desde que se publicaron las fotos en las que se puede ver cómo algunos fans sacaron sus banderas arcoíris en el concierto, se ha desatado una auténtica histeria homófoba en el país y Amnistia Internacional denuncia que hay una operación orquestada de la policía para detener a personas del colectivo LGTB y que se obliga a las personas detenidas a pasar por exámenes anales que son usados como “pruebas” en su contra.  Aunque las autoridades niegan que haya ninguna operación en marcha, desde las asociaciones recomiendan ser especialmente cuidadosos, borrar las aplicaciones de contactos como Grindr y las fotos de los móviles, y no dejarse ver por las zonas de ambiente.

En el comunicado del CSRM se dice que la homosexualidad es una enfermedad vergonzosa de la que no se debe hacer promoción en los medios de comunicación, y que sólo se debe permitir la presencia de homosexuales en las emisiones si aparecen para “arrepentirse”

Según el presidente del CSRM Makram Mohamed Ahmed la homosexualidad entra en contradicción con la humanidad y las religiones y la obligación de los medios de comunicación es recalcar los daños derivados de difundir el fenónemo de la homosexualidad. También ha dicho que hay que proporcionar a los padres medios adecuados para educar a sus hijos (en la homofobia y el desprecio a los que no son, o aparentan al menos, ser heteros, se entiende)

Ya nos extrañaba que no tardara en aparecer la excusa de que había que proteger a la infancia del país para que no se ahomosexualizara como pretexto para justificar esta barbaridad que acaban de publicar en Egipto.  La justificación que dan sobre la difusión y promoción de la homosexualidad recuerda mucho a la que usaron en Rusia para aprobar su famosa ley. De hecho, en el escrito de la Fiscalía se asegura que los detenidos por ondear banderas LGTB en el  concierto estaban “promoviendo la homosexualidad ondeando una bandera que representa esa práctica anormal“.

Como os decíamos antes, en Egipto no es ilegal (teóricamente) ser homosexual y por eso la explicación oficial que han dado las autoridades es que los detenidos fueron vistos en posturas indecentes y que mediante gestos ofrecían sexo a otros hombres a cambio de dinero y que les habían encontrado alcohol y drogas. Es decir, justifican la detención diciendo que se trata de personas que estaban ejerciendo la prostitución. Esto, aparte de una excusa para justificar las redadas y darle un aire de legalidad a la operación (y otro día si queréis hablamos de que no todo lo que se hace de forma legal es irreprochable ni inocente, que parece que a más de uno hay que recordárselo), seguramente servirá a las autoridades para alimentar todavía más los prejuicios de una sociedad muy conservadora que ya tiene bastantes prejuicios encima y ve a los homosexuales como personas poco respetables.

Fuente | Europa Press, vía Universogay/EstoyBailando

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