Marcha del Trans Pride de 2019 en Dundee, Escocia (Stewart Kirby / SOPA Images / LightRocket / Getty)

El grupo internacional de derechos humanos Amnistía Internacional ha planteado “serias preocupaciones” sobre las actitudes hostiles hacia los derechos humanos en el Reino Unido, incluido el hecho de que el gobierno no haya reformado las leyes de reconocimiento de género y la “propagación transfóbica del miedo”.

La dura reprimenda del gobierno británico aparece en el informe anual de Amnistía sobre los derechos humanos en el mundo.

Las políticas sobre inmigración, vivienda y los esfuerzos actuales para restringir el derecho a protestar significan que el Reino Unido está “acelerando hacia el borde del precipicio” cuando se trata de defender y preservar la legislación de derechos humanos.

En su informe de 408 páginas, Amnistía también condena el fracaso del gobierno conservador en reformar la Ley de Reconocimiento de Género (GRA) en septiembre de 2020 como una medida que “no cumplió con las normas de derechos humanos”.

La GRA es la ley de 2004 que usan los hombres y mujeres trans adultos para obtener el reconocimiento legal de su género. Es ampliamente visto como obsoleto, demasiado burocrático, caro y excluyente de personas no binarias y menores de 18 años.

Una gran consulta sobre posibles reformas de la GRA atrajo más de 108.000 respuestas, con el 80 por ciento de los encuestados a favor de desmedicalizar el proceso de obtención de un certificado de reconocimiento de género, y las tres cuartas partes a favor de eliminar el requisito de que las personas trans proporcionar “evidencia” de vivir en el género elegido.

Pero al dejar de lado las reformas, la ministra conservadora para la mujer y la igualdad, Liz Truss, afirmó que “no era una prioridad” para las personas transgénero.

Además, Amnistía dijo que hay “una retórica transfóbica creciente y sembrado de miedo en los medios de comunicación” en el Reino Unido. “Durante años, el Reino Unido se ha estado moviendo en la dirección equivocada en materia de derechos humanos, pero ahora las cosas están empeorando a un ritmo acelerado”, dijo la directora británica de Amnistía Internacional, Kate Allen. “Habiendo cometido un error tras otro letal durante la pandemia, el gobierno ahora está tratando vergonzosamente de despojarnos de nuestro derecho a desafiar legalmente sus decisiones, sin importar cuán pobres sean”.

El informe también destaca el mal manejo de Gran Bretaña de la pandemia de coronavirus, los recientes ataques al derecho a protestar, la discriminación policial contra las comunidades negras y asiáticas y la reanudación del comercio de armas con Arabia Saudita.

“Sobre el derecho a protestar, sobre la Ley de Derechos Humanos, sobre la responsabilidad por las muertes por coronavirus, sobre el asilo, sobre la venta de armas o sobre el comercio con déspotas, estamos acelerando hacia el borde del precipicio”, dijo Allen. “Tenemos que detener esta precipitada prisa por abandonar nuestros derechos humanos”.

Fuente PinkNews

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Por Juliana Quintana, desde Asunción

Fotos: Jessie Insfrán

Kimberly Ayala juró como abogada a las 11 de la mañana en el Palacio de Justicia de Asunción. Presentó, por tercera vez, su pedido de juramento ante la Corte Suprema de Justicia y, luego de 5 años de haberse recibido de la facultad y de habérsele negado dos veces el derecho a jurar y acceder a su matrícula, en una fecha histórica, por fin, lanzó su birrete. Su logro representa un hito en el país por tratarse de la primera persona trans en convertirse en abogada.

Bajo la consigna “Birretes arriba por Kimberly”, distintas organizaciones se congregaron en la explanada del Palacio de Justicia de Asunción. Estuvieron presentes la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), Amnistía Internacional, Diversxs, la Red Paraguaya de la Diversidad Sexual (REPADIS),  Coalición TLGBI, Its Gets Better Paraguay y la Red Contra Toda Forma de Discriminación.

En 2015, Kimberly egresó de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional del Este (UNE). Obtuvo un promedio sobresaliente en su promoción y salió mejor alumna pero nunca pudo ejercer ante tribunales porque la justicia no reconocía su identidad de género. Aún así, ella está acostumbrada a luchar. Hace años que pertenece a la agrupación Diverses, de Hernandarias (su ciudad natal). De hecho, estuvo presente el año pasado cuando grupos antiderechos atacaron la marcha LGBT en el departamento de Alto Paraná.

Al poco tiempo de recibirse, Kimberly comenzó a gestionar sus documentos desde Hernandarias para jurar como abogada. Su prima, que trabaja en la Corte, trató de ayudarla a avanzar con el juramento pero no se lo permitieron porque su foto “no coincidía” con el nombre. Cuando Kimberly llamó por teléfono, le dijeron que para solucionar el problema debía sacarse una foto nueva.

“La persona que me atendió me dijo que me alce el cabello y me ponga corbata y maquillaje. Más todavía me molesté y le dije que yo no iba a someterme a eso porque es como negar mi identidad. Yo soy una mujer trans y ya hacía tiempo estaba viviendo como mujer trans. Esto es algo que yo ya formé, que ya es mío. Le dije que mi otra identidad quedó en el pasado”, contó Kimberly a Presentes. Pero no la dejaron jurar.

A partir de ahí empezó a buscar ayuda. Consiguió el acompañamiento legal de una abogada de Asunción que se acercó varias veces a la Corte Suprema. Como tampoco tuvo respuesta, acudió a la secretaría de género. Ellos se expidieron sobre el caso y derivaron a la plenaria de los ministros. “El presidente interino en aquel momento era muy conservador, entonces, las cosas no se desarrollaron. No recibí ninguna recomendación ni siquiera de la secretaría de género”, expresó la abogada.

No existía excusa para seguir demorando el juramento

La indignación la llevó a Kimberly a tomarse un tiempo del caso. Mientras tanto, trabajó en el área de marketing y también como peluquera. En el 2019 intervino el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales del Paraguay (INECIP), que lleva lleva causas sociales y presentó, por segunda vez, los documentos al Poder Judicial para su jura como abogada. Consiguieron hablar con un ministro que se mostró predispuesto a ayudarla, pero tampoco hubo respuesta.

Este año, Rosalía Vega, de Amnistía Internacional se enteró de lo ocurrido y se puso en contacto con Kimberly y Julia Cabello, abogada de la Codehupy, llevó su caso. Ambas trabajaron en conjunto para lograr que se cumpla con el derecho constitucional de Kimberly.

“No había un criterio legal para evitar que jure. Ella cumplió con todos los requisitos establecidos para que pueda matricularse y jurar como abogada. Nosotros, previendo cualquier situación, pedimos a la propia Corte Suprema de Justicia hace unos meses atrás, por acceso a la información pública, todas las resoluciones y requisitos para que una persona pueda realizar su juramento y matricularse como profesional del derecho. Esa información nos fue remitida por escrito por parte del Poder Judicial. Cualquier tipo de requisito adicional hubiera sido ilegal y arbitrario”, puntualizó Cabello.

Ella no pedía un cambio de nombre, solo pedía jurar con su imagen actual. Según contó Cabello, el dictamen de la secretaría de género de la Corte Suprema decía, entre otras cosas, que sería absurdo que la fotografía no se correspondiera con su imagen actual. Sobre todo, porque el departamento de identificaciones del Paraguay, el ente que pone el Estado paraguayo para determinar la identidad de las personas, le adjudicó la cédula de identidad de Kimberly con su nombre asignado al nacer y su imagen actual.

“Esto es muy importante porque va a sentar jurisprudencia, va a dejar un precedente de que sí podemos lograr lo que nos propongamos. Esto va a dar un panorama y un horizonte súper bueno a toda la población trans que siempre fue tan marginada y excluida. Vale la pena que las personas vean cómo esta sociedad nos cierra puertas y ventanas, inclusive cumpliendo con todos los requisitos que la sociedad te impone para ser un ciudadano. Y en este caso, no era nada más que por discriminación”, dijo Kimberly.

Sin avances en una ley de identidad de género

El presidente del Poder Judicial, Alberto Martínez Simón, en diálogo con una radio local, citó el artículo 25 de la Constitución Nacional. “Dice que cada persona puede manifestar y crear su propia identidad de la manera que libremente la quiera ejercer y por lo tanto una persona puede venir vestida de mujer si es que lo siente así. No encuentro ningún impedimento legal para negarle el derecho al juramento a una persona que ha concluido con el estudio de la carrera”, expresó el funcionario.

Kimberly junto a Yren Rotela

Sin embargo, hay nombres que todavía esperan el aval de la Corte. Yren Rotela y Mariana Sepúlveda, ambas activistas por los derechos de las personas trans, denunciaron que no hubo avances sobre sus cambios de nombre. En el caso de Mariana, tuvo que  atravesar por una pericia psicológica y luego del fallo de la jueza Karen Leticia González, que salió favorable a la Constitución y conforme al derecho internacional, la Cámara de Apelaciones sometió el caso a una opinión consultiva de la Corte.

El fallo fue apelado por la fiscala Sara González Valdez, quien alegó que la resolución de la magistrada viola el artículo 56 de la ley 1266/1987 del Registro Civil que establece: “El Oficial del Registro Civil no inscribirá nombres ridículos o que puedan inducir a error sobre sexo, ni más de tres nombres”. Si bien en Paraguay hoy no existe una ley que prohíba a una persona trans cambiar su nombre, aún no existe una ley de identidad de género que garantice este derecho.

“Mi transición fue durante mi quinto año de carrera. Todo el alumnado y los docentes de ese momento me acompañaron. Muchos me felicitaron. También hubo a quienes no les gustó pero, en general, el recibimiento fue muy bueno”, relata Kimberly. Ganó una beca para hacer una maestría en educación superior en Ciudad del Este, donde la reconocían con su nombre social.

“Yo sé que es difícil pedirles que se adapten al nuevo nombre, pero es tiempo de empezar ya en el país. No soy la única que está en la universidad. Yo sé que hay psicólogas trans, filósofas trans, otras chicas trans que ya terminaron su carrera, solo que ellas no tuvieron el problema que yo porque la carrera de derecho es súper machista”

El derecho al trabajo es para todas las personas, así como el de la libre expresión de la personalidad. “Somos el único país de la región que no tiene una ley contra toda forma de discriminación, y no por una ingenuidad de creer que una ley va a resolver el problema pero va a aportar decididamente en una sociedad un poco más consciente, más tolerante de los derechos. O sino hacemos agua de lo que dice nuestra propia constitución”, expuso Cabello.

Aunque la obligaron a jurar con su nombre asignado al nacer, Kimberly juró con un tapabocas que llevaba inscripto “Más amor, menos odio”. Su sueño es ocuparse de sus compañeras trans privadas de libertad y concursar para convertirse en jueza. “Este es un ejemplo de que sí se puede, siendo libre y expresando nuestra personalidad”, manifestó.

Fuente Agencia Presentes

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La activista bielorrusa por los derechos LGTBI+ Victoria Biran ha sido detenida y encarcelada por policías encapuchados mientras se dirigía a una de las marchas de mujeres contra Alexander Lukashenko. Amnistía Internacional reclama su liberación por ser una «presa de conciencia» y correr «especial peligro por malos tratos» al pertenecer al colectivo LGTBI.

Según señala Amnistía Internacional, el motivo del encarcelamiento de Biran fue muy posiblemente que esta portaba una bandera arcoíris mientras se dirigía a una marcha de mujeres en Minsk, la capital bielorrusa. Estas marchas pacíficas y multitudinarias de mujeres han supuesto una reacción ante la brutalidad con la que la policía había reprimido con anterioridad las convocatorias en las que participaban hombres de forma igualitaria o mayoritaria. Pese a ello, la policía bielorrusa ha llevado a cabo detenciones selectivas entre sus participantes.

La prensa internacional ha definido a a Biran como «posiblemente la activista LGTBI más brillante de su generación». Ahora Biran se encuentra privada de libertad tras ser condenada a 15 días de prisión en el centro de detención de la calle Akrestina, conocido por los opositores bielorrusos como sinónimo de tortura y otros malos tratos, incluyendo la violencia sexual, contra los detenidos. Amnistía Internacional ha puesto en marcha una campaña de difusión de este encarcelamiento y de recogida de firmas para pedir la liberación de la activista. También ILGA-Europa, organización paraguas que agrupa a decenas de asociaciones y colectivos LGTBI de todo el continente, se ha hecho eco de la campaña de Amnistía Internacional.

🏳️‍🌈 Belarusian LGBT+ activist Victoria Biran is at heightened risk of ill-treatment. She is a prisoner of conscience and must be released immediately! 🇧🇾 Join @Amnesty’s action to write a letter to the Prosecutor General of the Republic of Belarus 👉 https://t.co/BOUrJce63X pic.twitter.com/81ELFDPhq2

— ILGA-Europe (@ILGAEurope) October 7, 2020

El gobierno bielorruso de Aleksander Lukashenko se ha caracterizado en los últimos años por seguir la estela de Rusia en materia LGTBI+, lo que se traduce en privación de derechos básicos como el de asociación o la aplicación de políticas contra una supuesta «propaganda homosexual». Por otra parte, Lukashenko no ha dudado en azuzar el odio en sus discursos contra la comunidad LGTBI+. En este enlace podrás descubrir más atropellos contra la comunidad LGTBI+ en Bielorrusia que hemos recogido durante años en dosmanzanas.com. Un país en el que lla homosexualidad no es ilegal, pero cuyo gobierno ha planteado medidas como aumentar la edad para permitir las relaciones del mismo sexo de los 16 a los 18 años para complacer a los sectores religiosos más conservadores del país.

Las más recientes protestas en Bielorrusia, en las que han sido detenidos varios activistas y otras personas LGTBI+ del país, se originan tras el presunto fraude electoral cometido en las pasadas elecciones del 9 de agosto en las que Lukashenko fue reelegido tras 26 años en el poder por un 80% del electorado. Recordemos que las tres líderes de la oposición que se enfrentaron al mandatario lo hicieron tras la detención de sus maridos, los principales líderes opositores. Ahora ellas se encuentran en el exilio. Por hechos como este las mujeres han adquirido un papel principal en este proceso. La Unión Europea no reconoce estos resultados, la oposición bielorrusa se sigue manifestando contra Lukashenko y este se refugia en el amparo prestado por Vladimir Putin.

Fuente Dosmanzanas

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Comienza a debatirse el proyecto de ley de los conservadores islámicos que, entre otras barbaridades, obligaría a personas homosexuales y transgénero a someterse a un “exorcismo” para ser “rehabilitados”

Que la situación del colectivo LGTB+ en Indonesia lleva años siendo muy preocupante es algo que todos sabemos ya. Un exorcismo para que dejes de ser homosexual,  viene a ser lo mismo que aún se hace en países como Estados Unidos o España: una terapia de conversión.

En Indonesia no es ilegal ser homosexual salvo en la provincia de Aceh, un territorio autónomo que lleva ya tiempo persiguiendo al colectivo LGTB+. Pero el radicalismo en el país del mundo con más número de musulmanes se va extendiendo y el apoyo a la aplicación de la ley islámica es cada vez mayor en las encuestas. Como explica Andreas Harsono, investigador de la Human Rights Watch en el país, “la democratización del país, el asesinato de los comunistas hace unos años y la desaparición de algunas organizaciones que hacían de balanza al avance del islam han desaparecido“. Además la influencia de países como Arabia Saudí “que persiguen a la comunidad LGTBI” es cada vez más importante.

Este avance del radicalismo ha llevado a los conservadores islámicos a presentar hace unos meses un proyecto de ley llamado “Ley de Resiliencia Familiar” que tiene como objetivo que las familias sean “más fuertes y resilientes“. Una de las formas de conseguir eso, según esta panda de iluminados, es dejar claro que las tareas domésticas son obligación de la mujer.

Y otra de las formas de fortalecer a una familia es obligar a los miembros de la misma a denunciar a cualquier miembro de “orientación sexual desafiante” para que sea internado en un centro de rehabilitación. Donde se les someterá a un “exorcismo” y saldrán siendo igual de homosexuales, pero ahora torturados y con menos ganas de vivir.

“Se supone que la familia es el primer y más grande sistema de apoyo” explica Usman Hamid, director de Amnistía Internacional en Indonesia, “pero esto claramente contradice el espíritu de fortalecerla“. Porque nada une más a una familia que matar al primo maricón.

Hamid ha explicado a El País que, por ahora, no parece que el debate sobre la ley avance en el comité que se encarga de evaluarla, e incluso el portavoz adjunto de la Asamblea Consultiva del Pueblo ha solicitado su retirada. Entre otras cosas porque, si se aprueba, el país vulnerará sin miramientos un buen número de derechos humanos. Pero desde la Human Rights Watch creen que la ley saldrá adelante en 2021, puesto que se ha incluido en la lista de prioridades del Programa de Legislación Nacional.

Y es que, como explica Harsono de la HRW, en un país con más de 219 millones de musulmanes (un 84% de la población) las creencias tribales y chamanistas se han incorporado a la identidad cultural y por eso los exorcismos son “una práctica que está en aumento“; no solo para “rehabilitar” a personas LGTB+, sino que es habitual que se utilicen también en caso de enfermedad mental o para limpiar pueblos en los que han aparecido espíritus malvados.

La homosexualidad es legal en todas partes en Indonesia, excepto en Aceh, una provincia con cierta autonomía localizada en el extremo norte de la isla de Sumatra, donde rige la ley islámica y las relaciones sexuales con personas del mismo sexo son castigados con latigazos públicos. En 2018, la policía detuvo a un grupo de mujeres trans en esta misma región y las humilló públicamente cortándoles el pelo y obligándoles a vestirse con ropa masculina.

Más allá de Aceh, las encuestas de los últimos años indican que la intolerancia y el radicalismo están en aumento en toda Indonesia. Una proporción significativa de la población apoya la implementación de la ley islámica, la sharia, según una encuesta realizada en 2017 por el Instituto ISEAS-Yusof Ishak en Singapur. El 82% de los 1.620 encuestados también consideran que el uso del hiyab o el velo islámico es un signo importante de religiosidad para las mujeres. Según otra encuesta elaborada por una organización radicada en Yakarta el mismo año, uno de cada cinco estudiantes apoya el establecimiento de un califato.

En esta evolución han contribuido muchos factores. Harsono, de HRW, menciona como ejemplo “la democratización del país, el asesinato de los comunistas hace unos años y la desaparición de algunas organizaciones que hacían de balanza al avance del islam han desaparecido”. El investigador argumenta que, mientras tanto, “las influencias de los saudíes y de otras corrientes de oriente medio que persiguen a la comunidad LGTBI siguen creciendo”.

Las propuestas en el nuevo proyecto de ley están siendo combatidas por los defensores de los derechos humanos. Para Charles Santiago, miembro del Parlamento de Malasia y presidente del grupo Parlamentarios del Sudeste de Asia por los Derechos Humanos (APHR), se ha demostrado que estas supuestas terapias son extremadamente dañinas para las personas LGTBI, ya que están relacionadas “con la depresión, la ansiedad y el suicidio”.

Las personas LGTBI en Indonesia ya enfrentan una creciente persecución y odio; por lo tanto, la presentación de un proyecto de ley que legitima una mayor discriminación contra ellos “es una preocupación importante y puede aislar todavía más a la comunidad”, concluye Santiago.

Escalada de LGTBfobia de Estado en Indonesia

Hace casi un año, informábamos de la detención de  diez mujeres, acusadas de «conducta lésbica». Antes, recogíamos, precisamente, la detención de cuatro personas en Banda Aceh, a manos de patrullas ciudadadanas, acusadas de «practicar la homosexualidad»: tres varones y una mujer transexual, que se enfrentan a penas que incluyen los mencionados castigos físicos. A principios del 2018 recogíamos el descarnado caso de LGTBfobia de Estado en Indonesia. La policía de Aceh detuvo a doce mujeres trans, les afeitó el cabello y las obligó a vestirse como«hombres normales». En Aceh, desde 2005 rige la sharia o ley islámica gracias a la autonomía que le fue concedida al firmar la paz con los separatistas, poco después del tsunami que asoló la región. En septiembre de 2014, además se aprobó una terrible ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de recibir cien azotes en público con una vara de ratán. La legislación entraba en vigor en octubre de 2015 y fue aplicada, entre otras ocasiones, el pasado mes de mayo a dos jóvenes de 20 y 23 años. En el mismo mes de octubre de 2015 nos hacíamos eco de la detención de dos jóvenes lesbianas (de 18 y 19 años) por abrazarse públicamente y confesar que eran pareja. Según el jefe de la policía islámica las chicas serían “sometidas a rehabilitación con la participación de psicólogos en dependencias sociales”.

Indonesia también votó en 2014 en contra de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra la homofobia y la transfobia y ha sido calificado, por su propia población, como un mal lugar para vivir si eres gay o lesbiana (solo un 2% opina lo contrario) en una encuesta de Gallup.

En el mes de octubre de 2016, informábamos de la detención de una pareja gay por subir a su cuenta de Facebook unas fotos besándose, junto con un mensaje de amor, que fue considerada por las autoridades como “pornografía”. A estos hechos se suman un deterioro homófobo que reconocía el presidente Joko Widodo, quien lejos de atajarla ha llegado a aprobar medidas discriminatorias, como confiscar preservativos, o la persecución de webs LGTB, bloqueando aplicaciones de citas entre personas del mismo sexo o autorizar formas de discriminación laboralcon el veto de aspirantes LGTB a plazas públicas, el cierre de la única escuela y mezquita para personas trans de Indonesia, aparte de permitir las irresponsables declaraciones homofóbicas de políticos y alcaldes demonizando al colectivo LGBTy la radicalización de líderes religiosos que han llegado a fomentar el boicot a empresas internacionales que apoyan al colectivo LGBT.

En diciembre de 2017 nos hacíamos eco la condena de diez hombres a dos años de cárcel en Indonesia por participar en una supuesta «fiesta gay» en Yakarta, la capital de este país asiático. A diferencia de Aceh, en Yakarta las relaciones homosexuales no son ilegales, por lo que los detenidos fueron condenados por violar la ley contra la pornografía.

El hecho de que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente esta no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación que se vive hoy día en Indonesia. De hecho, solo en las provincias autónomas de Aceh y Sumatra Meridional, en las cuales se aplica la sharía o ley islámica (en Aceh a todos los ciudadanos, en Sumatra Meridional solo a los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría), las relaciones homosexuales son formalmente ilegales, castigándose incluso con castigos físicos.

Pero también en el resto del país la situación se está deteriorando. Ya lo recogíamos en febrero de 2016, cuando hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos. Desde entonces, por desgracia, no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. Un ejemplo es la redada de mayo de 2017 en el que la policía indonesia detenía en Yakarta a 141 hombres por asistir a lo que las autoridades han calificado como una supuesta “fiesta de sexo gay”, pese a que la homosexualidad no es ilegal en la capital y que desembocó en la citada condena de diez hombres, pero ha habido muchos otros. Días antes de aquella redada, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una «fiesta gay» en Surabaya, la segunda ciudad del país. En Java Occidental, la provincia más poblada de Indonesia, el jefe de policía hizo pública por su parte su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB. Y en octubre de 2017 tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres. Una estigmatización a la que también ha contribuido la decisión de la Asociación Psiquiátrica Indonesia de clasificar la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad como trastornos mentales.

Esta espantosa situación podría agravarse de prosperar la iniciativa legislativa que pretende castigar en todo el país las relaciones homosexuales con penas de hasta cinco años de prisión. Sin embargo, en diciembre también aludíamos al “respiro provisional” que había supuesto la decisión del Tribunal Constitucional de Indonesia de rechazar una propuesta de criminalización de las relaciones sexuales entre personas no casadas, cuyo objetivo principal no era otro que el de castigar por vía indirecta las relaciones homosexuales. Poco duraba el respiro, por desgracia.

Fuente El País/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Amnistía Internacional, Exorcismo, Homofobia/Transfobia, Indonesia, Islam, Rehabilitación, Usman Hamid

Solicita un apoyo más decidido por parte de las Administraciones

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) solicita una reforma de la Ley para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) de manera que blinde la educación en diversidad afectivo-sexual, familiar y de género en las aulas al convertirla en una materia transversal en distintas asignaturas y cursos con contenidos adaptados por edades.

Esta medida implicaría la implantación de ejercicios y ejemplos que contemplen la diversidad afectivo-sexual, familiar y de género en todas las asignaturas y cursos, la inclusión de la diversidad familiar en educación infantil o la atención a la diversidad sexual, de género y familiar en asignaturas como Conocimiento del Medio en educación primaria, entre otras medidas.

Además, la Federación solicita “un apoyo más decidido” por parte de las Administraciones para implementar las formaciones en diversidad afectivo-sexual, familiar y de género ya que, a pesar de estar recogido en diversas leyes vigentes en España y haber recibido recientemente un gran respaldo entre la comunidad docente y las asociaciones de familias, no se imparte de forma generalizada en los centros educativos por falta de recursos.

Así, Loren González, miembro de la Comisión Ejecutiva de FELGTB explica que, actualmente, “salvo en casos excepcionales de comunidades autónomas que cuentan con programas impulsados desde las consejerías de Educación, son las entidades LGTBI las que, gracias a su personal voluntario, ofrecen estas formaciones en los centros de enseñanza que lo solicitan y, en ocasiones, no consiguen llegar a atender todas las demandas”. “La responsabilidad no debería recaer en los centros, ni en el tercer sector, sino que se debería contar con medidas específicas impulsadas por las Administraciones que, de manera coordinada con las entidades LGTBI, garatizaran el cumplimiento de la ley”, asegura.

Por otra parte, añade que “aunque estas charlas o talleres son un complemento necesario para formar al alumnado en derechos humanos, la educación básica en valores de respeto, diversidad y resolución pacífica de conflictos debe estar contemplada en todos los centros de forma transversal”.

González recuerda que cada año se registran más de 600 incidencias de odio contra el colectivo LGTBI y que el 60% de los menores trans sufren transfobia en las aulas. “La educación es la única herramienta que nos permitirá crecer como sociedad en valores, respeto y convivencia”, declara.

No al veto parental

Para denunciar el veto parental impulsado por Vox, FELGTB ha organizado este jueves un acto al que se han sumado Amnistía Internacional, CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos), CCOO y la entidad madrileña, COGAM.

Durante su intervención, Carmen Morillas, miembro de la Junta Directiva de CEAPA, ha mostrado el absoluto rechazo de la Confederación al veto parental “ya que vulnera el derecho del alumnado a la educación”. “En los centros educativos de la Escuela Pública se debe formar e informar al alumnado de una manera integral cumpliendo la ley, la Constitución, la Convención de los Niños y los Derechos Humanos. Las familias y las escuelas somos pilares fundamentales y nuestros hijos e hijas no son de nuestra propiedad, son seres humanos con derechos. Libertad es educar en el respeto e igualdad.”

En este sentido, el responsable de Menores, Educación y Diversidad Afectivo-Sexual de Amnistía Internacional, Carlos Sanguino, ha explicado que la educación en diversidad afectivo-sexual, familias y de género “no es un invento de España”. “En la actualidad, hay alrededor de veinte países europeos que incluyen en su currículo asignaturas y programas sobre derechos humanos con normalidad. Además, el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y Naciones Unidas han pedido en repetidas ocasiones que estos contenidos aparezcan en el currículo”.

Por su parte, la secretaria de Política Social y Movimientos Sociales de la Confederación de CCOO, Paula Guisande, ha puesto que manifiesto que “estas iniciativas de la ultraderecha buscan el contagio al resto de la sociedad para cercenar el derecho fundamental a la educación de niños y niñas pero también poner en cuestión la profesionalidad de las personas docentes que cumplen la Ley”.

Asimismo, José Vela, técnico de educación de COGAM, ha explicado que los talleres sobre educación en diversidad afectivo-sexual, familiar y de género, “están destinados a prevenir todo el acoso y específicamente el causado por razones de #LGTBIfobia y fomentar la tolerancia”, y ha recalcado, que “todos los contenidos están recogidos en la LOMCE”.

Fuente FELGTB

General Ámbito educativo, Amnistía Internacional, Carlos Sanguino, Carmen Morillas, CC.OO., COGAM, Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), José Vela, Ley para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), Loren González, Paula Guisande, VOX

Las iglesias pro LGBT + en Irlanda del Norte han pedido que se les extienda el derecho a casar parejas del mismo sexo.

El matrimonio igualitario entró en vigor en Irlanda del Norte el 13 de enero de 2020, una vez que se han efectuado las reformas legales necesarias desde que comenzó el proceso de aprobación el pasado 21 de octubre. De esta manera, finalmente todos los territorios que componen el Reino Unido han establecido la igualdad legal para las parejas del mismo sexo, tras recorrer un largo y tortuoso camino lleno de obstáculos y utilización torticera de los acuerdos de paz por parte del LGTBfobo Partido Unionista Democrático (DUP) de Irlanda del Norte. Las primeras bodas tendrá lugar en el Día de San Valentín.

Sin embargo, las regulaciones iniciales extendidas a la región por el gobierno del Reino Unido no incluían el derecho de los grupos religiosos a celebrar bodas homosexuales, como pueden hacerlo en Inglaterra, Gales, Escocia y la República de Irlanda.

El gobierno del Reino Unido lanzó el lunes una consulta pública sobre el matrimonio religioso entre personas del mismo sexo en Irlanda del Norte para abordar la brecha.

Las iglesias en Irlanda del Norte “negaron el derecho legal” a casarse a las parejas homosexuales. Mientras que las principales denominaciones religiosas en Irlanda del Norte se oponen a las uniones entre personas del mismo sexo, grupos eclesiásticos más pequeños  afirman que las personas LGBT + buscan la igualdad.

El reverendo Chris Hudson,

El reverendo Chris Hudson, ministro de All Souls Church en Belfast, Segunda Congregación Presbiteriana,  fundada en 1708, dijo que las iglesias en Irlanda del Norte deberían tener la misma libertad para ofrecer o rechazar ofrecer bodas gay que existe en otras partes del Reino Unido.

El reverendo afirmó que : “Debería haber libertad de religión legalmente protegida para aquellas iglesias que desean ofrecer bodas a parejas del mismo sexo, así como para aquellos que no desean brindar este servicio a sus creyentes LGBT +. “Sin embargo, actualmente en Irlanda del Norte, ese es un derecho legal que actualmente se niega a las iglesias, ministros como yo y parejas de fe del mismo sexo, que desean celebrar su boda en un entorno religioso. El gobierno debe abordar esta clara desigualdad sin más demora”.

Patrick Corrigan, director de Amnistía Internacional para Irlanda del Norte, dijo que: “La libertad de religión es un derecho humano importante. La ley debería protegerla para todas las iglesias y personas de fe, ya sea que apoyen o se opongan al matrimonio entre personas del mismo sexo. La libertad de practicar la propia religión también debe significar permitir a otros el derecho a practicar la suya. Si una iglesia desea ofrecer bodas a parejas de fe del mismo sexo, entonces la ley no debe interferir. Del mismo modo, las iglesias que no desean ofrecer tales bodas no deben enfrentar ninguna obligación de hacerlo, eso debería ser simplemente un tema de debate interno y decisión dentro de la fe particular “.

El secretario del gobierno del Reino Unido en Irlanda del Norte, Julian Smith, dijo: “Ahora queremos asegurarnos de que los organismos religiosos puedan elegir si ofrecer o no matrimonio religioso entre personas del mismo sexo, y no discriminar ilegalmente si se niegan a solemnizar los matrimonios debido a la Sexo u orientación sexual de la pareja. Dichas protecciones ya están vigentes en el resto del Reino Unido. La consulta sobre estos temas nos permitirá comprender mejor las necesidades y preocupaciones particulares de la gente de Irlanda del Norte y adaptar las regulaciones en consecuencia. Presentaremos estas regulaciones lo antes posible en 2020 ”.

La consulta, que busca presentaciones de parejas del mismo sexo, grupos religiosos, grupos LGBT + y miembros del público, está abierta hasta el 23 de febrero. Las propuestas aclaran que los oficiantes “solo podrán solemnizar el matrimonio religioso entre personas del mismo sexo si la autoridad gobernante del cuerpo religioso al que pertenecen ha dado su consentimiento por escrito para el matrimonio entre personas del mismo sexo” y que los cuerpos religiosos “no pueden ser obligados por ninguna significa realizar matrimonios del mismo sexo o participar en matrimonios del mismo sexo ”.

La consulta deja en claro que la disposición que permite a los cuerpos religiosos optar por no participar en bodas gay “no se aplicará a los proveedores de servicios que no sean cuerpos religiosos, como hoteleros, fotógrafos de bodas y floristas“. Y agrega: “Esto está en línea con una ley de igualdad más amplia en Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido, que exige que los proveedores de servicios no discriminen por motivos de sexo u orientación sexual”.

Fuente PinkNews

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Ayer hablábamos del intento de lavado de cara por parte de Arabia Saudí… Hoy, conocemos que la cadena pública de televisión RTVE confirmo que renuncia a los derechos de emisión de la supercopa de España de Futbol planificada para ser disputada en Arabia Saudí el próximo Enero.

La cadena pública ha informado que su renuncia se debe a modo de protesta ante un país que incumple constantemente los derechos humanos, también han alegado razones económicas. Como se sabe RTVE, está apostando muy fuerte por la visibilidad del deporte femenino, sobre todo el fútbol femenino, y desgraciadamente Arabia Saudí es un país que no respeta los derechos humanos, en especial el de las mujeres y personas LGTBI.

Fuentes de RTVE han declarado: “Si en RTVE apostamos por el deporte femenino, ¿Qué hacemos en un país donde las mujeres son encarceladas por defender sus derechos?”, más claro no puede ser el mensaje.

En cuanto se supo la decisión del país donde se iba a disputar la supercopa de España, la Federación Española de Futbol, ha recibido cientos de mensajes en contra de esta decisión. A destacar el de Amnistía Internacional que le quiso recordar que el historial de vulneraciones de los derechos humanos en el país árabe, que incluye torturas y penas de muerte a todos aquellos que intentan luchar por sus derechos y libertades.

De hecho en Arabia Saudí, es uno de los siete países que siguen ejecutando a las personas homosexuales ‘por lapidación’ por ley.

Una monarquía teocrática implacable con el colectivo LGTB

Hay que tener en cuenta que, en Arabia Saudí, una monarquía absoluta y teocrática, no existe un Código Penal propiamente dicho, sino que la justicia se aplica en base a la interpretación que los jueces islámicos hacen de la sharía, que puede variar enormemente (entre otros factores, según la clase social y la nacionalidad del «culpable»: normalmente los castigos son mucho más duros para trabajadores inmigrantes de origen no occidental que para los miembros de las clases altas del país).

Por lo que se refiere a la esfera LGTB, las penas más elevadas, incluyendo la muerte —pero también la cárcel o castigos físicos, como los latigazos públicos— corresponden al mantenimiento de relaciones homosexuales. En caso de reincidencia la pena de muerte es aún más probable. Otro tipo de «ofensas» son castigadas de modo diverso.

Nos hemos hecho eco de algunos casos: en marzo de 2017, por ejemplo, informábamos de la detención de 35 ciudadanos paquistaníes por participar en una «fiesta para homosexuales». También dimos cuenta de la tortura y asesinado de dos mujeres transexuales por parte de la Policía de la Moral. En noviembre de 2014, recogíamos cómo un hombre era condenado a tres años de cárcel por publicar en redes sociales fotografías de sí mismo desnudo y su ofrecimiento para mantener relaciones con otros hombres. Meses antes, otro hombre era condenado también a tres años de cárcel y 450 latigazos por buscar contactos con otros hombres a través de Twitter. Meses antes, otro hombre era condenado también a tres años de cárcel y 450 latigazos por buscar contactos con otros hombres a través de Twitter. En junio de 2013, cinco hombres eran detenidos por participar supuestamente en una boda homosexual. En enero de 2012, en otro caso parecido, un hombre era arrestado por usar Facebook para establecer contacto. En octubre de 2011 eran detenidos 20 hombres durante una celebración. Un año antes era un ciudadano británico el que resultaba agredido y amenazado por la policía religiosa por su condición de gay.

Más allá de las condenas y arrestos, también nos hemos hecho eco de iniciativas que muestran la homofobia de estado en el país saudí: desde la intención de las autoridades de expulsar del sistema educativo a homosexuales y chicas de aspecto masculino hasta la oposición del gobierno al uso del dominio .gay en Internet, o, aún más grave, la iniciativa para castigar con la pena de muerte a quienes hagan pública su orientación sexual en redes sociales y medios.

Fuente Cromosomax/Cristianos Gays

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Por Juliana Quintana

Con piedras, gritos, insultos, cruces y rosarios, grupos antiderechos de Hernandarias violentaron ayer a activistas del colectivo LGBT convocades por la Segunda Marcha Diversxs Alto Paraná. Integrantes de Amnistía Internacional y Diversxs Asunción viajaron para apoyar la movilización que arrancó a las 15 horas. La concentración partió de la plaza Niño Jesús en dirección a un predio alquilado en la ciudad.

En el camino, detrás de una sábana blanca de 200 metros, distintos grupos autodenominados “provida y profamilia”, que triplicaban el número de les manifestantes, comenzaron a arrojarles piedras, cascotes y bombas 12×1 directamente al cuerpo. En las redes sociales, subían videos con epígrafes que decían: «tapamos la vergüenza de esta ciudad».

Nataly Cabañas (22), Marcos Rojas y un activista que prefirió proteger su identidad fueron les más afectades en el ataque. «Fuimos brutalmente violentades por ejercer nuestro derecho constitucional de manifestarnos y de reunirnos pacíficamente. A Marcos le dislocaron el tabique por un piedrazo que recibió en la cara. Responsabilizamos directamente al intendente Rubén Rojas por estos actos de violencia”, contó a Presentes Nataly Cabañas, que recibió una bomba en la pierna mientras cantaba con el megáfono.

Mientras Marcos fue trasladado al hospital distrital para el diagnóstico, pruebas y radiografías, a Nataly la atendió una ambulancia. Además, un hombre identificado como Javier Villasanti intentó atropellar a lxs manifestantes con una camioneta antes de que pudieran refugiarse en un local de la zona. Entre otras humillaciones a las que estuvieron expuestxs, un miembro “pro-vida” arrebató una de las banderas multicolores LGBT y la prendió fuego. Esto fue motivo de regocijo y diversión de los antiderechos.

“Había como dos patrulleras, al principio pero después iban llegando más personas que pertenecían a grupos fundamentalistas. Eran 150 personas. Nosotros tuvimos que llamar a agentes policiales que jamás aplicó el refuerzo que nosotros solicitábamos”, expresó Nataly. Cuando llegaron al predio, aguardaron tres horas a que lxs pase a buscar un bus que los trasladaría a la sede de Somos Gay en Ciudad del Este. Antes de irse, alcanzaron a hacer la denuncia en la subcomisaría 6ta del barrio Las Américas.

Ya el viernes, el intendente de Hernandarias Rubén Rojas (ANR) prohibió la marcha de los activistas LGBT de esta localidad mediante una resolución puesto que el municipio se declaró “pro vida y pro familia”. “Para nosotros esto fue incitado absolutamente por la resolución del intendente de Hernandarias y lo responsabilizamos directamente a él de haber generado toda esta turba de odio y de intolerancia hacia la comunidad GLTBI”, expresó Rosalía Vega, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Paraguay.

Sin embargo, este no es un hecho aislado. Desde el año 2015 en Paraguay, ciudades como las de Luque se pronunciaron “pro-vida, pro-familia” a partir del caso de Mainumby. A partir de allí, muchas otras ciudades adhirieron, hasta el propio Congreso Nacional. “Esto se acentúa por una falta de ley contra toda forma de discriminación en nuestro país. Imaginate que somos el único país en el Cono Sur que no tenemos una ley que permita que las personas afectadas acudan al Estado para justicia y reparación”, sigue Rosalía.

Desde Asunción, Amnistía Internacional se comunicó con el Ministerio del Interior para recibir refuerzos de la policía y agentes de Grupo Especial de Operaciones (GEO) porque no alcanzaba con la cantidad de policías de la ciudad. Consiguieron un bus para poder trasladar a los jóvenes que estaban acorralados para que se los lleve directamente hasta Ciudad del Este. Lxs activistas de Asunción volvieron en el colectivo de las 22 horas y los oriundos de Ciudad del Este se trasladan a sus hogares.

“Exigimos a la Fiscalía la investigación de los ataques violentos contra activistas LGBTI+. Responsabilizamos al intendente de Hernandarias, Rubén Amancio Rojas, por promover la violencia desatada por grupos autodenominados provida el día domingo 29 de septiembre contra activistas LGBTI+ que ejercían el derecho constitucional de libre expresión. Realizamos una denuncia internacional sobre la persecución que ejerce el Estado fomentando la discriminación entre paraguayos y paraguayas”, escribió Somos Gay, en un comunicado oficial.

Esta mañana, el jefe comunal en diálogo con 730 AM, justificó las agresiones que sufrieron los integrantes de la coalición LGBT porque “incitaron a la violencia con provocaciones”. Expresó que a él “Jesús le dio una misión en la Tierra” y que “en Asunción están permitiendo todo”. Además, dijo: “La educación que les dan ustedes (los asuncenos) les están volviendo todos maricones (a los estudiantes)”. “Alguien tiene que hacer algo, el mundo se va a terminar si seguimos así. Vamos contra las leyes de la naturaleza”.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Amnistía Internacional, Diversxs Asunción, Hernandarias, Homofobia/Transfobia, Javier Villasanti, Nataly Cabañas, Paraguay, Rubén Amancio Rojas, Rubén Rojas, Segunda Marcha Diversxs Alto Paraná, Somos Gay

Por Juliana Quintana

Fotos: Jess Insfrán y Calu Giardina

“Ñamopu’â sâso oñondivepa” (Construyamos libertad para todes) fue el lema de la 16° Marcha por los derechos TLGBI el sábado en Asunción. Se celebró homenajeando los 60 años de la “carta a un amoral” publicada en el diario El País el 30 de septiembre, un manifiesto que abrió la lucha pública por la diversidad sexual. Fue en plena dictadura y 10 años antes de Stonewall.

Más de mil personas salieron el sábado a las calles del centro de Asunción para celebrar la diversidad sexual. Pidieron el fin de los crímenes de odio contra personas lesbianas, gays, no binaries, travestis y trans.

La marcha partió a las 13 horas de la Escalinata de Antequera, un horario elegido precisamente para visibilizar al amor y a las familias en su diversidad a plena luz del día. Organizaciones trans como Panambi y Escalando encabezaron la manifestación. También estuvieron presentes la “tatucada” de Aireana, Diversxs, Amnistía internacional, y agrupaciones políticas como Fuerza Común, Convergencia, el partido de los trabajadores y el movimiento campesino.

“Yo creo que falta la libertad de ejercer el pensamiento crítico sin represiones. El lema de la marcha me representa porque incluye a toda la sociedad y expresa que no solamente las personas LGBT tienen problemas con la libertad en este país. Y si desde los movimientos LGBT podemos tener esa conciencia, tengo el presentimiento de que vamos a animar a gente que está en el clóset a salir, a sumarse y a tener una actitud política”, dijo a Presentes Brune Comas, performer y miembrx de la Coalición LGBT Paraguay.

Escalando preparó una cédula de identidad paraguaya tamaño humano para que les distintes activistas pudieran escribir sus nombres y sacarse fotos en demanda de una ley de identidad de género. La artista trans Yousi se vistió de luto y en su vestido cosió los nombres de las 61 personas trans asesinadas en transición democrática.

“Hoy queremos hacer presentes a las compañeras trans asesinadas porque todavía no tenemos ningún caso resuelto. Las compañeras que hacen calle son, principalmente, las que terminan siendo víctimas de transfemicidios. Queremos que nos den la oportunidad de tener un trabajo digno, porque la sociedad piensa que nosotras solo servimos para ejercer el trabajo sexual. Exigimos el cupo laboral trans y una ley contra toda forma de discriminación”, manifestó Yahaira López, presidenta de Escalando Paraguay.

Camino a la Plaza O’Leary (ubicada en la calle Palma e/ Independencia Nacional y Nuestra Sra. de la Asunción), las voces cantaban al unísono “señor, señora, no sea indiferente, se matan a travestis en la cara de la gente” y lxs vecinxs, curiosxs, se asomaban a los balcones para ver qué ocurría.

David Amado dirigió una intervención artística titulada Profundamente protagonizada por les performers Alejandra Martínez, Yams Morel, Rose Colman y Rocio Delgado. “En muchas de nuestras infancias estuvo presente mucho miedo y confusión por ser quienes somos. Hoy podemos ser libremente y sin miedo. Saltar en la cama elástica, tirarnos de panza, gritar el nombre de un amante mientras volamos con un salto. Quise que nos divirtiésemos desde lo que nos mueve más profundamente”, expuso Amado.

“Hace tiempo desde Aireana venimos batallando por un espacio feminista lésbico diverso y para mí, que soy una joven lesbiana, me siento a gusto. Hay demasiada sororidad con las compas y luchar con ellas desde este espacio, este lugar y este cuerpo, para mí, es lo justo y necesario”, contó Lía Benítez Flecha, de Aireana y expresó su preocupación hacia las lesbianas privadas de libertad que no pueden acceder a visitas íntimas.

“Marchamos hace 16 años para dejar de ser ciudadanos de segunda categoría, de que este estado fascista nos reconozca como sujetos de derechos. Tienen que parar los crímenes de odio hacia el colectivo TLGBI”, refirió Edu Barreto, autor del poemario Primera piedra, (poesía gay bajo el agua).

El festival de la Plaza O’leary estuvo a cargo de las artistas drag Envidia Metenés, Lalita y Héctor Ariel. Arrancó con un show de “cabaret trans”, seguido por TrepaTrape. También se contó con la participación artística del reconocido actor Silvio Rodas, un show de stand up de Sonia Moura y cerró con Dj Lilo. Hubo telas, música y expresión corporal para celebrar y reivindicar los derechos TLGBI.

Prohibición y violencia en Hernandarias

El intendente de Hernandarias Rubén Rojas, mediante una resolución que dio a conocer el viernes, prohibió la marcha de los activistas LGBT de esta localidad. Argumentó que el municipio es “protector de los derechos de la vida y la familia”, y que “no permitiría la realización de la movilización” de la comunidad TLGBI.

Comentó que en su municipio no está permitido predicar “la desobediencia contra la ciudad pro vida y pro familia”, y alegó que nadie puede ir contra lo que establece la ley. “Yo no puedo permitir que vengan por la calle actuando inmoralmente”, dijo a la prensa local.

Sin embargo, las autoridades de la Policía y de la Fiscalía no impidieron la marcha LGTB convocada para este domingo, en la plaza del barrio Niño Jesús. El evento se llevó a cabo desde las 15:00 y terminó con ataques violentos de grupos antiderechos.

60 años de la “Carta a un amoral”

(Pincha en la foto para ampliarla)

El 1 de septiembre de 1959, el conocido locutor, Bernardo Aranda, de Radio Comuneros, apareció quemado en su habitación de Barrio Obrero, Asunción. La prensa rotuló el caso como un «crimen pasional entre homosexuales». La búsqueda de los presuntos asesinos desató una cacería de brujas contra cualquier hombre acusado de ser gay.

Durante 10 años, la policía llevó adelante redadas a opositores y a espacios de entretenimiento vinculados a la comunidad gay. Arrestaba en la calle, torturaba en las comisarías y la prensa se hacía eco de la discriminación.

El 12 de septiembre, el diario paraguayo El País, afín a la dictadura, abrió su edición con el siguiente titular: «108 Personas de Dudosa Conducta Moral Están Siendo Interrogadas. Intensa Acción Policial. Esperan Resultados». Fue la primera vez que apareció el número 108 asociado a la homosexualidad, según demuestran los archivos, recortes de periódico y documentos que componen la investigación realizada por el abogado paraguayo Erwing Augsten.

Días después, el periódico publicó el listado completo de los detenidos, a los que acusaba de tener una «conducta amoral». Desde entonces, el 108 dejó de aparecer en los números de las habitaciones de algunos hoteles y casas paraguayas, de los autos e, incluso, de las listas de alumnos en los centros escolares.

El 30 de septiembre de 1959 el editor de El País permitió la publicación de un texto titulado Carta de un amoral. «Nosotros seguimos una vocación que es tan antigua como la propia humanidad, y en este siglo de consagración de todos los derechos humanos nadie puede negarnos el derecho de hacer de nosotros mismos, de nuestro continente físico, lo que queremos, sin incomodar a los otros que no quieran hacer lo mismo», dice la carta anónima.

Es por eso que, todos los años, continuando con la historia de luchas y memorias de resistencia en el país, el 30 de septiembre se conmemora el derecho de las personas TLGBI en Paraguay. Esta carta es reivindicada por las organizaciones TLGBI de Paraguay como la primera manifestación pública por la libertad sexual conocida en el país, incluso 10 años antes de los disturbios de Stonewall (New York, EEUU, 1969).

Fuente Agencia Presentes

General, Historia LGTBI 16° Marcha por los derechos TLGBI, Aireana, Alejandra Martínez, Amnistía Internacional, Asunción, Bernardo Aranda, Brune Comas, Carta a un amoral, Coalición LGBT Paraguay, Convergencia, David Amado, Diversxs, Edu Barreto, Envidia Metenés, Erwing Augsten, Escalando, Fuerza Común, Héctor Ariel, Hernandarias, Lalita, Lía Benítez Flecha, Movimiento campesino, Panambi, Paraguay, Partido de los Trabajadores, Radio Comuneros, Rocio Delgado, Rose Colman, Rubén Rojas, Silvio Rodas, Sonia Moura, Yahaira López, Yams Morel

Por Paula Rosales

Activistas LGBTI rechazaron el acuerdo que suscribieron los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador para convertir al país centroamericano en un “tercer país seguro” para tramitar solicitudes de asilo. Según las organizaciones de derechos humanos, en El Salvador no existen las condiciones para desarrollarlo. El acuerdo se firmó el viernes por presión del presidente estadounidense Donald Trump, después que miles de centroamericanos desbordaran la frontera sur buscando entrar al país del norte.

Karla Guevara, directora del Colectivo Alejandría, lamentó que el gobierno de El Salvador aduzca que tenga la capacidad de recibir a migrantes de diferentes países de la región y que intentan llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Considera que no se les podrá brindar las protecciones mínimas, ni proveerles empleo y ni garantías básicas de supervivencia.

“Es una situación bastante grave como pasaría en cualquiera de los países del Triángulo Norte, especialmente a las poblaciones LGBTI y que es la población que mas sufre desplazamiento forzado porque no existen condiciones sociales y económicas en nuestros países de origen”, dijo Karla Guevara a Presentes.

De acuerdo a Bianka Rodríguez, directora de la asociación trans Comcavis, este acuerdo pone en riesgo a las personas trans que sufren desplazamiento forzoso en El Salvador por causa de la violencia.

“Las personas LGBTI se verán afectadas porque desde este momento las personas LGBTI no podrán visibilizar la persecución que sufren ni la falta de garantía a sus derechos”, expresó Bianka a Presentes.

Decenas de personas de la población LGBTI salvadoreña sufren a diario amenazas, discriminación y persecución por lo que se ven obligados a emigrar irregularmente o solicitar asilo en otras naciones, principalmente en los Estados Unidos.

Bianka considera que El Salvador no tiene la capacidad para recibir a migrantes que intentan obtener asilo en Estados Unidos.

“(El Salvador) no puede solucionar la problemática de migración y de desplazamiento forzado de sus mismos ciudadanos. Es inviable que se convierta en un tercer país seguro”, expresó.

Pese a que las autoridades no dieron detalles, este acuerdo obligará a la nación centroamericana a recibir a los inmigrantes que quieran solicitar asilo en Estados Unidos.

“Parte de este acuerdo es sobre asilo. Un potencial uso del acuerdo es que las personas que cruzan por El Salvador deberían poder pedir protecciones ahí. Queremos hacer cumplir la integridad de ese proceso en toda la región pero es una parte más amplia de nuestra alianza para tratar los lujos migratorios en Centroamérica”, dijo a la prensa el secretario de Seguridad Nacional en funciones de Estados Unidos, Kevin McAleenan.

Según datos oficiales, por el territorio salvadoreño transitan ciudadanos nicaragüenses, hondureños, colombianos, venezolanos, cubanos y africanos que buscan llegar a los Estados Unidos.

Unos 17.000 salvadoreños han sido deportados desde los Estados Unidos desde octubre de 2018 hasta la fecha, según cifras del gobierno norteamericano.

“Estados Unidos es el único país que nos ofrece a la población LGBTI condiciones que no nos ofrecen nuestros países de origen”, recalcó Karla.

Por su parte Charanya Krishnaswami, directora de defensa para las Américas de Amnistía Internacional Estados Unidos, condenó el pacto alcanzado y considera que es una “burla” del derecho de asilo.

“El Salvador tiene una de las tasas de violencia más altas del mundo, incluida la violencia de género, tan rampante que Amnistía Internacional lo declaró uno de los países más peligrosos del mundo para ser mujer. No es seguro para sus propios ciudadanos, y mucho menos para los solicitantes de asilo”, expresó Krishnaswami en un comunicado.

El Salvador registro una tasa de 51 por cada 100.000 en 2018, una de las más altas del mundo, según Naciones Unidas. Más de 600 mujeres trans han sido asesinadas desde 1992.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Amnistía Internacional, Bianka Rodríguez, Charanya Krishnaswami, Colectivo Alejandría, Comcavis, EE.UU., El Salvador, Karla Guevara, Kevin McAleenan, Latinoamérica, Refugiados LGTBI

Foto: Plumas Atómicas

La situación que enfrenta Yucatán en cuanto al matrimonio igualitario es complicada. Esto es lo que está pasando en la entidad.

La lucha por la igualdad y el pleno respeto a los derechos de toda la población es un trabajo constante. En este año se ha rechazado en dos ocasiones la aprobación del matrimonio igualitario en Yucatán. Por esta razón, diversas organizaciones y activistas se han unido en un frente en contra de la discriminación en la entidad. Algunos de ellos son It Gets Better México, Colectivo para la protección de todas las familias de Yucatán, Igualdad sustantiva, Grupo local de activismo de Amnistía Internacional en Yucatán, entre otros.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha manifestado que las leyes que definan al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer son discriminatorias. No obstante, algunos estados continúan haciendo caso omiso a esta postura de la Corte. A raíz de esto, defensores de los derechos humanos han tomado cartas en el asunto.

Alex Orué es activista LGBT+ y director de It Gets Better México, él habló en exclusiva con Homosensual sobre las acciones que se han tomado contra los artífices del rechazo a las uniones entre personas del mismo sexo.

Los activistas y las organizaciones han interpuesto tres amparos en contra del Congreso de Yucatán por los resultados y métodos utilizados a la hora de votar la iniciativa del matrimonio igualitario. La primera de estas denuncias fue por el rechazo al matrimonio igualitario en la sesión parlamentaria del 10 de abril. Y la segunda fue por haber hecho la votación de forma secreta, con lo que los diputados evadieron su responsabilidad legislativa.

Asimismo, el 15 de julio se volvió a votar la iniciativa que permitiría aprobar el matrimonio igualitario en la entidad. Sin embargo, la propuesta fue rechazada y se desechó de la agenda legislativa. Por esta razón, los activistas también presentaron un amparo en contra de la Mesa Directiva del Congreso y su presidente, Enrique Castillo Ruz.

Por el momento estas agrupaciones se encuentran a la espera de una resolución favorable a los amparos. Con ello se podría repetir la votación en el Congreso de Yucatán, pero esta vez con un método transparente.

Un llamado a la sociedad y autoridades

Finalmente, Alex Orué comentó que esto es un llamado a la sociedad para seguir alzando la voz a favor de los derechos humanos y en contra de la discriminación. Sumado a ello, la discusión no debe quedarse en el umbral de las redes sociales, sino que debe trascender y discutirse en los diversos círculos sociales.

«Todos tenemos la oportunidad de hacer algo, más allá de recabar firmas».

Aunado a ello, Alex Orué hizo un llamado a las autoridades para que sean congruentes con lo que dicta la Constitución Mexicana. Él agregó que el poder ejecutivo de Yucatán debe acatar las leyes, pues aparte de no pronunciarse sobre este tema, firmó en campaña la agenda antiderechos del Frente Nazional por la Familia. Asimismo, instruyó a su bancada en el Congreso estatal para que bloqueara la iniciativa.

«Legalidad y reconocimiento a los derechos humanos es lo que se pide, de lo contrario nos encargaremos de que sus posturas antiderechos sean su legado».

Homosensual agradece a Alex Orué por su aportación para escribir este artículo.

Fuente SoyHomosensual

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Alex Orué, Amnistía Internacional, Colectivo para la protección de todas las familias de Yucatán, Frente Nacional por la Familia, Homofobia/Transfobia, Igualdad sustantiva, It Gets Better México, Matrimonio igualitario, México, Yucatán

La historia se repite en Turquía. Por quinto año consecutivo, las autoridades dependientes del Gobierno de Erdoğan han reprimido violentamente la celebración del Orgullo LGTB de Estambul. Los activistas desafiaron la prohibición decretada hace unas semanas y desfilaron por la ciudad, ondeando banderas arco iris y trans, después de la lectura autorizada de un manifiesto. Se encontraron con cargas de la policía, que dispersaron a los participantes con gases lacrimógenos y balas de goma, además de arrestar a cinco personas.

Hace dos semanas, el vicegobernador de Estambul, Mehmet Ali Özyigit, cargo elegido por el Gobierno central, volvía a denegar el permiso para celebrar una marcha del Orgullo LGTB en la ciudad. El portavoz de los organizadores, Beren Azizi, anunció que habían solicitado, como alternativa, una convocatoria en la que se procedería a la lectura de un manifiesto. La policía autorizó una concentración de treinta minutos de duración el pasado domingo en la céntrica Mis Sokak (calle Mis).

La afluencia de miles de personas desbordó el perímetro asignado y se extendió por el área de Taksim y la avenida İstiklal. Muchos de los activistas comenzaron a marchar por el centro de la ciudad, mientras que en otras calles se producían concentraciones espontáneas. Las fuerzas de seguridad detuvieron el avance de las marchas y dispersaron a los participantes con gases lacrimógenos y balas de goma. No se tiene constancia del uso de cañones de agua, que habían sido dispuestos preventivamente en los alrededores de la plaza Taksim. Horas después, todavía se producían concentraciones en varios puntos de la ciudad, disueltas violentamente por la policía, que detuvo a cinco personas.

La represión del Orgullo LGTB ha despertado críticas. Desde Amnistía Internacional condenan una «actuación escandalosamente injustificada» de las fuerzas de seguridad, que constituye «un flagrante ataque a la libertad de expresión». Representantes de la oposición al Gobierno de Erdoğan (del partido AKP) mostraron su solidaridad con los manifestantes y algunos de ellos acudieron a la concentración en la calle Mis. El alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu (que había asumido su cargo tres días antes tras ganar claramente la repetición de las elecciones frente al candidato del AKP), se había mostrado partidario de cualquier manifestación pacífica.

Con este son ya cinco años consecutivos en los que las autoridades bajo el mando del Gobierno de Erdoğan prohíben y reprimen la celebración del Orgullo de Estambul, un evento que llegó a congregar a más de 15.000 personas en 2013. Pero las ediciones de 2015 y 2016, en cambio, fueron reprimidas violentamente por las autoridades. En 2015 la marcha fue prohibida de repente por la oficina del gobernador a causa del mes de Ramadán (circunstancia que, siendo exactamente igual, no impidió la manifestación de 2014). En 2016 la policía turca disolvía violentamente la Marcha del Orgullo Trans de Estambul, también prohibida por el gobernador, que justificaba su decisión por «la seguridad de nuestros ciudadanos, en primer lugar, de los propios participantes». Desde el activismo LGTB, sin embargo, la prohibición se contempló como una claudicación ante las amenazas de grupos de extrema derecha nacionalista e islamistas. Una semana después, el Orgullo LGTB corría la misma suerte. En agosto de ese mismo año, además, la activista trans Hande Kader era brutalmente vejada y asesinada, después de haberse posicionado en primera fila durante el reprimido Orgullo Trans.

La situación se repetía en 2017, cuando tras las amenazas de un grupo ultranacionalista, y lejos de asegurar el ejercicio del derecho de manifestación del colectivo LGTB, el gobernador de Estambul volvió a prohibir la manifestación del Orgullo cediendo al chantaje de los extremistas. Cientos de valientes activistas desafiaron la prohibición y salieron a las calles, pero fueron duramente reprimidos. Y lo mismo sucedió en 2018, cuando un millar de activistas desafiaron la prohibición y la policía les lanza gas lacrimógeno y pelotas de goma para dispersarlos.

En medio de la escalada represiva contra la comunidad LGTB turca, en abril de este año conocíamos al menos una buena noticia. Un tribunal administrativo regional ponía por fin punto final a la prohibición de celebrar actos relacionados con la realidad LGTB impuesta a finales de 2017 por el gobernador de Ankara, la capital del país. La justicia había rechazado en un primer momento la apelación. En este sentido invita también al optimismo la victoria en Ankara del CHP, partido secular y opositor a Erdoğan, en las elecciones municipales. En Estambul, la justicia anuló el resultado de los comicios, en los que también había ganado el CHP (aunque por un estrechísimo margen) y que se repetieron el pasado 23 de junio con un rotundo triunfo de la oposición socialdemócrata.

Fuente Domanzanas

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Ali Özyigit, Amnistía Internacional, Beren Azizi, Ekrem İmamoğlu, Estambul, Orgullo LGTB, Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), Partido Republicano del Pueblo (CHP), Recep Tayyip Erdoğan, Turquía, Violencia policial

El Gabinete libanés sigue avanzando en su ofensiva contra la diversidad sexual y de género amparándose en un Código Penal cada vez más cuestionado por múltiples decisiones judiciales. En este caso, hemos conocido la inutilización de la conocida aplicación de contactos en el que sería el primer caso de bloqueo de una red social de ámbito internacional en el país.

Como ocurrió el pasado mes de enero, desde el pasado viernes 24 de mayo, los usuarios de Líbano no pueden conectarse a la red de contactos Grindr, si bien las fuentes no se ponen de acuerdo sobre la autoría directa de esta medida. Se ha responsabilizado, entre otros, a las Fuerzas de Seguridad del país, si bien Amnistía Internacional y el diario libanés Daily Star la atribuyen con seguridad al Ministerio de Telecomunicaciones.

Activistas LGTB libaneses han reaccionado a este hecho calificándolo como un nuevo ataque a las libertades, que se suma, por ejemplo, a la cancelación del Orgullo LGTB de Beirut tras la detención de su organizador en 2018. «No es un incidente aislado, es parte de una campaña más amplia y de una estrategia para restringir los espacios de la comunidad LGTB», ha declarado George Azzi, director ejecutivo ejecutivo de Arab Foundations for Freedom and Equality (Fundación Árabe para las Libertades y la Igualdad). Una organización libanesa que promueve una conferencia anual que también el pasado mes de octubre sufrió el acoso de las autoridades. Postura que también comparte Amnistía Internacional, que en palabras de su investigadora Lynn Maalouf, añade que «esta decisión servirá para afianzar y legitimar las opiniones homófobas en el país». Destaca, por otra parte, el silencio de la compañía directamente afectada por la medida, que no ha hecho públicas declaraciones tras la medida.

Sentencias judiciales a favor de los derechos LGTB

Movimientos políticos que se contraponen a la tendencia del sector judicial libanés, que acumula sentencias a favor de los derechos LGTB. Algunos de estos fallos judiciales son los de un tribunal de apelaciones que dictaminó el año pasado que la homosexualidad no es delito; la del juez Rabih Maalouf, contraria a penalizar las conductas homosexuales; la de un tribunal militar que exculpó a cuatro acusados de homosexualidad, o la de un juez que falló a favor de los derechos de un hombre trans. Hay que recordar, en este sentido, que el artículo 534 del Código Penal libanés sigue criminalizando las relaciones «contra natura», pero existen además otros artículos que basados en la defensa de la «moral pública» y «el pudor» justifican el hostigamiento de cualquier demostración pública de homosexualidad.

Ante este panorama, el apoyo internacional a la comunidad LGTB de Líbano se hace más necesario que nunca. El Ejecutivo libanés no se encuentra respaldado por su sistema judicial y la posición de la comunidad internacional puede ser determinante para que el Gobierno libanés ceje en su acoso. Un ejemplo de cómo esa presión puede beneficiar a las libertades individuales y colectivas del país es el de Brunéi, donde el sultán se ha visto obligado a anunciar una moratoria en la aplicación de la pena de muerte por lapidación para las personas que practiquen relaciones homosexuales. Es reciente, en este sentido, el apoyo de la Embajada Española en el Líbano, que con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia izó el pasado 17 de mayo la bandera arcoíris en su sede.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Amnistía Internacional, Aplicaciones de contactos, Aplicaciones móviles, Arab Foundations for Freedom and Equality, George Azzi, Grindr, Homofobia, Homofobia/Transfobia, Islam, LGTBfobia, Líbano, Lynn Maalouf, The Daily Star

Desestima un delito contra la moral religiosa

Túnez es aún uno de los 71 Estados que todavía castigan las relaciones homosexuales

Shams ha denunciado en varias ocasiones “la caza de brujas” contra los homosexuales que cerró el año 2018 con “cifras récord“: 123 arrestos, 250 agresiones, más de 500 peticiones de asilo en el extranjero y tres asesinatos homófobos

La Justicia tunecina desestimó hoy una denuncia presentada en 2016 por la Fiscalía General del Estado que exigía la suspensión de actividades para la asociación Shams (Sol), que defiende los derechos de la comunidad LGTBQ en Túnez, por un presunto delito contra “la moral” religiosa.

Este fallo supone una “prueba” para la independencia de la Justicia y un “alivio” para los activistas y los miembros de esta comunidad, declaró a Efe su director, Bouhdid Belhadi, quien denunció, sin embargo, que se trata de una “decisión política” de las autoridades vinculada con los comicios previstos para finales de año.

“Por el momento, lo que les interesa es ganar las elecciones y para ello tiene que atraer a la base electoral, generalmente conservadora. Cuando lleguen al poder se encargarán de hacer lo mismo con la comunidad internacional, con un mensaje más abierto”, denunció el responsable.

No hay relación entre el concepto de minorías y los derechos LGBTQ

La Fiscalía General del Estado, que todavía puede apelar al Tribunal Supremo, acusó a Shams de “violar la ley de asociaciones” y de cambiar sus objetivos sin informar a las autoridades, por lo que exigía la suspensión de su actividad durante 30 días, un paso previo a una eventual disolución definitiva.

“Para la Secretaria General no había ninguna relación entre (el concepto de) minorías sexuales, tal como aparece en nuestro estatuto, y los derechos LGBTQ a los que hacemos referencia en nuestras intervenciones mediáticas”, explicó Belhadi.

En la primera vista, la Justicia ya dio razón a la asociación, pero para sorpresa de ésta la Fiscalía recurrió la decisión el pasado mes de febrero aduciendo motivos religiosos.

“Alegó conceptos vagos como la moral asegurando que la existencia de Shams atenta contra los valores de la sociedad árabe-musulmana y que defiende una causa penalizada por la ley”, afirmó en referencia al artículo 230 del Código Civil que criminaliza y castiga la homosexualidad con hasta tres años de cárcel y permite los exámenes anales.

Acoso judicial

Asociaciones de defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch o Amnistía Internacional acusaron al Gobierno tunecino de “acoso judicial” y le exhortaron revisar con urgencia las leyes “discriminatorias” para adaptarlas a las normas internacionales.

Asimismo, lamentaron la deriva conservadora del país, hasta ahora pionero en la defensa de las libertades individuales en la región del Magreb.

Shams ha denunciado en varias ocasiones “la caza de brujas” contra los homosexuales que cerró el año 2018 con “cifras récord”: 123 arrestos, 250 agresiones, más de 500 peticiones de asilo en el extranjero y tres asesinatos homófobos.

Tras la revolución de 2011, que terminó con la dictadura de Zine El Abidine Ben Ali, las personas LGBTQ salieron de la sombra, aunque su situación es todavía muy precaria, ya que Túnez es aún uno de los 71 Estados que todavía castigan las relaciones homosexuales.

En 2014, varias organizaciones defensoras de los derechos civiles presentaron una propuesta para anular esta norma, pero la iniciativa fue rechazada por el Gobierno.

La hostilidad contra los ciudadanos LGTB tunecinos

La última noticia que tuvimos de Túnez era que un joven tunecino había sido condenado a ocho meses de prisión por haber mantenido relaciones homosexuales tras haber denunciado la violación y robo que sufrió por parte de dos agresores. Estos últimos también han sido castigados con penas semejantes por cargos de sodomía, agresión y robo. El denunciante, además, fue sometido a un examen anal, considerado una forma de tortura, durante el proceso de investigación. Las asociaciones de defensa de los derechos LGTB de Túnez denunciaban el extraordinario incremento de sentencias por delitos relacionados con la homosexualidad en los últimos años, que atribuyen a la «creciente influencia» del partido islamista Ennadha en los tribunales.

Efectivamente, la persecución social y de Estado hacia los hombres homosexuales y bisexuales tunecinos es incesante. Las detenciones por mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, son constantes y las condenas a prisión habituales, lo que ha sido calificado por la asociación Shams como una auténtica «cacería».

Además, los defensores de los derechos LGTB —que luchan por la derogación del citado artículo 230 del Código Penal, que castiga las relaciones homosexuales con penas de hasta 3 años de prisión— sufren constantes agresiones, hasta el punto de que algunos de ellos han tenido que exiliarse ante las repetidas amenazas de muerte. Un reportaje de la red de noticias Konbibi reflejaba esta situación hace unos meses. En marzo de pasado año 2018 recogíamos una de las pocas noticias positivas que nos llegaba del país. Rached Ghannouchi, líder del partido Ennahdha que forma parte de la coalición de Gobierno actual, declaraba en una entrevista que «la homosexualidad es un fenómeno natural y no hay que interferir en los deseos y comportamientos de la gente». Esperemos que poco a poco se vaya imponiendo su visión.

Fuente Agencias/Religión Digital/Cristianos Gays

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Ya sabemos la fecha exacta de la noticia que publicábamos hace unos días:

El sultanato implantará a partir del 3 abril la versión más estricta de la sharía y endurece hasta límites inhumanos su código penal

Amnistía Internacional denuncia que el próximo 3 de abril entrarán en vigor en Brunéi las leyes que castigan las relaciones homosexuales con la pena de muerte por lapidación. El desarrollo final del nuevo Código Penal, aprobado en 2014, que pretende implantar la sharía o ley islámica, concluirá en esa fecha con la inclusión de castigos físicos y mutilaciones incluso en niños. Ya se están planteando boicots a hoteles y negocios propiedad del sultán Muda Hassanal Bolkiah, como medida de protesta ante la barbarie.

En abril de 2014 fue aprobada la última actualización del Código Penal de Brunéi, un pequeño estado de mayoría musulmana situado en el sudeste asiático, con la pretensión de adaptarlo a la sharía o ley islámica. El 1 de mayo del mismo año entraba en vigor, aunque se anunciaba su implementación en tres fases. En la primera fase se fijaron multas y penas de prisión para diversos delitos, tal como se establece en las páginas del Corán.

En otras dos fases, que en un principio se desarrollarían en los veinticuatro meses siguientes, se introducían castigos corporales e incluso la pena de muerte para determinados delitos u ofensas. Sin embargo, su entrada en vigor fue posponiéndose indefinidamente, hasta que el pasado mes de marzo de 2018, el Ministerio de Asuntos Religiosos anunciaba su próxima implementación.

Finalmente, según denuncia Amnistía Internacional, la entrada en vigor de la nueva legislación tendrá lugar el 3 de abril de 2019. Entre las áreas delictivas que cubre se encuentran el robo, las relaciones sexuales ilícitas, hacer acusaciones no probadas de sexo ilícito, causar daño físico, el consumo de bebidas alcohólicas, la apostasía y los actos contrarios a las creencias islámicas.

Aparte de la pena de flagelación para la mayoría de estos delitos y ofensas, se establece la mutilación de manos y pies para los delitos relacionados con el robo, incluso para niños. Para las relaciones sexuales ilícitas y la apostasía de la religión islámica se implementa la pena de muerte por lapidación.

Esas relaciones ilícitas incluyen las que tiene lugar entre personas del mismo sexo (que hasta ahora estaban penadas con hasta 10 años de cárcel), el adulterio, las relaciones extramatrimoniales y la violación. En un principio, la nueva legislación solo se aplicará a la población musulmana de Brunéi (alrededor de dos tercios de los 500 000 habitantes del pequeño estado).

Rachel Chhoa-Howard, representante de Amnistía Internacional en Brunéi, consideraba que «legalizar tales penas crueles e inhumanas es espantoso en sí mismo. Algunas de las posibles “ofensas” ni siquiera deberían considerarse crímenes, incluyendo las relaciones sexuales consensuadas entre adultos del mismo sexo».

Por su parte, ILGA no incluía a Brunéi entre los países en que se establece la pena de muerte para las relaciones homosexuales en su día último informe sobre homofobia de Estado, al no haber entrado en vigor a la fecha de su publicación, aunque informaba de la posibilidad de la implementación del nuevo Código Penal. Sin embargo, incomprensiblemente, le restaba importancia por creer que no se aplicará, dado que el requisito para la pena de ejecución por lapidación requiere que haya al menos cuatro testigos masculinos de la ofensa.

La noticia de la implementación de una legislación tan bárbara ha ocasionado que algunas voces, como la del actor George Clooney, hayan pedido que se boicoteen los negocios que el sultán Muda Hassanal Bolkiah tiene alrededor del mundo, incluyendo sus instalaciones hoteleras.

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FELGTB y sus entidades exigen que se haga efectivo “de una vez por todas” el compromiso manifestado por los partidos políticos. 

Las 49 entidades que componen la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), junto a otras muchas que colaboraron en el borrador de la proposición de Ley de Igualdad LGTBI, han llevado a cabo hoy una jornada de protesta para denunciar el “injustificable e indignante retraso en la aprobación de la Ley de Igualdad LGTBI”, según ha expresado Uge Sangil, presidenta de FELGTB en la rueda de prensa celebrada en Madrid. Bajo el nombre ‘Ciudades en pie por la Ley de Igualdad LGTBI” y mediante la realización de ruedas de prensa en 18 ciudades, entre las que se encuentran Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Zaragoza, estas organizaciones han exigido a todos los grupos parlamentarios que “de una vez por todas asuman su compromiso y trabajen definitivamente para la aprobación de la Ley de Igualdad LGTBI”.

Las organizaciones que conforman FELGTB manifiestan “su hastío y su rabia ante una inacción que prolonga el sufrimiento, desprotección y vulnerabilidad que afecta de manera más cruenta a niñas, niños, adolescentes y personas mayores ante la discriminación por orientación sexual e identidad o expresión de género”, añade Sangil. Además, FELGTB quiere mostrar su preocupación por el tratamiento que la realidad trans está recibiendo en el transcurso de las negociaciones. “El derecho a la autodeterminación de género, algo que creíamos completamente admitido por nuestros representantes políticos y que, por otra parte, está reconocido en legislaciones de numerosas Comunidades Autónomas, está siendo cuestionado con argumentos que destilan una inquietante transfobia.

“Esta Ley tiene que acabar ya con cualquier ambigüedad en el trato dispensado a la dignidad de las personas trans”, ha manifestado el vicepresidente de FELGTB, Mané Fernández, en la rueda de prensa realizada en Gijón.

FELGTB también ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo en la que se recoge, entre otros aspectos, el denigrante trato hacia las personas trans que supone no legislar para que dejen de estar consideradas enfermas mentales.

El respaldo social a una ley de derechos humanos

La Ley de Igualdad LGTBI fue registrada el 4 de mayo de 2017 en el Congreso de los Diputados con el nombre de Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y su toma en consideración fue debatida y aprobada por amplia mayoría en el Pleno el 19 de septiembre de 2017.

“Nuestra mayor prioridad es la aprobación de la Ley de Igualdad LGTBI porque esto supondría contar con herramientas para realizar un trabajo estructural que ayude a acabar con un estigma y una discriminación milenaria. No entendemos que una ley que ha sido tan consensuada por la sociedad civil ahora se encuentre interrumpida por el trabajo y la falta de interés de algunos grupos políticos que siempre nos han manifestado su apoyo”, ha recordado hoy en Málaga el coordinador de Familias de FELGTB, Juan Andrés Teno.

En Valencia, Paula Iglesias, vocal de Políticas Estratégicas de FELGTB, añadió que “hoy nos estamos movilizando por toda España porque es urgente trasladar nuestro enfado ante un proceso que no avanza y que permanece estancado sin explicación coherente en los debates sobre las enmiendas”.

Tras más de un año de tramitación en la Comisión de Igualdad, esta solo ha realizado escasas reuniones de trabajo, y el proceso se ha visto interrumpido por numerosas excusas técnicas que FELGTB considera inaceptables.

En otra de las ruedas de prensa organizadas en el día de las ‘Ciudades en pie por la Ley de Igualdad LGTBI’, Maribel Povedano, vocal de Políticas Identitarias de FELGTB, ha pedido desde Sevilla que “todos los partidos políticos entiendan que estamos hablando de derechos humanos, de evitar suicidios infantiles, de prevenir delitos de odio, de acabar con la discriminación a las parejas de mujeres en los procesos de filiación… Es también una norma feminista elaborada desde una perspectiva transversal, en la que se ha tenido en cuenta la situación de las personas con discapacidad, migrantes, asiladas, mayores, menores de edad…”. Povedano también ha visibilizado el amplio respaldo a esta ley dado por 25 de las principales organizaciones sociales entre las que se encuentran Amnistía Internacional, Save the Children, el CERMI, la Fundación ONCE, Plena Inclusión o Movimiento contra la Intolerancia o por los principales sindicatos españoles.

Fuente FELGTB

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La policía se incauta de condones y vaselina en una fiesta gay celebrada en Cipanas en enero de 2018 (Java Occidental, Indonesia).

La policía indonesia ha arrestado a dos hombres homosexuales solo por dirigir una página de Facebook con temas LGTB. Los agentes allanaban este pasado jueves una casa de Batununggal, Java Occidental, que fue alquilada por un hombre que supuestamente creó la página de Facebook «Gay Bandung» con su compañero. Este es el primer caso de criminalización LGTB en las redes sociales en Indonesia, según medios como The Straits Times. La policía, además de detener a la pareja, se incautó de varios teléfonos móviles y 25 preservativos. Estas víctimas de la LGTBfobia de Estado se enfrentan ahora a un máximo de seis años de prisión, acusados de «transmisión y difusión de información electrónica que contiene inmoralidad».

En apenas unas horas, la página en cuestión de Facebook pasaba de 4.000 seguidoreshasta los más de 31.000 en apoyo a la pareja. Pero lo cierto es que la LGTBfobia, instigada abiertamente por las administraciones, las jerarquías religiosas y ejecutada por las supuestas fuerzas de «seguridad» de Indonesia está creciendo como la espuma. Los hombres acusados por promover la página proLGTB, según el subdirector de «delitos especiales» de la policía, Hari Brata, habrían cometido el «delito» de querer «hacer amistades entre personas del mismo sexo».

Echando un vistazo a la página, sin embargo, también se puede leer información sobre noticias a favor de los derechos del colectivo LGTB, así como cuestiones de utilidad, salud, VIH/sida o entretenimiento. Los «sospechosos» han sido acusados en virtud del Artículo 27, Punto 1, de la Ley de Transacciones Electrónicas e Información (ITE) sobre «la transmisión y difusión de información electrónica que contiene inmoralidad». La citada ley conlleva una sentencia máxima de seis años de prisión y una multa de hasta mil millones de rupias (unos 60.000 euros, aproximadamente).

Lo sucedido se enmarca en el clima de acoso contra las personas LGTB que se vive en Java Occidental, cuyo jefe de policía ya hizo pública hace año y medio su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB. Hace solo un par de semanas, otra página de Facebook relacionada con el tema generó controversia en la ciudad de Garut. La protesta local provocó que los administradores escolares prohibieran la presencia de estudiantes LGTB en las escuelas. El miércoles 17 de octubre, la administración de la regencia de Cianjur dio instrucciones a las mezquitas de la región pidiéndoles que prediquen sobre los peligros de la comunidad LGTB y el VIH/sida en las oraciones del viernes.

La peor situación, en Aceh

Por desgracia las noticias sobre LGTBfobia de Estado en Indonesia son incesantes. La peor situación, posiblemente, es la que se vive en la provincia de Aceh, donde dos hombres recibían el pasado mes de julio 80 latigazos acusados de practicar la homosexualidad. Un castigo semejante al que recibieron en mayo de 2017 otros dos jóvenes. En aquella ocasión recibieron 83 latigazos, también ante una multitud exaltada. Amnistía Internacional lo calificó de «repugnante espectáculo» y se sucedieron las condenas internacionales.

Debido a ello, el presidente indonesio, Joko Wivodo, presionó al gobernador de Aceh, Irwandi Yusuf, para que finalmente emitiese una orden en la que se establecía que los castigos físicos debían ejecutarse en el interior de las prisiones y se prohibía la grabación o difusión de imágenes de los mismos. No obstante, hubo una gran oposición por parte de los sectores religiosos, que consideraron que si los castigos no eran públicos perderían su carácter de «ejemplarizantes», idea que, al parecer, ha terminado prevaleciendo.

También hace unos meses recogíamos la detención de cuatro personas en Banda Aceh (capital de la provincia), a manos de patrullas ciudadadanas, acusadas de «practicar la homosexualidad»: tres varones y una mujer transexual, que se enfrentarían a penas que incluyen los mencionados castigos físicos. Y a principios de año contábamos como la policía de Aceh detuvo a doce mujeres trans, les afeitó el cabello y las obligó a vestirse como «hombres normales».

En la provincia de Aceh, recordemos, rige la sharía desde 2005. Fue una concesión de Indonesia a los separatistas en el marco del acuerdo de paz que tuvo lugar poco después del tsunami que asoló la región. Aunque no fue hasta septiembre de 2014 cuando finalmente se aprobó la ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de flagelación (que entró en vigor en octubre de 2015).

La sharía también rige en Sumatra Meridional (en este caso solo para los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría).

La persecución se extiende por el conjunto de Indonesia

Pero la persecución no se limita ya a los territorios donde rige la sharía. Ya en febrero de 2016 hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos indonesios. Desde entonces no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. En diciembre de 2017, por ejemplo, nos hacíamos eco de la condena de diez hombres a dos años de cárcel por participar en una supuesta «fiesta gay» en Yakarta, la capital del país, donde las relaciones homosexuales no son ilegales. Los detenidos fueron entonces condenados por violar la ley contra la pornografía. El que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación.

En mayo de 2017, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una «fiesta gay» en Surabaya, la segunda ciudad del país.  Y en octubre de 2017 tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres.

Esta espantosa situación podría además agravarse de prosperar la iniciativa legislativa que pretende castigar en todo el país las relaciones homosexuales con penas de hasta cinco años de prisión, si bien el proyecto de ley ha sido aplazado provisionalmente.

Fuente Dosmanzanas

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La iniciativa “para la protección de la vida y la familia” que debate el Congreso guatemalteco supondría un gran retroceso en los derechos del colectivo LGTB+ y de las mujeres.

Las protestas de los activistas y la presión internacional han logrado retrasar el tercer debate parlamentario previo a su aprobación definitiva.

Amnistía Internacional denuncia que el Congreso de Guatemala está debatiendo una iniciativa de ley que pone en riesgo la vida de miles de niñas, mujeres y personas LGTBI.

Se trata de la 5272, una propuesta que fue presentada por un grupo de diputados conservadores encabezados por el presidente de la Comisión de la Mujer, Aníbal Rojas, y que es conocida como Iniciativa por la protección de la vida y la familia. 

Viniendo de la derecha y con ese título no podemos esperar nada bueno de una ley que, si fuera aprobada (y sobre el papel está a punto de hacerlo), impondría una definición de familia exclusivamente heterosexual, prohibiendo expresamente los matrimonios y el reconocimiento de uniones de hecho entre personas del mismo sexo.También formula el “derecho” a “no aceptar como normal la diversidad sexual o la ideología de género” y prohíbe promover programas relativos a la diversidad sexual y la “ideología de género” o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad.

En la actualidad la ley guatemalteca sólo permite el aborto en caso de riesgo para la vida de la madre. La 5272 pretende poner las cosas aún más difíciles y propone modificar el código penal para criminalizar los abortos espontáneos, imponiendo penas de prisión para mujeres que los han sufrido y para castigar a quienes “promuevan o faciliten medios para la realización del aborto”.

Aníbal Rojas, el principal impulsor de la 5272, es uno de esos diputados que basa su actividad política en decir que la familia y la vida no son negociables porque “el país tiene que recuperar sus valores cristianos”.

El rechazo ha sido mayoritario entre muchos sectores de la sociedad guatemalteca. Para Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, se trata de un descabellado proyecto que amenaza lo que dice proteger: la vida y las familias. Luis Barrueto, de la organización LGTB+ Visibles, afirma que de aprobarse la iniciativa Guatemala volvería al siglo XVIII. Desde su asociación consideran, además, que la propuesta es una cortina de humo para desviar la atención del intento de aprobar otras medidas que otorgarían impunidad a los corruptos. Más o menos lo mismo que ha pasado en Rumanía.

La iniciativa 5272 ya ha superado los dos primeros debates parlamentarios y está a falta de un tercer y último debate para ser aprobada definitivamente artículo por artículo. El presidente, Jimmy Morales, también se ha manifestado a favor de que se apruebe, afirmando que “Guatemala y nuestro Gobierno cree en la vida. Nuestro Gobierno y Guatemala cree en la familia basada en el matrimonio de hombre y mujer”

Este tercer debate se tenía que haber celebrado ya a principios de septiembre, aunque finalmente no fue así después de una manifestación de rechazo a la 5272 convocada en  las puertas del Congreso. Sandra Morán, una diputada feminista y que es de las pocas que se preocupa por los derechos LGTB+ en el país, agradeció a los presentes por su visibilidad y por luchar por sus derechos.

Morán se muestra optimista y afirmó que “puede que la 5272 ya no regrese, porque ganamos la batalla“. Sin embargo las asociaciones de mujeres, las organizaciones LGTB+ y otros activistas por los derechos humanos dicen que hay que seguir atentos y desde Amnistía Internacional piden que se continúe haciendo presión sobre el gobierno y los diputados guatemaltecos para que finalmente la iniciativa desaparezca de la agenda del Congreso.

Fuentes | Amnistía Internacional, Soy 502, vía EstoyBailando

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Diferentes asociaciones denuncian que las lesbianas siguen siendo acusadas de brujas o estar poseídas por el demonio, además de ser torturadas y sometidas a violaciones correctivas en Camerún.

Alrededor de una docena de mujeres, algunas de ellas adolescentes, son arrestadas como sospechosas de ser lesbianas en el mes de mayo en Camerún. Tras ser sometidas a intensivos interrogatorios y ser torturadas, también se les aplican violaciones correctivas en grupo con el objetivo de «curar» su homosexualidad, según revela un informe de Thomson Reuters Foundation, denunciando de esta manera hasta qué punto sufren y son perseguidas las lesbianas en un país en el que además son consideradas brujas o poseídas por un demonio.

«No vi a las chicas como todos los demás, pensé un mal espíritu me había invadido (…). De manera que empecé a rezar para que se fuera», confiesa una refugiada que actualmente vive en Francia, Viviane, pero que cuando tenía 14 años de edad y vivía en Yaundé, quien pensó realmente que había sido embrujada cuando se sintió atraída sexualmente por otras personas de su mismo sexo. Tras comprobar que las oraciones no sirven de nada, termina aceptando su orientación sexual y comienza a salir con otra chica. Una vez es descubierta por su familia le dan una paliza y le obligan a ver al «médico brujo» local de su aldea que le obliga a beber sangre y le introduce chili picante por el ano con la intención de «purificarle». Asimismo, con el objetivo de «salvar el nombre de la familia», le obligan a casarse con un pastor de la iglesia más de treinta años mayor que ella, quien la encadena a una pared y la viola brutalmente a los 18 años de edad. «Para ellos, yo era como un collar que vendían», afirma Viviane, explicando que no le habría servido de nada denunciar la violación al tratarse de un pastor, quien «es como un Dios» en Camerún: «Dios no puede violar. Y si lo acusas de violación, eres el demonio».

Las detenciones de personas sospechosas de ser homosexuales son habituales en algunos países africanos, como también lo son las violaciones correctivas, particularmente en Camerún, donde no solo es ilegal ser homosexual, sino que es uno de la media docena de países en los que se castiga con la muerte. Irónicamente, la brujería también es una práctica ilegal, pero parece ser menos dañina para las autoridades, que no interceden para evitar que se apliquen estas violaciones correctivas, siempre que sea para «curar» la homosexualidad.

Según un informe de 2017 de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), 33 países africanos, de un total de 54, criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Solo en Camerún, el año pasado se registraron casi 600 agresiones de carácter homofóbico, según Humanity First Camerún, siendo violadas una de cada cinco lesbianas, así como uno de cada diez gays. Datos que podrían ser mucho peores dado que muchas agresiones ni siquiera son denunciadas.

«La situación en Camerún para las lesbianas y cualquiera que no se identifique como heterosexual es extremadamente grave. Las relaciones entre personas del mismo sexo están en contra de la ley y son socialmente inaceptables, y las personas que son, o se cree que son, lesbianas o homosexuales suelen ser objeto de ataques de vigilantes, palizas y formas de tortura. Está creciendo una valiente oposición a la supuesta visión «tradicional» de la orientación sexual, pero los activistas en el país tienen que ponerse en circunstancias extremadamente peligrosas, enfrentándose a la intimidación, violencia, amenazas e incluso la muerte, por su trabajo en la defensa de los derechos LGBTI», declara Balkissa Ide Siddo, de Amnistía Internacional en África central.

La dura realidad camerunesa para las personas LGTB

El último suceso homófobo del que tuvimos noticia, fue en enero pasado cuando un grupo de militares cameruneses asaltó brutalmente un local de ambiente homosexual en la localidad de Gaorua. El asalto se saldó con un muerto, tres heridos graves —uno de los cuales ha perdido un ojo— y un número no determinado de heridos leves. No se ha abierto ninguna investigación al respecto, ni se han presentado denuncias, por lo que los asaltantes quedarán impunes de sus crímenes.

A finales de 2012, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaba su preocupación por la situación de las personas LGTB en Camerún, realmente complicada. Y es que cada poco tiempo se producen noticias de detenciones, algunas de las cuales hemos recogido a lo largo de los últimos años.

En febrero de 2012 informamos de la detención de al menos tres mujeres lesbianas. Poco antes, en enero de 2012, eran cuatro hombres los detenidos. En noviembre de 2011 tres hombres fueron condenados a cinco años de cárcel acusados de mantener relaciones homosexuales en un coche (una de las pruebas que el juez tuvo en cuenta fue que los acusados hubieran estado bebiendo Baileys, un licor considerado típicamente femenino. Por fortuna este caso fue luego reconsiderado). En octubre de 2011 se condenó a tres años de cárcel a Jean-Claude Roger Mbédé por declararse a otro hombre por SMS, pena que fue confirmada en diciembre de 2012. Lamentablemente, en enero de 2014 Jean-Claude fallecía, abandonado por su familia, por las complicaciones derivadas del maltrato sufrido.

En abril de 2011 se detuvo a otros tres jóvenes acusados de homosexualidad. En marzo de 2011 un nuevo detenido fue condenado a 36 meses de cárcel, motivo por el cual Amnistía Internacional llevó a cabo una acción. En octubre de 2010 dos jóvenes sufrían una detención y un trato degradante por parte de la Policía. En mayo de 2010 dos detenidos fueron luego condenados a cinco meses de cárcel. En marzo de 2010 otra detención se mezcló con un intento de extorsión por parte de la Policía a un ciudadano australiano. En diciembre de 2009 un joven fue finalmente liberado tras permanecer varios días en prisión en condiciones miserables.

En julio de 2013, se conoció la sentencia a prisión de dos hombres detenidos dos años antes por mantener relaciones homosexuales. También en 2013, fue sentenciado a nueve años de cárcel Cornelius Fonya, acusado de mantener relaciones con un joven de 19 años, en un juicio plagado de irregularidades. Su abogado, Walter Atoh, ha debido huir del país tras ser amenazado de muerte, mientras se dilucida la apelación. Más recientemente, en junio de 2014, se dio a conocer la historia de una pareja homosexual que se vio obligada a huir de su localidad tras ser ataca por sus vecinos y detenida por la policía.

A finales de 2015, Joshua Mbarga, un activista LGTB, sufrió la invasión de su hogar por unos delincuentes que intentaron matarle tras robarle con total impunidad. Alertada por los vecinos, la Policía intervino hasta que los asaltantes decidieron acusar a Mbarga de pretender mantener relaciones sexuales con uno de ellos. En ese momento la víctima se convirtió en objeto de investigación. En octubre de este 2016, tuvo lugar una redada masiva en un local de ambiente LGTB de Yaoundé, con un fuerte dispositivo policial que detuvo a todos los clientes y trabajadores presentes en el local. En diciembre del mismo año, fueron detenidos otros doce hombres por posesión de lubricantes y preservativos, algo considerado por las autoridades como prueba de comportamiento homosexual.  A finales de 2017, tres jóvenes fueron detenidos tras caer en una trampa tendida por miembros del ejército, por lo que deberán ser juzgados por un tribunal militar.

Uno de los sucesos más terribles tuvo lugar en julio de 2013, cuando fue brutalmente torturado y asesinado en su domicilio el activista LGTB Eric Ohena Lembembe, conocido por su labor en apoyo a los enfermos de sida y por sus continuas denuncias de las leyes homófobas del gobierno de Camerún y su pasividad ante la violencia desatada contra la población LGTB.

Y estos son solo los casos que trascienden a los medios internacionales. Según Human Rights Watch, al menos 28 personas han sido detenidas por delitos relacionados con la homosexualidad en los últimos tres años.

Además de todos estos episodios de homofobia,  también nos hemos hecho eco de la serie de vídeos “Homosexuales en Camerún: gentes como tú y yo”, breves reportajes que recogen testimonios de personas LGTB perseguidas por su orientación sexual en el país africano.

En Camerún, como citábamos anteriormente, las relaciones homosexuales están penadas con hasta cinco años de cárcel, pero según la activista LGTB Alice Nkom solo se puede detener a una persona si se la encuentra en situación de “flagrante delito”. Desgraciadamente, tal y como corrobora Human Rights Watch, son cada vez más los casos en los que la Policía ignora este requerimiento. Hace ahora cuatro años las autoridades políticas de Camerún rehusaron de hecho seguir las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de despenalizar la homosexualidad y actuar contra la violencia homofóbica.

Fuente Universogay/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Dos hombres han recibido 80 latigazos en la provincia indonesia de Aceh, como pena por realizar prácticas homosexuales, en aplicación de la sharía (o ley islámica). El brutal castigo ha tenido lugar ante una multitud furiosa, que alentaba a que el castigo fuera lo más duro posible. A pesar de que el gobernador de Aceh dictó una ordenanza por la que estos castigos debían ejecutarse a puerta cerrada, parece que ha prevalecido el deseo de las autoridades religiosas de que sean públicos para que sirvan de ejemplo.

Los dos hombres habían sido detenidos en una redada en la que se detuvo a quince personas cerca de una mezquita, acusadas de cometer infracciones contra la ley islámica, como mostrar afecto en público o vender bebidas alcohólicas. En su caso, ambos fueron culpados de practicar la homosexualidad.

La brutal ceremonia, de intención ejemplarizante, tuvo lugar en una plaza ante un millar de espectadores, algunos de ellos provenientes de la vecina Malasia, que sacaban fotografías con sus teléfonos móviles como si se tratara de un espectáculo. Mientras el verdugo propinaba a las víctimas los 80 latigazos con una vara de ratán, entre la multitud se oían gritos de «golpea más fuerte».

El castigo ha sido semejante al que recibieron hace un año dos jóvenes varones, acusados a su vez de mantener relaciones sexuales entre ellos. En aquella ocasión recibieron 83 latigazos, también ante una multitud exaltada. Amnistía Internacional lo calificó de «repugnante espectáculo» y se sucedieron las condenas internacionales. Debido a ello, el presidente indonesio, Joko Wivodo, presionó al gobernador de Aceh, Irwandi Yusuf, para que finalmente emitiese una orden en la que se establecía que los castigos físicos debían ejecutarse en el interior de las prisiones y se prohibía la grabación o difusión de imágenes de los mismos.

Sin embargo, hubo una gran oposición por parte de los sectores religiosos, que consideraron que si los castigos no eran públicos perderían su carácter de «ejemplarizantes», idea que, al parecer, ha terminado prevaleciendo.

En la provincia de Aceh, recordemos, rige la sharía desde 2005. Fue una concesión de Indonesia a los separatistas en el marco del acuerdo de paz que tuvo lugar poco después del tsunami que asoló la región. Aunque no fue hasta septiembre de 2014 cuando finalmente se aprobó la ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de flagelación (que entró en vigor en octubre de 2015).

Escalada de la LGTBfobia de Estado en Indonesia

Hace unos meses recogíamos la detención de cuatro personas en Banda Aceh (capital de la provincia), a manos de patrullas ciudadadanas, acusadas de «practicar la homosexualidad»: tres varones y una mujer transexual, que se enfrentarían a penas que incluyen los mencionados castigos físicos. Y a principios de año contábamos como la policía de Aceh detuvo a doce mujeres trans, les afeitó el cabello y las obligó a vestirse como «hombres normales».

Poco antes, en diciembre de 2017, nos hacíamos eco de la condena de diez hombres a dos años de cárcel en Indonesia por participar en una supuesta «fiesta gay» en Yakarta. A diferencia de Aceh, en Yakarta las relaciones homosexuales no son ilegales, por lo que los detenidos fueron condenados por violar la ley contra la pornografía. El que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación que se vive hoy día en Indonesia. De hecho, solo en las provincias autónomas de Aceh y Sumatra Meridional, en las cuales se aplica la sharía o ley islámica (en Aceh a todos los ciudadanos, en Sumatra Meridional solo a los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría), las relaciones homosexuales son formalmente ilegales, castigándose incluso con castigos físicos.

Pero lo cierto es que la situación se está deteriorando en todo el país. Ya lo recogíamos en febrero de 2016, cuando hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos. Desde entonces, por desgracia, no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. Un ejemplo es la redada de mayo de 2017, que desembocó en la citada condena de diez hombres, pero ha habido muchos otros. Días antes de aquella redada, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una «fiesta gay» en Surabaya, la segunda ciudad del país. En Java Occidental, la provincia más poblada de Indonesia, el jefe de policía hizo pública por su parte su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB. Y en octubre de 2017 tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres.

Esta espantosa situación podría además agravarse de prosperar la iniciativa legislativa que pretende castigar en todo el país las relaciones homosexuales con penas de hasta cinco años de prisión, si bien el proyecto de ley ha sido aplazado provisionalmente.

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