13 de diciembre. Escrito por el reportero de PinkNews

Los defensores de los derechos humanos han respondido después de que Arabia Saudita fuera elegida sede de la Copa Mundial de fútbol masculino en 2034, a pesar de las leyes antigays del país.

Las 211 naciones representadas durante una reunión del Congreso Extraordinario de la FIFA de tres horas de duración el miércoles (11 de diciembre) votaron a favor de la candidatura del país de Medio Oriente, además de decidir sobre los anfitriones propuestos para la Copa del Mundo 2030.

Arabia Saudita se convirtió en el único postor después de que la candidatura de 10 miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) no obtuviera apoyo y se retirara una candidatura conjunta de Australia y Nueva Zelanda.

Los seguidores LGBTQ+ se sorprendieron al saber que Arabia Saudita sería la sede del prestigioso torneo tan pronto después de que se celebrara en Qatar, donde también es ilegal ser gay.

A raíz de la noticia, los defensores de los derechos humanos condenaron la medida como un “momento de gran peligro”. Un total de 21 organizaciones, incluidas Amnistía Internacional, Human Rights Watch, FairSquare y más, publicaron una declaración conjunta advirtiendo sobre los “conocidos y graves riesgos para los residentes, los trabajadores migrantes y los aficionados visitantes por igual”.

“Al otorgar la Copa del Mundo de 2034 a Arabia Saudita sin protecciones significativas, la FIFA ha decidido hoy ignorar nuestras advertencias y descartar sus propias políticas de derechos humanos“, escribió.

“Hoy en día, no faltan pruebas de trabajadores migrantes explotados y sometidos al racismo, activistas sentenciados a décadas de prisión por expresarse pacíficamente, mujeres y personas LGBTQIA+ que enfrentan discriminación legalizada, o residentes desalojados por la fuerza para dar paso a proyectos estatales.

“Es obvio que sin una acción urgente y reformas integrales, la Copa del Mundo de 2034 se verá empañada por la represión, la discriminación y la explotación a escala masiva“, señaló.

Las organizaciones explicaron que “la FIFA ha aceptado desde hace tiempo que tiene una responsabilidad clara” de defender los derechos humanos. “Si bien la población saudita sin duda merece experimentar la alegría que el deporte internacional puede brindar, esto no puede lograrse a cualquier precio“, continúa el comunicado. “Debe ir de la mano de medidas para garantizar los derechos que su gobierno les sigue negando”.

La homosexualidad es ilegal en Arabia Saudita, con la pena de muerte entre los castigos para quienes hayan participado en actos con personas del mismo sexo. Además, los temas LGBTQ+ están censurados y es ilegal ser trans porque la Ley Sharia prohíbe lo que describe como “travestismo”.

Una monarquía teocrática implacable con el colectivo LGTB

Arabia Saudita es uno de los lugares más brutalmente anti-LGBT en el mundo, con gays flagelados públicamente por el estado.

Hay que tener en cuenta que, en Arabia Saudí, una monarquía absoluta y teocrática, no existe un Código Penal propiamente dicho, sino que la justicia se aplica en base a la interpretación que los jueces islámicos hacen de la sharía, que puede variar enormemente (entre otros factores, según la clase social y la nacionalidad del «culpable»: normalmente los castigos son mucho más duros para trabajadores inmigrantes de origen no occidental que para los miembros de las clases altas del país).

Por lo que se refiere a la esfera LGTB, las penas más elevadas, incluyendo la muerte —pero también la cárcel o castigos físicos, como los latigazos públicos— corresponden al mantenimiento de relaciones homosexuales. En caso de reincidencia la pena de muerte es aún más probable. Otro tipo de «ofensas» son castigadas de modo diverso.

Nos hemos hecho eco de algunos casos: En marzo de 2023, Eden Knight: mujer trans saudita se suicida después de ser ‘obligada a la detransición’. En agosto de 2022, una estrella de TikTok fue arrestada por video con presuntos ‘trasfondos lésbicos’ por la policía saudita. En noviembre de 2019, dos periodistas sauditas fueron retenidos en un centro de asilo después de ser descubiertos como homosexuales por el gobierno por contacto con medios extranjeros. Ese mismo año, en mayo, un hombre fue ejecutado en Arabia Saudí tras admitir haber tenido sexo gay, una confesión inventada.

En marzo de 2018, se produjo el  trágico suicidio de un adolescente gay en Arabia Saudi. En una serie de post online publicados por Roshan, de 15 años, contaba que vivía amenazado de muerte por su padre después de que su familia descubriera su sexualidad.

Más allá de las condenas y arrestos, también nos hemos hecho eco de iniciativas que muestran la homofobia de estado en el país saudí: desde la intención de las autoridades de expulsar del sistema educativo a homosexuales y chicas de aspecto masculino hasta la oposición del gobierno al uso del dominio .gay en Internet, o, aún más grave, la iniciativa para castigar con la pena de muerte a quienes hagan pública su orientación sexual en redes sociales y medios.

Fuente Pink News/Cristianos Gays

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Nyombi Morris

Nyombi Morris se ha enfrentado a horribles amenazas, incluidas algunas contra su familia, sólo porque apoyaba a su hermana queer.

Por John Russell Domingo, 3 de noviembre de 2024

Un activista climático de 26 años dice que tuvo que huir de Uganda después de enfrentar horribles amenazas debido a su apoyo a los derechos LGBTQ+.

Además de su trabajo con Earth Volunteers, una organización ambiental sin fines de lucro, Nyombi Morris, que se identifica como heterosexual, ha hablado abiertamente sobre los derechos LGBTQ+ en Uganda desde que su hermana fue descubierta y expulsada de la escuela, según The Guardian.

El activismo medioambiental de Morris, sobre todo en las campañas contra el oleoducto de África Oriental (EACOP), ya ha dado lugar a amenazas en el pasado. Pero después de que los periódicos sensacionalistas empezaron a informar falsamente que era gay y que “promovía la homosexualidad”, temió que lo pudieran procesar en virtud de la “Ley Anti-Homosexualidad” de 2023 (AHA23) de Uganda.

La ley, firmada por el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, en mayo de 2023, castiga la “homosexualidad agravada“, -incluidos los actos entre personas del mismo sexo que transmiten el VIH- con la pena de muerte e impone cadena perpetua por “reclutamiento, promoción y financiación” de “actividades” homosexuales. La ley incluso prohíbe identificarse como LGBTQ+ en Uganda

La ley ha sido condenada rotundamente por organizaciones de derechos humanos, miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el presidente Joe Biden e incluso el Papa Francisco.

“Las consecuencias (de la defensa de LGBTQ+ en Uganda) son aterradoras”, dijo Morris a The Guardián. “Desde que comenzaron estas acusaciones, la gente tiene miedo de que se les asocie conmigo porque corren el riesgo de ser etiquetadas como activista (gay)”.

Morris ha sido acusado en línea de utilizar su influencia para “promover ideologías extranjeras” y de reclutar estudiantes de secundaria en “clubes gay” a través de su activismo climático liderado por jóvenes. Las escuelas comenzaron a retirarse de proyectos con Earth Volunteers. Se advirtió a la madre de Morris de que se le había prohibido la entrada a su aldea y luego la policía la interrogó sobre su paradero y confiscó su teléfono. Sus hermanos también han sido suspendidos de la escuela.

El propio Morris recibió una llamada anónima en la que lo amenazaban con violarlo y arrestarlo. Finalmente se ocultó y pudo huir a Dinamarca, donde solicitó asilo, según el guardián. “No puedo regresar a Uganda porque políticamente no estoy en sintonía con el gobierno, y eso me pone en peligro”, dijo Morris.

Roland Ebole, de Amnistía Internacional, que publicó recientemente un informe sobre el efecto paralizador que la ley anti-LGBTQ+ de Uganda ha tenido sobre la libertad de expresión en el país, dijo que el caso de Morris ilustra las consecuencias de largo alcance de la ley. “Debido a la naturaleza punitiva de la Ley Antihomosexualidad, los defensores de los derechos humanos y los activistas políticos enfrentan la amenaza de ser acusados de ser LGBTQ+, solo para amordazarlos o intimidarlos para que guarden silencio”, explicó Ebole.

“El excesivo celo de las fuerzas del orden para realizar arrestos o procesar estos casos significa que es posible que no se lleven a cabo investigaciones adecuadas”, añadió Ebole. “En algunos casos, la policía utiliza leyes y penas estrictas para extorsionar (a quienes están bajo investigación)”.

Morris dijo que su vida y su trabajo se han detenido mientras espera una decisión sobre su estatus de asilo en Dinamarca. Dijo que su cuenta bancaria ha sido congelada y que apenas puede cubrir sus necesidades básicas con el estipendio proporcionado por el gobierno del país. Pero si bien describió la terrible experiencia como “desafiante”, dijo que está comprometido a continuar con su trabajo.

“No puedo parar ahora”, dijo. “Tengo que ser parte de la solución en materia de justicia climática y derechos humanos, eso es lo que me mantiene adelante”.

Fuente LGBTQNation

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El prelado comenta los datos del informe 2023 de Amnistía Internacional sobre la pena capital en el mundo

El presidente de la Pontificia Academia para la Vida se refirió a las cifras proporcionadas por el Informe de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte, que documenta un número creciente de ejecuciones frente al reducido número de países que la practican

“El magisterio es esperanzador, concordante y fuerte al subrayar la oposición a esta crueldad, que las Escrituras ya prohibían desde los tiempos de Caín”

01.06.2024 | Francesca Sabatinelli

(Vatican News).- La esperanza es que el ejemplo se extienda, y que los países que han abandonado la pena de muerte, ya sea por abolición o moratoria, puedan inspirar a los que aún la practican. El arzobispo Vincenzo Paglia, presidente de la Pontificia Academia para la Vida, comenta así los datos del informe 2023 de Amnistía Internacional sobre la pena capital en el mundo, que pone de relieve cómo el gran número de ejecuciones se produce en realidad en un pequeño grupo de países.

El año pasado se registraron hasta 1.153 ejecuciones registradas, un número que supone un aumento del 30% respecto al 2022, una cifra nunca antes alcanzada en los últimos diez años, atribuible, sin embargo, a un número reducido de países en comparación con el pasado, 16 en total, sin duda el más bajo registrado hasta ahora, explica Amnistía Internacional.

 Un año más, la clasificación sitúa a Irán y Arabia Saudí a la cabeza de la lista, con el 89% del total de ejecuciones, pero faltan las cifras de países como China, Corea del Norte y Vietnam, que no publican datos.

– Monseñor Paglia, el Informe 2023 de Amnistía Internacional indica que sigue habiendo grandes cifras sobre la pena de muerte, pero que, en realidad, sólo una pequeña minoría de países la aplica. La esperanza de la organización es que estos países se pongan al día y supriman definitivamente este castigo.

– Por supuesto, creo que lo que dice el informe muestra un aspecto positivo en el sentido de que crece el número de países que suspenden el castigo, que lo abolen, el problema es que algunos de estos Estados lamentablemente intensifican esta crueldad y espero que el ejemplo que se extiende pueda ayudar también a vencer esta lacra. Por ejemplo en algunos países como la República Democrática del Congo, donde también se ha reintroducido recientemente.

Espero realmente que este instrumento, cuya crueldad es cada vez mayor, sea abolido. Y estoy convencido de que el progreso nos ayudará en este sentido. Mi preocupación está en otra perspectiva, y se trata del despeje, si puedo decirlo así, de la guerra, de las armas, de una sensibilidad que confía precisamente a las armas lo que debe hacer la política, Esta es la preocupación más grave que siento en este momento que debo vincular, en cambio, a un progreso positivo que hay en otra perspectiva.

– Es un progreso que la Iglesia siempre ha esperado: la Iglesia enseña que la pena de muerte es inadmisible en cualquier aspecto…

“Es una hermosa profecía, ya la de San Juan Pablo II que recordamos allá por los años 1990 cuando intercedía allí donde había algo que bloquear, aplazar, abolir. Hasta llegar a la muy lúcida afirmación del Papa Francisco, que llegó incluso a transformar el Catecismo, reiterada ahora en el último documento Dignitas Infinita con gran claridad”

Y puedo dar un pequeño testimonio propio. Recuerdo cuando, en los años noventa, intentamos con la Comunidad de San Egidio instar al episcopado estadounidense a que se implicara en este campo y fuimos cautelosamente frenados.

“La semana pasada estuve en Estados Unidos, y hay un movimiento de cristianos contra la pena de muerte, apoyado por el episcopado, y éste es un pequeño gran ejemplo de cómo esta perspectiva de la Iglesia católica está realmente al servicio de un nuevo humanismo en el que la dignidad significa respeto y protección de todas las vidas humanas”

– Es como dijo Benedicto XVI cuando llamó la atención de todos los dirigentes de las sociedades sobre la necesidad de hacer todo lo posible para eliminar la pena de muerte. Ratzinger, primero Juan Pablo II, luego el Papa Francisco, una voz contra la pena capital…

“Sí, me parece que el magisterio de la Iglesia se expresa ahora claramente en esta perspectiva, y esto, evidentemente, da esperanza: el acuerdo y la fuerza para subrayar la oposición de la Iglesia a esta crueldad increíble, que las Escrituras ya prohibían desde los tiempos de Caín”

Esta profecía de todo el magisterio, también el Papa Benedicto XVI hizo bien en recordárnosla, creo que es realmente como está escrito en el Evangelio, esa semilla puesta en la tierra y, yo diría, tanto si el agricultor duerme como si vigila, esta semilla ciertamente dará fruto. Es una gran esperanza, porque es una verdad tan hermosa, tan fuerte que, en mi opinión, es verdaderamente imparable.

Fuente Religión Digital

General Amnistía Internacional, Pena de Muerte, Pontificia Academia para la Vida, Vincenzo Paglia

La Resistencia es uno de los grupos de ultraderecha que ataca a organizaciones de derechos humanos, feministas y periodistas. Por qué continuan impunes.

Fuente Agencia presentes

Verónica Ferrari

Junto a “Los Combatientes” y “La Insurgencia”, la Resistencia formó el autodenominado “Frente Popular Democrático”, una agrupación de corte fascista (algunos de sus integrantes han adoptado incluso el saludo fascista) para oponerse al gobierno de Pedro Castillo (2021-2022). Estos grupos fueron quienes intentaron llegar al Palacio de Gobierno el 6 de junio de 2021, antes la asunción de Castillo. Alineados con el Fujimorismo, a pesar que la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori negó tener vinculación con ellos, realizan acciones aún impunes.

“Este grupo se encubre en un uso indebido de la libertad de expresión”, explica a Presentes la abogada de derechos humanos María Ysabel Cedano. “La Policía, el Ministerio Público, los Juzgados Penales de turno deberían accionar porque hay delito de acoso, difamación, alteración de la tranquilidad pública. Estos son delitos contra la integridad, la libertad, la vida, el cuerpo y la salud. Pero para el Estado, la ley y sus instituciones ellos son una organización que ejerce su derecho a la libertad de expresión”.

Antecedentes

Según una investigación del portal Ojo Público, el antecedente más antiguo fue el protagonizado por el exmilitar Pedro Rejas Tataje, cercano al expresidente Alberto Fujimori. En 2007 Rejas Tajate ingresó por la fuerza a Palacio de Justicia con un grupo de Carapintadas.

En 2012, la exsecretaria de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, sufrió un ataque televisado en donde la escupieron. Ella es una de los tantos políticos, líderes, periodistas y activistas que han sido acosados por La Resistencia y sus ramificaciones. Autoridades como el presidente del Jurado Nacional de Elecciones Jorge Salas Arena han sido blanco de sus ataques, con contínuos plantones en la puerta de su casa. También han vandalizado eventos de organizaciones de derechos humanos, como la irrupción en un evento de Amnistía Internacional, en mayo del año pasado. Allí se iba a presentar un informe sobre las violencias en el marco de las protestas contra la asunción del gobierno de Dina Boluarte. Boluarte reemplazó a Castillo tras los intentos destituyentes del Congreso y el intento de autogolpe.

Tampoco han dudado en atacar espacios infantiles, como la feria para recaudar fondos que realizó la Biblioteca Miguelina Acosta, el primer antecedente de ataque a menores de edad, en mayo de 2022. También atacaron a periodistas como Gustavo Gorriti o Rosa María Palacios, yendo a sus casas y a sus lugares de trabajo.

Contra la memoria

La escultura El ojo que llora, situado en La Alameda de la Memoria, ha sido uno de sus puntos predilectos de ataque. Actualmente, y con el apoyo del alcalde de Lima Rafael López Aliaga, buscan demoler la efigie que simboliza a todas las víctimas del conflicto armado interno y que es Patrimonio Cultural de la Nación.

Gisela Ortiz, vocera de los familiares de víctimas de la Masacre de la Cantuta (1992) presenció varios de estos ataques al Ojo que Llora. Señala que agrupaciones como La Resistencia tienen detrás personas y organizaciones poderosas que los protegen. Por eso no tienen temor por las denuncias.

“Hay una ‘incapacidad’ para identificar quiénes son los que operan por detrás de los que hacen el trabajo sucio. No sabemos quiénes los financian, a quiénes obedecen. Detrás de ellos hay partidos políticos pero también jefes policiales que los están protegiendo. Por eso es que en flagrancia no detienen a nadie”, dijo a Presntes.

Otro blanco de ataques fue la exposición “De qué color son tus muertos”, una muestra fotográfica sobre la masacre a 49 manifestantes por parte de la las Fuerzas Armadas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. que las Fuerzas Armadas asesinaron a 49 manifestantes que protestaban contra el régimen de Dina Boluarte. Las dos veces que se realizó la muestra, fueron atacados por La Resistencia.

“Había como ocho personas de La Resistencia dentro de la casa que habíamos alquilado para el evento. Las empezamos a arrear hacia afuera. Pero esta gente comenzó a invadir el estacionamiento golpeando los vidrios de la puerta, nos pusieron un parlante, estuvieron una hora y media así”, cuenta a Presentes Mario Colán, fotógrafo de la muestra.

Sus banderas son antidemocráticas, pues no permiten el disenso ni el diálogo. Atacan a todo aquel que piense diferente a ellos. Defienden los crímenes cometidos en tiempos de Alberto Fujimori. Y son antigénero, ya que se oponen al enfoque de género en el currículo acompañando campañas de desinformación como “Con mis hijos no te metas”.

Las denuncias judiciales

María Ysabel Cedano representa a las víctimas de esterilizaciones forzadas (miles de mujeres andinas durante el régimen de Fujimori) y fue testigo de varios ataques. El 28 de septiembre de 2021 la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas realizó un plantón pacífico frente al Poder Judicial e integrantes de la Resistencia las atacaron.

«Ellas estaban ejerciendo sus libertades políticas de expresión. Hicieron la denuncia, la congresista Ruth Luque las acompañó, el Ministerio de la Mujer también, incluso identificaron al agresor, pero no lograron que la investigación prospere”, dijo a Presentes.

El agresor de estas mujeres fue Ricardo Alvarado Arias, miembro de una de las ramas de La Resistencia denominada Los Insurgentes, y quien cuenta con múltiples denuncias de agresión. A pesar de ello, sigue libre.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) presentaron en 2023 una denuncia contra La Resistencia y sus derivados ante la Fiscalía de la Nación y la Fiscalía de Crimen Organizado. Definieron a La Resistencia como «una organización criminal constituida por multiplicidad de personas, con carácter estable, permanente y organizada en el tiempo, donde sus miembros tienen tareas repartidas y cuyas actividades se orientan a cometer diversos ilícitos como el marcaje con la finalidad de dañar, lesionar, obstaculizar su libertad de accionar de algunas autoridades, personas o colectivos civiles”.El Ministerio Público investigó al colectivo pero esas 11 denuncias de acoso fueron archivadas.

«Por más que uno los denuncie ante la comisaría no hay una investigación que avance, que te identifique a los responsables cuyos nombres son públicos, cuyas caras ya se conocen, porque es gente identificada no solo por medios de comunicación, sino por diversas denuncias públicas que salen”, dijo Gisela Ortiz.

En febrero de 2024, Juan José Muñico Gonzales, alias Jota Maelo, líder de La Resistencia, fue condenado a un año y seis meses de prisión efectiva por el delito de difamación en agravio del Instituto de Defensa Legal. Luego, la jueza dispuso que la pena se transforme en 70 jornadas de servicio comunitario.

Complicidad del Estado

La abogada Cedano señala que hay varios factores que permiten el accionar impune de La Resistencia: su vínculo con el Fujimorismo; con el partido político Renovación Popular, con altos mandos de la PNP y del Gobierno:

“Actúan así porque la ley y las instituciones no se les aplica. A pesar de que son una organización criminal que anuncia la comisión de sus delitos. La Fiscalía de Prevención del Delito, las Fiscalías Penales y la PNP no actúan. No son casos de desidia o negligencia, sino que son una organización protegida. Son una versión propia para este contexto del Grupo Colina o del Comando Rodrigo Franco (grupos paramilitares de los gobiernos de Fujimori en los 90 y García en los 80). Básicamente atentan contra la integridad, la salud emocional y mental e instalan el miedo y el terror», dice Cedano a Presentes.

A pesar de saber de su accionar, instituciones del Estado como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Cultura se han reunido con estos grupos señalando que “todos deben ser escuchados en democracia”.

«Sirven a los objetivos de partidos políticos y al Estado, atacando a instituciones y personas que les son incómodas y que ponen en riesgo la corrupción y la violación de derechos humanos que obran en este país”, agregó Cedano.

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Nosotros añadimos esta imagen para que se conozca a estos fascistas:

De izquierda a derecha: Ricardo Alvarado, José Luis García, Flor de los Milagros Contreras, Roger Ayachi y Álvaro Subiria, miembros de ‘La Resistencia‘ o ‘La Insurgencia‘. (Foto: Twitter)

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El Tribunal Constitucional de Uganda, ha confirmado el draconiano proyecto de ley contra la homosexualidad del país.

Cómo la ultraderecha cristiana occidental ejerce influencia en la cruzada anti-LGTBI en Ghana

Grupos como el Congreso Mundial de las Familias o CitizenGO azuzan desde hace años la homofobia en el país africano, cuyo Parlamento aprobó en febrero una ley que criminaliza la homosexualidad. La estrategia pasa por persuadir a la población local de que son los guardianes de la ortodoxia religiosa

El proyecto de ley aprobacdo por el parlamento de Uganda en marzo, que conlleva la pena de muerte por “homosexualidad agravada”, estaba siendo impugnado ante los tribunales por activistas que argumentaban que viola los derechos constitucionales de los ciudadanos a la igualdad y la dignidad.

“Nos negamos a anular la ley contra la homosexualidad de 2023 en su totalidad, ni otorgaremos una orden judicial permanente contra su aplicación”, dijo sobre la decisión el vicepresidente del Tribunal Supremo y presidente del tribunal de Uganda, Richard Buteera.

Sin embargo, el tribunal sí encontró que ciertas partes de la ley violan el derecho de los ciudadanos a la salud y que es “incompatible con el derecho a la salud, la privacidad y la libertad de religión”.

En reacción a la noticia, el abogado de derechos humanos Nicholas Opiyo dijo que el tribunal base “la decisión en sentimientos públicos, supuestos valores culturales y acusaciones infundadas/sin fundamento de reclutamiento en la homosexualidad es, por decir lo menos, extraño”.

El tribunal dictó sentencia sumaria y se negó a anular la ley contra la homosexualidad de Uganda.

 “No estamos de acuerdo con los hallazgos, pero esperamos recibir su razonamiento detallado y consultarnos sobre nuestros próximos pasos”, dijo. Añadiendo: “Uno viene a la corte esperando que supere la intolerancia y los sentimientos públicos. En ese sentido, es una decepción, pero veremos qué próximos pasos se pueden tomar”.

El activista Steven Kabuye,  que recientemente fue apuñalado y abandonado frente a su casa al tomarlo por muerto, dijo que la decisión significa que la comunidad LGBTQ+ en el país ha sido “empujada aún más en la oscuridad” y que el precio de la libertad para un ugandés LGBTQI+ común y corriente es la muerte”.

¿Cuál es la factura?

El proyecto de ley contra la homosexualidad recibió la aprobación del presidente del país,  Yoweri Museveni, en mayo de 2023 y se basó en leyes ya duras que criminalizan el sexo gay, convirtiéndose en una de las leyes anti-LGBTQ+ más estrictas del mundo.

El Parlamento aprobó una versión anterior del proyecto de ley en marzo que tenía disposiciones que buscaban castigar a las personas simplemente por identificarse como parte de la comunidad LGBTQ+, pero esta cláusula fue eliminada posteriormente por los legisladores en mayo, después de que Museveni devolviera el proyecto de ley al parlamento para su reconsideración.

La Ley Antihomosexualidad de 2023: Quienes se identifiquen como queer podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. Mientras tanto, aquellos declarados culpables de “homosexualidad agravada” en virtud de la ley podrían enfrentar castigos tan severos como la pena de muerte. También ha intensificado el sentimiento homofóbico en todo el país con un aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos.  Activistas de derechos LGBTQ+ dijeron que el proyecto de ley ha provocado un aumento de los abusos, incluidas torturas, violaciones y desalojos, contra ugandeses LGBTQ+ por parte de ciudadanos privados.

En respuesta, grupos de derechos humanos y activistas LGBTQ+ criticaron el proyecto de ley como “una legislación vil y mortal” que no hará “nada para mejorar Uganda o las vidas de los ugandeses”.

Estados Unidos también dijo que el país tiene la intención de cortar los lazos económicos con Uganda tras la implementación del proyecto de ley contra la homosexualidad, y el presidente Joe Biden escribió que planeaba poner fin a las relaciones económicas por las “graves violaciones” de los derechos humanos. Después de que Uganda aprobara su ley, el presidente Joe Biden pidió su derogación inmediata y amenazó con recortar la ayuda estadounidense a Uganda en respuesta. El Departamento de Estado emitió una advertencia de viaje a los ciudadanos estadounidenses, instándolos a reconsiderar sus viajes al país debido a la legislación y otros delitos locales y actos terroristas. En junio, Estados Unidos emitió una primera ronda de restricciones de visas para funcionarios ugandeses. En agosto, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos a Uganda porque su controvertida ley “contradice fundamentalmente los valores del Grupo del Banco Mundial”.

Uganda presentó su primer procesamiento importante en virtud de la ley en septiembre, acusando a un activista “ex-gay” que promovió la ley de mantener relaciones sexuales homosexuales consensuadas. Si es declarado culpable, el activista podría enfrentarse a cadena perpetua.

Desde que se aprobó la legislación, ha habido  aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos. en Uganda, según un informe de un comité de la coalición Convención por la Igualdad (CFE).

El informe, visto por Reuters, denuncia 306 violaciones de derechos en Uganda basadas en la orientación sexual y la identidad de género de las víctimas entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2023.

En particular, el informe afirma que la lista no puede considerarse exhaustiva debido a las dificultades que enfrentan las personas LGBTQ+ para denunciar abusos anti-LGBTQ+.

La Casa Blanca condena al Tribunal Constitucional de Uganda por defender la ley de “matar a los gays”

La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, denunció la decisión del Tribunal Constitucional de Uganda de ratificar la Ley Antihomosexualidad de la nación de África Oriental.

La ley, que se aprobó en 2023, enfrentó un desafío constitucional a fines del año pasado por parte de dos profesores de derecho de la Universidad Makerere en Kampala, quienes argumentaron que viola los derechos fundamentales garantizados en la constitución de Uganda, incluida la libertad de discriminación y el derecho a la privacidad.

El tribunal superior del país confirmó la ley, que castiga las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo con cadena perpetua y la “homosexualidad agravada” con la muerte. Partes de la ley –incluida una disposición que tipifica como delito no denunciar actos homosexuales a las autoridades– fueron anuladas por el tribunal por ser “incompatibles con el derecho a la salud, la privacidad y la libertad de religión”.

“El anuncio de que el Tribunal Constitucional ha eliminado algunas disposiciones de la Ley contra la Homosexualidad de Uganda es un paso pequeño e insuficiente para salvaguardar los derechos humanos”, dijo Jean-Pierre en la rueda de prensa de ayer en la Casa Blanca. “Como ha dicho el presidente una y otra vez, nadie debería vivir con miedo constante ni ser sometido a violencia o discriminación. Está mal. Seguiremos trabajando para promover el respeto de los derechos humanos para todos en Uganda y también en todo el mundo”.

El presidente Joe Biden pidió que la ley fuera inmediatamente derogada cuando fue aprobada en mayo pasado y también eliminó a Uganda de un pacto comercial de 2000 conocido como Ley de Oportunidades y Crecimiento Africano (AGOA). La administración de Biden dice que contribuye a la persecución anti-LGBTQ+, pero el Ministro de Asuntos Exteriores de Uganda, Henry Okello Oryem, acusó a las naciones occidentales de intentar “coaccionarnos para que aceptemos relaciones entre personas del mismo sexo utilizando ayuda y préstamos”.

Las Naciones Unidas y los grupos de ayuda internacionales también condenaron la ley, preocupados de que pudiera revertir décadas de progreso contra el SIDA en África. Después de que Uganda aprobara la ley, el Banco Mundial comenzó a suspender todos los préstamos a Uganda.

El secretario de Estado, Anthony Blinken, también denunció la decisión del tribunal.  “Estados Unidos sigue estando profundamente preocupado por los informes de abusos a los derechos humanos en Uganda, incluso contra la comunidad LGBTQI+”, dijo Blinken en un comunicado. “Las disposiciones restantes de la AHA plantean graves amenazas al pueblo ugandés, especialmente a los ugandeses LGBTQI+ y sus aliados, socavan la salud pública, reprimen el espacio cívico, dañan la reputación internacional de Uganda y perjudican los esfuerzos para aumentar la inversión extranjera”.

El representante Mark Takano (D-CA) dijo en un comunicado que estaba “indignado” por la decisión del tribunal y elogió a la administración Biden por “enviar un mensaje claro, tanto a través de la retórica como de la política, de que esta ley es fundamentalmente inhumana. Estoy indignado por el fallo del Tribunal Constitucional de Uganda que confirma una ley que despoja a los ugandeses LGBTQ de su dignidad, libertad y, en algunos casos, de sus vidas”, dice el comunicado. “Es una vergüenza y un retroceso profundamente inquietante para los derechos humanos en la región. Esta ley draconiana añade una capa completamente nueva de discriminación sistemática patrocinada por el Estado además de lo que los ugandeses LGBTQ ya enfrentan: marginación social, violencia policial, desalojos, pérdida de empleo, acoso, agresión e incluso asesinato”.

 La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

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Fuente PinkNews/LGBTQNation/Cristianos Gays

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Se trata del primer caso penal con este cargo desde que el movimiento LGTBI fuera declarado extremista en el país el pasado noviembre

La Justicia rusa ha dictado prisión preventiva para dos personas que trabajan en un bar para homosexuales –encargadas de la dirección artística y la administración– tras acusarlas de extremismo, el primer caso penal con este cargo desde que el movimiento LGTBI fuera declarado extremista en este país.

Según el portal EAN News, la vista judicial en un tribunal de la ciudad de Oremburgo se llevó a cabo este miércoles a puertas cerradas y los periodistas pudieron acceder a la sala solo durante la lectura del fallo. Podrían enfrentarse a hasta 10 años de prisión si son declarados culpables, según apuntan varias informaciones.

“El tribunal adoptó una medida preventiva para el director artístico y el gerente del bar Pose”, dice el tribunal en un comunicado, en el que detalla que permanecerán bajo custodia hasta el 18 de mayo. Según informa el Moscow Times, el director de arte está acusado de seleccionar artistas drag para sus actuaciones y el gerente del bar de grabar dichas actuaciones. Los medios rusos identifican a los detenidos como un hombre y una mujer, Alexander Klimov y Diana Kamilyanova.

The manager Diana Kamilyanova & art manager Alexander Klimov of gay bar Pose were arrested & sent to pre-trial detention today for “organising an LGBT movement cell”. They might get up to ten years imprisonment under the law on extremist organisations pic.twitter.com/6BYdSoMeO8

— OVD-Info English (@ovdinfo_en) March 20, 2024

Este mes, la policía efectuó una redada en un bar, donde se celebraban espectáculos drag. Más tarde el Ministerio del Interior informó de haber “frustrado la actividad de un club nocturno, donde se reunían representantes de un movimiento prohibido en Rusia”. Las autoridades afirman que en el establecimiento “se hacía propaganda del movimiento LGTB, prohibido en Rusia”.

Durante la redada, la policía y miembros de un grupo nacionalista local, que habían informado sobre el club, obligaron a los clientes e invitados a tumbarse boca abajo en el suelo y a las drag queens que actuaban las mantuvieron semidesnudas mientras les confiscaban sus trajes y pelucas, explica Amnistía Internacional.

Ofensiva anti-LGTBI

El Tribunal Supremo de Rusia ilegalizó en noviembre de 2023 al “movimiento LGTBI internacional”, que describe de manera vaga, al considerarlo una “organización extremista” a petición del Ministerio de Justicia. La medida prohíbe la propaganda, la publicidad, el generar interés y animar a integrar las filas del movimiento LGTB, recoge la Agencia EFE. Según denuncia Amnistía Internacional, las redadas policiales en establecimientos de ambiente LGBTI, incluidos bares, clubes y saunas, han aumentado en Rusia después de esta sentencia.

“Lo que las personas LGBTI y los activistas de derechos humanos temían desde finales del año pasado se ha hecho realidad. Las fuerzas del orden rusas, envalentonadas por la vergonzosa sentencia del Tribunal Supremo que declaró ‘extremista’ a un inexistente ‘movimiento internacional LGTBI’, han abierto su primer caso de ‘extremismo’ relacionado con lo LGBTI”, denuncia Natalia Zviagina, directora de Amnistía Internacional Rusia.

“La comunidad internacional debe pedir a las autoridades rusas que revisen la homófoba sentencia del Tribunal Supremo y pongan fin de inmediato a la persecución de las personas LGTBI. Es imperativo garantizar que todos los derechos humanos sean disfrutados por todos sin excepción”, dice.

En noviembre de 2022, la Duma (cámara de diputados) aprobó una ley que prohibía totalmente lo que denomina la propaganda LGTB y el cambio de sexo. Además, en junio prohibió las operaciones quirúrgicas de cambio de sexo, lo que provocó una gran alarma entre la comunidad trans.

Como telón de fondo, el Kremlin ha intensificado aún más la retórica ultraconservadora desde que lanzó su invasión de Ucrania, presentando el conflicto como una batalla contra Occidente y sus valores liberales.

Las autoridades rusas alegan que no hay discriminación ni persecución de la comunidad homosexual en el país y que la prohibición de las manifestaciones públicas de dicho colectivo responde a los valores morales de Rusia.

La situación legal del colectivo LGTBI en Rusia

Con el inestimable apoyo de la Iglesia ortodoxa, el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó por primera vez una ley que prohíbe la llamada “propaganda gay” en Rusia en junio de 2013: la llamada ley contra la «propaganda homosexual ante menores». La ley buscaba aparentemente “proteger a los niños” de cualquier “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales”, como se establece en el texto de la ley. La nueva ley extiende las restricciones no solo a los niños sino también a los rusos de todas las edades. Desde entonces, la legislación rusa ha seguido empeorando respecto a la situación de las personas LGTBI. La ley se ha utilizado principalmente para silenciar a organizaciones activistas, eventos, sitios web y medios de comunicaciónLGBTQ+, así como para separar familias y acosar a maestros. También ha sido rotundamente condenado por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, los grupos de derechos humanos Amnistía Internacional y Human Rights Watch, así como activistas de derechos civiles en todo el mundo.

El objetivo siempre ha sido invisibilizar la lucha por los derechos LGTBI y la mera existencia del colectivo. Cualquier información positiva sobre las orientaciones sexuales “no tradicionales” o de las distintas identidades de género quedaron marcadas como ilegales, se reprimieron y se castigaron con fuertes multas económicas. La marcha  del Orgullo quedó prohibida, las banderas arcoíris o trans fueron vedadas en público y sus portadores fueron detenidos, sancionados e incluso temporalmente encarcelados.

Los observadores de derechos humanos dicen que la ley, que también prohíbe que las personas compartan “ideas distorsionadas sobre el valor social igual de las relaciones sexuales tradicionales y no tradicionales”, se ha utilizado para reprimir la libertad de expresión de las personas LGBT +, y alimentó un aumento en retórica homofóbica en el país.

En 2017, Putin afirmó que es su “deber” evitar que las personas homosexuales se casen para que las personas normales tengan más bebés. En ese mismo 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que la ley es discriminatoria. Los jueces escribieron: “Al adoptar tales leyes, las autoridades reforzaron el estigma y los prejuicios y alentaron la homofobia, que era incompatible con los valores de una sociedad democrática”.

El mismo tribunal también determinó que Rusia estaba violando los derechos humanos de las personas LGBT + por la prohibición de los eventos de Orgullo en 2018 y por las acciones para bloquear el registro de grupos LGBT + en 2019.

En 2018, un informe de la Human Rights Watch confirmaba que la ley contra la “propaganda gay” de Rusia es un peligro.

Pero todo empeoró en diciembre de 2022, cuando Putin firmó una ley que amplía la prohibición del país de la “propaganda” LGBTQ+. La ley recién firmada prohíbe efectivamente cualquier expresión pública de la vida LGBTQ+ en Rusia al prohibir “cualquier acción o difusión de cualquier información que se considere un intento de promover la homosexualidad en público, en línea o en películas, libros o publicidad”, informó Reuters.

La ley fue  aprobada por unanimidad en las dos cámaras del Parlamento ruso. Se eliminaba el requisito de que la “propaganda” fuera realizada ante menores y, de ese modo, se prohibió cualquier manifestación, información o creación que mostrase “relaciones no tradicionales” de manera no derogatoria, así como la información sobre las identidades de género a menores. Cualquier libro, película, espectáculo, canción, obra de arte, muestra de afecto, afirmación de la propia orientación sexual ante testigos, información positiva de la homosexualidad, bisexualidad o condición trans fueron castigados con fuertes sanciones. De hecho, la reforma de la ley supuso la total invisibilización y el enmudecimiento social de las personas LGTBI, a quienes desde medios o instituciones gubernamentales se consideraron “agentes extranjeros” o traidores a la patria, en una situación de guerra tras la brutal invasión de Ucrania.

El siguiente ataque a los derechos LGTBI fue dirigido específicamente y con absoluta crueldad contra el colectivo más vulnerable: las personas trans. El 31 de mayo de 2023, fue presentado un proyecto de ley en la Duma (la cámara baja del Parlamento ruso) en el que se establecía la prohibición de cualquier tratamiento médico, tanto farmacológico como quirúrgico, para la reasignación de género. El proyecto de ley fue aprobado en la cámara el 19 de julio, tras las tres lecturas pertinentes, por unanimidad de los representantes, dejando patente una vez más que el supuesto pluripartidismo del régimen autocrático ruso es una mera pantomima. Ese mismo día, se sometió a votación en el Consejo de la Federación (la cámara alta del Parlamento). Se habían introducido varias enmiendas al texto inicial, que incluían la anulación de los matrimonios en los que uno de los cónyuges hubiera cambiado su sexo registral, así como la prohibición de que estas personas pudieran adoptar o acoger a niños. Tan solo unos días después, el 24 de julio, la ley era promulgada por el presidente Vladimir Putin. Desde esa fecha, las personas trans rusas dejaban de existir legalmente.

Finalmente, el 30 de noviembre de 2023, en una sesión a puerta cerrada, el Tribunal Supremo ruso falló a favor de la demanda del Ministerio de Justicia que acusaba al “movimiento LGTBI” de incitar a la discordia social y religiosa. La sentencia del alto tribunal calificaba al “movimiento LGTBI internacional” como “organización extremista”, poniendo en peligro cualquier forma de activismo o visibilidad de las personas LGTBI rusas. La legislación penal rusa castiga con hasta 12 años de cárcel el hecho de participar en una organización declarada como extremista, así como su financiación. Cualquier persona que exhiba símbolos de tales grupos se enfrenta a hasta 15 días de detención en la primera ocasión y hasta cuatro años de prisión si es reincidente. Existe una «lista de extremistas» en la que las autoridades incluyen a las personas sospechosas de estar implicadas en ese tipo de organización. Sus cuentas bancarias pueden ser congeladas y se les prohíbe presentarse a cargos públicos.

Como el supuesto “movimiento LGTBI internacional” no existe en realidad como organización, las corruptas autoridades judiciales podrán procesar arbitrariamente a cualquier persona por cualquier actividad relacionada con los derechos LGTBI. Si la ley contra la “propaganda homosexual” establecía fuertes sanciones administrativas a la visibilidad LGTBI, la sentencia del Tribunal Supremo la convirtió en un delito grave penado con dureza.

En esta coyuntura, no podemos olvidar el papel fundamental que está ejerciendo la Iglesia Ortodoxa Rusa. Y ponemos dos ejemplos:

Recientemente, el patriarca Kirill llamaba a Rusia a luchar contra Occidente, al que calificaba como  el “Anticristo”: la ideología de género, la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo y la “propaganda a favor del cambio de sexo”,

El patriarca Moscú, Kirill I, ha llamado a Rusia a luchar contra el “mal” de Occidente. “Es muy importante que nuestro país sea capaz de liderar la resistencia contra -diré ahora una palabra increíble- el Anticristo“, afirmó el líder de la Iglesia ortodoxa rusa en la cámara alta del Parlamento, el Consejo de la Federación. Hay que defenderse de la llegada del “mal”, aseveró quien se ha convertido en uno de los principales aliados del presidente Vladimir Putin.

Según Kirill, las élites de los países occidentales se basan en valores anticristianos y están embarcados en lo que considera un proceso para disolver la herencia cristiana. “Hoy en día, las élites occidentales están librando una guerra contra la institución de la familia tradicional, por supuesto con el pretexto del respeto a los derechos humanos y la libre elección”, afirmó el jerarca, criticando, como ya ha hecho en otras ocasiones, la ideología de género, la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo y la “propaganda a favor del cambio de sexo”, según informa Katholisch.

“La casa europea, para decirlo con palabras del Evangelio, se parece cada vez más a un ataúd pintado, que se ve hermoso por fuera, pero por dentro está lleno de huesos de un hombre muerto y todo tipo de suciedad“, abundó en su descripción del declive de Occidente, en su opinión. El edificio impresiona por su lujo, “pero los cimientos son irremediablemente débiles y los muros de carga están al borde del colapso”.

En febrero de 2023 la Iglesia Ortodoxa Rusa rompía con las «iglesias» que aceptan el matrimonio o la bendición de parejas homosexuales. La Iglesia Ortodoxa Rusa ha cortado los lazos con las iglesias occidentales que han aprobado el matrimonio o la bendición de parejas homosexuales. Entre ellas figura la Iglesia de Inglaterra, de donde nació la comunión anglicana. comunidades de las iglesias luteranas de Suecia, Noruega y la Iglesia Episcopal de EE.UU., de base anglicana.

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Recapitulando con más información:

Tras la promulgación de una de las leyes contra la diversidad sexual y de género más duras del mundo en primavera de 2023, la comunidad LGTBI de Uganda, se enfrenta a las difíciles consecuencias de la persecución de Estado. La legislación discriminatoria castiga con cadena perpetua las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, condena «la promoción de la homosexualidad» con hasta 20 años de cárcel y la «homosexualidad agravada» con la pena de muerte. Esta situación pone en grave riesgo la estrategia de control del VIH en este país africano. Activistas, personas que viven con el VIH y otras en situación de riesgo ya están sufriendo los efectos de la represión LGTBIfóbica y de la sinrazón de la criminalización del colectivo.

El pasado 29 de mayo, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, firmó la «Ley contra la Homosexualidad 2023». Solo tres meses después, un joven de 20 años se convertía en el primer ugandés en ser acusado de «homosexualidad agravada», un «delito» que se castiga con la pena de muerte. Se le acusó de «relaciones sexuales ilegales con un hombre de 41 años» y está en prisión preventiva, aunque en su orden de detención no se especificaban los motivos por los que se considera «agravamiento» en su caso. La abogada del joven ha valorado que se trata de una «ley inconstitucional» en su conjunto. De hecho, distintas organizaciones a favor de los derechos humanos la recurrieron en diciembre.

Steven Kabuye, director ejecutivo del grupo de defensa Colored Voice Truth to LGBTQ, que ha sufrido amenazas de muerte desde marzo debido a su sexualidad, se grabó en el suelo, aferrándose a la vida, tras ser apuñalado repetidamente por asaltantes desconocidos en el exterior de su casa. Ahora está recibiendo atención fuera de Uganda. Pero Kabuye dice que la policía parecía más centrada en que era gay que en el ataque.

Violación de los derechos humanos

Para Amnistía Internacional, «La Ley contra la Homosexualidad viola las obligaciones a las que está sujeta Uganda en virtud de su propia legislación y del derecho internacional, como las obligaciones derivadas del capítulo 4 de la Constitución ugandesa, que protege los derechos a la igualdad, a no sufrir discriminación, a la protección de la libertad personal, a la protección frente a los tratos crueles o degradantes, y a la intimidad. Además, la Ley viola disposiciones de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos que prohíben la discriminación, los tratos crueles o degradantes y las detenciones arbitrarias».

Según recoge esta organización, además, esta ley «viola varias disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Declaración Universal protege el derecho de toda persona a expresarse libremente, así como el derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación. Al igual que la Carta Africana, la Declaración Universal prohíbe la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la detención, la reclusión o el exilio arbitrarios, y las injerencias arbitrarias en la vida privada, la familia, el domicilio o la correspondencia de una persona. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contiene disposiciones similares en sus artículos 2, 7, 9 y 17».

Por su parte, un grupo de expertos de la ONU describió la ley como una «violación de los derechos humanos». Asimismo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció el proyecto de ley como «discriminatorio, probablemente el peor de este tipo en el mundo».

En una encuesta realizada en 2022 por Afrobarómetro, una red apartidista de investigación, se puso de manifiesto que el pueblo ugandés es muy tolerante con las personas de diferentes etnias y religiones, pero muy intolerante con la diversidad sexual y de género. Cerca del 97% se declaraba a favor de leyes que penalizaran la homosexualidad y el 94% afirmaba que denunciaría a un familiar o amigo gay a la policía. Más de la mitad de los 54 países del continente africano tienen leyes anti LGTBI. Quienes promueven estas medidas las consideran una manera de «deshacerse de un vestigio de la dominación colonial». Sin embargo, la realidad ugandesa es que ley contra la sodomía de 1950 fue aprobada durante el dominio colonial de Reino Unido (recordemos que Uganda obtuvo la independencia de este país en 1962).

En grave riesgo la estrategia de control del VIH

A raíz de la legislación discriminatoria contra las personas LGTBI, las organizaciones que trabajan para controlar el VIH en Uganda se están viendo sometidas a innumerables problemas y desafíos, que ponen en riesgo incluso la continuidad de muchas de ellas. Es por ejemplo el caso de la Fundación Foaster para la Salud de Uganda (FFHCU): «Actualmente, la Fundación Foaster se enfrenta a la pérdida de su oficina y espacio de refugio, y estamos recaudando fondos urgentemente para ayudar a pagar su alquiler y asegurarnos de que los miembros de Foaster no pierdan su casa y seguridad». Mientras el director  de la fundación se encontraba en el hospital visitando a un compañero que había sido golpeado, el espacio del refugio fue allanado por la policía y 10 miembros fueron arrestados bajo cargos de homosexualidad.

Escalada de represión al colectivo LGTBI en Uganda

La situación de las personas LGTBI en Uganda, como hemos visto, se ha deteriorado todavía más de lo que ya estaba los últimos años. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

La durísima normativa vigente se remonta a 2016, cuando la presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, perofinalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales, ya vigente, recupera muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Con todo, conviene tener en cuenta que además del marco jurídico desfavorable, la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques discriminatorios arbitrarios. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre de 2019  recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo, como ha acabado ocurriendo.

La Ley contra la homosexualidad de 2023

En febrero de 2023, el Parlamento de Uganda autorizó la presentación de un proyecto de ley que pretendía actualizar la penalización de las relaciones homosexuales. En el memorándum de la presentación del proyecto, se establecía que su pretensión era:

prohibir las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y su «promoción o reconocimiento»,

reforzar las medidas para «hacer frente a las nuevas amenazas a la familia tradicional heterosexual»,

proteger a la cultura ugandesa de los activistas de los derechos sexuales que pretenden imponer sus valores de promiscuidad sexual, y

proteger a los niños y jóvenes vulnerables ante los abusos sexuales derivados de la homosexualidad y actos afines.

Es decir, como es habitual en este tipo de textos represores de la libertad sexual, se ligaba la homosexualidad a la pederastia o abuso de menores, se la declaraba como una amenaza a la familia tradicional e incluso se la consideraba como algo ajeno a la cultura africana.

El primer borrador presentado y llevado a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios ya establecía penas de 10 años de prisión por el «delito de homosexualidad», en el que incurrían no solo quienes mantuvieran relaciones con personas de su mismo sexo, sino también quienes simplemente se declarasen «lesbiana, gay, transexual, queer o cualquier otra identidad sexual o de género contraria a las categorías binarias de masculino y femenino».  También castigaba con la pena de muerte los casos de «homosexualidad agravada», en los que se incluían las relaciones homosexuales de personas que conviven con el VIH.

En la Comisión de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios, una mayoría de 30 miembros apoyó el proyecto de ley tal como se había presentado. Tan solo dos miembros disintieron. Expertos en derechos humanos y juristas de prestigio declararon que muchos de los artículos del proyecto eran inconstitucionales. Fue inútil, la mayoría de los miembros de la Comisión estimaron que «la prohibición de la homosexualidad está arraigada en las leyes de Uganda y en nuestras normas y valores culturales más preciados y compartidos». También afirmaron, a pesar de las pruebas en contra, que los medios de comunicación «se han visto inundados recientemente de noticias sobre sodomía y lesbianismo en las escuelas ugandesas» y que «la seducción y el reclutamiento de escolares para la homosexualidad han tomado forma en Uganda».

De esta manera, no solamente dieron su apoyo al proyecto de ley, sino que introdujeron enmiendas que lo endurecían. Mantener relaciones homosexuales se castigaría con la cadena perpetua y con 14 años de cárcel en el grado de tentativa. Aunque desaparecía la mención al VIH en el delito de «homosexualidad agravada», se incluyó el hecho de contraer una «enfermedad terminal» por una de las partes para castigarla con la pena de muerte. También se incluyó la pena de prisión de 10 años para quienes participasen en una ceremonia de matrimonio entre personas del mismo sexo.

Se modificaron las normas del Parlamento para poder apoyar el proyecto de ley sin demora. El 21 de marzo se votaron las dos últimas lecturas, por una mayoría de 387 votos a favor y tan solo 2 en contra.

La nueva norma fue remitida al presidente Yoweri Museveni para su promulgación. Sin embargo, aconsejado por los funcionarios del Ministerio de Justicia y por miembros de su propio partido, Museveni devolvió el texto al Parlamento para que introdujera modificaciones. El presidente requería que no se castigara el mero hecho de identificarse como una persona LGTBI ni tampoco el hecho de no denunciar los actos homosexuales. El Parlamento introdujo las enmiendas necesarias, aunque la no denuncia de los actos homosexuales siguió siendo castigada si una las personas implicadas era vulnerable. El texto final fue aprobado por 348 votos a favor y tan solo 1 en contra.

El 29 de mayo de 2023, el presidente Yoweri Museveni promulgó finalmente la Ley contra la homosexualidad. Destacamos a continuación los artículos que vulneran los derechos humanos de las personas LGTBI, dejando sin citar las penas establecidas para los delitos de violación o el abuso de menores:

• Artículo 2. Delito de homosexualidad
  1. Una persona comete el delito de homosexualidad si realiza un acto sexual o permite que una persona de su mismo sexo realice un acto sexual con ella.
  2. Toda persona que cometa un delito de homosexualidad podrá ser condenada a cadena perpetua.
  3. Toda persona que intente realizar un acto sexual en las circunstancias mencionadas en el apartado (1) comete un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta diez años.
• Artículo 3. Homosexualidad agravada
  1. Una persona que cometa el delito de homosexualidad en cualquiera de las circunstancias especificadas en el apartado (2), comete el delito de homosexualidad con agravantes y puede ser condenada a muerte.
  2. Las circunstancias a las que se hace referencia en el apartado (1) son cuando
     • la persona contra la que se comete el delito contrae una enfermedad terminal como resultado del acto sexual;
     • el delincuente es reincidente;
     • la persona contra la que se comete el delito es de edad avanzada;
  3. Una persona que intente realizar un acto sexual en las circunstancias mencionadas en el apartado (1) comete un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta catorce años.
• Artículo 6. El consentimiento para cometer un acto sexual no constituye defensa
  • El consentimiento de una persona para cometer un acto sexual no constituirá una defensa frente a una acusación formulada en virtud de la presente Ley.
• Artículo 10. Prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo
  1. Toda persona que
     • pretenda contraer matrimonio con una persona del mismo sexo;
     • presida, conduzca, presencie o dirija una ceremonia que pretenda ser un matrimonio entre personas del mismo sexo; o
     • asista o participe a sabiendas en la preparación de un pretendido matrimonio entre personas del mismo sexo, comete un delito y podrá ser condenado a una pena de prisión de hasta diez años.
  2. En esta sección, «matrimonio» significa la unión, formal o informal, entre personas del mismo sexo.
• Artículo 11. Promoción de la homosexualidad
  1. Toda persona que promueva la homosexualidad comete un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta veinte años.
  2. Una persona promueve la homosexualidad cuando
     • anima o persuade a otra persona a realizar un acto sexual o cualquier otro acto que constituya un delito en virtud de la presente Ley;
     • a sabiendas anuncia, publica, imprime, emite, distribuye o hace que se anuncie, publique, imprima, emita o distribuya por cualquier medio, incluido el uso de un ordenador, sistema de información o internet, cualquier material que promueva o fomente la homosexualidad o la comisión de un delito tipificado en esta Ley;
     • proporcione apoyo financiero, ya sea en especie o en efectivo, para facilitar actividades que fomenten la homosexualidad o la observancia o normalización de conductas prohibidas en virtud de la presente Ley;
     • a sabiendas alquile o subarriende, utilice o permita que otra persona utilice cualquier casa, edificio o establecimiento con el fin de llevar a cabo actividades que fomenten la homosexualidad o cualquier otro delito tipificado en la presente Ley; o
     • dirija una organización que promueva o fomente la homosexualidad o la observancia o normalización de conductas prohibidas en virtud de la presente Ley.
  3. Cuando una persona jurídica cometa un delito tipificado en este artículo, el tribunal podrá
     • imponer una multa no superior a cincuenta mil puntos monetarios por el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de este artículo;
     • suspender la licencia de la entidad por un período de diez años; o
     • cancelar la licencia concedida a la entidad.
• Artículo 14. Obligación de denunciar actos de homosexualidad
  1. Toda persona que sepa o tenga sospechas razonables de que una persona ha cometido o tiene intención de cometer un delito de homosexualidad o cualquier otro delito tipificado en la presente Ley, informará del asunto a la policía para que adopte las medidas oportunas.
  2. Una persona a la que el privilegio le impida realizar una denuncia en virtud del apartado (1) será inmune a cualquier acción derivada de la divulgación de la información sin que se haya obtenido o tenido previamente el consentimiento o la renuncia al privilegio.
  3. Una persona que haga una denuncia a la que se hace referencia en esta sección será tratada como denunciante de conformidad con la Ley de Protección de Denunciantes de 2010 y estará protegida contra la victimización.
  4. Esta sección no se aplicará a un abogado en virtud de la Ley de la Abogacía.

Como hemos señalado anteriormente, tan solo tres meses después de la promulgación de la ley, un joven de 20 años se convertía en el primer ugandés en ser acusado de «homosexualidad agravada»,

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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“Eso es lo que se merecen”, dijo a los periodistas en la empobrecida nación de África Oriental.

El presidente de Burundi alient la violencia homófoba. Évariste Ndayishimiye, en una intervención televisada, hizo a finales de año un llamamiento a la lapidación de las personas LGTBI, en una nueva escalada de la retórica de odio homófobo. Las relaciones entre personas del mismo sexo están penadas desde 2009 en el país africano, y la situación de la comunidad LGTBI no ha hecho más que empeorar desde entonces. Un reciente informe de Amnistía Internacional denuncia el «entorno hostil» en el que tienen que desarrollar sus vidas.

El presidente de Burundi se unió el viernes al coro de sentimientos anti-LGBTQ+ entre los líderes del África subsahariana al pedir la persecución de los homosexuales en sus países. “Si queréis atraer una maldición al país, aceptad la homosexualidad”, dijo a los periodistas el presidente de Burundi, Evariste Ndayishimiye, según Reuters.

En un evento en la pequeña nación sin salida al mar al sur de Uganda en la provincia oriental de Cankuzo del país, donde respondió preguntas de periodistas y del público, Ndayishimiye comentó que los homosexuales en su país deberían ser detenidos y llevados a un estadio donde serían apedreados.  La diatriba homófoba se retransmitió por radio y televisión. Ante una pregunta sobre las parejas del mismo sexo, Ndayishimiye tachó la existencia de estas como una «práctica abominable». «Os digo la verdad», prosiguió, «si queréis traer la maldición a un país, hay que dejar casarse a las personas del mismo sexo», apelando a continuación a la leyenda bíblica de Sodoma y Gomorra. «Personalmente, pienso que si se ven ese tipo de individuos en Burundi, habría que ponerlos en un estadio y lapidarlos con piedras. ¡Y eso no sería un pecado para los que lo hicieran!», sentenció Ndayishimiye durante el evento: “Eso es lo que se merecen”, añadió.

Si bien los comentarios del presidente no tienen fuerza de ley, son una indicación de las crecientes actitudes anti-LGBTQ+ entre funcionarios gubernamentales y ciudadanos públicos que se han ido extendiendo en general por toda la región.

La presidencia de Ndayishimiye, que lleva en el poder desde 2020, se ha caracterizado en materia de derechos por la virulencia contra las personas LGTBI. En su discurso de inauguración calificó el matrimonio entre personas del mismo sexo como una «desviación social» y poco después sugirió que los países más afectados por la pandemia de la covid-19 eran los que apoyaban a la comunidad LGTBI. A comienzos del año pasado, hizo un llamamiento a «echar una maldición a las personas que se entregan a la homosexualidad» porque «Dios no puede soportarlo» y «Dios nunca tuvo la intención de [permitir los] matrimonios del mismo sexo».

Burundi, pequeño país africano densamente poblado de mayoría católica (el propio Ndayishimiye es descrito como un «católico ferviente»), sufre desde hace años una preocupante deriva hacia la violencia y la estigmatización de las personas LGTBI. Las relaciones entre personas del mismo sexo, tanto hombres como mujeres, están penadas desde 2009 con multas y hasta dos años de cárcel. Desde entonces se han documentado numerosos casos de arrestos y hostigamiento, que con frecuencia incluyen extorsiones por parte de la policía para conseguir sobornos de sus víctimas. En 2017, por ejemplo, nos hacíamos eco de la detención de dos menores de edad por subir a Facebook un vídeo en el que aparecían bailando juntos.

Amnistía Internacional ha publicado recientemente un informe, con el contundente título de Nos enfrentamos a la extinción, en el que analiza la situación de la comunidad LGTBI en doce países africanos. Entre ellos Burundi, sobre el que alerta del clima de hostigamiento creciente y los arrestos arbitrarios. «El marco legal ha creado un entorno hostil para las personas LGTBI en el país, dejándolas vulnerables a la discriminación, el acoso y la persecución», reza el informe, que añade que «los comentarios incendiarios del presidente Ndayishimiye solo han servido para marginalizar y estigmatizar más aún a las personas LGTBI en Burundi».

Al igual que los líderes de las vecinas Uganda y Kenia, Ndayishimiye acusó a las naciones occidentales de imponer los derechos de los homosexuales en África a cambio de ayuda. “Que se lo queden”, dijo.

Los comentarios de Ndayishimiye se producen  tras la aprobación en Uganda de la segunda “Matar a los gays” en marzo, firmada con entusiasmo por el presidente de ese país, Yoweri Museveni, en mayo del año pasado. La ley, oficialmente titulada Ley contra la Homosexualidad, establece la pena de muerte para la “homosexualidad agravada”, definida como actos entre personas del mismo sexo realizados por cualquier persona infectada con VIH o cualquier acto entre personas del mismo sexo que involucre a niños, discapacitados o una víctima coaccionada.

Quienes “promuevan” la homosexualidad en Uganda por cualquier medio, como proporcionar servicios o alquilar espacios a personas u organizaciones homosexuales conocidas, están sujetos a multas y penas de prisión.

Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley. Actualmente la ley está siendo impugnada ante el Tribunal Constitucional del país.

 Tras la firma de Museveni, Estados Unidos anunció restricciones de visas y la expulsión de Uganda de un pacto comercial liderado por Estados Unidos por las “graves violaciones” de los derechos humanos y otros requisitos de elegibilidad del país.

El año pasado, los legisladores de Kenia, introdujeron una copia de la ley “Matar a los gays” que se abrió camino en el parlamento. La ley propuesta incluye la “expulsión de refugiados y solicitantes de asilo que violen la ley” y exigiría “psicoterapia y rehabilitación de delincuentes”, planteando la perspectiva de campos de reeducación y terapias de conversión forzada para personas queer.

La presentación del Proyecto de Ley de Protección Familiar de Kenia se produjo tras una cumbre de legisladores activistas anti-LGBTQ+ en Uganda en marzo organizada por Family Watch International, una organización con sede en Arizona comprometida con la difusión de la ideología anti-LGBTQ+ y antiaborto en todo el mundo. El grupo jugó un papel decisivo en la elaboración del proyecto de ley Kill the Gays original de Uganda en 2009.

A raíz de Uganda y Kenia, la legislación y los procesamientos anti-LGBTQ+ se han extendido a otras naciones africanas, incluidas Ghana, Zambia y Tanzania, donde las autoridades han prometido procesar a cualquiera que sea sorprendido compartiendo contenido LGBTQ+ en línea

Fuente LGBTQNation/Tetû

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El Tribunal Constitucional de Corea del Sur ha ratificado por cuarta vez dos leyes contra la comunidad LGBTQ+, incluida la tristemente célebre “ley de sodomía” militar, en una sentencia que los activistas consideran un revés para los derechos de igualdad.

El tribunal, en una votación de cinco a cuatro, dictaminó que el artículo 92-6 de la ley penal militar, que prescribe una pena máxima de prisión de dos años por “coito anal” y “cualesquiera otros actos indecentes” entre militares, incluso estando de permiso y de forma consentida, era constitucional en respuesta a varias peticiones que impugnaban la ley.

Un juez a favor de la ley declaró que, dado que había muchos hombres en el ejército, las oportunidades de mantener relaciones sexuales entre personas del mismo sexo eran frecuentes y, por tanto, la ley era necesaria para mantener el orden y evitar las agresiones sexuales entre personas del mismo sexo y el deterioro de la preparación de los militares para el combate.

Lim Tae-hoon, director del Centro de Derechos Humanos Militares de Corea, que presta asistencia a los soldados, incluidos los acusados de infringir la ley antisodomía, dijo que la decisión era “absurda, ilógica, regresiva e impulsada por prejuicios. Mientras el mundo ha avanzado en la abolición de la discriminación contra las minorías en los últimos 20 años, las mentes de los jueces no han avanzado ni un solo paso”, afirmó.

El investigador de Amnistía Internacional sobre Asia Oriental, Boram Jang, afirmó que se trataba de “un penoso revés en la lucha de décadas por la igualdad en el país. Esta sentencia subraya los prejuicios generalizados que sufren las personas LGBTI en Corea del Sur y la falta de acción del gobierno para prevenir daños y garantizar la igualdad, que es su responsabilidad en materia de derechos humanos”, afirmó Jang. “No tiene cabida en la sociedad coreana y debe suprimirse inmediatamente”.

El artículo 92-6 ha sido durante mucho tiempo una ley controvertida, cuya derogación han pedido organizaciones de derechos humanos locales e internacionales, así como el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

La ley se ha aplicado de forma indiscriminada para castigar y excluir a soldados homosexuales, independientemente de cualquier acto sexual, en una sociedad conservadora en la que ser homosexual suele considerarse tabú o incluso una condición médica. La ley también ha sido criticada por crear barreras para que las víctimas de agresiones sexuales en el ejército denuncien.

En 2017, se inició una investigación -denunciada por grupos de derechos como “caza de brujas”– para identificar a militares sospechosos de ser homosexuales, que dio lugar a la acusación de una docena de soldados. En 2021 se sancionó penalmente a dos soldados por un acto sexual consentido, que fue finalmente anulado por la Corte Suprema. En aquel momento, un tribunal declaró que sus acciones “rozaban la violación”.

La sentencia del jueves se produce a pesar de la decisión del Tribunal Supremo de anular las condenas del artículo 92-6.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional dictaminó que un artículo de la ley de prevención del sida que penaliza la transmisión de la infección por VIH también era constitucional.

La ambigua ley, promulgada durante el pánico del sida a finales de la década de 1980, ha sido criticada por impedir que las personas que viven con el VIH o el sida reciban la atención necesaria al estigmatizarlas mediante la criminalización.

Rainbow Action, organización que agrupa a organizaciones de defensa de los derechos de las personas LGBTQ, afirmó que el hecho de que el tribunal no declarara inconstitucionales las leyes sobre sodomía y estigmatización del VIH significaba que “no había cumplido con su responsabilidad de proteger los derechos de las minorías. La lucha dista mucho de haber terminado.”

Fuente OinkNews

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Miembros del grupo cristiano Soldados de Dios atacaron durante la noche un pub de Beirut por la “presencia de homosexuales”.

La víctima de un ataque anti-LGBTQ+ a un bar en Beirut, Líbano, ha hablado de su temor e incertidumbre de salir con vida de la situación, después de que un grupo religioso de derecha sitiara el lugar.

En la noche del miércoles (23 de agosto), hombres que se identificaron como miembros del grupo militante Jnoud El-Rab, también conocido como los Soldados de Dios, atacaron el local LGBTQ+ Madame Om en la bulliciosa zona de Mar Mikhael en la capital libanesa. .

Los Soldados de Dios son un grupo cristiano de derecha que tiene opiniones anti-LGBTQ+ y busca purgar cualquier cosa remotamente queer de sus vecindarios. Se ven a sí mismos como los protectores morales del Líbano.

El grupo justificó ese ataque afirmando que el lugar estaba “promoviendo la homosexualidad“.

Hablando con PinkNews, un miembro de la comunidad LGBTQ+ que estaba en el bar la noche del ataque dijo que la situación era una “mezcla de terror, ansiedad e incertidumbre de que saldremos con vida. Algunos lloraban, otros se pusieron histéricos, otros se sorprendieron y algunos se despidieron por última vez”, dijo la víctima, que prefiere permanecer en el anonimato. “El aire estaba tan tenso que estábamos todos apretujados contra la pared en la trastienda, anticipando como blancos fáciles esperando ser exterminados, viendo cómo nuestros amigos eran golpeados físicamente por monstruos. Parecía una eternidad esperar a que la situación se calmara para poder escapar, uno tras otro, en silencio”.

Añadió que no creía que ninguna víctima durmiera esa noche y que “sentía una necesidad urgente de desconectarse para comprender lo que acababa de suceder“. Ahora existe un mayor temor entre la comunidad, ya que este tipo de ataques les hace sentir inseguros en todas partes. “Nos amenazan en los clubes, en las calles, en nuestras propias casas”, dijo la víctima.

Members of the Christian group “Jnoud al-Rab” ambushed Om Barroom pub in Mar Mikhael, Beirut, amid a drag show it was hosting this evening.

The members could be heard threatening, “Promoting homosexuality is forbidden,” “this is just the beginning.” pic.twitter.com/7dKr9yMoFk

— Sally Abou AlJoud | سالي (@JoudSally) August 23, 2023

Varias personas fueron agredidas durante el ataque, con imágenes de vídeo en las redes sociales que muestran a miembros del grupo militante gritando cánticos homofóbicos y dirigiendo viles insultos a los clientes dentro del lugar. Las imágenes también muestran mesas y sillas fuera del bar dejadas en estado de destrucción tras las acciones del grupo.

Se estima que la violencia duró una hora, y Amnistía Internacional informó que cuando las Fuerzas de Seguridad Interna (ISF) llegaron al lugar, impidieron a los agresores entrar al bar y ayudaron a algunos clientes a escapar. Sin embargo, las FSI supuestamente no detuvieron el ataque ni arrestaron a ninguno de los agresores.

PinkNews se ha puesto en contacto con las Fuerzas de Seguridad Interna del Líbano para solicitar comentarios, pero aún no han respondido.

“Este es el lugar de Satanás. Está promoviendo la homosexualidad”, dijo un militante, según una traducción del medio de comunicación libanés  Naharnet.  “Esto está prohibido en la tierra del Señor […] Todavía estamos hablando con ustedes y esto es sólo el comienzo […] Les habíamos advertido cien veces”, dijo el militante.

Durante las imágenes también se escucharon las palabras “esto es sólo el comienzo” y “promover la homosexualidad está prohibido”.

La víctima dijo que Madame Om es un establecimiento amigable con LGBTQ+ “donde todos los marginados se reúnen con sus familias elegidas para sentirse parte de algo especial”.

Los Soldados de Dios atacaron el lugar durante un evento de espectáculo drag donde actuaban las drag queens Emma Gration y Latiza Bombé.

La víctima anónima describió el evento como “algo de comedia, algunas actuaciones musicales, algunas referencias culturales locales” y “como siempre, algo de educación y diversión. Estamos aquí, existimos y nadie nos silenciará. Sin embargo, a veces para seguir haciendo lo que estamos haciendo tenemos que hacerlo de forma inteligente. Desafortunadamente tenemos que acortar el espectáculo”, dijo Emma Gration desde el escenario, según informó la agencia de noticias Reuters, mientras la multitud de hombres se acercaba.

Las drag queens se vieron obligadas a quitarse la ropa durante el ataque para poder abandonar el lugar de forma segura entre los clientes. Compartieron en Instagram que ambos están a salvo y prometieron “luchar” y “seguir adelante”.

Tras el ataque, el país, que ha intensificado su retórica anti-LGBTQ+ en los últimos meses, quedó dividido sobre las acciones de los Soldados de Dios.

En las redes sociales de las drag queens, miembros de la comunidad y aliados ofrecieron palabras de apoyo y se opusieron a los actos violentos presenciados el miércoles por la noche. “Lamento mucho el trauma por el que te hizo pasar este país. Necesitamos organizar clases de autodefensa colectivamente para no permitir que nos derriben por completo”, comentó una persona. Mi sangre está hirviendo ahora mismo. Esto es aterrador, manténganse fuertes, reinas”, escribió otro.

Sin embargo, los fanáticos anti-gay aprovecharon el ataque como una oportunidad para elogiar el trabajo del grupo militar y criticar a la comunidad LGBTQ+.

Según lo citado por Naharnet, Sheikh Hassan Merheb – un clérigo musulmán sunita que es un alto miembro de la autoridad religiosa Dar al-Fatwa – dijo en las redes sociales: “Un saludo desde el corazón a los hombres de los Soldados de Dios por lo que hicieron hace un tiempo al prohibir una fiesta de desviación sexual en una de las calles de Beirut”. Y añadió: “Lo dije antes y lo repito ahora: apoyo a cualquiera que enfrente esta desviación y atraso antinatural y pongo mi mano en sus manos para defender a nuestras familias y a la sociedad contra este pensamiento degenerado y destructivo”.

La víctima del ataque al bar explicó a PinkNews que el incidente “unió a la comunidad” y “hizo que la gente pensara en las medidas de seguridad a largo plazo que deben aplicarse. Pero, por supuesto, el trauma pasó factura. ¿Quién nos ayudará? ¿Quién tiene influencia? ¿Quién tiene influencia? Necesitamos alguna orientación”, dijo. La víctima anónima añadió que la retórica anti-LGBTQ+ en la nación del Medio Oriente ha estado “aumentando drásticamente” en los últimos meses.

Si bien las leyes del Líbano penalizan la homosexualidad y ofrecen poca protección contra la discriminación, durante mucho tiempo el país fue visto como un lugar más seguro para las personas LGBTQ+ que el resto del mundo árabe. Por ejemplo, en 2017 se celebró un evento del Orgullo en Beirut, el primero en el conservador Medio Oriente.

La represión contra la comunidad LGBTQ+ también fue evidente en una medida reciente del ministro de educación del país, que prohibió jugar a Serpientes y Escaleras en las escuelas de verano porque los colores de los juegos de mesa eran aparentemente similares a los colores de la bandera del Orgullo.

Antes de esto, en julio, Hassan Nasrallah, secretario general del partido político islamista chiita y del grupo militante Hezbolá, sorprendió a los activistas de derechos humanos cuando dijo que “el plan occidental [está trabajando para] destruir las sociedades árabes promoviendo ciertas cosas como la homosexualidad”. . Nasrallah también dijo: “El matrimonio precoz entra dentro del plan de Dios, y quien se oponga a él es servidor del diablo. Todos debemos enfrentarnos a quienes trabajan para destruir nuestras comunidades, a fin de preservar la pureza humana”.

La víctima señaló que el silencio de los “llamados aliados” ante un ataque tan brutal y la continua división política “nos ha hecho cuestionarnos quién está realmente de nuestro lado. La intolerancia no debe ser tolerada ni normalizada; el terrorismo y la violencia tienen que terminar”, añadió.

La violencia infligida a la vulnerable población libanesa LGBTQ+ fue ampliamente condenada por los grupos de derechos humanos y LGBTQ+.

Amnistía Internacional emitió un comunicado denunciando la “escalada alarmante” de ataques contra la comunidad. Aya Majzoub, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, afirmó: “El ataque de anoche contra Madame Om, un bar considerado un espacio seguro para la comunidad LGBTI, marcó una escalada alarmante en los ataques contra personas LGBTI que han seguido comentarios preocupantes de políticos de alto nivel y figuras religiosas. Las autoridades deben garantizar que los atacantes rindan cuentas y demostrar que tales actos no tienen cabida en un país comprometido con la defensa de los derechos humanos. La constitución del Líbano garantiza la igualdad, la libertad de expresión y la libre reunión para todos, y estos derechos deben respetarse”, continuó Majzoub. “Lo que ocurrió anoche en Madame Om ofreció una señal siniestra de cómo se está deteriorando la situación de las personas LGBTI en el país. Las autoridades libanesas deben dejar de crear inmediatamente un entorno propicio para que se perpetúen la discriminación y la violencia contra la comunidad LGBTI. Fundamentalmente, el gobierno debería garantizar que todas las personas estén protegidas de la violencia, independientemente de su identidad de género u orientación sexual”.

En una declaración compartida en la plataforma de redes sociales X, anteriormente conocida como Twitter, la organización libanesa de derechos LGBTQIA+ Helem  dijo que emprendería acciones legales contra los Soldados de Dios: “Estamos alentando a las personas que fueron atacadas físicamente ayer a obtener informes médicos, tomar muchas fotos de sus moretones y contacta a Helem. Estamos planeando emprender acciones legales contra los atacantes de ayer. Si conoce a alguien que fue atacado ayer, ayúdenos a correr la voz”.

Por el momento no está claro cuántas personas resultaron heridas durante el incidente.

Si tienes alguna información sobre el ataque, puedes contactar con Helem al +961 71 91 61 46.

Fuente PinkNews

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Por primera vez en su historia, la justicia de Corea del Sur ha reconocido de forma expresa los derechos de una pareja del mismo sexo, en concreto el derecho a la cobertura de uno de los miembros de la pareja por el seguro médico de su compañero. Un avance de especial importancia en un país en el que la comunidad LGTBI encuentra grandes dificultades para ver reconocidos sus derechos más elementales.

El Tribunal Superior de Seúl, instancia judicial por encima de la cual solo se sitúa el Tribunal Supremo, ha dictaminado que una pareja formada por dos hombres tiene derecho a disfrutar de los beneficios que el Servicio Nacional de Seguro de Salud coreano (NHIS) concede a las parejas de diferente sexo. El alto tribunal considera que al negarle a la pareja dichos beneficios el NHIS incurre en discriminación por orientación sexual.

En febrero de 2020, So Seong-wook incluyó en su seguro a su pareja, Kim Yong-min, como persona a su cargo. Ambos forman una pareja consolidada y conviven maritalmente (en 2019 celebraron incluso una ceremonia nupcial, pese a que Corea del Sur no reconoce el matrimonio igualitario). Meses después, cuando la noticia se hizo pública, el NHIS canceló su cobertura. So Seong-wook recurrió la decisión ante el Tribunal Administrativo de Seúl, que desestimó su demanda en enero de 2022. Poco más de un año después, sin embargo, el Tribunal Superior de Seúl ha revocado la decisión del tribunal inferior y ha reconocido el derecho de la pareja a recibir por parte del NHIS el mismo tratamiento que las parejas de distinto sexo. El fallo argumenta, en este sentido, que el NHIS sí reconoce esta cobertura a parejas heterosexuales que conviven en una unión de hecho sin necesidad de estar casadas.

La decisión del alto tribunal de Seúl supone un hito histórico para los derechos LGTBI en Corea del Sur, ya que es la primera vez que la justicia de ese país falla a favor del reconocimiento de derechos para una pareja del mismo sexo. «Es una decisión importante que coloca a Corea más cerca de alcanzar el matrimonio igualitario. Aún queda un largo camino para acabar con la discriminación de la comunidad LGBTI, pero esta sentencia permite abrigar la esperanza de que es posible superar los prejuicios», ha declarado al respecto Boram Jang, investigadora de Amnistía Internacional sobre Asia Oriental.

Corea del Sur no es un país especialmente amable con la comunidad LGTBI, una situación a la que contribuye la creciente influencia social de las iglesias evangélicas. No obstante, parece que poco a poco los tribunales avanzan en la dirección adecuada. Hace un año recogíamos como el Tribunal Supremo del país anulaba la condena a dos militares por mantener relaciones sexuales entre ellos (las relaciones entre personas del mismo sexo en el seno del Ejército coreano están penadas con hasta dos años de cárcel, y de hecho en 2017 se desató una caza de brujas contra soldados sospechosos de ser gais). Veremos si en este caso la resolución definitiva es también favorable, dado que el NHIS ha anunciado que apelará la decisión del Tribunal Superior de Seúl al Tribunal Supremo.

Fuente Dosmanzanas

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El Parlamento de Finlandia ha aprobado la reforma de su muy restrictiva ley de identidad de género para permitir la autodeterminación en lo que respecta al cambio de sexo registral. Un paso de gigante en una situación de partida en la que se exigía, entre otros requisitos, que se probase la esterilidad. Sin embargo, incluso desde la misma coalición de Gobierno ha habido votos contrarios a la reforma, que solo puede aplicarse a los mayores de 18 años. Tampoco se ha modificado el estricto protocolo sanitario a seguir en los procesos de reasignación de género.

El Parlamento finlandés ha aprobado una nueva ley de reconocimiento de género que suprime las prácticas arcaicas que exigían a las personas trans demostrar que eran estériles.

El pasado 1 de febrero el Parlamento de Finlandia aprobaba la modificación de la Ley Trans vigente desde 2003, por una mayoría de 113 votos a favor y 69 en contra. La propuesta de enmiendas partía de la coalición de Gobierno, aunque había sido precedida por una petición popular, que finalmente fue rechazada.

Con la reforma de la Ley Trans, que tomará efectos el próximo 1 de marzo, bastará una declaración de las personas interesadas para que se proceda a la modificación del género registral. Sin embargo, sigue siendo solo aplicable a mayores de 18 años y no afecta al estricto protocolo sanitario en los procesos de reasignación de género, que no se ha reformado.

La legislación llega apenas unas semanas después de que el gobierno del Reino Unido bloqueara las históricas reformas escocesas de reconocimiento de género en un movimiento político sin precedentes, utilizando para ello la Sección 35 de la Ley de Escocia de 1998.

El proyecto de ley de reconocimiento de género de Escocia habría introducido la autoidentificación de género de forma similar a la de la nueva ley de Finlandia, y a la legislación que ya existe en otros 18 países.

La nueva ley finlandesa –aprobada por 113 votos a favor y 69 en contra– elimina el requisito de que las personas trans sean esterilizadas y obtengan un diagnóstico psiquiátrico para que se les reconozca legalmente su género.

Según la legislación vigente en Finlandia, que según Amnistía Internacional vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos, una persona tiene que aportar pruebas de infertilidad antes de que se le conceda el reconocimiento legal de su género.

La nueva ley permite el reconocimiento a los adultos que lo soliciten por escrito tras un “periodo de reflexión” obligatorio de 30 días.

El proceso:

En septiembre de 2021, se presentó al Parlamento una iniciativa popular llamada «Derecho a ser», que consiguió reunir más de las 50.000 firmas necesarias. La propuesta de reforma de la modificación del género registral era más ambiciosa, incluyendo a los menores de edad, pero fue finalmente rechazada en las comisiones parlamentarias y el pleno.

La reforma fue aprobada en primera lectura el 24 de enero, en segunda lectura el 31 de enero y en una definitiva tercera lectura el 1 de febrero, con el apoyo de 113 votos a favor y 69 en contra. Todos los diputados de los partidos de la coalición de Gobierno votaron a favor, excepto los del Partido del Centro, que podían votar en conciencia y que lo hicieron mayoritariamente en contra (13 votos contrarios y 12 a favor). En cuanto a los partidos de la oposición, todos sus representantes votaron en contra excepto los del Partido de la Coalición Nacional (26 votos favorables y 10 contrarios).

 La Primera Ministra Sanna Marin

La socialdemócrata Primera Ministra Sanna Marin -que se describe a sí misma como una “familia arco iris”, ya que creció criada por dos madres– ha declarado anteriormente que la cuestión de los derechos de los transexuales es un “asunto muy importante” para ella y que estaba deseando que la legislación se aprobara en el Parlamento.

Según denuncia Kerttu Tarjamo, secretaria general de SETA, la más importante asociación LGTBI finlandesa, durante el proceso de aprobación de la reforma tuvo lugar una fuerte campaña contra la ley llena de retórica tránsfoba. «Dijeron que esto abriría las puertas para que los hombres cisgénero acosaran a las mujeres en los vestuarios o argumentaron sobre las prisiones», afirmó Tarjamo. Han seguido, pues, la tónica habitual para enfrentarse a los derechos de las personas trans en todo el mundo, desde la extrema derecha estadounidense al pseudofeminismo transexcluyente en España.

Matti Pihlajamaa, asesor de Amnistía Internacional Finlandia en materia de derechos de las personas LGBTI, ha declarado: “Con la aprobación de esta ley, Finlandia ha dado un gran paso hacia la protección de los derechos de las personas trans y la mejora de sus vidas y de su derecho a la autodeterminación.

“La votación es el resultado de más de una década de campaña de los grupos de la sociedad civil y es un testimonio del compromiso de los activistas que han luchado largo y tendido -a menudo frente a una retórica tóxica- para ver este día.”

“Aunque esta nueva ley tendrá una repercusión enorme y positiva y constituirá un pilar importante para la no discriminación, todavía hay que hacer más”, continuó Pihlajamaa. “Excluir a los niños del reconocimiento legal de su sexo viola la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño.

“Seguiremos pidiendo al gobierno que modifique la legislación en consecuencia para garantizar que hace avanzar los derechos de los niños”.

Voitto ihmisoikeuksille! #Translaki vahvistaa ihmisoikeuksia Suomessa. Seuraavaksi on turvattava lasten ja nuorten oikeudet!

Kiitos valtavasti kaikille lain puolesta äänestäneille ja vaikuttamista tehneille järjestöille ja yhteistyökumppaneille! pic.twitter.com/2LkmnSJyoE

— Seta (@seta_ry) February 1, 2023

En un comunicado, la organización finlandesa de derechos LGBTQ+ Seta declaró: “¡Victoria para los derechos humanos! #Translaki refuerza los derechos humanos en Finlandia. Ahora hay que proteger los derechos de los niños y los jóvenes”.

“¡Muchas gracias a todas las organizaciones y socios que han votado a favor de la ley y han influido!“.

Sasha Misra, directora asociada de comunicación de Stonewall, elogió la medida y declaró: “Es maravilloso ver que el gobierno y el parlamento finlandeses introducen un proyecto de ley de reforma del reconocimiento de género que garantiza un proceso seguro, respetuoso y digno de reconocimiento legal del género de una persona trans.

“Finlandia fue uno de los últimos países de Europa que exigía que las personas trans fueran esterilizadas antes de cambiar legalmente de género, pero ahora se ha unido a más de 30 países que ya han adoptado una legislación similar, aplicando prácticas internacionales de vanguardia respaldadas por las Naciones Unidas.

“El Gobierno del Reino Unido también debería reconocer la importancia de proteger y mejorar la vida de todas las personas LGBTQ+ y revocar su decisión de invocar la S.35 de la Ley de Escocia”.

Situación de partida

La normativa que estaba en vigor hasta la reforma era la Ley Trans de junio de 2002, que entró en vigor el 1 de enero de 2003, y que exigía lo siguiente para modificar el género registral:

1. Proporcionar evidencia médica de que él o ella siente permanentemente que él o ella pertenece al género opuesto y que él o ella está viviendo en el rol sexual correspondiente y que él o ella ha sido esterilizado o es infértil de otra manera.
2. Ser mayor de edad.
3. Ser ciudadano finlandés o tener permiso de residencia en Finlandia.

Reformas legislativas posteriores, de carácter puntual, aclararon que el tipo de pruebas médicas que se consideraban necesarias consistían en una evaluación y un diagnóstico psiquiátricos. La infertilidad causada por la terapia hormonal podía considerarse esterilización suficiente. Sin embargo, dentro del protocolo sanitario se exigía la recomendación de un psiquiatra del sistema público de salud para autorizar el tratamiento hormonal. Algunas personas trans que no consiguieron esa recomendación se vieron obligadas a someterse a esterilizaciones quirúrgicas en la medicina privada para que se les permitiera cambiar el género registral.

En el texto original, no se permitía el cambio de género registral a las personas casadas. Posteriormente, se permitió, pero con la autorización del cónyuge, dado que implicaría la disolución del matrimonio porque en aquellas fechas aún no se había aprobado el matrimonio igualitario. Cuando se aprobó, se eliminó ese requisito y solo se estableció que el cónyuge debía ser informado oficialmente del cambio registral.

Situación actual

Tras la reforma, los requisitos y protocolo a seguir para el cambio de género en la Agencia de Servicios de Datos Digitales y de Población son los siguientes:

• Ser mayor de edad.
• Ser ciudadano finlandés o tener un permiso de residencia.
• Dirigir una solicitud de modificación del género registrado a la Agencia de Servicios de Datos Digitales y de Población, acompañada de una declaración del género al que se siente perteneciente permanentemente.
• Trascurridos 30 días y antes de que pasen 6 meses, confirmar la solicitud.

Cumplidos esos requisitos, la Agencia de Servicios de Datos Digitales y de Población resolverá favorablemente, procediendo a cambiar el dato del género e informando a las personas solicitantes de los cambios que se producirán, como la emisión de un nuevo documento de identidad.

La reforma también ha establecido que se cambie la condición de padre o madre en los libros de familia, pero solo podrá hacerse a partir del 1 de marzo de 2024.

Sin embargo, la reforma solo ha afectado al cambio del género registral, sin que se haya modificado el protocolo a seguir para los tratamientos médicos que las personas trans requieran, aprobado en 2020. Esos protocolos dan prioridad a las terapias psicosociales, y no permiten el tratamiento hormonal o las cirugías de reasignación a menos que «la disforia asociada a la identidad de género sea persistente (mayor de 2 años), que la persona pueda describir de forma coherente cómo la disforia le perjudica en situaciones cotidianas y que pueda establecerse de forma fiable que la disforia perjudica su vida social o su carrera profesional o le causa un sufrimiento significativo». Hasta los 25 años, la terapia psicosocial será la opción casi exclusiva, permitiéndose algún tipo de tratamiento médico de manera excepcional y «caso por caso».

Aún con todas sus limitaciones, la apertura a la autodeterminación de género es un paso de gigante para los derechos trans en Finlandia.

El Parlamento escocés aprobó el mes pasado, por 86 votos a favor y 39 en contra, la histórica ley escocesa de reforma de la legislación de género, anunciada como un momento clave para los derechos LGBTQ+ en el Reino Unido.

El proyecto de ley habría facilitado a las personas trans la obtención de un Certificado de Reconocimiento de Género (CRG).

Sin embargo, el gobierno británico bloqueó la ley por temor a los espacios “para un solo sexo” y a la protección de la “igualdad salarial”.

El 17 de enero, el secretario para Escocia, Alister Jack, declaró ante la Cámara de los Comunes que no se había tomado la decisión “a la ligera”, pero que el Gobierno insistía en que el proyecto de ley tendría un “grave impacto adverso, entre otras cosas, en el funcionamiento de la Ley de Igualdad de 2010”.

Fuente Pink News

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Los tres grupos parlamentarios han defendido la igualdad de derechos y han condenado los ataques que sufre todavía el colectivo

Las organizaciones LGTBI celebran la Ley de Castilla-La Mancha también como un impulso para la normativa estatal

FELGTB y la Fundación Triángulo recalcan el carácter histórico de la aprobación del texto por unanimidad

Francisca Bravo

Emotivo día en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde se ha aprobado por unanimidad la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de la región, una normativa calificada como “histórica” y que deja sólo a Asturias y Castilla y León como las únicas comunidades sin legislación propia destinada al colectivo. Es una “creencia profunda en la justicia”, aseveró Blanca Fernández, consejera de Igualdad, que ha presentado el texto en nombre del Consejo de Gobierno, agradeciendo por nombre y apellido a muchas personas activistas que copaban las tribunas y las salas de comisiones como testigos del momento que vivido la cámara.

Fernández ha recalcado que la Ley ofrece una oportunidad para dar “ejemplo” en un momento en que la política está “tan denostada”. “Nos iría mejor si fuéramos más capaces de llegar a acuerdos y consensos”, recalcó, apuntando que se aceptó la mayoría de las enmiendas enviadas al texto, que fueron centenares de decenas de organizaciones y personas particulares. “Hemos incorporado en la medida de lo posible todas las sensibilidades, y hemos aceptado las alegaciones con independencia de quien fuera el aturo”, resaltó la consejera de Igualdad.

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Emoción en sus palabras al recordar a las “madres coraje” que estaban presentes en el pleno, Patricia, Paloma y Anabel. Y es que la ley tiene un apartado e protección de la juventud, al igual que también de las personas mayores y de quienes estén en situación de vulnerabilidad. “Si la ley está hecha contra los estereotipos, contra el miedo y el sectarismo, teníamos que construirla con la buena fe de quien quería aportar para construir”, recalcó. “Por qué es necesario hacer una ley específica para proteger los derechos y libertades de las personas LGTBI en Castilla-La Mancha? ¿No es suficiente con la Constitución? No, no lo es”, afirmó Fernández.

Este texto, explicó, servirá para atender, por ejemplo, a quien sufra secuelas tras un ataque violento. “¿Qué persona LGTBI haciendo el análisis, no ha dicho cómo mínimo una vez que ha sufrido acoso, mobbing o violencia en el peor de los casos? Sabemos que esto es así. No podemos dar la espalda”, resaltó Fernández, quien agradeció el trabajo de más de dos años de todo el equipo de la consejería. “Esta ley desarrolla un mandato constitucional que protege derechos fundamentales. Las personas LGTBi de Castilla-La Mancha no son menos”, concluyó.

El PSOE afirmó que la ley está “muy consensuada” con las asociaciones LGTBI y su portavoz, Charo Saco, recordó que prácticamente la mitad de las parejas del colectivo señalan que no se atreven a darse la mano. También recordó a personalidades históricas del colectivo, como Javier Fernández Arroyo, fundador de la asociación Bolo-Bolo, Gustavito, enfermero y matrón de Albacete que resultó ser una “institución” para el colectivo en los años 40 y 50, así como Ana Pérez, la “primera actriz” de una película de temática trans, originaria de Hellín. Saco resaltó también que la extrema derecha “amenaza” a la región, y que Vox ya ha anunciado que hará lo posible por recurrir la ley. “Nos causa tristeza y enfado”.

La diputada de Ciudadanos, Elena Jaime, también recordó a Sonia Rescalvo, mujer trans originaria de Cuenca que fue asesinada en Barcelona y cuyo asesinato se reconoce como el primer crimen contra una persona trans de España. “Hoy nos sirve para recordar lo que nos ha traído aquí, los pequeños y grandes avances, y los estigmas a los que se ha visto abocado el colectivo”, resaltó, rememorando también a la poeta Soco Cordente, también conquense que falleció recientemente.

La diputada del PP Gema Guerrero, ha recordado que el PP “siempre ha trabajado” en la protección de estos derechos. “La nuestra no es una libertad impuesta, es una igualdad liberal, la que pretende las mismas oportunidades para todos, los mismos deberes, las mismas obligaciones”, ha afirmado parafraseando a Mariano Rajoy.

Decenas de asociaciones y colectivos LGTBI han acudido al pleno en el que se ha debatido la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha, una normativa regional “histórica” que ha contado con el apoyo de los tres grupos parlamentarios en la Cámara. El texto ha recibido centenares de alegaciones que han supuesto una “mejora”, según ha reconocido la propia consejera de Igualdad, Blanca Fernández, quien realizó una emotiva defensa del texto.

Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, ha considerado que si bien lo que se estipula en la ley es “mejorable”, también se trata de un día para celebrar. No sólo para la ciudadanía de Castilla-La Mancha, reflexiona, sino también como un impulso para la Ley estatal que está “próxima a llegar”. “El trabajo de muchos activistas está muy reconocido hoy en esta cámara”, explica momentos antes de iniciarse el pleno. “Es un buen paso para el colectivo de esta comunidad autónoma y que además despatologiza a las personas trans, atiende a los menores trans y cuenta con un discurso contra las terapias de conversión, así como su prohibición. Vamos por el buen camino”, celebra.

Esta ley hace que sólo Asturias y Castilla y León no cuenten con una normativa regional destinada a la protección del colectivo LGTBI. Además, Sangil resalta que es una ley “mucho mejor” que otras, como la de Galicia, que ha tachado de “descafeinada” y “sin contenido real”.

“Es un momento histórico para Castilla-La Mancha. El activismo lleva décadas persiguiendo avances para que se reconozca la igualdad para todas las personas”, explica José María Núñez, presidente estatal de la Fundación Triángulo. El extremeño recuerda que este tipo de normativas de protección son “fundamentales” para comunidades autónomas más rurales, y resalta el consenso que ha supuesto para la estabilidad de su desarrollo posterior. “Significa reconocer con rango de ley la igualdad de las personas, amen a quien amen y se sientan cómo se sientan”, señala. También resalta que reconoce los derechos de las personas trans con toda su dignidad y derechos humanos en “todos los ámbitos de la vida”. “Es algo fundamental”.

“Queda por delante su desarrollo y en él nos empeñaremos, pero es un día importante a nivel nacional, porque sólo quedaban tres comunidades autónomas sin ley LGTBI o trans y hoy aquí se aprueba por consenso. Esta ley es de primera línea entre las legislaciones sobre diversidad sexual, incluso a nivel europeo y en breve lo hará también Asturias. Sólo quedará Castilla y León sin legislación. Pero nadie en su sano juicio cree que Castilla y León aprobará ninguna norma aceptable que reconozca la diversidad sexual”, reflexiona.

Núñez señala que es “inevitable” recordar el discurso de zapatero cuando se aprobó el matrimonio igualitario, y resaltaba que “no se quitaban los derechos a nadie, sino que se garantizaba la dignidad de todos los españoles y españolas”. “Esta ley hoy reconoce la dignidad de todos y todas las castellanomanchegas, independiente de su orientación sexual”, celebra.

Amnistía Internacional ha resaltado en un breve comunicado el “importante” avance en los derechos humanos que supone la aprobación de la ley para las personas LGTBI en la región, al plantear mejoras en aspectos “críticos” para el disfrute de sus derechos, como la prohibición de las terapias de conversión o la inclusión de contenidos sobre diversidad en el currículo educativo y formación del profesorado; también destacan las medidas para no discriminación en el ámbito laboral, acceso a la salud o la protección del colectivo. “Es imprescindible garantizar una adecuada aplicación de la ley y dotarla de recursos adecuados para que las medidas propuestas pasen a ser una realidad”, advierten.

Fuente El Diario

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“Castigarlos fue una violación del derecho constitucional a la igualdad y la dignidad humana, así como su derecho a buscar la felicidad”, dictaminó el tribunal.

Espaldarazo de la justicia surcoreana a la igualdad LGTBI. El Tribunal Supremo del país asiático ha anulado la condena a dos soldados varones por mantener relaciones sexuales entre ellos. Las relaciones entre personas del mismo sexo en el seno del ejército están penadas con hasta dos años de cárcel según el código penal militar, y en 2017 se desató una caza de brujas contra soldados sospechosos de ser gais. El alto tribunal considera ahora que la sentencia vulneró el derecho de los acusados a la autonomía sexual, a la igualdad de trato y no discriminación y a la búsqueda de la felicidad, puesto que los hechos se produjeron fuera del servicio y de las instalaciones militares.

La Corte Suprema de Corea del Sur anuló las condenas de dos soldados que habían sido acusados de tener relaciones sexuales consentidas mientras estaban fuera de su base. El fallo histórico, que se emitió el 21 de abril, declaró que la prohibición de actividades homosexuales del país, de décadas de antigüedad, no debería aplicarse al sexo gay fuera de un entorno militar.

La Ley Penal Militar establece que quienes participen en “relaciones sexuales anales u otros actos indecentes” deben enfrentarse a hasta dos años de prisión, medida que anteriormente se utilizaba para castigar al personal militar que practicaba sexo homosexual consentido.

En abril de 2017, el Centro de Derechos Humanos Militares de Corea (MHRCK) publicó un detallado informe en el que denunciaba una persecución organizada contra soldados sospechosos de ser gais. El organismo apuntaba directamente al jefe del Estado Mayor del ejército surcoreano, al que acusó de utilizar métodos que vulneran los derechos humanos para extraer confesiones e incluso ofrecerles a los acusados la posibilidad de «corregir» su orientación sexual. Las relaciones homosexuales entre miembros de las fuerzas armadas del país, ya sean soldados o reclutas, están penadas con hasta dos años de cárcel.

El mando militar presentó cargos contra 32 soldados. Dos de ellos fueron condenados a tres y cuatro meses de prisión y presentaron recurso contra la sentencia. Se descubrió que dos acusados, un primer teniente y un sargento mayor de diferentes unidades, habían tenido relaciones sexuales en una casa privada en 2016 en un momento en que no estaban trabajando. El teniente fue sentenciado a cuatro meses tras las rejas y el sargento a tres, aunque estas sentencias fueron suspendidas cuando los hombres apelaron la decisión.

El Tribunal Supremo les ha dado ahora la razón y considera que la condena vulnera su derecho a la libertad sexual, así como a la igualdad y la búsqueda de la felicidad. Subraya además que los hechos tuvieron lugar en privado, con consentimiento y fuera del horario de servicio. La Corte Suprema ahora ha anulado los cargos de los hombres de violar el código militar. Castigarlos fue una violación de “su autonomía sexual” y “el derecho garantizado constitucionalmente a la igualdad y la dignidad humana, así como su derecho a buscar la felicidad”, dictaminó el tribunal.

“Las ideas específicas de lo que constituye una indecencia han cambiado de acuerdo con los cambios en el tiempo y la sociedad”, dijo el presidente del Tribunal Supremo, Kim Myeong-su, durante la decisión, según Associated Press. “La opinión de que la actividad sexual entre personas del mismo sexo es una fuente de humillación sexual y repugnancia para las personas comunes y objetivas y va en contra del sentido moral decente difícilmente puede aceptarse como un estándar moral universal y adecuado para nuestros tiempos”.

El caso ahora ha sido enviado de vuelta a un tribunal militar inferior para su revisión. “Esta decisión pionera es un triunfo importante en la lucha contra la discriminación que enfrentan las personas L.G.B.T.I. personas en Corea del Sur”, dijo a The New York Times Boram Jang, investigador de Asia Oriental de Amnistía Internacional. “La criminalización de los actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo en el ejército de Corea del Sur ha sido durante mucho tiempo una violación impactante de los derechos humanos, pero el fallo de hoy debería allanar el camino para que el personal militar viva libremente sus vidas sin la amenaza de enjuiciamiento”.

La ley en cuestión ha sido ampliamente condenada por activistas LGBTQ+ que han dicho que apunta injustamente a los soldados homosexuales. Por ello, activistas pro derechos humanos han saludado la sentencia e instan al Gobierno a reformar la legislación para eliminar la penalización de las relaciones homosexuales.

El código penal militar surcoreano no distingue actualmente entre relaciones consentidas o no y califica todo el sexo entre hombres como una «violación recíproca». Un tribunal militar decretó en 2010 la ilegalidad de esta norma por juzgarla contraria a las libertades individuales de los miembros de las fuerzas armadas. Esta decisión fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, que revirtió el fallo del tribunal militar y juzgó que el veto a los soldados homosexuales no es discriminatorio. Corea del Sur es, junto con Turquía, uno de los pocos países de la OCDE que no les permite servir abiertamente.

La situación de la comunidad LGTBI en el país asiático es manifiestamente mejorable, y algunos de los problemas más graves se dan precisamente en el ámbito de las fuerzas armadas. Además de la persecución a los soldados gais, los hombres trans son considerados no aptos para servir y las mujeres trans están obligadas a servir como hombres a no ser que se sometan a una cirugía de reasignación u obtengan un diagnóstico de «trastorno de la identidad de género».

En marzo del año pasado se encontró el cuerpo sin vida de la exsoldada Byun Hee-soo, expulsada del ejército tras someterse a una operación de reasignación en Tailandia. Byun se había alistado en el Ejército surcoreano bajo identidad masculina y, tras la intervención, solicitó continuar sirviendo como mujer. Las autoridades, sin embargo, se lo denegaron y calificaron la pérdida de los genitales masculinos como una «discapacidad física». Varios meses después de su muerte, un tribunal decretó que la expulsión no se había ajustado a la ley.

Fuente Gay Times/Dosmanzanas

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El ultraconservador Viktor Orbán ha vuelto a imponerse en las elecciones parlamentarias que han tenido lugar este domingo en Hungría. Sin duda, una mala noticia para los ciudadanos LGTBI de ese país. Sin embargo, la jornada electoral nos deja una noticia prometedora: el referéndum homófobo y tránsfobo que Orbán había convocado con objeto de conseguir el refrendo público de sus medidas contra la población LGTBI y sacar pecho ante la Comisión Europea ha fracasado, al no haber obtenido el número mínimo de votos válidos.

Coincidiendo con las elecciones generales, el Gobierno de Orbán había promovido un referéndum para validar la legislación anti-LGTBI aprobada el año pasado por el Parlamento de Hungría. La ley, que prohíbe la difusión de contenidos positivos sobre diversidad afectivo-sexual y de género a menores, ha llevado a la Comisión Europea a emprender un procedimiento de infracción contra Hungría que todavía se encuentra en curso.

El referéndum se articulaba en torno a cuatro preguntas: «¿Apoya la enseñanza de la orientación sexual a menores de edad en las instituciones de educación pública sin el consentimiento de los padres?», «¿Apoya la promoción de las terapias de reasignación de sexo para niños menores de edad?», «¿Apoya la exposición de los niños menores de edad a contenidos sexualmente explícitos que puedan afectar su desarrollo?» y «¿Apoya que se difunda en medios contenido sobre cambio de sexo a menores?». Al margen de lo tramposo de las preguntas, su objeto no era otro que el de sacar músculo ante la Comisión Europea y vender que las recientes leyes anti-LGTBI cuentan con el respaldo masivo de la población húngara.

La convocatoria del referéndum había sido criticada por organizaciones de defensa de los derechos LGTBI, que sin embargo se mostraban esperanzadas por algunos datos que muestran que la retórica anti-LGTBI de Orbán no cuenta con el respaldo mayoritario de la población húngara. Desde ILGA-Europa, por ejemplo, se recordaba el pasado viernes el récord de asistentes al Orgullo de Budapest en julio pasado, cuando unas 35.000 personas marcharon por las calles de la capital húngara en favor de los derechos LGTBI. También recordaba que según una encuesta representativa encargada por Amnistía Internacional y la Sociedad Háttér y realizada por la agencia Medián entre el 13 y el 19 de julio de 2021, el 73% de los húngaros rechaza la idea, promovida por el Gobierno de Orbán, de que las personas LGTBI abusan o dañan a los niños. Una clara mayoría (74,5%) creía además que las personas transgénero deberían modificar su género y nombre en los documentos oficiales, mientras que el 59% apoyaba el matrimonio entre personas del mismo sexo.

De hecho, las organizaciones LGTBI húngaras se mostraban esperanzadas de que el referéndum fracasaría, al no ser capaz de alcanzar el mínimo del 50% de votos emitidos válidos. Para conseguir ese objetivo, llamaban no a votar no o a abstenerse, sino a invalidar su papeleta de voto en el referéndum. Así ha sido: para conseguir que el referéndum fuese válido, debían alcanzarse en torno a los 4,1 millones de votos válidos (el censo electoral asciende a algo más de 8,2 millones de personas). Sin embargo, al 96% del escrutinio, el número de votos válidos se encontraba en torno a los 3,4 millones, muy lejos del umbral necesario. 2,7 millones habían votado «no» a las 4 preguntas, mientras que el número de votos inválidos superaba el millón y medio.

Cabe precisar que el fracaso del referéndum no impide que la ley siga en vigor, pero sí que supone un cierto varapalo para la estrategia anti-LGTBI de Orbán y para su enfrentamiento, en esta materia, con la Comisión Europea.

Hungría: la avanzadilla europea de la LGTBIfobia de Estado

El Gobierno de Viktor Orbán comenzó una nueva escalada legislativa contra la comunidad LGTBI húngara aprovechando la pandemia del coronavirus. En marzo de 2020, tras asumir Orbán poderes extraordinarios, su número dos, Zsolt Semjén, presentaba un proyecto de ley que entre otras medidas incluía una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrase en vigor la norma que durante ese tiempo sí que permitió a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a someterse a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación. Finalmente, el 19 de mayo de 2020 la Asamblea Nacional aprobaba la ley que incluye la reforma tránsfoba.

Pero el Gobierno de Orbán no paró tras este retroceso sin precedentes. Envalentonado por la falta de contundencia de sus socios europeos y aprovechando de nuevo el agravamiento de la pandemia por coronavirus, promovió una reforma constitucional que recoge «el derecho de los niños a la propia identidad de acuerdo con su género de nacimiento», prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo e impone que la educación en las escuelas húngaras se inspire en «la identidad constitucional de nuestro país y la cultura cristiana». Además, la negación de la homoparentalidad recogida en la ley fundamental se completó con la aprobación de otra ley que limita la adopción de menores a las parejas casadas (y, por tanto, necesariamente de distinto sexo). La adopción por parte de personas solteras, única vía a la que hasta entonces se podían acoger las parejas del mismo sexo, solo se otorgaría ya en casos excepcionales y previa autorización del ministerio de Asuntos Familiares.

Posteriormente, en junio de 2021, el Parlamento unicameral húngaro aprobó la ley que prohíbe la información positiva sobre diversidad afectivo-sexual a menores, y que era el que ahora Orbán pretendía refrendar públicamente. El texto, calificado por el activismo como una versión de la ley rusa contra la «propaganda homosexual», se incluyó en un paquete de medidas contra la violencia sexual y la pederastia, corroborando su intención estigmatizadora contra la población LGTBI. La ley afecta a ámbitos como la enseñanza escolar, que se ve sometida a censura, porque se prohíbe la «promoción» de la diversidad afectivo-sexual y de género a los alumnos, mientras que la educación sexual, en cualquier caso, solo podrá ser impartida por profesores o miembros de organizaciones autorizadas, cerrando definitivamente la puerta a charlas sobre la realidad LGTBI por parte de colectivos. Pero también se ve concernida la propia libertad de expresión, pues se prohíbe la difusión de contenidos en libros, películas y otros formatos que estén a disposición de niños o adolescentes en los que se «describan o promuevan identidades de género diferentes de las adjudicadas en el nacimiento, operaciones genitales y homosexualidad». También se prohíbe la publicidad en la que «la promoción, exhibición o expresión de la propia identidad de género, reasignación de género u homosexualidad sea un elemento definitorio». Muestra de ello es la primera norma surgida en aplicación de la ley, un decreto aprobado en el mes de julio pasado, que ordena el sellado y envoltorio de los libros dirigidos a menores que «promuevan» la homosexualidad o la reasignación de género o contengan descripciones de sexualidad «explícita». Se prohíbe la venta de estos libros, vayan dirigidos a menores o adultos, a menos de doscientos metros de una iglesia o un colegio.

Fuente Dosmanzanas

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Salek Magamadov e Ismail Isayev. (Crisis Group)

Un tribunal de Chechenia condenó a un par de hermanos LGBT+ a casi una década de detención por cargos aparentemente falsos.

El martes (22 de febrero), el tribunal de distrito de Achkhoy-Martan de la república del sur de Rusia condenó a los hermanos Salekh Magamadov, de 21 años, e Ismail Isayev, de 19, por “complicidad con formaciones armadas ilegales mediante el suministro de productos”.

Magamadov recibió una sentencia de ocho años (uno en prisión y siete en una colonia de régimen estricto) e Isayev fue sentenciado a seis años en una colonia de régimen común, confirmó Crisis Group NC SOS el martes (22 de febrero).

Los investigadores chechenos alegan que los hermanos pasaron de contrabando “comestibles” al presunto militante Rustam Borchashvili.

Los hermanos se declararon inocentes y, según Crisis Group NC SOS, creen que el caso en su contra fue inventado debido a su orientación sexual y opiniones políticas. Uno es gay, el otro trans, según Amnistía.

En 2019, un oficial de policía detuvo a Isayev durante 10 días después de encontrar una bandera del Orgullo LGBT+ en su teléfono móvil, lo que los puso en el radar de las fuerzas del orden.

Las autoridades secuestraron a Isayev nuevamente cuando tenía solo 16 años, en abril de 2020. Isayev y Magamadov habían estado moderando el canal Telegram dirigido por jóvenes Osal Nakh 95 que criticaba al liderazgo checheno.

Después de ser torturado, Isayev se vio obligado a “disculparse” ante la cámara por su participación en el canal.

En julio de 2020, la Red LGBT rusa facilitó a Magamadov e Isayev un piso en la ciudad de Nizhny Novgorod con planes de solicitar asilo en otro país. Los oficiales secuestraron a los hermanos de su casa y los transportaron a la fuerza de regreso a Chechenia en febrero de 2021.

Gran parte de la acusación se basó en dos supuestas “confesiones” que los investigadores obligaron a los hermanos a escribir durante “dos meses infernales” de detención, que decían que entregaron productos a Borchashvili en junio de 2020. Borchashvili fue posteriormente asesinado por las fuerzas de seguridad en octubre de 2020 como parte de una operación antiterrorista.

En diciembre pasado, Salekh Magamadov e Ismail Isaev, hermanos homosexuales detenidos en Chechenia, comenzaron una huelga de hambre después de que un juez denegara una solicitud para trasladar su caso a otra región. La Red LGBT de Rusia dijo en un comunicado a través de su grupo de crisis “North Caucasus SOS” que Magamadov e Isaev “declararon el comienzo de una huelga de hambre”. The Washington Blade  informó que la declaración se produjo después de que un juez denegó la solicitud de los hermanos de trasladar su caso de Achknoy-Martan, una localidad en el distrito Achkhoy-Martanovsky de Chechenia, a otro tribunal en la región semiautónoma rusa.

El grupo dijo que Magamadov e Isaev habían estado detenidos en “el Centro de Detención No. 1 en Grozny, República de Chechenia [durante] más de 10 meses”, informó the Advocate. “Han denunciado haber sido torturados durante este tiempo, pero el Comité de Investigación se negó a investigar el hecho de la tortura e iniciar un caso penal”, dijo el grupo. “Magamadov e Isaev han dicho que se les ha presionado y que se vieron obligados a rechazar el apoyo legal”.

El grupo también afirmó que los hermanos habían sido amenazados con “asesinatos por honor” por parientes lejanos en la televisión en Chechenia. La Red LGBT de Rusia dijo al sitio de noticias ruso Meduza en marzo que la policía chechena había alentado a los amigos y familiares de los hombres a realizar “asesinatos por honor”. En un extraño giro de los acontecimientos, a los hombres homosexuales también se les ofreció protección estatal en Chechenia para evitar los “asesinatos por honor”.

La Red LGBT de Rusia solicitó al comité de investigación de Chechenia que protegiera a Magamadov e Isayev, según el Moscow Times. Pero no hubo aclaración en ese momento sobre cómo era esta protección.

A principios de este año, la policía de Chechenia también detuvo e interrogó al menos a 20 personas relacionadas con Magamadov e Isayev. Según los informes, la policía exigió saber el paradero de los padres de Isayev y Magamadov, que también habían huido de Chechenia. La madre de los hombres, Zara Magamadova, filmó una apelación con la Red LGBT+ rusa acusando a las autoridades de “fabricar” el caso contra sus hijos. “Le pido a cualquiera que pueda ayudar, por favor ayúdame a ver a mis hijos vivos y con buena salud”, dijo.

Sus abogados han subrayado que no hay pruebas objetivas de la culpabilidad de ninguno de los dos y que el proceso judicial ha estado plagado de “testimonios incoherentes y contradictorios de los testigos de cargo. El veredicto de hoy de la corte chechena es un crimen contra el sentido común”, dijo Miron Rozanov de Crisis Group NC SOS. Salekh Magamadov e Ismail Isaev son inocentes. Su caso está completamente fabricado. Salekh e Ismail son presos de conciencia”, agregó. “Increíblemente resistentes y valientes, son inocentes y deben ser liberados de inmediato”.

La directora de Amnistía Internacional para Europa del Este y Asia Central, Marie Struthers, añadió: “Salekh Magamadov e Ismail Isaev deben quedar en libertad de forma inmediata e incondicional. Nunca debieron haber sido acusados en primer lugar. Pertenecer a la comunidad LGBTI en Chechenia, o en cualquier otro lugar, no es un delito.Nadie debe ser detenido por su orientación sexual o identidad de  género o por criticar a las autoridades,  Su calvario debe terminar ahora”, agregó Struthers.

La “purga gay” de Chechenia

Dos psicópatas: El tiránico líder de Chechenia, Ramzan Kadyrov con Vladimir Putin

Innumerables activistas, periodistas y sobrevivientes han acusado a las fuerzas de seguridad chechenas de arrestar, torturar y matar a personas LGBT+.

 En 2017, comenzaron a surgir informes de una “purga gay” en Chechenia, El periódico Novaya Gazeta informó que más de 100 hombres homosexuales habían sido detenidos y dijo que al menos tres habían muerto en ejecuciones extrajudiciales.que involucró detención masiva, secuestro, tortura y abuso de los derechos humanos contra la comunidad LGBT +. Fue en febrero de 2017 cuando este reportaje publicado en el periódico ruso  Novaya Gazeta, destapaba la persecución brutal a la que el líder checheno, un aliado muy cercano de Vladimir Putin, estaba sometiendo a la población LGTB+. Varios supervivientes que pudieron escapar del país explicaron que el gobierno había habilitado antiguas prisiones como campos de concentración a los que se llevaba a cualquier persona sospechosa de ser LGTB+ para ser torturada y, en muchos casos, asesinada de forma totalmente impune.

La policía torturó a los hombres con descargas eléctricas y hambre, y les exigió que revelaran los nombres de sus parejas y líderes de la comunidad LGBT+, dijeron sobrevivientes a Human Rights Watch. Los familiares de los detenidos también fueron a menudo torturados y presionados.

Cuando se le presionó sobre la llamada “purga gay”, un portavoz del líder de Chechenia, Ramzan Kadyrov, dijo a Novaya Gazeta: “No se puede arrestar o reprimir a personas que simplemente no existen en la república. Si tales personas existieran en Chechenia, las fuerzas del orden no tendrían que preocuparse por ellas, ya que sus propios familiares las habrían enviado a donde nunca podrían regresar”.

La comunidad internacional reaccionó con cierta frialdad a esas denuncias.  Líderes internacionales, como Angela Merkel y Emmanuel Macron habrían exigido a Vladimir Putin que pusiera fin a estos abusos, lo que llevaba a Rusia a abrir una investigación para esclarecer los hechos, que finalmente determinaría que «no hay víctimas de persecución, amenazas o violencia» en la República de Chechenia. Ante la pantomima que se traduce de esta investigación, Novaya Gazeta publicaba la lista de hasta 27 personas que habrían sido asesinadas a manos de los funcionarios de Kadyrov por el mero hecho de ser gays o bisexuales. Mientras tanto, siguen llegando testimonios de personas que denuncian haber sido sometidos a torturas en campos de concentración clandestinos, para sufrir después el escarnio ante sus propios familiares a los que culpabilizan de deshonor.

Pero finalmente se exigió a Moscú que investigara la situación, lo que llevó a Rusia a asegurar ante la ONU que en Chechenia no existen las personas LGTB+. Una estupidez muy en la línea de lo que declaraba el propio Kadyrov al ser entrevistado por la televisión norteamericana: “No tenemos ese tipo de gente aquí. No tenemos ningún gay. Si lo hay, lleváoslo a Canadá. Alabado sea Dios. Lleváoslos lejos para que no los tengamos en casa. Para purificar nuestra sangre, si hay alguno, lleváoslo. Son demonios. Están a la venta. No son personas.”

El líder de Chechenia, Ramzan Kadryov, que había negado los informes la existencia de personas LGBT + en la región. El líder de la región autónoma rusa, un aliado clave de Vladimir Putin, había eludido en gran medida toda responsabilidad a pesar de años de alarma de grupos de derechos humanos sobre la violencia y las “desapariciones” dirigidas a la comunidad LGBT + de Chechenia. Finalmente fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos en julio de 2020 por las atrocidades.

El gobierno del Reino Unido también ordenó que se impongan sanciones estrictas a tres altos funcionarios chechenos acusados de torturar a personas LGBT + en la “purga gay de la región en diciembre de 2020”. Magomed Daudov, portavoz del parlamento checheno, Aiub kataev, jefe del Ministerio del Interior y Apti Alaudinov, viceministro y mayor general de la policía, estarán sujetos a prohibiciones de viaje y congelación de activos bajo las sanciones globales de derechos humanos del Reino Unido.

A pesar de las numerosas peticiones a nivel internacional, las autoridades de Rusia no habrían abierto ninguna investigación oficial en relación a lo sucedido en la república caucásica. En diciembre de 2018, por ejemplo, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) publicaba un informe que consideraba probada la existencia de pruebas manifiestas de la persecución, tortura y ejecución de personas homosexuales en Chechenia, acusando a las autoridades rusas de una ausencia de voluntad política para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades. Una dejación que alentaba una segunda oleada de violencia homófoba desde enero de 2019.

El esfuerzo de represión se renovó en 2019. Los informes de tales atrocidades han continuado en los años posteriores. En 2019, Rachel denb, subdirectora para Europa y Asia Central de Human Rights Watch, dijo que la impunidad por la purga de 2017 había “sancionado una nueva ola de tortura y humillación en Chechenia”. La The Russian LGBT Network (Red LGBT de Rusia) dijo en un informe que al menos dos personas fueron asesinadas y alrededor de 40 hombres y mujeres confinados en una celda de prisión improvisada. Una vez más, mientras la policía chechena llevó a cabo la redada masiva, enfrentaron pocas repercusiones por parte de las autoridades federales.

Los oficiales comenzaron la segunda ola de encarcelamientos al traer al moderador de una sala de chat en línea para personas homosexuales.

El primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin (L) y Ramzan Kadyrov, jefe de la República de Chechenia, durante una reunión. (Dmitry AstakhovTASS vía Getty Images)

La Red LGBT rusa dijo en ese momento que había ayudado a más de 140 personas LGBT+ chechenas a huir a otros países europeos y Canadá. Los que se quedan, al igual que

La Red LGBT rusa dijo en ese momento que había ayudado a más de 140 personas LGBT+ chechenas a huir a otros países europeos y Canadá. Aquellos que se quedan, al igual que Magamadov e Isayev, a menudo enfrentan tiempo tras las rejas por cargos falsos.

Según el Centre for Eastern Studies, Centro de Estudios Orientales, las colonias de régimen estricto ven la vida de los reclusos profundamente restringida. Los presos viven en celdas superpobladas compartidas con otros 20 a 50. Las colonias penales comunes todavía están muy supervisadas, y los reclusos viven en grandes barracones por los que no pueden moverse libremente.

Fuete Pink News/Cristianos Gays

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Maha al-Mutairi, una mujer trans de 40 años, fue sentenciada a dos años de prisión y una gran multa en virtud del artículo 198, una ley contra las personas trans en Kuwait. Un tribunal de Kuwait anuló una ley que criminalizaba a las personas trans al prohibir la “imitación del sexo opuesto”.

La corte constitucional del estado del Golfo anuló el miércoles (16 de febrero) una ley vilipendiada, conocida como el artículo 198 del código penal de Kuwait, que prohíbe la “imitación de lo contrario”. Cualquiera que sea declarado culpable de violar la ley ahora desaparecida enfrentaba prisión y una multa considerable.

Los activistas de derechos humanos y LGBT+ han criticado durante mucho tiempo la ley como un medio para que las autoridades procesen a las personas trans en Kuwait.

El tribunal dijo que la ley era inconstitucional porque no proporcionaba “estándares objetivos” que identificaran el delito, según Reuters.

Agregó que la redacción general del artículo 198 también era “inconsistente con el entusiasmo de la constitución por garantizar y preservar la libertad personal”.

Lynn Maalouf, subdirectora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, acogió con satisfacción el fallo del tribunal como un “gran avance” para los derechos de las personas trans en la región.

“El artículo 198 fue profundamente discriminatorio, demasiado vago y nunca debería haber sido aceptado como ley en primer lugar”, dijo Maalouf. “Las autoridades kuwaitíes deben ahora asegurarse de que el artículo 198 sea derogado en su totalidad”.

Maalouf también pidió a las autoridades que “detengan de inmediato los arrestos arbitrarios” de personas trans y “renuncien a todos los cargos y condenas presentados contra ellos en virtud de esta ley transfóbica”.

En octubre, Maha al-Mutairi, una mujer trans de 40 años, fue condenada a dos años de prisión y una multa de 1.000 dinares kuwaitíes por “imitar al sexo opuesto”, entre otros cargos.

Ibtissam al-Enezi, abogado de al-Mutairi, dijo a Human Rights Watch en ese momento que el tribunal había utilizado los videos de las redes sociales de al-Mutairi como evidencia para condenarla, ya que se la podía ver maquillada, hablando sobre su identidad trans, supuestamente haciendo “insinuaciones sexuales” y criticando al gobierno de Kuwait.

(YouTube/TransValid)

Al-Mutairi dijo a Human Rights Watch que era la sexta vez que la arrestaban debido a su identidad trans. Actualmente se encuentra recluida en la prisión central para hombres de Kuwait.

Shaikha Salmeen, abogada y activista que trabajó en el caso de al-Mutairi y la campaña contra el Artículo 198, dijo que el fallo del miércoles fue un paso “en la dirección correcta”, informó el New York Times. “Fue inconstitucional, y nadie puede dudar de eso”, dijo.

Salmeen también anticipó que habría una reacción violenta de los conservadores contra el fallo de la corte, y dijo que su “contraataque seguramente será cruel”.

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Mientras tres activistas polacos de derechos LGBTQ aguardan el juicio, prominentes sacerdotes holandeses, religiosas y líderes laicos firmaron una carta al fiscal en la que calificaron los cargos contra los acusados de “incomprensibles” y “francamente impactantes”.

Según Amnesty International, el 2 de marzo de 2021, las activistas Elzbieta Podlesna, Joanna Gzyra-Iskandar y Anna Prus, fueron absueltas de “insultar los sentimientos religiosos” en Polonia tras distribuir panfletos con una imagen de Nuestra Señora de Czestochowa representada con un halo arcoiris, el logo internacional para las personas LGBTQ. Las mujeres fueron arrestadas inicialmente en 2019. El fiscal del caso ahora apeló la absolución y las mujeres serán juzgadas nuevamente el 8 de diciembre. Se enfrentan a una posible sentencia de dos años de prisión.

A raíz de estos cargos y del próximo juicio de apelación, varios católicos holandeses prominentes han enviado una carta en apoyo de las tres mujeres. La carta dice:

“Los cargos contra las tres mujeres son incomprensibles y francamente impactantes para nosotros. No conocemos ningún símbolo de compasión y protección más poderoso que María. Ella representa el amor incondicional: todas las personas necesitadas, jóvenes o mayores, hombres o mujeres, ricas o pobres, LGBT o no, pueden acudir a ella en busca de consuelo y apoyo. Después de todo, es por una buena razón que también lleva el nombre especial de ‘Nuestra Señora del Refugio’ (Our Lady of Refuge)“.

“Además, creemos que al representar a la Virgen con el halo arcoíris, las tres mujeres han mostrado de una manera muy poderosa y hermosa cómo la Iglesia Católica debe ser amorosa y respetuosa con las personas LGBT, y que es precisamente la tarea de los Católicos. Iglesia a proteger y apoyar también a las personas LGBT cuando son víctimas de discriminación y marginación, y ofrecerles refugio ”.

El grupo de católicos también señaló la reciente carta del Papa Francisco al P. James Martin, SJ en el que el pontífice enfatizó la importancia del cuidado pastoral para la comunidad LGBTQ e instó al fiscal a “tomar en consideración las palabras del Papa Francisco”.

Amnistía Internacional Países Bajos también ha pedido al fiscal polaco que retire el caso contra los activistas y se manifestó en la embajada de Polonia en La Haya para entregar una petición con más de 40.000 firmas. Amnesty está preocupada por el estado de derecho en Polonia y afirma en un informe:

“Según Amnistía, el caso es un ataque a la libertad de expresión y simboliza la violación del estado de derecho polaco. “Desde que los vientos ultraconservadores del gobierno PiS han estado soplando en nuestro país, el estado de derecho se ha visto socavado y la homofobia ha ido en aumento”, dijo Mikołaj Czerwiński de Amnistía Polonia. “Esta demanda contra tres mujeres valientes que solo defendieron a la comunidad LGBTI + es un ataque a la libertad de expresión y, por lo tanto, debe detenerse de inmediato”.

Los cargos contra Elzbieta, Joanna y Anna son profundamente preocupantes y contrarios tanto a las palabras del Papa Francisco como a la Doctrina Social Católica, que enfatizan la misericordia, la compasión y el cuidado pastoral para todos los católicos. Sin embargo, podemos encontrar a Cristo en la amplia comunidad internacional de resistencia y apoyo proféticos que se ha unido detrás de estas mujeres. Estos activistas recuerdan a la audiencia occidental los peligros que afligen a nuestros hermanos LGBTQ en otros rincones del mundo y la verdadera universalidad de nuestra iglesia.

Por otra parte, el sitio de noticias cristianas de extrema derecha, LifeSiteNews, inició una petición para que se censurase públicamente al sacerdote jesuita James Martin por decir que la Virgen María “es para todos, incluidas las personas LGBT +”.

El sacerdote jesuita James Martin compartió la historia de Elżbieta Podlesna, Joanna Gztea-Iskandar y Anna Prusen enTwitter y escribió un hilo explicando por qué “María es para todos”. Escribió: “En Polonia, donde la homofobia es rampante, las personas LGBT + están siendo juzgadas por“ profanar ”una copia de la Virgen Negra. Pero María es para todos, incluidas las personas LGBT +, y hay una larga historia de retratarla como parte de diferentes comunidades de fe. Ella es especialmente importante para las comunidades que han sido perseguidas o marginadas”.

Martin dio ejemplos de cómo la imagen de la Virgen María o la Virgen Negra había sido adaptada por muchas culturas diferentes e insistió en que la versión LGBT + con halo de arcoíris debería verse de la misma manera. “La comunidad LGBT + tiene pocas imágenes como esta”, agregó. “Por eso no es de extrañar que agregaran su propio símbolo, el arcoíris, de manera respetuosa, a una imagen querida de su madre. Qué apropiado que esté llorando, porque es su hijo quien sufre cada vez que una persona LGBT + es perseguida”.

Pero el sitio de noticias cristianas de derecha LifeSiteNews ha iniciado una petición contra Martin, pidiendo que sea censurado públicamente. El sitio de noticias insistió: “Los católicos de todo el mundo están pidiendo a la Orden de los Jesuitas que censure públicamente a uno de sus miembros más prominentes, el sacerdote estadounidense, el padre James Martin, por promover una versión bastarda pro-LGBT + de una de las imágenes más veneradas del mundo. Nuestra Señora, la Virgen Negra “. La petición, que ha sido firmada por más de 20.000 personas, dice: “Cuando James Martin, SJ, promovió una imagen en Twitter de la Santísima Virgen y Nuestro Señor con halos de arcoíris sodomita alrededor de sus cabezas, ofendió profundamente la religión, la historia y la cultura polacas. y tradición “.

LGBTfobia de Estado

En Polonia y Hungría, la situación de las personas LGBT + es cada día más difícil. Los gobiernos en el poder han implementado una política abiertamente LGBTfóbica. Los activistas LGBT + piden a las instituciones europeas que los protejan. Margot, una activista no binaria que se ha convertido en un símbolo en Polonia, anunció que “nuestra investigación muestra que el 70% de los polacos LGBT + tienen pensamientos suicidas” antes de abordar un SOS. “Cuando nos unimos a la Unión, firmamos los tratados y dimos nuestro acuerdo sobre el respeto de los derechos humanos, la igualdad, la libertad, el estado de derecho. Estos valores no son respetados por Polonia hoy. Una de las respuestas debe ser financiera: es una de las herramientas más efectivas “, dijo a TÊTU el eurodiputado abiertamente gay Robert Biedroń.

 Con respecto a Polonia, cerca de 100 municipios, alentados por el gobierno, se han declarado “libres de LGBT“. El poder en el lugar no oculta su hostilidad hacia las personas LGBT +. Durante la campaña presidencial para su reelección, Andrzej Duda comparó a las personas LGBT + con una “ideología” comparable a “una especie de neo-bolchevismo“.

Si bien las instituciones europeas se han negado a otorgar subsidios a ciudades “no LGBT”, el ministro de Justicia polaco anunció que las financiaría. Las llamadas zonas libres de LGBT de Polonia han sido objeto de una condena global, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que “no tienen lugar” en la Unión Europea. Los ataques contra personas LGBT + se han convertido en un tema de tensión entre la Unión Europea y Polonia.

Después de intensas semanas de negociaciones, Polonia finalmente acordó el establecimiento de un mecanismo para condicionar las subvenciones al respeto del estado de derecho. Pero el dispositivo no podrá activarse antes de 2022, señala Le Monde. En 2020, ILGA-Europa clasificó a Polonia como el país menos amigable de Europa.

La situacion de las personas LGTBI en Polonia:

El Gobierno de extrema derecha de Polonia es en la actualidad, junto con el de Hungría, la punta de lanza de la involución LGTBIfoba en la Unión Europea. Nos hemos hecho eco de numerosas manifestaciones de esta oleada de hostilidad contra la comunidad. Una de las más recientes se produjo el pasado mes de abril, cuando el Parlamento votó a favor de la iniciativa de la organización LGTBIfoba Stop Pedofilia para criminalizar la educación sexual, con el apoyo del gobernante PiS. Ya el año pasado, el líder del partido y ex primer ministro Jarosław Kaczyński aprovechó una iniciativa inclusiva del alcalde de Varsovia para echar gasolina a la LGTBfobia. El político calificó los derechos LGTBI de un «ataque a la familia y a los niños» que amenaza los valores tradicionales polacos.

Sus palabras encendieron una mecha que se extendió entre los medios y el establishment ultraconservador. Una de las primeras consecuencias de este repunte de la hostilidad LGTBfoba fue la detención de la activista Elżbieta Podleśna bajo la acusación de ofender a los sentimientos religiosos. Su supuesto delito, difundir una versión modificada de la Virgen Negra de Częstochowa con un halo arcoíris en lugar del original dorado. Dos meses más tarde, contramanifestantes de extrema derecha intentaban impedir de forma violenta la celebración de la primera manifestación del Orgullo LGTBI en Białystok, al este del país.

Hace unos días, cincuenta embajadores y representantes de organizaciones internacionales apoyan a la comunidad LGTBI en Polonia a través de una carta. Puedes ver el listado completo de firmantes y leer íntegra la carta de los embajadores y representantes de organizaciones internacionales en este enlace

Esta protesta responde a la cada vez más difícil situación de la comunidad LGTBI en Polonia, desde marzo de 2019, donde alrededor de un centenar de localidades y regiones se han declarado «libres de ideología LGTBI», una campaña de odio institucional cuyo ámbito de actuación se extiende ya por un tercio de la geografía polaca. En este sentido, la declaración de apoyo de los embajadores se suma a las recientes declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea contra la existencia de estas zonas. La iniciativa LGTBIfoba tiene un carácter principalmente simbólico, pero conlleva una indudable carga de hostilidad y estigmatización de la comunidad. La medida de odio LGTBIfobo, que el diario italiano La Repubblica comparó con el concepto nazi de zonas judenfrei («libres de judíos»), llegó hasta el Parlamento Europeo. El 18 de diciembre del año pasado la cámara aprobó, por 463 votos a favor frente a 107 en contra, una resolución de condena. En agosto de este año, la Comisión anunciaba la retirada de las ayudas a seis localidades polacas, que requerían financiación para un programa de hermanamiento entre ciudades de distintos países, por haberse declarado «zonas libres de ideología LGTBI». La Comisión declaró que se habían negado a respetar los “valores y derechos fundamentales de la UE”. Es posible que otras áreas puedan ser penalizadas de manera similar, ya que varias ciudades de Europa han terminado los acuerdos de hermanamiento con sus homólogos polacos.

El punto de origen es el discurso abiertamente homófobo del partido gobernante en Polonia, Ley y Justicia (PiS), que agitó la campaña presidencial (que ganó su candidato Andrzej Duda por un estrecho margen de votos) identificando la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI como una «ideología» que no dudaron en calificar de «extranjera» y «más perjudicial que el comunismo».

Durante este verano, la proclamación de estas zonas «libres de ideología LGTBI» provocaron la organización y reacción de distintos grupos LGTBI y pro-derechos humanos que desembocaron en manifestaciones pacíficas fuertemente reprimidas por la policía. La manifestación de Varsovia fue la más numerosa y acabó con el arrestó de la activista Małgorzata Prokop-Paczkowska, más conocida como Margot. Su arresto provocó más manifestaciones en las que fueron detenidas hasta 47 personas más en lo que ya se conoce como el Stonewall polaco, en referencia a las revueltas de 1969 en Nueva York que originaron lo que hoy conocemos como el Orgullo LGTBI. Margot ha sido encarcelada durante dos meses.

Por declaraciones y hechos como estos resulta especialmente llamativa la respuesta del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, a la publicación de la carta de los diplomáticos: «Discrepo por completo con la carta de los embajadores en la parte en la que dicen que hay personas en Polonia a la que de alguna forma ya no se les respeta», ha defendido. Según Morawiecki, «la tolerancia forma parte de los valores del país» y lo más sorprendente es que ha llegado a negar la existencia de las zonas «libres de ideología LGTB».

Fuente Cristianos Gays/ New Ways Ministry,

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La asociación de defensa de los derechos LGTBI búlgara Bilitis Foundation ha denunciado el ataque que sufrió uno de sus centros en Sofía por parte de un grupo de 10 hombres y mujeres, en el que resultó agredida una de las activistas presentes. El líder del asalto fue Boyan Rasate, fundador y candidato a las elecciones presidenciales por el partido de ultraderecha Unión Nacional Búlgara, que fue detenido por su participación en los hechos y puesto en libertad bajo fianza en espera de juicio.

El ataque se produjo el pasado 30 de octubre y fue denunciado por Bilitis Foundation a través de su cuenta de Twitter. Alrededor de las 5:30 de la tarde, un grupo de 10 hombres y mujeres irrumpieron en el centro Rainbow Hub, que comparten Bilitis Foundation y la fundación GLAS (Gays and Lesbians Accepted in Society), otra organización de defensa de los derechos LGTBI. La coordinadora de proyectos Gloriya Filipova fue golpeada en la cara, mientras el mobiliario era destrozado.

Our office and LGBTI community center in #Sofia – Rainbow Hub, was attacked tonight during a #trans community gathering. The leader of the attack Boyan Rasate is well known for his LGBTI-phobic actions and statements, and is currently running for President in #Bulgaria (read ⬇️) pic.twitter.com/StwibomFGL

— Bilitis Foundation 🏳️‍🌈 (@BilitisLGBTI) October 30, 2021

Gloriya Filipova escribía en su cuenta de Twitter: «Lo único que pretendía era crear espacios más seguros para nuestra comunidad. Ayer mi mayor temor se hizo realidad: nuestro centro comunitario fue destruido y me dieron un puñetazo en la cara. Estoy segura de que tenemos suficiente amor para sanar, pero esto realmente duele. Es hora de que las instituciones del Gobierno búlgaro actúen».

Filipova declaraba que el líder del asalto y su propio agresor había sido el fundador de la Unión Nacional Búlgara (BNS), Boyan Rasate, bien conocido por su beligerancia contra los derechos de las personas LGTBI.

El 2 de noviembre, también desde su cuenta de Twitter, Bilitis Foundation informaba de la detención de Boyan Rasate, después de que, a petición de la Fiscalía, la Junta Electoral Central le retirase su inmunidad como candidato a las elecciones presidenciales del próximo 14 de noviembre.

BREAKING: The leader of the attack on our Rainbow Hub on Saturday and presidential candidate Boyan Rasate was arrested! His immunity was taken down last night during our protest demanding justice for the perpetrators. We are following closely the actions of the Prosecution. ⚖️🏳️‍🌈 pic.twitter.com/pDAORvTuDL

— Bilitis Foundation 🏳️‍🌈 (@BilitisLGBTI) November 2, 2021

La fiscal general Siika Mileva informaba que se presentarían cargos por vandalismo temerario. Rasate permaneció detenido durante 72 horas y posteriormente fue puesto en libertad bajo fianza de 500 euros en espera de juicio, aunque esa decisión puede ser apelada.

Aunque el Código Penal búlgaro establece penas de hasta cinco años de prisión por ataques en grupo a ciudadanos o sus bienes motivados por el origen étnico o racial, no ampara a quienes son agredidos por su orientación sexual o identidad de género. Precisamente, la agresión al centro de Bilitis Foundation se produjo diez días después de que se presentaran en el Parlamento búlgaro más de 8000 firmas solicitando la introducción de los delitos de odio contra la población LGTBI en el Código Penal.

El ataque al centro Rainbow Hub ha sido condenado por ILGA-Europa, Amnistía Internacional, la comisionada para los Derechos Humanos del Consejo de Europa y por las misiones diplomáticas de España, Estados Unidos, Australia, Bélgica, Dinamarca, Canadá, Holanda, Reino Unido, Portugal, Irlanda y Francia.

Fuente Dosmanzanas

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Un activista gay prodemocrático de Hong Kong se enfrenta a una posible condena de años de prisión tras ser acusado de subvertir el Estado.

Jimmy Sham Tsz-Kit, voz destacada del movimiento prodemocrático de Hong Kong y defensor de los derechos de las personas LGBT+, fue detenido y acusado en febrero en virtud de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por el gobierno chino.

Aplicada en junio de 2020, la controvertida ley penaliza la sedición (incitación a la rebelión contra el Estado), la secesión y la subversión del Estado, así como la connivencia con potencias extranjeras. La pena máxima es la cadena perpetua.

Sham fue uno de los 47 activistas detenidos y acusados de subvertir el Estado por participar en unas elecciones organizadas por la oposición.

Desde entonces ha estado detenido y, según la organización benéfica de derechos humanos Amnistía Internacional, se le ha denegado repetidamente la libertad bajo fianza.

Amnistía insta a las autoridades a retirar los cargos y a liberar a Sham de la prisión preventiva:

“Jimmy Sham Tsz-kit ha pasado meses encerrado en prisión, simplemente por hablar en favor de su comunidad y de los derechos del colectivo LGBTQIA+ en Hong Kong.

“Se enfrenta a un juicio en breve, en el que podría ser condenado a muchos más años entre rejas. Tenemos que actuar urgentemente para presionar a las autoridades de Hong Kong para que lo liberen”.

Amnistía Internacional calcula que unas 118 personas han sido detenidas en virtud de la Ley de Seguridad Nacional, algunas de ellas por delitos relativamente menores, como publicar mensajes a favor de la democracia en las redes sociales.

Otras supuestas infracciones son llevar una camiseta negra como las que llevaban los manifestantes en 2019, ya que las autoridades consideran que es una forma de apoyo a la democracia, y promover lemas como “Suma petróleo”, que es una frase china que significa “vamos” en referencia a las protestas prodemocráticas.

“En los 12 meses transcurridos desde que fue impuesta por el gobierno chino, la Ley de Seguridad Nacional se ha utilizado para reprimir las voces críticas con las autoridades de Hong Kong o Pekín. Algunas de estas personas se enfrentan a cadena perpetua si son declaradas culpables”, escribió Amnistía en un comunicado.

Derechos LGBT+ en Hong Kong

Según una encuesta realizada en 2017 por la Universidad de Hong Kong, más de la mitad de la población apoya los matrimonios y relaciones entre personas del mismo sexo.

En la actualidad existe una protección limitada para las personas LGBT+ en Hong Kong, pero el matrimonio entre personas del mismo sexo o las uniones civiles no están reconocidas en Hong Kong.

Sham, que es convocante del Frente Civil de Derechos Humanos y secretario de la organización LGBT+ Arco Iris de Hong Kong, se casó con su marido en Nueva York en 2014.

Fuente Pink News

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