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Una ley estatal prohibió la atención de afirmación de género en prisiones y otros lugares. Un juez la anuló.

Por Mira Lazine jueves 5 de septiembre de 2024

El martes, un juez federal otorgó una orden judicial preliminar para detener un proyecto de ley de Idaho que prohibía la atención de afirmación de género en las prisiones estatales, permitiendo efectivamente que los trans de Idaho encarcelados reciban terapia hormonal una vez más.

“Por la presente se CONCEDE la moción de los demandantes para una orden de restricción temporal, una certificación de clase provisional y una medida cautelar preliminar. El tribunal certifica la clase protegida de todas las personas encarceladas bajo custodia del [Departamento Correccional de Idaho] que están o serán diagnosticadas con disforia de género y están recibiendo o recibirían terapia hormonal”, escribió el juez David Nye del Distrito de EE. UU. Tribunal del Distrito de Idaho para Robinson v. Labrador. “El Tribunal prohíbe la ejecución de [H.B. 668] sobre el uso de fondos estatales con el fin de proporcionar terapia hormonal en contra del grupo mientras esta demanda esté pendiente”.

El proyecto de ley H.B. 668, prohíbe el uso de fondos públicos para cualquier procedimiento de reafirmación de género, lo que incluye hormonas y cirugías. Los legisladores estatales republicanos en el Comité de Asuntos Estatales de la Cámara de Representantes patrocinaron el proyecto de ley. Fue promulgado en marzo de este año por el gobernador Brad Little (republicano).

La medida cautelar sólo afecta al uso de fondos públicos para prisiones y no se extiende a las personas transgénero que no se encuentran en prisión. Tampoco se extiende a las cirugías de reafirmación de género.

En apoyo de la medida cautelar, el juez Nye sostiene que los demandantes en el caso presentaron argumentos sustanciales a favor de la importancia de la atención que reafirma el género, el impacto social que tendrá este tipo de restricción y el efecto que tendrá en las personas transgénero en todo el estado. Si bien detalla algunas áreas en las que los demandantes no cumplieron con sus argumentos, argumentó que las pruebas presentadas respaldan la necesidad de una medida cautelar.

Nye inicialmente rechazó la solicitud de convertir esta demanda en una demanda colectiva. Solo después de recibir más datos de los demandantes que indicaban que hay 54 personas encarceladas que reciben atención de afirmación de género y 70 diagnosticadas con disforia de género, Nye se convenció.

La demanda se centra en dos mujeres transgénero encarceladas a las que se les diagnosticó disforia de género y que estaban recibiendo terapia de reemplazo hormonal y que habrían visto su atención puesta en riesgo debido a la HB 668. El caso se convirtió en una demanda colectiva para representar a todos los prisioneros trans conocidos de Idaho, que según la ACLU de Idaho enfrentaron una violación de la Octava Enmienda.

Las demandantes en este caso son Katie Heredia y Rose Mills, las dos mujeres transgénero en cuestión. Están representadas por la ACLU de Idaho y abogados locales. Los demandados son el fiscal general Raul Labrador, el gobernador Brad Little, el director del IDOC Josh Tewalt, la jefa de personal del IDOC Bree Derrick y Centurion Health de Idaho.

El director legal de la ACLU de Idaho, Paul Carlos Southwick, dijo sobre esta decisión en una declaración: “Estamos agradecidos de que esta demanda colectiva proteja los derechos tanto de nuestros demandantes como de todas las personas encarceladas diagnosticadas con disforia de género. Las personas que cumplen condena tienen derecho a acceder a atención médica, alimentación adecuada y condiciones de vivienda mientras están bajo el cuidado del estado, y estamos agradecidos de que esos derechos se hayan respetado hoy”.

LGBTQNation contactó con la ACLU de Idaho y la oficina del Fiscal General para obtener comentarios. Ninguno respondió antes de la publicación. Este artículo se actualizará en consecuencia.

Fuente LGBTQNation

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La destrucción de los libros ha sido calificada de acto de censura.

Por Mira Lazine martes 20 de agosto de 2024

La semana pasada, el New College of Florida tiró repentinamente a la basura muchos libros de la biblioteca, principalmente aquellos que antes pertenecían a su ahora desaparecido Programa de Género y Diversidad.

El vertido de los libros fue revelado en las redes sociales por Herald Tribune El reportero Steven Walker, quien proporcionó un video y fotos del evento, dijo que entre los libros arrojados se encuentra un libro sobre el idioma hebreo. The War of the Worlds, un libro sobre el cuerpo de las mujeres, Cures: A Gay Man’s Odyssey y varios libros sobre feminismo y sobre la cultura negra.

Bacardi Jackson, director ejecutivo de la ACLU de Florida, dijo que el incidente es un acto masivo de censura.

“Condenamos con vehemencia las acciones reprensibles que ha tomado New College of Florida, donde cientos de libros de la biblioteca, incluidos los relacionados con los estudios LGBTQ+, han sido descartados sin contemplaciones y destinados a un vertedero. Esto no es un mero descuido administrativo; es un acto intencional de censura que ataca el corazón de nuestros valores democráticos y el propósito mismo de la educación”, dijo Jackson.

Los estudiantes informan que no fueron notificados sobre los libros que fueron desechados.

DEVELOPING: New College of Florida dumped hundreds of library books this afternoon.

The school also emptied the college’s Gender and Diversity Center, tossing hundreds of their books.

Working to file a story now. pic.twitter.com/073dU3A6mp

— Steven Walker (@swalker_7) August 15, 2024

La universidad respondió en una declaración: “La biblioteca de New College está siguiendo sus procedimientos anuales de larga data para eliminar su colección, lo que implica la eliminación de materiales viejos, dañados o que ya no satisfacen las necesidades de la universidad”.

“Los estudios de género se han interrumpido como área de concentración en New College, y los libros no forman parte de ninguna colección o inventario oficial de la universidad. Cuando no se reclamó la retirada de los libros de la sala, se trasladaron a un punto de entrega de libros de la biblioteca, donde luego fueron reclamados por personas que planeaban donarlos localmente”, escribió la universidad.

La universidad afirma que no podían donar ni vender los libros a nadie, sin embargo según el Heraldo-Tribunede hecho, esto era algo que estaban legalmente autorizados a hacer.

Esto se produce en el contexto de la ley de 2023 del gobernador republicano Ron DeSantis que restringe los programas de diversidad en las universidades. DeSantis se ha opuesto regularmente a la diversidad, la equidad y la inclusión en las instituciones educativas estatales y los lugares de trabajo.

Jackson continuó: “Estas acciones no son nada menos que una purga cultural, que recuerda a algunos de los momentos más oscuros de la historia, cuando los regímenes buscaban controlar el pensamiento quemando libros y borrando el conocimiento. El hecho de que estos libros, fuentes de sabiduría, perspectivas diversas y las narrativas de comunidades marginadas, fueran descartados en la oscuridad de la noche, sin transparencia y sin darles a los estudiantes la oportunidad de preservarlos, debería indignar a todos los floridanos y a todos los estadounidenses que valoran la democracia y el libre pensamiento”.

Fuente LGBTQNation

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Los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminaron que las protecciones ampliadas del Título IX del presidente Joe Biden no se pueden aplicar en 26 estados donde hay impugnaciones legales en curso.

El Título IX es una pieza histórica de legislación de derechos civiles que protege a las personas de la discriminación basada en el sexo en programas educativos o actividades que reciben asistencia financiera federal, y es más conocido por garantizar la igualdad de género en los deportes universitarios.

En abril, Biden finalizó las nuevas normas antidiscriminación (propuestas por primera vez en 2022), que tienen como objetivo proteger a las personas en las escuelas públicas de la discriminación y el acoso basados en el sexo, proporcionando protecciones explícitas para los alumnos LGBTQ+ y prohibiendo expresamente la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género.

Sin embargo, antes de que las enmiendas pudieran entrar en vigor, varios estados controlados por los republicanos prometieron rechazar la ley, demandando a la administración Biden y etiquetando la legislación como “ilegal, antidemocrática y divorciada de la realidad”, alegando que pone “a las mujeres en riesgo”.

El viernes (16 de agosto), en una votación de 5 a 4, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la solicitud de la administración de permitir que la mayor parte de las normas del Título IX entren en vigor cuando los tribunales han emitido órdenes judiciales que las bloquean temporalmente.

“En esta situación de emergencia en este tribunal, recae sobre el gobierno, como solicitante, la carga de demostrar, entre otras cosas, una probabilidad de éxito en su… argumento…”, se lee en el fallo. “Sobre la base de este registro limitado, el gobierno no ha proporcionado a este tribunal (con) una base suficiente para refutar las conclusiones provisionales de los tribunales inferiores de que las tres disposiciones que probablemente sean ilegales están entrelazadas con otras disposiciones de la norma y las afectan.

“El gobierno tampoco ha identificado adecuadamente qué disposiciones particulares, si las hay, son suficientemente independientes de la disposición de definición prohibida y, por lo tanto, podrían permanecer en vigor. Además… el Sexto Circuito ya ha acelerado su consideración del caso y ha programado los argumentos orales para octubre.

“El tribunal espera que los tribunales de apelación dicten sus fallos con la debida prontitud. A la luz de todas las circunstancias, el tribunal rechaza las solicitudes del gobierno de suspensión parcial de la ejecución de los autos”.

“Tácticas crueles e hipócritas”

En respuesta, Ria Tabacco Mar, directora del Proyecto de Derechos de las Mujeres de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), dijo que dichas demandas están “utilizando los ataques a los niños trans como una forma de revertir otros derechos de las mujeres y las niñas”.

Continuó diciendo: “Atacar a las personas trans no hace nada para abordar los problemas reales que enfrentan las mujeres y las niñas. Estamos decepcionados de que la Corte Suprema haya permitido que estas tácticas crueles e hipócritas tengan éxito, incluso temporalmente. Seguiremos luchando para que todos los estudiantes aprendan en escuelas seguras e igualitarias”.

Jennesa Calvo-Friedman, abogada senior de la ACLU, dijo: “La nueva guía de la administración Biden es crucial para aclarar las protecciones bajo el Título IX para tantos estudiantes, incluidos los estudiantes transgénero y otros estudiantes LGBTQ, estudiantes embarazadas y con hijos, y otros estudiantes que enfrentan acoso sexual. Pero incluso sin ella, los estudiantes no están desprotegidos.

“A pesar de lo que hizo hoy la Corte Suprema, los estudiantes aún pueden presentar demandas privadas contra las escuelas para reivindicar sus derechos bajo el Título IX, incluso basándose en su identidad de género o su estado de embarazo o paternidad, incluso en lugares donde la norma está bloqueada.

“Las escuelas deben ser conscientes de que la discriminación por motivos de sexo, incluido el acoso, es ilegal, y los estudiantes aún pueden exigir responsabilidades a las escuelas. Es más, las escuelas no tienen que esperar a que se les imponga un mandato para adoptar prácticas que den la bienvenida a todos los niños. Las políticas transinclusivas siguen siendo legales, y las escuelas pueden –y deben– avanzar con ellas”.

Fuente PinkNews

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El jueves, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos en Cincinnati, Ohio, que escucha apelaciones de ambos estados, votó 2 a 1 a favor de ratificar las leyes anti-trans. Reuters informes. El juez principal Jeffrey Sutton y el juez Amul Thapar rechazaron los argumentos presentados en nombre de las familias de niños transgénero de que las leyes discriminan a las personas transgénero por motivos de sexo, violando la Cláusula de Igualdad de Protección de la Constitución.

En su disidencia, la jueza Helene White dijo que las leyes “no pueden ser aprobadas constitucionalmente” y “inmiscuirse en la competencia bien establecida de los padres para tomar decisiones médicas para sus hijos menores”.

Los republicanos de Tennessee aprobaron la SB 1 del estado en febrero y el gobernador Bill Lee (R) la promulgó a principios de marzo. Además de prohibir a los médicos de Tennessee brindar atención de afirmación de género, incluidos bloqueadores de la pubertad y terapia hormonal, a cualquier persona menor de 18 años, también exige que los jóvenes trans que ya reciben atención de afirmación de género finalicen su tratamiento antes del 31 de marzo. 2024, lo que efectivamente los obligará a realizar la destransición.

La SB 150 de Kentucky fue aprobada en marzo después de que los republicanos estatales anularan un veto del gobernador Andy Beshear (D).

Ambas leyes enfrentaron impugnaciones legales en nombre de las familias de jóvenes trans y fueron bloqueadas por jueces de primera instancia. Pero en julio, el Sexto Circuito votó 2 a 1 para permitir que la ley de Tennessee entrara en vigor mientras procedía el tribunal impugnado. De manera similar, el Sexto Circuito dictaminó en agosto que Kentucky podía hacer cumplir su prohibición de cuidados que afirman el género.

Las impugnaciones legales presentadas por la ACLU de Kentucky y Tennessee, junto con otras organizaciones, en ambos casos se consolidaron en julio para su consideración en el Sexto Circuito.

Todas las organizaciones médicas importantes de EE. UU. han reconocido que la atención médica que afirma el género (que puede incluir bloqueadores de la pubertad y terapia hormonal) está basada en evidencia, es segura, efectiva y puede ser médicamente necesaria para tratar la disforia de género en los jóvenes.

“La decisión de hoy es decepcionante y difícil de conciliar con los casos de la Corte Suprema y el Sexto Circuito que sostienen que los padres tienen tanto el deber como el derecho de salvaguardar la salud de sus hijos”, dijo Shannon Minter, directora legal del Centro Nacional para los Derechos de las Lesbianas (NCLR), que presentó la impugnación de la ley de Kentucky junto con la ACLU, dijo en un comunicado. “Este es un duro golpe a uno de los principios más preciados de nuestro sistema legal, que es que los padres, y no los funcionarios del gobierno, deben tomar decisiones médicas por sus hijos”.

“Estamos decepcionados con el fallo del tribunal”, dijo el director legal de la ACLU de Kentucky, Corey Shapiro. “La mayoría ignoró la extensa evidencia de los expertos médicos reales y del tribunal de primera instancia, quienes estuvieron de acuerdo en que esta atención es médicamente necesaria, efectiva y apropiada. Si bien es desalentador que el panel crea que es constitucional que el gobierno prohíba a los jóvenes transgénero acceder a la atención médica necesaria, esto es sólo un revés temporal. Continuaremos luchando para restaurar esa atención de forma permanente en el Commonwealth”.

La ACLU de Tennessee señala que prohibiciones similares sobre el cuidado de menores que afirman el género han sido bloqueadas por tribunales de distrito en Arkansas, Alabama, Florida, Georgia e Indiana, mientras que un tribunal federal de Arkansas anuló la prohibición de ese estado en junio.

Fuente LGBTQ Nation

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La representante de Montana, Zooey Zephyr, habla por un micrófono sobre el impacto de la odiosa legislación en la comunidad trans del estado.

Los republicanos de la Cámara de Representantes de Montana sancionaron a la representante Zooey Zephyr por pedir a sus colegas que votaran en contra de una prohibición de cuidado de afirmación de género para jóvenes trans.

El “silenciamiento” de Zooey Zephyr, la primera legisladora estatal trans de Montana, ha sido tildado de “absurdo” y “antidemocrático”.

El miércoles (26 de abril), los republicanos votaron para prohibir a Zephyr en el pleno de la Cámara por el resto de la sesión legislativa de 2023. Se le permitirá votar de forma remota.

La política trans ha sido blanco de llamadas de censura desde el 18 de abril, cuando les dijo a los legisladores que respaldaron la prohibición de la atención médica que afirma el género para los jóvenes trans que tendrían “sangre en sus manos“.

El presidente de la Cámara, Matt Regier, ya había silenciado a Zephyr, negándose a reconocerla o dejarla hablar en la cámara hasta que se disculpara.

Esto provocó protestas de los electores, algunos de los cuales fueron arrestados por compartir su indignación en la cámara de la Cámara. En respuesta a que se le negó su capacidad para participar en los debates, Zephyr dijo que se mantiene “firme en [su] compromiso con [su] comunidad”.

El trato de los republicanos de Montana a Zephyr ha sido condenado enérgicamente por los defensores LGBTQ+ y trans en todo Estados Unidos.

Deirdre Schifeling, directora política nacional de la ACLU, dijo que hay un “nombre para cuando los funcionarios electos atacan y silencian a otros funcionarios electos con los que no están de acuerdo para evitar que cumplan con sus deberes”: “autoritarismo. La libertad de expresión es esencial para nuestra democracia”, dijo Schifeling. “Las personas trans son una parte esencial de nuestra democracia, tanto como votantes como legisladores, y deben ser defendidos”.

Elliot Imse, director ejecutivo de LGBTQ+ Victory Institute, dijo que es “destructivo y absurdo” que los legisladores anti-LGBTQ+ “lancen una guerra verbal y legislativa” contra las personas trans y “censuren al único legislador trans del estado por decir la verdad”.

Imse dijo que los comentarios de Zephy eran “incomparables” con el “daño innegable” que la prohibición propuesta de atención médica trans tendría en la comunidad, y con la “retórica dañina y odiosa” impulsada por los legisladores anti-LGBTQ+. “La voz de Rep Zephyr se necesita más que nunca en este momento y sus oponentes lo entienden”, dijo. “Es la razón por la que están decididos a silenciarla”.

La representante del estado trans, Zooey Zephyr, sostiene un micrófono mientras está de pie en la Cámara de Representantes del estado de Montana.

Keegan Medrano, director de políticas de la ACLU de Montana, calificó la medida como un “esfuerzo antidemocrático de los líderes de la Cámara para censurar a uno de sus propios colegas por usar su voz y su plataforma para representar a sus electores. Al votar para quitarle el micrófono, la Cámara está intentando silenciar a los habitantes de Montana y a las personas trans para que no hablen sobre el daño de todos estos proyectos de ley”, dijo Medrano. “Este es otro día vergonzoso en la historia de nuestro estado y estamos decididos a proteger a todos los habitantes transgénero de Montana de estos viles e intolerantes ataques a su dignidad e igualdad”.

Zooey Zephyr pronunció un apasionado discurso el 18 de abril contra un proyecto de ley que prohibiría la atención médica trans.

Ella dijo que el Proyecto de Ley 99 del Senado de Montana, también conocido como la Ley de Protección de la Salud de los Jóvenes, sería “equivalente a tortura”.

Los republicanos de Montana exigieron que fuera censurada, el 20 de abril la cámara votó a favor de mantener una orden del orador de negarse a permitirle hablar. El miércoles (26 de abril), siguieron con una medida que la prohibía de la cámara estatal.

La medida para prohibir a Zephyr es parte de un esfuerzo de políticos cada vez más agresivos y conservadores que quieren silenciar las voces disidentes en los EE. UU.

Hace solo unas semanas, los republicanos de Tennessee votaron para expulsar a dos legisladores negros, los representantes Justin Jones y Justin Pearson, por participar en una protesta contra la violencia armada en la cámara poco después de un tiroteo en una escuela en Nashville. Sin embargo, la representante Gloria Johnson, una mujer blanca que también participó en la protesta, no fue expulsada porque los republicanos afirmaron que su papel fue menos perturbador.

Tanto Jones como Pearson fueron reincorporados más tarde, y los ‘Tres de Tennessee’, como se les ha llamado, se reunieron con el presidente Joe Biden el lunes (24 de abril) para discutir la reforma del control de armas.

En marzo, los republicanos en Oklahoma votaron para censurar a la representante Mauree Turner, una legisladora estatal negra, musulmana y no binaria, después de que los policías estatales dijeran que el demócrata les impidió interrogar a un activista por los derechos de las personas trans acusada de agredir a un oficial de policía durante una protesta por una cuestión de género. – afirmando la prohibición de asistencia sanitaria.

Fuente PinkNews

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Jueces Samuel Alito y Clarence Thomas (Getty Images)

Los magistrados de la Corte Suprema, Clarence Thomas y Samuel Alito, lanzaron un ataque extraordinario al fallo que llevó al matrimonio igualitario, alegando que las personas que discriminan a las parejas homosexuales son “víctimas” de la ley.

El lunes (5 de octubre), los dos jueces redactaron una declaración cuando el tribunal se negó a considerar un caso presentado por Kim Davis, la secretaria de Kentucky que se negó a llevar a cabo su trabajo de procesamiento de licencias de matrimonio cuando a las parejas homosexuales se les permitió casarse en 2015.

Davis, que ha estado casada cuatro veces con tres maridos, se convirtió en una causa célebre entre los evangélicos anti-LGBT + cuando afirmó que no podía casar  parejas del mismo sexo debido a sus valores cristianos.

Aunque Thomas y Alito afirmaron la decisión del tribunal de no escuchar el caso Davis por motivos de procedimiento, en el comunicado lanzaron una andanada extraordinaria sobre el fallo de Obergefell de 2015 que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en los 50 estados.

Los jueces de la Corte Suprema Clarence Thomas y Samuel Alito dicen que Kim Davis fue “una víctima” del matrimonio igualitario

Los jueces calificaron a Davis como “una cristiana devota” con “creencias religiosas sinceras”, y se lamentaron de que “como resultado de la alteración de la constitución por parte de este tribunal, Davis se ha encontrado a si misma frente a una elección entre sus creencias religiosas y su trabajo.”

Thomas y Alito, quienes estaban entre los disidentes contra el matrimonio igualitario cuando la corte se dividió en cinco a cuatro sobre el tema en 2015, continuaron: “Davis puede haber sido una de las primeras víctimas del trato arrogante de este tribunal a la religión en su decisión sobre Obergefell, pero no será la última. Debido a Obergefell, aquellos con sinceras creencias religiosas respecto al matrimonio encontrarán cada vez más difícil participar en la sociedad sin entrar en conflicto con Obergefell y sus efectos en otras leyes anti-discriminación.“

Siendo seguramente conscientes de lo que están intentando justificar, los dos jueces explican que esos sentimientos religiosos ofendidos no lo habrían resultado tanto si, en vez de por una sentencia del Supremo, el matrimonio igualitario se hubiera aprobado con un debate y siendo votado en el Congreso. Porque todos sabemos que a los evangélicos les encanta debatir y, sobre todo, porque todos sabemos que no pasa nada si es una mayoría la que ha de decidir sobre los derechos de una minoría: “Una cosa sería si el reconocimiento del matrimonio homosexual se hubiera debatido y adoptado a través del proceso democrático, con la gente decidiendo no proveer protecciones estatutarias para la libertad religiosa bajo las leyes estatales. Pero es algo muy diferente si un juzgado fuerza esa elección sobre la sociedad a través de la creación de derechos constitucionales atextuales y su poco generosa interpretación de la cláusula de libre ejercicio, dejando a aquellos con objeciones religiosas en la estacada.“

La pareja de jueces continuó: “Esta petición proporciona un claro recordatorio de las consecuencias de Obergefell. Al optar por privilegiar un nuevo derecho constitucional sobre los intereses de libertad religiosa protegidos explícitamente en la Primera Enmienda, y al hacerlo de manera antidemocrática, la corte ha creado un problema que solo ella puede solucionar. Hasta entonces, Obergefell seguirá teniendo consecuencias desastrosas para la libertad religiosa”.

Activistas de derechos civiles temen que los tribunales conservadores busquen socavar las sentencias pro-LGBT +. Si bien el ataque es en gran parte simbólico, la intervención solo avivará los temores de que los conservadores en la corte, que se envalentonarían con una mayoría de seis a tres si el Senado confirma a la última nominada de Donald Trump, Amy Coney Barrett, podría socavar drásticamente la igualdad LGBT + en un futuro. caso futuro.

El 4 de noviembre, solo un día después de las elecciones estadounidenses, la corte está preparada para escuchar los argumentos en torno a Catholic Social Services (CSS), una agencia de adopción y cuidado de crianza con sede en Filadelfia que insiste en que se debe permitir rechazar a las parejas del mismo sexo y todavía reciben financiación de los contribuyentes.

El caso ha causado nerviosismo entre los defensores de los derechos LGBT +, ya que incluso las victorias recientes en las protecciones contra la discriminación LGBT + vinieron con advertencias explícitas de que las leyes de derechos civiles podrían ser anuladas por preocupaciones de libertad religiosa.

Varios otros casos de “libertad para discriminar” están trabajando en los tribunales inferiores, muchos traídos con el apoyo de grupos de odio anti-LGBT + que durante mucho tiempo han puesto sus miras en intentar forjar una protección específica para la discriminación contra las personas LGBT + bajo las protecciones de la Primera Enmienda por la libertad religiosa.

Chase Strangio de la American Civil Liberties Union (ACLU), explicó en un hilo de Twitter que la declaración sugiere que los jueces “Ya están ansiosos por derogar Obergefell, y eso que solo tiene cinco años. El descaro de la parte conservadora del tribunal es una amenaza incluso para las expectativas más básicas de protección legal. Lo que podemos esperar es una erosión continuada de las protecciones legales que hemos conseguido en el pasado siglo.“

La Alianza por la Justicia estuvo de acuerdo en que la intervención es “extremadamente preocupante”. El grupo agregó: “La igualdad en el matrimonio, o cualquier fuerza que pueda tener, está 100% amenazada por la nominación de Amy Coney Barrett. Los conservadores de la corte claramente están mordisqueando un poco para socavarlo “.

La firma de derechos civiles LGBT + Lambda Legal dijo: “Los republicanos y la Corte Suprema vienen con alegría por la igualdad en el matrimonio, y creen que la nominada a SCOTUS de Trump, Amy Coney Barrett, les da la oportunidad de hacerlo”.

Fuente Pink News

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La Corte Suprema analizará, por primera vez en su historia, si las personas LGTB están protegidas de la discriminación laboral, una audiencia histórica sobre una cuestión que genera profundas divisiones en la sociedad y también en los tribunales.

El caso de Aimee Stephens es uno de un conjunto de casos que se empezaron a escuchar ayer, 8 de octubre, y que podría determinar si millones de trabajadores LGTB están protegidos por la ley federal contra la discriminación en el lugar de trabajo más poderosa de los EE. UU.

El martes por la mañana, un centenar de personas se reunieron delante de la Corte Suprema en Washington en apoyo a los derechos de las minorías, grupo al que se sumó la actriz trans Laverne Cox.

El gobierno de Donald Trump ha mostrado abiertamente su apoyo a los empleadores. La administración republicana, que accedió al poder con el apoyo de la derecha evangélica, se ampara en una lectura estricta de una ley federal de 1964 que prohíbe, entre otras, la discriminación «en base al sexo».

Laverne Cox junto a Aimee Stephens charlando ante la Corte Suprema

“El ‘sexo’ se refiere aquí a si naciste mujer u hombre, no a tu orientación sexual o identidad de género“, argumentó el representante legal del gobierno ante la Corte Suprema, Noel Francisco, quien considera que es competencia del Congreso y no de la justicia actualizar la ley.

Sin embargo, los derechos de las minorías sexuales han tenido avances gracias a los tribunales, incluida la Corte Suprema, que en 2015 legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en Estados Unidos.

Desde la histórica decisión sobre el matrimonio igualitario, la Corte se ha inclinado hacia el conservadurismo, con la llegada de los jueces nombrados por Donald Trump, por lo que una victoria para la comunidad LGTB no está garantizada

Solo 22 estados prohíben la discriminación de las minorías sexuales en el ámbito profesional. En los demás estados, es la Corte Suprema la que puede quitar a las personas LGTB su estatus de (ciudadanos) de segunda categoría», dijo Ria Tabacco Mar, de la asociación de defensa de los derechos civiles ACLU.

La Corte Suprema comenzará por escuchar los casos de Donald Zarda y Gerald Lynn Bostock. Donald Zarda, un instructor de paracaidismo de Nueva York, fue despedido tras bromear con una clienta sobre que era homosexual. Zarda murió en un accidente en 2014, pero su familia ha continuado la disputa legal. Bostock, un trabajador social del estado de Georgia, fue despedido después de unirse a un equipo deportivo gay. El despido de Zarda fue anulado por la justicia, pero el de Bostock se ratificó en un tribunal. Esa diferencia de interpretación de la ley justifica la intervención de la Corte Suprema.

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Por otro lado, los nueve magistrados examinarán públicamente, por primera vez, el caso de una persona trans.

Nacida como hombre, Aimee Stephens trabajó durante seis años en una funeraria de Detroit, estado de Michigan. Cuando anunció a su jefe su decisión de asumir completamente su identidad femenina, recibió dos semanas después por respuesta un «esto no va a funcionar». Y fue despedida.

El propietario de la funeraria, Thomas Rost, quien se describe como un «ferviente cristiano», alega que su decisión se basa en la defensa de sus valores y en la necesidad de «evitar todo lo que pueda molestar» al luto de sus clientes.

La decisión le afectó emocionalmente, pero Stephens se armó de valor y decidió luchar. «Es tiempo de que alguien se levante y diga que ya es suficiente», dijo Stephens. «No estamos pidiendo que nos traten diferente, sino igual».

Ahora solo queda esperar…

Fuente Oveja Rosa

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Elliot Yoder

Un juez de Oregón falla contra de la petición de derogar la normativa de un centro escolar que permite a los alumnos transgénero que utilicen el cuarto de baño del género con el que se identifican.

Hace ahora tres años desde que un adolescente de 14 años de edad, Elliot Yoder, asumiera su identidad de género como persona transgénero y lo hiciera público, pasando desde ese momento a utilizar los cuartos de baño y vestuarios masculinos, previa implementación de la normativa del centro de educación secundaria en el que estudia en la localidad de Dallas, sede del condado de Polk, en el estado de Oregón, que informa por carta a todas las familias de sus alumnos. Sin embargo, después de que tratar de derogar sin éxito esa normativa en una junta escolar y de que el gobierno de Donald Trump derogara la directiva de Obama que protege a los menores transgénero sobre el uso de cuartos de baño y tras afirmar que su gobierno no atenderá más quejas por transfobia en baños de Institutos, el año pasado, un grupo de padres y madres, junto a diferentes miembros de la comunidad, demanda al centro escolar. El pasado martes, 24 de julio, un juez de Oregón falla en contra de su petición, afirmando que obligar a las personas transgénero a utilizar el cuarto de baño del género asignado en su nacimiento violaría la ley de derechos civiles de los Estados Unidos.

«Forzar a los estudiantes transgénero a usar instalaciones incompatibles con su identidad de género indudablemente dañaría a esos estudiantes y les impediría igualmente el acceso a oportunidades y recursos educativos», sostiene el juez del tribunal Federal de Distrito de Portland, Marco A. Hernández, en una sentencia de 56 páginas mediante la que desestima las afirmaciones de alumnos que sostienen haber experimentado «vergüenza, humillación, ansiedad, intimidación, miedo, aprensión y estrés producidos al utilizar el cuarto de baño con alumnos del sexo opuesto».

«Colectivamente, lo que estas líneas de casos han hecho es enviar un fuerte mensaje a las escuelas de que los estudiantes transgénero forman parte de cada comunidad escolar», declara Harper Jean Tobin, directora de políticas del Centro Nacional para la Igualdad Trasngénero, en referencia a sentencias similares por parte de tribunales de Illinois y Pensilvania, que también fallaron a favor de las demandas de estudiantes transgénero. «Es parte de una estrategia definitivamente», afirma Gabriel Arkles, abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés: American Civil Liberties Union), argumentando que el caso de Oregón forma parte de un esfuerzo nacional coordinado para desafiar las políticas que prohíben que las personas transgénero utilicen el cuarto de baño del género con los que se identifican.

Carolina del Norte aprueba en 2016 la ley HB2, mediante la que obliga a las personas trasngénero a utilizar el cuarto de baño de su género de nacimiento. Los defensores de los derechos de las personas transgénero presentan una demanda ante el Tribunal Supremo con el objetivo de conseguir una sentencia a su favor que habría supuesto una protección a nivel nacional, similar a la sentencia de 2015 sobre el matrimonio igualitario, pero es desestimada, por lo que se han visto obligados a defender los derechos de las personas transgénero caso por caso ante tribunales inferiores.

Fuente Universogay

General, Historia LGTBI American Civil Liberties Union (ACLU), Carolina del Norte, Centro Nacional para la Igualdad Trasngénero, Donald J. Trump, Elliot Yoder, Gabriel Arkles, Harper Jean Tobin, HB2, Marco A. Hernández, Oregón, Tribunal Federal de Distrito de Portland

Charles Rhines | Foto: Uso permitido

Declarado culpable por asesinato en 1993, Charles Rhines es condenado a la pena de muerte por el hecho de ser homosexual al considerar el jurado que lo condena que la cadena perpetua no es un castigo para él debido a su orientación sexual. Sin embargo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos desestima la apelación del reo, ratificando la condena de pena de muerte por ser homosexual. 

En 1993, Charles Rhines es declarado culpable del asesinato de Donnivan Schaeffer, un trabajador de una tienda de donuts en la que pretendía robar, al que apuñala y le arrebata la vida cuando solo tiene 20 años de edad. En cualquier otra circunstancia la pena habría sido cadena perpetua, pero el simple hecho de que Rhines sea abiertamente homosexual lleva a los miembros del jurado a considerar que merece la pena de muerte al interpretar que permanecer el resto de tus días en una cárcel rodeado de personas de su mismo sexo no sería una condena para él, sino un premio. Rhines apela esta sentencia al considerar que ha habido discriminación con respecto a su orientación sexual, pero el pasado lunes, 19 de junio, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos afirma que no encuentra ninguna razón para revisar el caso, confirmando la sentencia de pena de muerte por ser homosexual.

Durante las deliberaciones del juicio de Rhines, algunos miembros del jurado se dedican a discutir el hecho de que el acusado sea homosexual, según afirma uno de los integrantes de ese jurado, afirmando que se trata de un hecho que genera «mucho disgusto». Un segundo integrante del jurado, confirma este punto de vista, añadiendo que algunos piensan que el acusado «no debería poder pasar su vida con hombres en la cárcel» si es homosexual. «Si es gay, estaríamos enviándole donde quiere ir», asegura un tercer testigo que un miembro del jurado argumentaba para condenar a Rhines a la pena de muerte.

«Sabemos lo que significa la pena de muerte. Pero no tenemos idea de la realidad de la vida sin libertad condicional» es lo que un miembro del jurado escribe en una nota que le pasan al juez en el que pasan a hacerle una serie de preguntas, tales como si se le «permitiría mezclarse con la población general de reclusos», si podría «discutir, describir o alardear sobre su crimen a otros presos» o acerca de la posibilidad de que tuviera «un compañero de celda». Valoraciones que explican que sus prejuicios hacia las personas homosexuales les llevan a condenar al acusado a la pena de muerte en lugar de a cadena perpetua basándose única y exclusivamente en su orientación sexual y no en el crimen que había cometido, tal y como asegura Ría Tabacco Mar, miembro del Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and H.I.V. Project de la Unión Estadounidense pro las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés: American Civil Liberties Union.

El Tribunal Supremo establecía el año pasado una excepción importante para los casos de parcialidad racial en la sala del jurado tras descubrirse que un jurado decide condenar a un hombre acusado de contacto sexual no consentido y acoso porque «es mexicano y los hombres mexicanos cogen lo que quieren», en palabras del jurado. Una sentencia que el Tribunal Supremo sí considera discriminatoria y que interfiere con el derecho del acusado a obtener un juicio justo e imparcial. Si bien en el caso de Rhines el delito es todavía más grave que en el condenado mexicano, los jueces rechazan su pretensión de parcialidad, permitiendo que se mantenga la condena de muerte, no dando además ninguna explicación de su decisión para no revisar un caso que ha desatado las alarmas sobre el valor que el sistema de justicia proporciona a los miembros del colectivo LGBT en los Estados Unidos.

«El silencio del Tribunal (Supremo) envía un mensaje profundamente preocupante sobre el valor que se le da a la vida de las personas LGBT. La misma regla debería aplicarse cuando el prejuicio anti-LGBT contamina la toma de decisiones del jurado (…). Sin duda, la historia del racismo en Estados Unidos es única y exige garantías únicas. Pero eso no hace que la discriminación anti-LGBT sea menos objetable, particularmente cuando puede haber marcado la diferencia entre la vida y la muerte. [El tribunal] debería aprovechar la próxima oportunidad para corregir este error y reconocer que los prejuicios contra las personas LGBT no deberían desempeñar ningún papel en el sistema de justicia penal de los Estados Unidos. Sin embargo, eso probable que llegue demasiado tarde para el señor Rhines», asegura Tobacco Mar en un artículo publicado en The New York Times en el que asume que Rhines será ejecutado en función de una sentencia que no le condena por el delito que ha cometido, sino por su orientación sexual.

El 4 de octubre de 1961, Lenny Bruce es arrestado por obscenidad al pronunciar durante una de sus actuaciones un sustantivo considerado ilegal en aquel entonces en los Estados Unidos: «cocksucker» (chupapollas en español). Tras un juicio que se prolonga a lo largo de tres años, tanto el cómico como el propietario del local en el que actuaba son condenados por este delito. Diez años después de esa sentencia, Bob Fosse estrena el que es su tercer largometraje, Lenny (1974, EE.UU.), en el que incluye un chiste que parece anticiparse al jurado de Charles Rhines al bromear sobre el hecho de que enviar a los delincuentes homosexuales a la cárcel no parece un castigo, sino un premio.

De la misma manera que lo que hace más de cincuenta años era un delito y hoy parece una broma, lo que antes no era más que un chiste hoy se ha convertido en una paradójica realidad que permite situar a los Estados Unidos a la misma altura que los 8 países con los que se castiga la homosexualidad con la pena de muerte, como Irán, Arabia Saudí, Yemen y Sudán, algunas zonas de Somalia, Nigeria, Siria e Irak. En otra vuelta de tuerca de la realidad en el mundo de Donald Trump, las personas que proceden de alguno de estos países tienen la entrada prohibida en los Estados Unidos, a pesar de ser un país con el que tienen tanto en común.

Fuente Universogay

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Tres días después de la sentencia a favor de Masterpiece Cake en Colorado, el Tribunal de Apelaciones de Arizona falla en sentido contrario, sosteniendo que una empresa que diseña tarjetas de boda no puede alegar libertad religiosa para discriminar a parejas del mismo sexo.

El Tribunal de Apelaciones de Arizona falla en contra de Brush & Nib Studio, una empresa que diseña tarjetas de boda, que pretendía utilizar la libertad religiosa para rechazar realizar invitaciones de boda parejas del mismo sexo. Según la sentencia del tribunal, emitida este jueves, 7 de junio, la ordenanza contra la discriminación de Phoenix es perfectamente constitucional y no viola ni la libertad de religión ni la de expresión. Esta sentencia se produce solo 3 días después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos fallara a favor del propietario de Masterpiece Cake, quien se negara a hacer un pastel de bodas para una pareja de gays.

https://www.youtube.com/watch?v=o-DuGB0V2-Y

«Anteriormente descubrimos que eliminar la discriminación constituye un interés apremiante (…). Las ordenanzas antidiscriminatorias no están dirigidas a la supresión del discurso, sino a la eliminación de la conducta discriminatoria», aclara el juez Lawrence Winthrop en su sentencia, agregando que si Joanna Duka y Breanna Koski, propietarias Brush & Nib Studio, «quieren operar su negocio con fines de lucro como un empresa pública, no pueden discriminar a los posibles clientes en función de su orientación sexual». Precisamente, el tribunal de Arizona ha querido hacer referencia al resultado del caso de Colorado al señalar que «no hay evidencia en el expediente que respalde ninguna sugerencia de que la ordenanza de Phoenix o su interpretación en relación con Brush & Nib, haya sido otra cosa que neutral y respetuosa de sus creencias religiosas sinceramente expresadas».

Cristianas devotas, Duka y Koski solicitan un mandamiento judicial de forma preventiva con el objetivo de eludir la ejecución de la ordenanza que protege contra la discriminación y los prejuicios basados en la orientación sexual y la identidad de género aprobada en 2013 en Phoenix, que sería impugnada en octubre del año pasado por un juez de primera instancia. Según el panel de tres jueces que ha firmado esta nueva sentencia, una empresa que en sus servicios incluye el diseño personalizado de productos para bodas, no tiene «derecho a la protección de la libertad de expresión de la Primera Enmienda (…). El caso que nos ocupa es de un rechazo general al servicio a la comunidad LGBTQ».

«Seguiremos siendo una ciudad que acoge a todos y valoramos a cada uno de nuestros residentes sin importar a quién aman», declara Thelda Williams, alcaldesa de Phoenix, celebrando la sentencia. «Con esta decisión de Arizona se ayuda a afirmar que la discriminación no tiene cabida en negocios abiertos al público, ni en nuestra Constitución», declara Joshua Block, abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU: American Civil Liberties Union).

No opina lo mismo Jonathan Scruggs, abogado de Alliance Defending Freedom y representante de Brush & Nib Studio en el proceso, quien ya ha confirmado su intención de apelar al Tribunal Supremo de Arizona porque sostiene que «los artistas no deben ser forzados bajo la amenaza de multas y encarcelamiento para crear obras de arte contrarias a sus convicciones (…). La decisión del tribunal le permite al gobierno obligar a dos artistas que felizmente sirven a todos para transmitir un mensaje sobre el matrimonio con el que no están de acuerdo».

Fuente Universogay

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La ACLU llega a un acuerdo con un distrito escolar de Oregón para despedir al director y un trabajador de un instituto que discriminaban a los alumnos LGTB+ de forma abierta.

Una alumna denunció que, como castigo por cualquier cosa, la obligaban a leer pasajes antiLGTB de la Biblia. 

Es tremendamente curiosa la apropiación de que la ultraderecha suele hacer de las palabras para denunciar lo que ellos hacen sin que nadie preste atención a lo que están haciendo. Así, por ejemplo, los medios ultras suelen llevar en sus nombres la palabra “libertad”, aunque su intención última siempre ha sido limitar las libertades de aquellos que no encajan en lo que ellos han decidido que es normal.

Y otra palabra que les encanta usar es “adoctrinamiento”. Que una persona explique a los alumnos cuál es la realidad de la diversidad afectivo sexual es, para ellos, adoctrinamiento. Pero no les verás quejarse de lo mismo en un caso como éste.

El Instituto North Bend, en Oregón, ha despedido a su director, Bill Lucero, y al oficial de recursos escolares, Jason Griggs, tras llegar a un acuerdo con la American Civil Liberties Union (ACLU) después de saberse que el centro discriminaba de forma sistemática a alumnos LGTB, castigándoles en ocasiones a leer la Biblia.

El pasado 6 de marzo el Departamento de Educación de Oregón envió una carta al superintendente del distrito, Bill Yester, relatando los casos de abusos y discriminaciones que ocurrían en el centro y habían sido relatados por diferentes estudiantes. Esa carta fue publicada por el periódico local The World, y en ella se hablaba de una estudiante (sin identificar) a la que obligaron a leer pasajes de la Biblia como castigo por mostrarse abierta respecto a su orientación sexual. “La estudiante 3 no tuvo más opción que obedecer a la forma de castigo establecida por el director del centro“, explicaba el texto.

Esa “estudiante 3” es Hailey Smith, que detalló todo lo ocurrido en una carta publicada por la ACLU. Hailey explicó que además de obligarle a leer la biblia, en una ocasión paseaba de la mano con su novia por un parque cercano al instituto cuando un coche se lanzó hacia ellas. El conductor del coche, que parecía que iba a atropellarlas, era el hijo del director del centro; que pasó con el coche muy cerca de la pareja y les gritó “faggot!” y se alejó. Cuando Hailey se quejó a Jason Griggs, éste le dijo que ser homosexual era una elección y que como ella era abiertamente homosexual iba a ir al infierno.

Por si todo eso fuera poco, durante una clase de educación cívica, el profesor se dirigió a Hailey para decirle que el matrimonio homosexual era “más o menos lo mismo” que casarse con un perro. Hailey protestó ante el director, que le respondió que “todo el mundo tiene derecho a tener su opinión“. Al día siguiente el profesor se disculpó por el comentario mientras Hailey salía del aula; pero añadió un “Ahora no vayas a casarte con tu perro“.

Hailey presentó entonces una queja oficial al Departamento de Educación de Oregón, que entonces envió la carta al superintendente del distrito. “En conclusión” finalizaba la carta, “este departamento cree que puede haber ocurrido discriminación en base al sexo y a la orientación sexual“; y urgía al distrito escolar a llegar a un acuerdo con los denunciantes en menos de 30 días. Y así ha sido: representado por la ACLU los estudiantes han conseguido que el distrito despida al Lucero y Griggs.

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Cuando no eres víctima de la discriminación por ser homosexual, lo eres por haber nacido en una país concreto, aunque por tu orientación sexual no puedas vivir en él, como es el caso de Maysam Sodagari, residente legal de los Estados Unidos desde hace 9 años, que ha visto cómo le afectaba uno de los últimos decretos firmados por Donald Trump: el que restringe la entrada de personas musulmanas procedentes de 7 países, aunque sólo hayan salido del país para hacer turismo.

Residente legal estadounidense, Maysam Sodagari es un ingeniero químico de 32 años de edad, con domicilio en San Francisco, que se encuentra de crucero por el Caribe cuando tiene conocimiento del decreto que el presidente Donald Trump firma el viernes, 27 de enero, mediante el que restringe la entrada en suelo estadounidense a personas procedentes de Irán, Irak, Sudán, Yemen, Siria, Libia y Somalia durante 90 días, incluyendo aquellas personas que tienen en regla su visa o incluso su permiso de residencia. A pesar de que no vuelve de ninguno de esos países, sino de México, el hecho de que ha nacido en Irán le hace pensar que se va a tener que enfrentar a algún tipo de « escrutinio extremo», tal y como lo llama el presidente, cuando su barco arribe a puerto, el domingo, 29 de enero. Y no se equivocaba.

Sodagari entra en los Estados Unidos con una visa de estudiante en 2008. Se traslada a San Francisco tras terminar su doctorado de la Universidad de Akron, donde trabaja actualmente en una empresa farmacéutica. Tras un largo proceso de investigación, recibe la conocida como «green card» en 2015. «Dejé el puerto con un estatus legal para un crucero gay. Ahora, quizá no pueda entrar a Estados Unidos mañana. Mi futuro no está claro por un cambio repentino de la ley. Si me detienen y devuelven a Irán, al menos he vivido la vida al máximo como un hombre gay en los Estados Unidos, y quiero darles las gracias a todos ustedes por ser parte de esta experiencia», así de rotundo y conmovedor era el mensaje que publicaba desde Cuba en su perfil de Facebook. Familiares, amigos y un gran número de desconocidos le demuestran su apoyo en las redes sociales, llegando algunos a ponerse en contacto con la American Civil Liberties Union (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, en español, ACLU por sus siglas en inglés) para que interceda en su nombre.

«Estoy retenido a la salida del barco, mientras que a otros les permiten salir…», publica poco después de registrar su entrada en la Terminal 18 del Puerto de Everglades, para ser después escoltado a la zona de Aduana y Protección Fronteriza, desde donde continua publicando sus sensaciones sobre la experiencia por la que está pasando. «Quizás sea parte de una comprobación aleatoria, no estoy seguro de que esté relacionado con mi caso de inmigración», publica justo antes de subir un breve vídeo en el que saluda y muestra lo que parecen varias filas de maletas a la espera de ser revisadas y un segundo vídeo en el que parece estar esperando una cola para, a continuación, explicar que le han pedido que vaya a esperar a una habitación porque consideran que la espera se podría alargar un poco. A pesar de las circunstancias y la incertidumbre, asegura que siente «el apoyo de todo el mundo aquí, de los funcionarios, del sheriff y de otros pasajeros. Gracias a todos. Sigo esperando en la habitación», para tres horas más tarde indicar que era «libre para volver a casa», terminado felizmente su periplo.

Reince Priebus, jefe de gabinete de la Casa Blanca, había indicado que las personas de los países indicados en el decreto del presidente que tuvieran permiso de residencia podrían entrar en el país tras someterse a una revisión adicional, además de advertir que los agentes de aduana tenían «autoridad» para retener e interrogar a quienes consideraran sospechosos, siempre y cuando no sean cristianos, que sí están bendecidos para poder pasar. Entre tanta confusión, el sábado, 28 de enero, ACLU interpone una demanda con el objetivo de bloquear el decreto presidencial, lo que consigue cuando una juez federal de Nueva York emite un aplazamiento de emergencia para este decreto que ha sido condenado por los magistrados de Massachussetts, Virginia y Washington, fiscales de 16 estados, una gran parte de la población estadounidense que no ha dudado en manifestado en las calles, empresas con base en Silicon Valley como Google y Facebook, entre cuyo personal se encuentran personas originarias de algunos de los países vetados, personalidades como el cineasta Asghar Farhadi, nominado en la categoría de Oscar a la mejor película en lengua extranjera por El viajante (Forushande, 2016, Irán & Francia), anunciaba que no podría asistir a la ceremonia de los premios Oscar, y la gran mayoría de la comunidad internacional.

«Este es un día extraordinario. Cuando el Presidente Trump promulga leyes u órdenes ejecutivas que son inconstitucionales e ilegales, los tribunales están ahí para defender los derechos de todos», declara Anthony D. Romero, director ejecutivo de UCLA.

Fuente Universogay

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