Por unanimidad, el Tribunal de la Magistratura de Alabama ha dictaminado la suspensión definitiva del juez Roy Moore, presidente de la Corte Suprema del estado sureño, hasta la finalización de su mandato. El magistrado ha sido hallado culpable de seis cargos de violación de los cánones de ética judicial, todos ellos relacionados con su oposición al matrimonio igualitario. En su cargo como cabeza de la Corte Suprema de Alabama, el juez Moore ordenó a los jueces de familia del estado que desobedeciesen los dictámenes favorables a la igualdad de las parejas LGTB, tanto de los jueces federales como del propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Este viernes 30 de septiembre, el Tribunal de la Magistratura de Alabama ha dictaminado la suspensión definitiva hasta la finalización de su mandato del juez Roy Moore, debido a sus reiteradas violaciones de la ética judicial. Así, se hace permanente la suspensión cautelar que ya había dictado la Comisión de Investigación Judicial del estado el pasado mes de mayo.

La denuncia partió de Southern Poverty Law Center (SPLC), una organización de defensa de los derechos civiles que trabaja en el ámbito de los estados del sur. SPLC actuó después de que el juez Moore, emitiera una orden administrativa el pasado 6 de enero, en la que ordenaba a los jueces de familia del estado que cesasen de proporcionar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. El mandato se emitía seis meses después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declarase que la prohibición del matrimonio igualitario era inconstitucional, y derogase, por tanto, todas las leyes estatales que la contemplaban. Aunque en realidad, tras recibir la oportuna asesoría legal, ningún juez de familia cumplió con la decisión del juez Moore, pues, como bien señalaron los fiscales federales de Alabama, el único dictamen que debían acatar era el del Tribunal Supremo. También debía hacerlo el juez Moore, pues estaba “obligado por la interpretación y aplicación de la Constitución realizada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos”.

No era la primera denuncia de SPLC contra el juez Moore, porque la orden del 6 de enero tampoco fue su primer acto de clara insumisión legal. Cuando la juez federal Callie V. S. Granade dictaminó en enero de 2015 que la prohibición del matrimonio igualitario en Alabama violaba la Constitución de los Estados Unidos, el magistrado ordenó a los jueces de familia que no acatasen el fallo de la juez federal y les prohibió que facilitasen licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo por contravenir la Constitución de Alabama, creando un auténtico galimatías legal que produjo indefensión tanto en las parejas del mismo sexo como en los propios funcionarios del estado.

Por todo ello, la Comisión de Investigación Judicial presentó los correspondientes cargos ante el Tribunal de la Magistratura, dictaminando la suspensión cautelar del juez Moore hasta que se dilucidase el caso. En su dictamen, la Comisión reiteró que la interpretación efectuada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se debía aplicar específicamente a las prohibiciones estatales del matrimonio entre personas del mismo sexo vigentes en todo el país. “Es evidente que los jueces de familia no estarían ejerciendo su deber ministerial si denegaban la expedición de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, basándose únicamente en su carácter de ser del mismo sexo”, afirmó en su denuncia contra el juez Moore, al que acusó de “ordenar a sabiendas” a los jueces de familia de Alabama “que cometieran violaciones de los Cánones de Ética Judicial”, además de “abandonar su papel como administrador jefe neutral e imparcial de justicia”.

El Tribunal de la Magistratura, sin embargo, no ha entrado a valorar las leyes en vigor, sino únicamente las violaciones de los Cánones de Ética Judicial que ha cometido el juez Moore, que serían las siguientes:

• Canon 1, por no mantener la integridad e independencia de la judicatura.
• Canon 2, por no evitar la incorrección o apariencia de incorrección en todas sus actividades.
• Canon 2A, por no respetar ni cumplir con la ley, y por no conducirse en todo momento de manera que se promueva la confianza pública en la integridad e imparcialidad de la judicatura.
• Canon 2B, por no evitar conductas perjudiciales para la administración de Justicia que ocasionan el descrédito de la judicatura.
• Canon 3, por no cumplir con las obligaciones de su cargo de manera imparcial.
• Canon 3A(6), por no abstenerse de comentarios públicos acerca de un proceso pendiente de su propio tribunal.

Por todo ello ha dictaminado que “debido a estas violaciones, el presidente de la Corte Suprema Roy Moore queda suspendido de su cargo y de su sueldo por el resto de su mandato. Esta suspensión es efectiva con carácter inmediato”. El mandato del juez Moore concluirá a finales de 2019, pero, dado que entonces contará con 69 años de edad, no podrá presentarse de nuevo como candidato al cargo, según las leyes del estado. Es decir, la suspensión de su cargo es, a todos los efectos, a perpetuidad.

El Tribunal de la Magistratura no ha admitido el argumento de la defensa del juez Moore, según el cual su única intención era clarificar el alcance de la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos respecto al matrimonio igualitario. Por el contrario, el tribunal ha dado por probado que “el presidente de la Corte Suprema, de hecho, estaba ordenando y dirigiendo a los jueces de familia para que cumplieran sus órdenes al margen de Obergefell [la sentencia del Tribunal Supremo] o la medida cautelar de Strawser [la sentencia del Tribunal Federal de Alabama]”.

Sin embargo, los jueces del Tribunal de la Magistratura no se han puesto de acuerdo en que el castigo pertinente para el juez Moore fuera el cese de su cargo, pero sí han sido unánimes en su dictamen de suspensión hasta la finalización del mandato. La diferencia estriba en que el juez seguirá siendo el titular de la presidencia de la Corte Suprema de Alabama, aun en suspenso, por lo que su cargo no podrá ser ocupado por otro magistrado. La Corte Suprema, pues, estará compuesta por ocho jueces, en vez de los nueve habituales, hasta finales de 2019.

Richard Cohen, presidente del Southern Poverty Law Center, opina que el Tribunal de la Magistratura “ha prestado un gran servicio a los ciudadanos de Alabama al suspender a Roy Moore de su cargo. Moore ha deshonrado su tribunal y ha socavado la integridad del sistema judicial, anteponiendo sus creencias religiosas personales por encima de su deber de defender la Constitución de los Estados Unidos. Moore fue elegido para ser  juez, no un predicador. Es algo que nunca ha parecido entender. Los ciudadanos de Alabama que aprecian el estado de derecho no van a echar de menos al ayatolá de Alabama”.

Pataleo del suspendido juez Moore

Por su parte, al abogado del juez Roy Moore ha expresado su intención de apelar el fallo del Tribunal de la Magistratura ante la Corte Suprema de Alabama. El propio juez, presa de la indignación, ha emitido el siguiente comunicado, en el que, como en ocasiones anteriores, hace responsable a “la agenda inmoral de los grupos homosexuales y transgénero” de todos sus males:

Esta decisión refleja claramente la naturaleza corrupta de nuestro sistema político y judicial al más alto nivel.

Después de que el fiscal general de Alabama se negara a presentar este caso, la Comisión de Investigación Judicial utilizó al antiguo director legal de Southern Poverty Law Center, que presentó los cargos contra mí, con un coste de hasta 75.000 dólares para los contribuyentes de Alabama.

Durante el juicio, que duró aproximadamente cuatro horas, la Comisión de Investigación Judicial no presentó ningún testigo, no hubo declaraciones, no se presentaron pruebas que respaldaran la carga de la prueba con una evidencia “clara y convincente” de que la orden administrativa del 6 de enero de 2016 haya violado los Cánones de Ética Judicial.

Esto ha sido un esfuerzo políticamente motivado de grupos homosexuales y transexuales radicales para cesarme como presidente de la Corte Suprema, debido a mi oposición abierta a su agenda inmoral.

Este dictamen viola no solo las normas legales respecto a las pruebas, sino también el estado de derecho, que establece que ningún juez puede ser cesado de su cargo si no es por unanimidad.

Un historial de fanatismo e intolerancia

La carrera del juez Roy Moore ha estado salpicada de polémica por su afán de imponer sus creencias cristianas en el ejercicio de sus cargos. También es conocido por su implacable oposición a la igualdad de derechos de las personas LGTB. En 2003 tuvo que cesar en el cargo de presidente de la Corte Suprema, que retomó en 2012, por oponerse a que se retirara del edificio del alto tribunal un monumento dedicado a los Diez Mandamientos de la religión cristiana, que él mismo había ordenado instalar subrepticiamente una noche.

En 2014, declaraba en una conferencia ante un grupo antiabortista que la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege el derecho a la libertad religiosa y de expresión, solo debe aplicarse a los cristianos. En el mismo discurso afirmó que el matrimonio entre personas del mismo sexo ocasionará “la destrucción definitiva de nuestro país”.

La beligerancia del juez Moore contra los derechos LGTB ha sido aclamada por organizaciones fuertemente LGTBfobas como National Organization for Marriage (NOM), Focus On The Family o el Ku Klux Klan, que califican las acciones del magistrado de “alzamiento contra la tiranía judicial”.

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El presidente de la Corte Suprema de Alabama, el juez Roy Moore, ha sido suspendido en sus funciones tras ser denunciado por sus dictámenes contrarios al matrimonio igualitario, que desobedecían palpablemente tanto las decisiones de los tribunales federales como la del mismo Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El juez deberá hacer frente al Tribunal de la Magistratura, que, de considerar los cargos imputados por la Comisión de Investigación Judicial, podría fallar el cese definitivo en su cargo. Para el juez Moore, sin embargo, todo obedece a un contubernio de las organizaciones que apoyan la “agenda LGTB”.

La Comisión de Investigación Judicial acusa al juez Roy Moore de haber cesado en su obligación de actuar con imparcialidad, y de haberse negado a acatar la “clara disposición legal” del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario. Por ello le acusa de hasta seis violaciones de la ética judicial, que deberán dilucidarse ante el Tribunal de la Magistratura de Alabama.

La denuncia partió de Southern Poverty Law Center (SPLC), una organización de defensa de los derechos civiles que trabaja en el ámbito de los estados del sur. SPLC actuó después de que el juez Moore, emitiera una orden administrativa el pasado 6 de enero, en la que ordenaba a los jueces de familia del estado que cesasen de proporcionar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. El mandato se emitía seis meses después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declarase que la prohibición del matrimonio igualitario era inconstitucional, y derogase, por tanto, todas las leyes estatales que la contemplaban. Aunque en realidad, tras recibir la oportuna asesoría legal, ningún juez de familia cumplió con la decisión del juez Moore, pues, como bien señalaron los fiscales federales de Alabama, el único dictamen que debían acatar era el del Tribunal Supremo. También debía hacerlo el juez Moore, pues estaba “obligado por la interpretación y aplicación de la Constitución realizada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos”.

No era la primera denuncia de SPLC contra el juez Moore, porque la orden del 6 de enero tampoco fue su primer acto de clara insumisión legal. Cuando la juez federal Callie V. S. Granade dictaminó en enero de 2015 que la prohibición del matrimonio igualitario en Alabama violaba la Constitución de los Estados Unidos, el magistrado ordenó a los jueces de familia que no acatasen el fallo de la juez federal y les prohibió que facilitasen licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo por contravenir la Constitución de Alabama, creando un auténtico galimatías legal que produjo indefensión tanto en las parejas del mismo sexo como en los propios funcionarios del estado.

Por todo ello, la Comisión reitera que la interpretación efectuada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se debe aplicar específicamente a las prohibiciones estatales del matrimonio entre personas del mismo sexo vigentes en todo el país. “Es evidente que los jueces de familia no estarían ejerciendo su deber ministerial si denegaban la expedición de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, basándose únicamente en su carácter de ser del mismo sexo”, afirma en su denuncia contra el juez Moore, al que acusa de “ordenar a sabiendas” a los jueces de familia de Alabama “que cometieran violaciones de los Cánones de Ética Judicial”, además de “abandonar su papel como administrador jefe neutral e imparcial de justicia”.

Desde SPLC se ha emitido un comunicado que expresa su satisfacción por que la Comisión de Investigación Judicial haya aceptado presentar cargos contra el juez Moore. En él, acusan al magistrado de que “ha instado a las autoridades estatales y locales a que violen una orden judicial vinculante” y de que ha faltado a su juramento de respetar la Constitución de los Estados Unidos, pues “se ha demostrado en el pasado, y ahora una vez más, que está dispuesto a dejar de lado la ley cuando entra en conflicto con sus creencias religiosas personales. No se puede confiar en que sea un árbitro imparcial de la ley”.

El presidente de SPLC, Richard Cohen, criticaba agriamente al juez, al considerar “que ha dañado su cargo durante demasiado tiempo. Es un fanático religioso, un ególatra que piensa que no tiene que seguir los dictámenes de los tribunales federales con los que no está de acuerdo”. Por todo ello, espera que sea cesado definitivamente de su cargo, “por el bien del estado de Alabama”.

La culpa de todo la tiene la “agenda LGTB”

El juez Moore, por su parte, ha argüido como defensa que la Comisión de Investigación Judicial no tiene competencias respecto a las órdenes judiciales dirigidas a funcionarios y jueces. Pero sobre todo, siguiendo con la tónica habitual en él, ha aprovechado para denigrar a las personas LGTB en sus declaraciones y culpar de la demanda a la que está expuesto a una supuesta “agenda LGTB”. Sus palabras son así de lamentables:

La Comisión de Investigación Judicial no tiene autoridad sobre las órdenes administrativas del presidente de la Corte Suprema de Alabama, o sobre el requerimiento legal de la Corte Suprema de Alabama de prohibir a los jueces la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. La Comisión de Investigación Judicial ha optado por escuchar a gente como Ambrosia Starling, un travesti profeso [en realidad, una activista drag queen], y otros gais, lesbianas y bisexuales, así como a las organizaciones que apoyan su agenda. Tenemos la intención de luchar vigorosamente contra esa agenda, esperando que nuestra postura prevalezca.

Un historial de fanatismo e intolerancia

La carrera del juez Roy Moore ha estado salpicada de polémica por su afán de imponer sus creencias cristianas en el ejercicio de sus cargos. También es conocido por su implacable oposición a la igualdad de derechos de las personas LGTB. En 2003 tuvo que cesar en el cargo de presidente de la Corte Suprema, que retomó en 2012, por oponerse a que se retirara del edificio del alto tribunal un monumento dedicado a los Diez Mandamientos de la religión cristiana, que él mismo había ordenado instalar subrepticiamente una noche.

En 2014, declaraba en una conferencia ante un grupo antiabortista que la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege el derecho a la libertad religiosa y de expresión, solo debe aplicarse a los cristianos. En el mismo discurso afirmó que el matrimonio entre personas del mismo sexo ocasionará “la destrucción definitiva de nuestro país”.

La beligerancia del juez Moore contra los derechos LGTB ha sido aclamada por organizaciones fuertemente LGTBfobas como National Organization for Marriage (NOM), Focus On The Family o el Ku Klux Klan, que califican las acciones del magistrado de “alzamiento contra la tiranía judicial”.

Fuente Dosmanzanas

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