Los ataques verbales contra la comunidad LGTB en Internet se pagan caros en ocasiones. Seguidores del grupo Enough is Enough–Open Your Mouth contra la homofobia en Facebook descubrieron y denunciaron los comentarios de una joven pareja alemana en la red social llamando a la violencia y el asesinato contra las personas homosexuales. Los denunciantes avisaron también a las dos empresas donde realizaban sus prácticas formativas y ambos han sido despedidos.

“A las personas homosexuales hay que matarlas. Es algo asqueroso”. “Llevo mi libro de asesinatos como si fuera Adolf Hitler. Golpeo a niños y gays y me importa una mierda lo que penséis sobre mí. Mi comportamiento me parece digno de celebración”. De esta manera se expresaban Sara K. y su pareja Max H. en un grupo de Facebook con más de 25.000 seguidores, principalmente jóvenes. Lo que probablemente no podían imaginar es que el odio y las amenazas no iban a quedar impunes.

Miembros de Enough is Enough–Open Your Mouth, una comunidad de lucha contra la homofobia en la red social, detectaron los mensajes (la página donde se habían escrito es de acceso público) y avisaron de que iban a denunciar a sus autores, los cuales no se amilanaron. De hecho, tras borrar Facebook el primer post de Sara K., la joven escribió uno más en términos similares. Finalmente los activistas dieron aviso también a las empresas donde ambos se encontraban realizando cursos de formación profesional, de cuidados de personas mayores y venta online respectivamente.

Las reacciones de los empleadores fueron rápidas. “Gracias por la útil información sobre la señora Sara K.  que ignorábamos hasta la fecha. Le comunicamos que la señora K. desde hoy ya no trabaja en nuestra empresa”, un despido motivado por la necesaria “protección y la seguridad de nuestros residentes y empleados”. “Nos distanciamos de todas las expresiones discriminatorias y/o violentas de este tipo”, expresaba la empresa de servicios a personas mayores en la que Sara realizaba sus prácticas. De manera similar, la compañía de distribución online Zalando, que empleaba a su novio Max, anunciaba su relevo por “infracciones contra los valores de la empresa”. El joven había posteado también mensajes de odio xenófobo.

¿Una reacción desproporcionada?

No todo el mundo, dentro de la comunidad LGTB, ha mostrado su conformidad con la iniciativa de Enough is Enough; algunos piensan que esta vez se ha ido demasiado lejos. La discusión ha llegado hasta el SPD, cuyo diputado abiertamente gay Johannes Kahrs declaró que “una persecución por parte de activistas anónimos incluyendo la divulgación de los nombres de los autores […] no puede ser la respuesta adecuada” a los mensajes de incitación al odio homófobo. El redactor de la página alemana de noticias LGTB queer.de también mostraba su preocupación por las personas que “se toman la justicia por su mano” y dudaba de que los despidos vayan a hacer cambiar de opinión a los jóvenes.

Los administradores de Enough is Enough se han defendido de estas críticas. Consideran que “la responsabilidad de proteger a las personas frente a una incitación a la violencia de este tipo” es más importante que el supuesto derecho al anonimato de los autores de los posts (escritos en cualquier caso, recordamos, en una página pública). Y añaden que el deber de denunciar un delito no está subordinado a las posibles consecuencias para sus autores.

Fuente Dosmanzanas

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El Pentágono pretende levantar la prohibición a personas transexuales para ingresar en el Ejército

Según estudios, hasta 15.000 personas transexuales participan en el servicio activo del ejército, a veces con conocimiento de sus superiores.

El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Ash Carter, ha confirmado la intención de la administración Obama de poner punto final a la prohibición de servir abiertamente en el Ejército de su país a las personas trans. Durante los próximos seis meses, el Pentágono estudiará las modificaciones regulatorias necesarias para hacer realidad en cambio a partir de 2016. Una buena noticia que llega sin embargo cuatro años después del final del “Don’t ask, don’t tell”, la ley que obligaba a los militares gais, lesbianas y bisexuales a mantener en secreto su orientación. Un retraso que muestra de nuevo que las personas trans constituyen el grupo más débil y vulnerable del colectivo LGTB.

Los líderes del Pentágono detallan los planes para levantar la prohibición a la participación de personas transexuales en el Ejército, dijeron funcionarios federales, quienes añadieron que se prevé un anuncio oficial esta semana y que el ejército tendría seis meses para determinar el impacto y trabajar los detalles y que durante esta transición, las personas transexuales aún no podrán enrolarse al ejército. Las decisiones sobre aquellos que ya están en servicio serían referidas al subsecretario de personal en el Pentágono, dijeron los funcionarios. Un funcionario de alto rango dijo que era para evitar que cualquier miembro transexual del servicio se fuera durante ese tiempo.

Varios funcionarios, bajo condición del anonimato porque no estaban autorizados a hablar del tema antes de que se finalicen los detalles, dijeron que el secretario de Defensa solicitó a su subsecretario organizar un grupo de trabajo con líderes militares y civiles para tener una visión objetiva del tema, identificar problemas y desarrollar reglas uniformes. Un funcionario de alto rango dijo que aunque el objetivo es retirar la prohibición, el secretario quiere que el grupo de trabajo analice los efectos prácticos, incluido el costo y el impacto, de haberlo, que tendría en la preparación militar.

La medida se conoce tras varias semanas de reuniones de alto nivel en el Pentágono entre altos directivos militares, secretarios y líderes del Departamento de Defensa, incluso una el lunes que involucró al secretario de Defensa y jefes de varios servicios.

La política de “Don’t ask, don’t tell” fue derogada por el Congreso de los Estados Unidos en diciembre de 2010, después de un complicado proceso de discusión, aunque no fue hasta septiembre de 2011 cuando la derogación entró en vigor. Quedaban fuera sin embargo las personas transexuales, un “olvido” que se quiere subsanar ahora. “Las actuales regulaciones del Departamento de Defensa sobre el servicio de sus miembros transexuales están obsoletas y  provocan una incertidumbre que distrae a los mandos de las que son sus misiones fundamentales”, reconocía el secretario de Defensa en un comunicado oficial hecho público el lunes. “En una época en la que la experiencia ha enseñado a nuestras tropas que la cualificación más importante es su disposición a cumplir son su trabajo, nuestros oficiales y personal alistado se enfrentan a regulaciones que les transmiten lo contrario. Es más, tenemos soldados, marineros, aviadores y marines transexuales, verdaderos patriotas americanos, que sé que están sufriendo un gran daño debido a una política obsoleta, confusa e inconsistente, que es contraria a los valores del servicio y del mérito individual“, añadía Carter.

El secretario de Defensa anunciaba la creación de un grupo de trabajo, formado por civiles y militares y liderado por el subsecretario de Personal del Departamento de Defensa, Brad Carson, encargado durante los próximos seis meses de revisar las regulaciones militares y de evaluar el impacto del cambio para permitir que los militares transexuales puedan servir abiertamente “sin impacto adverso en la efectividad y operatividad”. El grupo de trabajo evaluará las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio, aunque la voluntad política de que este sea efectivo el año próximo parece clara. Algunos de los aspectos que deberá evaluar el grupo de trabajo serán, por ejemplo, hasta qué punto el Ejército estará obligado a sufragar el coste de eventuales procesos de reasignación de sexo de sus miembros transexuales, así como el entrenamiento y estándares físicos que se les exigirán durante el proceso de transición. También se valorará como abordar el cambio en lo referido a uniformidad, alojamiento o uso de instalaciones.

Hasta que el grupo de trabajo concluya su trabajo, permanecerá vigente la prohibición oficial a las personas transexuales de incorporarse al Ejército, aunque cualquier decisión sobre la expulsión de militares que ya formen parte del mismo deberá ser evaluada por el propio Brad Carson, en lo que ha sido interpretado como una especie de “moratoria oficiosa”. Se desconoce cuantas personas transexuales sirven en la actualidad en el Ejército estadounidense, pero algunas estimaciones sitúan la cifra en unas 15.000, teniendo en cuenta tanto a militares en activo como reservistas.

Las personas transexuales –aquellas que se identifican con un género diferente de aquel con el que nacieron y en ocasiones toman hormonas o se someten a cirugías para desarrollar las características físicas de su género de preferencia– están excluidas del servicio militar en Estados Unidos. Pero estudios y otras encuestas calculan que hasta 15.000 personas transexuales participan en el servicio activo del ejército o las reservas, a veces en secreto pero en muchos casos con el conocimiento de comandantes de unidades o colegas.

Fuente Dosmanzanas y Cáscara Amarga

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Las autoridades moscovitas habían dejado claro su mensaje: prohibían por décimo año consecutivo la celebración del Orgullo LGTB en la capital de Rusia y advertían a los organizadores de los “riesgos” de desoír su negativa. Hace unos días nos hacíamos eco de la detención de Nikolai Alekseev y de otros dos activistas al intentar celebrar una marcha del Orgullo, pese a la prohibición municipal. Uno de los arrestados, junto a Alekseev, fue precisamente Vadim Gruzdev, quien además de haber sufrido una privación de libertad de 10 días (que sería ilegal, atendiendo a la legislación europea y a los estándares legales internacionales) ahora recibe su despido de la filial rusa de la multinacional farmacéutica Pfizer, para la que trabajaba. La respuesta de la comunidad LGTB rusa a este despido es la petición de una campaña de boicot global contra Pfizer.

Pese a las prohibiciones, el activista Nikolai Alexeev declaraba valientemente que “llevaremos a cabo algún tipo de acción el 30 de mayo, aunque el lugar todavía no está decidido”, como ya recogió dosmanzanas en su momento. Y así fue. Alekseev y Gruzdev, condujeron frente al ayuntamiento moscovita portando banderas arcoíris y tubos de humo de colores. Esta fue una de las iniciativas, además de otras protagonizadas por otros activistas. Según Amnistía Internacional, la policía rusa detuvo a tres activistas (Alekseev, Gruzdev y Yevgeny Gerasimov), así como a otras 12 personas. Todos fueron liberados a excepción de los tres activistas, a los que se les privó de libertad durante 10 días por “desobedecer una orden legal de la policía”, aunque ninguno opuso resistencia en el momento del arresto. Otra de las personas detenidas fue la periodista y activista LGBT Elena Kostyuchenko, que trató de desplegar una pancarta en la que se podía leer “hacer el amor, no la guerra”. Algunos de los arrestados, sin embargo, eran ultras que trataban de impedir cualquier tipo de reivindicación proLGTB.

Después de todo lo ocurrido, y una vez puesto en libertad, a Vadim Gruzdev le esperaba otra sorpresa: fue despedido de la multinacional farmacéutica Pfizer por su supuesta “conducta poco ética e ilegal”. La respuesta pública de Pfizer, todavía más desconcertante, es que “Gruzdev nunca ha sido un empleado” y que la compañía “tiene políticas claras sobre la diversidad y la inclusión y está comprometida con el principio de igualdad”.

Gruzdev participó en el Orgullo de Moscú “por mi propia voluntad, porque creo que la homofobia y la discriminación ha florecido en Rusia, y es en última instancia, en contra de sus normas y valores de la civilización” y apela a que “Pfizer debe adherirse a las normas civilizadas y valores de un estado democrático como los Estados Unidos”, ya que es en este país donde se radica la sede central de la farmacéutica. El propio afectado ha denunciado la ilegalidad de su detención y ha exigido que su expediente sea analizado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y sobre su despido, él mismo ha explicado que su contrato vencía en agosto, por lo que los dos meses que restaban “para mí son más una cuestión de principios y reputación”. Sin duda, el despido de Vadim Gruzdev refuerza las posiciones homófobas de la administración de Putin y son ejemplarizantes de los “riesgos” de cualquier iniciativa que favorezca los derechos humanos de las personas LGTB (utilizando el propio lenguaje de los dirigentes del consistorio de Moscú).

Recordemos que, desde 2013, la administración rusa tiene prohibido informar positivamente de la homosexualidad a menores, una legislación que permite que aquellos que, simplemente, enarbolan una bandera arcoíris o reivindican la celebración del Orgullo sean detenidos y sancionados. Aun más temible es la práctica impunidad con que actúan grupos como Occupy Pedofilyaj y similares, dedicados al acoso, tortura e incluso asesinato de personas LGTB ante la pasividad muda de las autoridades.

Boicot LGTB global contra Pfizer

Ante el cúmulo de injusticias sufridas por el activista Vadim Gruzdev, entre ellas su despido de la multinacional farmacéutica Pfizer, la comunidad LGTB rusa ha iniciado una llamada a la acción global contra esta compañía que, entre otros medicamentos, produce el antiinflamatorio Celebrex y las conocidas pastillas de Viagra. En la web española de la multinacional se puede leer una lista completa de los medicamentos que fabrica y distribuye la farmacéutica. Entre otros, se incluyen tratamientos para los aparatos digestivo y respiratorio, cardiovasculares, para dolores e inflamaciones, de ginecología, oncología, reumatología, hematología o de lucha contra el tabaquismo.

Con todo, no es la primera vez que la farmacéutica Pfizer se ve envuelta en escándalos internacionales. Algunos ejemplos: en 2004, fue multada en Estados Unidos por promover entre los médicos el uso de su antiepiléptico Neurontin para indicaciones para las que no estaba autorizado. En 2009 fue condenada por la misma práctica, en esta ocasión con el antiinflamario Bextra. Y en verano de 2012 un tribunal de Argentina condenó a la multinacional por “una conducta delictiva” y por financiar “un oscuro sistema de coimas y sobornos a los médicos en el marco de la cadena de comercialización de los medicamentos”.

Fuente Dosmanzanas

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Un empleado neoyorquino de la multinacional española Zara presentó una demanda el pasado miércoles contra la empresa por discriminación y acoso laboral basados en su condición de judío, estadounidense y gay. Ian Miller, que trabajaba como abogado hasta su despido el pasado mes de marzo, reclama a la compañía cuarenta millones de dólares (36 millones de euros).

Miller asegura que durante su periodo en Zara USA, Inc (filial estadounidense de la compañía española), que comenzó en el año 2008, era excluido de reuniones, le otorgaban aumentos inferiores a los de sus compañeros y era objeto de ataques verbales de carácter racista, homófobo y antisemita. El abogado apunta directamente al fundador de Inditex, Amancio Ortega, a quien acusa de proteger a las personas que supuestamente ejercieron el acoso laboral que habría acabado con su despido.

Según el representante legal de Miller, la empresa lo discriminó frente a otros empleados por no ajustarse al “perfil preferido” de “cristiano, español y heterosexual”. El demandante alegará que el trato recibido viola la legislación vigente en Nueva York sobre discriminación salarial, despido improcedente, represalias y hostilidad en el ámbito laboral. Inditex ha respondido en un comunicado que la multinacional no tolera “ningún comportamiento discriminatorio o irrespetuoso”, sino que valoran “las contribuciones individuales a nuestra dinámica organización”.

A la espera de conocer el desarrollo de este caso concreto, lo cierto es que la discriminación laboral contra las personas LGTB está ampliamente extendida en Estados Unidos. Hace casi un año, nos hacíamos eco de un estudio con grandes empresas que reflejaba sus mayores dificultades a la hora de acceder a un puesto de trabajo: en condiciones de igual preparación, o incluso de objetiva superioridad, las personas que eran percibidas como LGTB tenían menos posibilidades de ser seleccionadas. Se trata además de una discriminación difícil de detectar y combatir, pues se camufla bajo el velo de las preferencias para dar paso a unos currículos sobre otros.

Una situación que se pretendía paliar con el proyecto de Ley de No Discriminación en el Empleo (ENDA), que ha sido propuesta en más de veinte ocasiones desde 1994 y siempre se ha topado con el rechazo del Congreso: la vez más reciente, en diciembre del año pasado en la Cámara de Representantes, tras superar el trámite en el Senado. El presidente Obama sí que aprobó una orden ejecutiva para prohibir la discriminación de las personas LGTB a las empresas que trabajen para el Gobierno federal. A nivel de los estados, la situación varía según las leyes protejan contra la discriminación basada en la orientación sexual solo o también la identidad de género, y si se aplican solo en el sector público o también en el privado. Dieciocho estados carecen de cualquier norma en este sentido.

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La iglesia católica en Alemania podría suavizar su discriminatoria política laboral en relación a los integrantes de una unión civil o a las personas divorciadas que se vuelven a casar. La conferencia episcopal del país aprobó el pasado martes una resolución que, cuando entre en vigor, podría evitar que muchos de sus empleados que se encuentren en estas situaciones sean automáticamente despedidos como hasta ahora.

Un importante aunque insuficiente paso adelante contra la discriminación laboral (no por legal y admitida menos injusta) de los más de 700.000 empleados en las instituciones regentadas por la iglesia católica alemana. Con la entrada en vigor del documento aprobado, las circunstancias personales de estos trabajadores solo podrán constituir una causa justificada de despido cuando supongan un “conflicto considerable con los servicios comunitarios o en el ámbito laboral”. Si bien la formulación no da una lista de casos en los que se podría considerar que existe ese conflicto, sí da ejemplos como “la promoción del aborto” o de la xenofobia. También seguirá siendo motivo de destitución el abandono de la iglesia católica.

Las nuevas reglas, además, no se aplicarán de igual manera a todos los empleados de las instituciones católicas: para los sacerdotes y agentes pastorales, así como para los profesores de religión, seguirán en vigor las mismas condiciones estrictas como hasta ahora. Cada obispado podrá definir qué empleados estarán sujetos a esta “lealtad suplementaria” exigida. De hecho, la propia decisión de implantar las nuevas normas en sus diócesis estará, en última instancia, en manos de los propios prelados. Algo menos de un tercio de los obispos, con posiciones más conservadoras, se opuso a la aprobación del texto y podría ahora torpedear su aplicación.

Este sector justifica además su postura en la sentencia del Tribunal Constitucional alemán de noviembre del año pasado, que reafirmó el derecho de la iglesia católica a definir sus propios criterios de contratación y despido en las instituciones que regentan, aunque estos entren en conflicto con el principio de no discriminación por orientación sexual u otras circunstancias personales.

La discrecionalidad otorgada a la iglesia católica a la hora de despedir a sus empleados es un problema que trasciende fronteras. En Alemania el asunto está a la orden del día, y precisamente las polémicas que en algunos casos se han generado, han contribuido a la decisión que ha tomado ahora su conferencia episcopal. Tan solo hace unas semanas, por ejemplo, la directora de una guardería de Caritas era despedida por contraer una unión civil con su compañera sentimental.

En dosmanzanas hemos recogido también casos de otros países, como las amenazas de la jerarquía británica de despedir a  que mantengan relaciones no autorizadas (entre ellas con personas del mismo sexo). En España, el asunto reviste aún más gravedad si cabe, si tenemos en cuenta que la iglesia católica decide sobre la continuidad o no de estos trabajadores incluso cuando estos ejercen la docencia en centros públicos, pagados por tanto por todos los ciudadanos.

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Nota de Prensa:

El ámbito laboral es un reflejo más de los problemas y desigualdades que existen en la sociedad. En la situación de crisis económica de España, con una tasa de paro del 23%, se está haciendo muy difícil poder encontrar o mantener un empleo, estas dificultades aumentan para las personas con VIH a causa de la discriminación y estigma asociado por la falta de información en muchos casos.

Por ello, la Coordinadora estatal de VIH y sida, CESIDA, recuerda la necesidad de una ley de igualdad de trato y no discriminación en España, frenada por el gobierno estatal.

“Se debe garantizar el empleo a las personas con VIH y la no discriminación. Es lamentable que a multitud de empresas les salga gratis discriminar”, afirma Juan Ramón Barrios, presidente de CESIDA, quien recuerda que el proyecto de esta ley igualitaria recogía el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de trato y no discriminación, una exigencia de la trasposición de las directivas antidiscriminatorias, que actualmente solo se da en el ámbito laboral y en relación con la discapacidad. Este proyecto de ley incluía la discriminación por enfermedad por primera vez en España.

Un trabajador o una trabajadora no tiene disminuida su capacidad de trabajo por el simple hecho de tener VIH, y como afirman desde la Secretaría de Políticas Sociales de UGT Madrid, “es infinitamente más complicado transmitir el VIH en el ámbito laboral que la gripe y afecta más la gripe al rendimiento laboral que el VIH. Un médico te puede dar la baja por tener gripe pero no por tener VIH y sin embargo, nadie tiene miedo a que un compañero o compañera tenga gripe”.

Los datos existentes de diferentes investigaciones realizadas por SEISIDA muestran que más del 50 % de las personas con VIH no trabaja. En una investigación llevada a cabo por la UNED en la que se abordaba la discriminación padecida en diversos colectivos discriminados se halló que alrededor del 80% de las personas con VIH entrevistadas percibían que este colectivo sufre discriminación en el ámbito del trabajo. Asimismo, en una investigación llevada a cabo por SEISIDA se ponía de manifiesto que en el año 2012, cerca de un 26% de la población afirmaba que se sentiría incomoda si un compañero de trabajo tuviese VIH (este dato había mejorado desde 2008). De ese 26%, un 24% afirmaba que pediría ser cambiado de trabajo o que pediría que cambiaran a la persona con VIH.

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La ONG sevillana Adhara recuerda que el mundo del trabajo es uno de los más sensibles a la discriminación por VIH.

El 70 % de las personas con VIH en España teme ser discriminada en su entorno laboral a causa de su estado serológico.

Según la Organización Internacional del Trabajo, nueve de cada diez personas que viven con VIH en el mundo están en edad productiva. En España, aproximadamente el 64 % de la población afectada tiene entre 20 y 49 años, la época más productiva del ser humano. Esto coloca a nuestro país en una situación compleja en el ámbito laboral que debe atenderse de manera multisectorial porque afecta a los medios de subsistencia de las personas afectadas por el VIH y sus familias, a la productividad, a los derechos en el trabajo, al crecimiento económico de los países y de las empresas.

Para Adhara, asociación VIH/Sida, como entidad miembro de la Federación Trabajando en Positivo, “las empresas que operan en España pueden cumplir un rol fundamental a la hora de convertir el lugar de trabajo en un escenario privilegiado para brindar respuestas claves al VIH, permitiendo generar estrategias y actividades que contribuyan tanto a la prevención como a preservar los derechos de las personas trabajadoras“.

Diego García, presidente de Adhara,

Según el informe VIH y el mundo laboral, elaborado por la misma federación, las principales situaciones de estigma y discriminación que sufren las personas que viven con VIH, comprometen bien al acceso a un puesto de trabajo, con pruebas de detección como requisito previo a la contratación, o bien a la permanencia en dicho empleo, con cambios en las condiciones de trabajo, trato diferenciado ante oportunidades de promoción laboral o vulneración de la confidencialidad de datos médicos.

Ante estas situaciones, algunos sindicatos y muchas ONG desarrollan acciones dirigidas a mejorar la inserción laboral de las personas con VIH, como es el caso de Adhara donde se ofrece un servicio de orientación sociolaboral para este colectivo del que en el año 2014 se beneficiaron 16 personas.

Diego García, presidente de Adhara, apunta que “la discriminación laboral de las personas con VIH se sigue produciendo en el siglo XXI. Estos comportamientos discriminatorios son producto del miedo y del prejuicio y no se basan en ninguna realidad científica. Una persona con VIH no transmite su enfermedad en las actividades diarias. Desde el trabajo que realizamos en el ámbito asociativo exigimos que los comportamientos discriminatorios cesen y que juntos trabajemos por una vida laboral saludable”.

Fuente Cáscara Amarga

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Un tribunal de San Petersburgo ha confirmado el despido de una profesora de música, que fue separada de sus labores educativas por el hecho de ser lesbiana. La educadora, que mantenía su orientación sexual en el ámbito privado, fue despedida tras la denuncia de un activista homófobo, que se jacta de haber conseguido que otros 28 profesores hayan perdido su trabajo. Para la dirección del centro, su orientación sexual suponía la vulneración del artículo 81 del código de trabajo ruso, que permite despedir a trabajadores del sector educativo por cometer “actos inmorales”. Lamentablemente, esta consideración ha sido sustentada ahora por un tribunal. Los abogados de la profesora han manifestado su intención de apelar la sentencia.

La profesora de música, de quien tan solo ha trascendido que se llama Alevtina y que tiene 27 años, no ha sido nunca activista LGTB, ni había mencionado su orientación sexual a sus compañeros de trabajo, ni mucho menos a sus alumnos (niños discapacitados). Lo que sí hacía, confiada, era colgar fotos en redes sociales en las que, entre otras cosas, se la podía ver con su pareja. Eso fue suficiente para ser detectada por un activista de la organización homófoba Padres de Rusia, Timur Bulatov (que utiliza también como pseudónimo el nombre de Timur Isayev), que se dedica a rastrear en redes sociales para encontrar pistas que le revelen la condición homosexual de personas que trabajen como profesores para después notificarlo a los colegios y conseguir su despido.

El 8 de diciembre de 2014, Bulatov denunciaba a Alevtina ante la escuela número 565 de San Petersburgo en los siguientes términos: “Esta profesora se muestra abiertamente en redes sociales como una persona amoral, que según los datos de las redes sociales vive con otra mujer igualmente enferma”. El director del centro educativo, Stanislav Vinogradov, llamó a capítulo a la profesora y le pidió que dimitiera. “No puedes trabajar con niños”, le dijo.

“Salí de la oficina del director casi histérica”, recuerda Aletvina, ”no sabía qué hacer. Tenía tantos planes creativos con mis estudiantes…  Había puesto toda mi alma en este trabajo, y también sabía que yo no era culpable de nada”. Debido a ello, se negó a presentar su dimisión, por lo que el colegio procedió a despedirla acogiéndose al punto 8 del artículo 81 del código de trabajo ruso, que permite despedir a trabajadores del sector educativo por cometer “actos inmorales incompatibles con actividades pedagógicas”, una acusación que suponía acabar con su carrera como educadora.

Alevtina procedió a recurrir su despido, para lo que contó con el apoyo legal del colectivo LGTB Coming Out, y solicitó tanto la restitución en su puesto de trabajo como una compensación por el salario perdido y por los daños morales sufridos. Pero lamentablemente, el pasado jueves, una de los miembros del equipo legal, Ksenia Kirichenko, anunciaba que el tribunal de San Petersburgo, donde se había celebrado el juicio a puerta cerrada, había fallado en contra de Alevtina y confirmado su despido.

Según Kirichenko, al menos seis profesores homosexuales, o que han mostrado su apoyo a los derechos LGTB, fueron víctimas el año pasado de las denuncias de Timur Bulatov. Tres de ellos dimitieron, siendo Alevtina la única en plantar cara legalmente a la injusticia de su despido. Y aún continúa en su empeño, pues Kirichenko también ha comunicado que va a presentar la correspondiente apelación contra la sentencia del tribunal de San Petersburgo.

Por su parte, Timur Bulatov ha tenido que cesar en su labor de caza de homosexuales. Actualmente permanece en prisión tras ser arrestado en diciembre de 2014, al ser identificado por la policía rusa como un condenado a dos años y seis meses de prisión por malversación de fondos, fugado de la justicia desde 2005, antes de que pudiera cumplir su sentencia.

Un ambiente irrespirable de opresión y violencia

Es obvio que los actos de Tumur Bulatov, la reacción del director del centro y la decisión del tribunal de San Petersburgo responden al clima de pronunciada homofobia reinante actualmente en Rusia.  Este hecho es una muestra más de la homofobia de estado vigente en Rusia, representada sobre todo por la legislación aprobada en 2013 por su Parlamento, que prohíbe informar positivamente sobre “relaciones no tradicionales” a menores y que ha servido para acallar, cualquier reivindicación de los derechos LGTB, con continuadas detenciones de aquellos activistas que valientemente se resisten a permanecer en silencio. También han tenido lugar despidos de funcionarios que declaran abiertamente su orientación sexual y cierres de medios que respaldan las reivindicaciones de los activistas.

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La Coordinadora estatal de VIH y sida, CESIDA, recuerda que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda desde el año 2001 la no exigencia de la prueba de detección VIH en los reconocimientos médicos de las empresas, ni en el momento de contratar a los trabajadores ni como requisitos para la continuación de la relación de trabajo. La realización de esta prueba, dice la OIT, es “innecesaria” e “injustificada”.

Gran parte de los casos de discriminación laboral son debidos a la desinformación sobre el VIH y sus vías de transmisión, como posiblemente sea el caso que ha salido a la luz estos días del guardia civil apartado de su puesto de trabajo, presuntamente por vivir con el VIH. CESIDA denuncia que en España sigue existiendo veto en las profesiones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, rechazando el acceso laboral a personas con VIH a pesar de haber superado las pruebas físicas y de aptitudes.

“Una buena información y educación son fundamentales para evitar casos de rechazo, hay que insistir en que el VIH no es una enfermedad contagiosa, como puede ser el ébola, sino transmisible. De ahí también la importancia del lenguaje para eliminar discriminaciones”, afirma Juan Ramón Barrios, presidente de CESIDA.

Así, CESIDA demanda desde hace años una revisión de protocolos y de legislación que dificulta el cumplimiento de los derechos humanos de las personas con VIH como la errónea categorización del VIH como “enfermedad infecto-contagiosa” en lugar de “infecto-transmisible”, que provoca que con la legislación en la mano se produzcan casos de rechazo laboral.

Las vías de transmisión (sexual, vertical y sanguínea) son conocidas desde el inicio de la epidemia y existe un acuerdo unánime sobre la importancia que tienen las medidas universales de prevención de la transmisión para evitar que se produzcan nuevas infecciones. Estas medidas fueron adoptadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y se han incorporado a nuestros sistemas de salud pública.

Las personas con VIH que gracias al tratamiento antirretroviral tienen una carga viral indetectable, y por lo tanto sin capacidad de transmisión del virus, están asintomáticas, “son tan aptas para desempeñar con éxito su labor como aquellas personas que no tienen VIH”, aclara el presidente de CESIDA.

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El sindicato CGT ha denunciado que el extrabajador venía sufriendo capítulos de homofobias en su puesto de trabajo por algunos compañeros del supermercado donde prestaba sus servicios como dependiente de panadería.

Supersol despidió los pasados días 16 y 17 de febrero a ese hombre y a otros dos trabajadores más de Madrid por intentar recoger firmas para convocar una asamblea de trabajadores.

Según ha denunciado el sindicato CGT, la cadena de supermercados Supersol ha despedido a un trabajador después de que este comunicara a la dirección de la empresa el acoso homófobo al que estaba siendo sometido por algunos compañeros de trabajo en el establecimiento de la cadena de supermercados en Madrid.

Los pasados 16 y 17 de febrero Supersol despidió a tres empleados en Madrid. Dos de ellos habrían sido despedidos, siempre según CGT, por recoger firmas para convocar una asamblea de trabajadores. Un tercero fue despedido tras denunciar al departamento de recursos humanos de la empresa el acoso homófobo al que llevaba meses siendo sometido por parte de algunos compañeros del supermercado donde prestaba sus servicios como dependiente de panadería y solicitar un traslado de tienda.

CGT remarca que trascurridos varios meses, y viendo que no se le daba solución, el empleado decidió poner su situación en conocimiento de la dirección de Recursos Humanos, describiendo “la tan lamentable situación que estaba padeciendo, solicitando un traslado de tienda”, afirman. Así, a pesar de haber denunciado su situación ante este departamento, En lugar de investigar lo sucedido, la dirección y el departamento de recursos humanos lo despidió: “en vez de abrir una comisión de investigación, decide despedir al trabajador, argumentando que insultó a la compañera que precisamente era la que descalificaba constantemente al trabajador despedido con improperios como ‘maricón’ y ‘bujarra'”, condenan.

“Desde CGT condenamos esta conducta retrógrada e intolerante de Supersol hacia las personas que deciden libremente su vida y su orientación sexual”, ha expresado el sindicato, que ha puesto el caso en manos de su gabinete jurídico para denunciarlo ante los tribunales. Ante la inacción de este departamento para atajar esta situación, CGT denuncia que “Recursos Humanos, con su silencio y con su forma de actuar, entendemos desde este sindicato que apoya estas indignantes conductas de homofobia” y ha decidido poner el caso en mano de su Gabinete Jurídico para que se lleve a los tribunales a Supersol y a las personas que actuaron contra los derechos fundamentales del extrabajador.

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Nota de Prensa CESIDA:

Para acabar con la discriminación, se debe acabar o modificar todos los argumentos legales que, todavía hoy en día, hacen que las personas que viven con VIH no puedan acceder a ciertas profesiones o servicios como residencias para mayores o seguros de salud o de vida. Asimismo, deberían hacerse campañas a nivel institucional que llegasen a toda la ciudadanía de sensibilización e información actualizada sobre el VIH/sida y, por supuesto, la inclusión en el ámbito educativo de formación en educación sexual.

En España, en mayo de 2013, la entonces ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y la Alianza de Plataformas de Respuesta al VIH llegaron a un acuerdo para impulsar las iniciativas encaminadas a alcanzar un pacto social para paliar la discriminación y el estigma hacia las personas que viven con VIH y sida en todos los ámbitos.

Mato se comprometió a mantener la colaboración con todos los agentes implicados para la elaboración conjunta del nuevo Plan Estratégico de Prevención y Control de la Infección por VIH que abarcaría de 2013 a 2017, según informaba entonces el Ministerio en un comunicado.

Dos años después, “El pacto social contra la discriminación no es más que uno de los muchos compromisos incumplidos del gobierno de Mariano Rajoy, y una muestra más del desinterés del Ministerio de Sanidad hacia el VIH/sida”, denuncia Miguel Luis Tomás, secretario general de la Coordinadora estatal de VIH y sida, CESIDA.

Para Tomás, “el estigma que padecemos las personas que vivimos con VIH está asociado, principalmente, al estigma que ya padecen algunos de los colectivos más vulnerables y afectados por esta infección, como los hombres que practican sexo con hombres, personas usuarias de drogas y personas trabajadoras del sexo”. Acabar con el estigma pasa por una sensibilización de la población en general, empezando por que la educación en salud sexual y en diversidad forme parte del currículo escolar.

Estigmatizar a quienes viven con el VIH desincentiva a las personas a hacerse la prueba del VIH y a recibir la asistencia sanitaria y el tratamiento, que son vitales, indica ONUSIDA con motivo de la segunda edición del ‘Día para la cero discriminación’, que este año tiene como lema ‘Ábrete al mundo, extiende la mano’, y se celebra el próximo domingo 1 de marzo.

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Una profesora de música de una escuela infantil de educación especial de San Petersburgo ha sido despedida después de que un activista homófobo denunciara a la dirección del centro su condición de lesbiana. Todo ello a pesar de que la profesora despedida ni es activista LGTB ni había hecho mención a su condición de lesbiana en el centro: fue su actividad en redes sociales la que la delató. Timur Bulatov, el activista homófobo, se jacta además de haber conseguido el despido de otros 28 profesores por la misma causa.

Timur Bulatov (que utiliza también como pseudónimo el nombre de Timur Isayev) se dedica a rastrear en redes sociales para encontrar pistas que le revelen la condición homosexual de personas que trabajen como profesores para después notificarlo a los colegios y conseguir su despido. Es lo que hizo en el caso de esta mujer, cuyo nombre no ha trascendido a los medios, que mantenía su condición de lesbiana en el ámbito privado: ni es activista LGTB, ni había mencionado su orientación sexual a sus compañeros de trabajo ni mucho menos a sus alumnos (niños discapacitados). Pero lo que sí hacía, confiada, era colgar fotos en redes sociales en las que, entre otras cosas, se la podía ver con su pareja. “Esta profesora se muestra abiertamente en redes sociales como una persona amoral, que según los datos de las redes sociales vive con otra mujer igualmente enferma”, denunció el pasado 8 de diciembre Bulatov a la escuela número 565 de San Petersburgo, cuyo director, Stanislav Vinogradov, llamó a capítulo a la profesora y le pidió que dimitiera. “No puedes trabajar con niños”, le dijo.

La profesora se negó a presentar su dimisión, por lo que el colegio procedió a despedirla acogiéndose al punto 8 del artículo 81 del código de trabajo ruso, que permite despedir a trabajadores del sector educativo por cometer “actos inmorales”, una acusación que la profesora con rotundidad. “Durante todos estos años de trabajo en la escuela he hecho todo lo que estaba en mi mano a mi profesión, desarrollando en los niños el amor por las artes y la música (…) Considerando las capacidades de estos niños, con trastornos de desarrollo de moderados a severos, lo que he tratado es hacer cada lección interesante, educativa y divertida”, ha declarado.

El despido ya ha sido recurrido ante la justicia rusa por la profesora, que cuenta para ello con el soporte del colectivo LGTB Coming Out, y que solicita la restitución en su puesto de trabajo y compensación por el salario perdido y por los daños morales sufridos.

El activista homófobo, detenido por la policía por malversación

Timur Bulatov, mientras tanto, se jacta de haber conseguido ya el despido de 29 profesores LGTB por su orientación sexual. En su perfil de VKontacte, una popular red social rusa (en la que por cierto los homófobos campan a sus anchas), ha dejado además varias imágenes de carácter homófobo. Sin embargo, su entusiasta homofobia podría haberle salido cara, y es que gracias a su reciente protagonismo la policía rusa le habría identificado como un condenado a dos años y seis meses de prisión por malversación de fondos fugado de la justicia desde 2005, antes de que pudiera cumplir su sentencia.

Ojalá Bulatov pase un tiempo en la cárcel y se vea obligado a cesar en su actividad homófoba. En cualquier caso, su trayectoria es buena muestra de hasta donde llega la situación en Rusia, donde la violencia contra las personas LGTB se ejerce tanto contra individuos aislados (es el caso de la violenta red de grupos homófobos Occupy Pedofilyaj, que retiene y tortura a personas a las que suelen tender una trampa) como contra locales de ambiente y por supuesto contra activistas que reclaman sus derechos (el último episodio del que nos hicimos eco ocurrió a finales de octubre, cuando tres activistas fueron asediados en Lipetsk).

Todo ello sin hablar de la homofobia de estado, representada sobre todo por la legislación aprobada en 2013 por el Parlamento ruso, que prohíbe informar positivamente sobre “relaciones no tradicionales” a menores y que ha servido para acallar cualquier reivindicación de los derechos LGTB, con continuadas detenciones de aquellos activistas que valientemente se resisten a permanecer en silencio. También han tenido lugar despidos de funcionarios que declaran abiertamente su orientación sexual y cierres de medios que respaldan las reivindicaciones de los activistas.

La última noticia que nos llegaba de ese país, hace apenas unos días, era la intención de las autoridades de impedir a las personas transexuales obtener el carnet de conducir.

Fuente Dosmanzanas

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Firmas contra la transfobia de Turkish Airlines y la Escuela Superior de Aeronáutica

Nos llegan novedades en el caso de Lorena González, la azafata en prácticas que denunciaba hace unos días discriminación tránsfoba por parte de Turkish Airlines. La Escuela Superior de Aeronáutica de Madrid (ESA) incumple su compromiso de buscarle otras prácticas durante los próximos seis meses. Una promesa de la que dosmanzanas fue testigo, en palabras del jefe de estudios de ESA, Remi Vene. González ha recibido un email del responsable de prácticas, Miguel Tenorio, en el que le comunican que “se ha tomado la decisión de no volverte a presentar a prácticas” debido a las supuestas “acciones de difamación llevadas a cabo contra el centro de estudios y publicadas sin fundamento alguno”.

Dosmanzanas recogió la denuncia de Lorena González e hizo todo lo posible por recabar la versión de todas las partes implicadas en su caso para darles la oportunidad de expresar su versión de los hechos.  Lo cierto es que, en este nuevo episodio, hemos sigo testigos de la falta de palabra de la dirección de ESA. Remi Vene, el jefe de estudios de la escuela, nos dio su palabra de que cumplirían con su obligación de buscarle otras prácticas a Lorena González, rechazada en Turkish Airlines por la supuesta “mala imagen” que transmitía de la aerolínea y porque Ginés Alarcón, su Regional Station Manager “pensaba que yo era un hombre”.

Sin ningún ánimo de conciliación ni de rectificación en su poco delicada postura con la afectada, Miguel Tenorio, el coordinador de prácticas de ESA le ha remitido un email en el que acusa a Lorena González de llevar a cabo “acciones de difamación”, en referencia a la publicación de su denuncia en dosmanzanas. En la noticia publicada, Lorena explicaba su caso sin proferir ningún insulto o descalificación en contra la escuela ni en contra la compañía aérea más allá de lamentarse porque desde ESA “no dieron la cara por mí como alumna”.

Por su parte, Lorena González ha contestado a Tenorio y a ESA que “mi intención ha sido reivindicar mis derechos al honor y a la propia imagen, recogidos en la Constitución española. En ningún momento he proferido ninguna descalificación: ¡He contado la verdad!”. Así lo recoge en la petición dirigida a la escuela que la azafata ha creado en la plataforma Change.org.

ESA se enroca en su postura

Ni una disculpa, por si hubiera podido tratarse de un malentendido o de una reacción poco afortunada, ni un acercamiento para conocer el estado de su alumna, ni una contestación formal a las cartas que Lorena González ha enviado semanas atrás a la dirección de la escuela. ESA no confirmó ni desmintió a dosmanzanas lo ocurrido pero garantizó que Lorena tendría nuevas prácticas. Una promesa truncada con la comunicación que le ha trasladado Miguel Tenorio a la afectada. La presión mediática es la que ha hecho reaccionar a los responsables del centro, pero por el camino del enroque.

Dosmanzanas se ha puesto en contacto con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) para preguntar por los derechos de Lorena González ante la negativa de la escuela a cumplir con su promesa de facilitarle nuevas prácticas obligatorias, para que la alumna pueda obtener su título, al tener ya aprobado su examen de Técnica de Operaciones Aeroportuarias (TOA).

En palabras de la portavoz de OCU, Ileana Izverniceanu, “sin entrar en otras consideraciones que excederían del ámbito de los derechos de los consumidores es claro que aquí se está produciendo un incumplimiento contractual por parte de la empresa que no cumple  con uno de los objetos del contrato: las practicas”. Al producirse este incumplimiento contractual, según Izverniceanu, “entendemos que la alumna está en todo su derecho de resolver el contrato y solicitar la devolución del importe abonado e incluso una cantidad en concepto de daños y perjuicios”.

Funte Dosmanzanas

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General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Ámbito laboral, Canarias, Discriminación, EA Pancho Lasso de Lanzarote, Educación, Gobierno de Canarias, Hipólito Cabrera, Homosexualidad, IES Las Salinas, Iglesia Católica

Entre sus derechos está el respeto de su intimidad, su orientación sexual, su imagen y su dignidad en el trabajo, así como a la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo y orientación sexual.

El vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, ha asegurado que el Ejecutivo cumplirá con la Ley en el caso del profesor gay casado que ha sido expulsado por el Obispado de Canarias y señaló que el mismo sigue siendo en la actualidad profesor nombrado.

“El nombramiento se hizo antes de que el expediente quedara resuelto. Faltan una serie de trámites para que el mismo quede resuelto. Sí es cierto que este profesor sigue siendo profesor nombrado”, dijo este viernes durante una rueda de prensa.

Por su parte, señaló que el Gobierno de Canarias “cumplirá con la ley” y recordó que para el profesorado de religión hay una orden desde 2009 que regula sus derechos y deberes.

Señaló que entre sus derechos está el respeto de su intimidad, su orientación sexual, su imagen y su dignidad en el trabajo, así como a la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo y orientación sexual.

“O lo que es lo mismo –agregó Pérez–, nosotros cumpliremos con la Ley. Es cierto que en la orden se estipulan las circunstancias en las que el Obispado puede retirar la licencia que le convierte en profesor de religión. En el caso de que lo haga tiene que motivarlo suficientemente y ese expediente no se ha concluido“, aseguró.

Fuente Cáscara Amarga

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“Yo quiero ser consecuente, pero la Iglesia no. ¿A qué está jugando la Iglesia?”

“Mis dudas, aunque incómodas, son claras, y cuando las resuelvan las instituciones seguiré con mi vida”

(Luis Alberto González).Que yo mismo reconozca la posibilidad de no encajar en el perfil de lo que la Iglesia espera de un profesor de religión es una oportunidad que la Iglesia, en lugar de aprovechar, está malgastando. El debate ha salido del patio de un obispado a la plaza pública, simplemente por los silencios ambiguos y una gestión del asunto tan pésima que debería ser más mediática que mis declaraciones.

Como afectado por la paradoja de contar ahora con un cese por parte del Obispo de la Diócesis de Canarias y un nombramiento por parte de la Consejería de Educación del Gobierno Autonómico, voy preparando poco a poco mi reincorporación a la labor docente en septiembre. Y entre libros de religión y programaciones, reflexiono de la siguiente manera:

Al trascender mi caso como noticia ha habido una lógica avalancha de opiniones de todos los gustos y “colores”, pero resulta que mi caso no se puede resolver desde lo opinable, sino de desde lo legislado.

Tres partes están implicadas en este asunto, que ante todo es laboral: Iglesia, Administración Pública y yo como trabajador. ¿Por qué sólo resuenan declaraciones mías y de políticos, hechas ambas con mayor o menor acierto, y no interviene una voz autorizada de la Iglesia?

¿Qué está pasando dentro de la propia jerarquía católica española para que un profesor de religión ponga su puesto a disposición de la institución por diferencias “de doctrina y moral” y sea mejor defensor de la Iglesia el propio profesor que el Ordinario del lugar?

Mis dudas, aunque incómodas, son claras, y cuando las resuelvan las dos instituciones seguiré con mi vida. El debate ideológico está en un plano diferente y por mi parte no hay animadversión hacia la Iglesia. Con normativa y jurisprudencia en la mano, ¿Soy apto para continuar trabajando o no? ¿Se trata realmente de una ineptitud sobrevenida que debe terminar en despido?

No siempre el “puedes seguir mientras no se enteren”, tan habitual en la Iglesia, funciona. En lugar de ser beligerante o de esconderme lancé hace más de un año la pregunta: ¿He dejado de ser apto por lo que enseño en mis clases de religión y por haberme casado con otro hombre? Respuesta actual: “Sí, pero no”, pues el Vicario Hipólito Cabrera emite un cese sin fundamento jurídico para dejarme en el limbo, que vuelve a existir. Parece que yo quiero ser consecuente, pero la Iglesia no. ¿A qué está jugando la Iglesia?

Fuente Religión Digital

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Trevor Burgess, CEO of C1 Financial (izda), con su marido, Gary Hess.

Jeremy ScottEl mundo de los negocios sigue siendo uno de los terrenos menos transitados para la visibilidad LGTB. El consejero delegado del banco floridano C1 Financial, Trevor Burgess, ha abierto camino al convertirse, el pasado jueves, en el primero abiertamente gay de un banco con cotización en bolsa en Estados Unidos.

La orientación sexual de Burgess, quien afirma no haberla escondido desde la adolescencia, se hizo dominio público al cumplimentar los formularios para la salida a Bolsa del C1 Financial, un pequeño banco de Florida. En ellos, el empresario tuvo que especificar que su marido posee acciones de la compañía. Un requerimiento legal que afecta a las personas LGTB desde la sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2013 que abrió la puerta al reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo.

El banquero, que anteriormente había trabajado durante 10 años en el gigante financiero Morgan Stanley, ha declarado sentirse “emocionado” de que haya “al menos un ejemplo” de visibilidad LGTB en el mundo de las finanzas. “Tenemos buenos ejemplos de jugadores de baloncesto, en el arte, el fútbol [americano], pero, ¿dónde está Wall Street?”, se preguntó. Burgess recuerda también la tristeza que sintió ante la ausencia de referentes durante los primeros años de su trayectoria profesional y cómo, en una ceremonia con 200 empresarios, él fue el único que asistió con una pareja del mismo sexo.

Entre los escasos ejemplos de empresas estadounidenses cotizadas en Bolsa con dueños abiertamente LGTB se encuentra también Jason Grenfell-Gardner, director ejecutivo de IGI Laboratories, y Todd Sears, de PlanetOut, que tuvo presencia bursátil durante varios años. Sears expresó su deseo de que casos como el de Burgess sean cada vez más frecuentes. Aunque el reto de verdad, afirma, está en que personas abiertamente LGTB asciendan en sus empresas hasta las más altas posiciones de responsabilidad.

Felicitaciones en Wall Street

La llegada a Bolsa de C1 Financial ha sido recibida con muestras de apoyo de varias grandes empresas. Jacques Brand, de la división norteamericana de Deutsche Bank, felicitó a Burgess “por su valentía y autenticidad”, mientras que Irene Dorner de HSBC le brindó sus “mejores deseos de un éxito continuado”. John Browne, expresidente ejecutivo de British Petroleum (BP) que tuvo que dejar el cargo después de que un tabloide británico revelara que había mentido a los tribunales sobre su relación con un antiguo amante canadiense, afirmó que casos como el de Burgess “demuestran que ser abierto y auténtico no es una barrera para el éxito”.

Fuente Dosmanzanas

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