La discusión del alojamiento de personas trans en unidades penales no es nueva. Estrategias de sectores conservadores para voltear nuestros derechos tampoco.

Fuente Agencia Presentes

28 de noviembre de 2024
César Bissutti
Flor Capella
Edición: Ana Fornaro

La discusión del alojamiento de personas trans en unidades penales no es nueva. Estrategias de sectores conservadores para voltear nuestros derechos tampoco.

A raíz de una situación de abuso sexual en un penal y de la solicitud del jefe de la banda narco Los Monos en una cárcel santafesina para cambiar de género se generaron una serie de polémicas. El 26 de noviembre de 2024 la ministra de Seguridad Patricia Bullrich habló de tolerancia cero para aquellos que quieran cambiarse de sexo en la cárcel. El presidente Javier Milei afirmó que “los presos no van a poder solicitar un cambio de penal bajo el paraguas de la identidad de género”.

Desde la sanción de la Ley de Identidad de Género en 2012 hemos visto un cambio material y simbólico en la vida de las personas travestis y trans de nuestro país. Con un camino que todavía tiene mucho por hacer y recorrer, la realidad nos demuestra que esta ley junto a una serie de políticas públicas implementadas hacen la diferencia. Transformar la vida de las personas trans con organización, política y derechos es posible.

Nada nuevo bajo el sol

El binarismo de género que todavía organiza las instituciones, su arquitectura, su administración burocrática, nos atraviesa. Nuestra forma binaria de pensar y organizar el mundo también. En este contexto, y reproduciendo mandatos, estereotipos, discriminaciones y violencias, es que ha habido intentos concretos por desacreditar y deslegitimar nuestra Ley Nacional de Identidad de Género y de negar y eliminar a las personas trans.

Hay quienes sostienen que esta ley genera privilegios. Con ese argumento se han viralizado algunas situaciones de varones cis que cambian su DNI de masculino a femenino para «jubilarse antes”, de los 65 a los 60 años, para lograr atenuantes en crímenes de femicidios, de violencia sexual o de género.

A la vez, el uso legítimo de la Ley por personas trans, por ejemplo personas trans deportistas, se argumenta como una estrategia para obtener ventajas. Pareciera que con el deseo y la autodeterminación no alcanza. La idea de grupos vulnerados e instrumentalización para obtener derechos tampoco es nueva. Que se embarazan por un plan, que tienen hijos por la domiciliaria, por los «beneficios» y ahora que se «hacen trans» para cambiar de pabellón. O, como menciona el diario La Capital, para hacer «más laxas» las condiciones de detención. Como si ser una persona trans en una cárcel no implicase mayores violencias. Como si la cárcel no le hubiera costado la salud, el cuerpo y la vida a un sin fin de personas trans en nuestro país y en las instituciones de encierro a nivel global.

Situación de encierro y problemas reales

Con un gobierno nacional que niega las violencias de género, que vota en contra de abordar las violencias en Naciones Unidas, que elimina y desfinancia las estructuras institucionales y políticas públicas a favor de las mujeres y personas LGBTI+, que quiere ir en contra también del DNI no binario, nada de esto debería sorprendernos. Mano dura, represión: a presos, estudiantes y jubilados. Lo que llaman tolerancia cero y el aumento de la crueldad en la calle y en el encierro son algunas de las coordenadas de idea-acción con la que administran su proyecto político, económico y cultural.

Hasta la fecha nada han dicho y seguramente nada dirán de la problemática estructural de torturas en el encierro. Ni de los abusos sexuales cometidos entre las propias personas detenidas, pero también por personal policial y penitenciario. Tampoco se han preocupado o ocupado de garantizar marcos normativos dentro y fuera del penal.

Para la tribuna

El gobierno de Javier Milei y libertarios tienen una gran capacidad de atender lo visceral. Sin pelos en la lengua y con una inteligente ignorancia, nos revuelven la panza, hacen arder los intestinos y producen agite, caos, pero también sentido. Desde quienes ven reflejado sus emociones o pensamientos y entonces se envalentonan y reafirman y militan la derecha o el fascismo, a quienes nos indignamos y no podemos creer hasta cuán atrás la discusión tenemos que volver a dar. En concreto, por varios lados, su estrategia les funciona.

El odio y el revuelo que generan los derechos de las personas detenidas sobra y alcanza para piantar votos o generar pánico social. Si además «le sumamos» que son trans, la derecha tiene un espectáculo que les sirve para generar polémica e indignación, mientras ataca la ley nacional y los derechos de las personas trans. Que no nos desordenen, que no nos distraigan. Hace poco lo advertía también Alba Rueda en una nota de Agencia Presentes: este gobierno busca tirar abajo la Ley Nacional de Identidad de Género. 

Sin reglas claras

La problemática del alojamiento de personas trans en cárceles binarias no es una novedad.

En términos procesales, no existen reglas claras de dónde deberían alojarse las personas LGBTI+ y en particular las personas travesti y trans. Los Principios de Yogyakarta nos dicen que debería preguntarse a la persona detenida dónde cree que se sentiría más segura. Todo muy lindo, eso puede funcionar de manera excepcional, pero con el hacinamiento, la sobrepoblación y la crueldad en nuestras cárceles y de nuestra justicia penal, esta regla en Argentina aún no se puede implementar. No existe un pabellón o un lugar seguro en las cárceles para las personas trans. La mejor estrategia es la que morigera el encierro, la que produce alternativas a la prisión.

Tanto en el sistema federal como en las provincias se han creado pabellones de diversidad sexual. En general: las mujeres trans se alojan en cárceles de varones. Estos pabellones de diversidad sexual suelen compartirse con varones cis condenados por delitos contra la integridad sexual.

Hasta el 2015, por ejemplo, el pabellón de diversidad sexual de la cárcel de Sierra Chica en Olavarría se llamaba «de homosexuales pasivos y delitos contra la integridad sexual». Si nos vamos más atrás, ya en el primer decreto provincial que organiza el lugar de alojamiento de las unidades penales de la provincia de Buenos Aires se hablaba de lugares específicos para «homosexuales y perversos». La asimilación de la homosexualidad y la agresión sexual como conductas desviadas es de larga data y encuentra una forma específica de alojamiento en el encierro. Demos las gracias al campo de la criminología, de la salud y la salud mental.

Ideas peligrosas

Los varones trans suelen quedar invisibles, no registrados. En general, se los aloja en cárceles de mujeres. El objetivo, de nuevo aquí los estereotipos, es “protegerlos” de los varones cis. Aunque la justicia o los servicios penitenciarios digan lo contrario, se les lee como mujeres porque la única «identidad» que mira la administración carcelaria es la genital. De esta forma, también, se niegan y desconocen las violencias que se producen en las cárceles «de mujeres» por las agentes penitenciarias o las mujeres cis detenidas. Aquellos varones trans que han utilizado modificación corporal hormonal o quirúrgica terminan en celdas de castigo o aislamiento en solitario, también en cárceles de mujeres.

Hay quienes sostienen la necesidad de crear cárceles específicas para personas LGBT+. De hecho, puede ser uno de los próximos pasos que intente el gobierno nacional. Esta idea es peligrosa y perjudicial. Más cárceles implica el aumento y la expansión del sistema punitivo y también del sistema carcelario. Es decir, esas cárceles se tienen que llenar. Más cárceles, y cárceles específicas para la diversidad. Más personas trans detenidas, criminalizadas. A todo esto nos tenemos que negar.

Sin derechos 

Las cárceles son una forma de organizarnos, de que quienes cometieron un daño se hagan responsables, o al menos eso establece nuestro sistema legal. Las cárceles son una política pública en la cual se restringe la libertad ambulatoria de personas que el Estado también se compromete a cuidar y «rehabilitar«. Las múltiples denuncias de torturas, malos tratos, muertes en contextos de encierro y deterioro grave de la salud de las personas presas no es privativo de ningún gobierno pero sí corre el velo y nos muestra que una parte importante de este sistema no funciona y que muchas veces es injusto y no proporcional.

En informes de organismos internacionales, sentencias de primera y segunda instancia, Casación y Corte, se documenta y reconoce la vulneración de derechos en el encierro. Las muertes de múltiples personas trans en el encierro y el esfuerzo que instituciones como la Comisión por la Memoria, los comités contra la tortura, la Procuración Penitenciaria, Colectivo Yo No Fui y activistas y académicas venimos haciendo, ponen sobre la escena las formas específicas de dar muertes a las personas trans en el encierro. Que no nos metan el perro; ni a Conan. Las estrategias del gobierno nacional son un intento por defenestrar nuestra Ley Nacional, por agudizar el estigma y la criminalización a las personas detenidas, pero también a las personas trans.

¿Será acaso Patricia Bullrich quien se ocupe de escanear una por una los cuerpos de quienes se nombren personas trans en el encierro? ¿Sabrá que eso mismo lo prohíbe la ley nacional? ¿Que pasa de verdad con la situación de las personas trans detenidas y sus derechos? De las que murieron, de las que van a morir… ¿Buscará Javier Milei tornar inaplicable nuestra Ley 26.743 en contextos de encierro? ¿Con qué argumentos jurídicos? ¿Acaso buscará modificar la aplicación práctica de la ley mediante un DNU?

Encarar la discusión de la Ley Nacional de Identidad de Género desde la cuestión de encierro nos pone en un lugar más complejo e incómodo. De hecho, escribir sobre este tema sin miedo a la cancelación y sin poder analizar las múltiples capas y problemáticas que se articulan y se generan es también muy difícil.  La diversidad nos hace humanos. Repensemos cómo poder dar estas discusiones en lo público, en lo político, en lo mediático. Sin hacer concesiones, entendiendo también la disputa por el concepto de seguridad a nivel social. Por el derecho de las personas a vivir seguros, sin miedo pero también sin hambre. Que no nos ganen las vísceras. Que nos ganen nuestras luchas, nuestra historia. La fuerza de nuestros movimientos.

César Bissutti es activista marica, abogado, docente, trabajador de la salud y militante anticarcelario.

General, Homofobia/ Transfobia. Ámbito carcelario, Argentina, Ley de Identidad de Género, Mujeres Trans, Patricia Bullrich, Personas LGTBIQ, Personas trans

Las autoridades solo descubrieron el error después de una “búsqueda más exhaustiva” de la prisionera.

Por Greg Owen Martes, 29 de octubre de 2024

Una mujer cis de apariencia masculina en Escocia fue identificada con un género incorrecto y enviada por error a una prisión para hombres, informan medios de comunicación del Reino Unido.

“No fue hasta que el personal penitenciario llevó a cabo una búsqueda más exhaustiva que salió a la luz que al prisionero le faltaban algunas partes vitales que se esperaría que tuviera un hombre”, compartió una fuente con The Telegraph.

El prisionero no identificado compareció ante el tribunal la semana pasada y fue enviado a la instalación para hombres en lugar de a la única prisión para mujeres del país. No estaba claro exactamente dónde ocurrió la confusión. La “metedura de pata” ha provocado una revisión policial.

“Se hizo una suposición basada en la apariencia de alguien y no mucho más”, dijo una fuente. “El género en el sistema penitenciario se ha convertido en un tema tan candente que la dirección se sentirá mortificada por ello”.

La fuente lo calificó de “vergüenza para todos los involucrados”.

La mujer pasó la noche en la prisión exclusivamente para hombres después de que se descubriera el error. Al día siguiente la trasladaron a una cárcel de mujeres.

La policía de Escocia dijo que el incidente estaba bajo investigación después de que “información incompleta sobre su género” provocara el encarcelamiento de la mujer en el centro equivocado. “Estamos revisando nuestro procedimiento de custodia para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder”, agregaron.

El año pasado, el Servicio Penitenciario Escocés (SPS) se vio sumido en una controversia tras la reacción violenta por la condena de la mujer trans Isla Bryson, que fue condenada a ocho años en una prisión de mujeres tras ser declarada culpable de agredir sexualmente a dos mujeres antes de la transición.

Desde entonces, SPS ha instituido directrices que enviarían a los presos declarados culpables de delitos violentos a un centro que se alineara con su sexo asignado al nacer, excepto en “circunstancias excepcionales”.

En enero de 2023 había 23 presos transgénero en Escocia, 19 de los cuales son mujeres trans, según SPS. Los funcionarios penitenciarios no quisieron hacer comentarios sobre el detenido confundido, pero dijeron que los derechos y el bienestar de todos los prisioneros eran una prioridad para el sistema.

“Contamos con procedimientos para mantener a todos seguros cuando son ingresados recientemente, incluido mantenerlos separados de la población general cuando corresponda”, dijeron.

Fuente LGBTQNation

General, Homofobia/ Transfobia. Ámbito carcelario, Homofobia/Transfobia, Isla Bryson, Mujer cis, Prisión, Reino Unido, Servicio Penitenciario Escocés (SPS)

(Captura de YouTube)

Una ley estatal prohibió la atención de afirmación de género en prisiones y otros lugares. Un juez la anuló.

Por Mira Lazine jueves 5 de septiembre de 2024

El martes, un juez federal otorgó una orden judicial preliminar para detener un proyecto de ley de Idaho que prohibía la atención de afirmación de género en las prisiones estatales, permitiendo efectivamente que los trans de Idaho encarcelados reciban terapia hormonal una vez más.

“Por la presente se CONCEDE la moción de los demandantes para una orden de restricción temporal, una certificación de clase provisional y una medida cautelar preliminar. El tribunal certifica la clase protegida de todas las personas encarceladas bajo custodia del [Departamento Correccional de Idaho] que están o serán diagnosticadas con disforia de género y están recibiendo o recibirían terapia hormonal”, escribió el juez David Nye del Distrito de EE. UU. Tribunal del Distrito de Idaho para Robinson v. Labrador. “El Tribunal prohíbe la ejecución de [H.B. 668] sobre el uso de fondos estatales con el fin de proporcionar terapia hormonal en contra del grupo mientras esta demanda esté pendiente”.

El proyecto de ley H.B. 668, prohíbe el uso de fondos públicos para cualquier procedimiento de reafirmación de género, lo que incluye hormonas y cirugías. Los legisladores estatales republicanos en el Comité de Asuntos Estatales de la Cámara de Representantes patrocinaron el proyecto de ley. Fue promulgado en marzo de este año por el gobernador Brad Little (republicano).

La medida cautelar sólo afecta al uso de fondos públicos para prisiones y no se extiende a las personas transgénero que no se encuentran en prisión. Tampoco se extiende a las cirugías de reafirmación de género.

En apoyo de la medida cautelar, el juez Nye sostiene que los demandantes en el caso presentaron argumentos sustanciales a favor de la importancia de la atención que reafirma el género, el impacto social que tendrá este tipo de restricción y el efecto que tendrá en las personas transgénero en todo el estado. Si bien detalla algunas áreas en las que los demandantes no cumplieron con sus argumentos, argumentó que las pruebas presentadas respaldan la necesidad de una medida cautelar.

Nye inicialmente rechazó la solicitud de convertir esta demanda en una demanda colectiva. Solo después de recibir más datos de los demandantes que indicaban que hay 54 personas encarceladas que reciben atención de afirmación de género y 70 diagnosticadas con disforia de género, Nye se convenció.

La demanda se centra en dos mujeres transgénero encarceladas a las que se les diagnosticó disforia de género y que estaban recibiendo terapia de reemplazo hormonal y que habrían visto su atención puesta en riesgo debido a la HB 668. El caso se convirtió en una demanda colectiva para representar a todos los prisioneros trans conocidos de Idaho, que según la ACLU de Idaho enfrentaron una violación de la Octava Enmienda.

Las demandantes en este caso son Katie Heredia y Rose Mills, las dos mujeres transgénero en cuestión. Están representadas por la ACLU de Idaho y abogados locales. Los demandados son el fiscal general Raul Labrador, el gobernador Brad Little, el director del IDOC Josh Tewalt, la jefa de personal del IDOC Bree Derrick y Centurion Health de Idaho.

El director legal de la ACLU de Idaho, Paul Carlos Southwick, dijo sobre esta decisión en una declaración: “Estamos agradecidos de que esta demanda colectiva proteja los derechos tanto de nuestros demandantes como de todas las personas encarceladas diagnosticadas con disforia de género. Las personas que cumplen condena tienen derecho a acceder a atención médica, alimentación adecuada y condiciones de vivienda mientras están bajo el cuidado del estado, y estamos agradecidos de que esos derechos se hayan respetado hoy”.

LGBTQNation contactó con la ACLU de Idaho y la oficina del Fiscal General para obtener comentarios. Ninguno respondió antes de la publicación. Este artículo se actualizará en consecuencia.

Fuente LGBTQNation

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Su  pareja, una mujer trans recluida en el Complejo Penitenciario Huachalalume de La Serena, teme por su vida. En diciembre pasado la Justicia había acogido un recurso de amparo a favor de la pareja. El Movilh expresó su preocupación a Gendarmería y pidió la Intervención de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

Un interno de 25 años, Wilson Villanueva Riffo, fue encontrado muerto en una celda del Complejo Penitenciario Huachalalume de La Serena,  luego de que junto a su pareja, una mujer trans, denunciara a gendarmes por torturas y acosos homo/transfóbicos, siendo los hechos repudiados hoy por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

De acuerdo a cercanos, gendarmes  venían desde hace meses hostigando a Wilson y a  su pareja  en razón de la orientación sexual y la identidad de género, a un punto que “lanzaban orina al módulo 94 de la cárcel”, el cual está destinado para la población LGBTIQ+

En septiembre pasado, Gendarmería llegó al extremo de separar y trasladar de manera ilegal a los/as internos/as a otras cárceles, a las de  Arica y Concepción,  contraviniendo al Juzgado de Garantía de La Serena que había ordenado paralizar esos trámites.

Por esta razón, Wilson y su pareja presentaron acciones legales contra la alcaide de la cárcel de La Serena, Elizabeth Ramos, tras lo cual los/as interno/as debieron ser devueltos a dicho recinto, sin embargo los mantuvieron durante meses en celdas de aislamiento, lo cual fue calificado de ilegal por la propia Corte Suprema

El 6 de diciembre pasado la Corte Suprema concluyó que “los amparados se encuentran en celdas de aislamiento casi cuatro meses, no siendo dichas dependencias las idóneas para el cumplimiento de pena privativa de libertad, lo que se agrava por el hecho de que la resolución del tribunal (de primera instancia) fue clara en orden a que la destinación era de carácter provisoria (…) La mantención en las celdas de aislamiento, habiendo cesado su motivo y no esgrimiéndose uno nuevo, se traduce en ilegal”.

El pronunciamiento judicial no bastó. De acuerdo a familiares, los acosos homo/transfóbicos continuaron razón por la que Villanueva Riffo se auto-lesionó con  arma blanca el anterior sábado.

Si bien las causas del deceso aún se investigan, cercanos a la víctima y a  su pareja señalaron al Movilh que Villanueva Riffo no recibió la asistencia adecuada por parte de gendarmes, pese a su intento de suicidio.

“Lo dejaron solo una hora sin quitarle sus cordones, sin esposarlo, sin cuidar su integridad física y al momento de ir a verlo lo encontraron ahorcado”, denunciaron cercanos al Movilh.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, calificó de “gravísima esta situación. Aquí ha sido la propia Corte Suprema la que ha tipificado de ilegal las medidas que adoptaba el Complejo Penitenciario Huachalalume de La Serena contra Wilson y su pareja, quienes a su vez venían denunciado hace meses acosos y torturas homo/transfóbicas”.

“Hemos expresado nuestra máxima preocupación a Gendarmería por estos abusos y hemos solicitado la intervención a la Subsecretaría de DDHH del Ministerio de Justicia. Que un interno haya perdido la vida, tras ser sometido  a sanciones ilegales por parte de Gendarmería, y que otra interna, una mujer trans, tema por su integridad física, es una situación alarmante y gravísima. La única pena legal contra internos/as es la privación de la libertad, por lo que el proceder de la cárcel de la Serena es a todas luces ilegal”, apuntó Jiménez.

“La situación es más grave aún porque a la interna trans le están negado la posibilidad de ir al funeral de su pareja, por lo que estos momentos realizamos intensas gestiones para revertir esa brutal medida”, finalizó Jiménez.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Ámbito carcelario, Chile, Complejo Penitenciario Huachalalume, Elizabeth Ramos, Gendarmería, Homofobia/Transfobia, La Serena, MOVILH, Personas LGTBIQ, Personas trans, Rolando Jiménez, Torturas, Wilson Villanueva Riffo

Denuncian que se incrementó la violencia y el abandono. Tampoco hay acceso a la salud.

BUENOS AIRES, Argentina. La “nueva normalidad” que deja a su paso la pandemia de coronavirus también deja mucho para analizar en los espacios de encierro. En las cárceles, el vendaval pandémico no hizo más que agravar problemáticas preexistentes. Y expuso con crudeza cómo esas prácticas sistemáticas afectan más a las minorías intramuros: mujeres y disidencias.

Son pocas en relación al total de la población presa -685 mujeres cis y 31 trans en el Servicio Penitenciario Federal, sobre un total de 10.491 personas presas a fines de febrero-. Pero muchas veces se llevan la peor parte en materia de vulneración de derechos.

Estigmatizadas como el resto de la población carcelaria pero aún más invisibilizadas, mujeres y disidencias de distintas cárceles lograron en los últimos meses dar cierta difusión a reclamos puntuales ante situaciones acuciantes. Lo hicieron mujeres cis y trans presas en el Complejo Penitenciario IV de Ezeiza, así como personas intersex detenidas en Los Hornos, provincia de Buenos Aires, o en la cárcel de Bouwer, en Córdoba. Falta de agua, insuficiencia de comida, no acceso a tratamientos y atención médica –incluso cuando había síntomas o diagnósticos confirmados de Covid- fueron algunos de los asuntos por los que alzaron la voz. La respuesta, en casos como el de Córdoba, llegó en forma de represión.

Situaciones que forman parte de un todo del que aún resta mucho por conocer.

También hay escasez de datos

Recién desde 2015 el Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) registra la población trans/travesti privada de su libertad.

El salto poblacional desde entonces fue marcado: de 33 personas ese año a 124 en 2020. El Servicio Penitenciario Bonaerense aloja al 77% de esta población. Y la Ley 23.737 –Ley de Drogas- representa la principal causa de encarcelamiento de mujeres trans/travesti, sobrerrepresentadas en las prisiones en comparación con otros grupos.

En 2017, un 43 por ciento de las mujeres (1.561) y el 70 por ciento del total de personas trans (89) estaban encarceladas por estos delitos, según consignó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su informe de 2019: “Guerra contra el narcotráfico, guerra contra los pobres”.

De acuerdo al informe anual de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) presentado en 2020, la evolución de la población de mujeres cis y personas trans encarceladas registra un “claro aumento” desde hace décadas. De todos modos, sigue siendo muy minoritaria.

Según los datos de la Dirección Nacional de Política Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, hacia fines del 2019 había más de 4.500 mujeres cis y personas trans detenidas en Argentina: un 5% de la población penal total.

Este crecimiento se da a nivel global: entre 2000 y 2017 la población carcelaria femenina aumentó en un 53.3 por ciento, mientras que la de los hombres aumentó en un 19.7 por ciento, según datos citados en el informe “Mujeres Trans privadas de su libertad: la invisibilidad tras los muros”, impulsado por la PPN, junto a organizaciones regionales.

“La cárcel pesa y agobia a toda la población, pero sobre todo a la población femenina, a mujeres y diversidades”, remarca Josefina Ignacio, del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) “Porque la cárcel está construida, fue concebida, para varones. Desde lo edilicio, los tratamientos, la lógica carcelaria. Las mujeres se tuvieron que ir adaptando a eso. La cárcel tiene una lógica muy patriarcal, está gobernada por una institución absolutamente verticalista y eso hace que sea muy machista. La mujer trans o cis que llega a la cárcel en general ya ha sido vulnerada y en la mayoría de los casos ha sufrido violencia de género. Casi todas. Lo encontrás en cada uno de sus testimonios. Y lo siguen padeciendo ahí adentro”.

Menos salud

“Todo está atravesado en este momento por la pandemia. Las cárceles traen muchos problemas estructurales, de trato, desde siempre. Pero la pandemia lo puso más visible y profundizó muchas de estas cuestiones”, dice Verónica Manquel, Coordinadora del Equipo de Género y Diversidad de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).

Resalta también que un punto que preocupa especialmente tiene que ver con el acceso a la salud. “En 2020 y 2021 el problema del acceso a la salud fue cada vez más crítico. Y eso afectó de manera diferencial a los distintos colectivos. Sobre mujeres y población trans, el acceso a controles en general y en particular sobre salud sexual y reproductiva o no fueron puntos muy sensibles. Durante mucho tiempo en el SPF no contábamos con fallecimientos de mujeres y trans y en 2020 hubo casos, por temas no directamente vinculados con Covid sino por deficiencias, demoras en el acceso a la atención que terminaron en situaciones críticas”.

Para Manquel, “la pandemia se apoyó sobre sistemas sanitarios intracarcelarios que ya eran críticos y eso se sumó a que todos los sistemas de salud estaban en crisis a nivel nacional. Se cortó o fue más difícil acceder a intervenciones extramuros. Todo dependía de la atención intramuros y eso fue un problema”.

“Aun manifestando tener síntomas de Covid y volando de fiebre, no acceden a tomarte la temperatura e hisoparse”, contaba a fines de enero desde el Complejo Penitenciario IV de Ezeiza una detenida que optaba por el anonimato. La falta de garantías sanitarias descritas por Whatsapp incluían carencia de agua potable “desde Navidad” y “una plaga de ratas que no exterminan y su justificativo es que no tienen presupuesto para comprar veneno”. Recién en a mediados de febrero el panorama comenzaba a modificarse.

“Hay una dificultad con el acceso a la salud en todas las unidades, y más en las de mujeres, que necesitan cosas más específicas respecto a la salud: la cuestión ginecológica, obstétrica, con el Covid y la pandemia hubo mucha demanda de asistencia psicológica. Hubo intentos de suicidio. Para las personas encarceladas, sobre todo para las mujeres sin visitas de hijos, fue muy dura la pandemia. Estuvieron mucho más tiempo que nosotros sin contacto”, compara Ignacio, del CNPT.

Para Victoria Darraidou, Coordinadora del equipo Seguridad democrática y violencia institucional del CELS, “esta población padece problemas de salud con mayor incidencia que la población general. Entre las patologías más comunes se encuentra el VIH-sida. Los tratamientos y asistencia suelen verse interrumpidos o demorados durante el encierro. Por otra parte, en la mayoría de los casos se ven suspendidos los tratamientos hormonales ocasionando problemas para la salud física y psicológica de las personas. Además, las personas trans/travestis denuncian un trato desigual y discriminatorio por parte del personal médico penitenciario y una demora excesiva entre el pedido de asistencia médica y la concreción de la atención requerida”.

Más sujeción

Adriana Revol se define como “militante anticarcelaria” y habla desde Córdoba para denunciar la situación de las mujeres cis y trans presas en Bouwer, prisión que depende del gobierno provincial. Coincide en que “la pandemia ha venido a agudizar problemas existentes históricamente” y advierte que la asistencia médica “no es poca, es inexistente”.

La ola de calor de enero encontró a las presas de Bouwer casi sin agua. “Se las cortaban al mediodía y volvía a las 12 de la noche, cuando estaban encerradas bajo llave en las celdas, sin poder salir a bañarse. La comida no era suficiente, porque era para 10 personas -el cupo que tiene ese lugar de aislamiento- pero había 19. Pedían un paracetamol, ibuprofeno, para bajar la fiebre de las mujeres, porque ahí estaban las positivas de Covid. Pedían lo básico y no les daban. De asistencia médica, ni hablar. Esa fue la gota que rebalsó el vaso. ¿Cuál fue la respuesta del estado? La represión. Entran las fuerzas de seguridad especiales del Servicio Penitenciario con balas de goma”.

Revol cuenta que en el marco de esa represión “a algunas personas las llevaron a las camas de sujeción, donde las atan de pies y manos, a veces del torso. Las horas o días hasta que se curen, dicen ellos, porque esta receta la firma el médico. Córdoba es la única provincia donde existen. Estamos peleando contra esto, pero está avalado por el Poder Judicial, que sería el cómplice de la tortura. No existiría si el Poder Judicial no la avalara”.

Según la militante anticarcelaria, “esa medida de sujeción, como los psicofármacos y chalecos químicos, las sufren más las mujeres. Como somos locas, histéricas, sufrimos más ese tipo de represión”.

Fue el 9 de enero cuando las protestas dieron paso a las camas de sujeción. Un día antes, un grupo de detenidas había recibido el resultado positivo del test de coronavirus. Para aislarlas, las enviaron a un sector reducido, sin ventilación ni heladera, en días con temperaturas agobiantes. La cuarentena no incluía atención médica. Tras más de 24 horas en ese encierro dentro del encierro, quemaron un colchón a modo de reclamo. Los matafuegos no alcanzaron y las mangueras llegaron tarde. Una mujer tuvo que ser internada con quemaduras graves. Para las demás, llegó el castigo: sujeción o traslados.

Menos visitas

Otra forma de “torturas”, dice Revol, son los traslados. Porque, en el caso de las mujeres cis y trans y ante la menor cantidad de espacios de encierro disponibles para ellas, los traslados implican más lejanía. Y más lejanía implica menos visitas, en colectivos que ya de por sí son menos visitados que los masculinos.

“Está estudiado que hay menos visitas a mujeres. En muchos casos porque las cárceles de mujeres están alejadas de centros urbanos y eso hace más difícil el acceso. Muchas veces no cuentan –sobre todo en el caso del colectivo trans- con familiares que puedan acercarse. Ahí las organizaciones cumplen ese rol”, explica Manquel, de la PPN.

Ese tipo de redes las tendió en Bouwer el colectivo Solidaridad Anticarcelaria, del que participa Revol. Pero aclara que quienes ponen el cuerpo son “un grupo de pibas que llevan paquetes a mujeres trans que no reciben visitas, las más abandonadas”. Desde que comenzó la pandemia, les acercan medicamentos, ropa, calzado, yerba, galletas. “Vamos una o dos veces al mes. El gasto es muchísimo”, dice Revol, y acota que “el Servicio Penitenciario pone todos los obstáculos habidos y por haber. Sólo permite a cada una dejar cosas para tres personas, entonces tienen que viajar varias. Ellas y elles son quienes están poniendo el cuerpo, comprando, bancando horas y horas de espera”.

“La visita para las personas detenidas cumple una doble función, que no es solo el contacto y sostenimiento afectivo, sino también lo material. En las mujeres y trans, encima de que son poco visitadas en relación a los varones, la pandemia las dejó más aisladas aún. Eso recrudeció un montón la vida al anterior de la cárcel. En 2021 se retomaron las visitas de forma progresiva, pero siguen teniendo algunas dificultades. También porque el Covid sigue circulando y se aíslan muchos pabellones. Hay un rebrote importante de muchas cárceles, en particular de mujeres, como en el Complejo 4”, detalla Manquel.

Desde allí, una detenida describe que “el salón de visita no se encuentra en condiciones para recibir a nuestros familiares y amigos. Los trámites que exigen para comprobar vínculo son una burocracia casi imposible de completar y los cupos de amigos son solo tres”. El deterioro de las condiciones edilicias –como las del salón de visita- también empeoró en pandemia, cuentan las especialistas que volvieron a recorrer los pabellones en 2021.

“La mujer que llega a la cárcel es mucho más estigmatizada en la familia, en el barrio, que el varón que llega a la cárcel. No recibe visitas, no recibe alimentos, cosas de higiene personal. El encierro es mucho más gravoso para la mujer. Muchas eran jefas de familia, contenedoras del grupo familiar. De hijos, padres, familiares enfermos. Al ir a la cárcel eso se rompe y le pesa a la mujer”, describe Ignacio. La destrucción del vínculo materno-filial es señalada como una “pena añadida a la condena”, y extiende el castigo sobre hijos e hijas de mujeres presas.

El informe anual presentado en 2019 por el CNPT ante la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo advertía que “todas estas penas añadidas que sufren las mujeres encarceladas se acentúan en el caso de un colectivo emergente en las prisiones de la Argentina, como es el de las extranjeras, que representan un alto porcentaje en las cárceles federales, en su gran mayoría acusadas de violaciones a la ley de drogas. En la medida en que la legislación y las prácticas penitenciarias no contemplan las singularidades y problemas específicos, las mujeres cis y trans sufren en mayor grado violaciones de sus derechos fundamentales y se constituyen en uno de los grupos más vulnerados”.

Más discriminación

En septiembre de 2020, el tribunal Oral Federal de Posadas emitió un dictamen favorable para que pudiera acceder a la prisión domiciliaria una joven trans alojada en el CPF IV de Ezeiza, por encontrarse en una situación de desprotección en el marco de sus condiciones de detención.

Según difundió entonces la PPN, la joven de 19 años “sufría sistemáticamente actos discriminatorios y violencia psicológica en virtud de su identidad de género. Asimismo, el argumento transversal del pedido fue la falta de un espacio de alojamiento adecuado”, ya que “el SPF no dispone de unidad que aloje personas mujeres transgénero menores de edad. En consecuencia, ante la falta de opciones respetuosas del derecho a la identidad de género de la detenida, la única vía a disposición, compatible con el respeto a la integridad personal y que permitirá el cese de las situaciones discriminatorias, será mediante el uso de la prisión domiciliaria”.

La falta de alternativas para el alojamiento de acuerdo a la identidad de género, y los episodios de discriminación y violencias que eso genera, forman parte de las problemáticas específicas de este colectivo en prisión. El criterio no es unificado: por lo general en la Argentina las mujeres trans son alojadas con mujeres cis, también hay pabellones específicos y poca claridad para situaciones como los procesos de transición que se dan intramuros.

Josefina Alfonsín, responsable del proyecto sobre LGTB+ en contexto de encierro de la PPN, está trabajando en un relevamiento diagnóstico mediante entrevistas con personas trans encarceladas. Se decidió encarar el proceso previo a la pandemia, pero luego el Covid-19 obligó a postergarlo y reconstruir los objetivos de ese mapeo, que hoy analiza también los efectos de la pandemia en este colectivo.

El análisis contempla cuestiones como las condiciones de vida previas a la detención, el momento en sí, las situaciones de selectividad penal y el impacto de la Ley de Identidad de Género en las comisarías. Uno de los aspectos que emerge, aunque el trabajo aún está en curso, tiene que ver con el “derecho a la consulta” en torno al lugar de alojamiento.

“Hay un consenso, ni desde el Poder Judicial ni desde el Servicio Penitenciario consultan sobre el lugar de alojamiento. Lo que termina pasando es que hay situaciones de discriminación tanto por personal penitenciario como por el resto de las detenidas”, plantea Alfonsín. Y sostiene que “deberían existir mayores espacios de alojamiento para personas de la diversidad y fortalecer el derecho a la consulta sobre su régimen de vida dentro de la prisión. Falta trabajar una línea de diversidad sexual en todo el Servicio Penitenciario Federal”.

Qué pasa con la población trans luego del encierro

Otro de los puntos del diagnóstico, vinculado a las condiciones de vida previas, también está exponiendo un universo común para gran parte de las personas trans detenidas. Falta de oportunidades laborales y desarraigo familiar forman parte de un combo que vuelve a repercutir en el después, tras el encierro. “Hay que pensar políticas postpenitenciarias para este colectivo –insta Alfonsín- y señala que las dificultades por los prejuicios existentes dentro del Poder Judicial niegan por ejemplo arrestos domiciliarios porque estas mujeres no tienen una casa. Sufren dificultades a medidas alternativas al encierro carcelario y faltan políticas para el momento de recuperar la libertad”, resume.

“Es muy común que no se respete el género autopercibido de las personas travestis y trans. Este acto de discriminación por lo general queda plasmado en las actas policiales y luego es arrastrado en los expedientes judiciales. Los malos tratos y hechos de torturas ejecutados por el personal penitenciario, que son moneda corriente en la población general, asumen una connotación sexualizada y más extendida cuando se trata de población trans/ travesti”, compara Darraidou, del CELS.

Nada de esto es exclusivo de Argentina. Y si bien, cada país de la región tiene sus particularidades al analizar la situación de las personas trans, “el patrón cultural de la criminalización está”, afirma Alfonsín. “Recién en estos últimos años se empezó a producir información sobre qué pasa con estas personas en las cárceles. En cada país va variando según las problemáticas locales, en El Salvador o México hay problemas con el crimen organizado, pero sí es una población altamente criminalizada. Y si analizás las condiciones de vida previas a ser capturadas por el sistema penal, también se encuentran con una realidad muy parecida a la Argentina. Acá la Ley de Identidad de Género es de vanguardia, pero dentro de los penales, si bien se avanzó un poquito en pensar alguna política penitenciaria desde otro enfoque, no resulta suficiente. Falta mucho”.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Adriana Revol, Ámbito carcelario, Argentina, COVID-19, Pandemia, Prisiones, Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena (SNEEP)