ISLA ESPÍRITU SANTO, El Salvador. Tras una denuncia anónima Sandra Hernández y su pareja Eidi Claros fueron detenidas por, supuestamente, pertenecer a una pandilla. Hernández afirma que sus compañeros de trabajo las denunciaron ante las autoridades. Dice que les parecía ofensivo ver a una pareja de lesbianas progresar en una comunidad costera del país centroamericano.

La pareja fue detenida una noche de abril de 2023 por una denuncia anónima. Luego fueron enviadas a la cárcel en el marco del Régimen de Excepción en El Salvador, vigente desde el 27 de marzo de 2022. Ninguna de las dos pertenece a las “mara” salvadoreñas.

Hernández fue liberada un mes más tarde con medidas sustitutivas a la detención porque iba ser intervenida quirúrgicamente para quitarle la matriz. En cambio, su pareja hasta ahora sigue detenida. Sandra no tiene ninguna información de su estado.

Hernández y Claros se conocieron en prisión en 2017. Una purgaba una pena por agrupaciones ilícitas y la otra por el ingreso de drogas en penales. Al cumplir su condena y salir de la cárcel, las mujeres se establecieron en 2018 la isla Espíritu Santo, 107 kilómetros sudeste de la capital, San Salvador, lugar de origen de Hernández.

Iniciaron desde cero su proyecto para construir su casa, elaborada en su mayoría de varas de coco. Sandra también compró una motocicleta y la modificó para convertirla en carretón para transportar cargas y personas. Además, pidió autorización a los directivos de la cooperativa que administran la isla para que Eidi tuviera su puesto de café y pan dulce en el embarcadero del lugar.

“Hay bastante discriminación de parte de los hombres, aquí el machismo prevalece. El hombre sí puede tener dos o tres mujeres y se siente más hombre. Pero ver que una mujer está con otra mujer y que las dos se llevan bien y van escalando por su trabajo, eso no les parece”, dijo Sandra a Presentes.

Denunció que sus compañeros, que también se dedican al rubro del transporte de carretón, acosaban a Eidi en su puesto, y le hacían ofrecimientos sexuales.

Aseguró que estaban «envidiosos» de su relación y del éxito que había cosechado con la clientela para el transporte. Algunos de sus compañeros pidieron a la junta directiva que le retirara el permiso a Eidi, simplemente porque no era de la comunidad. “Aquí no puede haber una mujer con otra mujer”, se lamentó Hernández de 43 años de edad.

Cómo fue la detención

La noche del 28 de abril de 2023, un grupo de soldados llegó a la vivienda de la pareja para llevarse a Sandra, por su antecedente en prisión. Aunque ella ya había cumplido su pena. Como Eidi los interrogaba, los militares la detuvieron a ella también, mientras la insultaban por ser lesbiana, señaló la Red de Defensoras de Derechos Humanos.

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— CIS Directora (@CisDirector) May 12, 2023

El Salvador permanece desde hace dos años bajo un régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, para combatir a las violentas pandillas. Implementado desde el 27 de marzo de 2022, los cuerpos de seguridad del Estado han detenido a más de 78.000 supuestos pandilleros.

Sin embargo, estas estructuras criminales no permiten entre sus integrantes miembros de la población LGBTI.

Organizaciones de derechos humanos informaron que cientos de personas fueron detenidas luego de ser denunciadas a través de llamadas o señalamientos anónimos promovidas por razones personales.

A dos años del régimen de excepción, Amnistía Internacional señaló que “la suspensión de derechos que de acuerdo con los estándares internacionales deben garantizarse bajo cualquier circunstancia, tales como el derecho a un juicio justo, el principio de legalidad en materia penal, y la prohibición de la tortura y de la discriminación, son acciones que no pueden justificarse bajo ninguna circunstancia, ni contexto”.

Temor a las autoridades

Desde que Sandra Hernández fue liberada de prisión ha redoblado sus esfuerzos para obtener dinero. Debe costear sus propios gastos y pagar la manutención de su pareja Eidi Claros, en prisión.

Hernández debe conseguir 150 dólares mensuales para pagar un paquete de víveres que le entregan a su pareja en prisión. Además, destinar 50 dólares adicionales de transporte para llegar hasta la prisión, al otro extremo del país. También debe juntar otra cantidad para viajar desde su lugar de residencia a otro departamento para firmar en un juzgado cada 15 días.

Los habitantes de la isla no reportan incidencias de pandillas en el pasado. Sin embargo, han sido detenidos arbitrariamente 25 personas en similares condiciones. Sólo ocho personas han sido liberadas.

Socorro Jurídico Humanitario y el Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS), una organización que busca el desarrollo de las comunidades salvadoreñas desde 1993, preparan una demanda contra el estado de El Salvador en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por los casos en la isla.

Los residentes denuncian que todos los detenidos fueron capturados porque los policías y soldados debían cumplir con cuotas diarias de detención y por denuncias anónimas que las autoridades no investigaron previamente.

#RégimenDeExcepción 240 fallecidos
Contexto:
La implementación del Régimen de Excepción (RE) en #ElSalvador (la primera vez el 27 de marzo del año 2022, que se ha prorrogado 24 ocasiones), por la supuesta “ruptura de un pacto del gobierno con las pandillas” (las pandillas… pic.twitter.com/AHlAJsf4eI

— Socorro Jurídico Humanitario (@SJHumanitario) March 28, 2024

Un lugar sin pandillas

En la empobrecida isla residen unas 350 familias, más de 1.300 personas que se dedican, la mayoría, a la producción de cocos, a la pesca y la extracción de curiles (moluscos) en los manglares.

“Es un lugar muy hermoso, todo es tranquilo, no hay peligro de nada. Todo es tranquilidad en este lugar. El turista cuando viene le gusta porque es una zona bien tranquila”, dijo a Presentes, Salvador Panameño, un habitante de 59 años.

Por esa razón, la comunidad está sorprendida por los operativos y las capturas. Denuncian que temen ante la presencia de soldados y policías que patrullan el lugar, ya que podrían detenerlos por cualquier razón.

El 11 de marzo, detuvieron a Verónica Delgado, una activista salvadoreña que busca a su hija desaparecida en el país. Fue detenida por la policía supuestamente por agrupaciones ilícitas, luego que un agente policial la consideró “sospechosa”.

Pese a tener una carta de libertad, la integrante del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador, fue liberada el 3 de abril, cuando concluyeron los días festivos por Semana Santa.

El Socorro Jurídico Humanitario, que asiste legalmente a víctimas del régimen de excepción, estima que, durante dos años, unas 26.000 personas están siendo procesadas sin pruebas. Además, guardan prisión en las hacinadas cárceles, hasta un 148%.

Además, señalan que 240 personas han muerto bajo custodia del Estado, 238 adultos y 2 menores de edad. A más de 5,775 de personas se les han violado los derechos humanos.

Detenciones y discriminación

La organización Amate reporta 62 vulneraciones a poblaciones LGBTI+ en el marco del estado de emergencia, entre ellas 39 son detenciones arbitrarias, afectando principalmente a mujeres trans y hombres gay.

Al ser cuestionado por todas las detenciones arbitrarias, Nayib Bukele, dijo que en ningún lugar no había “policía perfecta”.

“¿Nuestra policía ha cometido errores? Por supuesto. Es por eso que nuestro sistema judicial ha liberado personas inocentes y seguirán liberando a todas las personas arrestadas erróneamente”, expresó Bukele en conferencia de prensa el día que ganó su reelección el 4 de febrero.

#Comunicado | Organizaciones de la sociedad civil presentaron informe sobre los dos años del #RégimenDeExcepción, a partir de 6,305 denuncias de violaciones de derechos humanos, que se traducen en 16,289 hechos o afectaciones a derechos. pic.twitter.com/tXtEN5PXnB

— AMATE El Salvador (@amateelsalvador) April 4, 2024

“Lamentablemente, la tendencia del Estado Salvadoreño a minimizar, ocultar, deslegitimar y negar los señalamientos provenientes de diversos actores, tanto nacionales como internacionales, con respecto a las graves violaciones que se han documentado en El Salvador, sugiere que durante el segundo mandato del presidente Bukele podría haber una profundización de la crisis que se ha observado durante los últimos años”, señaló Amnistía Internacional en un comunicado.

La guerra contra las pandillas ha permitido que el número de homicidios se reduzca en un 68.8% durante el año 2023, según estadísticas oficiales. Las autoridades reportan que el año pasado se cometieron 154 asesinatos, frente a los 495 del año previo.

Aunque que Eidi permanece detenida, Sandra instala todos los días el puesto de café que ella atendía en el embarcadero, con el anhelo que su compañera regrese a la isla. 

“Llego a la casa, miro las fotos de ella, miro las cosas de ella. En aquella soledad, no tengo con quien hablar, y quisiera pensar que esto es un sueño y que ya va a pasar, pero a ver cuándo se acaba, porque solo le pedimos a Dios fuerzas para pasar esto, porque no es fácil”, expresó.