Mariposas verdes es el nombre del proyecto multiformato inspirado, entre otros, en el caso del joven colombiano Sergio Urrego, que se quitó la vida en 2014 tras sufrir discriminación homófoba por parte de la dirección de su colegio. Mientras que el libro, escrito por Enrique Patiño, se acaba de presentar, el estreno de la película se ve aplazado por segunda vez. En esta ocasión, Robert Urrego (el padre del fallecido Sergio) ha interpuesto una tutela para impedir el estreno de la película. En su opinión, porque el film “viola el derecho a la dignidad, el buen nombre, la memoria y la imagen” de su hijo. Una medida que, en este caso, comparte su exmujer y madre de la víctima, Alba Reyes. No así el director de la cinta, Gustavo Nieto Roa, quien ha explicado que “la idea de hacer esta película surgió a raíz de muchos casos de suicidios y matoneo que comenzaron a hacerse públicos para escándalo de toda la opinión pública”.

El escritor, cronista y fotógrafo Enrique Patiño, acaba de ver publicada la novela Mariposas verdes, cuyo subtítulo es: el amor no tiene género. La presentación tenía lugar el pasado domingo, 7 de mayo, en la Feria del Libro de Bogotá. El libro, “inspirado en hechos reales” (en referencia a la historia de homofobia padecida por Sergio Urrego), como reconoce el autor en la portada, ve la luz pública bajo el sello de Ediciones B.

Este es un fragmento de la sinopsis del libro: “Mateo ha decidido morir. Antes de hacerlo, escribe una última carta a su mejor amigo del colegio, Daniel, en la que resume sus pensamientos, pero también sus inquietudes sobre de la vida, la libertad, el amor y sobre sus propias elecciones, que chocan contra un entorno incapaz de aceptar la diferencia”. Una descripción que guarda una clara relación con la experiencia de Sergio Urrego.

En cambio, la película del mismo nombre que la novela y que forma parte de un proyecto multiplataforma, no podrá estrenarse por el momento. Su fecha inicial de lanzamiento era en abril, pero como consecuencia del estado de salud del director, Gustavo Nieto Roa (de 75 años), se tuvo que retrasar unas semanas. Ante la proyección mediática de la noticia del estreno, el padre de Sergio, Robert Urrego, ha decidido interponer una tutela que impide su exhibición pública por el momento. Esta acción legal, compartida por Alba Reyes (madre de Sergio y exesposa de Robert).

Mientras que los padres parece que están de acuerdo, al menos por el momento, en que la película no se proyecte en los cines, Idania Velásquez, una de las promotoras e ideólogas del proyecto, alude a la “libertad de expresión” para que no se censure.

Para Nieto Roa, “la idea de hacer esta película surgió a raíz de muchos casos de suicidios y matoneo que comenzaron a hacerse públicos para escándalo de toda la opinión pública”. No obstante, los progenitores de Sergio Urrego sostienen que el film “viola el derecho a la dignidad, el buen nombre, la memoria y la imagen” de su hijo, tristemente fallecido tras sufrir acoso de carácter homófobo. Por el momento, habrá que esperar a conocer la decisión sobre el fallo de la tutela por parte de la justicia colombiana.

En Mariposas verdes intervienen actores de México y Colombia. Protagonizada por Deivi Duarte y Kevin Bury, que interpretan a una pareja de novios acosados en su centro escolar debido a su orientación sexual. Julio Bracho, Cecilia Suárez, Andrés Cardona, Juliana Rendón y Victoria Ortiz son otros rostros de la película. Completan el reparto otros actores experimentados como Consuelo Luzardo, Juan Pablo Gamboa y María Elena Döring. Este es el tráiler de la película:

La historia de Sergio Urrego

Cristianos Gays siguió en su momento con cierto detalle la historia de Sergio Urrego, un adolescente gay, ateo y anarquista que cursaba (con gran brillantez académica, por cierto) bachillerato en el colegio Gimnasio Castillo Campestre, un centro privado y de orientación católica de Bogotá. El 4 de agosto de 2014 Sergio decidió quitarse la vida lanzándose desde la terraza de un centro comercial tras ser injustamente acusado de acosar a otro alumno, después de que un profesor descubriera en su móvil una foto en la que ambos aparecían besándose. En ese momento, el centro acusó a los dos jóvenes de haber cometido una falta grave, porque el manual de convivencia decía que estaban prohibidas “las manifestaciones de amor obscenas, grotescas o vulgares en las relaciones de pareja dentro y fuera de la institución” y que estas relaciones debían ser autorizadas por los padres.

Por ello, la psicóloga del centro obligó a ambos adolescentes a contar lo sucedido a sus progenitores. Los padres de Sergio reaccionaron positivamente, pero los del otro joven aislaron a su hijo y le impidieron seguir acudiendo a clase. La madre de Sergio, Alba Reyes, mantuvo entonces una reunión con la rectora Amanda Azucena Castillo, quien le dijo que su hijo no podía volver. Decidió por ello presentar una queja por la discriminación a la que su hijo se estaba viendo sometido. La dirección del centro se defendió alegando que el motivo por el cual Sergio no podía volver era porque existía una queja por acoso sexual contra él, algo sobre lo que el centro nunca presentó prueba alguna. La familia de Sergio llegó a aportar, además, a requerimiento del centro, un certificado de acompañamiento psicológico según el cual el joven no tenía problema alguno, pese a lo cual se le negó el poder reanudar sus clases y terminar el curso. Finalmente, los padres del novio de Sergio interpusieron una demanda por supuesto acoso sexual, lo que acabó de destrozar al joven, que se quitó la vida después de dejar varias notas que probaban su inocencia.

Durante todo este tiempo se han sucedido diversas noticias relacionadas con el caso, como la sorprendente revocación del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que en primera instancia reconoció la discriminación sufrida por Urrego o la sanción impuesta al colegio por las autoridades educativas. La acción de tutela interpuesta por la madre de Sergio acabó llegando hasta la Corte Constitucional de Colombia, que además de ordenar en 2015 que se llevara a cabo un acto público de desagravio a la memoria del estudiante, determinó que el Ministerio de Educación Nacional debía revisar los manuales de convivencia para, según reza la sentencia, “determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual e identidad de género de los estudiantes y para que incorporen formas nuevas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permita aprender del error, respetar la diversidad (…)“.

Un fallo que, como también recogimos en su momento, desató la ira de los sectores ultraconservadores colombianos, que entre otras cosas situaron en el punto de mira durante los meses posteriores a Gina Parody, ministra de Educación y abiertamente lesbiana, por sus esfuerzos a la hora de implementar la sentencia e introducir el respeto a la diversidad sexual y de género en las aulas. Parody, de hecho, acabó presentando su dimisión en octubre de este año.

El proceso penal

En cualquier caso, en paralelo al proceso administrativo, la Fiscalía investigó también lo ocurrido por la vía penal. Fue en mayo de 2015, después de varios intentos fallidos por dilaciones de las acusadas, que se imputaba a Amanda Azucena Castillo, rectora del centro, a Ivón Andrea Cheque, la psicóloga, y a Rosalía Ramírez, veedora del colegio, por los delitos de discriminación agravada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y falsa denuncia. De hecho, el que fuera novio de Sergio apareció para declararse víctima en el proceso y denunciar que hubo presión a su familia por parte de la rectora para denunciar a Urrego. Las declaraciones de varios compañeros de clase a la Fiscalía aportaron también indicios de que el colegio denigró a Urrego por su condición de homosexual y de ateo, llegando incluso a prohibirles faltar a clase para acudir a su funeral.

A finales de 2016, después de que la acusada llegara a un acuerdo con la Fiscalía que le supone una rebaja de la pena, la veedora del Gimnasio Castillo Campestre, Rosalía Ramírez, era condenada a 27 meses de prisión domiciliaria y a pagar 90 millones de pesos por su participación en los hechos, en lo que se considera primera condena penal por discriminación homófoba en la historia de Colombia.

Fuente Dosmanzanas

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Primera sentencia condenatoria en el caso de Sergio Urrego, el adolescente colombiano que se quitó la vida en 2014 tras sufrir discriminación homófoba por parte de la dirección de su colegio. El calvario de Urrego, falsamente acusado de acosar a un compañero, comenzó después de que un profesor descubriera en el teléfono móvil del chico una fotografía en la que se besaba con su novio. Un caso que supone un antes y un después en la historia de la justicia colombiana a la hora de abordar la discriminación por orientación sexual.

En Cristianos Gays hemos seguido en su momento con cierto detalle la historia de Sergio Urrego, un adolescente gay, ateo y anarquista que cursaba (con gran brillantez académica, por cierto) bachillerato en el colegio Gimnasio Castillo Campestre, un centro privado y de orientación católica de Bogotá. El 4 de agosto de 2014 Sergio decidió quitarse la vida lanzándose desde la terraza de un centro comercial tras ser injustamente acusado de acosar a otro alumno, después de que un profesor descubriera en su móvil una foto en la que ambos aparecían besándose. En ese momento, el centro acusó a los dos jóvenes de haber cometido una falta grave, porque el manual de convivencia decía que estaban prohibidas “las manifestaciones de amor obscenas, grotescas o vulgares en las relaciones de pareja dentro y fuera de la institución” y que estas relaciones debían ser autorizadas por los padres.

Por ello, la psicóloga del centro obligó a ambos adolescentes a contar lo sucedido a sus progenitores. Los padres de Sergio reaccionaron positivamente, pero los del otro joven aislaron a su hijo y le impidieron seguir acudiendo a clase. La madre de Sergio, Alba Reyes, mantuvo entonces una reunión con la rectora Amanda Azucena Castillo, quien le dijo que su hijo no podía volver. Decidió por ello presentar una queja por la discriminación a la que su hijo se estaba viendo sometido. La dirección del centro se defendió alegando que el motivo por el cual Sergio no podía volver era porque existía una queja por acoso sexual contra él, algo sobre lo que el centro nunca presentó prueba alguna. La familia de Sergio llegó a aportar además, a requerimiento del centro, un certificado de acompañamiento psicológico según el cual el joven no tenía problema alguno, pese a lo cual se le negó el poder reanudar sus clases y terminar el curso. Finalmente, los padres del novio de Sergio interpusieron una demanda por supuesto acoso sexual, lo que acabó de destrozar al joven, que se quitó la vida después de dejar varias notas que probaban su inocencia.

Durante todo este tiempo se han sucedido diversas noticias relacionadas con el caso, como la sorprendente revocación del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que en primera instancia reconoció la discriminación sufrida por Urrego o la sanción impuesta al colegio por las autoridades educativas. La acción de tutela interpuesta por la madre de Sergio acabó llegando hasta la Corte Constitucional de Colombia, que además de ordenar en 2015 que se llevara a cabo un acto público de desagravio a la memoria del estudiante, determinó que el Ministerio de Educación Nacional debía revisar los manuales de convivencia para, según reza la sentencia, “determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual e identidad de género de los estudiantes y para que incorporen formas nuevas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permita aprender del error, respetar la diversidad (…)“.

Un fallo que, como también recogimos en su momento, desató la ira de los sectores ultraconservadores colombianos, que entre otras cosas situaron en el punto de mira durante los meses posteriores a Gina Parody, ministra de Educación y abiertamente lesbiana, por sus esfuerzos a la hora de implementar la sentencia e introducir el respeto a la diversidad sexual y de género en las aulas. Parody, de hecho, acabó presentando su dimisión en octubre de este año.

El proceso penal

En cualquier caso, en paralelo al proceso administrativo, la Fiscalía investigó también lo ocurrido por la vía penal. Fue en mayo de 2015, después de varios intentos fallidos por dilaciones de las acusadas, que se imputaba a Amanda Azucena Castillo, rectora del centro, a Ivón Andrea Cheque, la psicóloga, y a Rosalía Ramírez, veedora del colegio, por los delitos de discriminación agravada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y falsa denuncia. De hecho, el que fuera novio de Sergio apareció para declararse víctima en el proceso y denunciar que hubo presión a su familia por parte de la rectora para denunciar a Urrego. Las declaraciones de varios compañeros de clase a la Fiscalía aportaron también indicios de que el colegio denigró a Urrego por su condición de homosexual y de ateo, llegando incluso a prohibirles faltar a clase para acudir a su funeral.

Más de un año y medio después, y después de que la acusada llegara a un acuerdo con la Fiscalía que le supone una rebaja de la pena, la veedora del Gimnasio Castillo Campestre, Rosalía Ramírez, ha sido condenada a 27 meses de prisión domiciliaria y a pagar 90 millones de pesos por su participación en los hechos. Eso sí, como parte del ventajoso acuerdo con la Fiscalía, Ramírez testificará contra Amanda Azucena Castillo e Ivón Cheque.

La condena a Rosalía Ramírez ha sido recibida con satisfacción por el colectivo LGTB Colombia Diversa, involucrado desde el primer momento con junto a la familia de Urrego en el proceso legal. Para Colombia Diversa, se trata del “primer fallo condenatorio por discriminación por orientación sexual, un hecho que nunca se había registrado en Colombia”. Para el prestigioso diario El Espectador, que este jueves editorializaba sobre el tema, “el país sigue en mora de implementar los correctivos en el sector educativo para que nunca más tengamos que repetir tragedias similares”. “Más allá de la sentencia, necesaria, y de lo que eso significa (…) nos parece importante que la administración de justicia diga eso que las otras instituciones del Estado han dicho con timidez y, recientemente, no han querido repetir: que allí donde haya discriminación entrará la autoridad a proteger a los marginados, que los prejuicios no pueden ser el modo normal de nuestras relaciones como sociedad”, añade el texto.

Seguiremos la evolución del proceso.

Fuente Dosmanzanas

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Multitudinaria manifestación convocada por la Conferencia Episcopal de Colombia

“¡Hombres y mujeres, así nos hizo Dios!”, “¡A mis hijos los educo yo, no el Estado!”

Como publicábamos hace unos días, un fallo de la Corte Constitucional de Colombia ordenó en 2015 la revisión de los manuales de convivencia escolar a fin de evitar la discriminación de estudiantes por su orientación sexual e identidad de género. Dio un año de plazo, el cual vence el próximo 15 de septiembre. La medida ha provocado las protestas de grupos religiosos, que no han dudado en sembrar la polémica desinformando sobre el alcance de la medida y alarmando a muchos padres de familia. Y a ello se ha sumado la Conferencia Episcopal colombiana quien, basándose en las últimas declaraciones del papa Francisco no han dudado en azuzar a sus “fieles” con la mentira y la homofobia… En España ya salieron a la calle y perdieron la batalla.

Una revisión que ha generado toda una serie de protestas y reclamos por parte de grupos religiosos, que no han dudado en exagerar y desinformar sobre su alcance, argumentando por ejemplo que Gina Parody, ministra de Educación de Colombia y abiertamente lesbiana, desea “homosexualizar a la juventud”, o que el requerimiento de no discriminar a los menores transexuales en el acceso a los aseos de los colegios supone acabar con las distinciones entre sexos. La escalada de LGTBfobia ha llegado al punto que la diputada por el departamento de Santander, Ángela Hernández, miembro de la Iglesia Cuadrangular (una iglesia evangélica), citó a un debate de control calificando la norma de “colonización gay”, ha llegado a afirmar ante los medios de comunicación que los gais tienen privilegios en lugar de derechos (en referencia al matrimonio igualitario) así como que lo ideal es que los niños LGTB estudien en colegios separados.

Esta estrategia de desinformación no conoce límites. Los grupos conservadores han llegado a decir que se pretende obligar a que los baños de los centros sean mixtos o que los estudiantes podrán vestir el uniforme que deseen en cada momento. Al respecto, Mauricio Albarracín, activista LGTB e investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), ha declarado a Vanguardia Liberal que“se ha formado una tormenta en un vaso de agua. No se puede obligar a un niño trans que se identifica como niño a ponerse un uniforme de niña. Esto es inconstitucional. No significa que ahora todos los niños van a ponerse el uniforme de la niña: esto es una banalización del tema”.  Y agrega que “este debate es un escándalo que oculta un problema muy grave: los estudiantes son discriminados por su orientación sexual e identidad de género. Los mismos profesores y rectores que se quejan por la modificación del manual han hecho afirmaciones homofóbicas. Hay que hacer pedagogía sobre lo que se está haciendo y se deben establecer nuevas preguntas orientadoras se pueden proponer. Ese trabajo es de los colegios”.

***

Pues bien, centenares de padres de familia y profesores, entre otros, hicieron un plantón frente al Ministerio de Educación para protestar contra la implementación de lo que llaman “ideología de género” en los manuales de convivencia de los colegios, lo que ha desatado una polémica en el país.

Estas manifestaciones, llamadas “Marcha por la familia“, fueron convocadas por la Iglesia católica con el apoyo de confesiones evangélicas y partidos de derecha y se llevaron a cabo en al menos 14 ciudades del país, aunque la principal se realizó llevó una multitud a las puertas del Ministerio de Educación en Bogotá.

En ese lugar los padres de familia gritaban “¡No a la ideología de género!”, “¡Hombres y mujeres, así nos hizo Dios!”, “¡A mis hijos los educo yo, no el Estado!” y “¡Familia con Cristo jamás será vencida!”, ideas que también expresaban en carteles en los que defendían el derecho a la educación integral de los niños.

Otros pidieron la renuncia de la ministra de Educación, Gina Parody, a quien atribuyen los cambios en el modelo de educación sexual en los colegios.

En respuesta a la manifestación, varios funcionarios del Ministerio salieron con camisas blancas con el mensaje “La inclusión y no discriminación también es educación” y con una pancarta que rezaba: “Los recibimos con amor, paz y reconciliación”. Asimismo, los funcionarios que se encontraban en el techo del edificio lanzaron varios globos blancos al cielo y dentro de las oficinas.

“Lo que estamos defendiendo es que nos respeten el derecho a la familia y que el Estado no le enseñe a nuestros hijos la ideología de género. Respetamos a las personas, pero no queremos que se metan con nuestros hijos”, dijo Leonardo Arteaga, uno de los asistentes del encuentro.

La polémica comenzó el pasado fin de semana por la difusión de unas cartillas con educación sexual para niños, supuestamente del Ministerio de Educación que, según padres de familia, tergiversan la sexualidad al afirmar por ejemplo que no se nace con un sexo determinado sino que eso se decide a lo largo de la vida.

Algunas de esa publicaciones tienen contenido homosexual explícito, ante lo cual la ministra Parody, afirmó que ese material no fue elaborado por esa el Ministerio y que todo es una “manipulación”.

Todo comenzó con un fallo de la Corte Constitucional que ordenó al Ministerio hacer una “revisión extensiva e integral” de los manuales de convivencia elaborados por los colegios, bajo orientaciones de ese despacho, para establecer las normas de conductas y directrices de funcionamiento en general.

En su decisión, la Corte pidió determinar que los manuales “sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género”, después de que el estudiante Sergio Urrego se suicidara en 2014 tras ser presuntamente discriminado en su colegio por su orientación sexual.

En las protestas de hoy participó la senadora Viviane Morales, del Partido Liberal, una de las activistas más importantes en contra de la adopción por parejas del mismo sexo.

“Nosotros tenemos el derecho de elegir cómo es la educación de nuestros hijos y bajo qué principios estarán orientados”, afirmó Fernanda Galvis, otra asistente a la manifestación.

Otra manifestación multitudinaria fue la de Barranquilla, donde miles de personas, entre ellos profesores y rectores de colegios, se congregaron en la Plaza de la Paz y caminaron hasta la Gobernación del Atlántico para pedir la renuncia de la ministra.

La Iglesia felicita a las familias por su implicación en la lucha por “una educación sexual integral” en Colombia

“Lamentamos que la Corte Constitucional y el Ministerio de Educación estén abusando del Derecho para promover la ‘ideología de género’ en la revisión de los manuales de convivencia, tergiversando así la definición constitucional de la familia”, aseguró el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Óscar Urbina, en una rueda de prensa el día antes de la llamada “Marcha por la familia”.

Monseñor Urbina manifestó, asimismo, que ese “arreglo legal no permite que los niños gocen de la libertad de recibir una educación acorde a la ética de sus padres”.

“Nosotros tenemos que defender la libre discusión de las ideas basadas en la verdad, no queremos que se tergiverse la información. Sólo decimos públicamente que rechazamos la implementación de la ideología de género en la educación en Colombia porque destruye al ser humano”, puntualizó el cardenal Rubén Salazar en la misma rueda de prensa.

Frente a la polémica, los padres de familia se unieron a la iniciativa de la Iglesia Católica para protagonizar la marcha que tiene como fin “abrir un debate para que exista una educación sexual integral en Colombia”, agregó el prelado.

“Felicitamos a los padres de familia y organizaciones civiles de diferentes credos que durante los últimos días han manifestado su molestia por la implementación de la ideología de género en la revisión de los manuales de convivencia de los colegios que está haciendo el Ministerio de Educación”, agregó.

Comunicado sobre las orientaciones del Ministerio de Educación respecto a los manuales de convivencia de los colegios

(Fuente: Conferencia Episcopal de Colombia)

Los obispos católicos de Colombia reconocemos como un valor fundamental para la sana convivencia el respeto por todo ser humano independientemente de su raza, sexo, orientación sexual, origen nacional o familiar, lengua, religión u opinión política.

Basados en este principio, saludamos y felicitamos a los padres de familia y organizaciones civiles de diferentes credos que durante los últimos días han manifestado públicamente su preocupación por la implantación de la ideología de género en la revisión de los Manuales de Convivencia y de los Proyectos de Educación Institucional (PEI) de los colegios por parte del Ministerio de Educación de la República.

La ideología de género afirma que no se nace hombre o mujer sino que la identidad sexual es el fruto de una construcción cultural. Por eso, establece que se debe “(“.) empezar por deconstruir la idea de que sólo existen dos sexos y abrir la posibilidad de entenderlos más allá de aquello que históricamente se nos ha enseñado”. De esta manera, la ideología de género, con el pretexto del derecho a la inclusión, pretende imponerse como la única forma válida deconvivencia.

En esta coyuntura no podemos menos que recordar las enseñanzas del Papa Francisco, según las cuales la ideología de género “niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. Ésta presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer” (Exhortación Apostólica Postsinodal “La alegría del
amor”).

Lamentamos que la Corte Constitucional y ahora el Ministerio de Educación estén abusando del Derecho para promover la ideología de género en los más variados ámbitos de nuestra sociedad. Aún tenemos presente cómo se tergiversó la definición constitucional de la familia para imponer un modelo que no estaba previsto en nuestro ordenamiento superior. Ahora, el Ministerio, en el proceso de revisión de los manuales de convivencia de los colegios en Colombia, ejerce facultades que no están consagradas en la ley para imponer criterios extraídos de la ideología de género.

Este desarreglo legal atenta contra la familia como institución esencial de la sociedad, contra la autonomía educativa, la libertad religiosa, el derecho de los padres de escoger la educación de sus hijos, la libertad de conciencia, la libertad de asociación y el derecho de los niños de recibir una educación acorde a la ética y a la moral de sus padres. Sin duda es necesario promover el respeto de todas las personas en todos los ambientes de la vida social -comenzando por la
familia, la comunidad educativa y la comunidad en general- pero esto no puede implicar la imposición de la ideología de género como norma para que el respeto debido se garantice.

Hacemos un llamado a las instituciones del gobierno colombiano para que oigan la voz de millones de personas, sin distinción de credo, que se están manifestando públicamente por todo el país, rechazando la imposición de una ideología. La Colombia que queremos construir debe acogernos a todos en armonía. No se debe permitir que una ideología en particular resulte determinando las reglas de convivencia de toda una sociedad.

Los Obispos de Colombia hacemos un llamado especial a los sacerdotes de todo el país para que, en su calidad de pastores de la Iglesia, acompañen la formación de la conciencia de los fieles sobre estos aspectos y apoyen las expresiones públicas en favor de la autonomía educativa de los padres y de la familia como núcleo esencial de la sociedad. En el mismo sentido, instamos a los padres de familia a formar a sus hijos en los valores cristianos y a acompañarlos muy de cerca en su proceso de desarrollo integral.

Por último, exhortamos a los padres de familia y a los colombianos en general a unirse a las marchas que se han programado para el 10 de agosto en diversas regiones del país para defender públicamente la familia y preservar en nuestra sociedad el derecho a educar a los más pequeños en un ambiente libre de ideologías.
Dios bendiga a nuestro país

+Óscar Urbina Ortega
Arzobispo de Villavicencio
Vicepresidente de la Conferencia Episcopal
Bogotá, 8 de agosto de 2016

Fuente Religión Digital

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Como ya habiamos publicado todo este acoso empujó a la alcaldía colombiana de Bucaramanga al izado de la bandera arco iris en su frontis para apoyar a colectivo y mostrar su rechazo a la discriminación por motivos de orientación e identidad sexual.

Un fallo de la Corte Constitucional de Colombia ordenó en 2015 la revisión de los manuales de convivencia escolar a fin de evitar la discriminación de estudiantes por su orientación sexual e identidad de género. Dio un año de plazo, el cual vence el próximo 15 de septiembre. La medida ha provocado las protestas de grupos religiosos, que no han dudado en sembrar la polémica desinformando sobre el alcance de la medida y alarmando a muchos padres de familia.

En el año 2014 Sergio Urrego, un joven de 16 años, se suicidó tras sufrir un implacable acoso por parte de la dirección del colegio en el que estudiaba debido a su condición de homosexual, ateo y anarquista. El acto de presión mayor fue la notificación de que los padres de su pareja, un compañero de colegio, le habían demandado penalmente por acoso sexual (se llegaron a imputar, de hecho, cargos criminales a tres directivas del centro, entre ellas la rectora Azucena Castillo).

De esto ya han pasado dos años. En este intervalo de tiempo, la acción de tutela interpuesta por la madre de Sergio acabó llegando hasta la Corte Constitucional de Colombia, que además de ordenar en 2015 que se llevara a cabo un acto público de desagravio a la memoria del estudiante determinó que el Ministerio de Educación Nacional debía revisar los manuales de convivencia para, según reza la sentencia, “determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual e identidad de género de los estudiantes y para que incorporen formas nuevas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permita aprender del error, respetar la diversidad (…)“. El Ministerio alegó no tener la capacidad de hacer tal revisión, pero traspasó la tarea a las Secretarías de Educación locales, con el apoyo de entidades como la ONG Colombia Diversa o Unicef, entre otras.

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Finalmente la Fiscalía de Colombia ha imputado a tres directivas del colegio Gimnasio Castillo Campestre por el acoso homofóbico sufrido por Sergio Urrego, el adolescente que se quitó la vida en 2014. El calvario de Urrego, falsamente acusado de acosar a un compañero, comenzó después de que un profesor descubriera en el teléfono móvil del chico una fotografía en la que se besaba con su novio. En una decisión histórica, la justicia ha decretado prisión para dos de las imputadas.

En Cristianos Gays hemos seguido de cerca el caso de Sergio Urrego, adolescente gay, ateo y anarquista, además de brillante estudiante, que cursaba bachillerato en el colegio Gimnasio Castillo Campestre, un centro privado y de orientación católica de Bogotá. El 4 de agosto de 2014 Sergio decidió quitarse la vida lanzándose desde la terraza de un centro comercial tras ser injustamente acusado de acosar a otro alumno después de que un profesor descubriera en su móvil una foto en la que ambos aparecían besándose. En ese momento, el centro acusó a los dos jóvenes de haber cometido una falta grave, porque el manual de convivencia decía que estaban prohibidas “las manifestaciones de amor obscenas, grotescas o vulgares en las relaciones de pareja dentro y fuera de la institución” y que estas relaciones debían ser autorizadas por los padres. Por ello, la psicóloga del centro obligó a ambos adolescentes a contar lo sucedido a sus progenitores.

Los padres de Sergio reaccionaron positivamente, pero los del otro joven aislaron a su hijo y le impidieron seguir acudiendo a clase. La madre de Sergio mantuvo entonces una reunión con la rectora Amanda Azucena Castillo, quien le dijo que su hijo no podía volver. Alba Reyes decidió presentar una queja por la discriminación a la que su hijo se estaba viendo sometido. Poco después, la dirección del centro se defendía alegando que el motivo por el cual Sergio no podía volver era porque existía una queja por acoso sexual contra él, algo que el joven negó sorprendido y ante lo que el centro nunca presentó prueba alguna. La familia de Sergio llegó a aportar además, a requerimiento del centro, un certificado de acompañamiento psicológico según el cual el joven no tenía problema alguno, pese a lo cual se le negó el poder reanudar sus clases y terminar el curso. Finalmente, los padres del novio de Sergio interpusieron una demanda por supuesto acoso sexual, lo que acabó de destrozar al joven, que se quitó la vida después de dejar varias notas que probaban su inocencia.

Durante todo este tiempo se han sucedido las noticias relacionadas con el caso, como la sorprendente revocación del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que en primera instancia reconoció la discriminación sufrida por Urrego o la sanción impuesta al colegio por las autoridades educativas. Pero en paralelo al proceso administrativo, la Fiscalía ha investigado lo ocurrido. No ha sido sin embargo hasta la semana pasada, después de varios intentos fallidos por dilaciones de las acusadas -ya en noviembre pasado se adelantaba la imputación de Amanda Azucena Castillo, rectora del centro, y a Ivón Andrea Cheque, la psicóloga- que ha tenido lugar la audiencia en la que la Fiscalía ha imputado a Castillo, a Cheque y a Rosalía Ramírez, veedora del colegio, por los delitos de discriminación agravada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y falsa denuncia.

Y es que el que fuera novio de Sergio apareció además para declararse víctima en el proceso y denunciar que hubo presión a su familia por parte de la rectora para denunciar a Urrego. También varios compañeros de clase dieron versión a la Fiscalía en la que se evidencia que las directivas del colegio denigraron a Urrego por su condición de homosexual y de ateo, llegando incluso a prohibirles faltar a clase para acudir a su funeral. La Fiscalía afirma de hecho contar con más de 43 pruebas que indicarían que hubo manipulación por parte de Castillo al pedir a varios menores cambiar su versión de los hechos. Estaremos atentos a cómo se desarrolla el juicio…

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Acoso, Adolescentes LGTB, Alba Reyes, Amanda Azucena Castillo, Bogotá, Bullying homófobico, Colombia, Discriminación, Educación, Gimnasio Castillo Campestre, Ivón Andrea Cheque Acosta, Rosalía Ramírez, Sergio Urrego, Suicidio adolescente

El Consejo de Estado de Colombia ha revocado el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que en primera instancia había reconocido la discriminación sufrida en su colegio por Sergio Urrego, adolescente gay que se quitó la vida en agosto. Lo más sorprendente es el principal de los argumentos usados: dado que Sergio Urrego ya está muerto… carece de derechos que proteger. El Consejo de Estado estima así la petición de la Procuradoría General de la Nación, encabezada por el homófobo Alejandro Ordoñez. Del fallo ha sido ponente, de hecho, un  magistrado cercano al procurador.

El fallo del Consejo de Estado, que en Colombia ejerce como tribunal supremo en el ámbito de lo contencioso-administrativo, determina que la acción de tutela no procede puesto que los derechos a los que se está pidiendo protección no habrían sido vulnerados a la madre del adolescente que se quitó la vida, sino a su hijo ya fallecido. “La Corte Constitucional ha reiterado que la muerte de quien es titular de los derechos presuntamente vulnerados conduce a una carencia actual de objeto y por tanto la acción de tutela resulta improcedente”, expresa el fallo, que recuerda que el menor murió “antes de la formulación de la presente acción de tutela”. “En consecuencia un pronunciamiento de fondo sobre el amparo reclamado de los derechos a la educación, libre desarrollo de la personalidad, debido proceso, igualdad, dignidad, no discriminación e intimidad por carencia actual de objeto, resultaría inocuo”:

El Consejo de Estado, en cualquier caso, se pone del lado del colegio al negar que existan pruebas que demuestren la persistencia del centro en dañar el buen nombre de Sergio Urrego. “Solo existe un correo electrónico, sin fecha, remitido según se lee por una estudiante del Colegio Gimnasio Castillo Campestre a la Unión Libertaria Estudiantil, organización a la que perteneció Sergio David Urrego Reyes (q.e.p.d.), del que se desconoce su autoría y por ende la veracidad de tales afirmaciones”, expresa.

Sorpresa e indignación

La decisión del Consejo de Estado ha sido recibida con sorpresa e indignación por la madre del menor y por las organizaciones LGTB. “Es una decisión francamente lamentable, que envía un pésimo mensaje a las víctimas de discriminación y violencia en los colegios. El Consejo de Estado asumió un formalismo que no analizó la complejidad del caso. Con la muerte de una persona no desaparecen los derechos. Cuando una persona muere como murió Sergio, con un acto previo de discriminación, sus compañeros de estudio, sus familiares, sus amigos tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación de su integridad y buen nombre, de acuerdo a la jurisprudencia internacional y la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, además, ha sido clara en decir que la tutela tiene carácter restaurativo y preventivo para que estos hechos no vuelvan a ocurrir”, expresaba tras conocer el fallo Mauricio Albarracín, director de Colombia Diversa.

También se ha pronunciado con dureza, por ejemplo, el diario El Espectador, que editorializaba sobre el tema el 29 de noviembre. “Hay que saber que, en este caso, el derecho es bastante dinámico: no se trata de un conjunto de reglas que se aplican de forma acrítica, sin tener en cuenta los contextos. Por lo que sabemos de los elementos probatorios que conocemos, Urrego fue discriminado y luego se quitó la vida: ante esto, un Estado Social de Derecho debe asegurar que no se olviden elementos básicos de la justicia: verdad, y en caso de ser desfavorable a ciertos derechos, reparación. Este es un caso complejo que va mucho más allá de la aplicación estricta de las normas. Pero si esa fuera la única opción, al menos habría que rescatar el buen nombre de Sergio, entendido este como su prestigio ante la sociedad. Un derecho. Eso que tanto alegó en las bastantes cartas que había escrito durante su vida”, expresaba el editorial. El texto recuerda además que el ponente de la sentencia, el magistrado Alfonso Vargas, es amigo de Alejandro Ordoñez, el homófobo procurador general y recurrente: “No podemos soslayar que el consejero Vargas, quien proyectó la decisión, es un amigo cercano del procurador Alejandro Ordóñez, un alto funcionario que está lejos de ser un defensor de los derechos de la comunidad LGBTI. Vaya, vaya. Así son las cosas”.

Alba Reyes, madre de Sergio Urrego, ya ha anunciado que radicará una acción de tutela ante la Corte Constitucional. “Hoy me vienen a decir que no hay pruebas de la discriminación y que no tengo yo como mamá el derecho a pedir la restauración de su buen nombre. Voy a recurrir ante la Corte Constitucional y así me toque ir a la Corte Internacional también lo haré. Los derechos de los niños y niñas en Colombia no pueden ser vulnerados de esta manera”, ha expresado Reyes. La propia Reyes, además de colectivos LGTB y estudiantiles, se han manifestado ante el Palacio de Justicia de Bogotá para protestar contra la decisión del Consejo de Estado.

Insertamos a continuación un breve reportaje de la protesta realizado por Citytv de Bogotá:

Responsables del colegio, imputadas por la Fiscalía

En paralelo al proceso contencioso-administrativo, hay que recordar que la investigación de la Fiscalía concluyó hace un mes con la imputación de dos responsables del colegio Gimnasio Castillo Campestre por discriminación, inducción al suicidio y falsa denuncia. La imputación por discriminación se fundamenta en los testimonios de compañeros de clase, de la madre del menor y de registros del propio Sergio Urrego, que apuntarían a que las directivas del colegio iniciaron su hostigamiento contra el joven por su condición homosexual, además por ser ateo y anarquista. El delito de falsa denuncia se habría producido cuando el colegio demandó a la madre de Sergio por abandono, cuando en realidad sus viajes fuera de la ciudad se debían a motivos estrictamente laborales, además de por apoyar la denuncia por acoso sexual contra Sergio por parte de la familia del chico con el que este mantenía una relación.

Como hemos recogido en entradas anteriores, el acoso comenzó a partir del momento en el que un profesor descubrió en el móvil de Sergio una foto en la que este se besaba con un compañero. Un procesó que culminó cuando Sergio fue acusado por la familia del otro muchacho de acoso sexual. El joven acabó finalmente suicidándose lanzándose desde la terraza de un centro comercial de Bogotá tras dejar pruebas de su inocencia. Según informó una docente anónima a El Espectador, las directivas del colegio también habrían acosado a la docente Diana Castelblanco, directora del curso al que pertenecía Sergio Urrego, por no haber hecho anotaciones negativas en su expediente.

Un excelente estudiante

Sergio Urrego, quien llegó a ser calificado por la rectora Castillo como “una persona que no podemos tener en esta institución”, era de hecho un excelente estudiante. Obtuvo el 10º lugar en las pruebas estatales conocidas como Saber 11, realizadas a los estudiantes de último grado de bachillerato. Así lo dio a conocer su madre tras recibir los resultados de la prueba que Sergio llevó a cabo poco antes de terminar con su vida.

Fuente Dosmanzanas

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El pasado 4 de agosto Sergio David Urrego, adolescente colombiano de 16 años, se quitaba la vida tras el acoso homofóbico sufrido por parte de la dirección del centro educativo donde estudiaba tras descubrirse que era gay y que mantenía un noviazgo con un compañero. El caso generó gran indignación en Colombia y puso de manifiesto la gravedad del acoso que sufren sus estudiantes LGTB. Ahora se ha conocido que la Fiscalía General de la Nación imputará cargos contra la rectora y la psicóloga del colegio.

Como hemos recogido en entradas anteriores, el acoso comenzó a partir del momento en el que un profesor descubrió en el móvil de Sergio una foto en la que este se besaba con un compañero. Un procesó que culminó cuando Sergio fue acusado por la familia del otro muchacho de acoso sexual. El joven acabó finalmente suicidándose lanzándose desde la terraza de un centro comercial de Bogotá tras dejar pruebas de su inocencia.

Ya en su momento el Tribunal Administrativo de Cundinamarca reconoció que el adolescente había sido discriminado, pero tanto la familia como las organizaciones LGTB consideraron que aquel fallo se quedaba corto. También la Fiscalía comenzó a investigar el caso, una investigación que ha concluido con el anuncio, el pasado 6 de noviembre, de la imputación de la ya exrectora del colegio Gimnasio Castillo Campestre, Amanda Azucena Castillo, y de la psicóloga del centro, Ivón Cheque Acosta, por discriminación, inducción al suicidio y falsa denuncia.

La imputación por discriminación se fundamenta en los testimonios de compañeros de clase, de la madre del menor, Alba Reyes, y de registros del propio Sergio, que apuntarían a que las directivas del colegio iniciaron su hostigamiento contra el joven por su condición homosexual, además por ser ateo y anarquista. El delito de falsa denuncia se habría producido cuando el colegio demandó a la madre de Sergio por abandono, cuando en realidad sus viajes fuera de la ciudad se debían a motivos estrictamente laborales, además de por apoyar la denuncia por acoso sexual contra Sergio por parte de la familia del chico con el que este mantenía una relación.

El acoso ha continuado

Según informó una docente anónima al diario El Espectador, las directivas del colegio también habrían acosado a la docente Diana Castelblanco, directora del curso al que pertenecía Sergio Urrego, por no haber hecho anotaciones negativas en su expediente. “Usted no se imagina la presión que han ejercido sobre la directora del grupo al que perteneció Sergio Urrego, miss Diana Castelblanco. La Fiscalía debería tomar su declaración y la de todos los profesores”, explicaba.

“A ella le quitaron parte de su sueldo, el llamado ‘bono de desempeño’, por no haber hecho anotaciones negativas en la bitácora de Sergio para justificar su homofobia. Esta presión es de parte de la rectora Azucena y su hermana Constanza Castillo. Miss Diana respondió que Sergio no podía tener anotaciones negativas, ya que su comportamiento en general era muy bueno. Esa profesora ha derramado lágrimas de sangre con lo que ha pasado. Hemos visto como varias veces, minutos antes de la hora de salida, la han citado en rectoría para presionarla y seguir culpándola de todo. A nosotros nos reiteran que no podemos hablar con nadie sobre la situación ni hacer declaraciones, ya que esto nos puede traer perjuicios legales. Por eso mis compañeras y yo hemos tenido miedo de hablar”, añadía el testimonio de la profesora.

Un excelente estudiante

Sergio Urrego, quien llegó a ser calificado por la rectora Castillo como “una persona que no podemos tener en esta institución”, obtuvo el décimo lugar en las pruebas estatales conocidas como Saber 11, realizadas a los estudiantes de último grado de bachillerato. Así lo dio a conocer su madre tras recibir los resultados de la prueba que Sergio llevó a cabo poco antes de terminar con su vida.

Un resultado que habría hecho a Sergio merecedor a una de las 10.000 becas que hace pocos días anunciaba la ministra de Educación, Gina Parody (abiertamente lesbiana, por cierto). “Su desempeño escolar demuestra que era un niño muy inteligente, que era un joven que tenía un porvenir inmenso y que lamentablemente no pudo llegar a ser ese ciudadano ejemplar que seguramente hubiese llegado a ser”, ha apuntado Juan Carlos Prieto, director de Diversidad Sexual de Bogotá.

Fuente Dosmanzanas

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El pasado 4 de agosto Sergio David Urrego, un joven gay de 16 años, se quitaba la vida tras sufrir el acoso de la dirección del centro en el que estudiaba, el Gimnasio Castillo Campestre, de orientación católica. Lo contábamos hace ahora tres semanas: injustamente acusado de acosar a otro alumno a raíz de que un profesor descubriera una foto de ambos besándose, Sergio acabó por suicidarse tras dejar pruebas de su inocencia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca reconoce ahora que efectivamente el adolescente fue discriminado, pero tanto la familia como la organización Colombia Diversa creen que el fallo se queda corto y lo apelarán. Pero también la Fiscalía investiga ya el caso.

En el fallo de la acción de tutela interpuesta por Alba Reyes -la madre de Sergio- con el apoyo de Colombia Diversa el tribunal establece que “es evidente que el móvil [de la rectora] más que protector es discriminatorio”. La rectora del centro, Amanda Azucena Castillo, había sostenido que la expulsión de Urrego “no se debió a la condición sexual del niño, sino a las manifestaciones amorosas en la institución educativa”. Argumentaciones que no resultaron creíbles para el tribunal. “Esta afirmación no es acorde con la realidad ni con las pruebas allegadas”, expresa de hecho la sentencia.

No obstante, tanto la madre del joven como Colombia Diversa consideran que el fallo se queda corto y por eso apelarán. Las razones esgrimidas son que  “(1) el Tribunal no emitió órdenes para modificar el Manual de Convivencia, pese a decir que era violatorio de la Constitución; (2) tampoco ordenó la realización de un acto público donde el colegio reconozca su responsabilidad y repare el buen nombre de Sergio y su familia, ni que se le otorgue a Sergio el grado simbólico y póstumo con presencia de sus familiares y amigos; y (3) no ordenó ningún cambio efectivo a la política pública para evitar que se siga discriminando a los estudiantes del país”.

El caso ha llevado además a la Fiscalía a interrogar a tres de los trabajadores del colegio: la propia rectora, la psicóloga y el profesor que decomisó el celular en el que encontró la foto de Sergio dándose un beso con su novio. La Fiscalía los investigará por tres posibles delitos: constreñimiento ilegal, inducción al suicidio y discriminación.

Plantón en memoria de Sergio Urrego

Por otra parte, el pasado 12 de septiembre familiares, amigos, compañeros de Sergio, activistas LGBTI, ateos bogotanos y jóvenes anarquistas se hicieron presentes en las instalaciones del colegio de Sergio para protestar contra el acoso sufrido por el adolescente.

Unas 300 personas se desplazaron hasta las afueras de Bogotá para manifestar su rechazo al comportamiento del colegio que dirige y del que es propietaria Amanda Azucena Castillo:

Reacciones homofóbicas

A pesar de la fuerte reacción que ha habido en medios colombianos y en las redes sociales tras el suicidio de Sergio, los sectores más conservadores del país no han dudado en rechazar que haya existido motivación homófoba. El procurador general de la Nación, Alejandro Ordoñez, ha insinuado por ejemplo que el suicidio estaría relacionado con el hecho de que los padres del chico estuvieran separados. “Hace cerca de dos años la misma Unesco sacó una estadística relativa a los suicidios de los niños en Bogotá de cerca de 80 o 100 suicidios de niños en un año en 2011. Eso lo que demuestra es una patología social pero normalmente las patologías sociales son familiares, la destrucción de la familia trae como consecuencia estas patologías sociales”, declaró Ordóñez, que recordamos es un encarnizado enemigo de la igualdad LGTBI.

“¿Por qué se pretende culpar a las directivas de la institución por el suicidio de alguien que exaltaba el suicidio como expresión máxima de ‘libertad’? Las autoridades, en vez de estar viendo cómo pueden inculpar a la directora del colegio y usar el caso como excusa para la aniquilación de la libertad religiosa, deberían estar alarmados por la popularidad que las ideologías suicidas están ganando entre los adolescentes colombianos”, se pregunta por su parte el grupo Voto Católico.

Os dejamos para finalizar esta entrada con el reportaje sobre lo sucedido con Sergio por el programa El Sofá, de Canal Capital:

Fuente Dosmanzanas

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Un nuevo suicidio de un adolescente LGTB, esta vez en Colombia. Sergio David Urrego, un joven gay de 16 años, se quitó la vida el 4 de agosto tras ser injustamente acusado de acosar a otro alumno a raíz de que el colegio católico en el que estudiaba descubriera una foto de ambos besándose. Su historia ha salido a la luz tras la entrevista concedida a El Espectador por sus padres, Alba Reyes y Robert Urrego. El joven, se lanzó al vacío desde una terraza de un centro comercial.

Sergio estudiaba bachillerato en el Gimnasio Castillo Campestre, un colegio privado de orientación católica de Bogotá cuyo lema es “Aquí le ayudamos a alcanzar sus sueños”. En mayo, un profesor le decomisó un teléfono móvil con una foto en la que se besaba con su novio, un chico de su mismo curso de nombre Danilo. El centro les acusó de cometer una falta grave. La psicóloga los citó el 12 de junio, junto a la coordinadora de turno y cuatro docentes más, para que explicaran su relación y les contaran a sus padres que estaban citados para hablar del tema. Una amiga de clase recuerda que estaban  temerosos de su reacción. Sergio lo contó primero a su padre y luego a su madre. Ninguno de ellos lo juzgó o discriminó. Muy diferente fue la reacción de los padres del otro chico, al que retiraron de las clases.

El 20 de junio, Sergio y su madre acudieron a la cita acordada. La rectora Amanda Azucena Castillo les preguntó por el padre. Alba Reyes le explicó que no había podido asistir, a lo que la rectora le respondió que entonces Sergio no podía volver a clase. “¿Está violando mi derecho a la educación?”, le llegó a preguntar Sergio a la rectora. Ella le respondió desafiante que sí. El 1 de julio, su madre interpuso de hecho una queja contra el colegio ante la Secretaría de Educación de Cundinamarca, denunciando la discriminación sufrida por su hijo y la negativa a entregar sus calificaciones.

La última reunión entre el colegio y los padres de Sergio tuvo lugar el 12 de julio. A ella asistieron la rectora, el director, la psicóloga y una profesora. La madre les reprochó que no se tuviera la misma actitud frente a las parejas heterosexuales del colegio que también se toman fotos en sus celulares. La rectora afirmó que este caso era distinto porque constituía un caso de acoso sexual. Sergio lo negó, sorprendido. Sus padres pidieron pruebas de dicha acusación. La rectora Castillo les respondió que no las tenía en ese momento y les advirtió que la única forma de que el joven volviera a clase era que presentara un certificado de acompañamiento psicológico todos los meses hasta el día de su grado.

El 14 de julio, ya después del receso escolar de mitad de año, el padre de Sergio llevó el certificado al colegio para que su hijo por fin reanudara sus clases. Pero al día siguiente, mientras Sergio esperaba que lo recogiera el bus, la psicóloga lo llamó y le dijo que el documento no cumplía con los parámetros requeridos y que no podría volver al colegio. “Llamé desesperada al psicólogo para decirle que me ayudara a corregir los certificados porque no querían dejarlo entrar. Yo ya veía muy angustiado a Sergio por todo esto”, cuenta su madre.

Finalmente, los padres de la pareja de Sergio interpusieron una demanda contra él por supuesto acoso sexual, lo que acabó de destrozar al joven. Sus padres decidieron entonces cambiarlo al colegio en el que había estudiado primaria. Su directora, Olga Milena Jankovich, recuerda a Sergio como el mejor estudiante que ha tenido y relata como él le contó la situación y le pidió consejo, porque “lo único” que quería era terminar el bachillerato.

Sergio se quitó la vida tras dejar pruebas de su inocencia

El 4 de agosto, tras regresar de un viaje, la madre de Sergio encontró en su casa varias notas que su hijo había dejado preparadas. “Esta carta se ha escrito con el fin de esclarecer ciertos datos acerca de la denuncia de acoso sexual que han puesto los padres de mi expareja. Lo hago de manera escrita debido al suicidio que he cometido y porque no quiero que los 16 años de vida que tuve se hallen con una oscura mancha llena de mentiras”, comenzaba una de ellas. Sergio había decidido acabar con su vida lanzándose de la terraza de un centro comercial.

En sus notas Sergio rechazaba de plano la acusación de acoso. “En la memoria de mi celular y en el escritorio de la pc quedan dos pantallazos de nuestras conversaciones en Whatsapp que demuestran que él no se sintió acosado en ningún momento, pues respondía con naturalidad a los mensajes. También hay pantallazos de la conversación que él tuvo con un amigo después de que les contara a sus padres sobre su orientación sexual, en los que escribió que estaba vuelto mierda debido a la posición que tomó su madre después de recibir la noticia (…) Él puede confirmar la veracidad de toda esta información, así como los testigos de nuestros actos (cuando había). Nunca en mi vida he acosado sexualmente a nadie, me parece un acto reprochable”, dejó escrito.

“Hoy espero lean las palabras de un muerto que siempre estuvo muerto, que caminando al lado de hombres y mujeres imbéciles que aparentaban vitalidad, deseaba suicidarse, me lamento de no haber leído tantos libros como hubiese deseado, de no haber escuchado tanta música como otros y otras, de no haber observado tantas pinturas, fotografías, dibujos, ilustraciones y trazos como hubiese querido, pero supongo que ya puedo observar a la infinita nada”, escribió en otra de las notas, luego de pedir que donaran sus órganos y que no lo enterraran con curas ni oraciones. También quiso disculparse con su abuela: “Nunca deseé morir antes que ella, pero esto ya no da más. En realidad pido unas muy sinceras disculpas por esto”.

El viernes 8 de agosto fue el funeral. Una de sus compañeras recuerda que ese día acudieron 40 de los 42 estudiantes de 11 grado del colegio. Días después el colegió reunió a los estudiantes. La psicóloga les pidió que fueran discretos con lo sucedido. La rectora les dijo incluso que como no habían pedido permiso para ir al velorio tendrían que reponer el día de clases perdidas un sábado. Al parecer la rectora no lamentó en ningún momento la muerte de Sergio, al que se refirió como anarquista, homosexual y ateo (condiciones todas ellas que el joven expresaba públicamente).

Diferentes sectores realizarán un plantón el próximo viernes frente al colegio para denunciar, entre otras cosas, el acoso del centro al joven. Sus padres aseguran además que no descansarán hasta limpiar su nombre, motivo por el cual presentarán una tutela con el apoyo jurídico de la organización Colombia Diversa.

“Mi sexualidad no es mi pecado, es mi propio paraíso”, puede leerse aún en el Facebook de Sergio.

En este enlace puede escucharse una entrevista radiofónica a una de sus compañeras de Sergio en la que cuenta lo sucedido.

La ministra de Educación, Gina Parody, se refirió hoy al caso del estudiante Sergio Urrego, cuyo suicidio ocurrió el pasado 4 de agosto, pero sólo trascendió este domingo por revelaciones de la prensa. “Es un doloroso ejemplo de lo que no puede ocurrir en Colombia, las escuelas se deben convertir en un territorio de paz. Los colegios pueden ser autónomos pero sus manuales de convivencia no pueden violar los derechos de la Constitución” dijo Parody a los periodistas.  Parody dijo que el Ministerio de Educación acompañará a las autoridades en la investigación y advirtió que, de ser necesario, se impondrán las sanciones “que pueden ir desde una amonestación hasta la cancelación de la licencia de funcionamiento” del colegio, según un comunicado de su despacho.

El colegio se manifestó por primera vez sobre el caso en un mensaje en su cuenta de Twitter este domingo, cuando la noticia salió en la prensa. “Lamentamos lo sucedido con Sergio Urrego, estamos esperando la solvencia del caso en manos de las autoridades”, indicó la institución en el mensaje.  La rectora del colegio, Amanda Castillo, dijo este lunes a La W Radio que en esa institución se respeta “la intimidad de los seres humanos” y aseguró que “nunca hubo presión ni discriminación por ser homosexual”.

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