El Gobierno de Estados Unidos dice que te pueden despedir por ser gay
El mismo día que Donald Trump anunció la expulsión de las personas trans del ejército llevó a cabo otra medida homófoba.
El Departamento de Justicia ha solicitado que la protección por orientación sexual quede fuera de la Ley de Derechos Civiles.
Ampliamos la noticia que dábamos el pasado día 1 de agosto: Gran preocupación entre los colectivos LGTB y de defensa de los derechos civiles estadounidenses ante la posibilidad que Donald Trump dé por fin vía libre a una orden ejecutiva permitiendo la discriminación de los ciudadanos LGTB por razones de “libertad religiosa”. Dos recientes decisiones han despertado las alarmas, y no nos referimos al anuncio en Twitter de que a las personas transexuales se les prohibirá servir en el Ejército. Hoy nos ocupamos de la primera:
La primera de las señales, la más directa e inquientante, ha sido el hecho de que el Departamento de Justicia se haya personado en un proceso judicial para argumentar, a través de un amicus curiae (figura legal que permite a personas u organizaciones que no son parte en el proceso aportar de forma voluntaria argumentos a favor o en contra para colaborar en su resolución) que la legislación federal contra la discriminación laboral no debe aplicarse a la orientación sexual. La administración Trump ha decidido en este caso personarse en el caso Zarda v. Altitude Express, que dirime una denuncia por discriminación en el caso de Donald Zarda, un instructor de paracaidismo que fue despedido poco después de que su empresa supiese de su orientación sexual. En 2010 Donald Zarda, instructor de paracaidismo, le dijo a una cliente que era homosexual para que se sintiera más segura a la hora de saltar atada a él. La mujer se quejó a Altitudd Express, la empresa para la que trabajaba Zarda, porque ella no quería acercarse a ningún homosexual bajo ningún concepto. El profesor fue despedido. Zarda denunció y en una primera instancia, se rechazó su demanda porque la Ley de Derechos Civiles no protege contra la discriminación por orientación sexual. Donald falleció en 2014 en Suiza y ahora su caso va a ser revisado.
Se trata, de una larga discusión jurídica, que radica en si el Titulo VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohibe la discriminación laboral por motivos de “raza, color, religión, sexo u origen nacional”, impide también la discriminación laboral por razones de orientación sexual. Tradicionalmente, la justicia estadounidense había adoptado en este punto una interpretación “literalista”, según la cual si “orientación sexual” no forma parte de la lista de circunstancias citadas en el texto de ley, no puede considerarse cubierta. Y no hablamos, precisamente, de sentencias antiguas: dos recientes pronunciamientos de las Cortes de Apelaciones del 2º y del 11º Circuito (con sedes en Nueva York y Atlanta) han ido precisamente, en ese sentido. Pero recientemente, por primera vez desde que en 1964 Estados Unidos aprobase su histórica Ley de Derechos Civiles, la Corte de Apelaciones del 7º Circuito (con sede en Chicago y jurisdicción sobre los estados de Illinois, Indiana y Wisconsin), ha considerado que la discriminación laboral por razones de orientación sexual sí queda cubierta por la misma.
Y aquí es donde nos preocupamos. Primero, porque el gobierno de Trump se ha metido en el caso sin razón alguna y desde luego no para bien. Por otro lado, recordemos que el Departamento de Justicia está dirigido por Jeff Sessions conocido por su postura contra los derechos LGBT posicionándose contra la Ley Matthew Shepard con el argumento de que los crímenes de odio son simplemente “crímenes de pensamiento”, o su intento de prohibición de una conferencia LGTB en la Universidad de Alabama argumentado que el estado no podía hacer “promoción de la homosexualidad”.
Aunque la cuestión tiene altas probabilidades de acabar siendo revisada en el futuro por el Tribunal Supremo, la discusión está sobre la mesa, y el hecho de que el Departamento de Justicia haya decidido personarse en Zarda v. Altitude Express sin ser parte del proceso para apoyar la causa homófoba dice mucho de la dirección que la administración Trump ha escogido. Al frente del Departamento de Justicia, recordemos, está nada más y nada menos que Jeff Sessions, uno de los políticos estadounidenses con un historial más activamente anti-LGTB.
Fuente | NYTimes, vía EstoyBailando/Cristianos Gays/Dosmanzanas
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