El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha anunciado que los cientos de miles de inmigrantes sin papeles a los que el gobierno de Mariano Rajoy dejó sin cobertura sanitaria en 2012 podrán acudir ahora a los centros de Atención Primaria. El anuncio supone sin duda una mejora respecto a la situación vivida estos últimos tres años, aunque a falta de conocer la letra pequeña del cambio no puede hablarse ni mucho menos del retorno de la sanidad universal, derecho que hace solo unas pocas semanas la gran mayoría de los partidos españoles, salvo el PP y Ciudadanos, prometían recuperar en la próxima legislatura. El anuncio ha sido interpretado como una medida dirigida a “suavizar” la imagen de un PP tocado tras las elecciones andaluzas, e incluso a dejar en evidencia a Ciudadanos, la formación de centro-derecha que amenaza en estos momentos con llevarse una parte significativa de su electorado.

Gracias al Real Decreto 16/2012, una de las medidas de más graves consecuencias sociales del gobierno de Rajoy, han quedado fuera de la atención sanitaria (con la excepción, y no sin problemas, de las visitas a urgencias) colectivos como los inmigrantes “sin papeles” o los ciudadanos que aun siendo españoles se han visto obligados a emigrar y llevan trabajando más de 90 días en el extranjero. Un retroceso social que ha dado lugar a casos como el del ciudadano senegalés Alpha Pam, rebotado de servicio de urgencias en servicio de urgencias sin que nadie se hiciera cargo de su proceso pese a llevar años viviendo en Baleares, y finalmente fallecido por una tuberculosis que podría haberse curado con antibióticos. Ya hace más de año y medio que Médicos del Mundo recopiló, de hecho, 1.192 casos concretos de vulneración del derecho a la salud como consecuencia del fin de la atención sanitaria universal, recogidos en un informe entregado entonces a la Defensora del Pueblo. Médicos del Mundo denunciaba entonces que según cifras del propio gobierno se habían retirado 873.000 tarjetas sanitarias desde septiembre del año 2012.

El impacto negativo del Real Decreto 16/2012 ha sido también documentado por Gesida (Grupo para el Estudio del Sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica) que hace pocos meses publicaba un estudio que muestra como hasta el 37% de los especialistas en VIH han visto su práctica asistencial afectada siempre o con frecuencia por la decisión, e incluso el 21% expresó que los pacientes no fueron atendidos ni siquiera en las condiciones recogidas por la ley. “Lo más preocupante es la alta proporción de interrupciones del tratamiento y abandonos del seguimiento. Estos factores impactan de forma negativa en la eficacia del tratamiento, así como en la aparición de resistencias a los antivirales y la necesidad de tratamientos de rescate, a menudo más complejos y de mayor coste. A ello hay que sumar el deterioro inmunológico de estas personas, con el consiguiente incremento de la morbimortalidad asociada al VIH/sida“, concluía el estudio, según el cual al menos en seis comunidades (Andalucía, Asturias, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco) se dieron indicaciones explícitas de mantener la continuidad asistencial en los pacientes que ya estaban en seguimiento, una tendencia que parece haberse seguido en la mayoría de las comunidades y que al menos habría evitado “el cambio dramático en la morbimortalidad que era esperable si se hubiese implantado el Real Decreto 16/2012″ de manera estricta. Y es que ya en su momento los especialistas en VIH/sida denunciaron el riesgo que esta medida suponía en el caso de esta infección.

Una medida, en suma, de la que el propio gobierno es incapaz de cuantificar si ha supuesto algún ahorro, y que ahora el ministro Alonso considera que debe revertirse por “cuestiones de salud pública”, porque es “más práctico” y para no “saturar las urgencias”. Eso sí, para no enmendar de plano a su predecesora Ana Mato, la medida no supone la vuelta a la situación previa. Los “sin papeles” podrán ser atendidos por el sistema de Atención Primaria, pero no recuperarán la tarjeta sanitaria -con lo que en principio no podrán acceder a la cofinanciación pública de los medicamentos que necesiten- y todo apunta a que no tendrán acceso a la atención especializada. En lugar de la tarjeta sanitaria se les facilitará un documento que no tendrá validez fuera de la comunidad de residencia y que tendrá una validez de un año, aunque se podrá renovar.

En definitiva, un asistencia sanitaria de segunda, más parecida a un sistema básico de beneficencia, y que tal y como se adivina en este momento -faltan conocer muchos detalles- sigue sin dar solución a muchos de los problemas básicos de salud pública que la exclusión sanitaria genera.

Para Médicos del Mundo, una ONG que se ha batido duramente el cobre para conseguir la derogación del Real Decreto 16/2012, el anuncio “no parece que vaya a cambiar de manera importante la realidad para aquellas personas afectadas y excluidas de la Sanidad desde hace 3 años”. “Cambiar algo para no cambiar nada”, titula en su web la noticia.

“Esta medida no significa, en ningún caso, la restitución del modelo universal de nuestro sistema sanitario y que en ningún caso devuelve el derecho que se elimina con el RD 16/2012; esta medida es muy insuficiente e incompleta y solo demuestra que la decisión que se tomó de retirar el derecho a la asistencia sanitaria a las personas en situación irregular fue un error con consecuencias graves para la salud pública, sin fundamento, que no ha aportado a la sostenibilidad que pretendía y sí ha provocado sufrimiento, confusión e exclusión”, añade.

La noticia supone una mejora de la que nos felicitamos, pero no deja de ser preocupante que no tenga como objetivo otra cosa que “suavizar” la imagen de un PP asustado por su declive electoral, operación de la que Alfonso Alonso parece ser una de las piezas clave al tener como cometido hacer olvidar la infausta gestión de su predecesora, Ana Mato. Otro objetivo habría sido dejar en evidencia a Ciudadanos, que se opone expresamente a reconocer a los inmigrantes “sin papeles” la cobertura sanitaria regular, tal y como su líder, Albert Rivera, ya dejó muy claro en una entrevista concedida hace pocas semanas en La Sexta: “Ciudadanos está con la sanidad universal para quienes tienen permiso de trabajo o de residencia”.

Una medida que parece que se debe más a razones electoralistas (Ciudadanos compite directamente con el PP por el voto de centro-derecha) que a criterios de salud pública, en definitiva. Bienvenida sea en todo caso, a la espera de lo que suceda tras las elecciones generales.

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Asistentes al acto de la Declaración por la Universalidad del Derecho a la Salud.

El fin de la asistencia sanitaria universal ha sido una de las medidas adoptadas por el gobierno de Mariano Rajoy de más graves consecuencias sociales y, para quienes nos confesamos cristianos, de las más alejadas al Evangelio que dicen seguir… A lo largo de estos últimos tres años han quedado fuera de la atención sanitaria (con la supuesta excepción, y no sin problemas, de las visitas a urgencias) colectivos como los inmigrantes “sin papeles” o los ciudadanos que aun siendo españoles se hayan visto obligados a emigrar y lleven trabajando más de 90 días en el extranjero. Afortunadamente, la inmensa mayoría de los partidos políticos españoles se ha comprometido a poner fin a esta situación en cuanto sea posible. Solo PP y Ciudadanos se han negado a sumarse. 

El Círculo de Bellas Artes de Madrid fue el escenario de la presentación de la Declaración Institucional por la Universalidad del Derecho a la Salud, mediante la cual doce partidos partidos políticos garantizan su intención de restituir la cobertura sanitaria a todas las personas que residen en el territorio español y de incluir en sus programas electorales medidas reales que contrarresten los efectos negativos del Real Decreto-Ley 16/2012 y su desigual aplicación.

Amaiur, Bloque Nacionalista Galego, Coalición Canaria, Compromís, Convergencia i Unió, Equo, Esquerra Republicana de Catalunya, Geroa Bai, Izquierda Unida, Nueva Canarias, Partido Nacionalista Vasco, Podemos, PSOE y UPyD han secundado la Declaración Institucional por la Universalidad del Derecho a la Salud, promovida por la ONG Médicos del Mundo (y que puedes descargar aquí), por la cual se comprometen a incluir en sus programas electorales la necesidad de restituir la asistencia sanitaria universal, a la que puso fin el Real Decreto 16/2012. Un retroceso social que ha dado lugar a casos como el del ciudadano senegalés Alpha Pam, rebotado de servicio de urgencias en servicio de urgencias sin que nadie se hiciera cargo de su proceso pese a llevar años viviendo en Baleares, y finalmente fallecido por una tuberculosis que podría haberse curado con antibióticos.

Todos los líderes políticos presentes coinciden en señalar el cambio estructural de modelo sanitario que ha supuesto el RDL 16/2012 al crear la figura de “asegurado” y “beneficiario” de la tarjeta sanitaria, y que excluye directamente a las personas más vulnerables. Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, ha afirmado incluso que su partido derogará el Real Decreto-Ley si gana las elecciones. Por su parte, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha recordado que el rechazo al Real Decreto ha contado, desde su adopción, con la oposición de amplios sectores sociales, mientras que UPyD, representado hoy por Toni Cantó, recordó el compromiso de su partido por restituir la sanidad pública a españoles y extranjeros residentes; y Rafael Mayoral, de Podemos, se comprometió a acabar con el apartheid sanitario.

Amnistía Internacional, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria y la Red de Mujeres Latinoamericanas también criticaron la falta de cobertura sanitaria en los colectivos afectados en representación de las 50 organizaciones sociales que han impulsado y/o apoyan esta campaña.

Hace más de año y medio que Médicos del Mundo recopiló, de hecho, 1.192 casos concretos de vulneración del derecho a la salud como consecuencia del fin de la atención sanitaria universal, recogidos en un informe entregado entonces a la Defensora del Pueblo. Hoy son con seguridad varios centenares más. Médicos del Mundo denunciaba entonces que según cifras del propio gobierno se habían retirado 873.000 tarjetas sanitarias desde septiembre del año 2012.

El impacto negativo del Real Decreto 16/2012 ha sido también documentado por Gesida (Grupo para el Estudio del Sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica) que hace pocos meses ha publicado un estudio en la revista Microbiología Clínica (que puedes descargar en PDF pinchando aquí) basado en una encuesta realizada a médicos especialistas que atienden a personas con VIH/sida y a ONG que trabajan con ellas. El estudio muestra como hasta el 37% de los especialistas en VIH encuestados han visto su práctica asistencial afectada siempre o con frecuencia por la decisión, e incluso el 21% expresa que los pacientes no fueron atendidos “ni siquiera en las condiciones recogidas por la ley”.

“Aunque en algunos casos se han puesto medidas para paliar esta situación, lo más preocupante es la alta proporción de interrupciones del tratamiento y abandonos del seguimiento. Estos factores impactan de forma negativa en la eficacia del tratamiento, así como en la aparición de resistencias a los antivirales y la necesidad de tratamientos de rescate, a menudo más complejos y de mayor coste. A ello hay que sumar el deterioro inmunológico de estas personas, con el consiguiente incremento de la morbimortalidad asociada al VIH/sida“, expresa el estudio. En los casos de interrupción del seguimiento o del tratamiento antirretroviral, los motivos referidos por los encuestados fueron: imposibilidad de citar a los pacientes (34% de los casos), no dispensación de medicación por parte del hospital (19%), exigencia de pago (15%) y otros, como problemas con el seguro privado, no disponer o haber perdido la tarjeta sanitaria, miedo del paciente a volver por si le hacían pagar la medicación o dificultad de acceso por problemas económicos. Solo el 26% de los encuestados refirieron que en sus hospitales se habían puesto en marcha medidas extraordinarias para atender a toda esta población.

Según el estudio, al menos en seis comunidades (Andalucía, Asturias, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco) se dieron indicaciones explícitas de mantener la continuidad asistencial y terapéutica en los pacientes que ya estaban en seguimiento, una tendencia que parece haberse seguido en la mayoría de las comunidades y que al menos habría evitado “el cambio dramático en la morbimortalidad que era esperable si se hubiese implantado el Real Decreto 16/2012″ de manera estricta. Y es que ya en su momento los especialistas en VIH/sida denunciaron el riesgo que esta medida suponía en el caso de esta infección.

PP y Ciudadanos, en contra

Solo dos de las fuerzas políticas más importantes del país se han negado a sumarse al compromiso. La postura del PP es bien conocida. Por lo que se refiere a Ciudadanos, su líder, Albert Rivera, ya dejó claro en la entrevista concedida hace pocas semanas a la periodista Ana Pastor en La Sexta su oposición a que los “sin papeles” tengan acceso a la sanidad regular.

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Ana Mato, ministra de Sanidad del gobierno de Mariano Rajoy, ha presentado su dimisión por un escándalo de corrupción protagonizado por su exmarido, del cual la justicia la considera (a la espera de que se celebre el juicio) “partícipe a título lucrativo”. Pero con independencia de las causas que han llevado a Mato a dimitir o de su manifiesta ineptitud para gestionar crisis sanitarias (como la recientemente vivida como consecuencia del primer caso de infección por virus del ébola en suelo español) se trata de una buena noticia, también en clave LGTB. Desaparece de la escena política española, esperamos que para siempre, uno de sus personajes más ruines, responsable directa del infame Real Decreto Ley 16/2012, que puso fin a la universalidad de la asistencia sanitaria pública en España, así como del recorte lesbófobo de las prestaciones en reproducción asistida o del deterioro de la respuesta gubernamental al VIH.

Casos como el del ciudadano senegalés Alpha Pam, rebotado de servicio de urgencias a servicio de urgencias por haber perdido su derecho a la asistencia sanitaria regular, y finalmente fallecido a consecuencia de una tuberculosis que en condiciones normales podría haberse curado con un tratamiento antibiótico, quedarán como símbolo de este desgraciado periodo. Hace ya más de un año que Médicos del Mundo recopiló 1.192 casos concretos de vulneración del derecho a la salud como consecuencia del fin de la atención sanitaria universal, recogidos en un informe entregado entonces a la Defensora del Pueblo. Hoy día son con seguridad varios centenares más. Médicos del Mundo denunciaba que según cifras del propio gobierno se habían retirado 873.000 tarjetas sanitarias desde septiembre de 2012. La mayoría, correspondientes a personas que llevaban años viviendo y trabajando en España, que habían formado aquí su familia, y que tras todo ese tiempo de contribuir económicamente a los presupuestos del Estado habían perdido uno de los derechos más básicos, el de la salud.

Entre la herencia recibida de Ana Mato también debe destacarse la exclusión de las parejas de mujeres y de las mujeres solas, lesbianas o no, del derecho al acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública. La Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida permitía el acceso de todas las mujeres a estas técnicas. Sin embargo, la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (es decir, la lista de procedimientos que en todas las comunidades deben ser cubiertos por la sanidad pública) limita la cobertura pública de la reproducción humana asistida a aquellas situaciones en las que haya “un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida, de acuerdo con los programas de cada servicio de salud”. Una formulación que en ausencia de limitaciones más específicas es lo suficientemente ambigua como para permitir la inclusión de parejas de lesbianas o de mujeres solteras, lesbianas o heterosexuales, y de hecho los servicios de salud de varias comunidades autónomas así lo habían venido entendiendo (especial interés al respecto tiene la polémica que rodeó en 2011 la exclusión de dos mujeres lesbianas en Asturias, ya que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad dio luego la razón a una de las mujeres, al considerar que fue objeto de discriminación). Bajo el mandato de Ana Mato, sin embargo, el Ministerio de Sanidad decidió dar otra vuelta de tuerca e impedir esta posibilidad, definiendo una serie de circunstancias concretas que, aunque sin mencionar expresamente la orientación sexual, en la práctica suponen que las mujeres sin pareja masculina quedan excluidas de la prestación. Conviene recordar que en su momento la ministra Ana Mato llegó a afirmar que “la falta de varón no es un problema médico”.

Y qué no decir de las políticas frente al VIH. A pocos días de que se conmemore un año más el Día Mundial del Sida, y antes de que se conociera la noticia de la dimisión de Mato, la Alianza de Plataformas de VIH y Sida denunciaba precisamente el abandono del gobierno en este terreno. “Esta falta de voluntad política y liderazgo pone en peligro los avances alcanzados durante los últimos 30 años”, expresa el comunicado. “A juicio de la Alianza, el Plan Nacional sobre el Sida ha dejado de ejercer su papel de liderazgo estatal que tenía antes de su reestructuración en 2012, cuando perdió peso político dentro del organigrama del Ministerio de Sanidad (…), sufriendo una descapitalización económica y humana, y paralizando numerosas estrategias e intervenciones de educación, investigación, prevención, vigilancia epidemiológica y atención sanitaria”, prosigue. “El actual gobierno no solo impide que los cauces de participación sean fluidos, tampoco tiene en cuenta las propuestas de las organizaciones como demuestra la reciente publicación del ‘Plan Estratégico de prevención y control de VIH y otras ITS 2013-2016′, tras dos años de retraso y en el que el Ministerio se ha negado a incorporar la visión de las ONG y sus propuestas más esenciales”, añade.

La Alianza de Plataformas del VIH y el sida del Estado Español exige al gobierno español y al Ministerio de Sanidad que se dote de los recursos económicos y personales adecuados al Plan Nacional sobre el Sida y que la participación de la sociedad civil en las políticas relacionadas con el VIH “se defina de acuerdo a las recomendaciones internacionales que señalan esta colaboración como prioritaria”. Esperemos que la dimisión de Ana Mato y el nombramiento de un nuevo sucesor o sucesora conlleve un cambio, también en este sentido.

Podríamos hablar de muchas otras medidas adoptadas por Ana Mato y que han afectado precisamente a los colectivos sociales más vulnerables, como el copago farmacéutico o la degradación del sistema de atención a las personas en situación de dependencia. Razones no faltan para felicitarse por la retirada de este oscuro personaje. Ojalá no tengamos que volver a sufrirla como responsable política.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Alianza de Plataformas del VIH, Alpha Pam, Ana Mato, Corrupción, Día Mundial del Sida, Discriminación, Ébola, España, Lesbianas, Lesbofobia, Mariano Rajoy, Médicos del Mundo, Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, Plan Nacional sobre el SIDA, PP, Reproducción asistida, Tuberculosis, VIH