Según un sondeo realizado entre los pasados 29 de septiembre y 1 de octubre, el 57 % de los franceses se opone a la abolición de la “ley Taubira”, y el 53% se dice favorable a ampliar la procreación médicamente asistida a las parejas de lesbianas. Otro 55%, según esa encuesta, efectuada por el instituto demoscópico Ifop, es partidario de autorizar “en un marco reglamentado” la gestacion subrogada en Francia, actualmente prohibidos sea cual sea la orientación sexual de la pareja. El Gobierno, no obstante, se muestra particularmente inflexible en ese último punto: Una de las primeras acciones de Manuel Valls tras ser designado primer ministro fue de hecho viajar al Vaticano y declarar que su gobierno no promovería dicha modificación, pese a formar parte del programa electoral con el que los socialistas ganaron las elecciones legislativas. La secretaria de estado de Familia, Laurence Rossignol, llegaba a recibir a los representantes de la Manif por tous y confirmarles la renuncia de su gobierno a modificar la normativa de reproducción asistida. “Estamos felices de que el gobierno reconozca el peso de nuestro movimiento. Esperamos ahora que detrás de las palabras lleguen los hechos”, declaraba entonces el coordinador general de la plataforma homófoba, Albéric Dumont. Además, el primer ministro, Manuel Valls, anunció el viernes que se va a promover una “iniciativa internacional” para que los países donde la gestación subrogada es legal no los permitan para los nacionales de Estados donde están prohibidos. Para Valls, se trata de “una práctica intolerable de comercialización de los seres humanos y de mercantilización del cuerpo de las mujeres“, razón por la que afirmó que la postura francesa no va a cambiar pese a la condena de Francia por el Tribunal de Estrasburgo en junio.