En el marco de la campaña #ReconocerEsReparar, el día jueves 6 de octubre a las 15hs en el Anexo A del Honorable Congreso de la Nación, piso 3, Sala 5, se realizará el acto de presentación del proyecto de ley “Régimen reparatorio para víctimas de violencia institucional por motivos de identidad de género”.

El 3/10 entre los trending topic de Twitter apareció: #ReconocerEsReparar

Hace años, cuando la Ley de Identidad de Género no era ni siquiera una posibilidad, cuando el silencio y la muerte trans no eran noticia, cuando el Estado criminalizaba a determinadas identidades de género y sexualidades, cuando los edictos policiales apañaban la violencia que el personal de las fuerzas de seguridad aplicaba sobre cuerpas trans, hace años (no tantos), muchas personas trans padecieron esta violencia sistemática y periódica. Por esto, y por mucho más, hace tiempo el Estado y la sociedad tienen una deuda enorme para con estas identidades, #ReconocerEsReparar

Para eso se está impulsando un proyecto de ley nacional que consiste en una reparación histórica para personas trans víctimas de este aparato del terror avalado por el Estado.

La campaña fue iniciativa de ALITT, ABOSEX y Futuro Transgenérico, que retomaron el proyecto original impulsado por Lohana Berkins y Marlene Wayar junto al acompañamiento de Diana Sacayán por MAL, y cuenta con el apoyo de varias organizaciones que militan en el área de género y diversidad sexual.

El proyecto, que lleva la primera firma de la diputada Diana Conti (FpV), en los próximos meses, espera sea tratado en la comisión de Seguridad Interior, para luego pasar a las de Previsión y Seguridad Social, Derechos Humanos y Garantías y Presupuesto y Hacienda.

La historia de los edictos policiales es la historia de las políticas de persecución social orientadas a la normalización de grupos sociales considerados desviados por el poder estatal, por tener atributos considerados perjudiciales para el estado-nación.

En el libro “Cumbia, Copeteo y Lágrimas, informe nacional sobre la situación de las travestis, transexuales y transgéneros”, se registran datos de distintos tipos de violencia sufrida por personas trans, entre las cuales figura la cometida como consecuencia de la aplicación de las contravenciones y edictos. Interesa resaltar que: “el llamado ‘Estado terrorista’ (que refiere a esa extraña combinación en la que quien debería custodiar las leyes es su principal violador), el Estado vuelto contra la sociedad, sigue siendo una realidad cotidiana para un conjunto de sectores subordinados.”

Este proyecto de ley se justifica por la directriz marcada por el Principio 28 de los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, que indica: “toda víctima de una violación de los derechos humanos, incluso de una violación basada en la orientación sexual o la identidad de género, tiene el derecho a recursos eficaces, adecuados y apropiados. Las medidas adoptadas con el propósito de brindar reparaciones a personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, o de asegurar el adecuado desarrollo de estas personas, son esenciales para el derecho a recursos y resarcimientos efectivos.”

El proyecto de ley 2526 precisa del impulso transversal de todos los espacios sociales y políticos de militancia.

ENVIÁ TU ADHESIÓN: reconocer.reparar@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Reconocer-es-Reparar-1108672979214048/

Fuente: Friendly Life, vía SentidoG

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. #ReconocerEsReparar, ABOSEX, ALITT, Diana Conti, Diana Sacayán, FPV, Futuro Transgenérico, Ley de Identidad de Género, Lohana Berkins, Mal, Marlene Wayar, Principios de Yogyakarta

Reglamentan una ley de 2015 que prevé un cupo de 1% del empleo público.

Unas 6000 personas transexuales, travestis y transgénero podrían incorporarse paulatinamente al Estado de la provincia de Buenos Aires en los próximos meses. Esto es así a partir de la reglamentación de la ley 14.783, que dispone un cupo del 1% de los empleos públicos para ese colectivo.

En la actualidad, los empleados públicos bonaerenses son cerca de 600.000. Por eso, se estima que el cupo de trans debería garantizar empleo a unas 6000 personas.

El secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón, dijo a La Nación que se espera poder implementar la ley aprobada en 2015 “en los próximos meses”. Ahora Cantón articulará con el ministro de Trabajo de la provincia, Marcelo Villegas, para avanzar en la instrumentación de esta ley, dado que por otras normas vigentes -como la emergencia administrativa- las vacantes en el Estado están congeladas. El gobierno de María Eugenia Vidal deberá articular la modalidad de ingreso de estos sectores considerados vulnerables.

“La ley ya debería ser operativa. Esperamos que se termine de reglamentar lo antes posible”, dijo a este diario María Rachid, de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales.

Antes deberán quedar resueltos los requisitos para acceder a estos empleos públicos, dado que posiblemente muchas de las personas trans no cuentan con experiencia laboral previa en el Estado. Se intentará que el trabajo incluya además alguna forma de capacitación.

“Lxs trans sufren violencia desde la niñez. Son expulsados de su casa y del sistema educativo. Por eso buscamos que en principio el gobierno nos de la posibilidad de capacitarnos y terminar los estudios junto con el acceso al trabajo“, dijo Rachid.

Según un informe de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (Alitt), la expectativa de vida promedio de una persona trans es de 33 años y las principales causas de muerte son el SIDA, la aplicación de silicona industrial (aceite de avión) y los asesinatos. Esta ley busca reparar las “ausencia del Estado”.

El gobierno de Vidal evalúa ahora la manera en que se determinará el cupo. La idea es que la condición quede demostrada mediante una declaración jurada para acceder al cupo. Para avanzar en estos aspectos de su reglamentación, Cantón se reunió la semana que pasó con representantes de ocho agrupaciones. Participaron Abogados por los Derechos Sexuales (Abosex), representantes de Alitt, la Asociación por un Mundo Igualitario (AMI), la Asociación de Transexuales, Travestis y Transgénero de Argentina (Attta), el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), Conurbanos por la Diversidad y la FALGBT.

La reunión tuvo lugar luego de que el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires le pidiera al Poder Ejecutivo que se reglamente la ley 14.783, aprobada en septiembre de 2015 por la Legislatura provincial.

“Consideramos que los derechos requieren de la acción concreta del Estado, que garantice condiciones de igualdad, reconociendo las desigualdades subyacentes y las vulnerabilidades de los sectores más desprotegidos”, explicó Laurana Malacalza, directora del OVG.

En los fundamentos de la ley se explica: “La comunidad travesti, transexual y transgénero de la Argentina se encuentra entre una de las poblaciones más vulneradas históricamente del país. La realidad de este colectivo está atravesada por un contexto de persecución, exclusión y marginación, teniendo grandes dificultades para el acceso a la igualdad de oportunidades y de trato”.

Fuente: La Nación

General, Historia LGTBI Abosex.AMI, ALITT, Argentina, ATTA, Buenos Aires, Defensoría del Pueblo, FALGTB, Laurana Malacalza, Ley 14.783, Mal, Marcelo Villegas, Maria Eugenia Vidal, María Rachid, OVG, Santiago Cantón, Transexual, Transexualidad

Lohana Berkins, presidenta de ALITT, una de las promotoras de esta iniciativa.

Se trata de una compensación económica, que correspondería a aquellas personas que fueron privadas de su libertad mientras rigieron los edictos policiales que castigaban la expresión de género, o que sufrieron violaciones a sus derechos por parte de las fuerzas de seguridad.

El resarcimiento económico en forma de pensión graciable se podrá reclamar si prospera un proyecto de ley que presentó este lunes la diputada Diana Conti (FpV), elaborado con cuatro organizaciones del colectivo.

La iniciativa fue presentada en la Sala I del segundo piso del anexo A de Diputados, y junto a los legisladores que la impulsan estarán los autores de la idea originaria: la activista Marlene Wayar, de Abosex (Abogad*s por los Derechos Sexuales) y referentes de ALITT (Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual), Futuro Transgenérico y MAL (Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación).

El proyecto “es de un gran impacto para nuestra comunidad, porque sería la primera vez que el Estado, así como nos reconoció en términos de la documentación legal, nos reconocería ahora en nuestra condición de víctimas” de gestiones anteriores “que solo aparecían frente a nuestros cuerpos de manera punible”, dijo a Télam la fundadora y actual presidenta de ALITT, Lohana Berkins. “Que esto salga a la luz, que las compañeras sientan que el Estado las reconoce y reconoce todas las consecuencias que produce la violencia, el encarcelarmiento y todo el sufrimiento, es muy importante para nosotros”, afirmó.

Más allá de su presentación formal, el “Régimen reparatorio para víctimas de violencia institucional por motivos de género” ya fue ingresado en la Cámara baja a fines de octubre y girado para su tratamiento a las comisiones de Derechos Humanos y Garantías, Justicia y Presupuesto y Hacienda.

CHA adhiere al proyecto de resarcimiento económico para las personas trans

A través de un comunicado, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) expresó su apoyo y adhesión al proyecto de ley que establece un régimen reparatorio para víctimas de violencia institucional por motivos de género.

Al respecto, César Cigliutti, Presidente de la CHA dijo: “Durante la vigencia de los edictos policiales, derogados hace 18 años, fue una época de persecución hacia nuestra comunidad LGBTI que duró más de 12 años en plena democracia en nuestro país. La derogación de los edictos policiales fue el primer objetivo de la CHA. Este proyecto de ley es un reconocimiento a esa persecución y también una reparación a las consecuencias que muchas personas sufrieron durante ese tiempo”.

Por su parte, Pedro Paradiso Sottile, Secretario de la CHA, sostuvo: “Este proyecto de ley es de un estado democrático que desde el reconocimiento de la diversidad sexual se hace cargo de un pasado de discriminación y violencia hacia nuestra comunidad.”

Fuentes: Télam; CHA, vía SentidoG

Cine/TV/Videos, General, Historia LGTBI Abogad*s por los Derechos Sexuales, ALITT, Argentina, César Cigliutti, CHA, Compensación, Derechos LGTB, Diana Conti, Frente para la Victoria (FpV), Futuro Transgenérico, Lohana Berkins, Mal, Marlene Wayar, Pedro Paradiso Sottile, Transexuales, Transexualidad