Ana Mato, ministra de Sanidad del gobierno de Mariano Rajoy, ha presentado su dimisión por un escándalo de corrupción protagonizado por su exmarido, del cual la justicia la considera (a la espera de que se celebre el juicio) “partícipe a título lucrativo”. Pero con independencia de las causas que han llevado a Mato a dimitir o de su manifiesta ineptitud para gestionar crisis sanitarias (como la recientemente vivida como consecuencia del primer caso de infección por virus del ébola en suelo español) se trata de una buena noticia, también en clave LGTB. Desaparece de la escena política española, esperamos que para siempre, uno de sus personajes más ruines, responsable directa del infame Real Decreto Ley 16/2012, que puso fin a la universalidad de la asistencia sanitaria pública en España, así como del recorte lesbófobo de las prestaciones en reproducción asistida o del deterioro de la respuesta gubernamental al VIH.
Casos como el del ciudadano senegalés Alpha Pam, rebotado de servicio de urgencias a servicio de urgencias por haber perdido su derecho a la asistencia sanitaria regular, y finalmente fallecido a consecuencia de una tuberculosis que en condiciones normales podría haberse curado con un tratamiento antibiótico, quedarán como símbolo de este desgraciado periodo. Hace ya más de un año que Médicos del Mundo recopiló 1.192 casos concretos de vulneración del derecho a la salud como consecuencia del fin de la atención sanitaria universal, recogidos en un informe entregado entonces a la Defensora del Pueblo. Hoy día son con seguridad varios centenares más. Médicos del Mundo denunciaba que según cifras del propio gobierno se habían retirado 873.000 tarjetas sanitarias desde septiembre de 2012. La mayoría, correspondientes a personas que llevaban años viviendo y trabajando en España, que habían formado aquí su familia, y que tras todo ese tiempo de contribuir económicamente a los presupuestos del Estado habían perdido uno de los derechos más básicos, el de la salud.
Entre la herencia recibida de Ana Mato también debe destacarse la exclusión de las parejas de mujeres y de las mujeres solas, lesbianas o no, del derecho al acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública. La Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida permitía el acceso de todas las mujeres a estas técnicas. Sin embargo, la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (es decir, la lista de procedimientos que en todas las comunidades deben ser cubiertos por la sanidad pública) limita la cobertura pública de la reproducción humana asistida a aquellas situaciones en las que haya “un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida, de acuerdo con los programas de cada servicio de salud”. Una formulación que en ausencia de limitaciones más específicas es lo suficientemente ambigua como para permitir la inclusión de parejas de lesbianas o de mujeres solteras, lesbianas o heterosexuales, y de hecho los servicios de salud de varias comunidades autónomas así lo habían venido entendiendo (especial interés al respecto tiene la polémica que rodeó en 2011 la exclusión de dos mujeres lesbianas en Asturias, ya que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad dio luego la razón a una de las mujeres, al considerar que fue objeto de discriminación). Bajo el mandato de Ana Mato, sin embargo, el Ministerio de Sanidad decidió dar otra vuelta de tuerca e impedir esta posibilidad, definiendo una serie de circunstancias concretas que, aunque sin mencionar expresamente la orientación sexual, en la práctica suponen que las mujeres sin pareja masculina quedan excluidas de la prestación. Conviene recordar que en su momento la ministra Ana Mato llegó a afirmar que “la falta de varón no es un problema médico”.
Y qué no decir de las políticas frente al VIH. A pocos días de que se conmemore un año más el Día Mundial del Sida, y antes de que se conociera la noticia de la dimisión de Mato, la Alianza de Plataformas de VIH y Sida denunciaba precisamente el abandono del gobierno en este terreno. “Esta falta de voluntad política y liderazgo pone en peligro los avances alcanzados durante los últimos 30 años”, expresa el comunicado. “A juicio de la Alianza, el Plan Nacional sobre el Sida ha dejado de ejercer su papel de liderazgo estatal que tenía antes de su reestructuración en 2012, cuando perdió peso político dentro del organigrama del Ministerio de Sanidad (…), sufriendo una descapitalización económica y humana, y paralizando numerosas estrategias e intervenciones de educación, investigación, prevención, vigilancia epidemiológica y atención sanitaria”, prosigue. “El actual gobierno no solo impide que los cauces de participación sean fluidos, tampoco tiene en cuenta las propuestas de las organizaciones como demuestra la reciente publicación del ‘Plan Estratégico de prevención y control de VIH y otras ITS 2013-2016′, tras dos años de retraso y en el que el Ministerio se ha negado a incorporar la visión de las ONG y sus propuestas más esenciales”, añade.
La Alianza de Plataformas del VIH y el sida del Estado Español exige al gobierno español y al Ministerio de Sanidad que se dote de los recursos económicos y personales adecuados al Plan Nacional sobre el Sida y que la participación de la sociedad civil en las políticas relacionadas con el VIH “se defina de acuerdo a las recomendaciones internacionales que señalan esta colaboración como prioritaria”. Esperemos que la dimisión de Ana Mato y el nombramiento de un nuevo sucesor o sucesora conlleve un cambio, también en este sentido.
Podríamos hablar de muchas otras medidas adoptadas por Ana Mato y que han afectado precisamente a los colectivos sociales más vulnerables, como el copago farmacéutico o la degradación del sistema de atención a las personas en situación de dependencia. Razones no faltan para felicitarse por la retirada de este oscuro personaje. Ojalá no tengamos que volver a sufrirla como responsable política.
Fuente Dosmanzanas
General, Homofobia/ Transfobia.
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Nota de Prensa CESIDA:
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