Bueno, parece que ya se terminó el culebrón… Pero si piensan que nos olvidamos del “recurso de la vergüenza” que, por orden de Rajoy mantuvo en vilo a tantos matrimonios durante tantos años, van listos…

Javier Maroto, vicesecretario de Acción Sectorial del PP, ha contraído matrimonio en Vitoria-Gasteiz, ciudad de la que fue alcalde, con José Manuel Rodríguez, su pareja desde hace 19 años. A la celebración han acudido buena parte de los dirigentes de su partido, entre ellos Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España y principal responsable del recurso de inconstitucionalidad contra la ley de matrimonio igualitario presentado en 2005 y no resuelto hasta siete años después, y Arantza Quiroga, presidenta del PP del País Vasco, que hace solo dos años afirmaba que la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo fue un ataque “a los que pensamos que la palabra matrimonio representa la unión entre un hombre y una mujer”. 

La boda, oficiada por el concejal del PP Miguel Garnica, se celebró el viernes por la mañana en el despacho que aún conserva Maroto en el Ayuntamiento vitoriano como portavoz municipal del PP, y fue un acto íntimo en el que solo estuvieron presentes, además de los contrayentes, la madre de Maroto y su amigo y compañero de partido (también abiertamente gay) Iñaki Oyarzábal, que ejercieron de testigos. El acto se limitó a la firma de los documentos, ya que la celebración con el resto de familiares, amigos e invitados tuvo lugar por la tarde-noche en un restaurante. Allí se volvió a recrear la boda, pese a que legalmente Maroto y Rodríguez ya eran matrimonio (una práctica, por otra parte, relativamente común en ceremonias civiles).

Javier Maroto sorteaba así la polémica despertada por su intención inicial de organizar una gran ceremonia de boda en el Ayuntamiento, donde según el actual reglamento municipal las ceremonias de boda se celebran los sábados, en horario de 12:00 a 13:30 y de 18:30 a 19:30 horas, pero no los viernes. Ello había motivado una protesta del grupo municipal de Sumando-Hemen Gaude, que reclamó que todos los gastos que se derivasen de la apertura de consistorio un viernes por la tarde corriesen a cargo de Maroto. La decisión de este de modificar sus planes, casarse en la intimidad por la mañana y trasladar la ceremonia “social” al restaurante puso punto final a la polémica.

Felicitaciones a Maroto, en lo personal…

Felicitamos por su boda a Javier Maroto, que coherente con su condición de gay siempre se mostró públicamente en desacuerdo con la posición de su partido respecto al matrimonio igualitario. En este sentido, y dejando aparte otras consideraciones políticas, se trata de una figura que siempre hemos respetado, aunque hace pocos días nos veíamos obligados a señalarlo como mentiroso por asegurar que el recurso de inconstitucionalidad de su partido contra el matrimonio igualitario fue solo una cuestión nominalista.

También queremos felicitar a Maroto por reconocer, en las palabras que según recogen varios medios dirigió a los asistentes a su celebración, que para poder él ahora contraer matrimonio “muchísimos hombres y mujeres activistas” tuvieron que luchar durante décadas. Un reconocimiento que le honra.

… y poco que decir en lo político

Más allá de eso, y más allá de reconocer el simbolismo que supone que Mariano Rajoy –según asegura El País– haya acabado bailando la conga a ritmo de Village People en una boda gay después de oponerse a que estas pudieran tener lugar (justicia poética, dirán algunos…), poco tenemos que añadir. Como adelantábamos la semana pasada, no seremos nosotros los que nos sumemos a una absurda ola de reconocimiento mediático a un partido al que se intenta ahora lavar la cara. Al menos no hasta que no adopte de verdad políticas favorables a los derechos LGTB. Que personas como Mariano Rajoy o la mencionada Arantza Quiroga acudan a una boda entre dos hombres demuestra que efectivamente los contrarios a la igualdad de las personas LGTB también tienen amigos gais. No es solo una frase hecha, desgraciadamente.

Uno de los asistentes a la boda de Maroto, el ministro de Sanidad Alfonso Alonso, sigue por cierto sin mover ni un dedo para acabar con la escandalosa discriminación que su antecesora impuso en materia de reproducción asistida, al retirar dicha prestación de la sanidad pública a las mujeres solas y parejas de mujeres. Señor Alonso, sería también un bonito detalle que pusiera punto final a este sinsentido. Y es solo un ejemplo.

Fuente Dosmanzanas

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La FELGTB quiere hacer público su apoyo a seis entidades de defensa de los derechos humanos y de profesionales de la sanidad que se han dirigido al Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, para exigirle que incluya la cuestión de la asistencia sanitaria a las personas migrantes en situación administrativa irregular en el orden del día del próximo Consejo Interterritorial de Salud, que se celebrará este 29 de julio en Madrid.

Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge, SEMFyC, SESPAS y Odusalud solicitan a las autoridades centrales y autonómicas representadas en el Consejo que debatan y adopten acuerdos sobre la urgencia de poner en práctica las recomendaciones emitidas por más de una decena de mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas y el Consejo de Europa, que han instado al Gobierno español a asegurar el acceso a la atención sanitaria para todas las personas que viven en España.

Además, a la puerta del Ministerio, activistas de estas asociaciones entregarán botiquines –que contienen el listado de recomendaciones internacionales– al ministro y a los y las representantes de las Consejerías de Sanidad autonómicas participantes en la reunión.

Las últimas recomendaciones internacionales provienen del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, quien ha destacado que el Real Decreto Ley 16/2012 ha tenido un impacto desproporcionado sobre las mujeres migrantes y que con él se ha perdido una oportunidad para identificar a las víctimas de violencia de género y a las víctimas de trata de personas y apoyar a las víctimas de violencia sexual. El Comité recomienda que se reforme el Real Decreto Ley para garantizar el acceso a la atención sanitaria a todas las personas.

En el mes de mayo, también el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación de la mujer en la legislación y en la práctica instó al Gobierno a asegurar la cobertura sanitaria para todas las personas migrantes y calificó el Real Decreto Ley 16/2012 como una medida regresiva incompatible con las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas también ha recomendado a España que las personas migrantes no sean discriminadas en el acceso a la atención de la salud.

Exigimos medidas definitivas, no parches

En las últimas semanas, dos autonomías –Comunidad Valenciana y Baleares– han anunciado la extensión de la tarjeta sanitaria a todas aquellas personas empadronadas en sus territorios. Se suman así a otras comunidades que han adoptado medidas para garantizar el acceso de personas migrantes a la atención sanitaria, como Asturias, Andalucía, o Euskadi y Navarra, que han llegado a garantizar por ley la universalidad de la atención sanitaria.

Las organizaciones firmantes consideran que el anuncio del ministro del pasado mes de marzo en relación con el acceso a la atención primaria de las personas hasta ahora excluidas es un paso en la dirección correcta, pero también es solo una medida paliativa y, por tanto, insuficiente. Lo importante -consideran las entidades- es reformar la legislación que consagra esta exclusión sanitaria y blindar definitivamente el acceso a la salud como un derecho humano.

Mientras esto llega, es necesario recordar a los gobiernos autonómicos que también ostentan obligaciones internacionales en materia del derecho a la salud y que pueden y deben llegar al límite de sus competencias para asegurar que se restaure la universalidad de este derecho. Además, las autonomías gobernadas por aquellas fuerzas políticas que suscribieron públicamente su compromiso con la restitución de la cobertura sanitaria universal en España tienen ahora una oportunidad de oro para exigir al gobierno central cambios legislativos urgentes que permitan alcanzar este objetivo.

En este sentido, organizaciones como Médicos del Mundo y las integradas en el observatorio Odusalud se preguntan de qué forma las nuevas medidas que se pongan en marcha van a contemplar la restitución del daño causado hasta ahora por la exclusión sanitaria, en concreto con las facturas y compromisos de pago emitidos.

Las entidades firmantes de la carta al ministro, que llevan denunciando el impacto de la reforma sanitaria desde su aprobación y documentando sus efectos con sus propios medios, han exigido reiteradamente al Gobierno que evalúe qué consecuencias ha tenido el Real Decreto Ley 16/2012 sobre el derecho a la salud de las personas afectadas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

 Los mecanismos internacionales que han instado a las autoridades a garantizar el acceso a la atención sanitaria para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación son: el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; la Relatora Especial de extrema pobreza y derechos humanos; el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; el Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales; el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; el Comité Europeo de Derechos Sociales; el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas; Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas; el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre discriminación contra las mujeres en la ley y en la práctica y 9 países en el marco del mecanismo de Examen Periódico Universal.

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Mariano Rajoy y el ministro de Sanidad Alfonso Alonso

El gobierno equipara a las familias LGTB a otras familias “con problemas”: con enfermos graves, mayores, madres reclusas…

El gobierno de Rajoy presentó el viernes, en vísperas de la conmemoración del día de las familias, el plan aprobado en Consejo de Ministro de Ayuda a las familias. En la presentación, el ministro de Sanidad Alfonso Alonso denominó a las familias LGBT como “familias con problemas”.

Aprovechando el tirón del 15 de mayo, Día Internacional de la Familia, el Consejo de Ministros aprobó este jueves el denominado Plan de Apoyo a la Familia con el objetivo de “mejorar la protección de las familias en todas las políticas y de forma transversal”. Se trata de un conjunto de acciones entre las que se incluyen muchas ya en marcha, otras sobre las que en realidad el gobierno central no tiene competencia y alguna promesa electoralista, como la de subir las pensiones a mujeres con dos o más hijos. El anuncio del plan incluye una mención a las familias LGTB, que el gobierno incluye en el cajón de sastre de “familias con necesidades especiales”: quienes tienen enfermos graves, mayores, familias inmigrantes, de empleados en el servicio exterior o madres reclusas o exreclusas con menores.

Según el anuncio oficial, y a la espera de conocer los detalles del plan, estos colectivos cuentan con “medidas específicas”, sin precisar nada más. Especialmente significativo fue que el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, encargado de presentar el plan en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, se refiriera a estas familias con “necesidades especiales” como familias “con problemas diversos”:

A la espera, insistimos, de conocer los detalles, no parece desde luego muy prometedora la forma en la que las familias LGTB han sido finalmente consideradas en un plan que desde su inicio se planteó como un guiño del PP a su sector más conservador y al frente de cuya preparación ha estado la directora general de Servicios para la Familia e Infancia, Salomé Adroher, que en octubre de 2012 no tuvo problema en inaugurar el congreso “El matrimonio sí importa, el divorcio no es la solución”, organizado por el ultraconservador y homófobo Foro de la Familia, y para el que se ha contado, por ejemplo, con la colaboración de Acción Familiar, organización contraria al matrimonio igualitario y a la que se subvencionó con 18.000 euros para que elaborase un informe sobre la situación socioeconómica de las familias.

La FELGTB señala al Ministro que el “problema” de nuestras familias es la existencia de la LGTBfobia

Esa es también la impresión de los colectivos LGTB, que han expresado su desagrado por la forma en la que las familias LGTB han sido incluidas en el plan.

La FELGTB ha señalado al ministro Alonso que “las familias LGTB no presentamos ningún ‘problema’ especial ni específico, los numerosos estudios realizados  sobre nuestras familias tienen una concordancia en sus conclusiones al afirmar que nuestras familias presentan un grado de aceptación social elevado y un desarrollo intelectual y psicoafectivo adecuado”. “Las necesidades específicas de las familias que formamos lesbianas, gais, transexuales y bisexuales pasan únicamente por promover un espacio libre de homofobia, bifobia y transfobia, donde la igualdad legal y administrativa acabe con las trabas que nos encontramos y donde se promuevan políticas educativas, sociales y sanitarias inclusivas que logren que la vivencia de la diversidad familiar sea reconocida como una riqueza social imprescindible”, añaden desde la FELGTB. Hoy, y todos los días, reclamamos que las familias LGTB existen y enriquecen la diversidad familiar. ¡Felicidades, familias!

Fundación Triángulo exige que se modifique el Plan tanto en su contenido como en su lenguaje

Desde Fundación Triángulo exigen que se modifique el Plan tanto en su contenido como en su lenguaje y piden al gobierno que las legislaciones sobre familias se basen en la diversidad y pluralidad que existe en esta materia como elemento positivo, y no contribuyendo al aumento de las discriminaciones y estigmatización de nuestras familias.

Silvia Tostado, miembro del área de familias de Fundación Triángulo ha expuesto que “es inadmisible que se siga legislando en materia familiar de espaldas a la realidad, nuestras familias no son problemáticas como insinuó el señor Alonso y por el hecho de ser LGTB no tiene problemas, nuestras dificultades nacen de la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia de algunos sectores de la sociedad que sí tienen problemas y cuentan con el respaldo del gobierno, como las entidades de familias que nos quieren sacar de las leyes y se manifiestan con miembros del gobierno año tras año; las discriminaciones las sufrimos también por la eliminación en los planes de estudio de la diversidad, como pasó con la eliminación de educación para la ciudadanía”. Un colectivo que acaba de hacer públicas sus reivindicaciones en materia familiar: dar marcha atrás en la exclusión de la reproducción asistida de mujeres sin pareja masculina en la sanidad pública; regular la filiación de los hijos e hijas teniendo en cuenta la realidad de la diversidad familiar actual, garantizando a todos y todas, en igualdad de condiciones, los mismos procedimientos; regular y reconocer la gestación subrogada en España de una forma garantista con respecto a los derechos de las mujeres y dar a todas las familias el mismo valor visibilizándolas y reconociéndolas en el currículo educativo, entre otras medidas que deberían incluirse en una ley estatal de igualdad.

José María Núñez, Presidente de Fundación Triángulo exige al gobierno del PP una rectificación pública y le insta a sentarse con los grupos y asociaciones de familias “en primer lugar-ha manifestado- para aprender y en segundo para abordar cuales son las necesidades de las familias lgbt teniendo en cuenta a sus protagonistas, esto pasa cuando se gobierna de espaldas a la realidad social que va muy por delante de quienes han aprobado este plan”.

COGAM: “seguimos estando cuestionados, siendo vulnerados sistemáticamente nuestros derechos por la velada falta de iniciativa de este gobierno“

El colectivo COGAM, por su parte, ha hecho uso de la ironía para agradecer al ministro que reconozca que las familias LGTB son familias “con problemas, ya que efectivamente somos víctimas de la LGTBfobia y el acoso que todavía siguen existiendo en la sociedad y en la administración, donde nuestras familias, nuestras niñas, niños y las personas que nos reconocemos como LGTB seguimos estando cuestionados, siendo vulnerados sistemáticamente nuestros derechos por la velada falta de iniciativa de este gobierno en la consecución y realización de acciones firmes que se plasmen en una legislación nacional que proteja a las personas y familias LGTB persiguiendo y condenando la LGTBfobia como ya han hecho Cataluña, Andalucía o Extremadura”. COGAM recuerda la eliminación de Educación para la Ciudadanía, la retirada de la prestación sanitaria pública en materia de reproducción asistida a las mujeres sin pareja masculina, los problemas para que los menores transexuales accedan a bloqueadores hormonales, el convenio de adopción firmado con Rusia que asume la homofobia de estado en ese país o la negativa al asilo de personas LGTB. “El cajón de sastre en el que nos ha metido el ministro es un verdadero desastre. Creemos que el gobierno tiene la obligación de proteger especialmente a los colectivos que estamos siendo víctimas de delitos de odio y esto se hace legislando y desarrollando acciones eficaces para combatir la LGTBfobia y cualquier tipo de discriminación”, ha asegurado Jesús Grande, presidente de COGAM.

COLEGAS exige al Gobierno que no trate a las familias homoparentales como “familias con problemas”

Desde la Confederación COLEGAS SE exige su rectificación y han informado por su parte al ministro Alonso que “nuestras familias no tienen problemas y sí necesitan más protección y ayudas”. “El gobierno debe interiorizar de una vez por todas que no existe un único modelo de familia, y que el modelo tradicional está pasando a una diversidad de modelos de familias que tienen los mismos derechos. Estamos cansados de la invisibilidad de nuestras familias, porque hasta en el nombre del citado Plan de Apoyo a la Familia, parece sólo hacer de un único modelo de familias, cuando debería denominarse Plan de Apoyo a las Familias”, ha declarado su presidente, Paco Ramírez.

COLEGAS también ha pedido una reunión urgente con el Ministro Alonso para aclarar la política del gobierno español acerca de las familias homoparentales y ha aprovechado también este 15 de mayo para insistir en sus reivindicaciones en este campo: una ley de gestación subrogada similar a la británica (que prohíbe el ánimo de lucro); resolver las lagunas legales que persisten en España sobre la filiación (en el caso de las parejas de mujeres, no se reconoce por ejemplo la maternidad de la pareja no biológica sin no existe matrimonio, a diferencia de las parejas heterosexuales); incluir en el catálogo de prestaciones comunes del Sistema Nacional de Salud los tratamientos de reproducción asistida para mujeres sin pareja masculina y fomentar la visibilidad de las familias homoparentales.

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha considerado que los homosexuales pueden ser excluidos permanentemente de donar sangre si lo justifica la situación sanitaria en su país.

Colegas califica de “inaudita” e “injusta” esta decisión y pide a Europa que “reaccione ante este atropello antes de que sea tarde”.

Es posiblemente la sentencia más preocupante de la que nos hemos hecho eco en nuestros casi diez años de existencia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que “puede resultar justificado excluir permanentemente de la donación de sangre a los hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres, habida cuenta de la situación predominante en el Estado miembro de que se trate” (reproducción literal del comunicado de prensa en castellano del tribunal). Más allá del litigio concreto, el que una institución así anteponga un prejuicio social a la evidencia científica para justificar la discriminación de un colectivo supone un retroceso que bien podemos calificar de histórico.

Este miércoles 29 de abril, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido una discriminatoria sentencia que permite excluir a los homosexuales de la donación de sangre. Así, a partir de ahora un Estado miembro pueda establecer una excepción permanente con hombres que hayan mantenido relaciones sexuales con otros hombres por el “alto riesgo” de contraer enfermedades infecciosas que presentan. El tribunal, no obstante, deja en manos de la justicia francesa -la que elevó la cuestión a instancias europea- decidir si las leyes de ese país son proporcionales al riesgo y si la evidencia científica disponible basta para justificar tal medida.

El origen de esta sentencia surgió en el 29 de abril de 2009, cuando en la ciudad francesa de Metz un médico rechazó la donación de sangre del señor Léger porque este había mantenido relaciones homosexuales. Tal negativa estaba basada en una orden ministerial francesa que permite excluir permanentemente a los homosexuales de la donación. El donante recurrió la decisión al considerar que esa norma infringe las normas europeas y el Tribunal Administrativo de Estrasburgo, encargado de pronunciarse sobre el litigio, elevó la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronunciase, tal como apunta la agencia EFE, y si esa exclusión permanente es compatible con la directiva que determina que las personas cuya conducta sexual supone un alto riesgo de contraer enfermedades infecciosas graves transmisibles por la sangre sean excluidas permanentemente de la donación de sangre (se trata, en concreto, de la directiva 2004/33/CE).  La sentencia europea, por tanto, tiene amplia repercusión porque vincula a cualquier otro tribunal europeo que se enfrente a un caso similar, no solo al que preguntó.

En palabras llanas, lo que la justicia francesa ha preguntado a la europea es si el hecho que un hombre tenga relaciones con otro hombre puede ser considerado “de alto riesgo” para así encajar la discriminación como una consecuencia de la directiva. Y la justicia europea, atribuyéndose una autoridad científica de la que carece, responde que sí, obviando un principio fundamental y básico: que para prevenir la transmisión del VIH debe atenderse a la existencia o no de prácticas de riesgo, con independencia del sexo de las personas que las practican. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se atreve incluso a argumentar, para reforzar su postura, que “en el periodo comprendido entre 2003 y 2008 la práctica totalidad de las contaminaciones por el VIH se ha debido a una relación sexual, y la mitad de las nuevas contaminaciones afectan a hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres”.

El alto tribunal europeo con sede en Luxemburgo determinó que “para ello es preciso demostrar que estas personas están expuestas a un riesgo elevado de contraer enfermedades infecciosas graves, como el VIH“. También corresponderá al país en cuestión demostrar que “no existen técnicas eficaces de detección o métodos menos coercitivos para garantizar un alto nivel de protección de la salud de los receptores“. Lanzada la piedra, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea esconde la mano, y considera que en el caso francés quizá sí pueda bordearse la discriminación ya que “no cabe excluir la posibilidad de que el VIH pueda detectarse mediante técnicas eficaces que garanticen un alto nivel de protección de la salud de los receptores. El tribunal nacional deberá verificar si existen estas técnicas, teniendo en cuenta que las pruebas deben realizarse siguiendo los procedimientos científicos y técnicos más recientes. De no existir tales técnicas, el Tribunal Administrativo de Estrasburgo deberá determinar si existen o no métodos que garanticen un alto nivel de protección de la salud de los receptores y sean menos coercitivos que la exclusión permanente de la donación de sangre y, en particular, si el cuestionario y la entrevista personal a cargo de un profesional sanitario pueden permitir identificar con más precisión las conductas sexuales de riesgo”.

La directiva comunitaria indica también que las personas cuya conducta sexual supone un alto riesgo de contraer enfermedades infecciosas graves transmisibles por la sangre quedan excluidas permanentemente de la donación de sangre, recordó el Tribunal europeo. En su sentencia de hoy el TJUE declara que la corte de Estrasburgo “deberá determinar si en Francia un hombre que ha tenido relaciones sexuales con otro hombre está expuesto a un elevado riesgo de contraer enfermedades infecciosas graves transmisibles por la sangre” y para ello tendrá que tener en cuenta la situación epidemiológica en Francia.

La corte europea señaló también que según datos europeos entre 2003 y 2008 la práctica totalidad de las contaminaciones por el VIH se debió a una relación sexual, y la mitad de las nuevas contaminaciones afectan a hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres. También indica que “en ese mismo periodo, estos últimos constituían la población más afectada por la contaminación por el VIH, en un porcentaje 200 veces superior al de la población heterosexual francesa”. Agrega también que “de entre todos los países de Europa y de Asia central, Francia es el que presenta una mayor prevalencia del VIH en el grupo de los hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres”.

Al respecto de la normativa francesa, indica la corte que “puede entrañar una discriminación por razón de la orientación sexual en contra de las personas homosexuales de sexo masculino”. La corte europea subraya que “sólo se pueden introducir limitaciones al ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE cuando éstas sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la UE o a la necesidad de proteger los derechos y libertades de los demás“. También señala que el TJUE “no resuelve el litigio nacional” y que es la justicia nacional quien debe hacerlo conforme a la decisión del europeo, que “vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar”.

Consciente del alcance de una decisión así, el tribunal con sede en Luxemburgo insta al tribunal francés –y a cualquier otro que examine una demanda de este tipo- a que garantice que la medida es proporcionada. “Una contraindicación permanente para la donación de sangre aplicable a la totalidad del grupo constituido por los hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres solo resulta proporcionada si no existen métodos menos coercitivos para garantizar un alto nivel de protección de la salud de los receptores”, indica la sentencia. Medio centenar de países en el mundo tienen la donación prohibida a los homosexuales.

En la práctica, será cada tribunal nacional el que decida si la sanidad pública de su país tiene alternativas para garantizar la seguridad de las donaciones de sangre. El Gobierno francés alega que existe un periodo inmediatamente posterior a la infección viral en el que, aunque se hagan pruebas de VIH, no es posible detectar el virus en el enfermo, aunque parece que los heterosexuales son inmunes a este virus, pues para ellos no hay esa ventana de precaución. Aun así, los datos que supuestamente justifican esa mayor situación de riesgo entre el colectivo homosexual resultan dudosos. Entre 2003 y 2008, casi todas las contaminaciones de sida se produjeron por contacto sexual y el 48% de las nuevas, por hombres que mantuvieron relaciones homosexuales (nada se dice del 52% restante). Este colectivo gay constituía la población más afectada por el VIH, en un porcentaje 200 veces superior al de los heterosexuales franceses. Y Francia es el país de Europa y Asia central que presenta mayor prevalencia entre los homosexuales, según la información del tribunal.

El daño,  ya está hecho. Haga lo que haga finalmente la justicia francesa, el alto tribunal europeo ya ha construido una argumentación jurídica que facilita a cualquier estado miembro de la Unión la posibilidad de discriminar legalmente.

Sanidad recuerda que en España no se pregunta si se es homosexual para donar sangre

Hace años que los expertos consideran obsoleto prohibir donar en función de la orientación sexual. En España, por ejemplo, la ley establece la exclusión de la donación de sangre en función de la existencia previa de conductas de riesgo, con independencia de la orientación sexual. Tras el cese de la conducta de riesgo la ley marca que se excluya la donación “durante un periodo determinado por la enfermedad en cuestión y por la disponibilidad de pruebas apropiadas en cada caso”. En la práctica este periodo suele ser de un año. Hay que tener en cuenta que la sangre donada es sometida a tests de VIH, entre otros agentes infecciosos. Y aunque existe la posibilidad de que una infección recién transmitida no sea detectada debido a la existencia de un “periodo ventana” entre el momento preciso de la transmisión y el momento en que las pruebas dan positivo, la introducción de pruebas más sensibles (que detectan material genético del virus en lugar de anticuerpos) ha reducido este periodo ventana al mínimo. Como bien señala el diario El País, en los últimos diez años no se ha producido en España ni un solo caso de transmisión del VIH debido a una transfusión de sangre o hemoderivados (y no es que la situación epidemiológica del VIH en el colectivo de hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres sea en España mucho mejor que en Francia).

En España Sanidad ha tenido que salir a aclarar que en este país no se pregunta si se es homosexual a la hora de donar, y que en la última década no ha habido “ni un sólo contagio de virus como el VIH o la Hepatitis”. Así lo ha recordado este miércoles el Ministerio de Sanidad, que dispone de un sistema de “hemovigilancia” que monitoriza estos sucesos.

Fuentes consultadas por la agencia de comunicación Europa Press se referían así a la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea según la cual puede “estar justificado”, como hace Francia, prohibir que los hombres homosexuales donen sangre, eso sí, no habiendo protocolos sanitarios eficaces para cribar si la donación está sana o por el contrario, porta enfermedad.

Desde el departamento que dirige Alfonso Alonso, inciden en que “España cuenta con unos requisitos clínicos que garantizan la seguridad de los receptores” y que “no pasan por preguntar la orientación sexual de nadie” que se acerque a donar sangre.

En particular, destacan que se hacen “entrevistas” a los futuros posibles donantes pero también “pruebas para ciertos virus” una vez se ha recogido la muestra de sangre y si se detecta alguna afectada, esta “se desecha”. “Son sistemas de vigilancia“, según explican, para tener la “garantía de que no hay riesgo de un contagio”.

Sin embargo son muchos los países en los que el peso del prejuicio es mayor que la evidencia científica. Es el caso de los Estados Unidos, donde este tema viene siendo objeto de debate desde hace varios años. En 2010, de hecho, la FDA (Food and Drug Administración, la agencia federal responsable de la regulación de medicamentos) sorprendía al decidir el mantenimiento de la prohibición pese al criterio favorable de instituciones como la Cruz Roja, la Asociación Médica Americana o la Asociación Americana de Bancos de Sangre. El propio comité reconocía entonces que dicha postura excluía muchas donaciones de bajo riesgo y permitía otras potencialmente más peligrosas. Cuatro años después, en 2014, la FDA recomendaba por fin levantar la prohibición, aunque manteniéndola de facto: solo los gais célibes durante un año podrán donar. Una medida similar a las adoptadas por Suecia (en 2009) y Reino Unido (en 2011), que también exigen a los hombres que mantienen relaciones homosexuales y que quieren donar sangre un año de abstinencia, aunque algo menos rígida que la de Canadá, que desde 2013 exige a los gais donantes de sangre cinco años sin mantener relaciones sexuales.

Más razonables han sido los cambios de normativa en Alemania, que eliminó de su normativa la mención explícita a la homosexualidad en 2010, o en México y Chile, por mencionar dos países de América Latina con una normativa más acorde a la evidencia científica, y que eliminaron en 2012 y 2013 (respectivamente) la prohibición de donar a hombres homosexuales y bisexuales, supeditando la selección no a la orientación sexual, sino a la existencia o no de prácticas de riesgo previas.

Sentencia “injusta” e “inaudita”

Las reacciones de los colectivos LGTB y de lucha contra el VIH no se han hecho esperar. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) “recuerda que el género de las parejas sexuales no es un criterio de riesgo en la transmisión de ninguna infección, tampoco del VIH”. “Para la FELGTB, la alta prevalencia de VIH en hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres comparada con población general no justifica la exclusión porque con las pruebas diagnósticas con las que cuenta un país como Francia, se puede detectar la infección del VIH en sangre, en el caso de darse. Las prácticas sexuales con riesgo para la transmisión del VIH están perfectamente descritas y determinadas y no tienen que ver con la orientación sexual de las personas”, añade. “Francia, como Canadá o Reino Unido, deben revisar sus legislaciones y basarlas en criterios científicos y no estigmatizantes. La exclusión per se de una persona por ser homosexual o bisexual es discriminatoria e insostenible en unos países cuyas legislaciones deben garantizar la igualdad”, ha afirmado el presidente de la organización, Jesús Generelo.

Para Fundación Triángulo, en palabras de su presidente José María Núñez, “resulta inadmisible que en pleno siglo XXI veamos cómo el mas alto tribunal de la Unión Europea ampara la discriminación, y mas aún que esta se produzca en Francia. Ningún criterio científico puede avalar que a un ciudadano se le impida realizar donaciones de sangre por mantener relaciones homosexuales. Hace tiempo que la comunidad científica tiene claro que no existen grupos sociales de riesgo ante las enfermedades de transmisión sexual, sino conductas de riesgo. El hecho de que la prevalencia de transmisión de VIH sea mayor entre hombres que tienen sexo con hombres no justifica esta prohibición, porque toda la sangre donada se analiza, porque prácticas de riesgo las pueden tener heterosexuales, bisexuales y homosexuales, y porque además el periodo ventana existe para todos. No es de recibo que la sanidad pública de cualquier país europeo pueda no garantizar un correcto proceso de donaciones de sangre, por lo que la discriminación ante las donaciones a los homosexuales ni se justifica ni se puede permitir. La Unión Europea debería instar a los cambios normativos necesarios para que no pueda tener lugar en ningún país miembro”.

Desde la Confederación Española LGBT COLEGAS aseguran estar “sorprendidos e indignados por esta polémica sentencia del Tribunal Europeo de Justicia. Nos parece inaudito que una sentencia de este calibre pueda afectar y poner dudas en las actuales leyes permisivas sobre la donación de sangre a homosexuales que abundan en la mayoría de los países europeos. La mayoría de países occidentales que hasta hace poco tenían leyes prohibitorias las están aboliendo tras las sólidas evidencias científicas que avalan los controles existentes para detectar el virus VIH, como Estados Unidos que las permite de nuevo tras prohibirlas durante 31 años”. “Esta polémica sentencia vuelve a poner la diana en el grupo de los homosexuales o de Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH), como principales responsables de la expansión del VIH en el mundo. Creíamos que hace años que habíamos superado que los culpables del mal llamado ‘cáncer rosa’ no eramos los homosexuales, sino las prácticas de riesgo de algunos homosexuales y también de heterosexuales por supuesto. Nos negamos a pagar justos por pecadores. No todos los homosexuales tenemos prácticas de riesgo, y no todas las prácticas de riesgo son realizadas por homosexuales”, afirma Paco Ramírez, presidente de COLEGAS. “Esta sentencia además de injusta y discriminatoria es peligrosa al dar argumentos a la minoría de violentos de la sociedad que aún no acepta la diversidad sexual para volver a ser diana del odio y podrían incrementar la discriminación y las agresiones en la sociedad. También dará alas a las teorías de la conspiración que nos señalan como iniciadores y propagadores de la pandemia del SIDA”, continúa Ramírez. “Europa y España debe reaccionar ante este atropello antes de que sea tarde. Como miembros del Comité Asesor y Consultivo de ONGs de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención del Sida(COAC), COLEGAS propondrá un rechazo total a esta sentencia”, finaliza Ramírez.

Son solo algunos ejemplos. En parecidos términos se han expresado Projecte dels NOMS-Hispanosida, XEGA, Algarabía, etc. El gerente de CESIDA (Coordinadora Estatal de VIH/Sida), Toni Poveda, aseguraba a El País que “hay tecnología para asegurar esto sin necesidad de aplicar una medida que es discriminatoria, obsoleta y que, además, puede llevar a una relajación a otras poblaciones que pueden pensar que a ellas no les afecta el VIH”.

#MiSangreEsLaMismaQueLaVuestra y #StopHomofobia: las redes responden ante la prohibición a los gays de donar sangre

Por este motivo, las redes sociales han estallado en protestas con el hastag #StopHomofobia y #MiSangreEsLaMismaQueLaVuestra. Recopilamos algunos de los mejores tuits que se han publicado, incluso algunos rostros populares, como el periodista Oriol Nolís o la cantante María Carrasco:

“Homofobia intolerable en el seno de la UE. ¡Vergonzoso! #MiSangreEsLaMismaQueLaVuestra #Europa #gay #StopHomofobia” @OriolNolis

“Si no quedara sangre bien que aceptarían la nuestra #StopHomofobia” @SrPaceWolf

“O sea, que si quiero a alguien de mi mismo sexo no puedo donar sangre. Ojalá sus vidas dependan alguna vez de nuestra sangre. #StopHomofobia” @SheilaCP_98

 “Hola, buenas, aquí os traigo mi certificado de heterosexualidad, ¿puedo donar ya?” #MiSangreEsLaMismaQueLaVuestra” @OvejaPelirroja

“Ahora resulta que tendré la sangre diferente y no se puede donar no vaya a contagiar a alguien…Que asco de UE #StopHomofobia” @RobertoJotaG

“¿Perdón? ¿Impedir donar sangre por ser homosexual en pleno siglo XXI? ¿Pero qué tipo de broma es esta? #MiSangreEsLaMismaQueLaVuestra”  @Maria_CarrascoJ

“Parece vergonzoso que a nivel europeo, un continente entero supuestamente desarrollado, planteen si quiera una ley así. #StopHomofobia” @IhumeWild

“¿Grupo sanguíneo? Señale: – maricón – bollera – le doy a tó ¿Así lo vais a hacer ahora @EUCourtPress ? #MiSangreEsLaMismaQueLaVuestra” @MaluYVane

Un precedente inquietante

En cualquier caso, lo que más preocupante resulta a nuestro juicio es que una institución del calado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pueda emitir, en pleno siglo XXI, una sentencia en la que de una forma tan obvia se anteponga el prejuicio a la evidencia científica para justificar una discriminación. No es, desde luego, un buen presagio.

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El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha anunciado que los cientos de miles de inmigrantes sin papeles a los que el gobierno de Mariano Rajoy dejó sin cobertura sanitaria en 2012 podrán acudir ahora a los centros de Atención Primaria. El anuncio supone sin duda una mejora respecto a la situación vivida estos últimos tres años, aunque a falta de conocer la letra pequeña del cambio no puede hablarse ni mucho menos del retorno de la sanidad universal, derecho que hace solo unas pocas semanas la gran mayoría de los partidos españoles, salvo el PP y Ciudadanos, prometían recuperar en la próxima legislatura. El anuncio ha sido interpretado como una medida dirigida a “suavizar” la imagen de un PP tocado tras las elecciones andaluzas, e incluso a dejar en evidencia a Ciudadanos, la formación de centro-derecha que amenaza en estos momentos con llevarse una parte significativa de su electorado.

Gracias al Real Decreto 16/2012, una de las medidas de más graves consecuencias sociales del gobierno de Rajoy, han quedado fuera de la atención sanitaria (con la excepción, y no sin problemas, de las visitas a urgencias) colectivos como los inmigrantes “sin papeles” o los ciudadanos que aun siendo españoles se han visto obligados a emigrar y llevan trabajando más de 90 días en el extranjero. Un retroceso social que ha dado lugar a casos como el del ciudadano senegalés Alpha Pam, rebotado de servicio de urgencias en servicio de urgencias sin que nadie se hiciera cargo de su proceso pese a llevar años viviendo en Baleares, y finalmente fallecido por una tuberculosis que podría haberse curado con antibióticos. Ya hace más de año y medio que Médicos del Mundo recopiló, de hecho, 1.192 casos concretos de vulneración del derecho a la salud como consecuencia del fin de la atención sanitaria universal, recogidos en un informe entregado entonces a la Defensora del Pueblo. Médicos del Mundo denunciaba entonces que según cifras del propio gobierno se habían retirado 873.000 tarjetas sanitarias desde septiembre del año 2012.

El impacto negativo del Real Decreto 16/2012 ha sido también documentado por Gesida (Grupo para el Estudio del Sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica) que hace pocos meses publicaba un estudio que muestra como hasta el 37% de los especialistas en VIH han visto su práctica asistencial afectada siempre o con frecuencia por la decisión, e incluso el 21% expresó que los pacientes no fueron atendidos ni siquiera en las condiciones recogidas por la ley. “Lo más preocupante es la alta proporción de interrupciones del tratamiento y abandonos del seguimiento. Estos factores impactan de forma negativa en la eficacia del tratamiento, así como en la aparición de resistencias a los antivirales y la necesidad de tratamientos de rescate, a menudo más complejos y de mayor coste. A ello hay que sumar el deterioro inmunológico de estas personas, con el consiguiente incremento de la morbimortalidad asociada al VIH/sida“, concluía el estudio, según el cual al menos en seis comunidades (Andalucía, Asturias, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco) se dieron indicaciones explícitas de mantener la continuidad asistencial en los pacientes que ya estaban en seguimiento, una tendencia que parece haberse seguido en la mayoría de las comunidades y que al menos habría evitado “el cambio dramático en la morbimortalidad que era esperable si se hubiese implantado el Real Decreto 16/2012″ de manera estricta. Y es que ya en su momento los especialistas en VIH/sida denunciaron el riesgo que esta medida suponía en el caso de esta infección.

Una medida, en suma, de la que el propio gobierno es incapaz de cuantificar si ha supuesto algún ahorro, y que ahora el ministro Alonso considera que debe revertirse por “cuestiones de salud pública”, porque es “más práctico” y para no “saturar las urgencias”. Eso sí, para no enmendar de plano a su predecesora Ana Mato, la medida no supone la vuelta a la situación previa. Los “sin papeles” podrán ser atendidos por el sistema de Atención Primaria, pero no recuperarán la tarjeta sanitaria -con lo que en principio no podrán acceder a la cofinanciación pública de los medicamentos que necesiten- y todo apunta a que no tendrán acceso a la atención especializada. En lugar de la tarjeta sanitaria se les facilitará un documento que no tendrá validez fuera de la comunidad de residencia y que tendrá una validez de un año, aunque se podrá renovar.

En definitiva, un asistencia sanitaria de segunda, más parecida a un sistema básico de beneficencia, y que tal y como se adivina en este momento -faltan conocer muchos detalles- sigue sin dar solución a muchos de los problemas básicos de salud pública que la exclusión sanitaria genera.

Para Médicos del Mundo, una ONG que se ha batido duramente el cobre para conseguir la derogación del Real Decreto 16/2012, el anuncio “no parece que vaya a cambiar de manera importante la realidad para aquellas personas afectadas y excluidas de la Sanidad desde hace 3 años”. “Cambiar algo para no cambiar nada”, titula en su web la noticia.

“Esta medida no significa, en ningún caso, la restitución del modelo universal de nuestro sistema sanitario y que en ningún caso devuelve el derecho que se elimina con el RD 16/2012; esta medida es muy insuficiente e incompleta y solo demuestra que la decisión que se tomó de retirar el derecho a la asistencia sanitaria a las personas en situación irregular fue un error con consecuencias graves para la salud pública, sin fundamento, que no ha aportado a la sostenibilidad que pretendía y sí ha provocado sufrimiento, confusión e exclusión”, añade.

La noticia supone una mejora de la que nos felicitamos, pero no deja de ser preocupante que no tenga como objetivo otra cosa que “suavizar” la imagen de un PP asustado por su declive electoral, operación de la que Alfonso Alonso parece ser una de las piezas clave al tener como cometido hacer olvidar la infausta gestión de su predecesora, Ana Mato. Otro objetivo habría sido dejar en evidencia a Ciudadanos, que se opone expresamente a reconocer a los inmigrantes “sin papeles” la cobertura sanitaria regular, tal y como su líder, Albert Rivera, ya dejó muy claro en una entrevista concedida hace pocas semanas en La Sexta: “Ciudadanos está con la sanidad universal para quienes tienen permiso de trabajo o de residencia”.

Una medida que parece que se debe más a razones electoralistas (Ciudadanos compite directamente con el PP por el voto de centro-derecha) que a criterios de salud pública, en definitiva. Bienvenida sea en todo caso, a la espera de lo que suceda tras las elecciones generales.

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El diálogo con el gobierno del PP es “prácticamente cero”

Generelo ha denunciado que la estigmatización que sufren las personas que viven con VIH por su estado serológico continúa siendo acusada, y se trata de uno de los campos donde menos se ha logrado avanzar en los últimos años.

 El recién nombrado presidente de la Federación de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Jesús Generelo, ha declarado este lunes en una entrevista a Servimedia que la lucha contra el VIH y su estigmatización “tiene que quedarse fuera de la batalla política” y ha reclamado un pacto de Estado por el VIH.

“El estigma de las personas que viven con el VIH es otro de los grandes silencios que existen. Además, es una discriminación que se vive dentro del propio colectivo LGTB, pues existe miedo a decir que se es seropositivo”, aseguró el presidente de la FELGTB quien, junto a otros colectivos como Cesida, solicitaron un pacto de Estado por el VIH y un pacto social contra el estigma asociado al VIH/sida.

A este respecto, Generelo denunció que las infecciones siguen aumentando año tras año, especialmente en población muy joven, y en hombres que tienen sexo con otros hombres. “Se ha recortado muchísimo el dinero del Plan Nacional del VIH, y si se ha recortado en prevención, no te quiero decir en lucha contra el estigma, que directamente no se ha atendido”, criticó.

El presidente de la FELGTB reseñó que el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, no solicitó una reunión con la federación, que calificó la lucha contra el VIH de “cuestión de Estado”.

“Independientemente de quién esté en el Gobierno, estamos hablando de infecciones de una enfermedad que hoy por hoy no tiene cura, aunque se controle y la calidad de vida sea mucho mejor que hace años, pero debe quedar fuera de la batalla política”, concluyó Generelo.

Por otra parte, Jesús Generelo, ha denunciado en una entrevista concedida a Servimedia que el diálogo con el PP a nivel estatal es “prácticamente cero” y ha criticado las contradicciones en las que a su juicio incurre el Partido Popular en la lucha contra la discriminación.

Generelo destacó que el Gobierno de Extremadura, liderado por el PP, sacará adelante una de las principales demandas de la federación, la Ley contra la Discriminación LGTB, mientras que el Ejecutivo estatal parece desatender las reclamaciones de la organización. “Hemos mantenido alguna reunión con Iñaki Oyarzábal, pero el resultado es que no consigue introducir nada”, dijo Generelo.

Una contradicción que se repite, según el presidente de la FELGTB, en la puesta en marcha de las leyes de transexualidad que se están redactando en los gobiernos de Andalucía y Canarias y que cuentan con el apoyo de los populares. “Son demandas muy básicas, de bienestar de las personas, de acabar con discriminaciones flagrantes que se siguen produciendo. Se trata de normativas que ya vienen de la Unión Europea y lo que se pide es que se centralicen y se pongan en orden; son cuestiones que tendrán que salir sí o sí”, aseguró Generelo, quien concluyó que “el PP debería aceptarlas”.

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Este compromiso por parte del Ministerio pasa por agilizar la inscripción en el Registro Civil de estos bebés nacidos en el extranjero a través de los conocidos como ‘vientres de alquiler’.

La maternidad subrogada en España se encuentra actualmente en un limbo jurídico.

El Ministerio de Justicia se ha comprometido este miércoles a adecuar la legislación vigente para facilitar la inscripción en el Registro Civil de niños nacidos en el extranjero mediante la técnica de la maternidad subrogada, práctica conocida comúnmente como ‘vientres de alquiler‘.

Responsables del departamento que dirige Alberto Ruiz Gallardón han trasladado este compromiso a los representantes de la asociación Son nuestros hijos durante una reunión mantenida este miércoles después de que esta última denunciara la “dramática” situación a la que se enfrentan por no poder ser inscritos estos niños en el Registro Civil.

La maternidad subrogada se encuentra en un limbo jurídico puesto que la Ley española de Técnicas de Reproducción Humana Asistida de 2006 señala que será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación de sustitución.

Desde el Ministerio de Justicia se ha trasladado a la asociación que para hacer efectivo el trámite parlamentario se modificará el proyecto de ley de reforma del Registro Civil, que se enmarca en las propuestas de CORA (Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas), a fin de permitir la inscripción de los nacidos mediante gestación por sustitución.

Facilitar la inscripción en favor del menor

En el año 2010, la Dirección General de los Registros y del Notariado dictó una instrucción para fijar los criterios que determinaban las condiciones de acceso al Registro Civil español de los nacidos en el extranjero mediante estas técnicas. Sin embargo, dicha instrucción resultó anulada en la práctica por la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 6 de febrero que declaró que la ley de técnicas de reproducción española impide la inscripción de estos menores.

Según el Ministerio de Justicia, su compromiso con los afectados busca “aclarar” cualquier dudad sobre los procedimientos para esta inscripción que ya se reconocía en el proyecto aprobado hace un mes por el Gobierno.

Por otro lado, el departamento dirigido por Alberto Ruiz Gallardón adaptará la legislación española a lo establecido en una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, cuya resolución condenaba a Francia y reconocía el derecho de inscripción de un menor nacido a través de la técnica de gestación subrogada.

Para ratificar el compromiso con la asociación, el Ministerio de Justicia se ha comprometido a trabajar conjuntamente con esta asociación para que la nueva redacción del texto “se adapte lo mejor posible” al objetivo de la reforma ya realizada el pasado 13 de junio, que según señalan, “no es otro que facilitar esta inscripción en favor del menor de la forma más rápida posible”.

Celebran “con cautela” el anuncio de Justicia para volver a inscribir a bebés nacidos por gestación subrogada

Más de 84.000 firmas apoyan la campaña iniciada en Change.org para modificar la Ley del Registro Civil y permitir así la inscripción de niños nacidos en el extranjero por gestación subrogada.

“La sentencia del Tribunal Supremo dictada en febrero ha quedado en papel mojado”, explica el presidente de la asociación Son Nuestros Hijos, Antonio Vila Coro.

Desde la asociación ‘Son Nuestros Hijos’ (SNH) se han mostrado “satisfechos” ante el paso dado por el Ministerio de Justicia para permitir de nuevo la inscripción de los bebés nacidos por vientre subrogado nacidos en el extranjero. El pasado miércoles esta asociación se reunió con el subsecretario y el director general del Ministerio y su compromiso fue el de cambiar la ley a través de una enmienda y reanudar las inscripciones paralizadas como medida transitoria.

“Estamos eufóricos, toda la gente de nuestro entorno está celebrándolo. Había muchas parejas que estaban esperando para poder inscribir a sus hijos y cuyo proceso estaba paralizado o denegado en el peor de los casos”, explica Antonio Vila-Coro, presidente de SNH. “La presión popular, las más de 84.000 firmas recogidas en Change.org y esta instrucción que va a dar el Ministerio a los consulados deja en papel mojado la sentencia dictada el pasado mes de febrero por el Tribunal Supremo en la que se aseguraba que nuestros hijos no podían ser inscritos como españoles”.

La campaña iniciada por SNH en la plataforma de recogida de firmas ya cuenta con más de 84.500 firmas conseguidas en menos de un mes. En ella, se solicita la modificación de la Ley de Registro Civil para permitir la inscripción de niños nacidos por gestación subrogada en el extranjero, y está dirigida tanto al Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Alfonso Alonso, como el Director General de los Registros y del Notariado Joaquín José Rodríguez Hernández y el propio Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.

“Aún estamos a la espera de conocer la nueva propuesta de ley pero si todo va según lo previsto, esto revierte completamente la situación de indefensión en la que nos encontrábamos y nos deja en mejor situación porque hemos elevado la instrucción a rango de ley”, explica Vila-Coro. “El 10 de septiembre termina el plazo para introducir enmiendas a la ley, estaremos por tanto muy pendientes en ese proceso en el que la ley orgánica pase por el pleno del Congreso pero de momento creo que vamos por muy buen camino para que esto se gane”.

Además, en los próximos días la sala de lo civil del Tribunal Supremo analizará la sentencia publicada en febrero después de que la familia afectada haya interpuesto un expediente de nulidad de las actuaciones.

Fuente Cáscara Amarga (1, 2)

General Alberto Ruiz-Gallardón, Alfonso Alonso, Antonio Vila-Coro, España, Estrasburgo, Familias Homoparentales, Gestación subrogada, Ministerio de Justicia, Registro civil, Son Nuestros Hijos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos