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La Conferencia Episcopal de Puerto Rico instó a participar en una protesta contra el plan de estudios de género

Jueves, 9 de septiembre de 2021

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Francisco, a los obispos de Puerto Rico: “«La complementariedad del hombre y la mujer, vértice de la creación divina, está siendo cuestionada por la llamada ideología de género, en nombre de una sociedad más libre y más “

La Conferencia Episcopal de Puerto Rico instó a la gente a participar en una protesta reciente contra lo que ellos llaman “ideología de género” que se llevó a cabo en respuesta al lanzamiento del ‘plan de estudios con perspectiva de género’ del gobierno, que es parte de un esfuerzo más amplio para ayudar a las mujeres y Personas LGBTQ sometidas a violencia.

Según The Catholic Telegraph:

“La conferencia de obispos puertorriqueños alentó a los laicos de la isla ‘con total libertad y en el ejercicio de sus derechos como ciudadanos, a discernir libremente su participación’ en la ‘marcha contra la imposición de la ideología de género’ en un comunicado del 26 de julio.

“Los obispos dijeron que apoyan a los padres y fieles laicos, que, ‘haciendo uso de su derecho natural’ y con ‘la libertad que tienen, para expresar con fuerza, siempre de manera pacífica, su preocupación y sus demandas ante esta imposición, más ideológica que científica’ , deciden ‘participar en el contexto de su legítimo derecho, en la marcha contra la imposición de la ideología de género’ ”.

El plan de estudios “Perspectiva de género” para las escuelas públicas del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, es una versión actualizada del plan del exgobernador Alejandro García Padilla, que algunos puertorriqueños también protestaron en 2015.

La manifestación contra el plan de estudios tuvo lugar el 14 de agosto. Asistió al menos un obispo.

En diciembre de 2020, el obispo Daniel Fernández Torres de Arecibo le pidió a Pierluisi que dejara de promover lo que el obispo llamó “ideología de género” y advirtió contra lo que calificó como persecución religiosa en la isla. En este momento, el obispo también manifestó su objeción a los proyectos de ley 184 y 185, los cuales apoyan los principios de género inclusivo.

Cuando Pierluisi asumió el cargo en enero de 2021, emitió una orden ejecutiva que declaró el estado de emergencia para la isla debido a la violencia de género, incluido el ataque a personas transgénero, varias de las cuales habían sido asesinadas en los últimos meses. También creó el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación en Violencia de Género y anunció el plan de estudios Perspectiva de Género. Pierluisi es miembro del Partido Nuevo Progresista y está afiliado al Partido Demócrata de EE. UU. Continental.

Inicialmente, Carmen Ana González Magaz, Secretaria del Departamento de la Familia, había anunciado que el nuevo plan de estudios se implementaría en las escuelas públicas de la isla en agosto. Sin embargo, en julio, González anunció que se pospuso la implementación del plan de estudios para implementar la capacitación en temas de género para el profesorado y el Departamento de Educación.

Robert Shine, director asociado de New Ways Ministry, comentó:

“Las acciones de los obispos de Puerto Rico no satisfacen las necesidades reales de la isla. Puerto Rico tiene la tasa más alta de asesinatos contra personas transgénero en los EE. UU. Tales violaciones contra las vidas y los derechos humanos de las personas y mujeres LGBTQ deben ser la prioridad de los obispos, no cualquier amenaza percibida de ‘ideología de género’, un término sin ningún significado claro que funciona como la pista falsa de los líderes de la iglesia. Dada la inacción de los obispos, es importante que los católicos de la isla hagan que poner fin a la violencia contra las personas transgénero y de género sea una prioridad “.

—Beth Mueller Stewart, New Ways Ministry, 3 de septiembre de 2021

Fuente New Ways Ministry,

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Alejandro García Padilla, Carmen Ana González Magaz, Conferencia Episcopal de Puerto Rico, Homofobia/Transfobia, Ideología de género, Pedro Pierluisi, Perspectiva de género, Puerto Rico

La justicia federal estadounidense confirma que el matrimonio entre personas del mismo sexo es de aplicación en Puerto Rico

Miércoles, 13 de abril de 2016

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La Corte de Apelaciones del 1er. Circuito, con sede en Boston, ha dictaminado una vez más que la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario es de aplicación ineludible en Puerto Rico. Todo ello tras el inexplicable fallo del juez Juan M. Pérez-Giménez, que estipulaba que el citado fallo del alto tribunal estadounidense no era aplicable a la isla caribeña por no tratarse de un estado de la unión, sino de un territorio vinculado a los Estados Unidos. La Corte de Apelaciones, además, ha desvinculado definitivamente del caso al juez Pérez-Giménez, y ha ordenado que se adjudique aleatoriamente a otro tribunal para que aplique su mandato de manera inmediata.

El fallo de la Corte de Apelaciones del 1er. Circuito, a cuya jurisdicción está ligada Puerto Rico, ha sido demoledor con el juez Juan M. Pérez-Giménez. Firmado “per curiam”, lo que significa que ha sido tomado por unanimidad de los jueces, su argumentación comienza con un contundente “la sentencia del Tribunal del Distrito se equivoca en tantos aspectos que es difícil saber por cuál empezar”.

Prosigue con la confirmación de que la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de junio de 2015, que dictaba que la prohibición del matrimonio igualitario violaba los derechos a la igual protección y al debido proceso recogidos por la 14ª y 5ª Enmienda de la Constitución, es de total aplicación en Puerto Rico. La Corte de Apelaciones estima, por tanto, que el juez Pérez-Giménez no solo ha malinterpretado la sentencia del alto tribunal, sino que además ha desobedecido gravemente su mandato. Por tanto, falla a favor de las demandantes.

Finalmente, en una decisión realmente vergonzante para el juez Pérez-Giménez, le aparta definitivamente del caso, ordenando que se adjudique aleatoriamente a otro tribunal para que aplique su mandato de manera inmediata, sin afectar más a las demandantes Ada Conde Vidal e Ivonne Álvarez Vélez, que ya no deberían esperar para ver reconocido su matrimonio en Puerto Rico. Y así lo ha hecho el juez Gustavo A. Gelpí, a quien se asignó el caso de urgencia, emitiendo un dictámen tan solo unas horas después en los siguientes términos:

Se declara inconstitucional el Artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico, al igual que otras leyes federales y estatales que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo o que no reconocen los matrimonios válidos de otras jurisdicciones.

El activista LGTB puertorriqueño Pedro Julio Serrano, portavoz de Puerto Rico Para Tod@s —codemandante en la apelación— ha emitido el siguiente y contundente comunicado sobre la decisión de la Corte de Apelaciones de Boston:

Se acabó el abuso de un juez que pretendía usurpar el derecho adquirido de las parejas LGBTT a casarse en su patria. El Tribunal Supremo de Estados Unidos fue claro, el Tribunal de Apelaciones de Boston fue claro, el gobernador fue claro al instrumentar las órdenes de los tribunales. El matrimonio igualitario llegó a Puerto Rico para quedarse. Punto.

Ahora le corresponde al nuevo juez finiquitar el proceso judicial para que se mantenga la igualdad matrimonial en Puerto Rico. Sin embargo, es hora de que la Legislatura atempere el nuevo Código Civil con el estado de derecho que reconoce el derecho al matrimonio para todos.

Si esta Legislatura está verdaderamente comprometida con la equidad, como aduce estarlo, tiene que completar la impostergable revisión del Código Civil con el reconocimiento pleno de la igualdad matrimonial y todos los derechos para las personas LGBTT. Exigimos igualdad plena. Ni más, ni menos.

El empecinamiento de un juez homófobo

Como señalábamos anteriormente, la sentencia inicial del juez Juan M. Pérez-Giménez afectaba a Ada Conde Vidal e Ivonne Álvarez Vélez, que habían reclamado que el matrimonio que ambas habían contraído en Massachusetts en 2004 fuera reconocido por las autoridades puertorriqueñas. Contrariamente a lo a lo dictaminado por la inmensa mayoría de sus colegas de los Estados Unidos, el juez federal puertorriqueño Juan M. Pérez-Giménez fallaba en 2014 en contra de las demandantes, y estipulaba que la ley que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo en Puerto Rico era plenamente constitucional.

Las demandantes recurrieron a la Corte de Apelaciones de Boston, que aplazó su decisión hasta que decidiera al respecto el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, quien finalmente declaró inconstitucionales todas las leyes que prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tras la sentencia del alto tribunal, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 1er. Circuito confirmaba por unanimidad que la prohibición del matrimonio igualitario en Puerto Rico atentaba contra la Constitución de los Estados Unidos, y el gobernador Alejandro García Padilla ordenaba a la administración pública de Puerto Rico hacer los trámites necesarios para poner a disposición de las parejas del mismo sexo licencias matrimoniales. La Corte de Apelaciones también instó al juez Pérez-Giménez, en una orden fechada el 8 de julio de 2015, a que dictase nueva sentencia a la luz de la decisión del Tribunal Supremo.

Pero, en vez de aplicar el mandato de la Corte de Apelaciones, el juez Pérez-Giménez dictaminó que la sentencia del Tribunal Supremo estadounidense era únicamente vinculante para los estados miembros de la unión, pero no para los territorios vinculados como Puerto Rico y que, por lo tanto, la definición del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer establecida en el artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico seguía vigente.

El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, comunicó inmediatamente que iba a ignorar la inexplicable sentencia del juez Pérez-Giménez, pues “el derecho fundamental al matrimonio igualitario ha sido validado y ordenado por el Tribunal Supremo Federal y por el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito de Boston. Voy a respetar las determinaciones de tribunales de superior jerarquía que, agraciadamente, ordenan un proceder muy distinto al que propone el juez Pérez-Giménez”.

Pero a quien sí que afectaba la decisión del tribunal federal puertorriqueño era a las demandantes iniciales, Ada Conde Vidal e Ivonne Álvarez, pues el reconocimiento de su matrimonio estaba aún ligado a la decisión de la Justicia. Finalmente, han visto reconocida su demanda, aunque es evidente el daño causado por las decisiones del juez Pérez-Giménez, no fundamentadas en derecho sino en sus prejuicios homófobos, que las han obligado a tan largo y penoso proceso.

Fuente Dosmanzanas

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Desautorizan el intento de prohibición del matrimonio igualitario en Puerto Rico

Sábado, 2 de abril de 2016

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El Secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico ha asegurado que la reciente órden de la Corte Federal para el Distrito de San Juan por la que se prohibía la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo carece de validez frente al fallo de la Corte Suprema estadounidense

En junio de 2015, el Tribunal Supremo de EEUU invalidó las prohibiciones estatales que impedían la legalización del matrimonio igualitario a nivel federal, algo que vincula al gobierno de Puerto Rico a iniciar los procedimientos para reconocerlo.

No obstante, desde ese momento se han sucedido varios intentos desde el ámbito judicial de la isla caribeña para limitar los derechos matrimoniales de las parejas homosexuales, en virtud de las demandas de los sectores religiosos y ultrarreacionarios.

A principios de mes, el Gobernador del Estado Libre Asociado Alejandro García Padilla aseguró que el derecho estaba suficientemente garantizado a pesar de los citados intentos para mermar su reconocimiento. No obstante, tras la orden emitida por el juez federal Juan Pérez Giménez el Gobierno ha tenido que volver a garantizarlo de cara a la opinión pública.

El Secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, aclaró que los entre personas del mismo sexo continúan siendo válidos, a pesar del dictamen emimtido en el Distrito de San Juan. En sus propias palabras:

La orden de la Corte Federal para el Distrito de San Juan no altera la validez de los matrimonios contraídos en Puerto Rico entre parejas del mismo sexo y tampoco impide darle reconocimiento a aquellos matrimonios contraídos en otras jurisdicciones. La interpretación del DJ es que la decisión no altera el estado de derecho que se estableció en Puerto Rico cuando el Tribunal Supremo Federal decidió el caso de Obergefell v. Hodges en el que se reconoció, como asunto de derecho constitucional federal, que el derecho al matrimonio es un derecho fundamental y que por lo tanto, no se le puede negar ese derecho constitucional a las parejas del mismo sexo”

De esta manera, el derecho a la solicitud de licencias matrimoniales en el Departamento de Salud queda inalterado, ya que como declaró el gobernador García Padilla, el Gobierno del Estado asociado respetará las determinaciones de los tribunales de mayor jerarquía, que en este caso recaen en el Tribunal del Primer Circuito de Boston y la propia Corte Suprema estadounidense.

Fuente justicia.pr.gov / Redacción chueca

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El gobernador de Puerto Rico garantiza el matrimonio igualitario

Lunes, 14 de marzo de 2016

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El juez federal Juan M. Pérez-Giménez ha dictaminado sorprendentemente que el fallo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de junio de 2015, que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario, no es de aplicación en Puerto Rico al no ser un estado integrado, sino un territorio. El juez Pérez-Giménez fue quien en su día dictó la constitucionalidad de la ley puertorriqueña que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo, en una sentencia que se distanciaba jurídicamente de la inmensa mayoría de las dictadas por los tribunales federales y cortes de apelación hasta ese momento. El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, ha comunicado que el Gobierno de la isla seguirá acatando las sentencias de los tribunales de superior jerarquía, sin que el fallo del juez Pérez-Giménez elimine ningún derecho a las parejas del mismo sexo puertorriqueñas.

Alejandro García Padilla, máximo mandatario de Puerto Rico, ha anunciado que pese a las presiones por parte de la justicia de la isla caribeña, el estado mantendrá con absoluta rotundidad el matrimonio igualitario en los mismos términos que los respaldados el año pasado por el Tribunal Supremo estadounidense.

Esto se debe a que un magistrado de Puerto Rico dictaminó que el matrimonio igualitario aprobado a nivel nacional por la Corte Suprema, no es aplicable a la isla porque no es un estado sino un territorio estadounidense. Juan Pérez Giménez, juez de Distrito de Puerto Rico, lleva tiempo cabalgando en una cruzada personal contra el matrimonio igualitario.

Una batalla abierta contra la Diversidad que desde hace meses se apoya en la influencia de la Iglesia Católica en la isla y en los sectores más conservadores del estado.

Hace unos meses, el legislador intentaba asestar un golpe de efecto contra los derechos de la comunidad LGTB e intentaba confirmar la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en Puerto Rico.

En octubre de 2014, y en sentido contrario a la de la inmensa mayoría de sus colegas de los Estados Unidos, el juez federal puertorriqueño Juan M. Pérez-Giménez dictaminaba que la ley que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo en Puerto Rico era plenamente constitucional, tras la demanda impuesta por Ada Conde Vidal e Ivonne Álvarez Vélez. Ambas reclamaban que el matrimonio que habían contraído en el estado de Massachusetts en 2004 fuese reconocido por las autoridades puertorriqueñas. Tras el fallo negativo, las demandantes recurrieron ante la Corte de Apelaciones del 1er. Circuito, radicada en Boston, bajo cuya jurisdicción se encuentra Puerto Rico.

La Corte de Apelaciones de Boston aplazó su decisión hasta que decidiera al respecto el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, quien finalmente declaró inconstitucionales todas las leyes que prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tras la sentencia del alto tribunal, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 1er. Circuito confirmaba por unanimidad que la prohibición del matrimonio igualitario en Puerto Rico atentaba contra la Constitución de los Estados Unidos, y el gobernador Alejandro García Padilla ordenaba a la administración pública de Puerto Rico hacer los trámites necesarios para poner a disposición de las parejas del mismo sexo licencias matrimoniales. La Corte de Apelaciones también instó al juez Pérez-Giménez, en una orden fechada el 8 de julio de 2015, a que dictase nueva sentencia a la luz de la decisión del Tribunal Supremo.

Tras la histórica sentencia pronunciada por el Tribunal Supremo de EEUU con la que se declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario, Pérez Giménez se enrocaba en su posición inicial y llegaba a afirmar que la decisión del Tribunal Supremo no se podía aplicar a Puerto Rico, ya que no es un estado. El magistrado Juan Pérez Giménez ha provocado la confusión sobre el futuro del matrimonio igualitario en Puerto Rico, debido a un inesperado fallo, emitido el 8 de marzo, en el que afirma que cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos permite el matrimonio igualitario, hace alusión a los estados de la unión, pero no menciona territorios como Puerto Rico, no incorporado como estado. En una decisión que ha sorprendido a propios y extraños, ha dictaminado que la sentencia del Tribunal Supremo estadounidense es únicamente vinculante para los estados miembros de la unión, pero no para los territorios vinculados como Puerto Rico y que, por lo tanto, la definición del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer establecida en el artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico sigue vigente. Según el juez, el derecho al matrimonio de las parejas del mismo sexo puertorriqueñas requeriría de una orden adicional por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos o del Tribunal Supremo de Puerto Rico; o bien de una legislación especial por parte del Congreso de Estados Unidos en el ejercicio de los poderes conferidos bajo la cláusula territorial o de algún estatuto adoptado por la Legislatura de Puerto Rico que enmiende o derogue el artículo 68.

El fallo también rechaza una moción interpuesta por la organización Lambda Legal y el gobierno del Puerto Rico para levantar la prohibición del matrimonio igualitario en la isla, por lo que no estaba claro si el gobierno de Puerto Rico dejará de emitir licencias matrimoniales. El Departamento de Justicia de la isla ha remitido todas las reclamaciones a la oficina del gobernador, y a pesar de que han nombrado a un portavoz para responder a todas las preguntas, todavía no ha resuelto las numerosas dudas que ha despertado el asunto.

La comunidad LGTB de la isla no ha tardado en manifestarse en contra del magistrado, dado que su fallo va en contra de la decisión del Supremo estadounidense, que en julio del año pasado validó el matrimonio igualitario en todos los estados, incluyendo Puerto Rico, donde se celebró una boda masiva en la que decenas de parejas se juraron amor eterno, legalizando su relación. “Creemos que esta orden es errónea”, afirma Omar González, abogado de Lambda Legal, “es algo que no podemos permitir”, señalando que el fallo no invalida las docenas de matrimonios que se ha efectuado ya en la isla. En la misma línea, el activista por los derechos humanos, Pedro Julio Serrano, proclama que “es una vergüenza que el matrimonio para parejas del mismo sexo haya sido impuesto por la Corte suprema de Estados Unidos y no autorizado por la legislatura de Puerto Rico”.

El presidente del senado, Eduardo Bhatia, ha calificado de insólito el fallo del magistrado por considerar que “constituye una de las ironías más grandes en tiempos recientes (…). Me parece insólito que el propio tribual federal en la isla ignore que en Puerto Rico aplican los derechos consagrados en la Constitución de los Estados Unidos”.

Tras el revuelo causado por este dictamen , el gobernador de Puerto Rico ha intervenido para detener esta absurda travesía hacia el pasado. De este modo, Alejandro García Padilla, afirmaba en un comunicado que:

El derecho fundamental al matrimonio ha sido ordenado por el Tribunal Supremo de EEUU y el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston. Por lo tanto, voy a respetar las resoluciones de los tribunales superiores que, afortunadamente, están muy alejadas de las ideas del juez Juan Pérez Giménez.”

Por su parte, el secretario de Justicia, César Miranda, precisó que “la orden de la Corte Federal para el Distrito de San Juan no altera la validez de los matrimonios contraídos en Puerto Rico entre parejas del mismo sexo y tampoco impide darle reconocimiento a aquellos matrimonios contraídos en otras jurisdicciones”.

En opinión del abogado constitucionalista Carlos Ramos, la decisión del juez Pérez-Giménez no afecta al derecho al matrimonio de las parejas del mismo sexo, pues “el estado de derecho en Puerto Rico es la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. La decisión del juez Pérez Giménez, que a mi juicio es errada, es inconsecuente para el estado de derecho en Puerto Rico. Nadie tiene que preocuparse de que pueda ejercer su derecho fundamental a casarse y que el Código Civil de Puerto Rico no es un impedimento”.

Quienes sí que están afectadas por la inexplicable sentencia del juez Pérez-Giménez son Ada Conde Vidal e Ivonne Álvarez Vélez, que se verán obligadas a recurrirla ante la Corte de Apelaciones de Boston. Según estima Ana Conde Vidal, la decisión de Pérez-Giménez es un “absurdo jurídico” porque la Corte de Apelaciones del 1er. Circuito “ya le había solicitado que decidiera a tenor con lo que había decidido el Tribunal Supremo”. Ana Conde Vidal, que también es abogada, declaraba que “definitivamente, vamos a apelar la decisión. Entendemos que cuando esto vaya a Boston no va a ser mayor controversia y va a ser una decisión rápida cuando le digan: ‘aténgase a las consecuencias de nuestra orden del 8 de julio de 2015’”.

Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU en sus siglas en inglés), también han criticado que las leyes que prohíben el matrimonio igualitario, como en el caso de Puerto Rico, sigan en los textos y códigos legales, a pesar de no poder ser aplicadas. ACLU se dirige a los legisladores puertorriqueños indicándoles que “si realmente creen en la equidad están obligados a tomar acción para derogar los artículos del Código Civil de Puerto Rico”.

Fuente Agencias/ Redacción Chueca/Dosmanzanas

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El Senado de Puerto Rico hace historia confirmando a la jueza lesbiana Maite Oronoz como presidenta de la Corte Suprema

Sábado, 27 de febrero de 2016

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Foto tomada el 15 de julio de 2014 cuando Maite Oronoz Rodríguez juró el cargo como jueza asociada del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Ya el pasado lunes día 15 anunciábamos este nombramiento.

Importantísimo hito de visibilidad el alcanzado en Puerto Rico, cuyo Senado ha dado su visto bueno, por 14 votos a favor y 12 en contra, al nombramiento de Maite Oronoz como nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de ese país. Oronoz, que este mismo lunes prestaba juramento, ya formaba parte del más alto tribunal puertorriqueño desde julio de 2014.

Maite Oronoz es titulada en Leyes por las Universidades de Puerto Rico y Columbia (Nueva York) y posee amplia experiencia jurídica en el ejercicio privado de la abogacía. Fue además subprocuradora general de Justicia entre 2005 y 2008. En el año 2013 fue designada directora de la División Legal del Municipio de San Juan, y en junio de 2014 era propuesta por el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, como nueva jueza asociada del Tribunal Supremo. Juró su cargo el 15 de julio de 2014, tras ser confirmada por el Senado. Ya entonces aseguró que su compromiso siempre estaría “con los que reclaman justicia, irrespectivo de raza, color, género, nacionalidad, origen o condición social, orientación o identidad sexual, ideas políticas o religiosas. Ese es mi juramento: un trato digno, justo y equitativo para todos y todas ante la ley”.

Si ya entonces la incorporación de Oronoz al Supremo supuso un hito, su llegada a la presidencia marca sin duda un antes y un después. Se trata de la primera persona abiertamente LGTB que alcanza tal posición no solo en Puerto Rico, sino en el resto de países de América Latina y en Estados Unidos, país con el que Puerto Rico mantiene una relación especial como estado libre asociado y al que su sistema judicial está vinculado de un modo similar al del resto de los estados (conviviendo en paralelo un sistema judicial estatal, cuya cúspide es el Tribunal Supremo local como máximo órgano apelativo por lo que a la Constitución del estado y las leyes locales se refiere, con un sistema judicial federal). Ello hizo posible, por ejemplo, que la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el matrimonio igualitario fuese también de aplicación en Puerto Rico.

Lambda Legal elogió la confirmación de Rodríguez porque, “rompe barreras, y marca un paso trascendental hacia la consecución de un sistema judicial que refleje la diversidad completa y rica de nuestro país. Un poder judicial diversa sirve no sólo para mejorar la calidad de la justicia, que impulsa la confianza del público en los tribunales”, indicaron en un comunicado.

Durante su toma de posesión, Rodríguez declaró que “mi compromiso siempre estará con aquellos que exigen justicia, sin importar la raza, color, género, nacionalidad, origen o condición social, orientación sexual o identidad, o ideales políticos o religiosos”. Oronoz tiene una relación sentimental con una compañera de profesión, la jurista Gina Méndez Miró quien asistió a la toma de su cargo y la nueva presidenta le dedicó unas cariñosas palabras: “Sin tí, yo no estaría aquí”.

Su confirmación viene a demostrar la influencia de Estados Unidos en el país caribeño, ya que Puerto Rico es un territorio asociado y, como tal, también facilita los matrimonios para personas del mismo sexo. En una decisión (5-4) el Tribunal Supremo de E.E.U.U determinó el 26 de junio de 2015 que es inconstitucional prohibir el matrimonio gay, lo que obligó al gobierno de Puerto Rico a iniciar los procedimientos para reconocerlo. Desde la Fortaleza en San Juan, el gobernador Alejandro García Padilla afirmó que “el reconocimiento del derecho al matrimonio fortalece las libertades de todos y todas. Celebremos la igualdad ante la ley”.

La nueva presidenta del tribunal Supremo de Puerto Rico estudió en la prestigiosa Academia San José High School en Villa Caparra. Obtuvo su licenciatura en la Universidad de Villanova y luego estudió derecho en la Universidad de Puerto Rico y en la Universidad de Columbia. Editó la Universidad de Puerto Rico Law Review, y posteriormente trabajó para Federico Hernández Denton entonces Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

En el 2009 comenzó a trabajar en el bufete Sepulvado y Maldonado LLC, especializándose en casos de litigio comercial y civil, tanto en las cortes de Puerto Rico como en la corte federal. En el 2013, fue designada directora de la División Legal del Municipio de San Juan por la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto. Designada jueza asociada del Tribunal Supremo por el Gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, el 4 de junio de 2014. Ahora sustituye a otra mujer en el cargo, a la jurista Liana Fiol Matta.

Es bastante común que muchos jueces no revelen su orientación sexual al momento de ser nombrados con el temor de que no puedan ser confirmados.

Rabia de los ultraconservadores

La elección de Oronoz como nueva presidenta del Supremo ha escocido especialmente a los grupos más ultraconservadores. Es el caso de la organización homófoba Puerto Rico por la Familia, cuyo portavoz César Vázquez escribía en su web que “No le importa [en referencia a Alejandro García Padilla, el gobernador de Puerto Rico] que la nominada se pasee con otra mujer como… ¿su esposa o su marido? En su ánimo de cambiar los valores de la sociedad puertorriqueña sobre lo que debe ser la sexualidad correcta el gobernador está dispuesto a pisotear la opinión de todo un pueblo, particularmente ese pueblo que se identifica como cristiano. Ya no es un asunto de lo que la gente hace en su privacidad. Él y ellas nos ‘restregan en la cara’ que es lesbiana y que será recompensada con uno de los puestos más importantes de nuestra sociedad. ¡Alguien que vive abiertamente en pecado va a dirigir nuestro Tribunal Supremo!”.

Pues sí, señor Vázquez. Vaya acostumbrándose…

Fuente Dosmanzanas/Ragap/Cristianos Gays

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Maite Oronoz Rodríguez, visiblemente lesbiana, nombrada presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico

Lunes, 15 de febrero de 2016

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Una buena noticia por lo que supone de visibilidad y normalización del hecho LGTBI y un regusto amargo por la reacción de la jerarquía católica, posicionada siempre en contra nuestros derechos civiles.

La jueza Oronoz se comprometió en dar acceso a los pobres al sistema judicial

El arzobispo de San Juan y primera autoridad de la Iglesia Católica en Puerto Rico, Roberto González Nieves, ya había hecho pública su “preocupación”.

El gobernador Alejandro García Padilla nombró hoy a la jueza Maite Oronoz Rodríguez, letrada abiertamente lesbiana, como nueva presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Pasará a ocupar la vacante que dejó la exjueza presidenta Liana Fiol Matta tras su retiro el pasado mes de enero.

El Ejecutivo puertorriqueño informó a través de un comunicado de que Oronoz Rodríguez se desempeñaba como jueza asociada del mismo tribunal desde que fue nominada el 4 de junio de 2014.

El arzobispo de San Juan y primera autoridad de la Iglesia Católica en Puerto Rico, Roberto González Nieves, había hecho pública su “preocupación” cuando en 2014 comenzó el proceso que condujo a la designación de Maite Oronoz Rodríguez, tras conocerse su condición de lesbiana.

“Es tiempo de fortalecer la justicia de cara a los retos del futuro. Es tiempo del paso generacional y de pasar la administración de la justicia a las generaciones del presente”, destacó García Padilla sobre el nombramiento de Oronoz Rodríguez.

Al aceptar la nominación que le hizo el, viernes, el gobernador Alejandro García Padilla para presidir el Tribunal Supremo, la jueza asociada Maite Oronoz Rodríguez se comprometió en dar acceso físico, económico y procesal a todas y todos los puertorriqueños en los tribunales de Puerto Rico.

“Soy de las que piensa que es tiempo de quitarnos la toga, de bajar del estrado y de recibir con los brazos abiertos a una ciudadanía que exige justicia humana. Solo así empezaremos a restituir la confianza que merecen la gran mayoría de los jueces y las juezas dignas de nuestro sistema”, subrayó.

La nominada a presidir la Rama Judicial se comprometió también en ser rigurosa con los jueces y juezas que le falten a la honra de la toga. “La ciudadanía reclama transparencia de nuestros jueces que actúen honrando los postulados. Mi mensaje sería a todos aquellos jueces que honran la toga que van a tener en mí una aliada, a los que le faltan a la confianza al país, sepan que seré rigurosa porque la rama no tiene espacio jueces que le falten a la honra de la toga, que le falten al país”, sostuvo la designada, cuyo nombramiento como jueza presidenta requiere la confirmación del Senado.

Oronoz Rodríguez, quien hizo historia en 2014 al convertirse en la primera mujer abiertamente lesbiana en ser nombrada al cuerpo colegiado, manifestó su deseo de servir al bienestar del país desde su nueva encomienda.

“Mi generación está lista y deseosa aportar al bienestar del país y de tomar las riendas del futuro. Los retos van a ser enormes, la crisis fiscal que aqueja al país y a la rama judicial es algo que hay que tener muy presente, pero no puede ser una excusa para hacer las transformaciones necesarias”, dijo.

La magistrada aseveró que deja “a un lado la retórica, las voces convenientes y atrás lo fácil. A los que prefieren vivir en las ficciones laberínticas, a los que duermen y a los que se complacen con hablar de fantasías imposibles les digo que pongan el oído en tierra, que escuchen los clamores de justicia de nuestra gente porque yo veo el derecho como un instrumento de cambio social y veo a la Rama Judicial como el ente que viabiliza esa transformación”.

Por su parte, el gobernador expresó que “es tiempo de fortalecer la justicia de cara a los retos del futuro”, al anunciar la nominación en un acto en el Salón de los Espejos de La Fortaleza al que asistieron algunos jueces y juezas asociados y otros miembros de la comunidad jurídica del país, así como familiares y allegados a la nominada.

“Es tiempo del paso generacional; de pasar la administración de la justicia a las generaciones del presente, que van a vivir los resultados”, expresó el mandatario. Sostuvo además que “es tiempo de renovación de los compromisos constitucionales de libertad e igualdad, es tiempo de asegurar la estabilidad a largo plazo de la administración del sistema, es tiempo nuevo en la rama judicial”.

García Padilla confirmó que tiene el candidato para la vacante que dejaría Oronoz Rodríguez como jueza asociada, pero no soltó prenda. “He pensado ya la persona, pero no la voy a anunciar en el día de hoy”, se limitó a decir a los periodistas.

En torno a su proceso de confirmación en el Senado, Oronoz Rodríguez dijo que lo ve como una oportunidad “extraordinaria” para sostener una conversación seria y profunda de los problemas que aquejan a la judicatura y de relevancia en el país. “Espero que sean aliados en este combate”, indicó.

El gobernador, indicó por su parte ha conversado informalmente con algunos miembros de la mayoría senatorial y que “no existe ninguna razón” por la cual el nombramiento deba ser rechazado. “La señora jueza tiene todos los atributos que necesita y los excede. En cuanto a rigurosidad, en su toma de decisión, su metodología de adjudicación, experiencia profesional, educación formal y su experiencia de vida. Representa la generación del presente y va a vivir los cambios que se necesitan”, sostuvo García Padilla.

La abogada, quien el 27 de este mes cumple 40 años, posee una maestría en Leyes de la Universidad de Columbia en Nueva York y en 2008 fue subprocuradora general de Justicia. Antes de ser nombrada al Supremo se desempeñaba como directora de Asuntos Legales del municipio de San Juan.

Previo a desempeñarse como jueza asociada, Oronoz Rodríguez se distinguió en la práctica de derecho, habiéndose desempeñado como asistente jurídico del exjuez presidente del Tribunal Supremo Federico Hernández Denton y como procuradora general interina del Departamento de Justicia.

Además de haber sido subprocuradora de Justicia, La nominada laboró también por varios años como oficial jurídico del exjuez Hernández Denton. Posee un juris doctor de la Universidad de Puerto Rico, de donde se graduó Magna Cum Laude y además de su maestría en Leyes, realizó un bachillerato en Historia en la Universidad de Villanova, en Pensilvania, y tomó cursos en historia, literatura e italiano en la Universidad de Florencia, en Italia, un doctorado por la Universidad de Puerto Rico y una maestría en Leyes por la Universidad de Columbia en Nueva York.

Además, ha trabajado en reconocidas firmas de abogacía a nivel privado como McConnell Valdés y Sepúlveda Maldonado, especializándose en las áreas de litigio comercial y civil, tanto en las cortes de Puerto Rico como en la corte federal.

Recibió además la medalla de Derecho Civil de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, el premio de Derecho Civil del Colegio de Abogados de Puerto Rico y la medalla de Excelencia Académica y Servicio Comunitario del rector de la Universidad de Puerto Rico.

“Hoy le encargo la construcción de una herencia de mejor justicia para todos a la magistrada más joven del Tribunal Supremo, Maite Oronoz. Que se diga que en tiempos de estrechez económica Puerto Rico revitalizó su sistema de justicia y que la recuperación económica sorprendió al país con un sistema ejemplar de administración de justicia”, subrayó el gobernador sobre el nombramiento.

García Padilla dijo que es tiempo de fortalecer la justicia de cara a los retos del futuro y de renovación de los compromisos constitucionales de libertad e igualdad.

En primera fila en la ceremonia estaba su pareja, la también abogada y jefa de Personal del Senado, Gina Méndez Miró. También estaban sus padres, la exjueza del Tribunal de Apelaciones y expresidenta del Comité de Transición de García Padilla, Dolores “Maggy” Rodríguez de Oronoz, y el abogado, Mario Oronoz, así como otros miembros de su familia.

Asistieron a la actividad los jueces asociados Anabelle Rodríguez, Rafael L. Martínez Torres y Roberto Feliberti Cintrón. También asistieron, los exgobernadores Rafael Hernández Colón y Sila M. Calderón, y los exjueces presidentes, Liana Fiol Matta, Federico Hernández Denton y José Andréu García. No acudieron los jueces asociados Mildred G. Pabón Charneco, Erick V. Kolthoff Caraballo, Edgardo Rivera García, y Luis Estrella Martínez.

Calderón destacó que el nombramiento representa un cambio generacional. “Le brinda juventud y entusiasmo al Tribunal Supremo nuestro. Es un paso importante para traer nuevos enfoques. Vamos a tener una jueza presidenta por mucho tiempo”, sostuvo la exgobernadora.

Hernández Denton recomendó a Oronoz Rodríguez que aproveche el reto como una oportunidad para innovar. “Cada uno de los que hemos tenido la oportunidad de ser jueces presidentes hemos tenido que enfrentar situaciones. Un reto bien grande es el reto fiscal y cómo seguir innovando y cambiando la Rama Judicial con la situación presupuestaria”, sostuvo Hernández Denton.

Otros tres hermanos de la nominada también son abogados, incluido Fernando Oronoz, quien es asesor económico del gobernador García Padilla.

Fuente Agencias

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Estudiantes de Puerto Rico podrán elegir su vestimenta según su identidad de género

Lunes, 19 de octubre de 2015

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Los maestros ya no podrán castigar ni ir en contra de ningún estudiante que prefiera usar falda en lugar de pantalón o viceversa.

Los estudiantes de las colegios públicos de Puerto Rico, independientemente de su identidad género, podrán elegir si usan pantalón o falda como parte de su uniforme escolar. “Ningún estudiante podrá ser sancionado por dejar de utilizar una pieza particular de ropa con la que no se sienta cómodo o cómoda”, dijo el secretario de Educación puertorriqueño, Rafael Román.

Varios activistas defensores de los derechos de las personas LGTB elogiaron la medida firmada por el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla.

Sin embargo, críticos de la nueva regulación acusan a los funcionarios del gobierno puertorriqueño de actuar como dictadores y arrebatar a los padres su autoridad.

Fuente Cáscara Amarga

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Multitudinaria boda entre personas del mismo sexo en el Viejo San Juan de Puerto Rico

Jueves, 20 de agosto de 2015

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Más de sesenta parejas del mismo sexo se casaron o renovaron votos nupciales este domingo en el Viejo San Juan, centro histórico de la capital de Puerto Rico. La multitudinaria boda, en la que participaron contrayentes de muy diferentes orígenes y que fue oficiada por ministros de varias confesiones religiosas, supone un hito de visibilidad LGTB en el país y un rayo de esperanza para el Caribe.

Ya en julio nos hacíamos eco de la celebración de las primeras bodas en Puerto Rico, menos de un mes después de la histórica sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que consideró inconstitucional prohibir el matrimonio igualitario. Pero la de este domingo ha sido sin duda hasta ahora la más significativa. Y es entre las más de sesenta parejas que contrajeron matrimonio (algunas de ellas renovaron votos, porque ya estaban casadas) hubo ciudadanos cubanos, chinos, dominicanos o haitianos. Cada pareja pudo escoger además un oficiante religioso, y de hecho hubo representantes de varias confesiones, incluidas la musulmana y la budista.

La boda tuvo lugar en el Paseo de la Princesa, uno de los rincones emblemáticos del Viejo San Juan, bajo una lluvia que nunca cesó y que de hecho fue saludada como un buen augurio por los asistentes, especialmente si se tiene en cuenta que Puerto Rico se enfrenta a un período de sequía. “¡Hoy el cielo llora de felicidad!”, comentó la abogada y presidenta de la Fundación de Derechos Humanos de Puerto Rico, Ada Conde, una de las organizadoras del evento. Conde formó parte del grupo de activistas que demandaron a Puerto Rico ante la justicia federal (en su caso, por negarse a reconocer su matrimonio con Ivonne Álvarez, celebrado en el estado de Massachussetts en 2004).

A continuación insertamos un emotivo vídeo realizado por el diario puertorriqueño El Nuevo Día, que muestra diversas imágenes del acto. La alegría que traslucen es indudable:

Una historia judicial complicada

No ha sido fácil llegar hasta aquí. Como en otros territorios vinculados a la jurisdicción del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la historia del matrimonio igualitario en Puerto Rico no se puede desligar del ámbito judicial. En octubre del año pasado, y en sentido contrario a la de la inmensa mayoría de sus colegas de los Estados Unidos, el juez federal puertorriqueño Juan M. Pérez-Giménez dictaminaba que la ley que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo en Puerto Rico era constitucional. Los demandantes recurrieron ante la Corte federal de Apelaciones del 1er. Circuito, bajo cuya jurisdicción se encuentra la isla (una de las que no había tenido oportunidad de dirimir sobre la cuestión, porque en el resto de los estados que comparten jurisdicción ya estaba vigente sin que se plantearan desafíos ante la justicia federal).

La Corte de Apelaciones denegó sin embargo en abril la solicitud para fijar la fecha de presentación de los argumentos orales, retrasando en la práctica la decisión hasta que el Supremo se pronunciase. Tras la sentencia del Supremo, un panel de tres jueces de la Corte confirmaba el 8 de julio por unanimidad que la prohibición del matrimonio igualitario en Puerto Rico atenta contra la Constitución de los Estados Unidos, y el gobernador Alejandro García Padilla ordenaba a la administración pública del estado hacer los trámites necesarios para poner a disposición de las parejas del mismo sexo licencias matrimoniales a partir del 13 de julio (aquí puedes ver el formulario, que simplemente habla de “contrayente A” y “contrayente B”).

Hubo una última escaramuza por parte de los sectores homófobos de la isla antes de aceptar su derrota. Cuatro representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), formación conservadora que curiosamente defiende la plena anexión de Puerto Rico a Estados Unidos, solicitaron al Tribunal Supremo de Puerto Rico que frenase la aplicación en la isla de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos así como la orden ejecutiva emitida por el gobernador. El Supremo de Puerto Rico rechazó sin embargo la solicitud, y los legisladores del PNP decidían finalmente acatar la decisión y retirar la demanda que además habían interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, antes de que fuera el propio Departamento de Justicia de Puerto Rico el que solicitase su desestimación. El matrimonio igualitario ya era una realidad en el Caribe.

Fuente Dosmanzanas

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Comienzan las bodas entre personas del mismo sexo en Puerto Rico

Miércoles, 22 de julio de 2015

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Las bodas entre personas del mismo sexo llegan a Puerto Rico, menos de un mes después de la histórica sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos (con jurisdicción sobre el estado libre asociado) que consideró inconstitucional prohibir el matrimonio igualitario. Una de las primeras bodas ha sido de hecho la celebrada entre Yolanda Arroyo y Zulma Oliveras, una de las parejas que en su momento recurrieron ante la justicia federal para ver reconocido su derecho a casarse.

Y es que, como en otros territorios vinculados a la jurisdicción del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la historia del matrimonio igualitario en Puerto Rico no se puede desligar del ámbito judicial. En octubre del año pasado, y en sentido contrario a la de la inmensa mayoría de sus colegas de los Estados Unidos, el juez federal puertorriqueño Juan M. Pérez-Giménez dictaminaba que la ley que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo en Puerto Rico era constitucional. Los demandantes recurrieron ante la Corte federal de Apelaciones del 1er. Circuito, bajo cuya jurisdicción se encuentra Puerto Rico.

La Corte de Apelaciones denegó sin embargo en abril la solicitud para fijar la fecha de presentación de los argumentos orales, estableciendo que en el plazo de 14 días desde la decisión del Tribunal Supremo las partes debían presentar sus propuestas de calendario para los procedimientos pendientes. En definitiva, se retrasaba la decisión hasta que el Supremo se pronunciase unas pocas semanas después. Conviene tener en cuenta que la Corte de Apelaciones del 1er. Circuito era una de las que no había tenido oportunidad de dirimir sobre la cuestión del matrimonio igualitario, porque en el resto de los estados de su jurisdicción (Maine, Massachusetts, New Hampshire y Rhode Island) este ya está vigente por decisión de sus Cortes Supremas, sus legislaturas estatales o incluso –en el caso de Maine– mediante referéndum.

Tras la sentencia del Tribunal Supremo, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 1er. Circuito confirmaba el pasado 8 de julio por unanimidad que la prohibición del matrimonio igualitario en Puerto Rico atenta contra la Constitución de los Estados Unidos, y el gobernador Alejandro García Padilla ordenaba a la administración pública de Puerto Rico hacer los trámites necesarios para poner a disposición de las parejas del mismo sexo licencias matrimoniales a partir del 13 de julio (aquí puedes ver el formulario ya disponible, que simplemente habla de “contrayente A” y “contrayente B”).¨

Fracasó el intento de un grupo de políticos de detener las bodas

Sin embargo la batalla judicial se prolongaba: cuatro representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), formación de corte conservadora que curiosamente defiende la plena anexión de Puerto Rico a Estados Unidos como un estado más de la unión, solicitaron al Tribunal Supremo de Puerto Rico que frenase la aplicación en la isla de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos así como la orden ejecutiva emitida por el gobernador. El Supremo de Puerto Rico rechazó sin embargo la solicitud el pasado jueves, y los legisladores del PNP decidían finalmente acatar la decisión y retirar la demanda que además habían interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, antes de que el propio Departamento de Justicia de Puerto Rico tuviera tiempo de solicitar su desestimación.

Poco ha importado este último intento desesperado de los homófobos de detener la aplicación de la sentencia del Supremo: lo cierto es que las bodas entre personas del mismo sexo ya han comenzado en Puerto Rico. La de Yolanda Arroyo y Zulma Oliveras ha sido la primera en trascender. Ha tenido lugar en Santurce, un barrio de San Juan. La madrina del enlace fue la abogada y presidenta de la Fundación de Derechos Humanos de Puerto Rico, Ada Conde, quien también ha formado parte del grupo de activistas que demandó a Puerto Rico ante la justicia federal (en su caso, por negarse a reconocer su matrimonio con Ivonne Álvarez, celebrado en el estado de Massachussetts en 2004).

¡Muchas felicidades a las recién casadas y a todas aquellas parejas de Puerto Rico que sigan sus pasos!

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Declaran inconstitucional que Puerto Rico no reconozca matrimonios igualitarios

Lunes, 13 de julio de 2015

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“Concurrimos con la posición conjunta de las partes de que la prohibición (matrimonio mismo sexo) es inconstitucional”. Así se indica en la orden emitida por el panel de jueces Juan Torruella, William Kayatta y Rogeriee Thompson del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito que este miércoles publicó una sentencia en la que declara inconstitucional el artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico que no reconoce los matrimonios igualitarios.

Detrás de este avance está la activista LGBT Ada Conde, su esposa y otros demandantes, que acudieron ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito con sede en Boston después de que el juez de distrito Juan Pérez Giménez desestimara el pleito con perjuicio.

Tras aprobarse las bodas de personas homosexuales en Estados Unidos, el gobernador Alejandro García Padilla firmó una orden ejecutiva para que en Puerto Rico se pueda contraer matrimonio entre personas del mismo sexo a partir del 11 de julio. El primer ejecutivo estableció mediante la orden ejecutiva que se debe identificar y revisar todos los programas, estatutos, regulaciones y políticas de las agencias de forma tal que los derechos del matrimonio se apliquen uniformemente a todo matrimonio.

Fuente Ragap

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Puerto Rico seguirá el ejemplo de Estados Unidos y legalizará el matrimonio gay

Jueves, 2 de julio de 2015

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El Estado Libre Asociado de Estados Unidos se unirá al resto de los 50 estados en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo después de que el gobernador, Alejandro García Padilla, dijera que Puerto Rico seguirá su ejemplo.

El gobernador reconoció que la mayor oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo proviene del sector católico pero dijo: “Les pido a todos los que son gente de fe como yo que entiendan que nadie está autorizado a imponer sus creencias religiosas sobre los demás.”

Puerto Rico anunció que iba a dejar de defender su prohibición sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo en marzo, con el gobernador diciendo: “La república no puede responsablemente avanzar ante este tribunal cualquier interés lo suficientemente importante o de peso para justificar el trato diferenciado que ofrece hasta ahora a la parte demandante“.

El secretario de Justicia, César Miranda, dijo que la sentencia del Tribunal Supremo era “un gran paso en la búsqueda de la igualdad de derechos” y afirmó que “no se puede negar a las personas el derecho a amar.”

José Rodríguez del Grupo de Heterosexuales en Favor de la Igualdad, dijo: “Es realmente el momento de hacer de Puerto Rico una sociedad más justa y equitativa, y no depender de las decisiones del exterior para lograr este objetivo”.

General, Historia LGTBI Alejandro García Padilla, César Miranda, Grupo de Heterosexuales en Favor de la Igualdad, José Rodríguez, Matrimonio igualitario, Puerto Rico

La Corte de Apelaciones no decidirá sobre el matrimonio igualitario en Puerto Rico hasta la sentencia del Tribunal Supremo

Viernes, 17 de abril de 2015

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La Corte de Apelaciones del 1er. Circuito no escuchará los argumentos orales en el caso de la prohibición del matrimonio igualitario en Puerto Rico hasta el fallo al respecto del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Este último se espera que se produzca a finales del próximo mes de junio, fecha a partir de la cual la Corte de Apelaciones fijará el calendario de audiencias.

La Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston paralizó el martes el caso sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo en Puerto Rico en espera de la decisión que emitiría en junio la Corte Suprema de Estados Unidos en casos similares sometidos a su consideración. “En vista de los casos que se encuentran ante la Corte Suprema, entendemos que en este momento es prematuro fijar una fecha para argumentaciones orales”, señala la determinación. La corte apelativa estableció que 14 días después de la decisión del Supremo, las partes en el caso puertorriqueño deberán acordar una fecha para cualquier procedimiento futuro.

La determinación surge en respuesta a la demanda que varias parejas gay radicaron en Puerto Rico hace poco más de un año impugnando la constitucionalidad de diversas leyes locales, como la que define al matrimonio como el celebrado entre un hombre y una mujer, y las que prohíben los casamientos entre homosexuales y el reconocimiento jurídico de esos enlaces.

En una orden ejecutiva fechada este 14 de abril, la Corte de Apelaciones del 1er. Circuito ha denegado la solicitud de los demandantes de fijar la fecha de presentación de los argumentos orales en el recurso presentado contra la sentencia del juez Juan M. Pérez-Giménez, que ratificaba la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en Puerto Rico. En cambio, la Corte sí ha establecido que en el plazo de 14 días desde la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre las sentencias desfavorables al matrimonio igualitario dictadas por la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, las partes presenten sus propuestas de calendario para los procedimientos pendientes. Se espera que la decisión del alto tribunal tenga lugar a finales del próximo mes de junio.

Esta decisión ha resultado decepcionante para muchos, toda vez que la composición de la Corte de Apelaciones del 1er. Circuito parece en principio favorable a los derechos LGTB. Sin embargo, este tribunal no ha tenido hasta ahora oportunidad de dirimir sobre la cuestión del matrimonio igualitario, porque en el resto de los estados de su jurisdicción, Maine, Massachusetts, New Hampshire y Rhode Island, ha sido aprobado por decisión de sus Cortes Supremas, sus Parlamentos o mediante referéndum. El Departamento de Justicia puertorriqueño había defendido las leyes antes de que un juez federal las ratificara, pero ese fallo fue apelado ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston

Las esperanzas sobre un fallo positivo se habían avivado aún más después de que la Fiscalía de Puerto Rico comunicase que no defendería ante el tribunal la sentencia del juez Pérez-Giménez. En marzo, en un cambio radical que sorprendió a muchos, el Departamento de Justicia anunció que no defenderá las leyes que prohíben el matrimonio entre parejas del mismo sexo. El secretario de Justicia, César Miranda, dijo que el gobierno ya no puede continuar discriminando a la comunidad gay. Según el funcionario, el matrimonio debe estar disponible para todas las personas que se aman y se cuidan unas a otras, que trabajan y contribuyen a la sociedad como las demás.

Los expertos, no obstante, no ven en esta decisión una actitud hostil o reacia a los derechos LGTB por parte de la Corte de Apelaciones, sino simplemente un problema de calendario. Fijar audiencias para la presentación de los argumentos orales favorables, las réplicas y contrarréplicas, más la recepción de todo tipo de informes y propuestas por parte de asociaciones y organismos implicados, ajustándose a los plazos establecidos en la normativa judicial, haría que un fallo rápido de la Corte de Apelaciones tuviera lugar, como muy pronto, a mediados de junio. Todo ello sin que se produjeran demoras no previstas. Una fecha demasiado próxima a la prevista para el fallo del Tribunal Supremo como para que la Corte de Apelaciones no la tenga en cuenta. Parecida decisión tomó la Corte de Apelaciones de 11º Circuito en los recursos de Florida y Alabama, aunque en ambos casos las sentencias apeladas eran favorable

Aunque el gobernador Alejandro García Padilla ha dicho reiteradamente que no apoya los casamientos entre personas del mismo sexo, manifestó que no corresponde a ningún político imponer su credo, por lo que está a favor del cambio.

La Corte Suprema federal tiene previsto emitir a finales de junio un fallo sobre diversos casos de matrimonio gay. La decisión también deberá ser acatada en este territorio estadounidense.

General, Homofobia/ Transfobia. Alejandro García Padilla, César Miranda, Corte de Apelaciones del 1er. Circuito, Discriminación, Estados Unidos, Juan M. Pérez-Giménez, Matrimonio, Puerto Rico, Tribunal Supremo (Estados Unidos)

La Justicia despeja el camino para el matrimonio igualitario en Puerto Rico

Lunes, 23 de marzo de 2015

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Como ya habíamos adelantado, el Departamento de Justicia (DJ) anunció el pasado viernes que el gobierno de Puerto Rico no defenderá la constitucionalidad del matrimonio entre un hombre y una mujer, según lo dispuesto en el Artículo 68 del Código Civil, “porque las leyes que defienden el matrimonio tienen que respetar los derechos constitucionales de todos los ciudadanos”.

El anuncio, que fue realizado durante una conferencia de prensa en la sede de Justicia, en Miramar, se produjo al vencerse el plazo para que el gobierno de Puerto Rico presentara su argumentación escrita como parte del proceso de apelación de un caso federal interpuesto por cinco parejas homosexuales que solicitan que se validen en la isla sus derechos como matrimonios.

“El día de hoy es importante para el país. Los he convocado para esta conferencia de prensa que a mí entender tiene matices históricos para nuestra ciudadanía y el entorno jurídico del pueblo de Puerto Rico”, comenzó diciendo el secretario de Justicia, César Miranda, al hacer el anuncio ante una sala llena de medios de comunicación. “El Departamento de Justicia, en la presentación que entregará, y por trabajo de la procuradora general del Estado Libre Asociado, Margarita Mercado, hemos concluido que ante el estado de derecho actual no se justifica ni es correcto el defender la constitucionalidad del Artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico que promulga que el matrimonio será solo entre un hombre y una mujer”, declaró Miranda.

El funcionario agregó que la determinación de Justicia se tomó porque, jurídicamente y éticamente, “no es correcto” que a unos ciudadanos en la isla se les nieguen los derechos que otros disfrutan por “motivos de orientación sexual”. “Esos mismos derechos deben estar disponibles para aquellos que se aman, que se cuidan entre sí, que trabajan y aportan a nuestra sociedad igual que los demás”, agregó el funcionario.

Inmediatamente después que se hiciera pública la postura del Departamento de Justicia, el gobernador Alejandro García Padilla emitió unas declaraciones escritas en las que apoyó la determinación de Justicia de no rebatir el reclamo de los demandantes que soliciten se declare inconstitucional la prohibición de matrimonios entre personas del mismo sexo y afirmó que su deber como primer ejecutivo es “adelantar el progreso de los derechos civiles y humanos en igualdad de condiciones para todo ciudadano y ciudadana”. “El pueblo de Puerto Rico me eligió para defender las Constituciones del Estado Libre Asociado y de Estados Unidos de América. El desarrollo de la jurisprudencia en múltiples jurisdicciones estadounidenses apunta a un consenso innegable. Esto es, que nuestro ordenamiento constitucional no permite distinciones discriminatorias como la que está contenida en el Código Civil respecto a los derechos de las parejas del mismo sexo”, manifestó el gobernador.

Este caso se remonta a marzo del pasado año, cuando Ada Conde Vidal, presidenta de la Fundación de Derechos Humanos (FDH), presentó una demanda en el Tribunal Federal para que se reconozca en Puerto Rico como legal y legítimo el matrimonio que contrajo con su pareja, Ivonne Álvarez Vélez, en el estado de Massachusetts.

En la demanda presentada junto a Álvarez Vélez y otras cuatro parejas en contra de la secretaria de Salud, Ana Ríus Armendáriz, y la directora del Registro Demográfico, Wanda Llovet Díaz, la licenciada Conde Vidal solicitó un interdicto preliminar, permanente y sentencia declaratoria para que en Puerto Rico se reconozcan los matrimonios civiles entre personas del mismo sexo contraídos en otras jurisdicciones de Estados Unidos.

Posteriormente, en octubre de 2014, el juez federal Juan Pérez Giménez desestimó la demanda, por lo que las demandantes recurrieron al Circuito de Apelaciones de Boston. Desde ese entonces, el secretario de Justicia ya había señalado que el gobierno del Estado Libre Asociado se allanaría a la decisión que se emitiera en Boston.

La determinación del Gobierno hecha pública hoy, había sido adelantada en un escrito del periódico El Nuevo Día el pasado lunes. Ese día, este medio señaló que el Gobierno contemplaba anunciar esta semana su cambio de postura en torno al apoyo al estatuto puertorriqueño, que solo reconoce el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

Miranda explicó que el cambio de posición del Gobierno con respecto a la argumentación inicial ante Pérez Giménez fue producto del cambio en el estado de derecho, como el Defense of Marriage Act (DOMA), de 2013. En este caso, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que el Congreso violó la cláusula de igual protección de las leyes al definir el matrimonio exclusivamente como la unión entre una mujer y un hombre en esa ley. Tras esta decisión, la inmensa mayoría de las cortes federales han concluido que la definición de matrimonio limitada a un hombre y una mujer no es constitucionalmente válida.

A preguntas de la prensa, Miranda reconoció que si el Circuito de Apelaciones de Boston declara inconstitucional el Artículo 68, “es que la prohibición para que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en Puerto Rico dejaría de existir”.

“Obviamente, hay que decir que el tribunal podría emitir esa decisión”, indicó Miranda, quien expresó que igualmente podría pedir tiempo en lo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos resuelve los casos que tiene planteados.

Alegría entre los defensores del matrimonio igualitario

“Puerto Rico finalmente se une a la corriente mundial. Esta Administración sigue haciendo historia en la defensa, expansión y reconocimiento de los derechos humanos”, dijo el presidente del Senado, Eduardo Bhatia.

“La igualdad en el matrimonio y la libertad de amar y constituir un hogar con quien uno quiera es un derecho fundamental que debe ser respetado”, dijo en línea con los argumentos expresados este viernes por el secretario de Justicia de la isla, César Miranda, al anunciar este cambio de postura del Gobierno.

Quienes sí celebraron esta decisión, como era previsible, fueron las organizaciones de defensa de los derechos de la comunidad LGBT, como Lambda Legal, que representa a cuatro de las parejas que presentaron la demanda que ha dado motivo a este pronunciamiento del Gobierno ante el Tribunal de Apelaciones de Boston. Omar González-Pagan, del equipo de Lambda Legal, expresaba su satisfacción porque “al no seguir defendiendo la prohibición discriminatoria del matrimonio para personas LGBTT en la isla, el gobierno de Puerto Rico por fin reconoce que negarle el matrimonio a las personas LGBTT es nocivo y no puede ser justificado. El único objetivo de la prohibición es perpetuar la discriminación y eso es simplemente injusto. Las parejas del mismo sexo, las personas LGBTT y sus familias son parte de la rica cultura y sociedad puertorriqueña. Las acciones tomadas en el día de hoy cumplen las promesas constitucionales de justicia e igualdad para las personas LGBTT en Puerto Rico. Puramente, la discriminación nunca está en los mejores intereses de Puerto Rico”.

Pedro Julio Serrano, presidente de la organización LGTB Puerto Rico Para Tod@s, estimaba que “las luchas no se ganan en un solo día. Son producto del sacrificio de mucha gente. Hoy es un gran día. Es un día histórico. Siempre lo he dicho, la igualdad es inevitable. El gobernador hoy se coloca en el lado correcto de la historia. Por muchos años, las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros y transexuales hemos sido tan pisoteadas, que cuando se nos afirma, es maravilloso. Y más cuando es el gobierno que al fin te reconoce como el ser humano digno y pleno que eres”. El activista expresaba también su esperanza: “Ahora solo falta que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito haga lo correcto, validar la dignidad de todas las parejas reconociendo el derecho al matrimonio a las personas LGBTT. Estamos a un paso de la igualdad matrimonial. Venceremos”.

Igualmente, la presidenta del Caucus LGBT del Concejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark Viverito, dijo en un escrito que las familias LGBTT puertorriqueñas deben tener los mismos derechos, responsabilidades y respeto que el resto de las familias. “Aplaudimos y agradecemos al gobernador Alejandro García Padilla y su Administración por escoger estar en el lado correcto de la historia en el tema del matrimonio igualitario. Su cambio de posición es esperanzador”, afirmó.

Desde la presidencia de Freedom to Marry, Evan Wolfson felicitó al Gobierno por sumarse a la “larga lista de funcionarios electos, incluyendo conservadores y representantes latinos de Estados Unidos, que creen que no hay razón legítima para la discriminación del matrimonio a las parejas del mismo sexo”.

Ricky Martin, la estrella puertorriqueña más internacional, ha declarado:

Mi agradecimiento al Gobernador Alejandro García Padilla por demostrar que es un líder que no teme al los retos del presente. Su respaldo a la determinación del Tribunal de Boston sobre el matrimonio igualitario hace justicia a la igualdad. Mi reconocimiento a Senadores y Representantes y a mis hermanas y hermanos que se unieron a esta lucha por la igualdad y los derechos humanos. Hoy es un gran día para mi Isla, el corazón se me sale del pecho. Que orgulloso estoy de vivir en un País de igualdad. Te amo Puerto Rico.

Pero no todas las reacciones han sido positivas. María Milagros Charbonier, representante del opositor Partido Nuevo Progresista, partidario de la anexión completa a los Estados Unidos, describía la decisión de la administración de García Padilla como una “bofetada a la sociedad portorriqueña”. Para la política, “este gobernador ha jugado con el pueblo cristiano. Esto es un abuso de primer orden”, calificando la decisión como “una muestra clara del cinismo que permea a esta administración” y “una afrenta al pueblo cristiano”.mientras que el senador Angel Chayanne Martínez habló de “desilusión con el errático Gobierno de turno” que quiere “dividir y sembrar la discordia”.

La Iglesia de Puerto Rico pide referéndum sobre matrimonio igualitario

(Muy alegres y contentas sus ilustrísimas: A la izquierda el obispo de Arecibo Daniel Fernández Torres y a la derecha el de San Juan, Roberto González Nieves )

La Iglesia Católica expresó su disconformidad con la determinación de Justicia: “A este tipo de imposición por parte del Estado el papa Francisco la ha llamado colonización ideológica”, dijo el presidente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, quien en un comunicado calificó la decisión del Gobierno de “muy lamentable y desconcertante”. Además, el arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, quien ya se ha manifestado contrario a los derechos LGTB , propuso un referéndum para que los ciudadanos expresen su opinión sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo en Puerto Rico.

“Exhortamos a nuestro pueblo a iniciar un proceso para que una decisión de esta magnitud y trascendencia histórica se decida mediante un referéndum donde los ciudadanos y ciudadanas se expresen. De no ser así se trataría de una imposición dictatorial par parte del Estado”, dijo González Nieves.

“La postura del gobernador de no defender la legislación actual que solo permite la validez y el reconocimiento del matrimonio hombre y mujer es muy lamentable y desconcertante. Nos llena de tristeza. El deber ministerial del Gobierno debió ser defender la constitucionalidad de la legislación actual como lo hizo en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico y tal y como resolvió dicho tribunal”, lee el comunicado enviado por la Conferencia Episcopal Puertorriqueña.

“No se puede avanzar en la promoción de derechos humanos cuando se redefine y se debilita la institución familiar que es la célula vital y fundante de toda sociedad desde el comienzo de la historia humana. Hoy, la voz del sentir mayoritario de nuestro pueblo se ha quedado sin oídos que lo escuchen en la más alta esfera de su Gobierno. El deber del Estado es ser fiel a los valores y la cultura de un pueblo y nación, no redefinirlos. Hoy, el Estado envía un mensaje equivocado a nuestra niñez y juventud”, afirmó el presidente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña y arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves

A su juicio “el deber ministerial” del Gobierno es defender, como había hecho hasta ahora, la constitucionalidad de la legislación actual, que en el Artículo 68 del Código Civil -que se rebate estos días ante la Justicia federal- restringe el matrimonio a las uniones entre hombre y mujer. “Queremos una sociedad que acoja, acompañe, ame y proteja los legítimos derechos de sus hijos e hijas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales y transgénero. Queremos una sociedad que ore por ellos y ellas y que condene y erradique los crímenes de odio. Por eso pedimos igualdad, respeto y tolerancia”, afirmó. Sin embargo, “esto no justifica que su unión sea análoga al matrimonio hombre y mujer, única unión capaz de transmitir vida y que refleja el designio del creador. El Estado tiene que resolver este reclamo de otra manera”.

El obispo de la localidad de Arecibo, Daniel Fernández Torres, también lamentó esta decisión, porque “la naturaleza no cambia” y “no se puede reclamar trato igual a lo que por naturaleza no es igual“. “No es lo mismo el efecto de las decisiones de las personas sobre su vida privada que el efecto público de llamar matrimonio a lo que por naturaleza no lo es. Es lamentable que se hayan traicionado de este modo lo valores fundamentales de nuestro pueblo y el futuro de nuestro país”, dijo en un comunicado.

La conocida pastora Wanda Rolón, apóstol de la iglesia Tabernáculo de Alabanza y Restauración La Senda Antigua, dijo igualmente que es “un día nefasto para la historia de Puerto Rico. (Desde el Gobierno) se revelaron contra el mismo Dios, pero Jehová no ha perdido una sola batalla. Sigamos orando”.

A estos comentarios de crítica y censura, el propio secretario de Justicia, César Miranda, se adelantó el viernes cuando durante la conferencia de prensa en la que anunció el cambio de actitud del Gobierno dijo profesar “todos mis respetos”. Miranda insistió en que respeta “absolutamente” la opinión de todos respecto a este asunto, pero incidió en que “todos los puertorriqueños y puertorriqueñas somos iguales ante la ley”. “Por motivos de orientación sexual en Puerto Rico a unas personas se les niega lo que a otros se les concede, y eso no es correcto ni jurídica ni éticamente”, defendió, “particularmente cuando jurídicamente no tienen otra alternativa”. Añadió que las parejas heterosexuales se transmiten entre sí múltiples derechos y protecciones por virtud del matrimonio. “Esos mismos derechos deben estar disponibles para aquellos que se aman, se cuidan entre sí, que trabajan y aportan a esta sociedad igual que los demás”, dijo.

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El Gobernador de Puerto Rico, deberá mover ‘cielo y tierra’ para legalizar el matrimonio gay

Jueves, 11 de septiembre de 2014

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Heterosexuales se manifiestan a favor del matrimonio igualitario en Puerto Rico

El activista de derechos humanos puertorriqueño, Francisco “El Jimagua” Cartagena Méndez, emplazó al gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, a ‘mover cielo y tierra’ para legalizar el matrimonio igualitario en la isla caribeña.

“Ya es tiempo de mover cielo y tierra para hacer una realidad la equidad en Puerto Rico. Es menester hacerle justicia a las miles de personas de las comunidades LGBTT, que desean casarse y tener todos los derechos constitucionales, jurídicos y legales”, sostuvo Cartagena mediante comunicación escrita.

Las expresiones del joven activista surgieron como consecuencia de la posición del Departamento de Justicia de Puerto Rico, quienes determinaron ‘carencia de legitimidad’ en el caso radicado por la licenciada Ada Conde en el Tribunal Federal, en el cual solicitaba que se legalizara en la isla su matrimonio con su pareja del mismo sexo.

“Siempre han impuesto la heterosexualidad contra otras orientaciones sexuales. Emplazamos al gobernador, Alejandro García Padilla, a encaminarse por el sendero de la equidad. Toda persona en Puerto Rico debe tener los mismos derechos, lo contrario es discrimen. Las personas LGBTT somos ciudadanos dignos, pagamos impuestos como todos, pero no tenemos todos los derechos” sostuvo.

A la comunidad LGBTT en Puerto Rico no se les reconoce ciertos derechos a los que que las personas heterosexuales si tienen acceso. Estos derechos van desde la adopción por parejas del mismo sexo, el matrimonio, y la ley de Herencia. Otro asunto es la discriminación laboral, así como el hecho que una persona homosexual no puede incluir a su pareja del mismo sexo en su plan médico, entre otros.

“El gobierno de Puerto Rico tiene el deber legal y moral de elidir para siempre la presión religiosa en torno asuntos legislativos que busquen otorgar derechos a aquellas personas que hoy son discriminadas. La democracia en Puerto Rico está incompleta, y nuestro país necesita lideres con la gallardía, el tesón y el compromiso de completar nuestra democracia desde la equidad”, concluyó Cartagena Méndez.

Fuente InOutPost

General, Homofobia/ Transfobia. Ada Conde, Alejandro García Padilla, Francisco “El Jimagua” Cartagena Méndez, Matrimonio igualitario, Puerto Rico

El activista Pedro Julio Serrano pide que se respete el matrimonio de dos lesbianas de Puerto Rico.

Martes, 1 de abril de 2014

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El conocido activista puertorriqueño Pedro Julio Serrano pidió hoy que se respete el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo en la isla y reclamó apoyo para la pareja de mujeres que ha demandado a Puerto Rico por no reconocer su matrimonio.

Serrano, uno de los principales defensores de los derechos de los homosexuales en la isla, se dirigió en un comunicado al Ejecutivo y a la Procuraduría locales para pedir que se respete el matrimonio reconocido en EE.UU. de Ada Conde y Ivonne Álvarez, que se casaron hace una década en el estado de Massachusetts.

“En primer lugar, quiero felicitar a las valientes amigas y activistas Ada Conde e Ivonne Alvarez por dar este histórico paso. Hace mucho sentido que siendo la primera pareja puertorriqueña en casarse en Massachusetts -el primer estado donde se legalizó ese derecho- el primer pleito de esta clase lo radiquen ellas”, dijo Serrano.

El portavoz de la organización Puerto Rico Para Tod@s hizo un llamado al gobernador Alejandro García Padilla, su secretario de Justicia, César Miranda, y a la procuradora general, Margarita Mercado, para que no defiendan el que denominó “injusto estado de Derecho que impide a parejas del mismo sexo casadas en otras jurisdicciones gozar de los beneficios en la isla que trae consigo el matrimonio”. “Invito al gobernador y su Gabinete a aprovechar esta demanda para estar en el lado correcto de la historia. Tengan presente que, en poco tiempo, los tribunales federales de Texas, Utah, Kentucky, Virginia y Michigan han resuelto a favor de la igualdad de las parejas del mismo sexo”, indicó. El activista subrayó que la igualdad matrimonial es inevitable y que sucederá tarde o temprano en puerto Rico, por lo que, dijo, “el gobernador no debe defender lo indefendible en este pleito legal”.

Serrano invitó a otras parejas del mismo sexo que no se han casado aún a que radiquen pleitos similares en el Tribunal Federal de San Juan para que se reconozca también el derecho al matrimonio en Puerto Rico. “Es hora de que en esta patria podamos tener el mismo derecho que tienen las parejas heterosexuales de casarse y acceder a todos los beneficios, derechos y protecciones que el Estado confiere. Ya es hora de la igualdad”, destacó Serrano.

La pareja sostiene en la demanda que a pesar de que la Corte Suprema de EE.UU. establece la libertad para contraer matrimonio Puerto Rico impone trabas que impiden a homosexuales y lesbianas casarse legalmente. Además, indica que la ley puertorriqueña no reconoce matrimonios contraído de forma legal entre personas del mismo sexo contraído en otras jurisdicciones de EE.UU., el caso de estas dos mujeres.

Las dos mujeres piden que se declare inconstitucional el artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico que estable el matrimonio como unión entre un hombre y una mujer.
El exgobernador Pedro Rosselló (1993-2000) firmó durante su mandato una ley que prohíbe en Puerto Rico el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo obtenido en otras jurisdicciones de EE.UU.

El pasado mes de mayo fueron aprobados en Puerto Rico los proyectos del Senado 238 y de la Cámara 488 que conceden derechos a los miembros de la comunidad homosexual.

El proyecto 238 prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el escenario laboral, mientras que el 488 enmienda la Ley 54 de violencia doméstica para cobijar a cualquier persona indistintamente de su orientación sexual, identidad de género o estado civil.

Fuente Caracol Radio

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