La acumulación de agresiones coloca a la LGTBfobia en la agenda político-mediática. ¿Preocupación real o lavado de cara?
Una interesante reflexión que hemos leído en Dosmanzanas:
Las últimas agresiones por LGTBfobia ocurridas en Madrid y Almería parecen haber despertado por fin las alarmas de políticos y medios de comunicación generalistas. Mientras en comunidades cuyos gobiernos se han negado durante años a legislar en favor de los derechos LGTB, como es el caso de la Comunidad de Madrid, se prometen al fin avances, este jueves hemos visto a un gran diario de tirada nacional, El Mundo, llevar el tema a su portada. Habrá que ver si estamos en serio ante un tiempo nuevo o se trata, como tantas otras veces en España, de reacciones cortoplacistas y de escaso calado real.
Hace tiempo que tanto activistas como medios específicamente LGTB venimos alertando del incremento de incidentes violentos motivados por el odio a la orientación sexual o a la identidad y/o expresión de género de las víctimas. Es cierto que, al menos en una parte, esta apreciación podría estar sesgada por la mayor predisposición a denunciar agresiones que antes se mantenían en secreto, así como por la mayor facilidad, gracias a las redes sociales, para que la información difunda rápidamente sin la necesidad de un “control previo” por parte de los medios tradicionales. Pero hay hechos incuestionables: según datos del propio Ministerio del Interior (los referidos al año 2014 fueron hechos públicos en abril) la mayor parte de los delitos de odio que se cometen en España lo son por LGTBfobia (513, un 39,9% del total). Y las denuncias fueron en 2014 más numerosas que en 2013. Y como la FELGTB ha recordado en varias ocasiones, según sus datos más del 70% de quienes sufren agresiones físicas o verbales o amenazas con tintes LGTBfóbicos no lo denuncia (entre el 60 y el 90%, según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea).
La mayoría de las víctimas de delitos por LGTBfobia que se denunciaron en 2014 fueron mujeres (401 víctimas, frente a 157 hombres). En cambio la inmensa mayoría de los agresores fueron hombres (264, frente a solo 9 mujeres). De hecho, de las seis tipologías de delitos de odio reconocidas, es en los delitos por orientación sexual e identidad de género donde esta diferencia entre los dos sexos es más pronunciada. Resulta obvio que, aunque existan características propias, la violencia machista y la violencia LGTBfoba beben de las mismas fuentes.
Pese a lo inquietante de la tendencia, poco se ha hecho verdaderamente hasta ahora para combatir esta lacra. Es cierto que Interior ha desarrollado un primer protocolo de delitos de odio, pero de ahí a que haya una atención verdaderamente eficiente a las víctimas en todo el territorio y por parte de todos los cuerpos policiales dista un largo trecho. Solo dos comunidades autónomas, Cataluña y Extremadura, han aprobado hasta el momento legislaciones contra la discriminación de las personas LGTB dignas de tal nombre, más allá de declaraciones formales. Pensar en una legislación a nivel estatal y con un enfoque integral es política-ficción, al menos hasta que no cambie la composición de las Cortes Generales.
Los últimos episodios, ocurridos en el intervalo de muy pocos días (una brutal paliza a una pareja gay en la Feria de Almería, que acabó con una de las víctimas hospitalizada con la mandíbula y un brazo rotos; el ataque, afortunadamente sin consecuencias físicas tan graves, a otra pareja gay en pleno centro de Madrid; el acoso a un grupo de jóvenes LGTB en un local de Alcalá de Henares y la agresión a una mujer transexual en otro local del barrio de Tetuán, en Madrid), parecen sin embargo haber despertado de repente algunas conciencias dormidas.
Cristina Cifuentes anuncia medidas
En dos manzanas recibíamos el martes, por ejemplo, un comunicado del gabinete de prensa de la Comunidad de Madrid, en el que se informaba de la voluntad de la nueva presidenta, Cristina Cifuentes, de que las oficinas de asistencia a las víctimas con las que cuenta la administración autonómica en los juzgados, presten atención integral a las personas LGTB, así como de reunirse con asociaciones del ámbito LGTB y promover la anunciada ley autonómica de protección contra la discriminación y por la igualdad de trato, “que incluirá medidas de protección y prevención de la violencia”.
Todo un cambio en una comunidad en la que el hasta hace poco todopoderoso Partido Popular se había negado a legislar cualquier avance en materia LGTB. Hace solo unos meses el anterior consejero de Transportes, Pablo Cavero, llegó a decir que una inocente campaña contra la LGTBfobia en el Metro de Madrid “no era necesaria” (Cavero es actualmente concejal del PP en el Ayuntamiento). La propia Cristina Cifuentes, que por ejemplo también ha prometido una ley integral de transexualidad, votó en contra de ella en 2010. Y por lo que se refiere a futura ley de igualdad de trato, aún no existe la garantía de que no se tratará de una ley cosmética, desprovista de capítulo sancionador, como la que el PP forzó a aprobar en Galicia.
Por su parte, Concepción Dancausa, la misma delegada del Gobierno en Madrid que hace apenas unas semanas mostró su desagrado porque las banderas arcoíris ondearan en los Ayuntamientos, permitiera una manifestación homófoba de la extrema derecha en plenas celebraciones del Orgullo, o que en 2009, siendo concejala de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Madrid, se negó a apoyar una sencilla declaración en favor de los derechos de las personas LGTB (solo porque hacía referencia a la necesidad de dar visibilidad a la diversidad afectivo-sexual en el ámbito educativo y se congratulaba por el matrimonio igualitario) pide ahora “tolerancia cero contra las agresiones homófobas”.
Muchos denunciarán la hipocresía de aquellos que cuando disfrutaban de mayoría absolutas ejercían su más absoluto desprecio a los derechos LGTB y cuando la situación política ha cambiado se convierten en “campeones contra la homofobia”. No les faltará razón, pero creemos que incluso así hay que congratularse por los avances. Esperemos que no se queden en una simple limpieza de imagen transitoria y coyuntural.
El Mundo lleva a portada el problema
Si bien los medios digitales se muestran algo más sensibles al problema, nunca hasta ahora las agresiones por LGTBfobia habían merecido demasiada atención más allá de referencias coincidentes con los “días temáticos”, como el 17 de mayo o el 28 de junio. Por eso consideramos positivo que un diario generalista como El Mundo haya llevado este jueves el problema a la portada de su edición principal. Crecen las agresiones homófobas de menores de 20 años es el artículo que, firmado por Alberto Muñoz, recoge de forma seria y ponderada el repunte de la LGTBfobia en menores. De obligada lectura La escuela es un gigantesco armario, una reflexión que en mismo periódico publica Fernando J. López, profesor de Educación Secundaria y autor de la magnífica La edad de la ira. “Resulta fácil culpar a los agresores directos, a esos adolescentes que acosan a un compañero por su orientación sexual. Sin embargo, esa acusación olvida la raíz del conflicto: el inmenso vacío en el que se halla la educación para la igualdad”, escribe López.
El Mundo también editorializa sobre el tema, asegurando que “la educación en la tolerancia y los valores cívicos son sin duda el mejor arma para erradicar el odio”. Este periódico pide también a la administración que se implique “en la lucha contra las agresiones promovidas en el entorno digital” y afirma que “educar en una sociedad menos machista a nuestros jóvenes es vital para reducir delitos de odio como los que se han registrado este verano en Madrid”. ”Por otra parte, ante el aumento de casos de este tipo de violencia en las aulas también sería deseable una mayor implicación de la Fiscalía de Menores, como reclaman las asociaciones. También es preciso reforzar la atención a las víctimas, puesto que tan sólo se denuncian el 25% de las agresiones homófobas”, añade el editorial. No podemos estar más de acuerdo…
Esperemos que este clima de preocupación y denuncia no se diluya en el tiempo y que la terrible acumulación de agresiones sirva, al menos, como catalizador de medidas que puedan tener un efecto real. La actual coyuntura política a nivel municipal y autonómico, y la que puede existir a nivel estatal en unos pocos meses (con al menos una pérdida de la mayoría absoluta del PP) debería favorecerlo.
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