Garantizarán que la documentación administrativa de exposición pública, entre la que se encuentra las listas de clase o la información publicada en los tablones de anuncios escolares, recojan la identidad de género escogida por el alumnado, siempre con el consentimiento de sus madres, padres o tutores legales.
Este es uno de los aspectos que se recoge en el protocolo de atención educativa a la identidad de género que se incluye en el proyecto de ley Integral de Transexualidad de la Comunitat Valenciana, que está elaborando la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en colaboración con Educación, Sanidad, Justicia y Economía y entidades del sector, y que se prevé que esté aprobado para su tramitación parlamentaria durante el primer semestre del año, avanza este departamento a través de un comunicado.
El secretario autonómico de Inclusión y de la Agencia Valenciana de la Igualdad, Alberto Ibáñez, ha explicado que lo que se pretende con estas medidas es que ningún niño o niña “tenga que esconder su identidad de género y que la pueda vivir en libertad, asegurándole que le será reconocida de manera plena en cualquier centro educativo de la Comunitat Valenciana”.
Por su parte, el director general de Política Educativa de la Conselleria de Educación, Jaume Fullana, ha explicado que desde su departamento ya se está trabajando en este protocolo, con el que se busca “evitar la exclusión social de los y las transexuales en los centros educativos”, ya que aunque ya existen instrucciones en este sentido, es necesario “revisarlas”, siempre desde el diálogo con las entidades implicadas.
Fullana ha explicado que desde Educación se está colaborando estrechamente con la Conselleria de Igualdad en la redacción y elaboración del proyecto de ley de Transexualidad, “que tiene que garantizar los derechos de este colectivo en todos los ámbitos de su vida”.
El protocolo establece también que se respetará la imagen física, así como la libre elección de la indumentaria del alumnado según su identidad de género, además de establecer que la comunidad educativa del centro tendrá la obligación de dirigirse a las y los menores transexuales por el nombre que hayan elegido.
Asimismo, velará porque se garantice el acceso y el uso de las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género, incluyendo los lavabos y los vestuarios, y establece que se deberá garantizar la intimidad del alumno, de forma que si se produce un cambio de centro no se dará a conocer al conjunto de la comunidad educativa la condición transexual del o la menor.
Ibáñez ha destacado que sucesos como los ocurridos en los últimos meses, como el de Alan, menor transexual de Rubí (Barcelona) que se suicidó por el acoso del que era objeto, justifican la necesidad de una ley como la que se está elaborando y que pretende ser “un marco normativo capaz de reconocer una realidad” y convertirse en un instrumento que haga posible “un cambio cultural”, en el que la labor educativa es fundamental.
“El protocolo no sólo tiene que implicar a los niños y niñas transexuales o a su posibles acosadores, sino a la colectividad de la clase“, ha afirmado, y ha añadido que por eso “es importante, no sólo la parte de la detección y protección, sino también la de sensibilización, lo que sólo se conseguirá si se educa en la diversidad desde muy pequeños“.
El texto también apunta la necesidad de que exista una coordinación entre las áreas de educación, sanidad y acción social, para asegurar una rápida detección y actuación ante situaciones discriminatorias o que atentan contra la identidad de género expresada por las y los menores.
La ley, que se encuentra en fase de redacción, también recoge que en los currículums de las distintas etapas educativas se deberán incluir contenidos, criterios e indicadores de evaluación referentes a la identidad de género, expresión de género, orientación sexual y diversidad sexual, incorporándolos de forma trasversal, para garantizar un mejor conocimiento y sensibilizar sobre estas realidades. Para hacerlo efectivo se contempla la introducción de formación en este ámbito para el profesorado y especialmente los equipos directivos.
Fuente Agencias
General, Historia LGTBI
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La norma reconoce el derecho a la igualdad y la no discriminación, defiende a las familias “en plural” y considera la diversidad sexual como un valor, con medidas en el ámbito educativo, sanitario y de la seguridad.
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