El Concejo de la ciudad de Oxford (Alabama) ha votado por mayoría dejar sin efecto la ordenanza que penaba, hasta con penas de cárcel, a las personas transexuales que usaran los baños públicos adecuados a su identidad de género. La amenaza de demandas por violación de derechos civiles y la posible pérdida de las subvenciones educativas ha hecho que tres de los cinco concejales cambien de opinión, que un primer momento fue unánime en su deleznable transfobia.

El pasado martes 26 de abril, el Concejo de la ciudad de Oxford, sita en el estado de Alabama, aprobaba por unanimidad una ordenanza que obligaba a los ciudadanos a que únicamente pudieran acceder a los baños públicos asignados al género que apareciese en su partida de nacimiento. Según alegaba entonces el presidente del Concejo, Steven Waits, “no nos importa el 0,3 % de la población que se identifica como transexual, sino proteger a nuestras mujeres y niños”. La normativa castigaba a los infractores con una multa de 500 dólares (435 euros) o una pena de seis meses de cárcel, siendo calificada por los defensores de los derechos LGTB como “la más aterradora de la nación”.

El detonante que impulsó la articulación de una ordenanza semejante fue un comunicado efectuado por la cadena de hipermercados Target, una de las más importantes de los Estados Unidos, en el que expresaban su oposición a las normas tránsfobas que se aprobaban en estados y municipios en los siguientes términos: “Animamos a los miembros de nuestro personal y a nuestros clientes a que utilicen los baños o probadores que correspondan a su identidad de género”. El Concejo de Oxford debió entender que el asunto era de tan gran relevancia, dado que en la ciudad existe un Target, como para aprobar la normativa tránsfoba con carácter de urgencia.

El que se penase con penas de prisión el uso de los baños públicos por parte de las personas transexuales, a las que se refirieron con tanto desprecio, ocasionó un gran revuelo mediático. Pero además hizo que la ciudad se pusiera en el punto de mira de ACLU (American Civil Liberties Union, la más importante asociación de defensa de los derechos civiles del país) y SPLC (Southern Poverty Law Center, un grupo jurídico del mismo tipo cuyo ámbito son los estados del sur). Ambas asociaciones informaron inmediatamente de su decisión de proceder a denunciar la ordenanza ante los tribunales en cuanto se aplicase.

Desde SPLC se incidió sobre todo en acudir a la autoridad federal para que cesase de inmediato en la provisión de subvenciones a los centros educativos, por violación del título IX de la Ley de Educación, que obliga a que los centros subvencionados no apliquen ninguna normativa discriminatoria a sus empleados y estudiantes.

Eso al parecer ha bastado para que se instara una nueva votación de la normativa, puesto que aún no había sido promulgada por el alcalde, que se encuentra enfermo. Los concejales Charlotte Hubbard, Phil Gardner y Mike Henderson votaron por dejar sin efectos la ordenanza, mientras que el presidente del Concejo, Stephen Waits, y el concejal Chris Spurlin votaron por mantenerla.

Chinyere Ezie, abogada de SPLC presente en la reunión del Concejo, expresaba su satisfacción en los siguientes términos: “El ayuntamiento de Oxford ha hecho lo correcto al derogar su ordenanza discriminatoria. Estamos muy satisfechos de que los miembros del Concejo hayan llegado a la conclusión de que nadie debe ser penalizado por ir simplemente al baño”.

La ordenanza aprobada por el Concejo de Oxford era heredera de la aprobada en Carolina del Norte en lo que respecta a este asunto, y sin duda también es fruto de la fuerte campaña tránsfoba que se inició en la ciudad de Houston (Texas), donde se difundió la imaginaria figura del depredador sexual disfrazado de mujer, que, en la mente de quienes perpetraron el dislate, utilizaba los baños femeninos para abusar de niñas. Todo ello como publicidad contraria a la normativa antidiscriminatoria aprobada en la ciudad, que, lamentablemente fue exitosa, pues logró derogar la ley favorable a los derechos LGTB. El mismo falaz y malintencionado argumento ha sido enarbolado posteriormente en otros ámbitos para defender lo que es pura y dura transfobia.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI ACLU, Alabama, Chinyere Ezie, Discriminación, Estados Unidos, Houston, Oxford (Alabama), SPLC (Southern Poverty Law Center), Steven Waits, Target, Transfobia

Como parte de los cerca de 200 proyectos de ley discriminatorios contra el colectivo LGTB que afectan a 32 estados de los Estados Unidos, en estos últimos días se han debatido normativas de diferente calado LGTBfobo en Tennessee, Misuri y la ciudad de Oxford (Alabama). En Tennessee, la indudable fuerza de la campaña contraria a las normativas anti-LGTB, que se están revelando como veneno para las economías estatales, ha conseguido que el proyecto de ley inicial se diluya entre subterfugios que traten de ocultar su evidente propósito LGTBfobo. En la ciudad de Oxford, sin embargo, el fanatismo tránsfobo ha llegado incluso a castigar con penas de cárcel la utilización de baños públicos correspondientes a su identidad de género por parte del colectivo transexual. Desde el estado de Misuri, afortunadamente, la noticia es que la normativa que hubiese permitido la discriminación de las personas LGTB en comercios, empresas y servicios ha sido bloqueada en el Comité de la Cámara de Representantes estatal.

Velada normativa LGTBfoba en Tennessee

El gobernador republicano del estado de Tennessee ratifica la ley que permite la discriminación a pacientes LGTB en base a creencias religiosas, permitiendo a terapeutas y asistentes de salud mental a rechazar pacientes con sólo sospechar que sean homosexuales. Bill Haslam, ha comunicado la promulgación de una ley estatal que permitirá a consejeros y terapeutas de los servicios de salud mental rechazar a aquellos pacientes cuyos objetivos de curación entren en conflicto con sus “sinceros principios”, un subterfugio más para tratar de esconder la definición real: se permite a profesionales de la salud que rechacen, arguyendo razones religiosas, a pacientes LGTB.

En su segundo mandato como gobernador de Tennessee, el republicano Bill Haslam ha ratificado con su firma la ley de principios de sinceridad sostenida que permite a terapeutas y asistentes de salud mental negar la asistencia a pacientes si consideran que son homosexuales, transexuales y bisexuales, entrando en conflicto con sus creencias religiosas. De esta manera Tennessee se alinea con Mississippi y su ley de segregación a comunidad LGTB, y con Carolina del Norte y su ley del uso del cuarto de baño, entre los estados homofóbicos de los Estados Unidos.

Cuando la ley fue aprobada por las cámaras estatales, los grupos LGTB solicitaron al gobernador que la vetase. Sin embargo, todo parece indicar que Haslam es uno de los principales defensores de la norma. En el comunicado en el que informaba de su promulgación, explicaba lo siguiente: “Creo que es razonable permitir que estos profesionales determinen si una persona estaría mejor atendida por otro consejero más adecuado para satisfacer sus necesidades. La esencia de este proyecto de ley no se refiere a un grupo, asunto o sistema de creencias. Por el contrario, permite que los consejeros  —al igual que se lo permitimos a otros profesionales como médicos y abogados— dirijan un cliente a otro consejero en el caso de que sus objetivos o comportamientos violen sus sinceros principios. Como profesional, debería tener el derecho a decidir si los objetivos finales de mis clientes no coinciden con mis creencias, debería tener el derecho a decir que otra persona puede servirles mejor (…). Los abogados pueden hacerlo, los médicos pueden hacerlo. ¿Por les quitaríamos este derecho a los profesionales y les diríamos que no pueden hacerlo?”, explica el gobernador de Tennessee.

Pero lo cierto es que el proyecto de ley original no hablaba de “principios”, sino específicamente de “creencias religiosas”, como también es evidente que permite la discriminación de personas que están en una situación de claro desamparo. El temor a recibir presiones parecidas a las que se han enfrentado Georgia o Carolina del Norte ha hecho que se efectúen cambios para tratar de ocultar su evidente LGTBfobia. Las posibles repercusiones legales también han influido en su redacción final, pues la ley no se aplicará en casos de “inminente riesgo”, y también obliga al consejero o terapeuta a buscar a otro colega que preste el servicio en el caso de que quiera hacer uso del derecho al rechazo.

Sin embargo, la Asociación Americana de Consejeros ha calificado la ley de “ataque sin precedentes” a la profesión y que Tennessee es el único estado que ha aprobado una ley como esta. Los opositores defienden que esta ley es parte de una ola de propuestas de ley a lo largo de la nación que legalizan la discriminación contra gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Su director, Art Terrazas, declaraba que se trataba de una normativa discriminatoria, y que los miembros de su asociación “estamos profundamente decepcionados por la decisión del gobernador, y muy desalentados de que se haya aprobado algo así por un órgano legislativo en cualquier lugar en este país en el siglo XXI”. Según él mismo explica, los médicos y el personal sanitario no pueden rechazar pacientes en base a sus creencias personales. Gente vulnerable sería herida como resultado de una medida que concede a la gente un amplio margen para la discriminación, concluyendo que a pesar de que se haya firmado esta ley, “no quiere decir que no pueda ser derogada y no significa que vayamos a dejar de luchar”.

Según el gobernador, la actualización del código ético de la ACA (American Counseling Association), anuló a los terapeutas la posibilidad de rechazar a un paciente en base a sus creencias religiosas personales en 2011. Haslam hace hincapié en que la ley sólo afecta a los terapeutas y asistentes de la salud privada, y que no les permite rechazar a pacientes en peligro inminente o en riesgo de dañarse a sí mismos o a otras personas. También implica que el terapeuta refiera al paciente a otro profesional si se niega a atenderle.

Nueva ley tránsfoba en una ciudad de Alabama

En la ciudad de Oxford, sita en el estado de Alabama, no se han andado con subterfugios. Su Concejo ha aprobado el pasado martes, por unanimidad, una normativa que obliga a los ciudadanos a que únicamente puedan acceder a los baños públicos asignados al género que aparece en su partida de nacimiento. Según el presidente del Concejo, Steven Waits, “no nos importa el 0,3 % de la población que se identifica como transexual, sino proteger a nuestras mujeres y niños”.

La norma es heredera de la aprobada en Carolina del Norte en lo que respecta a este asunto, y sin duda también es fruto de la fuerte campaña tránsfoba que se inició en la ciudad de Houston (Texas), donde se difundió la imaginaria figura del depredador sexual disfrazado de mujer, que, en la mente de quienes perpetraron el dislate, utilizaba los baños femeninos para abusar de niñas. Todo ello como publicidad contraria a la normativa antidiscriminatoria aprobada en la ciudad, que, lamentablemente fue exitosa, pues logró derogar la ley favorable a los derechos LGTB. El mismo falaz y malintencionado argumento ha sido enarbolado posteriormente en otros ámbitos para defender lo que es pura y dura transfobia.

En el caso de la ciudad de Oxford, además, el detonante fue el comunicado efectuado el martes pasado por la cadena de hipermercados Target, una de las más importantes de los Estados Unidos, en el que expresaban su oposición a las normas tránsfobas en los siguientes términos: “Animamos a los miembros de nuestro personal y a nuestros clientes a que utilicen los baños o probadores que correspondan a su identidad de género”.  El Concejo de Oxford debió entender que el asunto era de tan gran relevancia, dado que en la ciudad existe un Target, como para aprobar la normativa tránsfoba con carácter de urgencia.

Pero han ido aún más lejos que en otros lugares, pues la ley local de Oxford castiga a quien no utilice los baños destinados al género que aparece en su partida de nacimiento con una multa de 500 dólares (435 euros) o una pena de seis meses de cárcel. Ignoramos si el Concejo desplegará en todos los baños públicos de la ciudad a agentes de la Policía local, para que soliciten su partida de nacimiento a todos quienes quieran hacer uso de las instalaciones.

Misuri bloquea por el momento un proyecto de ley anti-LGTB

Más suerte, para los intereses LGTB, ha corrido el proyecto de ley que hubiera permitido discriminar a las personas LGTB en comercios, empresas y servicios de Misuri, muy semejante a los aprobados en Carolina del Norte o Mississippi. Este 27 de abril, el Comité de Asuntos Emergentes de la Cámara de Representantes estatal ha bloqueado su tramitación, al empatar a seis votos los miembros del Comité favorables y opuestos. La norma de la Cámara establece el rechazo en caso de empate, aunque permite la rehabilitación del proyecto de ley en una votación extraordinaria, que debe ser realizada en el plazo de tres días.

El proyecto de ley había sido aprobado por el Senado estatal de Misuri el 9 de marzo, por una mayoría de 21 votos favorables y 11 en contra. La aprobación, efectuada en el último día hábil, se caracterizó por el uso de los representantes demócratas, opuestos al proyecto de ley, de una técnica de obstrucción parlamentaria consistente en no abandonar el uso de la palabra hasta que el fin de la sesión hiciese imposible su votación. Así, mantuvieron su intervención contraria al proyecto de ley durante 39 horas y media, en un ímprobo esfuerzo por que los ciudadanos LGTB de Misuri no viesen cercenados sus derechos. Pero la presidencia del Senado, en manos republicanas, hizo uso de una norma pocas veces utilizada, que permite que, en una votación por mayoría simple, se ponga fin a un turno de palabra. La táctica demócrata fue finalmente inútil.

Por ello, el resultado en el Comité de la cámara baja ha sido inesperado, pues los representantes republicanos también son claramente mayoritarios allí, pero tres de ellos se han unido a los tres demócratas para oponerse a la tramitación del proyecto de ley. Sin duda, el abrumador testimonio de más de sesenta responsables de grandes empresas y organismos, que expresaban su preocupación por la repercusión gravemente negativa que una normativa de este tipo tendría para la economía de Misuri, ha sido decisivo. Entre ellos estaban la Cámara de Comercio de Kansas City, la Comisión de Deportes de Kansas City, la Comisión de Deportes de St. Louis, Monsanto, la Cámara Regional de St. Louis o Visit KC.

JoDee Winterhof, vicepresidente  de Política y Asuntos Políticos de Human Rights Campaign, expresaba su satisfacción por el bloqueo con el siguiente comunicado: “Agradecemos a la Comisión de la Cámara que haya escuchado al ecuánime y abrumador coro de líderes empresariales y defensores de los derechos civiles de Misuri, que exigían que se opusieran a esta legislación radical, que amenazaba con dañar gravemente a todo el estado. Sin embargo, incluso con esta votación de hoy, debemos seguir siendo diligentes en garantizar que esta legislación discriminatoria no se promueve de cualquier otra forma durante las últimas dos semanas de sesión legislativa”.

Fuente Agencias/ Dosmanzanas/Universogay

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El gobierno de Alabama aprueba una ley para incluir la orientación sexual y la identidad de género en la categoría de crímenes por odio, a consideración ahora por el Senado para su aprobación definitiva.

Siguiendo la propuesta de los republicanos Juandalyn Givan y Patricia Todd, el estado de Alabama ha aprobado, con 7 votos contra 5, la inclusión de la orientación sexual y la identidad de género en la categoría de crímenes por odio, que ya se encuentra en el Senado de Alabama para su consideración. «Los crímenes motivados por el odio son viles, actos brutales que no sólo causan un extraordinario daño a las víctimas y sus familias, sino que infunden temor en toda la comunidad a la que se dirigen», explica Eva Walton Kendrick, directora de Human Rights Campaign en el estado de Alabama.

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El  juez federal Daniel Jordan ha emitido una orden que considera inconstitucional la ley que prohíbe la adopción por parejas del mismo sexo en Mississippi. La noticia tiene una especial importancia simbólica, si se tiene en cuenta que ocurre en medio de la ola de propuestas de ley homófobas y tránsfobas que los contrarios a los derechos LGTB están promoviendo en diferentes estados norteamericanos, entre ellos el propio Mississippi.

La norma que prohíbe adoptar a las personas del mismo sexo –sección 93-17-3(5) del Código Civil de Mississippi- fue aprobada en el año 2000. Recibió el beneplácito del gobernador, por aquel entonces un político demócrata, Ronni Musgrove. Un buen ejemplo de hasta qué punto ha cambiado la sensibilidad hacia los derechos LGTB: hoy día sería impensable que un gobernador demócrata diera su visto bueno a una ley así (el propio Musgrove escribía en 2013 un artículo en The Huffington Post en el que expresaba su arrepentimiento y contando como su punto de vista había evolucionado a lo largo de los años).

La prohibición de Mississippi, sin embargo, era la última que quedaba por ser desafiada en los tribunales. Leyes similares en otros estados han ido siendo invalidadas, una tras otra. Es por eso que cuatro parejas de mujeres (dos de ellas queriendo adoptar conjuntamente a través del sistema de adopciones del estado y otras dos queriendo que una de las miembros de la pareja pudiera adoptar a los hijos de su compañera), acompañadas de dos organizaciones de defensa de los derechos civiles LGTB (Campaign for Southern Equality y Family Equality Council) decidieron acudir a los tribunales.

Ahora la justicia federal les ha dado la razón. En una orden preliminar, el juez federal Daniel Jordan considera que a la vista de los argumentos del Tribunal Supremo para extender el derecho al matrimonio igualitario y los beneficios que ello conlleva a todo el país, la prohibición a las parejas del mismo sexo de adoptar viola su derecho a la igual protección que garantiza la 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, y por ello ordena que de forma inmediata deje de ser aplicada (puedes descargar la sentencia completa aquí).

El fallo del juez Jordan tiene una especial importancia simbólica. Por un lado, Mississippi era el último de los estados en los que una ley prohibiendo expresamente adoptar a parejas del mismo sexo seguía incólume. En este momento, no existe ya ningún estado que mantenga dicha prohibición formal. Ello no significa que no queden numerosos flecos legales ni que no existan obstáculos a las diferentes formas de ejercer ese derecho (hace menos de un mes recogíamos precisamente como el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocaba una sentencia de la Corte Suprema de Alabama que denegaba los derechos de adopción que ya habían sido reconocidos en el estado vecino de Georgia a una de las integrantes de una pareja de mujeres). Pero el armazón jurídico que sustenta la discriminación en estos casos es cada vez más endeble.

Sin embargo, el gobernador de Mississippi, el republicano Phil Bryant, ha promulgado una ley, aprobada por ambas cámaras legislativas del estado, que permite a funcionarios, empresas, negocios y organizaciones rehusar prestar sus servicios a aquellos cuya “forma de vida” no esté en consonancia con sus creencias religiosas. En la práctica, significa que tienen derecho a discriminar a las personas LGBT sin que puedan ser demandados por ello. El gobernador Bryant apenas ha tardado unas horas en validar con su firma la ley desde que le fue enviada desde la Cámara de Representantes del estado, negándose a recibir tanto a las asociaciones de defensa de los derechos LGTB como a los empresarios, que se plantean boicotear a Mississippi como lugar de negocios.

El proyecto de ley 1523 fue introducido en la Cámara de Representantes de Mississippi, en manos republicanas, el pasado mes de febrero, siendo sometido a votación y aprobado el 29 de ese mismo mes, por un amplio margen de 80 votos favorables, 30 en contra y 3 abstenciones. Posteriormente pasó a consideración del Senado estatal, también en poder de los republicanos, donde fue aprobado este 1 de abril por 69 votos a favor, 44 en contra y 7 abstenciones. Finalmente, el gobernador Phil Bryant lo promulgó como ley el pasado 5 de abril, para que entre en vigor el próximo 1 de julio.

El proyecto de ley estaba considerado como una de los más regresivos los casi 200 diseminados por las cámaras de 32 de los 50 estados de los Estados Unidos. En todos ellos, bajo la excusa de la protección de la libertad religiosa, ya amparada por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, se trata de formalizar el derecho a discriminar por razón de orientación sexual e identidad de género si se arguyen “sinceros sentimientos religiosos”.

La ley impide que se puedan plantear demandas contra funcionarios, comerciantes, empresarios u organizaciones que se nieguen a prestar sus servicios a determinados colectivos si estiman que contravienen sus creencias religiosas. En concreto, se protege que se puedan denegar servicios si el proveedor estima que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer; si considera que las relaciones sexuales solo pueden mantenerse dentro del matrimonio; o si cree que el género asignado al nacimiento no debe ser cambiado. Es decir, el objeto principal de la ley es permitir la discriminación de las personas LGTB.

En cuando a los funcionarios, tan solo establece la salvedad, obligatoria por otro lado, de que el servicio a prestar (como la expedición de una licencia de matrimonio a una pareja del mismo sexo) debe ser garantizado por otro empleado público.

Las asociaciones LGTB y las corporaciones y empresas expresaron su indignación por una ley tan regresiva, y solicitaron al gobernador Bryant que interpusiese su veto. Los representantes del Partido Demócrata incluso retrasaron la aprobación definitiva del proyecto de ley con una petición plenaria de rechazo, que sabían que perderían, con el objetivo de que el gobernador se reuniera con los activistas y empresarios opuestos a ley. Pero Bryant se negó a recibirles, y validó el proyecto de ley tan solo unas horas después de que llegara a sus manos, con la excusa de que trata de “impedir que el gobierno interfiera en la vida de las personas”, en referencia a las leyes de protección contra la discriminación vigentes en muchos estados y municipios.

Mississippi se une así a Carolina del Norte en la aplicación de una legislación que vulnera derechos fundamentales por razón de la orientación sexual e identidad de género de sus ciudadanos. En otros estados, como Indiana, Dakota del Sur, Georgia o Virginia, sus gobernadores, sin embargo, han considerado el perjuicio que conllevaría un texto legislativo semejante y han interpuesto su veto.

La ACLU (la mayor asociación de defensa de los derechos civiles de los Estados Unidos) ha emitido el siguiente, y elocuente, comunicado:

Este es un día triste para el estado de Mississippi y para los miles de habitantes de Mississippi que ahora pueden ser rechazados en los comercios, o a quienes pueden negarse licencias de matrimonio, una vivienda, servicios esenciales y necesidades básicas por ser lo que son. Este proyecto de ley va en contra de los principios básicos estadounidenses de equidad, justicia e igualdad y no protege la libertad religiosa de nadie. Lejos de proteger a cualquier persona de “la discriminación del gobierno”, como pretende el proyecto de ley, es un ataque a los ciudadanos de nuestro estado, y servirá como un emblema de la vergüenza para el estado de la magnolia.

La organización GLAAD pide al gobernador Phil Bryant que vetase la delirante propuesta de ley HB 1523, que autoriza legalmente la discriminación en el estado de Mississippi y que van más allá del colectivo LGTB,

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El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha revocado la sentencia de la Corte Suprema de Alabama que negaba los derechos de adopción a una de las integrantes de una pareja lesbiana. El dictamen es especialmente relevante para los progenitores LGTB, pues garantiza que las adopciones llevadas a cabo legalmente en un estado, sean reconocidas por otro, aunque sus propias normativas impidan la adopción a las parejas del mismo sexo. La decisión, además, ha sido tomada por unanimidad, sin que los jueces integrantes del alto tribunal hayan requerido siquiera la presentación de argumentos orales.

En una sentencia fechada el pasado 7 de marzo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, per curiam —es decir, por decisión de la corte en su conjunto— ha revocado el fallo de la Corte Suprema de Alabama que denegó los derechos de progenitura a uno de los miembros de una pareja de mujeres, por no ser la madre biológica de los tres hijos que ambas habían criado. Se trata del primer caso sobre derechos LGTB que ha dilucidado el Tribunal Supremo desde que falló a favor del matrimonio igualitario en junio de 2015, y su dictamen ha sido igualmente favorable a los derechos de las parejas del mismo sexo.

Una pareja y una familia rotas

La sentencia del Tribunal Supremo detalla la historia de las implicadas en el caso, que se conocen por sus iniciales, V. L. y E. L., un procedimiento común en este tipo de litigios familiares, destinado a proteger su intimidad. Las dos mujeres, residentes en el estado de Alabama, habían mantenido una relación sentimental desde 1995. Durante su convivencia, recurrieron a la reproducción asistida para tener a sus tres hijos, todos ellos gestados por E. L., quien, según las leyes del estado, sería su única progenitora legal. Alabama no reconoce el derecho de adopción al otro miembro de la pareja, a menos que ambos estén unidos en matrimonio, institución vedada a las parejas del mismo sexo en aquellos años.

Tratando de velar por la protección de sus hijos, a quienes ambas criaron conjuntamente desde su nacimiento, V. L. quiso adoptarlos legalmente, algo con lo que E. L. estuvo de acuerdo. Aconsejadas al respecto por profesionales, decidieron instalarse provisionalmente en el vecino estado de Georgia, donde tal posibilidad existía en algunos de sus condados, cuyas Cortes Superiores tenían competencia al respecto. De esta manera, obtuvieron un veredicto favorable de la Corte Superior del condado de Fulton, que estimó que su solicitud cumplía con todos los requisitos y se ajustaba a derecho, por lo que nombró progenitora legal a V.L. Constó en el fallo el consentimiento explícito de E. L., condicionado únicamente a la conservación de sus propios derechos, como es habitual en estos casos. Ambas fueron declaradas madres legales de sus tres hijos.

De regreso a Alabama, la pareja mantuvo su relación hasta el año 2011, fecha en la que la dieron por concluida. Poco después, V. L. interpuso una demanda en el Tribunal de Familia del condado de Jefferson, pues E. L. le negaba cualquier derecho de visita a sus tres hijos. El tribunal reconoció el estatus de progenitora de V. L., dando por válida la adopción llevada a cabo en Georgia, y estimó su demanda, estableciendo los correspondientes derechos de visita.

E. L. recurrió a la Corte Civil de Apelaciones, que desestimó su requerimiento, manteniendo la decisión del Tribunal de Familia. Entonces, E. L. llevó el caso hasta la Corte Suprema de Alabama, bien conocida por ser completamente hostil a los derechos LGTB, con su presidente Roy Moore a la cabeza.

La Corte Suprema de Alabama cumplió con las expectativas LGTBfobas de E. L., y decidió anular la decisión de los tribunales inferiores, al estimar que la legislación del estado de Georgia no reconocía el derecho de adopción a los miembros de una pareja no unida en matrimonio. El plantel de jueces no tuvo en cuenta que las competencias al respecto eran potestad de las Cortes Superiores de los condados, que habían establecido su propia jurisprudencia. Se trataba, además, de la única sentencia, en los últimos 150 años de historia legal de los Estados Unidos, en la que un tribunal revocaba la decisión de una corte de otro estado respecto a los derechos de adopción.

Un fallo relevante para los progenitores LGTB

V. L., cuya defensa era llevada por el Centro Nacional de Derechos Lésbicos, apeló a la más alta instancia, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Al aceptar el caso, el alto tribunal dejó en suspenso la resolución de la Corte Suprema de Alabama, restableciendo los derechos de visita mientras durara el proceso de apelación.

Finalmente, el Tribunal Supremo ha fallado a favor de V. L., sin ni siquiera requerir la presentación de argumentos orales por las partes, y por unanimidad de los miembros del tribunal. Los jueces han estimado que la Corte Suprema de Alabama ha vulnerado la sección primera del artículo IV de la Constitución de los Estados Unidos, que establece la “confianza y crédito” debidos a las decisiones de los tribunales de otros estados. Esta cláusula trata de impedir que un derecho reconocido en los tribunales de un estado pueda ser ignorado por otro, y así fortalecer un sistema judicial único para todos los ciudadanos. Dado que las Cortes Superiores de los condados del estado de Georgia tienen competencia para dictar resoluciones en materia de adopción, sus decisiones deben ser respetadas y acatadas por todos los tribunales del país.

De esta manera, no solo se hace justicia con V. L., que ha visto restablecidos sus derechos como progenitora legal de los tres hijos que ella misma crió, sino también se garantiza que las parejas LGTB que viven en estados donde está permitida la adopción de los hijos biológicos del otro miembro de la pareja, no pierdan sus derechos al instalarse en estados donde no se permite. También es especialmente relevante que esta sea la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre derechos LGTB tras su fallo favorable al matrimonio igualitario, y que haya sido positiva incluso por unanimidad.

Tras conocer el dictamen, V. L. declaraba que “me siento afortunada por que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos haya revocado la decisión del tribunal de Alabama. He sido la madre de mis hijos en todos los sentidos durante toda su vida. Pensé que el hecho de adoptarles significaba que íbamos a ser capaces de estar juntos para siempre. Cuando la Corte de Alabama dictó que mi adopción no era válida y que no era su madre, pensé que todo se había acabado. El Tribunal Supremo ha hecho lo correcto para mi familia”.

Por su parte, desde el Centro Nacional de Derechos Lésbicos, cuyo equipo legal ha conseguido esta victoria, se emitía el siguiente comunicado: “La decisión del Tribunal Supremo de revocar la sentencia sin precedentes de Alabama, que anulaba una adopción efectuada en otro estado, es una victoria no solo para nuestro cliente, sino para miles de familias adoptivas. Ningún padre adoptivo, ni ningún niño adoptado, deberían tener que enfrentarse a la incertidumbre de poder tener que separarse años después de la adopción, solo porque la corte de otro estado no está de acuerdo con la ley que se aplicó en dicha adopción”.

Fuente Domanzanas

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El presidente de la Corte Suprema de Alabama (EE UU) ordenó a los jueces de ese estado que no emitan licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo.

El juez recordó en su orden que el Supremo de Alabama confirmó en marzo pasado la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo.

El presidente de la Corte Suprema de Alabama (EE UU) ordenó a los jueces de ese estado que no emitan licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, pese a que las bodas entre homosexuales son legales en todo el país desde el año pasado.

Roy S. Moore, presidente del Supremo de Alabama, emitió una orden administrativa con esa prohibición.

El juez recordó en su orden que el Supremo de Alabama confirmó en marzo pasado la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo vigente en el estado.

Moore argumentó que existe “confusión e incertidumbre” entre los jueces del estado sobre el “efecto” en las “órdenes existentes” en Alabama tras el histórico fallo con el que el Tribunal Supremo de Estados Unidos legalizó en junio pasado el matrimonio entre parejas del mismo sexo en todo el país.

Con ese fallo, el matrimonio entre homosexuales se convirtió en un derecho constitucional en Estados Unidos, lo que obliga a los trece estados que entonces todavía lo prohibían a permitir que las personas del mismo sexo puedan casarse en su jurisdicción.

En septiembre pasado, una funcionaria de Kentucky, Kim Davis, estuvo encarcelada durante cinco días por negar licencias de matrimonio a parejas homosexuales en ese estado.

Davis se convirtió en un símbolo nacional de oposición a las bodas homosexuales por motivos religiosos y fue recibida por el papa Francisco aunque después tuvo que matizar su postura.

Fuente Agencias

General, Homofobia/ Transfobia. Alabama, Corte Suprema, Estados Unidos, Kentucky, Kim Davis, Matrimonio igualitario, Roy S. Moore

Tras la histórica sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que ha declarado inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, la reacción adversa de los representantes políticos más conservadores no se ha hecho esperar. Los jueces y fiscales más reaccionarios también han expresado su indignación con la igualdad para los ciudadanos LGTB estadounidenses. Todo augura la presentación de un abanico interminable de leyes, que subrepticiamente traten de impedir el ejercicio de lo que ya se ha dictaminado que es un derecho constitucional inalienable.

El hecho de que la sentencia haya llegado prácticamente en fin de semana, y que además ya haya comenzado el período de inactividad estival en las cámaras estatales, ha jugado a favor para que las celebraciones del Orgullo este 28 de junio hayan podido tener lugar sin demasiado alboroto político o judicial en los Estados Unidos. Sin embargo, todo hace prever que no será así siempre. Por lo pronto, ya son varios los gobernadores que han afirmado que funcionarios y jueces pueden negarse a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo si esto contraviene sus creencias religiosas. Una normativa semejante fue aprobada recientemente en Carolina del Norte, que parece ser el ejemplo a seguir por los gobernadores más recalcitrantes.

Texas

El primero de ellos ha sido el vicegobernador de Texas, el republicano Dan Patrick. Cerrado el periodo de sesiones de Cámara de Representantes y Senado sin que hayan prosperado las iniciativas LGTBfóbas presentadas por problemas de calendario, a Patrick solo le ha quedado la “imaginación legislativa” como recurso.

Este año se aprobó la “Ley de Protección de los Eclesiásticos”, que permite a las responsables de las confesiones religiosas rehusar la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo. Durante su aprobación, los ponentes llegaron a comparar a los gais con asesinos en serie, el matrimonio entre personas del mismo sexo con el holocausto judío y la homosexualidad con la pedofilia y el bestialismo. La ley fue aprobada por 141 votos a favor y 2 en contra.

El vicegobernador Patrick ha ordenado al fiscal general de Texas que amplíe la ley para incluir en ella a jueces, secretarios de condado y funcionarios. De esta forma, podrán rechazar a las parejas del mismo sexo que pretendan casarse si eso contraviene sus sinceras creencias religiosas. No cabe duda de que esta iniciativa es tan solo un parche en espera de que el nuevo período legislativo posvacacional dé comienzo y leyes mucho más severas sean presentadas y aprobadas por amplia mayoría. Obviamente, todas ellas serán denunciadas ante los tribunales por su evidente inconstitucionalidad, pero son una seria cortapisa al ejercidio de los derechos LGTB.

Luisiana

Bobby Jindal es el gobernador republicano de Luisiana, y comunicó recientemente su intención de luchar para ser candidato a las elecciones presidenciales por su partido. Quizás por ello fue uno de los más duros en su reacción inicial. Jindal pretendía ignorar la prevalencia de la sentencia del Tribunal Supremo y demorar su ejecución hasta que la Corte de Apelaciones del  5º Circuito decidiera sobre la sentencia desfavorable al matrimonio igualitario de septiembre de 2014, la única de este cariz en un tribunal federal.

Las parejas implicadas ya habían presentado sus peticiones para una moción de urgencia de la Corte de Apelaciones que obligara al acatamiento de la sentencia del Supremo. Sin embargo, la realidad jurídica se ha impuesto y las primeras bodas de parejas del mismo sexo ya se han celebrado, a pesar de que la asociación de secretarios de condado aventurase que la ejecución sentencia del alto tribunal podría posponerse 25 días, que es el plazo existente para que se puedan presentar alegaciones.

Pero Jindal no se ha rendido, y ha comunicado de inmediato que la orden ejecutiva que firmó el pasado mes de mayo sobre la “libertad religiosa”, ampara a los funcionarios y jueces que rehúsen celebrar enlaces entre personas del mismo sexo si contraviene sus creencias religiosas. La orden ejecutiva fue emitida por el gobernador Jindal después de que un proyecto de ley con ese contenido fuera rechazado por el comité legislativo de la Cámara de Representantes del estado, dada su evidente inconstitucionalidad.

Alabama

Quien no puso objeciones a la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo fue el gobernador de Alabama, Robert Bentley, que comunicó de inmediato que la acataría, como es su deber, a pesar de su fuerte desacuerdo. Pero en Alabama el problema no es el gobernador, sino el presidente de su Corte Suprema, Roy Moore. A pesar de que existía una sentencia favorable al matrimonio igualitario de la juez federal Callie V. S. Granade, y que tanto la Corte de Apelaciones como el propio Tribunal Supremo rehusaron suspenderla durante la apelación, el juez decidió ordenar a todos los funcionarios de Alabama que rechazasen la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo.

Los abogados de las parejas demandantes acudieron a la juez Callie V. S. Granade con una inteligente fórmula judicial: hacer que el grupo de demandantes se abriera a todas las parejas del mismo sexo de Alabama a quienes se impidiera contraer matrimonio, e incluir como demandados a todos los jueces de familia y funcionarios del estado. La juez lo admitió, y ordenó que se emitieran licencias de matrimonio a todas las parejas que los solicitasen, aunque suspendió la ejecución de su mandato hasta la sentencia del Tribunal Supremo.

Una vez dado a conocer el fallo, la orden de la juez era de ejecución inmediata, y todo parecía dar a entender que los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo se celebrarían con normalidad. Pero entonces llegó la última decisión del juez, un evidente pataleo ante lo inevitable: ordenar a los funcionarios del estado que pospongan la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo durante un período de 25 días, que, como comentábamos anteriormente, es el plazo existente para que el Tribunal Supremo pueda rectificar una sentencia si así lo estima ante las alegaciones que se le presenten.

Queda aún por saber qué nueva ocurrencia tendrá el juez Moore una vez pasados esos 25 días.

Mississippi

En Mississippi quedaba por discernir si el fallo del Tribunal Supremo se ejecutaba de inmediato, o había que esperar a que se levantara la suspensión de la sentencia de un tribunal estatal. Aunque el fiscal general, el demócrata Jim Hood, aseveraba que no alegaría nada en contra del levantamiento de la suspensión, sí que comunicaba a los secretarios de los condados que no debían emitir licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo hasta que la Corte de Apelaciones del 5º Circuito no ordenase ese levantamiento.

Las críticas de los abogados de las parejas demandantes y de los expertos constitucionales arreciaron, obligando al fiscal Hood a rectificar. En una carta dirigida a los secretarios de los condados, el fiscal explicaba que “Obergefell [la sentencia sobre el matrimonio igualitario del Tribunal Supremo] es la ley del país. Si un empleado ha emitido o decide emitir una licencia de matrimonio a una pareja del mismo sexo, el fiscal general no tomará ninguna actuación en su contra en nombre del estado… Por otro lado, si un empleado público se niega a emitir una licencia de matrimonio a una pareja del mismo sexo podría ser demandado por la pareja a la que se la ha negado y podría enfrentarse a responsabilidad civil”.

Las primeras bodas de parejas del mismo sexo comenzaron de inmediato.

En resumen, aunque la victoria para la igualdad de derechos de la comunidad LGTB ha sido histórica, aún habrá muchas barreras e impedimentos que superar para hacerla efectiva.

Fuente Dosmanzanas

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Los niños gay y bisexuales tienen más riesgo de ser hostigados, incluso a edades muy tempranas, de acuerdo con el primer estudio a gran escala en Estados Unidos sobre el problema.

Se les preguntó sobre hostigamiento a estudiantes en escuelas públicas de tres ciudades en los grados 5to, 7mo y 10mo. Cuando llegaron a secundaria, se les preguntó si se identificaban como gays, lesbianas o bisexuales. Los autores del estudio examinaron entonces lo que los niños habían dicho a través de los años sobre sus experiencias siendo golpeados, amenazados, excluidos o insultados.

Muchos de los casi 4.300 estudiantes entrevistados dijeron que fueron hostigados, especialmente a edades tempranas. Pero los 630 gays y bisexuales lo fueron más.

El estudio determinó que 13% de los estudiantes que se identificaron como homosexuales fueron hostigados semanalmente en 5to grado, comparado con 8% de los otros niños. En ambos grupos, las tasas descendieron a medida que los estudiantes se hicieron mayores, pero la disparidad persistió.

“En quinto grado ya eran más hostigados que otros niños, pese a que, a esa edad, muchos niños gays y bisexuales no han descubierto su identidad sexual”, dijo el principal autor del estudio, el doctor Mark Schuster, del Hospital de Niños de Boston.

Los datos no dicen la razón del abuso de cada niño. Pero la mayoría fueron hostigados por ser “diferentes”, dijo el investigador.

“Algunos pudieran ser considerados por los hostigadores como demasiado afeminados, en el caso de los niños, o demasiado masculinas, en el caso de las niñas“, aseguró Schuster.

Ese patrón refleja lo que fue reportado en un estudio previo de adolescentes en Inglaterra. El nuevo estudio fue publicado en la edición del jueves de la revista New England Journal of Medicine. El estudio emplea datos de un estudio actual sobre comportamientos de salud y riesgos de salud en Houston, Los Angeles y Birmingham, Alabama.

Fuente: AP

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Barack Obama, presidente de Estados Unidos, llevó a cabo varias referencias a la diversidad sexual en el discurso a favor de los derechos humanos que pronunció en el histórico puente de Selma (Alabama) y recordó el importante avance en materia de derechos humanos de la comunidad LGTB que ha experimentado Estados Unidos en las últimas décadas.

Desde que se convirtió en una figura política nacional en 2004, los discursos del presidente Barack Obama han incluido referencias a la historia LGBT. Esa tradición continuó el pasado 7 de marzo, en una ceremonia de celebración del 50 aniversario de la marcha a través del puente Edmund Pettus en Selma, Alabama.

Conocido como el Domingo Sangriento, el 07 de marzo de 1965 es recordado por los violentos ataques que sufrieeron 600 manifestantes que luchaban por sus derechos civiles.

“Los estadounidenses que cruzaron este puente, no eran físicamente imponentes. Pero ellos dieron coraje a millones de personas. No tenían ningún cargo oficial ni sostenían una decisión popular . Pero llevaban una nación. Marcharon como estadounidenses que habían perdurado ante cientos de años de violencia brutal e incontables humillaciones diarias pero ellos no buscaban un tratamiento especial, sólo la igualdad que les prometieron casi un siglo antes”, manifestó el presidente estadounidense.

El presidente demócrata también reivindicó en su discurso la igualdad de la diversidad sexual como la cuestión de defensa de los derechos civiles que representa. “Nosotros hacemos un flaco favor a la causa de la justicia insinuando que el sesgo y la discriminación son inmutables, o que la división racial es inherente a América“, expresó el mandatario demócrata. Obama indicó que “si usted piensa que nada ha cambiado en los últimos cincuenta años, pregunte a alguien que vivió en Selma, Chicago o Los Ángeles en los años cincuenta”.

Además, Obama advirtió contra el cinismo de no querer reconocer que el país es un lugar diferente del que era hace 30 años. “Pregúntale a tu amigo gay si es más fácil salir fuera  y estar orgulloso de América ahora de lo que era hace treinta años. Negar este progreso duramente ganado por todos sería robarnos nuestra propia identidad, nuestra propia capacidad, tenemos la responsabilidad de hacer lo que podamos para que Estados Unidos sea mejor”.

También hubo una referencia indirecta a los disturbios de Stonewall, asociando dicho suceso con el acontecido en el puente de Selma indicando que  “nosotros somos los estadounidenses homosexuales cuya sangre corría por las calles de San Francisco y Nueva York, al igual que la sangre corrió por este puente”.

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La Corte Suprema de Alabama ha emitido un mandato judicial que prohíbe a los juzgados de familia del estado proporcionar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. La orden llega después de que un tribunal federal dictaminara que la prohibición del matrimonio igualitario en Alabama viola la Constitución de los Estados Unidos, y de que la juez que la dictó tuviera que reiterar el ámbito de su sentencia para obligar a los jueces de familia a acatarla. Los expertos claman por la barbarie legal que se está cometiendo, pues ni la Corte Suprema de Alabama tiene competencia para contradecir a un tribunal federal, ni puede decidir sobre un caso que no ha sido primeramente decidido en un tribunal estatal de rango inferior, ni tiene autoridad directa sobre los funcionarios de los juzgados de familia.

Las primeras bodas entre parejas del mismo sexo se celebraron en Alabama el pasado 9 de febrero, una vez que había finalizado la suspensión temporal dictada por la juez federal Callie V. S. Granade cuando dictaminó la inconstitucionalidad de las leyes estatales que las prohibían. La administración de Alabama había solicitado tanto a la Corte de Apelaciones del 11º Circuito, como posteriormente al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que la sentencia quedase cautelarmente en suspenso mientras se decidía sobre la apelación presentada. Ambos tribunales rechazaron la petición, por lo que la sentencia federal era efectiva y de obligado cumplimiento. Lo que sí decidió la Corte de Apelaciones de 11º Circuito es dejar en suspenso el proceso de apelación hasta la decisión definitiva del Tribunal Supremo sobre el matrimonio igualitario, proceso ya iniciado y que probablemente se resolverá el próximo mes de junio.

Aunque el gobernador del estado, Robert Bentley, comunicó su intención inequívoca de acatar el proceso judicial y aceptar la autoridad del tribunal federal al respecto, quien no quiso hacerlo fue el presidente de la Corte Suprema de Alabama, Roy Moore. Emitió una resolución en la que ordenaba que “ningún juez de familia expedirá o reconocerá una licencia de matrimonio que sea incompatible con el artículo 1, sección 36.03, de la Constitución de Alabama”. Dicho artículo es el que describe el matrimonio como la unión sagrada de un hombre y una mujer y prohíbe expresamente tanto el matrimonio como las uniones civiles entre personas del mismo sexo en el estado. Todos los expertos coincidían en que no tenía autoridad ni competencia para dictar una orden así, pero creó la suficiente confusión como para que en muchos de los condados se dejasen de proporcionar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo.

La juez federal Callie V. S. Granade se vio obligada a reiterar que su sentencia era de obligado cumplimiento. Tras ello, la mayoría de los jueces de familia de los condados empezaron a facilitar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo que las demandaban, con la excepción de algunos que decidieron no emitir licencia a pareja alguna, fuera del mismo o distinto sexo.

Pero ni el juez Moore, ni la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Alabama parecieron dispuestos a acatar la legalidad. Admitieron a trámite una petición del grupo homófobo Liberty Counsel, que solicitaba que los jueces de familia cesasen la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, amparándose en “el bien común”. Una vez más se señaló la improcedencia de esa actuación, incluso así lo hizo algún juez disidente, pues una organización privada no está legitimada para solicitar a la Corte Suprema un mandato semejante. Sin embargo, se inició el proceso y los jueces de familia se vieron obligados a informar sobre cada una de las licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo que emitían.

Sirva de ejemplo del grado de intolerancia de los miembros de la Corte Suprema de Alabama, la opinión particular de uno de ellos, Glenn Murdock. Cuando el juez de familia del condado de Mobile consultó a ese tribunal sobre si debía acatar la sentencia federal, consulta que se desestimó, el juez Murdock hizo constar en la respuesta que, de permitirse el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la institución quedaría sin contenido y por lo tanto debería abolirse.

El mismo presidente del tribunal, el juez Moore, ya había instado en su día al gobernador de Alabama, mediante una misiva, a “seguir defendiendo y apoyando la Constitución de Alabama con respecto al matrimonio, tanto por el bienestar de este estado como para nuestra posteridad. Tenga en cuenta que yo estoy con usted para detener la tiranía judicial y las opiniones ilegales emitidas sin autoridad constitucional”.

La agresividad contra los derechos de las personas LGTB por parte del tribunal estatal de más alta instancia de Alabama, ha culminado con la orden emitida este 3 de marzo, en la que esa Corte Suprema establece que “como lo ha hecho durante aproximadamente dos siglos, la ley de Alabama solo permite el matrimonio entre un hombre y una mujer. Los jueces de Alabama tienen el deber de no emitir ninguna licencia de matrimonio en contra de esta ley. Nada en la Constitución de los Estados Unidos altera o anula este deber”. Por tanto, les ordenan no facilitar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo que las demanden.

Para fundamentar su decisión, la Corte Suprema alude a viejos argumentos, como que ”a lo largo de toda su historia, Alabama ha elegido la definición tradicional del matrimonio. Ese hecho no cambia simplemente porque una nueva definición del matrimonio haya ganado ascendencia en algunos sectores del país, aunque uno de esos sectores sea el poder judicial federal. El matrimonio siempre ha tenido lugar entre miembros del sexo opuesto. La razón obvia para esta característica inmutable es la naturaleza. Los hombres y las mujeres se complementan entre sí biológica y socialmente. De manera aún más obvia, la unión sexual entre hombres y mujeres produce hijos.  En resumen, el gobierno tiene un interés evidente en los hijos y las consecuencias que se derivan de la procreación”.

La orden ha sido aprobada con el voto favorable de seis de los siete jueces firmantes. Aunque el juez Moore, en su calidad de presidente, no ha tenido que intervenir con su voto, a nadie se le escapa que su mano está en el fondo y forma de la decisión. El juez disidente, Greg Shaw, dejaba muy clara su postura contraria por motivaciones estrictamente legales: “En su intento de reducir la confusión y restaurar el orden, la opinión mayoritaria se ha desviado de ciertos principios del derecho que socavan su razón para asumir esta competencia. En particular, esta Corte no tiene jurisdicción sobre este caso, no solo porque no proceda de un tribunal inferior, sino también porque trata de instruir a un funcionario del estado sin capacidad judicial sobre cómo realizar un acto ministerial”. Es decir, se han tratado de utilizar acrobacias legales para dictaminar sobre algo sin tener competencia para ello.

La actitud de los miembros de la Corte Suprema de Alabama está siendo comparada inevitablemente con la parte más negra de la historia reciente del estado. Concretamente con la actitud del gobernador George Wallace, que en 1963 se plantó ante las puertas de la Universidad de Alabama para impedir la inscripción de estudiantes de raza negra, como obligaban las leyes antisegregacionistas aprobadas por el gobierno del John F. Kennedy.  El ominoso discurso de Wallace en su toma de posesión como gobernador, en el que incluyó la deleznable frase “segregación ahora, segregación mañana, segregación siempre”, parece haberse convertido ahora, mediante la orden de la Corte Suprema, en un “matrimonio tradicional ahora, matrimonio tradicional mañana, matrimonio tradicional siempre”, con el que continuar la historia de la intolerancia en Alabama.

Sarah Warbelow, directora de asuntos legales de Human Rights Campaign, declaraba con contundencia que “la Corte Suprema del estado de Alabama no tiene autoridad para interferir con una orden judicial federal. Esta orden es indignante y desconcertante, y ninguna jerga legal puede ocultar la animosidad que está en la base de esta sentencia extralegal”.

Shannon Minter, directora jurídica de National Center for Lesbian Rights estima por su parte que “la Corte Suprema de Alabama no solo ha concedido un mandamiento solicitado por grupos privados, sino que se ha excedido aún más al estimar que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en Alabama es constitucional, cuestión que ninguna de las partes le había pedido que abordase. Es profundamente lamentable que, mientras el matrimonio igualitario para todo el país está en el horizonte, la Corte Suprema de Alabama esté decidida a permanecer en el lado equivocado de la historia. La actuación de la Corte muestra un cruel desprecio por el impacto de esta decisión arbitraria en las parejas del mismo sexo y sus familias, pero estas familias deben animarse, porque esto es tan solo un tropiezo en el camino hacia la igualdad. Ya han cambiado para siempre la historia de su estado. La cuestión  no es si el matrimonio igualitario volverá a Alabama, sino cuán rápido lo hará”.

David Kennedy, uno de los defensores que consiguió la victoria en el tribunal federal, estima que los jueces de familia que acaten esta orden pueden arriesgarse a demandas por parte de las parejas a quienes no faciliten licencias. “Cuando las leyes del estado entran en conflicto con las leyes federales, las federales ganan”, afirma convencido.

Otros expertos, sin embargo, no son tan optimistas, y opinan que la Cláusula de Supremacía estipulada por la Constitución de los Estados Unidos, que hace regir los dictámenes federales sobre los estatales, se aplicaría caso a caso, lo que obligaría a las parejas a demandar (o unirse a demandas existentes) para que el tribunal federal obligase a un juez de familia en concreto a facilitar la licencia de matrimonio pertinente.

La Corte Suprema de Alabama, por su parte, ha dado a entender que únicamente acatará una orden dictada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, sin atender a lo que dicten tribunales de rango inferior, por lo que la batalla judicial parece que va a prolongarse.

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Este lunes 9 de febrero empezaron a celebrarse las primeras bodas entre parejas del mismo sexo en el estado de Alabama, una vez que había finalizado la suspensión temporal dictada por la juez Granade cuanto dictaminó la inconstitucionalidad de las leyes estatales que las prohibían. Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema del estado, el fundamentalista cristiano Roy Moore, ha decidido rebelarse contra los tribunales federales y ha ordenado a los jueces de familia que no emitan licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. Debido a la controversia legal generada, gran parte de los condados han decidido no facilitar licencias de matrimonio a ninguna pareja, sean del mismo o de distinto sexo. Por su parte, la Corte de Apelaciones del 11º Circuito ha decidido dejar en suspenso el proceso de apelación de los casos de Florida y Alabama, hasta la decisión definitiva del Tribunal Supremo de los Estados Unidos respecto al matrimonio igualitario.

La juez Callie V. S. Granade dictaminó el pasado 23 de enero sobre el caso de la pareja formada  por Cari Searcy y Kimberly McKeand, que habían contraído matrimonio en California pero residen actualmente en Alabama. Cari quería adoptar a la hija de Kimberly, amparándose en las leyes estatales que permiten la adopción del hijo del cónyuge, pero el estado sureño ni reconocía su matrimonio ni les permitía contraerlo, debido a la prohibición expresa que figura en su propia Constitución.

La juez falló a favor de las demandantes, resolviendo que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo establecida por las leyes de Alabama, violaba el derecho a la igual protección y al debido proceso recogidos en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. En el fallo también se recogía su suspensión cautelar hasta el 9 de febrero, con el fin de dar tiempo a la Fiscalía a preparar una posible apelación ante la Corte de Apelaciones del 11º Circuito.

El lunes 26, la misma juez resolvió sobre la demanda presentada por James Strawser y John Humphrey contra la administración de Alabama, por no permitirles contraer matrimonio. El fallo recogió los mismos argumentos que la sentencia previa, estableciendo la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado de Alabama. Al igual que en el fallo precedente, la sentencia fue suspendida cautelarmente hasta el lunes 9 de febrero.

La administración de Alabama presentó inmediatamente una moción de suspensión permanente de ambas sentencias ante la Corte de Apelaciones del 11º Circuito, que fue denegada mediante una escueta resolución que no ofrecía explicaciones. La Fiscalía procedió entonces a interponer la misma moción ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, específicamente ante la oficina del juez Clarence Thomas, uno de los miembros más conservadores del alto tribunal y encargado de supervisar el 11º Circuito de apelaciones.

El juez Thomas decidió someter al pleno del Tribunal Supremo la moción, que fue desestimada el mismo día 9, cuando vencía la suspensión temporal de la juez Granade. La resolución contó con los votos en contra, como en casos anteriores, del propio juez Thomas y del juez Antonin Scalia. Como en el caso de Florida, el alto tribunal denegaba por segunda vez suspender una sentencia favorable al matrimonio igualitario antes de que se haya resuelto su recurso por la Corte de Apelaciones correspondiente.

Rebelión del presidente de la Corte Suprema de Alabama

Por lo tanto, el 9 de febrero comenzaron a celebrarse las primeras bodas entre parejas del mismo sexo en el estado de Alabama. Aunque previamente había tenido lugar una controversia con la asociación mayoritaria de jueces de familia, que se había mostrado reacia a acatar la sentencia de la juez Granade. Incluso su portavoz había declarado que estimaba que el fallo solo era aplicable a las parejas demandantes. Ello hizo que la juez Granade, a instancia de las partes, emitiera una orden en la que clarifica su sentencia, en la que dejaba claro que era la misma Constitución de los Estados Unidos la que obligaba a la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. Tras la clarificación, la Asociación de Jueces de Familia rectificó su postura, y su presidente declaró que se emitirían licencias de matrimonio a las parejas que las solicitasen en cuanto la suspensión temporal de la sentencia de la juez Granade concluyese.

Pero el presidente de la Corte Suprema de Alabama, Roy Moore, tras conocer que las mociones de suspensión habían sido rechazadas, decidió actuar en contra de la decisión de la justicia federal. El mismo lunes emitió una resolución en la que ordenaba que “ningún juez de familia expedirá o reconocerá una licencia de matrimonio que sea incompatible con el artículo 1, sección 36.03, de la Constitución de Alabama”. Dicho artículo es el que describe el matrimonio como la unión sagrada de un hombre y una mujer y prohíbe expresamente tanto el matrimonio como las uniones civiles entre personas del mismo sexo en el estado.

El juez Moore ya había hecho llegar, en cuanto tuvo conocimiento de la sentencia del tribunal federal, un escrito al gobernador de Alabama en el que le instaba a “seguir defendiendo y apoyando la Constitución de Alabama con respecto al matrimonio, tanto por el bienestar de este estado como para nuestra posteridad. Tenga en cuenta que yo estoy con usted para detener la tiranía judicial y las opiniones ilegales emitidas sin autoridad constitucional”. Por esta misiva, en la que se rebelaba claramente contra la autoridad federal, se le interpuso una queja ante el Comité Judicial de Ética.

El gobernador Robert Bentley, sin embargo, declaraba que no pondría ningún impedimento para que se cumpliera la sentencia de la justicia federal, aparte de presentar las correspondientes apelaciones. Bentley recordaba el ominoso pasado de Alabama, cuando el estado se rebeló contra las decisiones judiciales que ponían fin a las leyes de segregación racial: “No quiero que Alabama sea vista como lo que era hace 50 años, cuando una ley federal fue desafiada. No voy a hacer eso”.

La carrera del juez Roy Moore ha estado salpicada de polémica por su afán de imponer sus creencias cristianas en el ejercicio de sus cargos. También es conocido por su implacable oposición a la igualdad de derechos de las personas LGTB. En 2003 tuvo que cesar en el cargo de presidente de la Corte Suprema, que retomó en 2012, por oponerse a que se retirara del edificio del alto tribunal un monumento dedicado a los Diez Mandamientos de la religión cristiana, que él mismo había ordenado instalar subrepticiamente una noche. En 2014, declaraba en una conferencia ante un grupo antiabortista que la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege el derecho a la libertad religiosa y de expresión, solo debe aplicarse a los cristianos. En el mismo discurso afirmó que el matrimonio entre personas del mismo sexo ocasionará “la destrucción definitiva de nuestro país”.

La beligerancia del juez Moore contra los derechos LGTB ha sido aclamada por organizaciones fuertemente LGTBfobas como National Organization for Marriage (NOM), Focus On The Family o el Ku Klux Klan, que califican las acciones del magistrado de “alzamiento contra la tiranía judicial”.

División en los condados

La inaudita orden del juez Moore ha ocasionado una fuerte controversia legal. En los condados más poblados, como Montgomery y Jefferson, se acataba la sentencia del tribunal federal y se celebraban las primeras bodas, como la de Kelli y Lisa Day, que se unían en matrimonio en el condado de Montgomery tras 20 años de convivencia y cuatro hijos en común.

Sin embargo, las parejas del mismo sexo no han sido tan afortunadas en la mayoría de los condados. En un principio, en 51 de los 67 condados que componen el estado de Alabama se ha rehusado emitir licencias de matrimonio a estas parejas. Uno de ellos ha sido Mobile, cuya denegación ha ocasionado la presentación de una demanda ante el tribunal de la juez Granade, que ha  establecido la audiencia preliminar para este 12 de febrero. Según U. W. Clemon, antiguo juez de distrito, “si un tribunal [federal] cursa una orden y alguien se niega a cumplirla, entonces se puede dictaminar el desacato al tribunal, lo que podría suponer una multa o el encarcelamiento hasta que se acate la orden”.

Quizás por temor a estas repercusiones, algunos de los condados han cambiado su decisión inicial, en un lento goteo, y han empezado a cumplir con el mandato judicial. Llevados por el mismo temor, según señala la organización de defensa de los derechos LGTB Equality Alabama, gran número de los condados “rebeldes” han suspendido la emisión de licencias de matrimonio a todas las parejas, sean del mismo o distinto sexo, con el fin de cumplir con la orden del juez Moore pero evitando las posibles demandas por discriminación.

Al finalizar la jornada de este miércoles 11 de febrero, desde la web de Human Right Campaign se ofrecían los siguientes datos: 23 condados cumplían con la ley y expedían licencias de matrimonio a las parejas del mismo o distinto sexo que las solicitaban; 18 condados desobedecían el mandato judicial y rehusaban facilitar licencias únicamente a las parejas del mismo sexo; finalmente, en 26 condados no se emitía ninguna licencia de matrimonio.

Suspendido el proceso de apelación en Florida y Alabama

La Corte de Apelaciones del 11º Circuito ha cursado una orden por la que establece la suspensión del proceso de apelación de las sentencias favorables al matrimonio igualitario de Florida y Alabama. Según la orden, el proceso no continuará hasta que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decida al respecto, tras darse a conocer su decisión de considerar en este periodo de sesiones las sentencias desfavorables de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito.

Se prevé, según los expertos, que el alto tribunal falle sobre el matrimonio igualitario a finales de junio. Mientras tanto, debido a la decisión de no suspender las sentencias de los correspondientes tribunales federales, se seguirán celebrando matrimonios entre parejas del mismo sexo tanto en Alabama como en Florida.

Fuente Dosmanzanas

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Alabama se ha convertido este lunes en el estado número 37 en el que las parejas del mismo sexo pueden casarse legalmente.

Moore dijo a los magistrados que no están obligados a acatar el reciente fallo de un juez federal que derogó la prohibición estatal contra los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Roy Moore, presidente del Tribunal Supremo de Alabama, se ha comprometido a no respetar la sentencia de un juez federal del Estado que dictaminó recientemente que la enmienda que prohíbe en la Constitución estatal el matrimonio de parejas homosexuales es inconstitucional. Moore alega que seguirá “reconociendo la Constitución y la voluntad del pueblo”.

Roy Moore, presidente del Tribunal Supremo de Alabama, ha sido el responsable de manifestar públicamente que no respetará la sentencia de un juez federal del Estado a favor del derecho de las parejas homosexuales a contraer matrimonio en la región.

El presidente del Tribunal Supremo de Alabama ha realizado sus declaraciones en una carta abierta enviada al gobernador del Estado, el republicano Robert Bentley, el cual también se opone al matrimonio de parejas homosexuales.

Moore, presidente del Tribunal Supremo, ha expresado que seguirá respetando la decisión de los ciudadanos de Alabama, los cuales aprobaron hace años en referéndum una enmienda constitucional para prohibir el matrimonio de parejas del mismo sexo. Pese a la sentencia reciente que considera inconstitucional dicha medida por discriminar a la ciudadanía en base a la orientación sexual de la misma, Moore ha alegado que va a seguir “reconociendo la Constitución de Alabama y la voluntad del pueblo expresada de forma abrumadora en la enmienda sobre la santidad del matrimonio”.

Moore ha atacado muy duramente al matrimonio gay desde hace años. Consideró la homosexualidad como una “maldad inherente” en una sentencia de 2002 contra la custodia a una madre lesbiana.

De todas formas, previsiblemente, numerosas parejas del mismo sexo acudirán a partir de hoy a diversos tribunales en el estado ante la entrada en vigor del fallo de un juez que anuló la prohibición que pesaba sobre el matrimonio igualitario.

Susan Watson, directora ejecutiva de la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU), expresó su escepticismo sobre que los jueces de paz atiendan a Moore y desafíen el fallo del juez federal: “Vamos a ver la igualdad matrimonial en Alabama mañana. No creo que los jueces en Alabama vayan a desafiar la orden de un juez de la corte federal”, dijo el pasado domingo.

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El matrimonio igualitario sigue avanzando con paso firme por los territorios del “Profundo Sur”. La juez federal Callie V. S. Granade ha dictaminado este viernes 23 de enero que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, establecida por las leyes de Alabama, viola el derecho a la igual protección y al debido proceso recogidos en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La juez ha dictado la suspensión temporal de su sentencia de 14 días, para que la Fiscalía pueda solicitar una suspensión durante el proceso de apelación ante la Corte de Apelaciones del 11º Circuito.

La juez Granade debía resolver sobre la demanda presentada por Cari Searcy y Kimberly McKeand, que habían contraído matrimonio en California pero residen actualmente en Alabama. Cari quería adoptar a la hija de Kimberly, amparándose en las leyes estatales que permiten la adopción del hijo del cónyuge, pero el estado sureño ni reconocía su matrimonio ni les permitía contraerlo, debido a la prohibición expresa que figura en su propia Constitución.

La pareja decidió denunciar a la administración de Alabama por lo que consideraban una grave discriminación. La Fiscalía General del estado, por su parte, defendía la enmienda 774, o de “Santidad del Matrimonio”, de la Constitución de Alabama, que en 2006 fue aprobada en referéndum con un 81 % de votos favorables. La enmienda describe el matrimonio como la unión sagrada de un hombre y un mujer y prohíbe expresamente tanto el matrimonio como las uniones civiles entre personas del mismo sexo en el estado. También impide el reconocimiento de los enlaces contraídos en otros estados donde son legales.

La juez finalmente ha fallado a favor de la pareja demandante, al encontrar que “el fiscal general no ha explicado por qué el permitir o reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo entre dos adultos que consienten va a impedir que los padres heterosexuales u otros parientes biológicos cuiden de sus hijos biológicos”.  La magistrada señala en su dictamen que ”Alabama no excluye del matrimonio a las parejas que no quieren o no pueden procrear biológicamente. No existe una ley que prohíba casarse a las parejas infértiles, a parejas de ancianos o a parejas que no deseen procrear. El estado tampoco prohíbe el reconocimiento de los matrimonios de esas parejas de otros estados”.

La sentencia se fundamenta tanto en el fallo del caso Windsor, en el que el Tribunal Supremo declaró inconstitucional que la administración federal no reconociera los matrimonios entre personas del mismo sexo contraídos legalmente, como en los dictámenes de la mayoría de las Cortes de Apelaciones. Para la juez Granade, “los niños que actualmente están criados por padres del mismo sexo en Alabama son tan dignos de protección y de reconocimiento por parte del Estado como lo son los niños que son criados por padres de sexos opuestos. Sin embargo, la ley de ‘Santidad del Matrimonio’ de Alabama perjudica a los hijos de las parejas del mismo sexo por las mismas razones que el Tribunal Supremo consideró que la Ley de Defensa del Matrimonio perjudicaba a los hijos de las parejas del mismo sexo”.

Por todo ello, la juez ha dictaminado que estas leyes violan el derecho a la igual protección y al debido proceso que ampara la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. No ha incluido ninguna suspensión ni demora en la ejecución de su sentencia, por lo que los matrimonios entre personas del mismo sexo en Alabama podrán comenzar en cuanto las secretarías de los condados abran sus puertas este lunes. No obstante, el representante legal de la Asociación de Jueces de Familia de Alabama, ligado al ultraconservador Tea Party, ha declarado que “no hay nada en la sentencia de la juez Granade que obligue a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo, excepto a la demandante”. A pesar de ello, los jueces de familia de los condados de Montgomery y Jefferson (el más poblado del estado) ya han comunicado que facilitarán licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo que las soliciten, puesto que “nuestro análisis es que la prohibición ha sido declarada inconstitucional. Nosotros no violamos las sentencias judiciales federales“.

El fiscal general, Luther Strange, ha solicitado inmediatamente la suspensión cautelar del fallo durante el proceso de apelación, que ya ha comunicado que presentará. La juez emitió un mandato en el que establecía un suspensión temporada de la sentencia de 14 días, tiempo en el que la Fiscalia podrá solicitar una suspensión permanente durante el proceso de apelación ante la Corte de Apelaciones del 11º Circuito. Parece poco probable, no obstante, que una petición semejante sea concedida, pues la Corte de Apelaciones del 11º Circuito denegó una solicitud de suspensión semejante en el caso de Florida, que también fue rechazada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos cuando se presentó a su instancia. El equipo legal de la pareja demandante, por su parte, presentó ante tribunal de la juez Granade un pliego en el que se oponen  a la suspensión permanente de  la sentencia solicitada por la Fiscalía General y piden que clarifique sin lugar a dudas el alcance de la misma.

El gobernador de Alabama, el republicano Robert Bentley, ha expresado su “decepción” con la sentencia y ha confirmado que la apelará. Más allá ha ido el presidente de la cámara de representantes del estado de Alabama, Mike Hubbard, que ha declarado que “es indignante que un solo juez federal no electo e irresponsable pueda anular la voluntad de millones de residentes de Alabama, que apoyaron firmemente la enmienda de ‘Santidad del Matrimonio’. La Legislatura fomentará con vigor el proceso de apelación y seguirá defendiendo los valores conservadores cristianos que hacen de Alabama un lugar especial para vivir”. Lo cierto es que ese abultado 81 % de votantes favorables a la discriminación de las parejas del mismo sexo en el referéndum de 2006 sumaban algo menos de 700.000 votos en un estado de casi cinco millones de habitantes.

Uno a uno, los estados se van sumando

Con la incorporación de Alabama, el matrimonio igualitario es ya completamente legal en 37 de los 50 estados de los Estados Unidos, cuya población sobrepasa ya los 220 millones de personas. Se trata de Alabama, Alaska, Arizona, California, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Montana, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Utah, Virginia, Virginia Occidental, Vermont, Washington, Wisconsin y Wyoming. A ellos hay que sumar el Distrito de Columbia y 21 jurisdicciones tribales (se van sumando aquellas que ligan sus leyes sobre el matrimonio a las del estado donde están ubicadas).

En el resto de estados existen situaciones diversas, que configuran un escenario judicial complejo que, a la espera del pronunciamiento definitivo por parte del Tribunal Supremo, va decantando la situación hacia una extensión generalizada del matrimonio igualitario.

Hacemos a continuación un balance de la situación. En Kansas, aunque ya ha habido una sentencia favorable de un tribunal federal, y su suspensión ha sido denegada en la última instancia, la Fiscalía del estado, en una actuación torticera, ha dado instrucciones a las secretarías de los condados de que no faciliten licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, excepto en aquellos que pertenezcan a la jurisdicción del juez federal. Sin embargo, asociaciones LGTB aducen que los jueces federales tienen jurisdicción en todo el estado, por lo que la medida de la Fiscalía debe tomarse como un acto desesperado de dilación de lo que ya es no solo inevitable sino completamente legal.

En Ohio, Michigan, Kentucky y Tennessee, las sentencias favorables dictadas por los jueces federales han sido revocadas por la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, la única en dictaminar en contra de la igualdad de derechos de las personas LGTB. Tras el recurso presentado por los equipos legales de las parejas demandantes de los cuatro estados ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, este ha decidido que en el próximo período de sesiones considerará estas sentencias contrarias a los derechos LGTB. Por el contrario, su crietrio respecto a las apelaciones de sentencias que han sido favorables a esos derechos ha sido el de no admtirlas a trámite. La decisión del Tribunal Supremo, que se espera para el mes de junio de este mismo año, podría suponer el final de largo viaje del matrimonio igualitario en los Estados Unidos.

En Misuri, aunque existe una sentencia federal en suspenso hasta que se decida su apelación, sí que es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo en los condados de Saint Louis, el más populoso del estado, y Jackson, según han establecido jueces de ámbito local. Como Misuri sí reconoce los matrimonios de parejas del mismo sexo celebrados en otras jurisdicciones donde es legal, los enlaces celebrados en estos dos condados son válidos en todo el estado.

En otros estados existen sentencias favorables de jueces federales que aún están pendientes de ser revisadas por las correspondientes Cortes de Apelación, como es el caso de Mississippi y Texas (ambos del 5º Circuito) y Arkansas, Dakota del Sur y el ya citado Misuri (los tres del 8º Circuito). En Arkansas, además, la Corte Suprema estatal deberá revisar una decisión favorable al matrimonio igualitario emitida por un juez estatal, no federal. Por el momento solo hay un estado en el que un juez federal ha considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana, sentencia que debe ser revisada por la Corte de Apelaciones (también, en este caso, la del 5º Circuito). En este estado, sin embargo, otro juez federal falló pocas semanas después en sentido contrario, declarando inconstitucional la prohibición. Habrá que esperar a ver cómo resuelve el 5º Circuito esta contradicción.

Finalmente, en uno de los estados donde aún no hay sentencia, Dakota del Norte, el juez federal que debe dictaminar al respecto ha decidido aplazar la continuidad del juicio hasta conocer la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Los otros dos estados donde hay procesos abiertos pendientes de sentencia son Georgia y Nebraska.

Podéis comprobar el avance del matrimonio igualitario en los Estados Unidos en este mapa (pinchad en él para verlo en mayor resolución):

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Alabama, Callie V. S. Granade, Corte de Apelaciones del 11º Circuito, Discriminación, Estados Unidos, Luther Strange, Matrimonio, Mike Hubbard, Robert Bentley, Tribunal Supremo (Estados Unidos)

32 Estados de Estados Unidos han solicitado al Tribunal Supremo de los Estados Unidos que se pronuncie sobre el derecho de las parejas homosexuales a contraer matrimonio

Tres jueces estudian las enmiendas contra el matrimonio gay de Idaho, Nevada y Hawai

La experiencia de Massachusetts como primer estado en legalizar el matrimonio igualitario muestra que permitir que las parejas del mismo sexo se case ha beneficiado a las familias y fortalecido la institución del matrimonio, alegó la fiscal general Martha Coakley.

Más de una treintena de estados que permiten o prohíben los matrimonios entre personas del mismo sexo pidieron el jueves a la Corte Suprema federal que resuelva el asunto de una vez por todas.

Quince estados que permiten el matrimonio igualitario, liderados por Massachusetts, presentaron un escrito que pide a los magistrados abordar tres casos de Virginia, Utah y Oklahoma y derogar las prohibiciones. Por su parte 17 estados que prohíben esa unión, encabezados por Colorado, han pedido a la corte abordar los casos de Utah y Oklahoma para limpiar una “maraña” de demandas, pero no exhortó al máximo tribunal a pronunciarse en alguno de los sentidos.

Las mociones se presentaron mientras un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 7mo Circuito en Chicago falló que las prohibiciones al matrimonio entre personas del mismo sexo en Wisconsin e Indiana son inconstitucionales. La decisión unánime del jueves criticó las justificaciones que ambos estados dieron: que el matrimonio entre un hombre y una mujer es tradicional. La corte señaló que hay tradiciones buenas y malas.

“Las leyes que prohíben a las parejas del mismo sexo casarse son discriminatorias e inconstitucionales“, dijo la fiscal general Martha Coakley. “Ha llegado la hora de que este crucial tema sea resuelto”.

California, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Nuevo Mexico, Nueva York, Oregon, Pennsylvania, Vermont y Washington se sumaron a Massachusetts.

El escrito de Colorado argumentaba que la definición de matrimonio enfrenta impugnaciones legales que solo la Corte Suprema puede resolver, y que sin una decisión del máximo tribunal, los estados que defienden las prohibiciones podrían encarar responsabilidades financieras en futuras demandas si las leyes son derogadas.

Alabama, Alaska, Arizona, Georgia, Idaho, Luisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Virginia Occidental y Wisconsin se sumaron a la causa de Colorado.

Fuente Cáscara Amarga

General, Historia LGTBI Alabama, Alaska, Arizona, California, Carolina del Sur, Colorado, Connecticut, Corte Suprema Federal, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Delaware, EE. UU., Georgia, Hawai, IDAHO, Illinois, Iowa, Luisiana, Maine, Martha Coakley, Maryland, Massachusetts, Matrimonio igualitario, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nueva York, Nuevo México, Oklahoma, Oregón, Pennsylvania, Utah, Vermont, Virginia, Virginia Occidental, Washington, Wisconsin

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