La gobernadora de Oklahoma, la republicana Mary Fallin, ha estampado su firma en la ley que permite a las agencias de acogida y adopción de niños de titularidad privada rechazar a posibles padres por razones religiosas. Con esta ley, aprobada por amplio margen por la legislatura del estado, Oklahoma se suma a la lista de estados que permiten este tipo de discriminación, casi todos ellos fuertemente conservadores. 

El proyecto de ley fue aprobado por el Senado de Oklahoma por 33 votos a favor y 7 en contra, mientras que la Cámara de Representantes le dio su visto bueno por 56 a 21. Se trata, conviene tenerlo en cuenta, de un estado fuertemente conservador, en el que los republicanos disponen de mayorías superiores a los dos tercios en ambas cámaras y en el que ningún demócrata ha obtenido la victoria en las elecciones presidenciales desde que lo hiciera Lyndon B. Johnson en 1964.

Aún así, la aprobación del proyecto y su conversión definitiva en ley tras la firma de la gobernadora ha sido recibida con preocupación por grupos LGTB y de defensa de los derechos humanos, que ven con preocupación como iniciativas discriminatorias de este tipo progresan en los estados sin que exista en estos momentos contrapeso alguno en el nivel federal tras conquistar también los republicanos la Casa Blanca en 2016.

Adopción homoparental: aunque es legal en todo el país…

En Estados Unidos, como sucede en tantas otras esferas, las normativas de acogida y adopción difieren entre cada estado, por lo que existe una gran variabilidad. Hasta hace no demasiados años, por ejemplo, convivían estados que permitían la adopción homoparental con otros que la prohibían, en todo o en parte. Diversas sentencias de la justicia federal han acabado, sin embargo, por hacer extensiva la adopción homoparental a todo el territorio estadounidenses. La más importante, la sentencia de junio de 2015 del Tribunal Supremo que declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario, que provocó toda una cascada de reconocimientos jurídicos de la igualdad ante la ley de las parejas del mismo y de distinto sexo.

Por si quedaban dudas, un juez federal de Mississippi declaró en abril de 2016inconstitucional la ley que prohibía la adopción por parejas del mismo sexo en ese estado, aprobada en el año 2000, y que era la última de su tipo en ser desafiada ante los tribunales. Y en junio de 2017 el Supremo arrojó otro jarro de agua fría a los contrarios a la homoparentalidad al obligar al estado de Arkansas a inscribir los nombres de las dos madres en los certificados de nacimiento en aquellos casos en los que estas hubieran recurrido a un donante de esperma anónimo. En ambos casos (Mississippi y Arkansas) la argumentación dejaba claro que la sentencia de junio de 2015 sobre el matrimonio igualitario suponía también el reconocimiento de la igualdad por lo que se refiere al reconocimiento de los derechos de parentalidad.

… la derecha religiosa apuesta por poner trabas en los estados 

Sin embargo, pese a la derrota por lo que a la prohibición genérica de la adopción homoparental se refiere, la derecha religiosa no se da por vencida, y redirige sus baterías hacia un objetivo más asequible: el sistema de acogida y adopción, en manos en buena parte (sobre todo por lo que a la adopción se refiere) de agencias de titularidad privada. Muchas de ellas, vinculadas a organizaciones religiosas. Permitir a estas que puedan rechazar a candidatos a ser padres adoptivos por razones religiosas legaliza la discriminación de las parejas del mismo sexo. Son ya varios los estados que contaban con normas de este tipo antes de la sentencia del Tribunal Supremo, como Dakota del Norte, Virginia o Michigan (aunque en este último estado la norma ha sido desafiada ante la justicia federal), pero más recientemente han comenzado a sumarse otros. Alabama, Dakota del Sur y Texas, tres estados con mayoría republicana en sus legislaturas y gobernadores de ese mismo partido, aprobaron las leyes que lo hacen posible en 2017.

Ahora lo ha hecho Oklahoma y casi con total seguridad el siguiente será su vecina Kansas, cuya legislatura (también controlada por los republicanos) ya ha aprobado el proyecto de ley, si bien de forma algo más ajustada: la Cámara de Representantes por 63 votos contra 58, el Senado por 24 a 15. Una diferencia que permitiría albergar esperanzas si el gobernador del estado estuviese dispuesto a vetarlo, pero Jeff Colyer (también republicano) ya ha anunciado que lo rubricará. El estado de Georgia también discute una medida similar, aunque en este estado existe al menos el antecedente de que el gobernador, aun siendo republicano, vetó hace dos años otra ley discriminatoria. Y no son los únicos: a finales de abril un proyecto similar recibió el visto bueno de un comité del Senado de Colorado, aunque sin posibilidades reales de salir adelante ya que de momento los republicanos solo controlan la cámara alta.

La aprobación de las leyes de Oklahoma y Kansas ha sido saludada por grupos evangélicos y por representantes la Iglesia católica. Por el contrario, ha sido condenada como discriminatoria por grupos de defensa de los derechos LGTB. «Estamos sobre todo preocupados por los niños que desesperadamente están a la espera de un hogar, y que serán víctimas de esta legislación vergonzosa», ha declarado por ejemplo Troy Stevenson, director ejecutivo de Freedom Oklahoma, y que ya ha anunciado su intención de acudir a los tribunales. No es descartable, de hecho, que a medio o largo plazo la cuestión acabe siendo dirimida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Por lo pronto, supone un nuevo ensanchamiento de la brecha que separa a los estados más profundamente «rojos» (en el lenguaje político estadounidense, aquellos que tradicionalmente votan republicano) de los estados «azules» (aquellos que tradicionalmente votan demócrata) por lo que a los derechos de las personas LGTB se refiere. Seguiremos atentos.

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Un miembro de la Iglesia Evangélica Vid, identificado como José Cortés Muñoz, ha sido sorprendido intentando provocar un incendio en la discoteca de ambiente lésbico Club Social Frida Kahlo de Chillán (en la región chilena del Biobío). El sujeto, que gritó: «si no se queman aquí, se quemarán en el infierno y, si eso no pasa, lo haré yo», fue sorprendido con un bidón de parafina en los alrededores, después de la pronta reacción de la propietaria para sofocar las llamas. En esta ocasión solo hay que lamentar daños materiales menores. Sin embargo, como denuncia el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), «es una situación en extremo grave que puso en riesgo a las personas que en ese momento se encontraban en el lugar». Por esta razón, la organización igualitaria exige que el atacante «debe recibir la máxima sanción de la ley». Además, Cortés ha declarado abiertamente que va a volver a actuar. En este sentido, hay que asumir que los discursos LGTBfóbicos en Chile incitan a la violencia, coincidiendo, no por casualidad, con el incremento del apoyo social a los derechos del colectivo LGTB.

«A eso de las 3:30 de la madrugada del domingo, el sujeto, quien vive en una Iglesia que colinda con el Club Frida Kahlo, lanzó parafina desde la pandereta que separa los inmuebles para, posteriormente, encenderle fuego a algunas de sus dependencias». Así lo ha explicado Esteban Guzmán, presidente de MOVILH-Biobío. Guzmán también ha añadido que «es una situación en extremo grave, que puso en riesgo a las personas que en ese momento se encontraban en el lugar», por lo que el atacante «debe recibir la máxima sanción de la ley».

Por su parte, la propietaria del Club Social Frida Kahlo, Jacqueline Ortega, ha narrado que «escuchamos un fuerte estallido y nuestros clientes llegaron a alertarnos que nuestra terraza estaba ardiendo. Entre todos quienes estábamos en lugar apagamos las llamas para que no se propagaran. Cuando salimos a la calle a ver qué ocurría, nos dimos cuenta de que nuestro vecino de la Iglesia Evangélica estaba con un bidón de parafina. Sin ningún tipo de pudor o arrepentimiento nos afirmó que él había comenzado el fuego, peor aún nos amenazó con matarnos por depravados».

Para el MOVILH-Biobío «este acto marca un negativo y funesto precedente para la seguridad de las personas lesbianas, gais, bi, trans e intersex que debe ser combatido al instante y con el máximo rigor de la ley». El presidente regional de esta organización igualitaria anima «a las personas LGBTI de Chillán a reportar cualquier otro atropello que hubiesen visto de este sujeto, pues no sería extraño que con anterioridad protagonizara abusos similares que no fueron denunciados». La discoteca ha publicado en su cuenta de Facebook que el atacante, de hecho, ya ha avisado de que volverá a actuar.

Violencia LGTBfóbica vs. histórico apoyo social

Hace solo unos días recogíamos que la ciudadanía chilena apoya de forma mayoritaria el matrimonio igualitario y la adopción homoparental. Desde febrero de 2014 el respaldo al matrimonio entre personas del mismo sexo ha crecido 15 puntos, hasta situarse en el 65%. Así se desprende de la encuesta de mayo realizada por Cadem (una empresa privada que realiza estudios demoscópicos). Asimismo, la adopción homoparental cuenta con una adhesión ciudadana del 52%. Más modestas, aunque pujantes, son las cifras relacionadas con la opinión favorable a la legislación sobre la identidad de género.

Sin embargo, en la anterior noticia ya advertíamos del contraste entre la aceptación histórica de los derechos del colectivo LGTB por parte de la ciudadanía de Chile con los del repunte de delitos de odio LGTBfóbico. Sin duda, la visibilización de la comunidad en el debate público, estimula a los discursos de odio de grupos intolerantes y radicales (como la presencia del «autobús de odio» de HazteOír y su marca internacional, CitizenGO) y esto se puede traducir también, como vemos en el caso del ataque a la discoteca de Chillán, en acciones violentas.

Fuente MOVILH, vía Dosmanzanas

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El respaldo al colectivo LGTB aumenta de forma evidente y considerable entre la población de Chile. Desde febrero de 2014 el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo ha crecido 15 puntos, hasta situarse en el 65%. Así se desprende de la encuesta de mayo realizada por Cadem (una empresa privada que realiza estudios demoscópicos). Asimismo, la adopción homoparental cuenta con una adhesión ciudadana del 52%. Más modestas, aunque pujantes, son las cifras relacionadas con la opinión favorable a la legislación sobre la identidad de género. En este sentido, un 23% comparte que un menor de 18 años pueda realizar una modificación registral de sexo y nombre en el registro civil, previa autorización de los padres. Este nivel de acuerdo cae hasta al 20% si únicamente se considera desde los 14 años y sin la correspondiente autorización. Finalmente, un 45% se muestra de acuerdo con el cambio de género registral a partir de los 18 años.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH), la organización LGTB más importante de este país latinoamericano, valora positivamente que «la mayoría del país esté de acuerdo con la plena igualdad de derechos para las parejas del mismo sexo y las familias homoparentales, al tiempo que el respeto a la dignidad de las personas trans avanza a pasos agigantados». En concreto, según recoge la encuesta de Cadem de mayo, al preguntar a la ciudadanía chilena sobre valores como su postura en relación al matrimonio igualitario, las respuestas mayoritarias reflejan una evolución histórica incontestable. Esto deja en evidencia la lentitud con la que avanza el reconocimiento legislativo de los derechos del colectivo LGTB en Chile, por otro lado.

La adhesión al matrimonio igualitario y a la adopción homoparental subió 15 puntos porcentuales desde febrero de 2014 hasta hoy, lo cual refleja para el MOVILH que «el cambio cultural a favor de los derechos humanos de las personas LGBTI es irrefrenable. Ya no hay marcha atrás. La pregunta no es si habrá o no matrimonio o adopción homoparental. La pregunta es cuándo y esperamos que sea en los próximos dos años».

Por otra parte, desde esta organización LGTB chilena también apuntan a que «la adhesión ciudadana a que los niños, niñas y adolescentes puedan cambiar su nombre y sexo legal (lo cual vale la pena recordar es un derecho que siempre ha existido, pues la Ley de Identidad de Género viene solo a facilitar el trámite) va en acelerado aumento, quedando una vez más en evidencia que el Estado está atrás de los cambios culturales y en deuda con la dignidad de las personas LGBTI». El MOVILH, además, se ha lamentado de los largos años de tramitación de ley de identidad de género, lo cual ha ocurrido «principalmente por presiones de la UDI y de su presidenta, Jacqueline Van Rysselberghe. Llamamos a esta senadora y a su partido a tener la decencia de paralizar su permanente campaña contra los derechos LGBTI».

En enero de 2017 ya publicamos una noticia en la que dábamos cuenta de una encuesta del Cadem similar a esta, en la que se recogía un apoyo del 64% de los chilenos al matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, las políticas, acciones y declaraciones LGTBfóbicas provocaron una bajada del respaldo ciudadano, dejándolo en un 58% el pasado febrero.

Repunte de odio LGTBfóbico en Chile

Resulta chocante comparar los datos de aceptación del colectivo LGTB entre la ciudadanía de Chile con los del repunte de delitos de odio LGTBfóbico de lo que nos hacíamos eco a finales de marzo. Los datos que arroja el 16º Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género son preocupantes: en 2017, un año que el propio MOVILH ha calificado como «de la furia» contra personas y activistas, las denuncias por LGTBfobia en ese país experimentaron un aumento del 45,7%. El informe recoge como uno de los detonantes de este aumento la presencia en Chile del «autobús de odio» de HazteOír y su marca internacional, CitizenGO.

Como dato optimista, el MOVILH recogía 61 hitos favorables a la igualdad de derechos de las personas LGTBI en todo el país. Por un lado, se hace hincapié en lo que considera avance «a pasos agigantados y sin precedentes» del Poder Judicial, que ya en repetidas ocasiones se ha pronunciado amparando los derechos de las personas LGTBI. Una posición, la de los jueces, que contrasta con la pasividad del Legislativo, que «aún no aprueba estas leyes» y las reticencias de un Ejecutivo que solo pone el acelerador para la tramitación legislativa de los avances «de manera coyuntural y discontinua». Todo ello, como es obvio, «ata de manos en algunos puntos al poder judicial», según reconoce el propio informe.

Fuente Dosmanzanas/MOVILH

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 Oklahoma da el primer paso para seguir a Texas, Alabama y Dakota del Sur a la hora de imponer la libertad religiosa a las agencias de adopción que podrían aplicar la libertad religiosa para negar entregar un menor a familias de acogida del mismo sexo, personas solteras o aquellas que no sean católicas.

Con 60 votos contra 26, la Cámara Baja de Oklahoma aprueba el jueves, 28 de abril, un proyecto de ley que permitiría a las agencias de adopción de carácter religioso rechazar como familias de acogida en los casos en que «la colocación propuesta violaría las convicciones o políticas religiosas o morales escritas de la agencia», que entraría en vigor si es ratificada por su gobernador a pesar de no haber sido aprobada por la Cámara Alta.

En la actualidad, existe una ley que se aplica únicamente a los servicios de colocación privados que no reciben fondos estatales o federales, pero los partidarios de la conocida como Ley SB1140 están tratando de extender la exención religiosa a las agencias que sí reciben subvenciones del gobierno. De entrar en vigor, supondría una discriminación para las parejas del mismo sexo, personas solteras o postulantes que no profesasen la religión católica. Texas, Alabama y Dakota del Sur aprobaron el año pasado leyes similares, mientras que Kansas y Colorado debaten actualmente hacer lo mismo.

Subdirectora de los proyectos LGBT y VIH de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés: American Civil Liberties Union), Leslie Cooper, asegura que este tipo de leyes son «inconstitucionales», constituyendo una manera de «utilizar los argumentos de libertad religiosa para establecer el derecho de discriminación contra las personas LGBT», cuyos principales perjudicados no serían otros que «los niños más vulnerables». Actualmente la ACLU tiene dos demandas interpuestas en relación a dos casos de colocación de menores en familias de acogidas en Texas y en Michigan.

«Más de 100,000 niños en el sistema de cuidado de crianza de los EE. UU. Necesitan una familia adoptiva permanente. Aproximadamente 2 millones de adultos LGBTQ están interesados en la adopción», sostiene Cathlyn Oakley, directora legislativa estatal y asesora principal de Human Rights Campaign (HRC por sus siglas), que califica este tipo de proyectos de ley como «evidentemente discriminatorios», considerando que perjudican a los menores al no haber las suficientes familias de acogida que se adecuen a los criterios propuestos. Irónicamente, un punto de vista con el que también coinciden partidarios de la aprobación de estas medidas, como la Conferencia Episcopal de Oklahoma, que afirman que no podrían elegir ubicar a menores únicamente en hogares que compartan los valores de la agencia.

«Los prejuicios y la discriminación son malos para los niños sin importar la estructura familiar», declara Christie Appelhanz, directora ejecutiva de Children’s Alliance of Kansas, que se opone a la Ley de Protección de Adopción de Kansas y que «continuará luchando contra este proyecto de ley». Una encuesta realizada el año pasado por Public Religion Research Institute, una organización sin ánimo de lucro que no está vinculada a ninguna ideología ni religiosa ni política, en la que determina que la mayoría de las personas estadounidenses se oponen a que las agencias de adopción se rijan por este tipo de criterios discriminatorios, reciban o no subvenciones estatales.

«Yo fui uno de esos jóvenes que crecía sin pensar que alguna vez ocurriría (…). Ahora soy amada más allá de lo que casi puedo asumir», sostiene Lupe Tovar, de 32 años actualmente y residente de Oklahoma, fue acogida por una pareja del mismo sexo cuando tenía sólo 6 años de edad, que consiguieron adoptarle finalmente. Para Tovar resulta «desgarrador» pensar que te puedan quitar la oportunidad de adopción por un criterio religioso, particularmente cuando ella forma parte de una familia cristiana a pesar de que sus padres sean una pareja gay.

Fuente Universogay

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El Parlamento del Territorio del Norte australiano aprobó este martes un proyecto de ley para equiparar a todas las parejas, independientemente del género de sus integrantes y su estado civil, en el acceso a la adopción de menores. Se trata del último estado o territorio del país que abre esta posibilidad a las familias homoparentales. Hasta ahora solo podían adoptar las parejas que llevaran casadas al menos dos años. Esta restricción excluía a las del mismo sexo, que solo han podido contraer matrimonio desde el pasado diciembre.

Una nueva discriminación de las personas LGTB que cae en Australia. La Asamblea Legislativa del Territorio del Norte dio su visto bueno el martes pasado a un proyecto de ley para permitir la adopción de menores por parte de parejas no unidas en matrimonio que lleven al menos dos años conviviendo. Hasta la aprobación de esta norma, solo las casadas (también durante dos años como mínimo) eran elegibles.

El Territorio del Norte era la última jurisdicción australiana que impedía la adopción por parte de parejas que no estuvieran casadas. El requisito de dos años de matrimonio excluía además a las del mismo sexo, que ni siquiera podían adoptar a los menores que tuvieran en acogida. Australia abrió el matrimonio a todas las parejas en diciembre de 2017, tras años de discusión política. La regulación de la adopción, sin embargo, siguió siendo competencia de los estados y territorios que conforman el país.

Las primeras jurisdicciones en permitir a las parejas del mismo sexo acceder a la adopción conjunta fueron el estado de Australia Occidental en 2002 y el Territorio de la Capital Australiana (ACT) en 2004. Los demás se fueron uniendo y Australia Meridional fue la penúltima en 2017. Este estado y el Territorio del Norte son los únicos que impiden la adopción por parte de personas solteras, salvo circunstancias especiales sobre las que decide un tribunal.

Anna Brown, del Human Rights Legal Center, saludó la medida por “reconocer que lo más importante es que los niños crezcan en hogares llenos de amor y seguros, con independencia del género de las personas que los cuidan”. Añadió que “ahora que se ha aprobado a nivel nacional la igualdad matrimonial, es importante que adaptemos las leyes en cada estado a los valores modernos de la comunidad y eliminemos hasta el último reducto de discriminación contra las personas LGTBI de la legislación en todo el país”. Destacó la relevancia de la “estabilidad emocional y legal” que generará la nueva norma en las familias homoparentales.

Fuente Dosmanzanas

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Tras tres años de pareja y dos casados legalmente y residiendo en Medellín, Michael y Diego se convierten en la primera pareja del mismo sexo que supera los trámites legales para adoptar una menor en Colombia.

El Instituto de Bienestar Familiar (ICBF por sus siglas) aprueba este lunes, 29 de enero, la adopción de una menor de edad por parte de una pareja del mismo sexo en Medellín. Se trata de la primera pareja homosexual que consigue superar los trámites de una adopción en Colombia, convirtiéndose legalmente en los padres de Emma, «una negra de pelo rizado, sonrisa brillante y ojos oscuros, se robó los corazones de sus dos papás», según explica la pareja.

Después de un año de relación, Michael Lacher, de nacioanlidad israelí aunque de ascendencia argentina, y Diego Sánchez, colombiano de nacimiento, contraen matrimonio el 29 de diciembre de 2015, teniendo claro que el siguiente paso es ampliar la familia. «Hablamos mucho sobre la idea de adoptar a nuestro hijo. Ya llevábamos un año de casados y tratamos el tema como pareja, de una forma muy seria y responsable», declara Sánchez. Un fallo histórico de la Corte Constitucional, en 2015, indica que la identidad sexual no puede ser un criterio para discriminar una persona en el caso en que decida adoptar un menor, ampliando el derecho de los menores a ser adoptados por parejas homosexuales. Durante todo el proceso, la pareja afirma no haberse sentido discriminada en ningún momento, siendo el problema de la residencia el único escollo que han tenido que superar realmente.

Sánchez es ciudadano colombiano, pero Lacher sólo dispone de la visa TP10, en calidad de cónyuge, siendo necesaria la tarjeta de residencia. «Esa visa se demora un año y medio más. Es decir, tengo que tener tres años de casado, cuando voy y pregunto al ICBF la razón, me dicen que es la central de Bogotá eso es lo que se pide», explica Lacher, aunque finalmente no necesitan presentar este documento por decisión del juzgado primero administrativo de Medellín. «Lo hicieron porque vieron una injusticia muy grande. Y la tutela de hecho fue en nombre de un menor indeterminado. No fue en nombre nuestro porque somos conscientes que los adultos no tienen derecho de adoptar, sino que el menor tiene derecho a una familia», explica Sánchez.

El secretario de Inclusión Social de Medellín, Luis Bernardo Vélez, quien a su vez ha servido de referencia de la pareja, se muestra satisfecho con la resolución del proceso, debido a que han primado los derechos del menor a tener una familia sobre cualquier otra consideración. La adopción por parte de familias había suscitado cierto debate en Colombia el año pasado, primero por una campaña de Bancolombia que se posicionaba a su favor en una campaña de comunicación y después por una propuesta de referéndum en su contra por parte de un youtuber homofóbico que tumbaría el gobierno de Colombia.

Fuente Universogay

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Una pareja cristiana evangélica en Alberta, demanda al gobierno provincial por negarles el derecho a adoptar a un menor debido a que sus creencias religiosas les hacen ser homofóbicos. 

Una trabajadora de Servicios Sociales Católicos redacta un informe favorable para una pareja de Alberta, cuya identidad no ha trascendido, que siendo propietarios de su propia casa y teniendo demostrada estabilidad económica, esperaban ampliar su familia con un menor, una pareja o hasta tres hermanos de edades comprendidas entre los 7 y los 17 años de edad. «Encantada» de recomendar a una pareja de cristianos evangélicos, la funcionaria también aconseja evitar que les sea entregado un «niño homosexual», lo que lleva al departamento de adopción de Alberta a paralizar su solicitud y ampliar el análisis sobre su petición para denegarla. La pareja ha demandado el gobierno provincial y según una organización conservadora que les representa, Justice Center for Constitutional Freedoms, las posibilidades de adopción se cierran para ellos al manifestar que son cristianos evangélicos y que tienen puntos de vista religiosos sobre el matrimonio y la sexualidad.

«La carta de rechazo incluía un Informe de Estudio de Hogar revisado que establecía que la pareja no debería ser aprobada para adoptar porque no podría «ayudar» a un niño que «tiene problemas de identidad sexual». La carta de rechazo no explicaba cómo o por qué la pareja no podría «ayudar» al niño que valoraban, amaban y respetaban. La pareja solicitó a los Servicios Sociales Católicos que reconsideraran su decisión, pero fueron rechazados», declaran en marzo de este año los Servicios Sociales Católicos.

Durante una reunión de seguimiento con funcionarios de la oficina de Servicios para Niños y Familias de Alberta, un asistente social explica a la pareja que consideran que sus creencias religiosas con respecto a la sexualidad constituyen un «rechazo» hacia los menores con identidades sexuales LGBT, informándoles de que la denegación de su solicitud es definitiva. «Estaba enfadada por la injusticia de la situación (…). A pesar de nuestra estabilidad, nuestra amabilidad, nuestra dedicación para ayudar a las personas, a pesar de nuestra voluntad de tener un hijo que necesitara padres, y considerarlo nuestro por el resto de nuestras vidas, estábamos siendo discriminados en base a nuestras creencias religiosas», declaraba la esposa de la pareja en una declaración jurada ante el tribunal.

«Tomar decisiones sobre quién es capaz de adoptar en base a sus creencias religiosas sinceras viola el derecho de esta pareja a la libertad religiosa y la igualdad bajo la ley garantizada en la Carta Canadiense de Derechos y Libertades y en la propia Ley de Derechos Humanos y Derechos Humanos de Alberta (…). Esta decisión tendría graves consecuencias para las libertades de todos los canadienses», declara John Carpay, presidente del Justice Center, afirmando que la decisión del servicio de adopción de Alberta es «irracional» y representa un «vacío en virtud de su arbitrariedad, prejuicio, maña fe, así como abre una brecha en procedimientos de buena fe y justicia natural». Asimismo, afirma que están luchando por obtener una orden judicial que apruebe a la pareja como padres adoptivos.

Fuente Universogay

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CESIDA ha destacado que “el miedo, la ignorancia y los prejuicios dificultan la adopción de estos niños que, tratados correctamente, pueden llevar una vida “completamente normal”. 

La epidemia del VIH ha repercutido notablemente en la vida de niños y niñas, que han sido y son la cara más oculta de esta pandemia. “Hay que dejar muy claro que el VIH es una infección que conlleva una esperanza y calidad de vida igual que cualquier menor no infectado”, ha informado esta tarde en Madrid Juan Ramón Barrios, presidente de CESIDA, en la inauguración de la jornada ‘Adopta en positivo’.

Durante hoy y mañana, la Coordinadora estatal de VIH y sida, CESIDA centrará el mensaje de estas jornadas en el proceso de acogimiento y adopción de niños y niñas con el VIH. En España hay más de 30.000 familias declaradas aptas para adoptar pero la falta de información sobre la transmisión del VIH y los prejuicios harían que se dificulte la adopción de estos niños y niñas. “Los datos son muy tristes, en España menos de 5 familias a día de hoy han solicitado acoger o adoptar a un menor con el VIH”, traslada Susana Morales, presidenta de la Fundación Familias de Colores.

A nivel mundial, se estima que 2,1 millones de niños y niñas tienen infección por VIH. Según datos de ONUSIDA en 2016 se produjeron 160.000 nuevas infecciones en menores de 15 años y ese mismo año fallecieron más de 120.000 muertes relacionadas con el VIH.

Rosa Polo, responsable del área asistencial y de investigación del Plan Nacional sobre el Sida ha mostrado los datos de España recogidos por el SINIVIH, donde se infectaron en 2016 ocho menores de 15 años (4 niños y 4 niñas), sólo uno de ellos había nacido en España. “Entre adolescentes, se infectaron 31 con edades comprendidas entre 15 y 18 años, de los que principalmente eran chicos, un total de 23 , y de ellos la mayoría son hombres que tienen sexo con hombres. La mitad de estos jóvenes, 15, eran españoles; 14 tenían diferente país de origen y dos, no consta”, ha desgranado Polo.

Junto a la doctora Polo y al presidente de CESIDA, en la jornada inaugural ha intervenido Mª del Pilar Gonzálvez Vicente, directora general de Servicios para la Familia y la Infancia. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI);

Esta jornada, que cuenta con la colaboración de laboratorios ViiV Healthcare, profundiza en la campaña que CESIDA presentó hace unos meses de sensibilización ‘Adopción en positivo’ con esta guía didáctica y el documental ‘Adoptar y acoger en positivo’ con testimonios de profesionales y personas que viven con el VIH explicando lo que supone el VIH actualmente.

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Documental ‘Adoptar y acoger en positivo’

Fuente CESIDA

General Adopción, Adoptar y acoger en positivo, CESIDA, Juan Ramón Barrios, VIH/SIDA

Filipinas podría discutir una ley de uniones civiles en los próximos meses. Así lo ha anunciado el presidente de la Cámara de Representantes, Pantaleón Álvarez, en un discurso ante el Parlamento el lunes pasado. La medida se integra en un proyecto de reforma del Código de Familia que también incluiría la apertura por primera vez del divorcio y el reconocimiento de los llamados hijos ilegítimos en un país con fuerte influencia de la Iglesia católica. La propuesta surge después del cambio de postura del presidente Rodrigo Duterte, que tras mostrarse receptivo al matrimonio igualitario durante la campaña electoral, rechazó esa posibilidad cuando se hizo con el poder.

De nuevo un país asiático da pequeños pasos hacia la equiparación de derechos de sus ciudadanos LGTB. El speaker o presidente de la Cámara de Representantes filipina, Pantaleón Álvarez, ha avanzado su intención de promover una reforma de la legislación familiar para permitir la uniones civiles entre personas del mismo o de distinto sexo, así como la disolución de los matrimonios y el reconocimiento de los denominados hijos ilegítimos. La medida otorgaría un marco jurídico para las parejas del mismo sexo, que actualmente carecen de cualquier regulación legal.

El anuncio se produjo previamente al segundo discurso sobre el estado de la nación del Rodrigo Duterte. El polémico presidente filipino se había mostrado en 2015, antes de ser elegido, favorable al matrimonio igualitario porque “todo el mundo se merece ser feliz”. Durante la campaña electoral que resultó en su elección, se mostró abierto a considerar una propuesta sobre el asunto. En marzo de este año, sin embargo, daba marcha atrás y se escudaba en la tradición católica del país para rechazar la igualdad matrimonial y arremeter de paso contra las personas trans.

En octubre del año pasado se empezó a plantear la posibilidad de las uniones civiles como una posible solución de compromiso. Geraldine Roman, la primera diputada trans de Filipinas, mostró su apoyo al presidente de la Cámara en este tema, pero hasta ahora no se habían dado pasos en esa dirección. En su discurso, Álvarez agradeció a Roman sus aportaciones y anunció que su propuesta contempla derechos de propiedad y apoyo mutuo para las parejas unidas civilmente y la posibilidad de adoptar conjuntamente.

Estaremos al tanto del devenir legislativo de esta propuesta, que incluye también como punto novedoso la introducción por primera vez del divorcio para las parejas casadas y el reconocimiento de los hijos nacidos fuera del matrimonio. Álvarez, que además del presidente de la Cámara de Representantes es secretario general del PDP-Laban (el partido de Duterte), prevé que el proyecto se tramite en lo que queda de año.

El hecho de que Filipinas, como la inmensa mayoría de los países de Asia, no reconozca aún ninguna unión entre personas del mismo sexo, no impide que estas parejas expresen su compromiso mutuo a través de emotivas ceremonias, como la que recogimos hace cuatro años. Tampoco prohíbe a aquellas confesiones que sí incluyen en su liturgia el matrimonio entre personas del mismo sexo celebrar estas ceremonias, aunque sin validez legal.

La actitud social hacia las personas LGTB es bastante positiva, si atendemos a los resultados de una encuesta que cifraba en un 73% el porcentaje de personas que consideraban la homosexualidad “aceptable”, un porcentaje similar al de Italia o Argentina. No obstante, según otro sondeo, tan solo el 14% de los católicos del país estarían a favor del matrimonio igualitario. La presidencia de Rodrigo Duterte a pesar de sus anteriores declaraciones favorables, abre un panorama preocupante por lo impredecible de su actuación. Por referirnos solo al ámbito LGTB, sin entrar en otros campos donde afronta graves acusaciones, en agosto de 2016, a los dos meses de ser elegido, calificó de “hijo de puta” y se refirió con un insulto homófobo al entonces embajador abiertamente gay de Estados Unidos, Philip Goldberg.

Fuente Dosmanzanas

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Importante decisión del Tribunal Constitucional de la República Checa, conocida este lunes 24 de julio. El más alto intérprete de la Constitución checa ha dictaminado el reconocimiento de la paternidad para los dos miembros de una pareja del mismo sexo cuando esta se encuentra reconocida en el extranjero. Se da así un paso más en la equiparación progresiva de las parejas de igual o distinto sexo en el país centroeuropeo.

La República Checa debe reconocer la paternidad de los dos miembros de una pareja del mismo sexo si esta ya se encuentra validada en otro país, de la misma forma que sucede con las parejas de distinto sexo. Es el dictamen del Tribunal Constitucional checo. La decisión se produce tras el recurso de una pareja formada por un ciudadano checo y un ciudadano danés, quienes contrajeron matrimonio en Estados Unidos y han sido padres por gestación subrogada en California. Al estar este procedimiento legalizado allí, los dos padres están reconocidos como tales en el estado norteamericano. Sin embargo, cuando quisieron que su paternidad conjunta fuera reconocida en República Checa, se encontraron con una sentencia adversa del Tribunal Supremo. Afirmaba entonces este otro tribunal que dicho reconocimiento iba contra el orden legal checo, dado que en ese país no es posible la paternidad conjunta de parejas del mismo sexo ni tampoco la adopción por parte de la pareja del mismo sexo cuando el otro miembro es padre biológico.

Ante ello, apelaron al Tribunal Constitucional, y este ahora con su decisión envía de vuelta el asunto al Tribunal Supremo, ahora con la obligación de encontrar vías para el reconocimiento de su paternidad.

Esta sentencia se suma a otras anteriores que iban también en la línea de la progresiva equiparación. Ya en 2015, un juez de Prostějov (Moravia) reconoció la paternidad conjunta de una pareja de francés y checo sobre sus hijos adoptados (también en Estados Unidos). Ese mismo año, el Tribunal Supremo reconoció los dos hijos de otra pareja del mismo sexo. En este caso, sin embargo, el que se ha pronunciado es el Tribunal Constitucional, que al igual que en España es intérprete del ajuste de las leyes a la Constitución, por lo que esta sentencia tendrá repercusiones previsiblemente más amplias.

También fue el Tribunal Constitucional, por cierto, el que hace poco más de un año levantó la prohibición de adoptar niños de forma individual para las personas que conviven en una unión civil (posible para parejas del mismo sexo). Si bien el fallo no abrió la adopción conjunta a las parejas del mismo sexo, el Gobierno checo ya estudia una ley para permitir la adopción de los hijos del compañero o compañera del mismo sexo (la conocida en inglés como step-child adoption).

Volviendo a la sentencia conocida esta semana, aunque importante, sigue dejando fuera la realidad homoparental de muchas familias. Como el Tribunal Supremo señalaba, la paternidad conjunta y la adopción del hijo o hija del cónyuge no están permitidas dentro del país. Con esta sentencia del Constitucional se hace posible el reconocimiento solo para quienes estén reconocidos en el extranjero, pero permanece inaccesible para quienes tengan hijos dentro la misma Chequia o en otros países que no reconozcan esta paternidad conjunta. Una diferencia que plantea una paradoja legal, que solo se podría resolver reconociendo la paternidad o maternidad conjuntas para todas las parejas del mismo sexo.

Una situación relativamente mejor dentro del antiguo bloque soviético

Por lo demás, esta sentencia es significativa dado el contexto del país en el que se produce. La República Checa forma parte del antiguo bloque del Este, pero su sociedad demuestra unos niveles de homofobia significativamente menores que los de otros países de la zona (con la excepción, posiblemente, de la república exyugoslava de Eslovenia). El principal freno a la igualdad, en el caso checo, no viene tanto de la población como de la falta de voluntad de los partidos políticos.

En este sentido, desde hace unos meses hay en marca una campaña a favor del matrimonio igualitario que busca movilizar a políticos y sectores de la sociedad civil. Lleva por título “Jsme fér” (“somos justos” o también “jugamos limpio”) y cuenta con página web y perfiles en redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram y YouYube. Un momento fuerte de esta campaña será la celebración del Orgullo en Praga, el Prague Pride, que tendrá lugar entre 6 y el 13 de agosto, con la manifestación el sábado 12.

Esperemos que los esfuerzos del activismo den su fruto y la igualdad jurídica plena acabe llegando a República Checa, lo cual marcaría un hito sobre todo de cara a países cercanos por historia o cultura pero en los cuales la situación es mucho menos prometedora, como Polonia, Eslovaquia o Hungría.

Funte Dosmanzanas

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Malas y buenas noticias en relación al resultado de las elecciones del Reino Unido y el colectivo LGTB. En la parte negativa destaca el nombramiento de David Lidington como ministro de Justicia (que en este país recibe el nombre de “secretario de Justicia”), un cargo que compaginará con el de lord canciller. Lidington ha consolidado con los años un marcado perfil LGTBfóbico del que, hasta el momento, no parece querer desprenderse, como sí hiciera en su momento la primera ministra, Theresa May. Desde el punto de vista positivo cabe señalar que la representación abiertamente LGTB en la Cámara de los Comunes ha aumentado un 40%, hasta alcanzar los 45 diputados. Se trata de la composición parlamentaria con mayor diversidad sexual en la historia del Reino Unido.

Los conservadores, liderados por Theresa May, han ganado las elecciones, pero han perdido la mayoría absoluta, registrándose una fuerte subida de la izquierda. El adelanto de dos años en las urnas, planteado para reforzar la figura de May en las negociaciones sobre el llamado “brexit” del Reino Unido (su salida de la Unión Europea), se ha convertido en un pulso fallido. May ya ha dejado claro que, a pesar de todo, no entra en sus planes dimitir y todo apunta a que llegará a un acuerdo de gobernabilidad con el DUP (el Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte). Gracias a este acuerdo, a los 317 parlamentarios conservadores se sumaría el voto de los 10 unionistas. Entre ambos superan los 326 necesarios para alcanzar la mayoría en la Cámara de los Comunes.

El noviembre de 2015  recogíamos cómo, por quinta vez consecutiva, el matrimonio igualitario era rechazado por la Asamblea de Irlanda del Norte, el único territorio del Reino Unido en el que todavía no es legal. Precisamente, las maniobras del DUP, el próximo socio de Theresa May, han impedido el avance de derechos del colectivo en este territorio. A finales de 2016, la primera ministra de Irlanda del Norte, Arlene Foster, afirmaba que seguiría bloqueando el matrimonio igualitario tantas veces como le fuera posible.

Sin embargo, el pasado mes de marzo se despertaron nuevas expectativas para el matrimonio igualitario en Irlanda del Norte. En las elecciones norirlandesas, el DUP perdía su capacidad de bloquear la medida, al caer por debajo de los 30 escaños. Con este historial homófobo, que se suma a posiciones retrógradas en otras materias, no parece muy alentador que el DUP gane influencia en el ámbito global del Reino Unido, cuando ya había perdido gran peso político en la propia Irlanda del Norte.

El perfil LGTBfóbico del nuevo ministro de Justicia

Teniendo en cuenta los antecedentes recogidos en las líneas anteriores, no parece de extrañar que el nombramiento de David Lidington como ministro de Justicia (que en el Reino Unido recibe el nombre de “secretario de Justicia”) responda a un guiño hacia los unionistas norirlandeses, por su marcado perfil LGTBfóbico.

Lidington, que también desempeñará el cargo de lord canciller, tiene una visión heteronormativa del matrimonio y fue uno de los 47 diputados contrarios a la ley de uniones civiles en 2004 (una institución jurídica específica para parejas del mismo sexo, que otorgaba a estas derechos similares a los del matrimonio).

El que será el próximo ministro de Justicia del Reino Unido votó dos veces en contra del matrimonio igualitario. En su opinión, “el matrimonio no solo sirve para proporcionar amor mutuo y compromiso, sino también para la procreación y el cuidado de los niños”. Lidington, asimismo, se opuso a una enmienda a la Ley de Adopción e Infancia para permitir la adopción homoparental. Y remontándonos más en el tiempo, entre 1998 y 1999 también votaba tres veces en contra de la reducción de la edad de consentimiento para las relaciones entre personas del mismo sexo de 18 a 16 años, para equipararla con la edad legal establecida para las relaciones heterosexuales.

A diferencia de la propia Theresa May, David Lidington no ha hecho ningún propósito de enmienda en relación a sus posturas LGTBfóbicas. En 2010 May era nombrada ministra de Interior e Igualdad del Reino Unido, despertando el enfado de organizaciones igualitarias y del activismo LGTB. Siendo diputada conservadora, May votó en 1998 en contra de igualar la edad de consentimiento para mantener relaciones homosexuales a la de las relaciones heterosexuales (al igual que Lidington). En el año 2000 se opuso a derogar la vergonzante Sección 28, heredada de la era Thatcher, que prohibía hablar de homosexualidad en las escuelas públicas. Tanto en 2001 como en 2002, May votó en contra de la adopción por parejas del mismo sexo.

En 2004, como muchos de sus compañeros conservadores, May sí que votó a favor de la ley de uniones civiles. Ese mismo año, no obstante, May ni siquiera acudió al Parlamento a votar la ley de identidad de género (similar a la española). Tampoco acudió a votar la importantísima ley de igualdad, que establece normas contra la discriminación LGTBfóbica. En 2011 sorprendía su anuncio de avanzar hacia el matrimonio igualitario, en lo que se llegó a calificar como un giro en lo referente a los derechos del colectivo LGTB.

45 diputados LGTB en el Reino Unido

La representación abiertamente LGTB en la Cámara de los Comunes ha aumentado un 40%, hasta alcanzar los 45 diputados (de un total de 650). Se trata de la composición parlamentaria con mayor diversidad sexual y de género en la historia del Reino Unido. En los comicios de 2015 la comunidad contaba con 32 representantes LGTB. Casi 100 años después de que se modificara la ley para permitir que las mujeres se convirtieran en parlamentarias, ahora representan el 32% de la Cámara Baja. También ha habido un aumento en los diputados que estudiaron en escuelas públicas, así como un impulso para la representación de personas con algún tipo de discapacidad.

Fuente Dosmanzanas

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Un juez de familia de Kentucky descara los casos de adopción relacionados con parejas del mismo sexo al condierar que el «mejor interés» de un menor nunca podrá estar cubierto por «un homosexual practicante».

«Como cuestión de conciencia», explica el juez W. Mitchell Nance, «bajo ninguna circunstancia» podría promoverse el «interés superior de un menor por la adopción por un homosexual practicante». Es la contundente circular que este juez de Kentucky ha enviado este jueves, 28 de abril, a todos los abogados que practican en los dos condados en lso que ejerce, los de Barren y Metcalfe, advirtiéndoles de que su decisión de descartar los casos de adopción relacionados con parejas del mismo sexo. Una conducta que va en contra de las leyes estatales de adopción.

«Sostengo la ley que he citado, la cuestión de conciencia que he indicado y la decisión que he tomado», confirma el juez Nance en una entrevista, manteniendo su rechazo a casos de adopción que estén relacionados con parejas del mismo sexo a pesar de admitir que no tiene conocimiento, favorable o desfavorable, de ningún padre o madre adoptivo homosexual, pero tampoco ninguna investigación que contradiga su punto de vista, basado únicamente en sus creencias religiosas y que justifica en base a una regla ética que permite a los jueces rechazar los casos que les afectan de una manera personal. Una postura que no parece tener ningún interés en cambiar cuando la propia Universidad de Kentucky publicaba en octubre del año pasado un estudio inidicando que los hijos adoptivos de las familias homoparentales les va fenomenal.

https://www.youtube.com/watch?v=tanPYH8OVDU

«Si este juez no puede cumplir sus obligaciones debido a prejuicios personales, debe renunciar», afirma Chris Hartman, director Fairness Campaign, como también afirman otros expertos sobre el tema consultados quienes señalan que teniendo unas convicciones religiosas tan radciales, ni siquiera debería litigar ningún caso que afecte a alguna persona homosexual. Sin embargo, el Juez Nance no sólo no se cuestiona la dimisión, sino que fue reelegido sin oposición en 2014 por un mandato de ocho años que concluye en 2023.

La declaración del juez Nance está en consonancia con una situación similar producida en Kentucky hace dos años, cuando Kim Davis, Secretaria del Condado de Rowan, se negara a emitir licencias de matrimonios igualitarios incluso después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos los legalizara en todo el país. En su caso, aseguraba que actuaba «bajo la autoridad de Dios», por lo que es la justicia terrenal la que le lleva a ser encarcelada por cinco días. Actualmente permanece en su puesto y tiene previsto presentarse para la reelección en 2018. Con el objetivo de que no volviera a producirse este conflicto, Matt Bevin, gobernador de Kentucky, aprobaba una ordenanza mediante la que excluía que fuera necesaria la aparición de los nombres de los empleados del registro en las licencias matrimoniales, pero este mismo gobernador también firmaba el mes de marzo una ley que legalizaba la discriminación a cualquier miembro del colectivo LGBT en el ámbito escolar, abonando de alguna manera comportamientos como los de Davis y Nance.

Fuente Universogay

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El Tribunal Constitucional, renovado parcialmente tras el reciente acuerdo entre PP y PSOE, ha elegido nuevo presidente. No se trata de una figura simbólica: entre otras prerrogativas propias del cargo, el voto de calidad del presidente es el que decide en caso de empate. Es, por tanto, una elección muy importante. Y la persona elegida, gracias a la mayoría de la que gozan en el alto tribunal los afines al PP, ha sido Juan José González Rivas, uno de los magistrados que votó en contra del derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio y adoptar hijos.

Juan José González Rivas, magistrado del Tribunal Supremo y de perfil conservador, es miembro del Tribunal Constitucional desde julio del año 2012, cuando fue elegido por el Congreso de los Diputados a propuesta del PP (también en virtud de un acuerdo entre PP y PSOE para repartir los puestos entonces vacantes, como ha sucedido ahora). Recién llegado al Constitucional, González Rivas participó en las deliberaciones sobre el recurso del PP contra el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, y de hecho fue uno de los tres miembros que entonces se opusieron a su constitucionalidad, junto a Ramón Rodríguez Arribas (que dejó el Constitucional en 2013) y Andrés Ollero. Este último, que fue diputado del PP y es miembro del Opus Dei, era de hecho el que hasta hace pocos días sonaba como probable nuevo presidente, cargo que finalmente ha recaído en González Rivas.

Sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, González Rivas expresó, en su voto particular, que “la unión entre personas del mismo sexo como matrimonio, desnaturaliza, en mi opinión, la esencia de la institución”. El ahora presidente del Constitucional se remontó además a un auto de 1984 del alto tribunal para afirmar que “las relaciones homosexuales no son equiparables con las relaciones heterosexuales entre personas de sexo distinto”. 

Por lo que se refiere a la adopción homoparental, González Rivas aseguró que de los artículos 32 y 39 de la Constitución “se infiere la imposibilidad de desarrollar una relación de filiación adoptiva por dos adoptantes del mismo sexo” (a pesar de que ninguno de los dos artículos, uno el referido al matrimonio y otro a los deberes de los padres respecto a los hijos y a la protección que estos merecen hacen referencia alguna a dicha circunstancia), defendió que no es discriminatorio negar la adopción a las parejas del mismo sexo y afirmó, para finalizar, que permitir la filiación por adopción efectuada por adoptantes del mismo sexo “atenta al prevalente interés del menor”.

Si quieres verlo por ti mismo, puedes acceder a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el matrimonio igualitario y leer los votos discrepantes en este enlace. El voto de González Rivas es, de hecho, el que cierra el texto.

Opuesto a las pensiones de viudedad en parejas del mismo sexo

González Rivas no solo se ha opuesto, como miembro del Tribunal Constitucional, al matrimonio igualitario y la adopción homoparental. También lo ha hecho, y de forma reiterada, a que las parejas del mismo sexo que en su momento no pudieron contraer matrimonio por tenerlo prohibido puedan acceder a la pensión de viudedad. Un derecho que la mayoría conservadora de la que goza el Tribunal Constitucional ha negado sistemáticamente en los últimos años.

Una mayoría, recordemos, que sigue sólida como una roca tras el reciente acuerdo entre PP y PSOE para repartirse al 50% los cuatro puestos del alto tribunal que tocaba renovar por parte del Senado, de forma que no se ha visto alterada su composición ideológica, ya claramente escorada hacia la derecha. Y que ha permitido a González Rivas acceder a la presidencia, por ocho votos a favor (los de los siete miembros propuestos por el PP y el de Encarnación Roca, propuesta en su día por el PSOE pero frecuentemente alineada con el sector conservador) y cuatro abstenciones. Un mandato que mantendrá durante tres años, transcurridos los cuales puede optar a otra renovación más. Como vicepresidenta ha sido elegida Encarnación Roca, con los mismos votos.

La actual composición del Constitucional se mantendrá hasta julio de 2021, cuanto haya que renovar a los cuatro miembros que elige el Congreso. Unos años durante los cuales no es descartable que el alto tribunal se tenga que pronunciar sobre leyes que afectan directamente a los derechos de las personas LGTB. De ahí la importancia, no solo de su composición ideológica, sino de la persona que ocupa la presidencia, encargado de deshacer posibles empates.

No podemos, por tanto, sino expresar nuestra preocupación por el nombramiento de González Rivas, un nuevo ejemplo de que pese a los cambios políticos operados en España en los últimos años las más altas instituciones del Estado siguen férreamente controladas por los más conservadores.

Fuente Dosmanzanas

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Importantísima sentencia la del tribunal de menores de Florencia, que por primera vez en la historia de Italia reconoce como padres adoptivos de dos niños a una pareja de hombres. La sentencia supone un hito en la lucha por los derechos de las familias homoparentales en el país transalpino, que solo recientemente ha reconocido las uniones civiles entre personas del mismo sexo pero negándoles sus derechos de parentalidad. Aún así, sentencia a sentencia, los tribunales italianos consolidan poco a poco por vía judicial lo que su clase política se ha negado a reconocer por vía legislativa.

La sentencia de Florencia es especialmente relevante, en tanto que por primera vez reconoce como plenamente válida en Italia una adopción “pura y dura” por una pareja del mismo sexo. No se trata del reconocimiento de derechos de parentalidad de uno de los miembros de la pareja sobre los hijos biológicos del otro, ni de hijos nacidos recurriendo procedimientos de reproducción asistida, ni del reconocimiento de filiación en un caso de gestación subrogada. Se trata de una pareja de ciudadanos italianos que tras años de residencia en Reino Unido adoptaron a dos niños (hermanos). Posteriormente han solicitado que dicha adopción sea reconocida en su propio país, de acuerdo a lo que establece la legislación italiana de adopción (ley 184/83, y en concreto su artículo 36.4) y el Convenio de mayo de 1993 relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional, del que Italia es país signatario.

Dado que la pareja cumplía los requisitos establecidos para ver reconocida la adopción concedida, en este caso, por el Reino Unido, el tribunal ha fallado a su favor. En cualquier caso, por sí quedaba alguna duda por el hecho de tratarse de una pareja del mismo sexo, la sentencia hace además alusión a la ya abundante jurisprudencia generada por los tribunales italianos reconociendo derechos de parentalidad a parejas del mismo sexo. Si lo deseas puedes descargar el PDF de la sentencia en la web de Rete Lenford, colectivo de abogados LGTB que ha asesorado a la pareja y que acumula ya varios éxitos en la defensa de los derechos de las familias homoparentales.

Italia: la justicia, por un lado; la política, por otro

Es importante insistir en ello: tanto las parejas del mismo sexo como las familias homoparentales siguen luchando en los tribunales italianos para ver reconocidos sus derechos. Aunque el Parlamento italiano aprobó en mayo de 2016 una ley de uniones civiles (la opción del matrimonio igualitario ni siquiera se llegó a plantear), se trata de una norma que quedó sensiblemente descafeinada durante su tramitación y que no reconoce los derechos de homoparentalidad. El entonces primer ministro, Matteo Renzi, cedió ante la presión de los homófobos (incluyendo entre ellos a parte de su propio partido) y aceptó modificar el proyecto inicial retirando la posibilidad de que en el seno de una pareja del mismo sexo uno de los miembros de la pareja pudiese adoptar a los hijos biológicos del otro (la llamada stepchild adoption, única posibilidad que llegó a estar sobre la mesa) y modificando aspectos simbólicos para acentuar las diferencias entre uniones civiles y matrimonio.

Por fortuna la justicia de Italia es bastante más respetuosa hacia los derechos de las personas LGTB que su clase política, y sentencia tras sentencia viene dándoles la razón. Hace poco más de un mes, por ejemplo, recogíamos como la Corte de Casación (institución que en Italia ejerce las funciones de tribunal supremo), rechazaba de forma inapelable el recurso de un Ayuntamiento contra la inscripción de un matrimonio de dos mujeres celebrado en Francia. Por lo que se refiere a la homoparentalidad, hace un año un tribunal de menores de Roma ya reconocía los derechos de parentalidad de una pareja gay que tuvo a su hijo mediante gestación subrogada en Canadá. Y ya antes otros tribunales habían reconocido en varios casos la stepchild adoption y situaciones equiparables.

Uno de los casos, especialmente significativo, fue el de una pareja de mujeres, una española y otra italiana, casadas (y luego divorciadas) en España, y que tuvieron a su hijo mediante reproducción asistida en Barcelona. Tras serles reconocidos los derechos de parentalidad en Italia por un tribunal de Turín, la Corte de Casación los confirmaba de forma definitiva el pasado mes de septiembre, en una de las sentencias que ahora precisamente ha utilizado el tribunal de menores de Florencia en su argumentación.

Fuente Dosmanzanas

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Aún quedan seis meses para los comicios, pero en Alemania ya se respira un ambiente preelectoral. Los dos principales partidos, la CDU de la canciller Angela Merkel y el SPD de Martin Schulz, empiezan a mostrar sus planes para el último tramo de la legislatura y sus propuestas electorales. Con respecto a los derechos LGTB, pocas novedades: los democristianos de Merkel rechazan cualquier avance y los socialdemócratas no se comprometen, por el momento, a exigir la igualdad matrimonial como condición para una futura coalición de Gobierno.

Alemania se prepara para las elecciones generales que se celebrarán el próximo mes de septiembre y en las que se decidirá si Angela Merkel obtiene un cuarto mandato como canciller o se forja una coalición alternativa. El anuncio en enero de la candidatura del socialdemócrata Martin Schulz, expresidente del Parlamento Europeo, ha dado un impulso al SPD en las encuestas, hasta colocarse en empate técnico con la CDU/CSU de Merkel. Paralelamente, la derecha extrema de Alternativa para Alemania (AfD) experimenta una leve bajada, aunque se mantiene en la tercera posición según los sondeos.

En el ámbito LGTB no se esperan grandes avances de aquí a septiembre. El partido de la canciller se reafirma en su inmovilismo. El vicepresidente de la CDU Armin Laschet se ha expresado acerca de la adopción homoparental aludiendo al “bienestar de los niños” frente a los “intereses de las parejas”. Con respecto a la apertura del matrimonio, Laschet recurría de nuevo a la excusa de que sería necesaria una reforma constitucional. Un argumento falso, ya que la ley fundamental alemana ordena la “protección especial del matrimonio y la familia”, pero no establece una definición excluyente de ambas instituciones.

También el líder del grupo parlamentario de la CDU/CSU, Volker Kauder, ha rechazado recientemente la apertura completa de la adopción homoparental y ha criticado la educación en la diversidad afectivo-sexual. Este es precisamente uno de los temas que ha utilizado la AfD para movilizar al electorado más ultramontano. Kauder es uno de los oponentes a los derechos LGTB más activos de la CDU y ya antes de las anteriores elecciones de 2013 prometía que, con un Gobierno de Merkel, no se aprobaría el matrimonio igualitario ni la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

Poco antes de que acabe la legislatura, su promesa se está cumpliendo, gracias en parte a la pasividad del SPD. Los socialdemócratas, que en la gran coalición controlan entre otras carteras el ministerio de Justicia, han defraudado a la comunidad LGTB tras prometer la “igualdad al 100%” durante la campaña electoral. Escudándose en su acuerdo de coalición con la CDU/CSU, que apenas contemplaba medidas para la comunidad LGTB, los diputados del SPD han votado en contra de las propuestas de la oposición en este ámbito. El Gobierno solo ha transigido en indemnizar a las víctimas de la legislación homófoba.

El propio ministro de Justicia Heiko Maas reconocía a mediados de la legislatura que aprobar el matrimonio igualitario en la gran coalición sería “difícil”. Asimismo, en una entrevista reciente, el diputado socialdemócrata abiertamente gay Jens Spahn confiaba en que la igualdad matrimonial fuera una realidad “en esta década”, abandonando prácticamente la posibilidad de alcanzarla antes de las próximas elecciones. La gran incógnita es la posición de Martin Schulz, expresidente del Parlamento Europeo y candidato a canciller. Schulz, que ha impulsado al SPD a cifras de intención de voto muy superiores a las de años anteriores, se mostraba partidario en 2014 de restringir la ayuda al desarrollo a los países que aprobaran leyes homófobas. Pero los socialdemócratas no han respondido todavía a la pregunta clave de si la apertura del matrimonio igualitario en Alemania será una condición sine qua non para participar en una coalición de Gobierno tras las próximas elecciones.

Fuente Dosmanzanas

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Este viernes ha entrado en vigor en Eslovenia la ley de uniones civiles, que concede a las parejas del mismo sexo todos los derechos asociados al matrimonio salvo los referidos a la homoparentalidad (la capacidad de adoptar hijos o de recurrir a técnicas de reproducción asistida). El primer artículo de la ley, de hecho, enuncia de forma explícita que la unión entre personas del mismo sexo “no es un matrimonio”. Con la aprobación hace varios meses de esta ley la clase política esolovena buscaba resarcir, de alguna manera, al colectivo LGTB después de que un referéndum promovido desde sectores católicos anulase la ley de matrimonio igualitario que previamente su Parlamento había aprobado. 

El peso del catolicismo en Eslovenia ha acabado obligando a este país a desandar lo andado. Ya en 2014 el Gobierno esloeno presentó un nuevo proyecto de uniones civiles abierto a las parejas del mismo sexo análogo al ahora aprobado (también otorgaba los mismos derechos que el matrimonio, exceptuando la adopción y el acceso a la reproducción asistida). La iniciativa quedó en suspenso debido a unas elecciones anticipadas. El Gobierno entrante, finalmente, decidió aparcar el proyecto de ley y apostar por la igualdad jurídica plena. La ley de matrimonio igualitario era finalmente aprobada en marzo de 2015. Sin embargo, a instancia de grupos contrarios a los derechos LGTB, el Parlamento esloveno se vio obligado a fijar para diciembre de 2015 la convocatoria de un referéndum para derogarla. A pesar de que la ley fue respaldada por una amplísima mayoría de los representantes políticos (51 votos favorables frente a 28 en contra), sus detractores lograron reunir las firmas suficientes para obligar a convocar una consulta popular con el fin de invalidarla.

Aunque inicialmente el Parlamento denegó la posibilidad del plebiscito, el Tribunal Constitucional no consideró pertinente su negativa, por lo que finalmente tuvo lugar. En el referéndum, los votos contrarios a la ley superaron la mitad de los emitidos (llegaron al 63%) y el 20% del censo electoral esloveno, por lo que se cumplieron los requisitos legales para que la normativa fuera derogada. Imposible olvidar, por cierto, el papel que desempeñó el papa Francisco, que pocos días antes del referéndum quiso dar su apoyo expreso a los partidarios de prohibir el matrimonio igualitario y contribuir de esta forma a la victoria del bando homófobo.

El referéndum tenía una validez de un año, pero el Gobierno esloveno no quiso jugar más la carta de la igualdad plena, al menos por el momento, y decidió entonces dar su apoyo una ley de uniones presentada por el diputado Jani Möderndorfer, del socioliberal Partido Moderno del Centro (SMC). En marzo de 2016 recogíamos precisamente el apoyo expreso del primer ministro, Miro Cerar, al proyecto (Cerar es el lider del SMC, antes conocido de hecho como Partido de Miro Cerar). Finalmente fue aprobado el 21 de abril de 2016 por 54 votos a favor y 15 en contra. El 24 de mayo la ley era publicada oficialmente, y diez meses después, el 24 de febrero de 2017, ha entrado en vigor. De hecho ya para este sábado se esperaba la celebración de varios enlaces.

Numerosos medios tanto generalistas como LGTB han dado por hecho que Eslovenia se incorpora de esta forma al grupo de países que gozan de matrimonio igualitario. En modo alguno, sin embargo, puede considerarse así, dado que la ley aprobada lo que hace es crear una institución jurídica distinta a la del matrimonio, aunque le conceda parte de los derechos asociados a este. Así lo enuncia, de hecho, el artículo primero de la ley (a la que puedes acceder en este enlace). Es una situación distinta, por ejemplo, a la que en 2010 se produjo en Portugal, que sí aprobó la apertura del matrimonio civil a las parejas del mismo sexo, aunque les prohibiese inicialmente la adopción. La ley actualizaba la definición de matrimonio en el Código Civil, retirando el anacrónico “de sexo diferente” y permitiendo de esa forma que la misma institución jurídica pudiese ser utilizada por parejas del mismo o de distinto sexo, pero incluía una cláusula expresamente discriminatoria que impedía a los matrimonios del mismo sexo optar a la adopción. Una discriminación a la que se puso fin en 2016.

Intento (fracasado) de un nuevo referéndum

El que la ley de uniones civiles haya entrado en vigor no significa que los contrarios a los derechos LGTB no hayan intentado también promover un referéndum para impedirlo. En este caso, tanto el Parlamento esloveno como el Tribunal Constitucional denegaron el permiso para recoger las firmas necesarias, alegando que suponía una utilización abusiva de un mecanismo al que en Eslovenia es relativamente sencillo recurrir para bloquear leyes aprobadas por el Parlamento (bastan 40.000 firmas para solicitarlo, aunque los criterios para considerarlo aprobado sean más restrictivos).

En cualquier caso, felicitamos a Eslovenia por el avance respecto a la situación anterior, que la sitúa como uno de los paises del centro y este de Europa más avanzados en materia LGTB. Confiemos en que el paso del tiempo permita además que la discriminación acabe por desaparecer (el plebiscito que derogó el matrimonio igualitario tenía una validez de un año, plazo tras el cual el legislativo podría aprobar una nueva ley de matrimonio igualitario). Veremos si es así.

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Con el Frente Nacional en plena campaña de pinkwashing conservador, Le Pen presenta un documento con propuestas de gobierno que se cargan los derechos de las parejas homosexuales así, a la francesa.

Sin decirlo abiertamente, pero sin dejar lugar a dudas: la candidata del Frente Nacional (FN) a la presidencia de Francia, Marine Le Pen, quiere derogar el matrimonio igualitario. Así lo ha dejado escrito en un documento con 144 compromisos que pretende promover si gana las elecciones que se celebrarán entre abril y mayo de este año. La favorita en los sondeos para la primera ronda también mantendría la prohibición del acceso a los tratamientos de reproducción asistida a las mujeres solteras y a las parejas de lesbianas.

Que Le Pen va de la mano de los homófobos y los retrógrados de la Manif Pour Tous no es ninguna sorpresa. Pero hasta ahora ella, que presumiblemente se disputará la presidencia del país con Macron (el candidato al que la derecha acusa de tener un “affaire” gay), no había dicho nada concreto sobre si tenía pensado eliminar o no el matrimonio igualitario que se aprobó en Francia en 2013 bajo el gobierno socialista de Hollande, aunque sí lo hizo su sobrina Marion Maréchal-Le Pen.

El Frente Nacional, el partido de Le Pen, lleva un tiempo intentando hacer algo que, curiosamente, es lo mismo que lleva tiempo intentando hacer el PP en España: una campaña de pinkwashing de tomo y lomo. El partido ha rebajado sus ataques al colectivo LGTB e incluso ha utilizado el terrorismo islámico para crear miedo entre el colectivo por la homofobia de los extremistas. Por supuesto también tienen su ristra de gays conservadores (a lo Maroto) que se están encargando de decir todas esas cosas que suelen decir Maroto, Llopart y compañía.

Coomo se ve, la extrema derecha francesa se posiciona contra el mantenimiento de la igualdad en el acceso al matrimonio de cara a las próximas elecciones. Mantiene, eso sí, un perfil bajo: en el documento con 144 “compromisos presidenciales”, Le Pen no se atreve a hablar abiertamente de la derogación del matrimonio igualitario. Más claramente se expresa sobre la perpetuación de la exclusión de las mujeres solteras y las parejas de lesbianas a la reproducción asistida (PMA en sus siglas en francés). En el punto 87 de este programa resumido, la candidata escribe:

Frente a las presiones de autoridades supranacionales, mantener la prohibición de la gestación subrogada y reservar la reproducción asistida como respuesta a los problemas de esterilidad. Crear una unión civil (PACS mejorado) que reemplazará las disposiciones de la ley Taubira, sin efectos retroactivos.

Justo después la propuesta de Le Pen es la de crear una “unión civil” mejorada, que reemplazará a la ley Taubira (nombre con el que se conoce a la ley del matrimonio igualitario) y lo hará sin efectos retroactivos. Porque Le Pen tampoco quiere meterse ahora en el berenjenal de decirle a los gays y lesbianas que ya se hayan casado que ahora sus matrimonios no son válidos, pero sí que pretende impedir que las parejas homosexuales se sigan casando.

Es decir, Le Pen es partidaria de regresar a la situación previa a la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo en 2013, lo que ella llama “ley Taubira” por la entonces ministra de Justicia, Christiane Taubira. La medida regresiva no afectaría a los enlaces que hubieran tenido lugar durante el periodo de vigencia de la ley de matrimonio igualitario. La actualmente eurodiputada del FN propone una versión “mejorada” del Pacto Civil de Solidaridad, una ley limitada de parejas con derechos inferiores a los de las casadas que existe desde 1999. Para que pudiera poner en práctica este retroceso sin antecedentes en Europa, eso sí, Le Pen necesitaría reunir también una mayoría parlamentaria a su favor en las elecciones legislativas de junio.

Como en otras ocasiones hemos comentado, el Frente Nacional de Le Pen se cuidó mucho de no tener un gran protagonismo en las protestas contra el matrimonio igualitario, y nunca ha querido hacer de su oposición a los derechos LGTB un eje llamativo de su discurso. Y más que en el votante ultracatólico, Le Pen quiere cazar votos en el que tradicionalmente era el caladero de la izquierda, las clases obreras, azuzando para ello un discurso anti-Unión Europea, antiinmigración y a favor de un “proteccionismo inteligente”. Algo que explicaría su reticencia a hablar abiertamente de la derogación del matrimonio igualitario en el programa resumido que ha dado a conocer.

Esto haría que Francia diera un paso atrás en la igualdad ante la ley y se plantara justo antes de 2013, cuando las parejas del mismo sexo tenían permitido formar una unión civil, pero no un matrimonio (aquí lo importante no era sólo el nombre, eran también los derechos y obligaciones del mismo). Lo que no queda claro es exactamente qué mejoras quiere añadir a las uniones civiles, aunque huele a movimiento desesperado por equipararlas al matrimonio pero sin llamarlo matrimonio.

En cualquier caso, Le Pen es la segunda candidata que muestra su oposición a esta medida. Tras la nominación de François Fillon como candidato de la derecha de Los Republicanos, dos de los tres candidatos más probables a pasar a la segunda vuelta se han expresado contra la igualdad matrimonial. Fillon apuesta por una “reescritura de la ley Taubira” que eliminaría la posibilidad de adopción plena por parejas del mismo sexo. Al igual que Le Pen, se muestra a favor de perpetuar las actuales restricciones en el acceso a la PMA. La candidatura de Fillon, por fortuna para los derechos LGTB, ha perdido fuelle en las últimas semanas tras el estallido de varias controversias que implicarían un trato de favor a miembros de su familia.

Mientras que el candidato conservador pierde apoyos, el centrista Emmanuel Macron ha ido ganando posiciones y amenaza con desbancarlo de la segunda posición. El hasta ahora militante socialista y ministro de Economía entre 2014 y 2016 es sin duda el menos hostil a los derechos LGTB de los tres candidatos con posibilidades reales de llegar a la segunda vuelta. Como comentávbamos más arriba, su ascenso ha provocado una campaña de indisimulados tintes homófobos contra él, al que han acusado de ser el candidato del “lobby gay”.

Y así los gays y las lesbianas puedan pagar los mismos impuestos que los heterosexuales, pero no utilizar el mismo nombre para su “unión”. Cosa totalmente lógica y nada homófoba, claro.

La derecha de siempre.

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Nuevo respaldo de la justicia mexicana a las familias homoparentales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una nueva tesis de jurisprudencia constitucional que protege de forma explícita el derecho de las parejas del mismo sexo a la procreación, a la crianza de niños y niñas y al acceso a los procedimientos de reproducción asistida. La jurisprudencia es de aplicación obligatoria por los tribunales del país a partir de este lunes, 30 de enero de 2017.

Como viene sucediendo a lo largo de los últimos años, el más alto tribunal mexicano ha actuado de nuevo como garante máximo de los derechos LGTB en ese país. Lo hizo, por ejemplo, a la hora de reconocer la validez en todo el territorio mexicano de los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en Ciudad de México (primer lugar en aprobar el matrimonio igualitario por vía legislativa), o de reconocer la constitucionalidad de las adopciones por parejas del mismo sexo. Por no hablar de las numerosas decisiones en favor del matrimonio igualitario en diferentes estados, que culminaban en 2015 precisamente con otra tesis jurisprudencial que marca de forma expresa el criterio que debe seguir cualquier tribunal ante un amparo que interponga una pareja del mismo sexo a la que no se le permita casarse por residir en un estado cuyas leyes locales no contemplen el matrimonio igualitario. Aquella tesis expresaba que “no existe razón de índole constitucional para no reconocer” el matrimonio igualitario y cerraba definitivamente el camino a las legislaciones de “unión civil” similares en todo al matrimonio excepto por el nombre, al considerar que ello supone ya de por sí una discriminación.

En la misma línea, la nueva tesis jurisprudencial, emitida el pasado viernes 27 y cuya validez es plena desde este lunes 30, se refiere y protege de forma general el derecho de las parejas del mismo sexo a conformar familias. Por su brevedad, la reproducimos en su integridad:

A partir de las consideraciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la similitud entre las parejas homosexuales y heterosexuales en cuanto a su capacidad de desarrollar una vida familiar, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación entiende que la vida familiar entre personas del mismo sexo no se limita únicamente a la vida en pareja, sino que puede extenderse a la procreación y a la crianza de niños y niñas según la decisión de los padres. Así, existen parejas del mismo sexo que hacen vida familiar con niños y niñas procreados y adoptados por alguno de ellos, o parejas que utilizan los medios derivados de los avances científicos para procrear.

La tesis jurisprudencial se genera después de que se hayan acumulado diversas resoluciones de amparo en el mismo sentido, y a partir de ahora pasa a ser de cumplimiento obligatorio por los tribunales mexicanos.

Es muy destacable, a nuestro juicio, que la tesis se refiera expresamente al derecho de las parejas del mismo sexo a conformar familias ya sea con niños procreados por alguno de sus miembros, adoptados o mediante la utilización de los “medios derivados de los avances científicos para procrear” en lo que supone, sin duda, un espaldarazo jurídico a la utilización de los procedimientos de reproducción asistida por parejas del mismo sexo. Sin duda, una buena noticia.

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Según una encuesta realizada por Cadem (empresa demoscópica y de investigación de mercado), más de la mitad de la ciudadanía de Chile es partidaria de la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo. En cambio, los partidarios de la adopción por familias homoparentales se sitúan en el 45% de la población. Desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), en todo caso, señalan que “en materia de derechos humanos los Estados no pueden moverse por encuestas, sino por convicciones”.

Hace solo unos días nos hacíamos eco de la histórica ceremonia que tuvo lugar en Santiago de Chile para dar un impulso al acuerdo sobre el matrimonio igualitario logrado entre el Estado de Chile y el MOVILH con la medicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En dicho acto, la presidenta del país, Michelle Bachelet aseguraba que “nos comprometemos como Estado a impulsar una discusión pública, participativa y abierta que permita al país generar un proyecto satisfactorio de matrimonio igualitario, reconociendo a todas las personas los mismos derechos”.

En este sentido, la publicación de la encuesta de Cadem supone un espaldarazo para que los poderes públicos aprueben cuanto antes el matrimonio entre personas del mismo sexo. La nada desdeñable cifra del 64% de los chilenos está a favor de la igualdad en esta institución. Y, aunque los apoyos a la adopción homoparental se sitúan en el 45%, los representantes del MOVILH consideran que “en materia de derechos humanos los Estados no pueden moverse por las encuestas sino por convicciones. La igualdad ante la ley es un derecho humano universal, que el Estado debiese fomentar, por ejemplo a través de la aprobación del matrimonio igualitario, marquen lo que marquen las encuestas. Con el Acuerdo por la Igualdad, hemos dado un paso al respecto”.

Los más reacios al matrimonio igualitario, tal y como se desprende de la citada encuesta, son los evangélicos: con un 41% a favor y un 28% en contra. Entre los católicos, los partidarios ascienden al 66%. Aunque son los chilenos que se declaran como agnósticos o ateos los que de forma más mayoritaria apoyan el matrimonio entre personas del mismo sexo: concretamente, un 71% de ellos.

Por lo que respecta a las franjas ideológicas, no sorprende que el segmento más favorable sea, con un 72%, el de centro-izquierda. Le siguen el centro (71%) y los que se califican como independientes (64%). Y aunque los votantes conservadores son los que manifiestan más reservas, lo cierto es que la mayoría de ellos (un 55%) está de acuerdo con el matrimonio igualitario.

El apoyo al matrimonio subió ocho puntos porcentuales en relación a agosto del 2016 y 14 puntos más respecto a febrero del 2014, la primera vez que Cadem consultó al respecto. En tanto, la adhesión a la adopción homoparental incrementó en 4 puntos al compararse con agosto del 2016 y en 8 puntos más en relación a febrero del 2014.

Según ha recordado el MOVILH, el apoyo al matrimonio subió ocho puntos porcentuales en relación a agosto del 2016 y 14 puntos más respecto a febrero del 2014, la primera vez que Cadem consultó al respecto. En tanto, la adhesión a la adopción homoparental incrementó en 4 puntos al compararse con agosto del 2016 y en 8 puntos más en relación a febrero del 2014.

Fuente MOVILH

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Bachelet se compromete a aprobar el matrimonio homosexual en Chile en el primer semestre de 2017

A la ceremonia asistieron representantes de los tres poderes del Estado, así como del Tribunal Constitucional, del mundo diplomático y de la sociedad civil. El acto se enmarcó el “Acuerdo por la Igualdad” que el Estado firmó con el Movilh, gracias a la mediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Nos comprometemos como Estado a impulsar una discusión pública, participativa y abierta que permita al país generar un proyecto satisfactorio de matrimonio igualitario, reconociendo a todas las personas los mismos derechos”, ha anunciado la mandataria.

Histórica ceremonia la que tuvo lugar este viernes en Santiago de Chile para dar un impulso al acuerdo sobre el matrimonio igualitario logrado entre el Estado de Chile y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) con la medicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la que el MOVILH había denunciado la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio. El acto tuvo lugar en el Palacio de La Moneda con la presencia de todos los poderes del Estado chileno, entre ellos la presidenta Michelle Bachelet.

Como en su momento recogimos, el Estado chileno y el MOVILH alcanzaron hace meses una solución amistosa a la demanda que este colectivo había interpuesto ante la CIDH por la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio una vez que había agotado la vía judicial dentro del país (puedes descargar el histórico acuerdo aquí). De desarrollarse todos los puntos contemplados en dicho acuerdo, Chile, que ya ha dado algunos pasos importantes (como la aprobación de las uniones civiles) pasaría a situarse en primera línea del reconocimiento jurídico de los derechos LGTB. Implicaría aceptar el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y los derechos plenos de parentalidad (que a día de hoy tienen que ser reclamados ante los tribunales), pero también la aprobación de una ley de identidad de género (que permita a las personas trans modificar su sexo legal mediante un simple trámite administrativo), un refuerzo de la legislación antidiscriminatoria ya vigente en Chile (la conocida como “ley Zamudio”) y medidas en el ámbito educativo.

En aquel momento se desató el optimismo entre el colectivo LGTB, pero a lo largo de los últimos meses lo cierto es que las dificultades han aflorado y el proceso se ha ralentizado. Una importante dificultad la constituye la necesaria complicidad del Congreso, cuya composición permite tener esperanzas pero no asegura la aprobación de estas reformas sin dificultades. En este sentido, la inclusión de la adopción homoparental se prevé uno de los puntos calientes de la discusión. La principal oposición, previsiblemente, vendrá de la UDI (Unión Demócrata Independiente), principal partido de la derecha chilena, algunos de cuyos diputados ya anunciaron la posible presentación de una propuesta de reforma la Constitución de Chile para prohibir expresamente el matrimonio igualitario. También es previsible una fuerte oposición desde ámbitos religiosos, tanto la Iglesia católica como desde las pujantes iglesias evangélicas.

De ahí la importancia de un acto como el celebrado este viernes, que supone sin duda un importante impulso político a la implementación del acuerdo. La ceremonia, que tuvo lugar en el Palacio de La Moneda, se abrió con un discurso de Heraldo Muñoz, ministro chileno de Relaciones Exteriores, que hizo un resumen de los variados puntos del acuerdo, los cuales incorporan variadas medidas, no sólo el matrimonio igualitario. Así, el canciller relató que la iniciativa contempla reformas a la Ley Antidiscriminatoria, a la Unión Civil para reconocer derechos de paternidad y maternidad a las parejas del mismo sexo, a la Ley de Adopciones (para posibilitar la adopción a los convivientes civiles), así como la aprobación de la Ley de Identidad de Género, la derogación de normas homofóbicas del Código Penal y la eliminación de las facultades que se entrega a las iglesias para decidir quienes pueden impartir clases de religión en establecimientos laicos.

También contempla la inclusión de la temática de la diversidad sexual y de género en todo el sistema educacional, partiendo desde la etapa preescolar, así como la incorporación de los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales en todas las políticas del Ministerio de la Salud y del Ministerio de la Mujer y de Género, entre otros puntos.

Muñoz dio luego paso a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. “Nos reunimos para dar cumplimiento al acuerdo de solución amistosa que suscribimos con el MOVILH, pero al mismo tiempo para dar inicio como establecimos al proceso de difusión pública sobre matrimonio igualitario. Proceso al que está llamado a sumarse la sociedad civil, así como todos los poderes del Estado”, explicó Bachelet. Añadió que “Chile reconoce formalmente la necesidad que tenemos como país de seguir perfeccionando las bases institucionales y nuestras normativas para evitar todo tipo de discriminación de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales”. En ese sentido, añadió, “Nos comprometemos como Estado a impulsar una discusión pública, participativa y abierta que permita al país generar un proyecto satisfactorio de matrimonio igualitario, reconociendo a todas las personas los mismos derechos”, añadió. “Estamos avanzando paso a paso, a veces más lento de lo que nos gustaría, pero el destino es claro y nuestras convicciones firmes”, finalizó la presidenta chilena en medio de contundentes aplausos y muestras de agradecimiento de todos los presentes. Conviene recordar, en este punto, que al margen de la vía judicial Bachelet ya prometió en marzo de 2013 que en caso de ser elegida presidenta abriría el proceso de discusión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.

A la ceremonia asistieron, ente otras personalidades, el relator de la CIDH, Enrique Gil Botero, así como los ministros de Educación, de la Mujer y la Equidad de Género, de Justicia o de la Secretaria General del Gobierno. También estuvieron presentes los presidentes de la Cámara de Diputados y del Tribunal Constitucional, además de representantes diplomáticos de diversos países europeos, como Holanda, Noruega o la propia España. También hubo presencia de otros colectivos LGTB distintos al MOVILH y de la Comunidad Judía de Chile, con la que el colectivo LGTB lleva tiempo trabajando codo con codo para mejorar la legislación antidiscriminatoria y contra los delitos de odio. Una presencia especialmente destacada fue la de Stephane Abran y Jorge Monardes, una de las tres parejas a las cuales la negativa a reconocer su matrimonio (celebrado en su caso en Canadá) dio origen a la demanda del MOVILH ante la CIDH.

Para Rolando Jiménez, representante del MOVILH, “Este acto sin precedentes para promover el matrimonio igualitario marca una nueva etapa en la lucha por esta ley, pero sobre todo, para avanzar hacia la implementación de todas las políticas públicas y leyes demandadas por la diversidad sexual y de género y que son parte del Acuerdo por la Igualdad. Valoramos profundamente esta señal de la presidente Bachelet”. El Acuerdo por la Igualdad, que así lo hemos llamado en tanto el matrimonio es solo uno de sus puntos, no deja dudas además respecto a que Chile debe avanzar en la adopción, crianza y adopción por parte de parejas del mismo sexo, aspectos que están señalados expresamente en el texto, y que esperamos se traduzcan lo antes posible en leyes”. “Este día es solo al comparable a cuando legalizamos la homosexualidad o aprobamos la unión civil, pues todas las deudas con la diversidad sexual y de género se asumen como un compromiso de Estado, sea quien sea quien gobierne”,  indicó el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

“Al fundarnos en 1991, nunca pensamos que llegaríamos a este momento que marca un antes y un después para los derechos de la diversidad sexual en Chile y en el sistema interamericano. Estamos felices, porque se mejorará la calidad de vida de las personas LGBTI”, dijo el Movilh. “Nuestros agradecimientos para todas y cada una de las personas e instituciones que colaboraron e hicieron posible esta travesía, antes llamada locura, hoy convertida en realidad”, finalizó la organización.

Os dejamos con los discursos de Heraldo Muñoz y de la presidenta Bachelet:

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