“Los puertorriqueños no somos ciudadanos de segunda categoría”, han expresado durante la concentración ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos en favor del reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo.

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Más de sesenta parejas del mismo sexo se casaron o renovaron votos nupciales este domingo en el Viejo San Juan, centro histórico de la capital de Puerto Rico. La multitudinaria boda, en la que participaron contrayentes de muy diferentes orígenes y que fue oficiada por ministros de varias confesiones religiosas, supone un hito de visibilidad LGTB en el país y un rayo de esperanza para el Caribe.

Ya en julio nos hacíamos eco de la celebración de las primeras bodas en Puerto Rico, menos de un mes después de la histórica sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que consideró inconstitucional prohibir el matrimonio igualitario. Pero la de este domingo ha sido sin duda hasta ahora la más significativa. Y es entre las más de sesenta parejas que contrajeron matrimonio (algunas de ellas renovaron votos, porque ya estaban casadas) hubo ciudadanos cubanos, chinos, dominicanos o haitianos. Cada pareja pudo escoger además un oficiante religioso, y de hecho hubo representantes de varias confesiones, incluidas la musulmana y la budista.

La boda tuvo lugar en el Paseo de la Princesa, uno de los rincones emblemáticos del Viejo San Juan, bajo una lluvia que nunca cesó y que de hecho fue saludada como un buen augurio por los asistentes, especialmente si se tiene en cuenta que Puerto Rico se enfrenta a un período de sequía. “¡Hoy el cielo llora de felicidad!”, comentó la abogada y presidenta de la Fundación de Derechos Humanos de Puerto Rico, Ada Conde, una de las organizadoras del evento. Conde formó parte del grupo de activistas que demandaron a Puerto Rico ante la justicia federal (en su caso, por negarse a reconocer su matrimonio con Ivonne Álvarez, celebrado en el estado de Massachussetts en 2004).

A continuación insertamos un emotivo vídeo realizado por el diario puertorriqueño El Nuevo Día, que muestra diversas imágenes del acto. La alegría que traslucen es indudable:

Una historia judicial complicada

No ha sido fácil llegar hasta aquí. Como en otros territorios vinculados a la jurisdicción del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la historia del matrimonio igualitario en Puerto Rico no se puede desligar del ámbito judicial. En octubre del año pasado, y en sentido contrario a la de la inmensa mayoría de sus colegas de los Estados Unidos, el juez federal puertorriqueño Juan M. Pérez-Giménez dictaminaba que la ley que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo en Puerto Rico era constitucional. Los demandantes recurrieron ante la Corte federal de Apelaciones del 1er. Circuito, bajo cuya jurisdicción se encuentra la isla (una de las que no había tenido oportunidad de dirimir sobre la cuestión, porque en el resto de los estados que comparten jurisdicción ya estaba vigente sin que se plantearan desafíos ante la justicia federal).

La Corte de Apelaciones denegó sin embargo en abril la solicitud para fijar la fecha de presentación de los argumentos orales, retrasando en la práctica la decisión hasta que el Supremo se pronunciase. Tras la sentencia del Supremo, un panel de tres jueces de la Corte confirmaba el 8 de julio por unanimidad que la prohibición del matrimonio igualitario en Puerto Rico atenta contra la Constitución de los Estados Unidos, y el gobernador Alejandro García Padilla ordenaba a la administración pública del estado hacer los trámites necesarios para poner a disposición de las parejas del mismo sexo licencias matrimoniales a partir del 13 de julio (aquí puedes ver el formulario, que simplemente habla de “contrayente A” y “contrayente B”).

Hubo una última escaramuza por parte de los sectores homófobos de la isla antes de aceptar su derrota. Cuatro representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), formación conservadora que curiosamente defiende la plena anexión de Puerto Rico a Estados Unidos, solicitaron al Tribunal Supremo de Puerto Rico que frenase la aplicación en la isla de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos así como la orden ejecutiva emitida por el gobernador. El Supremo de Puerto Rico rechazó sin embargo la solicitud, y los legisladores del PNP decidían finalmente acatar la decisión y retirar la demanda que además habían interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, antes de que fuera el propio Departamento de Justicia de Puerto Rico el que solicitase su desestimación. El matrimonio igualitario ya era una realidad en el Caribe.

Fuente Dosmanzanas

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Las bodas entre personas del mismo sexo llegan a Puerto Rico, menos de un mes después de la histórica sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos (con jurisdicción sobre el estado libre asociado) que consideró inconstitucional prohibir el matrimonio igualitario. Una de las primeras bodas ha sido de hecho la celebrada entre Yolanda Arroyo y Zulma Oliveras, una de las parejas que en su momento recurrieron ante la justicia federal para ver reconocido su derecho a casarse.

Y es que, como en otros territorios vinculados a la jurisdicción del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la historia del matrimonio igualitario en Puerto Rico no se puede desligar del ámbito judicial. En octubre del año pasado, y en sentido contrario a la de la inmensa mayoría de sus colegas de los Estados Unidos, el juez federal puertorriqueño Juan M. Pérez-Giménez dictaminaba que la ley que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo en Puerto Rico era constitucional. Los demandantes recurrieron ante la Corte federal de Apelaciones del 1er. Circuito, bajo cuya jurisdicción se encuentra Puerto Rico.

La Corte de Apelaciones denegó sin embargo en abril la solicitud para fijar la fecha de presentación de los argumentos orales, estableciendo que en el plazo de 14 días desde la decisión del Tribunal Supremo las partes debían presentar sus propuestas de calendario para los procedimientos pendientes. En definitiva, se retrasaba la decisión hasta que el Supremo se pronunciase unas pocas semanas después. Conviene tener en cuenta que la Corte de Apelaciones del 1er. Circuito era una de las que no había tenido oportunidad de dirimir sobre la cuestión del matrimonio igualitario, porque en el resto de los estados de su jurisdicción (Maine, Massachusetts, New Hampshire y Rhode Island) este ya está vigente por decisión de sus Cortes Supremas, sus legislaturas estatales o incluso –en el caso de Maine– mediante referéndum.

Tras la sentencia del Tribunal Supremo, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 1er. Circuito confirmaba el pasado 8 de julio por unanimidad que la prohibición del matrimonio igualitario en Puerto Rico atenta contra la Constitución de los Estados Unidos, y el gobernador Alejandro García Padilla ordenaba a la administración pública de Puerto Rico hacer los trámites necesarios para poner a disposición de las parejas del mismo sexo licencias matrimoniales a partir del 13 de julio (aquí puedes ver el formulario ya disponible, que simplemente habla de “contrayente A” y “contrayente B”).¨

Fracasó el  intento de un grupo de políticos de detener las bodas

Sin embargo la batalla judicial se prolongaba: cuatro representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), formación de corte conservadora que curiosamente defiende la plena anexión de Puerto Rico a Estados Unidos como un estado más de la unión, solicitaron al Tribunal Supremo de Puerto Rico que frenase la aplicación en la isla de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos así como la orden ejecutiva emitida por el gobernador. El Supremo de Puerto Rico rechazó sin embargo la solicitud el pasado jueves, y los legisladores del PNP decidían finalmente acatar la decisión y retirar la demanda que además habían interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, antes de que el propio Departamento de Justicia de Puerto Rico tuviera tiempo de solicitar su desestimación.

Poco ha importado este último intento desesperado de los homófobos de detener la aplicación de la sentencia del Supremo: lo cierto es que las bodas entre personas del mismo sexo ya han comenzado en Puerto Rico. La de Yolanda Arroyo y Zulma Oliveras ha sido la primera en trascender. Ha tenido lugar en Santurce, un barrio de San Juan. La madrina del enlace fue la abogada y presidenta de la Fundación de Derechos Humanos de Puerto Rico, Ada Conde, quien también ha formado parte del grupo de activistas que demandó a Puerto Rico ante la justicia federal (en su caso, por negarse a reconocer su matrimonio con Ivonne Álvarez, celebrado en el estado de Massachussetts en 2004).

¡Muchas felicidades a las recién casadas y a todas aquellas parejas de Puerto Rico que sigan sus pasos!

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“Concurrimos con la posición conjunta de las partes de que la prohibición (matrimonio mismo sexo) es inconstitucional”. Así se indica en la orden emitida por el panel de jueces Juan Torruella, William Kayatta y Rogeriee Thompson del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito que este miércoles publicó una sentencia en la que declara inconstitucional el artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico que no reconoce los matrimonios igualitarios.

Detrás de este avance está la activista LGBT Ada Conde, su esposa y otros demandantes, que acudieron ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito con sede en Boston después de que el juez de distrito Juan Pérez Giménez desestimara el pleito con perjuicio.

Tras aprobarse las bodas de personas homosexuales en Estados Unidos, el gobernador Alejandro García Padilla firmó una orden ejecutiva para que en Puerto Rico se pueda contraer matrimonio entre personas del mismo sexo a partir del 11 de julio. El primer ejecutivo estableció mediante la orden ejecutiva que se debe identificar y revisar todos los programas, estatutos, regulaciones y políticas de las agencias de forma tal que los derechos del matrimonio se apliquen uniformemente a todo matrimonio.

Fuente Ragap

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Activistas se manifiestas durante la celebración del Orgullo LGTB en San Juan de Puerto Rico (2013)

Tradicionalmente el Gobierno se ha opuesto a reconocer ese derecho y el gobernante Partido Popular Democrático (PPD) se ha posicionado en contra, pero el actual secretario de Justicia ha reconocido en una entrevista que se está barajando un cambio de postura.

El Gobierno de Puerto Rico se está replanteando su tradicional oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo, un asunto muy polémico en la isla y que se dirime estos meses en los tribunales de la Justicia federal.

En una entrevista, el secretario de Justicia, César Miranda, explicó que antes del viernes el Gobierno tiene que pronunciarse al respecto ante el Tribunal de Apelaciones de Boston (EE.UU.). Esa instancia judicial estudia el recurso interpuesto por cinco parejas homosexuales que reclaman a la Justicia que sus matrimonios contraídos en otros estados de EE.UU. sean reconocidos en Puerto Rico.

El pasado octubre la Justicia federal rechazó la demanda que estas parejas, encabezadas por la activista Ada Conde y su esposa, Ivonne Álvarez, buscando que se declarara inconstitucional el artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico, que establece el matrimonio como unión entre un hombre y una mujer.

“De la Constitución de Puerto Rico no emana el derecho al matrimonio del mismo sexo, por lo que el Estado Libre Asociado (de Puerto Rico) no está obligado a reconocer tales uniones”, dijo el juez federal Juan Pérez Giménez para argumentar su decisión. En su opinión, la política puertorriqueña en esta materia no deben decidirla los jueces, sino el poder legislativo de la isla, tras el debate entre la ciudadanía y sus representantes electos.

Dentro de este mismo partido, el legislador Luis Vega Ramos celebró que se “dé el paso de avanzada de reconocer la legitimidad de los matrimonios válidamente contraídos sin tomar en cuenta la identidad de género de sus partes”. “Con esa posición, Puerto Rico se pondría a la vanguardia en la defensa y afirmación de los derechos humanos”, afirmó en un comunicado el también presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes.

Incluso el presidente del Senado de Puerto Rico y miembro también del partido gobernante, Eduardo Bhatia, aplaudió la idea, después de haber anunciado la semana pasada junto a otros senadores que se uniría al pleito impulsado por Ana Conde y su esposa: “Yo estoy claro de cuál es la posición mía, firme y sólida desde hace tiempo: La Constitución de Puerto Rico reconoce que la ley está hecha para todos y todos somos iguales ante la ley y eso significa que no importa la orientación sexual“, dijo en declaraciones a la prensa.

La propia Ada Conde, que se casó con Ivonne Álvarez en el estado de Massachusetts hace más de una década, dijo a la emisora local Radio Isla que es “increíble” que Puerto Rico, que tiene “tantas disposiciones contra el ‘discrimen'” y una “Constitución tan avanzada”, aún no reconozca este tipo de enlaces.

El exgobernador de Puerto Rico Pedro Rosselló (1993-2000) firmó durante su mandato una ley que prohibía en la isla el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo contraídos en otras jurisdicciones de EE.UU. Sin embargo, en mayo de 2013 fueron aprobados en Puerto Rico los proyectos del Senado 238 y de la Cámara 488 que prohibían la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el escenario laboral. Además, incluían en la protección legal ante la violencia doméstica a cualquier persona, con independencia de su orientación sexual, identidad de género o estado civil.

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Ada Conde y Ivonne Alvarez durante su boda en Massachusetts en 2004

En Puerto Rico niegan matrimonio a cinco parejas del mismo sexo

“De la Constitución de Puerto Rico no emana el derecho al matrimonio del mismo sexo, por lo que el Estado Libre Asociado no está obligado a reconocer tales uniones”, dijo el juez al argumentar su decisión.

Un tribunal federal de Puerto Rico ha rechazado la demanda presentada por varias parejas homosexuales que reclamaban que sus matrimonios contraídos en otros estados de EE.UU. fueran reconocidos en Puerto Rico.

El juez Juan Pérez Giménez desestimó la demanda que inicialmente presentaron la activista Ada Conde y su esposa, Ivonne Álvarez, y a la que luego se sumaron otras parejas que buscaban que se declarara inconstitucional el artículo 68 del Código Civil de este Estado Libre Asociado, que establece el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer.

“De la Constitución de Puerto Rico no emana el derecho al matrimonio del mismo sexo, por lo que el Estado Libre Asociado no está obligado a reconocer tales uniones“, dijo el juez al argumentar su decisión.

En su opinión, la política puertorriqueña en cuanto a los matrimonios entre personas del mismo sexo no deben decidirla los jueces, sino el Poder Legislativo de la isla, tras el debate entre la ciudadanía y sus representantes electos.

Recientemente, la Justicia de Puerto Rico pidió a la federal que desestimara esta demanda interpuesta en marzo por Conde y Álvarez, que reclamaban que se reconociera en Puerto Rico como legal y legítimo su matrimonio, contraído en el estado de Massachusetts hace más de una década. Luego se sumaron más parejas.

El exgobernador de Puerto Rico, Pedro Rosselló, firmó durante su mandato una ley que prohibía en la isla el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo contraídos en otras jurisdicciones de EE.UU.

Sin embargo, en mayo de 2013 fueron aprobados en Puerto Rico los proyectos 238 del Senado y 488 de la Cámara que prohibían la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el escenario laboral.

Además, incluían en la protección legal ante la violencia doméstica a cualquier persona, con independencia de su orientación sexual, identidad de género o estado civil.

Fuente Cáscara Amarga

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Heterosexuales se manifiestan a favor del matrimonio igualitario en Puerto Rico

El activista de derechos humanos puertorriqueño, Francisco “El Jimagua” Cartagena Méndez, emplazó al gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, a ‘mover cielo y tierra’ para legalizar el matrimonio igualitario en la isla caribeña.

“Ya es tiempo de mover cielo y tierra para hacer una realidad la equidad en Puerto Rico. Es menester hacerle justicia a las miles de personas de las comunidades LGBTT, que desean casarse y tener todos los derechos constitucionales, jurídicos y legales”, sostuvo Cartagena mediante comunicación escrita.

Las expresiones del joven activista surgieron como consecuencia de la posición del Departamento de Justicia de Puerto Rico, quienes determinaron ‘carencia de legitimidad’ en el caso radicado por la licenciada Ada Conde en el Tribunal Federal, en el cual solicitaba que se legalizara en la isla su matrimonio con su pareja del mismo sexo.

“Siempre han impuesto la heterosexualidad contra otras orientaciones sexuales. Emplazamos al gobernador, Alejandro García Padilla, a encaminarse por el sendero de la equidad. Toda persona en Puerto Rico debe tener los mismos derechos, lo contrario es discrimen. Las personas LGBTT somos ciudadanos dignos, pagamos impuestos como todos, pero no tenemos todos los derechos” sostuvo.

A la comunidad LGBTT en Puerto Rico no se les reconoce ciertos derechos a los que que las personas heterosexuales si tienen acceso. Estos derechos van desde la adopción por parejas del mismo sexo, el matrimonio, y la ley de Herencia. Otro asunto es la discriminación laboral, así como el hecho que una persona homosexual no puede incluir a su pareja del mismo sexo en su plan médico, entre otros.

“El gobierno de Puerto Rico tiene el deber legal y moral de elidir para siempre la presión religiosa en torno asuntos legislativos que busquen otorgar derechos a aquellas personas que hoy son discriminadas. La democracia en Puerto Rico está incompleta, y nuestro país necesita lideres con la gallardía, el tesón y el compromiso de completar nuestra democracia desde la equidad”, concluyó Cartagena Méndez.

Fuente InOutPost

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Ada Conde e Ivonne Álvarez

Reclaman que sus matrimonios contraídos en otros estados sean reconocidos en la isla, algo que han criticado las organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad LGBT.

La Justicia de Puerto Rico ha pedido a la federal que desestime la demanda presentada por varias parejas homosexuales que reclaman que sus matrimonios contraídos en otros estados sean reconocidos en la isla, algo que criticaron hoy organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad LGBTT.

 “La solicitud que presentó el Estado Libre Asociado se concentra en la alegación de que los demandantes fallaron en demostrar un daño específico y por ende carecen de legitimidad para solicitar la inconstitucionalidad del Artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico“, ha aclarado el director ejecutivo de Populares LGBTT y Aliados, Ricardo Ramos. Sin embargo, defendió en un comunicado que “al escudarse en cuestiones procesales, el Estado perdió una oportunidad para posicionarse en el lado correcto de la historia”.

La demanda fue originalmente interpuesta por Ada Conde e Ivonne Álvarez en marzo pasado, reclamando que se reconozca en Puerto Rico como legal y legítimo su matrimonio, contraído en el estado de Massachusetts hace más de una década.

Luego se sumaron más parejas y Ramos instó ayer a que sean más las que se unan a este reclamo y lleven sus casos ante los tribunales, para seguir retando “la constitucionalidad de un artículo retrógrado y discriminatorio”.

El exgobernador de Puerto Rico Pedro Rosselló (1993-2000) firmó durante su mandato una ley que prohibía en la isla el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo contraídos en otras jurisdicciones de EE.UU.

Sin embargo, en mayo de 2013 fueron aprobados en Puerto Rico los proyectos del Senado 238 y de la Cámara 488 que prohibían la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el escenario laboral e incluían en la protección legal ante la violencia doméstica a cualquier persona, con independencia de su orientación sexual, identidad de género o estado civil.

“Esperamos que en un futuro, si se subsanan las alegadas carencias del presente caso o en el supuesto que se desestimara y otros casos llegaran al foro judicial, el Gobierno decida no defender lo indefendible”, defendió Ramos.

El Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) hizo también hoy un llamado público al secretario de Justicia, César Miranda, para que cumpla con el deber que le impone la Constitución y defienda los derechos humanos de las comunidades LGBTT.

“El matrimonio es una figura jurídica desde la cual se construyen un sinnúmero de derechos y beneficios a los cuales al día de hoy no tienen acceso las parejas del mismo sexo. En ese sentido, la legislación puertorriqueña es discriminatoria”, dijo su portavoz, Osvaldo Burgos Pérez.

A juicio de esta organización, “ya es hora de que el Gobierno asuma con valentía la defensa de la equidad y resista las presiones indebidas de sectores religiosos que por años se han opuesto a los derechos humanos de comunidades vulnerables como la LGBTT“. “Pedir la desestimación de la demanda sin entrar en los méritos legales para complacer a sectores fundamentalistas y, a la vez, evitar reconocer que el Estado discrimina a las comunidades LGBTT” es, para esta organización, “inaceptable y ofensivo”.

La pareja que inició esta demanda sostiene que a pesar de que la Corte Suprema de EE.UU. establece libertad para contraer matrimonio, Puerto Rico impone trabas que impiden casarse a personas del mismo sexo.

Fuente La Información

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El conocido activista puertorriqueño Pedro Julio Serrano pidió hoy que se respete el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo en la isla y reclamó apoyo para la pareja de mujeres que ha demandado a Puerto Rico por no reconocer su matrimonio.

Serrano, uno de los principales defensores de los derechos de los homosexuales en la isla, se dirigió en un comunicado al Ejecutivo y a la Procuraduría locales para pedir que se respete el matrimonio reconocido en EE.UU. de Ada Conde y Ivonne Álvarez, que se casaron hace una década en el estado de Massachusetts.

 “En primer lugar, quiero felicitar a las valientes amigas y activistas Ada Conde e Ivonne Alvarez por dar este histórico paso. Hace mucho sentido que siendo la primera pareja puertorriqueña en casarse en Massachusetts -el primer estado donde se legalizó ese derecho- el primer pleito de esta clase lo radiquen ellas”, dijo Serrano.

El portavoz de la organización Puerto Rico Para Tod@s hizo un llamado al gobernador Alejandro García Padilla, su secretario de Justicia, César Miranda, y a la procuradora general, Margarita Mercado, para que no defiendan el que denominó “injusto estado de Derecho que impide a parejas del mismo sexo casadas en otras jurisdicciones gozar de los beneficios en la isla que trae consigo el matrimonio”. “Invito al gobernador y su Gabinete a aprovechar esta demanda para estar en el lado correcto de la historia. Tengan presente que, en poco tiempo, los tribunales federales de Texas, Utah, Kentucky, Virginia y Michigan han resuelto a favor de la igualdad de las parejas del mismo sexo”, indicó. El activista subrayó que la igualdad matrimonial es inevitable y que sucederá tarde o temprano en puerto Rico, por lo que, dijo, “el gobernador no debe defender lo indefendible en este pleito legal”.

Serrano invitó a otras parejas del mismo sexo que no se han casado aún a que radiquen pleitos similares en el Tribunal Federal de San Juan para que se reconozca también el derecho al matrimonio en Puerto Rico. “Es hora de que en esta patria podamos tener el mismo derecho que tienen las parejas heterosexuales de casarse y acceder a todos los beneficios, derechos y protecciones que el Estado confiere. Ya es hora de la igualdad”, destacó Serrano.

La pareja sostiene en la demanda que a pesar de que la Corte Suprema de EE.UU. establece la libertad para contraer matrimonio Puerto Rico impone trabas que impiden a homosexuales y lesbianas casarse legalmente. Además, indica que la ley puertorriqueña no reconoce matrimonios contraído de forma legal entre personas del mismo sexo contraído en otras jurisdicciones de EE.UU., el caso de estas dos mujeres.

Las dos mujeres piden que se declare inconstitucional el artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico que estable el matrimonio como unión entre un hombre y una mujer.
El exgobernador Pedro Rosselló (1993-2000) firmó durante su mandato una ley que prohíbe en Puerto Rico el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo obtenido en otras jurisdicciones de EE.UU.

El pasado mes de mayo fueron aprobados en Puerto Rico los proyectos del Senado 238 y de la Cámara 488 que conceden derechos a los miembros de la comunidad homosexual.

El proyecto 238 prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el escenario laboral, mientras que el 488 enmienda la Ley 54 de violencia doméstica para cobijar a cualquier persona indistintamente de su orientación sexual, identidad de género o estado civil.

Fuente Caracol Radio

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