De su blog Teología sin censura:

¿De los ‘Acuerdos Iglesia-Estado’ a los ‘Acuerdos Evangelio-Estado’?

La exención de impuestos fiscales y las cantidades, que percibe la Iglesia, para asegurar el sueldo de obispos, sacerdotes, capellanes y otros cargos eclesiásticos, todo eso nada más, les da a los “hombres de Iglesia” una seguridad económica, que está al alcance de pocos ciudadanos

Por otra parte, una Iglesia protegida y pagada por el Estado, estará – como es lógico – al servicio del Estado. Lo cual le viene a la Política como anillo al dedo. Y le conviene también a la Religión, que así se siente más protegida y segura

18.10.2022 José María Castillo

El pasado día 13 de octubre, se tuvo en Madrid una importante reunión de los representantes de la Iglesia y del Estado, para precisar cómo deben concretarse las relaciones entre ambos poderes: el poder religioso y el poder político. Tal como están las cosas, era necesario hacerlo. Y creo que se hizo bien.

Pero confieso que esta reunión, desde mi punto de vista, a mí (por lo menos) me ha dado pie para pensar en el enorme problema que estos “Acuerdos” ocultan. Si en vez de gestionar debidamente los “Acuerdos Iglesia-Estado”, se hubiera cambiado sólo una palabra, de forma que el tema a tratar hubiera sido “Acuerdos Evangelio-Estado”, ¿tendría sentido semejante coloquio o debate? Es más, tal como piensa mucha gente, en nuestra sociedad actual, ¿tiene sentido esa pregunta? ¿no es un disparate el simple hecho de plantearla?

Por supuesto, todo esto es un disparate, si pensamos en la Iglesia como una “institución religiosa” y pare Usted de contar. Si la Iglesia nació del Evangelio, no puede actuar contra el Evangelio. Jesús, de quien nació la Iglesia, no hizo “acuerdos” ni con Pilato, ni con Herodes. A Jesús, lo mataron los dirigentes de la Religión. Porque se enfrentó con tales dirigentes hasta provocar en ellos la convicción de que eran incompatibles con Jesús y su Evangelio (cf. Jn 11, 47-53).

Ahora bien, si la Iglesia no debe – ni puede – organizarse y funcionar de manera que, si es que quiere, de veras, ser fiel a Jesús y su Evangelio, ¿no debería, ante todo, pensar y decidir, a fondo, si sus acuerdos con el Estado son compatibles con el Evangelio, al que ante todo debe ser fiel y coherente?

Los “Acuerdos Iglesia-Estado”, entre la Santa Sede y el Estado Español (firmados el día 3 de enero de 1979), establecen una serie de privilegios económicos para la Iglesia, que aportan – sobre todo al clero – bastantes millones cada año. La exención de impuestos fiscales y las cantidades, que percibe la Iglesia, para asegurar el sueldo de obispos, sacerdotes, capellanes y otros cargos eclesiásticos, todo eso nada más, les da a los “hombres de Iglesia” una seguridad económica, que está al alcance de pocos ciudadanos. Por otra parte, una Iglesia protegida y pagada por el Estado, estará – como es lógico – al servicio del Estado. Lo cual le viene a la Política como anillo al dedo. Y le conviene también a la Religión, que así se siente más protegida y segura.

¿Y el Evangelio? ¿Qué hacemos con él? No sé cómo nos las apañamos, pero el hecho es que, digan lo que digan, tanto los hombres de la Religión como los de la Política, el hecho es que todo sigue igual. Y del Evangelio, repito, ¿qué hacemos? Eso se despacha en poco más de un cuarto de hora, cada domingo.

Sé muy bien que no he dicho ni palabra sobre los Acuerdos Iglesia-Estado. No entiendo mucho de eso. En todo caso, debo decir que, si he escrito esta breve y sencilla reflexión, es porque me preocupa mucho la relación que el Estado tiene con el Evangelio. En definitiva, ¿los que más nos tiene que preocupar es: los privilegios y el dinero que necesita el clero? ¿o más bien la salud y el pan de cada día que necesitan con urgencia los más desamparados?

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Piedad del Valle de los Caídos eldiario.es

Son pocos, muy pocos, los obispos que quieren revertir la actual situación en nuestro país

“Las elecciones a la presidencia de la Conferencia Episcopal marcarán definitivamente si los obispos españoles se quieren quitar el sambenito con el que les bautizó en su día el dictador -el ‘España, Faro de Occidente, martillo de herejes, luz de Trento’- o, por el contrario, prosiguen en la deriva de división y enfrentamiento al Papa, en Roma, y a los valores democráticos, en nuestro país”

“Dios los cría, y Franco los junta”, lamenta, en privado, uno de los pocos obispos que admite que, a lo largo de estos meses, la Iglesia española debería haberse pronunciado claramente, enmendando la plana al prior falangista y colocándose del lado de las víctimas

Ramón Tejero: “Dichoso Ud. mi General que por defender la Fe Católica y el Santo Nombre de Jesucristo ha recibido insultos, calumnias y persecución, en la vida y en la muerte”

Un buen día para recordar al cardenal Tarancón

Lo que la salida de Franco deja pendiente en el Valle de los Caídos

Exhumación de Franco, ¿fin del nacionalcatolicismo?

25.10.2019 Jesús Bastante

Cuando Franco murió, la Iglesia española había dejado ‘atados y bien atados’ sus privilegios en una sociedad que intentaba avanzar, lentamente, hacia la democracia. En Roma, diez años atrás, había concluido el Concilio Vaticano II, que trató de poner a la Iglesia católica en hora con el mundo, pero los obispos españoles seguían con el reloj parado en 1953, momento en que el Régimen consagró la alianza entre la Cruz y la Espada que hizo posible la ‘Sagrada Cruzada’ (así llamaron los obispos en 1937 a la Guerra Civil).

Hoy, 44 años después, con Franco reinhumado en Mingorrubio, los obispos españoles continúan mirando con dificultad al futuro. Igual que sucediera tras el Concilio, pocos prelados se animan a seguir el impulso del Papa Francisco y acabar con una Iglesia clericalizada, que oculta en un armario los estigmas de los abusos de poder y sexuales, se afana en conservar privilegios anacrónicos y sigue sin darse cuenta de que hoy, en pleno siglo XXI, España ha dejado de ser católica y su influencia en la sociedad resulta prácticamente insignificante.

Acabar con la herencia del dictador

Los obispos no se oponen a la exhumación de Franco, pero sí al fin de las prebendas que les dio el dictador. El nuevo Concordado (ahora llamado Acuerdos Iglesia-Estado), que se negoció a la par que la Constitución y fue aprobado ahora hace 40 años, continúa dotando a la Iglesia de múltiples beneficios fiscales, económicos, jurídicos y de presencia social.

En muy pocos países de nuestro entorno la Iglesia católica (y sólo la Iglesia católica) recibe, sin dar nada a cambio, un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado, cuya finalidad no detalla con precisión.

La enseñanza de la Religión católica es de oferta obligatoria y sus profesores son designados por el obispo del lugar (que puede despedirlos sin dar razón alguna), pero pagados por la Administración. Con el personal religioso en hospitales públicos, el Ejército o las prisiones sucede tres cuartos de lo mismo.

Polémicas inmatriculaciones

La Iglesia está exenta de multitud de impuestos y, por si fuera poco, las administraciones todavía no han dado el paso de exigir el pago de aquellos que sí debería pagar, como el IBI para aquellas actividades que no tengan fin estrictamente pastoral o de culto (garajes, pisos de alquiler, museos, etc…). Pero, además, los obispos han logrado registrar a su nombre, con el único aval de su firma, 35.000 bienes en el período 1998-2015.

El prior Cantera, con los Franco

Unas inmatriculaciones que (al menos la mitad) no tienen que ver con templos, sino con inmuebles o terrenos que, en su día, fueron enajenados por otros intereses oscuros, en buena medida gracias al dictador que, desde hoy, descansa en Mingorrubio.

Osoro y Omella, atrapados

¿Es esta la verdadera función de la Iglesia? Son pocos, muy pocos, los obispos que tratan de revertir esta situación de privilegio. No lo tienen fácil, y el ‘caso Franco’ lo ha demostrado. Los cardenales Osoro y Omella (Madrid y Barcelona), los hombres puestos por el Papa Francisco para cambiar el rostro de la Iglesia de nuestro país, no cuentan con la fuerza suficiente para acometer las reformas que les pide Bergoglio.

Un Bergoglio que, por cierto, no visitará España mientras los obispos sigan “en guerra” entre ellos, como admitió durante un vuelo papal. Las elecciones a la presidencia de la Conferencia Episcopal marcarán definitivamente si los obispos españoles se quieren quitar el sambenito con el que les bautizó en su día el dictador -el ‘España, Faro de Occidente, martillo de herejes, luz de Trento‘- o, por el contrario, prosiguen en la deriva de división y enfrentamiento al Papa, en Roma, y a los valores democráticos, en nuestro país.

Ultracatólicos, sectarios y postfranquistas

La exhumación de Franco, además, ha puesto de manifiesto la existencia de un sector, minoritario pero muy potente, de ultracatólicos que siguen vinculando su fe a la extrema derecha, y consideran la salida del dictador del Valle “una profanación”, y la posición oficial de la Iglesia (cumplir con la legalidad vigente) una traición al hombre que les salvó de la persecución y la desaparición.

Y es que los mismos que pintarrajearon decenas de iglesias de Madrid acusando a Osoro de traidor -en una imagen que recuerda, muy poderosamente, a los gritos de ‘¡Tarancón, al paredón!’, tras la muerte de Carrero Blanco- e invitando a dejar de marcar la ‘X’ en la Renta son los que este jueves salieron a defender la actitud obstruccionista del prior Cantera y la homilía del cura hijo del golpista Tejero en la que faltó poco para ‘canonizar’ a Francisco Franco.

“Dios los cría, y Franco los junta”, lamenta, en privado, uno de los pocos obispos que admite que, a lo largo de estos meses, la Iglesia española debería haberse pronunciado claramente, enmendando la plana al prior falangista y colocándose del lado de las víctimas.

Los ‘católicos de toda la vida’

Grupúsculos como HazteOir o Máslibres, situados en la órbita de Vox y de sectores ultracatólicos como los kikos, el Opus Dei o los Legionarios de Cristo (e incluso más allá, a través de sectas como El Yunque), que lo mismo organizan una sentada para protestar contra la exhumación ante la sede del PSOE, que acosan a las mujeres que van a abortar a las puertas de la clínica Dator.

Vamos, los católicos ‘de toda la vida’, que añoran una España en la que Franco dio todo el poder a la Iglesia, y donde los únicos valores que podían defenderse eran los de la firme ortodoxia, la continencia sexual y las familias numerosas. Los mismos que, en otro tiempo, quemaban mujeres en la plaza pública acusadas de brujas u obligaban a judíos, musulmanes o protestantes a abjurar de su fe si no querían perder la vida.

Los mismos que, tal vez, hace unos años hubieran mandado a Jesucristo a picar piedra en la cantera de Cuelgamuros. A mayor gloria de Francisco Franco, que en Mingorrubio descanse.

Fuente Religión Digital

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Juan Zapatero Ballesteros
Sant Feliú de Llobregat (Barcelona).

ECLESALIA, 11/01/19.- El día 3 de enero se cumplieron cuarenta años de la firma de los acuerdos entre el Gobierno español y la Santa Sede. Los acuerdos que se firman hay que cumplirlos (pacta sunt servanda). A este principio muchos añaden el otro, también de origen latino y vigente en derecho, que dice que debe ser así “rebus sic stantibus”; es decir, siempre y cuando no se vean alteradas las circunstancias que llevaron a que se establecieran dichos acuerdos o pactos.

Y, en estas estamos. Mientras la Iglesia española insiste en lo primero (pacta sunt servanda), es decir, el Estado debe cumplir con los acuerdos que se firmaron entonces. Algunos partidos políticos, también diversos grupos sociales, y entidades de diferentes tipos, etc., se posicionan del lado de lo segundo; es decir, hay que revisar dichos pactos, porque las circunstancias, concretamente la realidad de la sociedad española, (rebus sic stantibus) han cambiado, y mucho, desde aquel 3 de enero de 1979. Creo, por ello, que no estaría de más traer a la mente dos aspectos que nos aportarían bastante luz en este asunto.

En primer lugar, el aspecto jurídico. Conviene recordar que, para muchas personas, aquellos pactos fueron “preconstitucionales”; pues, a pesar de haber sido firmados con la Constitución ya en vigor (después de haber sido refrendada en referéndum por el pueblo español el 6 de diciembre de 1978, sancionada por el rey Juan Carlos I el 27 de diciembre y publicada en el BOE el 29 de diciembre del mismo año), no podemos perder de vista que desde bastantes meses antes el Gobierno español y la Santa Sede venían manteniendo ya numerosas reuniones en las que discutían e intercambiaban puntos de vista principalmente sobre el “qué” de dichos acuerdos; justamente mientras los “padres” de la Constitución se encontraban discutiendo sobre los principios en que se había de fundamentar la misma hasta llegar  a su redacción final. Aunque, a decir verdad, pienso que no es atrevido pensar que el entonces ministro de Asuntos Exteriores español, Marcelino Oreja, iría poniendo en antecedentes al también entonces Secretario de Estado Vaticano, cardenal Villot, sobre por donde estaban yendo más o menos los derroteros de la Constitución que, a la postre, serviría de marco a los acuerdos que se estaban llevando a cabo. Ahora bien, el valor que podemos dar a todo esto son el de ser sencillamente hipótesis y conjeturas, nada más.

El segundo se centraría más en la cuestión social. La España de 1979 era, querámoslo o no, una España que, si bien ya no la podíamos definir como “nacional católica”, puesto que la Constitución ya había dejado claro (Art. 16, 3.2) que “Ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Sin embargo, en la práctica las manifestaciones religiosas, tanto a nivel público como privado, seguían arrastrando de alguna manera una rémora bastante fuerte en este sentido. A pesar, todo hay que decirlo, de que ciertos sectores eclesiales, principalmente de base, no cesaban en su empeño de hacer todo lo posible de cara a construir una Iglesia que se alejase cada vez más del Derecho Canónico y de todo lo que pudiera sonar a obligación y “cumplimiento” para acercarse, a su vez, a los valores del Evangelio y de la libertad de conciencia.

Después los diferentes gobiernos, principalmente del Partido Socialista con apoyo de otros grupos políticos y asumidas por un sector muy amplio de la sociedad, irían aprobando leyes que dejarían muy claro que aquellos años de la Transición (en la que se firmaron precisamente dichos Acuerdos) se iba pareciendo muy poco o nada a la realidad tal y como iba transcurriendo la sociedad. Simplemente, por citar las más relevantes, mencionar las leyes del Divorcio, la despenalización del Aborto, el matrimonio Homosexual, etc.

Está claro, por tanto, que en la actualidad el “rebus sic stantibus” es muy otro a aquel en qué se redactaron dichos Acuerdos. Por ello, yo como católico, desearía que se revisasen ya y se introdujeran los cambios pertinentes que estuvieran más en consonancia con la sociedad del momento y con el tipo de Iglesia en la que muchas personas que nos consideramos católicas creemos o nos gustaría creer. Menciono algunos simplemente como ejemplo.

En primer lugar, hacer constar que el Estado español es un Estado “aconfesional”. Omito lo de “laico”, porque para algunos, no es mi caso, supondría entrar en un terreno un tanto resbaladizo y dar pie a la polémica que de ello puede llegar a derivarse, como son el fenómeno del “laicismo” y la “laicidad”, entre otros. Y esto, por tanto, mencionarlo de forma explícita, redactando de manera diferente el artículo 16,3.2 de la Constitución, diciendo, por ejemplo, que el Estado español mantendrá relaciones de cooperación con todas las confesiones religiosas, sin mencionar de manera expresa a ninguna de ellas.

En segundo lugar, que se dieran todos los pasos necesarios en la dirección de conseguir un “pacto por la aconfesionalidad” (por la “laicidad”, para quienes así lo pensamos) entre las confesiones religiosas y el Estado, garantizando la neutralidad ideológica del último, lo que supondría, entre otras cosas, eliminar todo tipo de simbología religiosa en los actos oficiales y en lugares y edificios de titularidad pública, así como cualquier presencia oficial de autoridades civiles o militares en los actos religiosos. Pudiendo asistir, ¡sólo faltaba!, a título personal e individual, si así lo consideraban oportuno.

En tercer lugar, implantar, aquí sí, la “laicidad en la Escuela”, apostando por una educación que tenga como objetivos centrales la formación integral de la persona, sin pretender ningún tipo de proselitismo ni adoctrinamiento, implícita o explícitamente, por parte de ninguna de las confesiones con quienes el Estado español tiene firmados acuerdos en este ámbito, en la actualidad y en el futuro. Y, dado el cambio social tan importante que se viene dando en España desde hace bastantes años, con el consiguiente pluralismo religioso y social, eliminar como asignatura en el sistema educativo la enseñanza de la Religión Confesional Católica, así como también de todas las demás confesiones religiosas, sustituyéndola por una asignatura cuyo contenido  tratase del “hecho religioso en general” y que podría pasar a llamarse, por ejemplo, “Fenomenología de  la religión”, “Historia de las religiones” u “Otras”.

En cuarto lugar, denunciar el actual sistema de financiación de la Iglesia Católica por parte del Estado español, promoviendo medidas urgentes y necesarias de cara a avanzar en el proceso de autofinanciación de la Iglesia Católica. Lo cual no estaría en contra, ni mucho menos, con el hecho de seguir colaborando por parte del Estado con aquellas entidades dependientes de la Iglesia católica que tienen por objetivo la acción social, especialmente con las personas más desfavorecidas.

Potenciar la autonomía civil frente a la exclusiva moral religiosa. Es verdad que para quienes nos sentimos cristianos, católicos en este caso, el Evangelio nos presenta unas exigencias morales muy concretas. Sin embargo, ello no tiene que suponer que dichas exigencias sean las que deban regir en y para toda una sociedad plural y secularizada; sino que esta ha de regirse por códigos morales basados en principios de Ética Civil Común o Universal, que se derivan de valores fundamentales como: afirmación de la vida, libertad, paz, justicia, verdad, pluralismo, respeto, dignidad, igualdad, etc. Por tanto, no tiene sentido que los dirigentes eclesiásticos y religiosos pretendan imponer su moral y visión de la vida a toda una sociedad, que debe regirse, como acabo de mencionar, por la ética civil universal.

Por todo ello, solamente me resta decir que “los pactos deben ser cumplidos”, pero solo y cuando las circunstancias en que se fundamentaron no hayan cambiado, lo que no sucede precisamente en el caso que nos atañe. De ahí la preeminencia en este caso del “rebus sic stantibus” sobre el “pacta sunt servanda”.

(Eclesalia Informativo autoriza y recomienda la difusión de sus artículos, indicando su procedencia).

General, Iglesia Católica Acuerdos Iglesia-Estado, Concordato, Jean-Marie Villot, Juan Carlos I, Marcelino Oreja

Asamblea Federal de Cristianos PSOE, celebrada el sábado en Ferraz

Pedro Sánchez quiere una Ley de Libertad Religiosa y hacer del Valle delos Caídos un memorial de las víctimas de la Guerra Civil.

La denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado no tiene el consenso para ser aprobada en esta legislatura 

(Jesús Bastante).- “Lo que a un cristiano le importa de un político no es que jure su cargo ante un crucifijo, sino sea honesto, construya bien común, e impulse politicas Mt 25. Tuve hambre y me diste de comer, fui extranjero y me acogiste”. Las palabras de Carlos García de Andoin, uno de los históricos referentes de los socialistas cristianos, sirven de marco para entender las prioridades del nuevo Gobierno en sus relaciones con la Iglesia: evitar la confrontación y apostar por la plena colaboración en políticas para los descartados.

En lo que toca específicamente el ámbito religioso, el Gobierno tiene cuatro ejes de actuación: la aprobación de una Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia; el cambio de embajador de España ante la Santa Sede; potenciar la subdirección de Asuntos Religiosos, que podría volver a convertirse en Dirección; y recuperar el protagonismo que tuvo en sus orígenes la Fundación Pluralismo y Convivencia. También,desencallar la situación del Valle de los Caídos, cumpliendo con la Ley de Memoria Histórica, y transformándolo en un Memorial de las Víctimas de la Guerra Civil.

Y es que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere eludir polémicas recurrentes, para las que además no hay consenso (ni tiempo) en una legislatura de salida. Así, aunque el ‘programa’ del hoy presidente sí hablaba claramente de la denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado, el fin de la Religión como asignatura curricular o la autofinanciación de la Iglesia, lo cierto es que la apuesta del PSOE es la de colaborar “por el bien común”, tal y como también saludaba, en su carta de felicitación, el presidente del Episcopado, Ricardo Blázquez.

COMUNICADO FINAL
de @CristianosPSOE 🌹
En nombre de todo el Grupo Federal hace lectura:@joferin1 #JoséAntonio
Presidente de la Mesa#4AsambleaFederalCxPSOE pic.twitter.com/sUZhGDhb81

— Cristianos PSOE (@CristianosPSOE) 2 de junio de 2018

“Estamos en un momento de oportunidad para defender políticas que faciliten la vida de los más débiles y vulnerables, de los ‘descartados’ de los que habla el Papa Francisco”, sostiene Juan Carlos González, coordinador de la corrientes ‘Cristianos PSOE‘ que, curiosidades de la vida, celebró su Asamblea General el sábado pasado en Ferraz, mientras Pedro Sánchez prometía su cargo en Zarzuela. Por primera vez, sin crucifijo ni Biblia.

“Lo importante no son los gestos, sino que las iniciativas de este Gobierno vayan en favor de los más débiles, de los machacados por la crisis. Y las expectativas son óptimas”, subraya González. El comisionado por la infancia, la lucha contra la pobreza, el ingreso mínimo vital, cumplir con el cupo de refugiados… son algunos de los temas en los que PSOE e Iglesia pueden, y van a colaborar.

De hecho, la carta de Blázquez a Sánchez ha sido acogida por satisfacción en el PSOE, cuyos fontaneros destacan la “óptima relación” entre el presidente del Episcopado y Óscar Puente, portavoz de la Ejecutiva federal socialista. El cardenal y el alcalde de Valladolid son un puente para que la relación entre Iglesia y Gobierno sea más fluida, pese a la preocupación existente en el episcopado ante la posibilidad de que algunos socios del nuevo Ejecutivo planteen medidas laicistas, como la denuncia de los Acuerdos.

En lo que sí trabajará el nuevo Gobierno socialista será en rescatar la Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia que estuvo a punto de ser aprobada por el último Ejecutivo de Zapatero. “Una ley -en palabras del coordinador de Cristianos PSOE- que facilite la libertad de conciencia, la igualdad de trato y la separación entre el Estado y cualquier confesión religiosa”.

De hecho, durante la Asamblea Federal de este órgano, el secretario de Laicidad de la Ejecutiva del PSOE, Juan Manuel Rodríguez Uribes, destacaba que “tenemos una oportunidad para hacer una España mejor, más abierta,donde se establezca el respeto”, una sociedad donde “la laicidad como el gran valor no signifique la persecución de las creencias religiosas, sino el respeto a la conciencia individual de cada uno”.

En la #IVAsambleaFederalCxPSOE ha intervenido @jmrdezuribes, Comisión Ejecutiva Federal del @PSOE 🌹:
🎬 “Tenemos una oportunidad para hacer una España mejor, más abierta, donde se establezca el respeto” pic.twitter.com/6N5dQlx1bX

— Cristianos PSOE (@CristianosPSOE) 2 de junio de 2018

Desde Cristianos PSOE recuerdan que “el PSOE debería tener una relación con el hecho religioso en positivo, teniendo en cuenta que el 71% de la población se dice católica, y un porcentaje amplio nos vota. Y creo que vamos en buena dirección”, apunta González.

Más allá de las relaciones del día a día, el Gobierno quisiera cambiar al recientemente nombrado embajador de España ante la Santa Sede, Gerardo Bugallo, dentro de los relevos de cargos ‘políticos’ en embajadas de cierta relevancia.

A su vez, y especialmente si Margarita Robles asume la cartera de Justicia, potenciar la subdirección de Asuntos Religiosos, que volvería a tener rango de Dirección General; y recuperar la función de la Fundación Pluralismo y Convivencia, una de las grandes apuestas del Gobierno Zapatero, como garante de la libertad religiosa y para fomentar la acción social y organizativa de las confesiones minoritarias, que cada vez tienen una mayor presencia en nuestra soiedad.

En definitiva: Pedro Sánchez, en sus meses al frente de Moncloa, no quiere quemar los puentes de diálogo con la Iglesia, sino potenciar la colaboraciónen aquellos aspectos, que no son pocos, que tienen en común, y en los que el Papa Francisco también parece implicarse: un modelo económico más justo, la apuesta por los más débiles y descartados, y la lucha contra la desigualdad. Un camino, como subrayaba Carlos García de Andoin, más cerca de ese Mateo 25 que, según Bergoglio, es el centro del Evangelio de Jesús.

Fuente Religión Digital

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