Entre otros puntos, se  dio a conocer  documento firmado por seis ministros del actual Gobierno donde se comprometieron a impulsar el cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa sobre el matrimonio igualitario.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) presentó hoy ante Contraloría General de la República un requerimiento donde advierte que el Plan Nacional de Derechos Humanos, editado por el Ministerio de Justicia, transgrede la Ley 20.885 que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos, en tanto se abandonan deberes y compromisos internacionales del Estado de Chile.

En su presentación, el Movilh precisó que, de acuerdo al artículo 8 de ley 20.885, es un deber de la Subsecretaría de Derechos Humanos y del Plan Nacional de Derechos Humanos velar y garantizar que los Acuerdos de Solución Amistosa (ASA) firmados por el Estado de Chile se cumplan y se impulsen, garantizándose para ello la no discriminación por orientación sexual o identidad de género.

“El ASA que el Estado de Chile y nuestra organización firmamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (INDH) habla de “impulsar” el matrimonio igualitario. De acuerdo a la Ley 20.885, el Plan debió incluir este compromiso. Sin embargo, el Gobierno lo borró, cambiándolo por lo de monitorear. Por tanto se vulnera la Ley 20.885”, dijo el dirigente del Movilh, Ramón Gómez.

Añadió que “para demostrar lo expuesto, hemos aportado diversas pruebas. Aquí el Gobierno ha dicho que impulsar el matrimonio igualitario no es parte de su programa. Pues bien, no solo el Ejecutivo omite que el ASA es un tema de Estado, no de Gobierno de turno. Además oculta que firmó un compromiso donde se comprometió a impulsar y cumplir con el ASA”.

En efecto, precisó el Movilh, existe un documento que fue firmado en 2018 por la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, por los ministros de Educación, Gerardo Varela; de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá; de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero; de Salud, Emilio Santelices y de Justicia, Hernán Larraín, además de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.

En el texto, los ministros señalaron que “confirmamos la voluntad del Gobierno en cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos contraídos por el Estado de Chile en lo referido a materias que comprende el presente Acuerdo de Solución Amistosa”.

“Considerando que en marzo del 2018 la Contraloría General de la República señaló que el ASA firmado por el Estado es legal y vinculante, y que ayer el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, señaló lo mismo en CNN Chile; en entrevista con la periodista Mónica Rincón; estimamos por todo lo expuesto que la Contraloría debiese concluir que el Plan Nacional de DDHH está omitiendo un deber legal que le corresponde”, finalizó el Movilh.

Fuente MOVILH

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