El Gobierno de Uganda planea una nueva ley contra la homosexualidad aún más represora
El activista LGTB Frank Mugisha ha asegurado que, según una copia filtrada de la ley, ésta será más dura que la aprobada previamente.
El Gobierno de Uganda está planificando introducir una nueva legislación contra los homosexuales que se basará en un artículo del Código Penal que contempla la cadena perpetua para las personas que cometan “actos contra natura“, según un ministro.
El ministro, que ha hablado bajo condición de anonimato, ha afirmado que la legislación propuesta será una versión del Acta Contra la Homosexualidad, que fue declarada inconstitucional en el mes de agosto en medio de la presión de la comunidad internacional.b“Sólo han manipulado el lenguaje, pero sigue siendo lo mismo. De hecho, es peor, porque la parte de la ‘promoción’ es más dura y castigará la financiación de los grupos humanitarios y LGTB“, ha manifestado el activista Frank Mugisha, en declaraciones al diario británico The Guardian.
El Tribunal Constitucional invalidó en agosto la ley promulgada en febrero por el presidente ugandés, Yoweri Museveni, por la que se condenaba a cadena perpetua a los homosexuales y prohibía la existencia de asociaciones de gays y lesbianas. El tribunal respondió así a la petición de diez activistas de Derechos Humanos, académicos y políticos de la oposición. El Gobierno también había recibido la presión internacional, en particular de Estados Unidos que anunció sanciones como la prohibición de la entrada al país de las autoridades ugandesas.
Sin embargo, la derogación de la ley no acabó con la persecución de la homosexualidad en el país, ya que todavía se considera delito. La homosexualidad se condena con la cárcel y la normativa de Museveni establecía además la cadena perpetua y la prohibición de las asociaciones LGTB. Según un estudio de las Minorías Sexuales de Uganda, desde que se votó la ley se ha registrado un incremento del acoso, el chantaje, los desalojos y la tortura hacia los homosexuales. El Proyecto de Refugiados de la Ley también ha visto censuradas varias de sus actividades por “promover la homosexualidad”, según el Gobierno.
Apenas unos días después de la sentencia del Tribunal Constitucional que derogaba por defecto de forma la infame ley para endurecer el trato penal a las personas homosexuales y a los que les dieran apoyo, un grupo de diputados ya se puso en marcha para reactivar de alguna forma la medida en el Parlamento. El nuevo proyecto, según ha filtrado un ministro, elimina las referencias directas a la homosexualidad, que queda sustituida por el eufemismo “prácticas sexuales antinaturales” y se centra en castigar (con hasta siete años de cárcel) cualquier actividad considerada como “promoción” de las relaciones no tradicionales.
Según el activista Frank Mugisha, las consecuencias de una ley así podrían ser muy amplias. “La gente no se da cuenta de que la parte de la ‘promoción’ afectará a todos. Si los periódicos informan sobre homosexualidad, se podría ver como promoción. Mi cuenta de Twitter se podría ver como promoción. Todos los grupos pro derechos humanos que incluyan la defensa de los derechos LGTB entre sus actividades podrían ser acusados de promoción”, alerta.
Con esta jugada, el presidente Museveni intentaría recuperar popularidad sin poner en riesgo la ayuda externa que recibe el país. Aunque el presidente amagó en su momento con vetar la anterior ley anulada en agosto, al final optó por sumarse a la corriente homófoba y apoyarla; una decisión adoptada en clave interna, pero que a nivel internacional no le trajo más que quebraderos de cabeza, incluyendo sanciones económicas en forma de reducción de la ayuda exterior. De hecho, los analistas prevén nuevas presiones por parte de los países desarrollados si comienza a tramitarse un nuevo proyecto para criminalizar a las personas LGTB y a los que les brinden apoyo.
Recordamos que la decisión del alto tribunal ugandés, ante el que los activistas LGTB habían recurrido en marzo, no se pronunció sobre el fondo de la cuestión, y se limitó a considerar que en la votación del texto por el pleno del Parlamento este no disponía del quórum necesario (la Constitución ugandesa obliga a que cuando se vota una ley estén presentes al menos un tercio de los diputados electos, proporción que no se alcanzó entonces). El fallo, conviene precisar, no supuso la despenalización de las relaciones homosexuales en Uganda, ya ilegales en el marco jurídico anterior.
Cualquier nuevo texto que se presente en el Parlamento deberá someterse en cualquier caso a una tramitación completa, proceso que se puede dilatar muchos meses y que Museveni podría detener, si lo ve conveniente, por medio del Ministerio de Hacienda, que en este caso solo tendría que emitir un dictamen negativo de impacto fiscal para que el proyecto no prosperara.
Fuete Cáscara Amarga y Dosmanzanas
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