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El Tribunal Superior falla a favor de los hombres torturados por presunta homosexualidad en una victoria para los ugandeses LGBTQ+

Viernes, 6 de diciembre de 2024

IMG_2863Los ugandeses han estado viviendo bajo una brutal ley contra la homosexualidad durante el año pasado.

Por Mira Lazine martes 26 de noviembre de 2024

La semana pasada, el Tribunal Superior de la División Civil de Uganda otorgó 40.000 dólares (el equivalente a 150 millones de chelines ugandeses) a 20 hombres que fueron torturados por la policía después de sus arrestos en 2020 por presunta homosexualidad.

“Afirman que en la mañana de dicha fecha su residencia fue invadida por una turba, entre los que se encontraban los demandados, que los sometió a todo tipo de torturas porque practicaban la homosexualidad”, habría declarado el juez Douglas Singiza.

“Las presuntas acciones de tortura incluyen golpear, golpear, quemar con un trozo de leña caliente, desnudar, atar, morder, realizar un examen anal e infligir otras formas de violencia física, mental y psicológica basadas en la sospecha de que son homosexuales, una acusación que ellos niegan”.

La tortura ocurrió en la aldea de Nkokonjeru en el Ayuntamiento de Kyengera, distrito de Wakiso. Los demandantes trabajaron con el Human Rights Awareness and Promotion Forum (Foro de Promoción y Concientización de los Derechos Humanos), una organización de derechos humanos sin fines de lucro. Presentaron una denuncia de derechos humanos contra el ayuntamiento de Kyengera, el alcalde Abdul Kiyimba, el funcionario principal Philimon Woniala y el fiscal general.

Los arrestos ocurrieron justo después de que el gobierno de Uganda implementara bloqueos por COVID-19.

Basados en la misma sospecha [de homosexualidad], los solicitantes fueron arrestados, llevados a la comisaría de policía de Nkokonjeru B y acusados de cometer un acto negligente que probablemente propagaría la infección mediante una enfermedad”, dijo Singiza. Señaló que se habían aportado pocas pruebas de violaciones de las leyes antihomosexualidad del país y que las investigaciones carecían de fundamento.

Luego, los hombres fueron enviados a prisión el 31 de marzo de 2020, “donde nuevamente supuestamente fueron golpeados, examinados, acosados y sometidos a discriminación”.

Uganda tiene leyes estrictas contra la homosexualidad. La “Ley Anti-Homosexualidadde 2023 (AHA23), firmada por el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, en mayo de 2023, castiga la “homosexualidad agravada“, -incluidos los actos entre personas del mismo sexo que transmiten el VIH- con la pena de muerte e impone cadena perpetua por “reclutamiento, promoción y financiación” de “actividades” homosexuales. La ley incluso prohíbe identificarse como LGBTQ+ en Uganda. La ley ha sido condenada rotundamente por organizaciones de derechos humanos, miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el presidente Joe Biden e incluso el Papa Francisco.

Recientemente publicábamos que las amenazas de muerte y violación han obligado a un activista heterosexual que defiende a su hermana queer, a huir de Uganda por ley anti-LGBTQ+: “Las consecuencias (de la defensa de LGBTQ+ en Uganda) son aterradoras”, dijo Morris a The Guardián. “Desde que comenzaron estas acusaciones, la gente tiene miedo de que se les asocie conmigo porque corren el riesgo de ser etiquetadas como activista (gay)”.

El Dr. Frank Mugisha, activista de derechos humanos y director ejecutivo de Sexual Minorities Uganda, dijo en X el día del fallo: “Un tribunal de Uganda ha concedido 150 millones de chelines a 20 ugandeses que fueron torturados por presunta homosexualidad durante el confinamiento por COVID, lo que marca una victoria significativa para la comunidad LGBTQ+. Esta decisión se basa en éxitos anteriores, incluido un fallo de 2008 a favor de Victor Mukisa y un fallo favorable contra Rolling Stone, un tabloide ugandés conocido por sus publicaciones dañinas”.

“Se ha advertido a los líderes y políticos locales que si golpeas a las personas por su orientación sexual e identidad de género, lo pagas de tu propio bolsillo“, dijo Adrian Jjuuko, director ejecutivo del Foro de Promoción y Concientización sobre los Derechos Humanos de Uganda, en una declaración a Barron’s.

Además de la brutalidad experimentada por las personas LGBTQ+, la Ley Anti-Homosexualidad de Uganda ya le ha costado al país hasta 1.600 millones de dólares en el año transcurrido desde que se convirtió en ley, según un nuevo informe de Open for Business, una coalición de empresas globales dedicadas a Inclusión LGBTQ+.

“Se estima que en los doce meses posteriores a la aprobación de la AHA, Uganda ha sufrido una pérdida económica de entre 470 millones y 1.600 millones de dólares”, según el informe, una suma que representa entre el 0,9% y el 3,2% del producto interno bruto del país ( PIB).

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

IMG_2075Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

IMG_2769IMG_2768En 2019, el ministro de seguridad de Ugandahabía llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso más de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

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Fuente LGBTQNation/Cristianos Gays

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