El gobernador de Virginia, el demócrata Terry McAuliffe, ha vetado una ley aprobada por ambas cámaras del estado que daba derecho a funcionarios y empresas que provean servicios relacionados con las bodas a rechazar a ciudadanos LGTB por motivaciones religiosas. McAuliffe ha criticado duramente la ley, al considerar que “aunque se formula como un proyecto de ley de ‘libertad religiosa’, esta legislación no es más que un intento de estigmatizar”.

El 12 de febrero del presente año, el Senado del estado de Virginia aprobaba el proyecto de ley 41, por un estrecho margen de 20 votos a favor, 19 en contra y 1 abstención. El proyecto de ley, cuyo ponente era el senador estatal del Partido Republicano Charles Carrico, permitía que quienes oficiasen matrimonios o prestasen servicios relacionados con las bodas pudieran rechazar a ciudadanos y clientes LGTB poniendo como pretexto “su sincera creencia religiosa o convicción moral de que el matrimonio es o debe ser reconocido como la unión entre un hombre y una mujer”. Eso no solo incluía a las confesiones religiosas, sino a los propios funcionarios del estado, que podrían rehusar la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo, y por supuesto a todos aquellos negocios relacionados con las celebraciones nupciales.

El proyecto de ley pasó a la consideración de la Cámara de Delegados (la cámara baja del estado de Virginia), también bajo control republicano. Allí fue aprobado el 9 de marzo por 59 votos a favor y 38 en contra, por lo que fue enviado al gobernador para su promulgación definitiva.

Pero el gobernador Terry McAuliffe ya se había comprometido a vetar el proyecto de ley si era aprobado, por encontrar que no era más que “un intento de estigmatización” de las personas LGTB bajo la excusa de la protección de las creencias religiosas. Quizás por ello no hubo la misma escalada de protestas y amenazas de boicot que tuvieron lugar en estados como Indiana o Georgia. Pero el daño que pudiera hacer su aprobación a la economía del estado también estaba en la mente del gobernador, pues, según sus palabras “las empresas y los creadores de empleo no quieren ubicarse o hacer negocios en estados que parecen estar más preocupados por demonizar a las personas que por la creación de un fuerte clima de negocios”.

McAuliffe criticaba duramente el proyecto aprobado por las cámaras de su estado, por creerlo innecesario, inconstitucional y discriminatorio: “Cualquier protección legítima ofrecida por el proyecto de ley 41 es una duplicación de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Las demás protecciones adicionales están presentadas de tal manera que anteponen un punto de vista religioso, el que el matrimonio solo puede ser válido entre un hombre y una mujer, sobre todos los demás puntos de vista. Tal dinámica no sólo es inconstitucional, sino que equivale a discriminación bajo el pretexto de la libertad”.

Efectivamente, como ocurre en los casi 200 proyectos de ley diseminados por las cámaras de 32 de los 50 estados de los Estados Unidos, se intenta legislar sobre la no imposición a iglesias y cultos de la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo, cuando ello ya está estipulado por la Primera Enmienda de la Constitución, por lo que es tan solo una excusa para introducir legislación claramente discriminatoria de manera mendaz.

Las asociaciones LGTB del estado, como Equality Virginia, se han felicitado por el cumplimiento del compromiso del gobernador. James Parrish, su director ejecutivo, lo expresaba con estas palabras: “El senador Carrico intentaba discriminar abierta y directamente a las parejas y familias homosexuales, con el pretexto de la libertad religiosa. Nos sentimos muy agradecidos por tener un gobernador que se opone a ello y que trabaja para hacer de Virginia un lugar más abierto y acogedor para todo el mundo, no menos”.

Aunque quienes respaldan la ley puede intentar levantar el veto del gobernador, la composición de las cámaras lo hace bastante complicado, pues difícilmente podrían alcanzar la mayoría de dos tercios necesaria. Sin embargo, según avisa Equality Virginia, existen en el estado otros 9 proyectos de ley discriminatorios aún en trámite.

Fuente Dosmanzanas

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Anthony Gooden y Marquez Tolbert son una pareja gay que se encontraba durmiendo plácidamente en casa de la madre de Gooden cuando sufrieron una brutal agresión homófoba por parte de Martin Blackwell, el novio de la madre quien se dirigió al cuarto donde estaba durmiendo la pareja y les arrojó agua hirviendo porque estaba “disgustado” con esa relación. El agresor ha sido llevado a prisión y la madre ha cortado la relación. Aunque eso no quiere decir que ella aceptara la relación porque, cuando su hijo salió del armario, ella dijo que estaba sufriendo el peor castigo que podía haber tenido. El peor parado de la agresión fue Tolbert, que ha pasado 10 días hospitalizado y ha necesitado varias intervenciones quirúrgicas. Aún se recupera.

De 48 años de edad, Martin Blackwell ha sido acusado con dos cargos de agresión con agravante por arrojar agua hirviendo sobre el hijo de su pareja, Anthony Gooden, de 21 años de edad, y la pareja de este, Marquez Tolbert, mientras duermen en el apartamento de Goodman situado en College Park, en Atlanta, el 12 de febrero. Un departamento LGTB de la Policía de Atlanta ha intervenido para asegurarse de que el acusado no se librara de la cárcel pagando una fianza.

Mientras Gooden ya ha recibido el alta del hospital, su compañero sufre quemaduras de segundo y tercer grado, en cuello, brazos y espalda, que le obligan a permanecer durante diez días más en el Grady Memorial Hospital para reemplazar su piel.

“El dolor no te deja dormir. Es, simplemente, como insoportable. 24 horas al día. Y no se va a ninguna parte. No se calma de ninguna manera. Simplemente está ahí. Apenas puedo pensar por el ardor, la picazón está por todas partes. Martin tiró de mí y dijo ‘Fuera de mi casa con todo ese rollo gay’. No podía dejar de gritar”, es el desgarrador testimonio de Tolbert, que considera que el ataque estuvo motivado exclusivamente por la homofobia.

A pesar de que el agresor había advertido que nunca pondría los pies en la casa de la pareja, Blackwell acudía frecuentemente a visitar a la suya, la madre de Goodman. Según la policía, el acusado ha manifestado que estaba en desacuerdo con la relación sentimental de los dos jóvenes, restando importancia al incidente al asegurar que “van a estar bien. Sólo era un poco de agua caliente”. Los crímenes de odio no están penados en Georgia, pero las peculiaridades del caso podrían facilitar una intervención federal, por lo que se agravarían los cargos. Actualmente, Blackweel permanece recluido en la prisión de Fulton County.

Se han iniciado sendas campañas para recaudar fondos con el objetivo de afrontar los gastos del hospital que podrían ascender en un caso a 16.000 dólares y en el otro hasta los 30.000 dólares. Advertimos que las fotografías de las heridas de Gooden y Tolbart pueden herir la sensibilidad.

Fuente Gay Star News, vía AmbienteG y Universogay

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El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha revocado la sentencia de la Corte Suprema de Alabama que negaba los derechos de adopción a una de las integrantes de una pareja lesbiana. El dictamen es especialmente relevante para los progenitores LGTB, pues garantiza que las adopciones llevadas a cabo legalmente en un estado, sean reconocidas por otro, aunque sus propias normativas impidan la adopción a las parejas del mismo sexo. La decisión, además, ha sido tomada por unanimidad, sin que los jueces integrantes del alto tribunal hayan requerido siquiera la presentación de argumentos orales.

En una sentencia fechada el pasado 7 de marzo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, per curiam —es decir, por decisión de la corte en su conjunto— ha revocado el fallo de la Corte Suprema de Alabama que denegó los derechos de progenitura a uno de los miembros de una pareja de mujeres, por no ser la madre biológica de los tres hijos que ambas habían criado. Se trata del primer caso sobre derechos LGTB que ha dilucidado el Tribunal Supremo desde que falló a favor del matrimonio igualitario en junio de 2015, y su dictamen ha sido igualmente favorable a los derechos de las parejas del mismo sexo.

Una pareja y una familia rotas

La sentencia del Tribunal Supremo detalla la historia de las implicadas en el caso, que se conocen por sus iniciales, V. L. y E. L., un procedimiento común en este tipo de litigios familiares, destinado a proteger su intimidad. Las dos mujeres, residentes en el estado de Alabama, habían mantenido una relación sentimental desde 1995. Durante su convivencia, recurrieron a la reproducción asistida para tener a sus tres hijos, todos ellos gestados por E. L., quien, según las leyes del estado, sería su única progenitora legal. Alabama no reconoce el derecho de adopción al otro miembro de la pareja, a menos que ambos estén unidos en matrimonio, institución vedada a las parejas del mismo sexo en aquellos años.

Tratando de velar por la protección de sus hijos, a quienes ambas criaron conjuntamente desde su nacimiento, V. L. quiso adoptarlos legalmente, algo con lo que E. L. estuvo de acuerdo. Aconsejadas al respecto por profesionales, decidieron instalarse provisionalmente en el vecino estado de Georgia, donde tal posibilidad existía en algunos de sus condados, cuyas Cortes Superiores tenían competencia al respecto. De esta manera, obtuvieron un veredicto favorable de la Corte Superior del condado de Fulton, que estimó que su solicitud cumplía con todos los requisitos y se ajustaba a derecho, por lo que nombró progenitora legal a V.L. Constó en el fallo el consentimiento explícito de E. L., condicionado únicamente a la conservación de sus propios derechos, como es habitual en estos casos. Ambas fueron declaradas madres legales de sus tres hijos.

De regreso a Alabama, la pareja mantuvo su relación hasta el año 2011, fecha en la que la dieron por concluida. Poco después, V. L. interpuso una demanda en el Tribunal de Familia del condado de Jefferson, pues E. L. le negaba cualquier derecho de visita a sus tres hijos. El tribunal reconoció el estatus de progenitora de V. L., dando por válida la adopción llevada a cabo en Georgia, y estimó su demanda, estableciendo los correspondientes derechos de visita.

E. L. recurrió a la Corte Civil de Apelaciones, que desestimó su requerimiento, manteniendo la decisión del Tribunal de Familia. Entonces, E. L. llevó el caso hasta la Corte Suprema de Alabama, bien conocida por ser completamente hostil a los derechos LGTB, con su presidente Roy Moore a la cabeza.

La Corte Suprema de Alabama cumplió con las expectativas LGTBfobas de E. L., y decidió anular la decisión de los tribunales inferiores, al estimar que la legislación del estado de Georgia no reconocía el derecho de adopción a los miembros de una pareja no unida en matrimonio. El plantel de jueces no tuvo en cuenta que las competencias al respecto eran potestad de las Cortes Superiores de los condados, que habían establecido su propia jurisprudencia. Se trataba, además, de la única sentencia, en los últimos 150 años de historia legal de los Estados Unidos, en la que un tribunal revocaba la decisión de una corte de otro estado respecto a los derechos de adopción.

Un fallo relevante para los progenitores LGTB

V. L., cuya defensa era llevada por el Centro Nacional de Derechos Lésbicos, apeló a la más alta instancia, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Al aceptar el caso, el alto tribunal dejó en suspenso la resolución de la Corte Suprema de Alabama, restableciendo los derechos de visita mientras durara el proceso de apelación.

Finalmente, el Tribunal Supremo ha fallado a favor de V. L., sin ni siquiera requerir la presentación de argumentos orales por las partes, y por unanimidad de los miembros del tribunal. Los jueces han estimado que la Corte Suprema de Alabama ha vulnerado la sección primera del artículo IV de la Constitución de los Estados Unidos, que establece la “confianza y crédito” debidos a las decisiones de los tribunales de otros estados. Esta cláusula trata de impedir que un derecho reconocido en los tribunales de un estado pueda ser ignorado por otro, y así fortalecer un sistema judicial único para todos los ciudadanos. Dado que las Cortes Superiores de los condados del estado de Georgia tienen competencia para dictar resoluciones en materia de adopción, sus decisiones deben ser respetadas y acatadas por todos los tribunales del país.

De esta manera, no solo se hace justicia con V. L., que ha visto restablecidos sus derechos como progenitora legal de los tres hijos que ella misma crió, sino también se garantiza que las parejas LGTB que viven en estados donde está permitida la adopción de los hijos biológicos del otro miembro de la pareja, no pierdan sus derechos al instalarse en estados donde no se permite. También es especialmente relevante que esta sea la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre derechos LGTB tras su fallo favorable al matrimonio igualitario, y que haya sido positiva incluso por unanimidad.

Tras conocer el dictamen, V. L. declaraba que “me siento afortunada por que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos haya revocado la decisión del tribunal de Alabama. He sido la madre de mis hijos en todos los sentidos durante toda su vida. Pensé que el hecho de adoptarles significaba que íbamos a ser capaces de estar juntos para siempre. Cuando la Corte de Alabama dictó que mi adopción no era válida y que no era su madre, pensé que todo se había acabado. El Tribunal Supremo ha hecho lo correcto para mi familia”.

Por su parte, desde el Centro Nacional de Derechos Lésbicos, cuyo equipo legal ha conseguido esta victoria, se emitía el siguiente comunicado: “La decisión del Tribunal Supremo de revocar la sentencia sin precedentes de Alabama, que anulaba una adopción efectuada en otro estado, es una victoria no solo para nuestro cliente, sino para miles de familias adoptivas. Ningún padre adoptivo, ni ningún niño adoptado, deberían tener que enfrentarse a la incertidumbre de poder tener que separarse años después de la adopción, solo porque la corte de otro estado no está de acuerdo con la ley que se aplicó en dicha adopción”.

Fuente Domanzanas

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El Senado de Virginia Occidental ha votado en contra de un proyecto de ley que hubiese permitido la discriminación de las personas LGTB por motivos religiosos. La votación ha sido especialmente contundente: 27 votos en contra frente a 7 a favor. La presión ejercida por los responsables de empresas y negocios, que temían el daño que pudiera producir una ley discriminatoria de ese tipo a la economía e imagen del estado, parece haber sido decisiva. Una motivación semejante a la que impulsó al gobernador de Dakota del Sur para no firmar una ley tránsfoba recientemente, cuyo veto finalmente no ha podido ser levantado. Sin embargo, aún existen cerca de 200 proyectos de ley discriminatorios contra el colectivo LGTB que afectan a 32 estados, cuya suerte final todavía es incierta.

El proyecto de ley HB 4012, conocido como “Ley de protección de la libertad religiosa”, otorgaba a los propietarios de empresas y comercios de Virginia Occidental el derecho a denegar sus servicios a los ciudadanos LGTB por razón de sus creencias religiosas. Una más de las numerosas iniciativas legislativas LGTBfobas diseminadas por el sector más retrógrado del Partido Republicano tras la pérdida de la batalla del matrimonio igualitario.

La decisión de los senadores de Virginia Occidental, que cuentan con una exigua mayoría republicana, no ha dejado de sorprender, por lo abultado de la negativa y porque la Cámara de Representantes del estado, donde la mayoría republicana es mucho más amplia, había aprobado el proyecto de ley por un abrumador resultado de 72 votos favorables frente a 26.

Las asociaciones de empresarios y comerciantes habían advertido de su oposición al proyecto de ley, en el temor de que afectase a la economía del estado y expusiera a las empresas a innecesarias demandas por parte de los afectados. Los antecedentes de Indiana, que finalmente tuvo que derogar una ley semejante ante la amenaza de boicot de las grandes empresas y corporaciones, eran claros: Indiana perdió unos 60.000.000 de dólares en ingresos por la cancelación de convenciones y contratos antes de la derogación.

Tampoco las encuestas favorecían al proyecto de ley. Un estudio realizado por el independiente Public Religion Research Institute mostraba que el 54 % de los ciudanos de Virginia Occidental era contrario a la normativa discriminatoria. Es más, un 60 % se declaraba partidario de que se legisle contra la discriminación de las personas LGTB en el trabajo y el acceso a la vivienda.

Todo ello quizás ha pesado en el voto de los senadores, que han aparcado definitivamente una normativa profundamente injusta, que, lamentablemente no es la única. En el caso de Virginia Occidental aún hay otros dos proyectos de ley que permitirían, de un modo u otro, que las personas LGTB fueran discriminadas en la vida pública y acceso a los servicios argumentando razones religiosas. En el conjunto de los Estados Unidos, son cerca de 200 los proyectos de este tipo que aún están en fase de tramitación, presentados a los largo de 32 de los 50 estados.

El gobernador de Georgia promete el veto a la legislación LGTBfoba

Uno de eso proyectos de ley en fase más avanzada es, por ejemplo, el aprobado recientemente por el Senado de Georgia, que ahora debe ser discutido por su Cámara de Representantes (ambas cámaras bajo control republicano). En caso de resultar aprobado, el gobernador Nathan Deal, también republicano, debería decidir sobre su promulgación.

Deal ha advertido, en unas sorprendentes declaraciones, de que si no desaparece cualquier referencia a la discriminación de las personas LGBT del proyecto de ley, ejercerá su derecho a veto. El gobernador cree que se debe proteger el derecho de los ciudadanos a profesar las creencias religiosas, pero que “para hacer eso no debemos discriminar a otras personas”. También espera que sus correligionarios “reconozcan que el mundo está cambiando a nuestro alrededor”.

Se consolida el veto del gobernador de Dakota del Sur a la ley tránsfoba

La legislatura de Dakota del Sur, también ampliamente controlada por los republicanos, aprobó una ley que forzaba a las escuelas de estado a que a su vez obligasen a sus estudiantes transexuales a utilizar los baños y vestuarios asignados al sexo que les fue atribuido al nacer, con independencia de su identidad de género. Se trataba de la primera ley materializaba el “pánico transexual en los baños”, convertido ya en los Estados Unidos en una de las principales armas de los contrarios a los derechos de las personas LGTB.

Sin embargo, el también republicano gobernador Dennis Daugaard decidió interponer su veto y no promulgar la ley. Haciendo gala de un sentido común que sus correligionarios no parecieron tener, Daugaard, que reconoció no conocer a ninguna persona trans, quiso reunirse con varias de ellas y conocer de primera mano sus testimonios. El hecho de que numerosos analistas consideraran que la norma chocaba frontalmente con la legislación nacional, que impide a las escuelas que ejerzan algún tipo de discriminación recibir fondos federales, seguramente también influyó, así como el deterioro de la imagen de Dakota del Sur y las pérdidas en materia turística o de inversiones que una ley así podría acarrear.

Los legisladores republicanos decidieron plantear en sesión de la Cámara de Representantes el levantamiento del veto del gobernador, para lo que necesitaban una mayoría de dos tercios. La votación se saldó con 36 votos a favor del levantamiento del veto frente a 29 contrarios, una diferencia claramente insuficiente para lograr su objetivo. La ley, por tanto, ha quedado definitivamente vetada y sin efectos.

Fuente Dosmanzanas

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Lamentable la discriminación laboral a la que se ha tenido que enfrentar Georgia Carter, una mujer trans de 27 años. En un transcurso de tiempo inferior a una hora, Carter fue contratada y despedida. Al revisar su documentación, el mismo encargado que la había contratado le preguntó por el género que figuraba en su carné de conducir (que todavía no se corresponde con su auténtica identidad de género). Cuando la joven le dijo que era una mujer trans fue automáticamente despedida.

“Soy una miembro activa de la sociedad”. Eso pensó para sí misma Georgia Carter cuando consiguió trabajo en un restaurante KFC de Virginia (en los Estados Unidos). “Me sentí tan feliz”, confiesa esta mujer. Según ha relatado la propia afectada, el encargado del establecimiento que la entrevistó no le preguntó en un primer momento sobre su identidad de género. “Tienes el trabajo. Voy a empezar contigo pagándote 7,50 dólares la hora. Mañana practicaremos con el ordenador”. Con este mensaje, entusiasmada, la joven llamó a su novio para decirle que lo había conseguido.

Pero la alegría inicial, desgraciadamente, duró poco. “Mi supervisor y yo tenemos un problema, ya que en tu licencia dice ‘hombre’, pero eres…” , requerimiento al que Georgia Carter contestó con naturalidad: “soy una mujer transexual” (aunque su licencia no reflejara su auténtica identidad de género). La reacción posterior, en un breve lapso de tiempo, no hace sino poner de manifiesto la desinformación y los estereotipos sociales que acaban derivando en discriminación. “Oh, no te podemos contratar porque no sabemos qué baño puedes utilizar”. Algunos medios especializados como Planet Transgender apuntan que “rechazar a Carter por estos motivos podría violar el título VII”. Se refieren al apartado de la Ley de Derechos Civiles de los EEUU, de 1964, que aborda la igualdad de oportunidades en el empleo y la no discriminación.

¿Falta de reacción o incoherencia con sus propias políticas?

El silencio de KFC, que no se ha pronunciado sobre el fulminante despido basado en argumentos discriminatorios y tránsfobos, choca con la propia política laboral que defiende con ahínco la cadena en sus redes sociales y en su propia web corporativa. En la versión en español de su web de los Estados Unidos, el gigante del pollo defiende que “para KFC la diversidad es mucho más que una filosofía, es parte de nuestros principios básicos de trabajo en equipo”. Desde luego, viendo la falta de reacción de KFC ante este caso, parece una mera declaración de buenas intenciones que quedan en papel mojado.

Las sonrojantes declaraciones del encargado, tras ser preguntado por los medios, no hacen sino poner en evidencia su propia ignorancia: “si cambia su género en su carné reconsideraremos su solicitud”.

En el siguiente vídeo (en inglés), Georgia Carter explica en su propia boca lo ocurrido:

En otro orden de asuntos, la cadena KFC lleva tiempo instalada en la polémica a cuenta del tratamiento y condiciones de vida y de sacrificio de los pollos con los que prepara sus menús. La organización animalista PETA lanzó en 2003 una campaña para denunciar una “crueldad contra los animales que no se puede tolerar”. Desde entonces, se han registrado más de 12.000 protestas frente a restaurantes de todo Estados Unidos.

ACTUALIZACIÓN (02/03/16, a las 15 h)

A raíz de la viralización de la noticia y de sus posibles repercusiones en el negocio, KFC abandona su silencio inicial (distintos medios estadounidenses hicieron constar que no habían recibido una respuesta oficial cuando contactaron con las oficinas centrales) y a través de un tuit contesta que “no tolerará la discriminación. El franquiciado ha despedido a este gerente y a la señora Carter se le ha ofrecido un trabajo en cualquier otro KFC de Richmond” (capital del estado de Virginia). En el momento en el que se redactó la noticia, la cadena no había publicado todavía nada al respecto. Este es el tuit de KFC:

Virginia Woman Claims KFC Fired Her for Being #Transgender https://t.co/PKwteNIhKN pic.twitter.com/hclXieLH1e

— Los Angeles LGBT Ctr (@LALGBTCenter) 1 de marzo de 2016

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El juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Antonin Scalia ha fallecido a los 79 años, mientras disfrutaba unos días de asueto en un rancho de Texas. De convicciones fuertemente conservadoras, el juez Scalia se ha significado por su pertinaz rechazo a cualquier avance en los derechos de las personas LGTB, al fallar en contra de los mismos en todas las ocasiones en que la discriminación del colectivo LGTB ha llegado a instancias del Tribunal Supremo. Queda ahora en manos del presidente Barack Obama, que debe proponerlo, y del Senado estadounidense, que debe corroborarlo, el nombramiento de su sucesor.

Las autoridades federales anunciaban el fallecimiento el pasado sábado 13 de febrero del juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Antonin Scalia. El magistrado se encontraba en un rancho del oeste de Texas, al que había llegado la víspera para participar en una fiesta de carácter privado junto a otras cuarenta personas. Según las mismas fuentes, la investigación llevada a cabo permitiría considerar que el fallecimiento se ha debido a causas naturales.

Antonin Scalia fue propuesto para ser miembro del Tribunal Supremo por Ronald Reagan en 1986. Desde entonces ha destacado por su fuerte conservadurismo y por pertenecer al grupo de jueces “textualistas”, es decir, aquellos que interpretan la constitucionalidad o no de una materia en función de la literalidad del texto de la Constitución de Estados Unidos o, en su defecto, en función de lo que consideran que eran las intenciones originales de los padres de la Constitución en el momento de ser redactada. Así, estiman que asuntos como la pena de muerte, la prohibición del aborto o calificar como delito la sodomía son perfectamente constitucionales, ya que han formado parte de la tradición jurídica estadounidense desde el primer momento, incluso en vida de los padres de la Constitución, sin que estos expresaran dudas al respecto.

Él mismo declaró en 2012 que le resultaba “absolutamente fácil” sentenciar en contra de cuestiones como el derecho al aborto o “la sodomía homosexual”, cuya penalización justificaba en que “durante doscientos años ha sido un delito en todos los estados”. Esta aseveración se ha visto repetidamente respaldada por sus votos discrepantes en todos los casos dilucidados por el Tribunal Supremo en materia de derechos LGTB en los últimos años.

Romer vs. Evans o la protección contra la discriminación

En 1992, los ciudadanos de Colorado votaron mayoritariamente a favor de una enmienda a la Constitución de ese estado, que impediría que los ciudadanos homosexuales o bisexuales pudieran solicitar a las instituciones públicas el ser considerados como minoría, y poder reclamar que se adoptasen a su favor las oportunas medidas antidiscriminatorias.

Por una mayoría de 6 votos contra 3, en mayo de 1996 el Tribunal Supremo dictaminó que esa enmienda violaba la Constitución de los Estados Unidos, pues impedía que las personas de una determinada orientación sexual pudieran denunciar cualquier discriminación arbitraria de la que fueran objeto. Según la sentencia, “la enmienda es a la vez demasiado angosta y demasiado amplia. En ella se identifica a las personas por tan solo un rasgo, y luego se les deniega la protección en todos los ámbitos. La inhabilitación para ejercer el derecho a solicitar protección a un tipo determinado de personas no tiene precedentes en nuestra jurisprudencia”.

El juez Antonin Scalia discrepó de la sentencia, señalando en sus argumentos que “la enmienda constitucional que aquí nos ocupa no es la manifestación de un deseo de dañar a los homosexuales, a priori, sino más bien es un modesto intento por parte de los residentes de Colorado, aparentemente tolerantes, de preservar las costumbres sexuales tradicionales contra los esfuerzos de una minoría poderosa políticamente de revisar esas costumbres por medio del uso de las leyes”.

El magistrado justificaba repetidamente que se tratase de conservar en las leyes la desaprobación a la homosexualidad, bien sea penalmente o, como en el caso de Colorado, evitando la igualdad ante la ley de los homosexuales. Para el juez Scalia, que hacía así toda una declaración de principios y de prejuicios, el problema era que “quienes participan de la conducta homosexual tienden a residir en un número desproporcionado en ciertas comunidades, disponen de altos ingresos y se preocupan por los derechos homosexuales mucho más ardientemente que el público en general, tienen un poder político mucho mayor que el que les corresponde por su número, tanto a nivel local como a nivel estatal. Es bastante comprensible que dediquen ese poder político para lograr no solo una tolerancia social a regañadientes, sino la aceptación social plena de la homosexualidad”.

Lawrence vs. Texas o el fin de la penalización de la homosexualidad

En 1998, John Lawrence y Tyron Garner fueron detenidos en el domicilio del primero de ellos, en la ciudad de Houston. Se les acusaba de vulnerar la ley contra la “Conducta Homosexual” vigente en el estado de Texas, que penalizaba que dos personas del mismo sexo mantuvieran sexo oral o anal, aunque la relación sexual tuviera lugar en la intimidad de un domicilio particular, y aunque esas prácticas si se les estuvieran permitidas a las parejas heterosexuales.

Tras una larga batalla legal, llena de apelaciones y sentencias contradictorias, el caso terminó en manos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No había precedentes halagüeños respecto a la doctrina del alto tribunal, pues en 1986 el panel de jueces entonces en activo había validado las leyes contra la sodomía del estado de Georgia. Pero sí que existía el precedente favorable de Romer vs. Evans y su declaración de inconstitucionalidad de las leyes que impidieran la protección contra la discriminación.

Afortunadamente, en una sentencia histórica fechada en junio de 2003, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó, por una mayoría de 6 votos contra 3, que las leyes contra la sodomía vigentes en varios de los estados vulneraban la Constitución de los Estados Unidos. No solo se declaraba inconstitucional que el Estado interfiera en las relaciones sexuales privadas y consensuadas entre adultos, sino que establecía que ese derecho a la intimidad y a la privacidad debía ser disfrutado igualmente por las parejas de distinto o del mismo sexo.

Uno de los tres jueces discrepantes fue, de nuevo, Antonin Scalia. En esta ocasión, en su argumentación denunciaba que la sentencia formaba parte de la, para él, bien conocida “agenda homosexual”, en la que estarían involucrados los más afamados bufetes de abogados. El juez justificaba su discrepancia en que “muchos estadounidenses no quieren que las personas que se dedican abiertamente a la conducta homosexual sean sus socios en los negocios, monitores de sus hijos, maestros en las escuelas de sus hijos, o formen parte del servicio doméstico. Ellos ven estas leyes como una protección para sí mismos y sus familias de un estilo de vida que creen que es inmoral y destructivo”. Finalmente llegaba a afirmar que la discriminación en este caso se trataba de “un derecho constitucional” al igual que lo era en cuestiones como el asesinato, el bestialismo, el incesto o la crueldad con los animales.

A pesar de los argumentos de Scalia, en la práctica, Lawrence vs. Texas supuso el fin de la penalización de las relaciones homosexuales en los Estados Unidos, convirtiéndose en el mayor avance en los derechos de las personas LGTB en ese país hasta la fecha.

US vs. Windsor o el reconocimiento federal de los derechos LGTB

Edith (familiarmente “Edie”) Windsor, de 83 años, no pudo acogerse a una serie de beneficios para los matrimonios en materia de herencia a la muerte de su esposa Thea Spyer en 2009, lo que la obligó a desembolsar 360.000 dólares en impuestos. Y ello pese a que Windsor y Spyer, pareja durante 44 años, se casaron en Canadá en 2007 y el estado de Nueva York reconoció su matrimonio (aunque Nueva York solo celebra matrimonios entre personas del mismo sexo desde 2011, antes ya reconocía los celebrados fuera).

De todo ello era responsable la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act), la norma que prohibía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo. Windsor reclamó que el no reconocimiento de su matrimonio por la administración federal violó las garantías de igualdad de protección contenidas en la Constitución de los Estados Unidos. Leer más…

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Esta es la cara de la homofobia, se llama Rick Jones y es un político republicano del Senado de Michigan que fue sheriff del condado de Eaton. También es el promotor del proyecto de ley SB 219. Se trata de un paquete de leyes sobre protección animal que penalizará a aquellas personas que abusan de las mascotas que adoptan. Ante esta norma que supuestamente pretende proteger a los animales se esconde una encubierta inconstitucionalidad del sexo anal. Una de las cláusulas de la normativa, aprobada en el Senado de Michigan este pasado viernes, castigará con hasta 15 años de prisión los delitos sexuales anales y orales en este estado norteamericano.

El Senado del estado de Michigan ha validado la reforma de una ley que incluye penas de prisión de hasta 15 años para el delito de sodomía, a pesar de ser inaplicable tras la sentencia del Tribunal Supremo de 2003 que declaró este tipo de leyes inconstitucionales. Aunque en realidad la reforma iba encaminada a endurecer las penas por abuso contra los animales, el ponente no ha querido eliminar la sección del texto legal que hace referencia a la penalización de la sodomía, por temor a que su proyecto fuera rechazado.

El senador estatal de Michigan Rick Jones presentó ante la cámara alta un proyecto de ley para reformar las secciones del Código Penal del estado que hacen referencia al abuso y la explotación de los animales, con el fin de endurecerlas. La reforma lleva el nombre de “Ley Logan”, en memoria de un husky siberiano que había sido sacrificado brutalmente vertiéndole ácido. La citada cláusula tiene por objeto modificar el código penal sobre “bestialismo y la sodomía”, dos prácticas que llega a equiparar la nueva normativa de Michigan. “Una persona que comete el delito abominable y detestable contra la naturaleza de la humanidad o contra cualquier animal es culpable de un delito castigado con pena de prisión de 15 años”, afirma el texto. Pero si el acusado ya es un delincuente sexual o ha cometido violaciones pueden llegar a ser punibles con la pena de muerte.

Entre los delitos penados en las secciones del Código Penal dedicadas a penalizar el abuso contra los animales está el de bestialismo, recogido en la sección 158. Pero el texto legal equipara las relaciones “contra el orden de la naturaleza” llevadas a cabo con un animal y las que se realicen con otra persona. Esta es la reforma de la sección 158 propuesta y aprobada por el Senado de Michigan (tachado el texto anterior a la reforma y en mayúsculas el posterior y definitivo):

158. Cualquier UNA persona que cometiera COMETA el abominable y detestable crimen contra la naturaleza, ya sea con un ser humano o con un animal, podrá ser SERÁ culpable de un delito grave, que se castigará con pena de prisión, a cumplir en una prisión estatal, de no más de 15 años, o si dicha persona EL ACUSADO FUERA UN DELINCUENTE SEXUAL en el momento de dicha LA infracción, podrá ser SERÁ un delito castigado con pena de prisión, a cumplir en una prisión estatal, por un período indeterminado, cuyo mínimo será de 1 día y su máximo la cadena perpetua.

Es decir, en el mismo párrafo, totalmente equiparados, se penalizan el bestialismo y las relaciones consensuadas entre personas adultas que incluyan sexo oral o sexo anal, tal como la jurisprudencia ha interpretado el “crimen contra la naturaleza con un ser humano”. Sin embargo, el Tribunal Supremo dictó en 2003 que las leyes contra la sodomía vigentes en varios de los estados eran inconstitucionales, por lo que no pueden ser aplicadas.

La polémica normativa suscitó las quejas de algunos senadores pero Jones argumentó que la eliminación de la cita que prohíbe la sodomía pondría en peligro todo el proyecto de ley. Por ello, se preguntó al senador estatal Rick Jones por qué no había tachado también del párrafo el inciso “ya sea con un ser humano” y dejar tan solo la referencia al bestialismo como delito punible, de tal forma que el Código Penal se adaptara definitivamente a lo establecido por el Tribunal Supremo y la Constitución de los Estados Unidos.

La respuesta del senador evidencia la LGTBfobia profunda que sigue existiendo en muchos de los representantes políticos de los Estados Unidos: “En el momento en que cruzase esa línea y empezara a hablar de esas cosas, ni siquiera me iban a escuchar. Nadie quiere tocar eso. He preferido no plantear siquiera ese asunto, porque sé lo que pasaría. Tendríamos a dos lados enfrentados gritando y terminará con una gran pelea que no es necesaria, porque eso es inconstitucional”.

El senador estatal Jones estaría a favor de una reforma para eliminar del Código Penal todos los artículos que estén en conflicto con sentencias del Tribunal Supremo y sean, por lo tanto, inconstitucionales, pero no de centrarse específicamente en la referencia a la sodomía, pues “si nos centramos en eso, la gente se sube por las paredes”. Otra cosa sería, en su opinión, “si se presentara un proyecto de ley para que todo lo declarado inconstitucional sea eliminado de los textos legales de Michigan, probablemente yo votaría a favor, pero, ¿estropear este proyecto de ley de protección a los animales que todo el mundo quiere? No”.

La “Ley Logan” aún tiene que ser refrendada por la Cámara de Representantes estatal, donde, según la organización de defensa de los derechos civiles New Civil Rights Movement, hay muchas posibilidades de que se enmiende para que la referencia a la sodomía sea eliminada. Sin embargo, es sintomático que el Senado de Michigan no haya tenido problemas en aprobar un texto legal que incluye párrafos declarados inconstitucionales y que suponen una afrenta directa al derecho a la intimidad de todas las personas y especialmente hacia el colectivo LGTB.

“Ningún grupo político se atreve a modificar el texto. Es preferible ni siquiera plantear el tema porque sabemos lo que pasaría. Terminaría con una gran confrontación entre los senadores que terminarían en el mismo punto: Que la sodomía es inconstitucional”, aseguran desde un movimiento de derechos civiles con sede en Michigan.

Al día de hoy, doce estados norteamericanos todavía conservan legislaciones anti-sodomía en sus textos, a pesar de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que las prohibiciones eran inconstitucionales en 2004.

Si consideras que leyes como estas deberían ser eliminadas de los textos oficiales en todo EE.UU, te animamos que le escribas al senador Rick Jones para explicarle los motivos por los que esta norma es totalmente inapropiada. Pincha sobre este enlace para ponerte en contacto con este senador por Michigan.

El fin de la penalización de la homosexualidad en los Estados Unidos

En 1998, John Lawrence y Tyron Garner fueron detenidos en el domicilio del primero de ellos, en la ciudad de Houston. Se les acusaba de vulnerar la ley contra la “Conducta Homosexual” vigente en el estado de Texas, que penalizaba que dos personas del mismo sexo mantuvieran sexo oral o anal, aunque la relación sexual tuviera lugar en la intimidad de un domicilio particular, y aunque esas prácticas si se les estuvieran permitidas a las parejas heterosexuales.

Tras una larga batalla legal, llena de apelaciones y sentencias contradictorias, el caso terminó en manos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No había precedentes halagüeños respecto a la doctrina del alto tribunal, pues en 1986 el panel de jueces entonces en activo había validado las leyes contra la sodomía del estado de Georgia.

Sin embargo, en una sentencia histórica fechada en junio de 2003, conocida en lo sucesivo como Lawrence vs. Texas, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que las leyes contra la sodomía vigentes en varios de los estados vulneraban la Constitución de los Estados Unidos. No solo se declaraba inconstitucional que el Estado interfiera en las relaciones sexuales privadas y consensuadas entre adultos, sino que establecía que ese derecho a la intimidad y a la privacidad debía ser disfrutado igualmente por las parejas de distinto o del mismo sexo.

En la práctica, Lawrence vs. Texas supuso el fin de la penalización de las relaciones homosexuales en los Estados Unidos, convirtiéndose en el mayor avance en los derechos de las personas LGTB en ese país hasta la fecha.

Leyes inconstitucionales aún presentes en los textos legales

Sin embargo, ese tipo de leyes aún forman parte de los textos legales de 14 estados, aunque sean inaplicables. La sodomía, tanto en parejas de distinto como del mismo sexo, aún aparece como un delito en las legislaciones de Idaho, Utah, Michigan, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida, Alabama, Misisipi y Luisiana. En Montana, Kansas, Oklahoma y Texas solo se considera delito cuando la pareja es del mismo sexo.

Aunque no sean aplicables, aún pueden darse casos como el ocurrido en Baton Rouge, Luisiana, donde en febrero de 2015 fue detenida una pareja del mismo sexo por mantener relaciones sexuales en un coche, acusados sus miembros del delito de “copulación carnal antinatural”, una de esas leyes inconstitucionales que todavía no han desaparecido de los textos legales.

Por supuesto, el juez de distrito no admitió los cargos, y el jefe de Policía de Baton Rouge se vio obligado a emitir un informe en el que recordaba a sus agentes que no debían detener a nadie bajo esos cargos, a la vez que pedía disculpas a la pareja detenida por “el error cometido”.

Fuente Ragap/Dosmanzanas

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General 2016, Cristianos Gays, Felicitación

Sorprendidos quedaron muchos telespectadores que el sábado por la noche seguían el concurso de Miss América 2016, cuando en el turno de preguntas “comprometidas” a las finalistas, la representante de Mississippi se vio obligada a dar su opinión sobre el caso Kim Davis, la funcionaria de Kentucky que fue encarcelada por negarse a emitir (y no permitir hacerlo a sus subordinados) licencias de matrimonio para personas del mismo sexo en su jurisdicción, el condado de Rowan. La respuesta de Hannah Roberts fue contundente.

Miss Mississippi fue preguntada, en concreto, si creía que la obligación de emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo, derivada de la reciente sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, violaba la libertad religiosa de Davis (que por cierto ya ha abandonado la prisión, como adelantamos poco antes de su liberación, y aunque sigue dispuesta a proseguir la batalla jurídica por el momento está cumpliendo con la obligación que le impuso el juez de no obstaculizar la emisión de licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo por el personal de su oficina).

“Absolutamente no, no viola su libertad religiosa. Ese es su trabajo, fue elegida para hacer eso. Esa ley es una ley federal, que alcanza a todo el país. Así que sí, violó la ley”, contestó Hannah Roberts, prácticamente sin pensar (las candidatas solo disponen de 20 segundos para contestar a las preguntas, lo que las obliga a posicionarse muy rápidamente):

https://www.youtube.com/watch?t=28&v=4unPL-RRXOM

Hannah Roberts, cuya decidida respuesta quizó dejó descolocado a muchos que pensaban que una representante de un estado tan puramente sureño (Mississippi, donde ha nacido, crecido y cursa sus estudios universitarios) quedó segunda en el concurso. La ganadora fue por cierto otra sureña, Miss Georgia. Pero nosotros solo recordaremos (para bien) a Miss Mississippi.

Fuente Dosmanzanas

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Un grupo de encapuchados atacó el pasado sábado el local donde activistas de la ciudad ucraniana de Odesa pretendían reunirse para celebrar un foro sobre derechos LGTB. El acto pretendía ser una alternativa a una marcha del Orgullo prohibida por un tribunal de la ciudad por motivos de seguridad. Afortunadamente, no se produjeron víctimas.

A pesar de los ataques de un grupo de extrema derecha al Orgullo de Kiev en el mes de junio, los activistas de Odesa pidieron permiso a las autoridades para celebrar una marcha en la ciudad costera del mar Negro. Sus esperanzas estaban puestas en la actitud pro-occidental del gobernador de la provincia y expresidente georgiano, Mikheil Saakashvili. Pero los organizadores se encontraron con el silencio de las autoridades locales, cuya postura oficial fue la de “neutralidad”.

Según la directora del comité de organización Anna Leonova, varios establecimientos que habían mostrado su apoyo al acto fueron objeto de acoso y amenazas por parte de supuestos miembros de la policía. Desde el movimiento del Maidán –que forzó la destitución del presidente Víktor Yanukóvich el año pasado– se acusó a los activistas de querer “provocar reyertas masivas en la ciudad”. El Pravyi Sektor, organización de extrema derecha integrada en el Maidán, advirtió que la marcha “no tendría lugar” aunque afirmaron que no atacarían a los activistas. Los ultranacionalistas ucranianos mostraban su preocupación por el uso que la propaganda prorrusa haría de una marcha del Orgullo LGTB.

Finalmente, el pasado jueves la corte administrativa del distrito falló en contra de los activistas y prohibió la manifestación por el “peligro real y amenaza para el orden público en la ciudad, así como para la salud y las vidas de los participantes y de otros ciudadanos”. Un riesgo que se vería amplificado por la presencia de hooligans que habían acudido a la ciudad para asistir a varios partidos de fútbol. El portavoz del Orgullo de Odesa Kyrylo Bodelan tachó el veto de “ilegal” por violar “el derecho constitucional de reunión”.

Los activistas no se rindieron, y un pequeño grupo de ellos se congregaron junto al ayuntamiento de la ciudad, aunque fueron rápidamente dispersados por la policía. En sustitución de la manifestación, estaba prevista la celebración de un foro sobre la historia del movimiento por los derechos LGTB. Pero justo antes de que este diera comienzo, un grupo de individuos con el rostro cubierto arrojaron varias bombas de humo a los participantes y se dieron a la fuga. Según Bodelan, nadie resultó herido.

Ucrania: hostigamiento a la comunidad LGTB por ambos bandos

Dábamos cuenta, el pasado mes de junio, de los ataques durante la marcha del Orgullo LGTB de Kiev, que se saldó con al menos 10 heridos y 25 ultras detenidos. Aun así, teniendo en cuenta el clima de crispación y la imperante homofobia social, los organizadores y activistas participantes consideraron que la presencia de unos 300 personas era un éxito, teniendo en cuenta que “todos sabían que era peligroso”.

En julio del año pasado nos hacíamos eco de las imágenes que registran el intento de asalto de un grupo neonazi a un local de ambiente gay en Kiev. Este miserable incidente ocurría pocos días después de que las autoridades de la ciudad prohibieran la celebración de la Marcha del Orgullo, justificando de nuevo su negativa en supuestos problemas para garantizar la seguridad, así como por la situación de guerra en el este del país.

En 2013 fueron los tribunales los que prohiberon la que hubiera sido primera Marcha del Orgullo de la capital ucraniana, a petición de un grupo de parlamentarios, que también esgrimieron como motivo para la prohibición los posibles disturbios entre manifestantes y opositores a los derechos LGTB. Pero a pesar de la orden judicial, una cincuentena de activistas se manifestaba a los pocos días por las calles de Kiev, teniendo que ser protegidos por la policía de la ira de los grupos de extremistas.

De hecho, la presencia de esos mismos grupos obligó a suspender en 2012 todos los actos reivindicativos programados. Las espantosas imágenes del ataque al activista LGTB Svyatoslav Sheremet cuando comunicaba dicha suspensión se convirtieron en la imagen de la persistencia del odio homófobo instalado en la sociedad ucraniana. Un país en el que, como ya avanzábamos al desatarse las protestas del Maidán a comienzos de 2014, las personas LGTB se ven perjudicadas con independencia del bando.

Fuente Dosmanzanas

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Aunque llevan décadas en claro retroceso, los seguidores del infame Ku Klux Klan (KKK) siguen motivando titulares de vez en cuando. Pero siempre en relación a actos de discriminación, odio o violencia. La organización estadounidense que aterrorizó a la población negra de Estados Unidos hasta mediados del siglo XX, además de su filosofía xenófoba y supremacista de la raza blanca, se caracteriza por sus raíces anticomunistas, antisemitas y LGTBfóbicas. Su última ‘hazaña’ ha sido distribuir panfletos en el Condado de Newton (en el área metropolitana de Atlanta, Georgia) en los que invita a los ciudadanos a que se unan a su movimiento para luchar contra los homosexuales y “parar el sida”. Sin embargo, la ciudadanía ha rechazado mayoritariamente estas expresiones de odio homófobo. La Oficina del Sheriff del Condado de Newton ya ha iniciado una investigación.

Partidarios del ultraderechista y violento KKK se organizan en grupúsculos independientes para dificultar su identificación y actuar con mayor libertad e impunidad. A diferencia de antaño, cuando el KKK era una organización compacta y unitaria, en la actualidad resulta difícil cuantificar su número exacto de simpatizantes y sus localizaciones debido a su disgregación estratégica. Las ‘fuerzas’ del KKK, no obstante, se concentran en el sur y en el medio oeste de los Estados Unidos. En esta ocasión, los secuaces del KKK se han dedicado a distribuir panfletos ofensivos contra la comunidad LGTB en el Condado de Newton. “Los hombres homosexuales y sus actos sexuales son repugnantes e inhumanos”, firman los “leales Caballeros Blancos del KKK”.

Aunque, irónicamente, los seguidores del KKK se jactan en su web de propagar “un mensaje de amor y no de odio”, la historia y sus acciones pasadas y presentes desmienten tajantemente ese falso ‘buenismo’. A no ser, claro está, que en su retorcida interpretación del “mensaje de esperanza y liberación para la América blanca cristiana” entiendan la erradicación de la comunidad LGTB como un elemento positivo. El pastor Thomas Robb, concretamente, asevera que “hay una guerra racial contra los blancos, pero nuestro pueblo –mis hermanos y hermanas blancos– permanecerá comprometido con una resolución no violenta”. Unas palabras que, en realidad, contrastan con el argumento del KKK de que el método más eficaz para “parar el sida” es la eliminación de las personas homosexuales. Una peligrosa invitación en toda regla al odio y a la violencia contra el colectivo LGTB.

Desde la Oficina del Sheriff del Condado de Newton han puesto en marcha una investigación por el reparto de panfletos, tras las denuncias recibidas por varios ciudadanos que se los han encontrado a las puertas de sus viviendas. La Oficina del Sheriff invita a aquellos que puedan aportar alguna información a ponerse en contacto con el cabo Charles Cook mediante la web newtonsheriffga.org o a través de un número de teléfono local. Los denunciantes, según aseguran las autoridades, pueden permanecer en el anonimato (para evitar que algunas personas se abstengan de llamarles por miedo a posibles represalias). Algunos ciudadanos ya han calificado los panfletos de “muy ofensivos” y aseguran que no son partidarios de ningún tipo de discriminación.

Fuente Dosmanzanas

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Si se piensan que con esto nos van a parar… van dados.

La “libertad religiosa” no parece ser aplicable a las iglesias inclusivas con la realidad LGTB. Así al menos parecen creerlo quienes han atacado las puertas de la Iglesia del Redentor de Augusta (en Georgia, Estados Unidos), afiliada a la Iglesia de la Comunidad Metropolitana. El pasado martes, sus puertas y las escalinatas de entrada aparecieron con pintadas que anunciaban el infierno para sus miembros.

Uno de los argumentos más habituales para oponerse a la igualdad jurídica de las personas LGTB es el referido a la “libertad religiosa”. En especial, este principio se invoca a la hora de buscar excepciones a la aplicación de leyes antidiscriminatorias o para negarse a celebrar matrimonios de parejas del mismo sexo. Curiosamente, algunos no parecen extender la libertad religiosa a quienes precisamente, desde su fe, toman una postura abiertamente favorable hacia la realidad LGTB.

Es lo que ha ocurrido con una iglesia de Augusta: la iglesia del Redentor. Esta comunidad se encuentra afiliada a la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, a la que en numerosas ocasiones nos hemos referido en estos años. Fundada por el pastor Troy Perry a finales de los sesenta, se trata de una confesión protestante que tiene la inclusividad de las personas LGTB como uno de sus rasgos fundacionales esenciales. Ha sufrido además un largo historial de agresiones en sus más de cuatro décadas de existencia, a las que ahora se suma la que relatamos.

El pasado martes 21 de julio, la puerta de entrada del templo apareció con una pintada que decía literalmente: “Arded. Levítico 18:22. Mentiras”. Además, en las escaleras podía leerse: “Levítico 18:20, arderéis”. Según un informe elaborado por la oficina del sheriff de distrito de Richmond, los daños ascienden a 2.500 dólares. Actos vandálicos que parecen claramente relacionados con la naturaleza inclusiva de esta comunidad y con la reciente sentencia del Tribunal Supremo que legaliza el matrimonio igualitario en todo el territorio de Estados Unidos. El pastor de la Iglesia del Redentor, Rick Sosbe, fue de hecho el primero en casarse con su pareja en el condado de Richmond, donde se encuentra situado el templo.

Un elemento que resulta especialmente llamativo es la resistencia a admitir que se ha tratado de un delito de odio. Según afirmó uno de los agentes, Allan Rollins, está claro que el delito se basa en el “desagrado”, pero le resultaba difícil calificarlo como delito de odio al no poder interrogar a quienes lo perpetraron. Aseguró, eso sí, que mantendrán vigilancia en la zona. No se trata de hecho del primer acto vandálico sufrido recientemente, pues pocas semanas antes una bandera arcoíris había sido sustraída de la puerta principal de la iglesia, que se plantea instalar cámaras de seguridad.

El mismo martes por la tarde unas 50 personas se manifestaron en las escalinatas de entrada al templo para mostrar su solidaridad. En el interior de la iglesia, Lonzo Smith, vicepresidente de Augusta Pride, habló de la necesidad de aprobar una legislación específica contra los delitos de odio, actualmente inexistente en el estado de Georgia. Para él, la tolerancia “significa que aceptas algo que encuentras ofensivo, por ello no emplearé más la palabra ‘tolerancia’ en mi vocabulario. No quiero ser tolerado. Quiero ser liberado. Quiero ser aceptado”. Por su parte, Takya Browning, presidenta de la misma asociación, apuntó a la persistencia de la LGTBfobia a pesar de la legalización del matrimonio igualitario: “Solo porque tengamos igualdad en el matrimonio no significa ya que todo sean rosas y arcoíris. Significa que ahora empieza el trabajo de verdad. Si no estuviéramos marcando una diferencia, nadie habría tocado esas puertas”, concluyó.

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Jimmy Carter, presidente de los EE.UU. entre 1977 y 1981, es un político cristiano que ha destacado por posicionarse ya en el pasado a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo.

El exmandatario estadounidense dijo esta semana que cree que su punto de vista está en línea con la de Jesús, a pesar de que la mayor parte de la oposición al matrimonio igualitario proviene de las creencias religiosas de las personas.

“Yo creo que Jesús aprobaría el matrimonio gay, pero eso es sólo mi propia opinión personal”, afirmó Carter. “Creo que Jesús alentaría cualquier historia de amor si es honesta y sincera y no es perjudicial para nadie, y no veo que el matrimonio gay dañe a nadie”.

Carter se describe a sí mismo como un renacido cristiano y todavía da clases de escuela dominical cuando está en su casa en Plains, Georgia.

A pesar de que el matrimonio entre personas del mismo sexo no era legal en ninguno de los 50 estados cuando Carter fue presidente, dice que no tiene “ningún problema” con él: “Creo que todo el mundo debería tener el derecho a casarse independientemente de su sexo”. Sin embargo, no está a favor de que “el gobierno pueda forzar a la congregación de una iglesia local a que celebre matrimonios homosexuales si no quieren”, aunque matiza que, en este caso, los contrayentes “deben ser capaces de ir a la corte local o otra iglesia y casarse allí”. El expresidente también afirmó hace casi un año que “si un estado no quiere tener el matrimonio gay, entonces creo que las personas de ese estado tienen derecho a decidir”.

Fuente Cáscara Amarga

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Espiritualidad, General EE.UU., George Zimmerman, Mark Anthony Neal, Martin Luther King, Pobreza, Racismo, Sueño, Trayvon Martin, United Church of Christ

Parejas homosexuales de EEUU corren a casarse el mismo día que la Justicia legaliza el matrimonio igualitario

Si una imagen simbolizaba este viernes la importancia de la decisión del Tribunal Supremo del los Estados Unidos, que no fue que el matrimonio igualitario sea constitucional (no era eso lo que se dirimía), sino que prohibirlo es inconstitucional (un fallo de mucho más calado) fue la del Twitter oficial de la Casa Blanca, adornado con la bandera arcoíris y promoviendo en hashtag #LoveWins (“El amor gana”), que rápidamente se convertía en Trending Topic mundial…

Horas después era la verdadera Casa Blanca la que aparecía iluminada con los colores del arcoíris…

Allí donde los miserables muestran su pequeñez (esa delegada del Gobierno en Madrid, ofendida por el izado de la bandera arcoíris en los Ayuntamientos españoles…) es donde se aprecian realmente los gestos que serán recordados y harán historia. Ayer viernes pudimos asistir a muchos de ellos, de los que hicimos un seguimiento detallada en Twitter. Hoy repasamos algunos de los más significativos.

Sin dejar la Casa Blanca, cuya página web está hoy adornada con una gigantesca bandera arcoíris, el propio presidente Barack Obama se felicitaba en su Twitter de la decisión del Supremo (al igual que su esposa, Michelle Obama) y hacía una declaración institucional de nueve minutos de duración que finalizaba con un homenaje a todos aquellos héroes anónimos que habían hecho posible un cambio así. “Pueden estar orgullosos. América puede estar muy orgullosa”, terminaba:

También la cuenta de Twitter de la que bien puede ser la sucesora de Obama, Hillary Clinton, se teñía con los colores del arcoíris. Su timeline de las últimas horas está abarrotado de mensajes de felicitación. Nos quedamos con esta imagen, en la que la que las palabras de la propia Hillary aparecen sobreimpresionadas en bandera arcoíris:

Y hablamos de Estados Unidos, el país de la iniciativa privada por excelencia. No podía faltar los mensajes de felicitación de marcas, empresas y corporaciones, muchas de ellas de ámbito global. Así ha sido por ejemplo en los casos de Absolut, American Airlines, AT&T, Ben & Jerry’s, Google, Hilton, JetBlue, Johnson & Johnson, Kellogg’s, Levi’s, MasterCard, Uber, Visa… y muchas otras más quizá menos conocidas a nivel mundial pero de gran importancia en los Estados Unidos. La red social Twitter se ha convertido, por su inmediatez y frescura, en el gran altavoz que ha amplificado como posiblemente nunca antes las reacciones a una decisión del más alto órgano judicial de los Estados Unidos.

También YouTube se felicitó por la decisión. Y como no podía ser menos, colgó un precioso vídeo de celebración elaborado con momentos de muchos otros vídeos que mostraban salidas del armario, testimonios personales, peticiones de mano, bodas:

Por lo que se refiere a personalidades de la vida social, también la cascada de felicitaciones ha alcanzado un gran volumen. Ellen DeGeneres, George Takei, Jason Collins, Jesse Tyler Ferguson, Neil Patrick Harris, Ricky Martin, Satya Nadella (presidente de Microsoft), Tim Cook (presidente de Apple)… Como curiosidad, hasta el Twitter oficial de la serie Juego de Tronos quiso celebrar la noticia con una simpática foto:

Seguiremos recogiendo a lo largo de próximas entradas más reacciones, pero queríamos por lo pronto hacer mención a algunas de las más precoces y significativas… También seguiremos informando de la evolución de los acontecimientos por lo que al matrimonio igualitario se refiere en cada uno de los estados en los que la situación legal se modifica tras la sentencia del Supremo, y donde jueces, fiscales generales y gobernadores conservadores ya están intentando torpedear la ejecución efectiva de la sentencia.

Retrasando, en definitiva, lo inevitable.

Los 14 estados que habían prohibido el matrimonio gay y que tras la sentencia de la Corte Suprema no pueden negarse a casar a estas parejas son Alabama, Arkansas, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Georgia, Kentucky, Louisiana, Michigan, Mississippi, casi todo Missouri, Nebraska, Ohio, Tennessee y Texas.

Algunas parejas acudieron a obtener sus licencias y casarse el mismo viernes, horas después de que la Corte Suprema falló que las parejas gay podían casarse en cualquier estado, incluido los 14 que mantenían la prohibición. Los activistas que insisten en que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer dijeron que seguirán defendiendo los derechos de los objetores religiosos y dando la batalla política.

En esos estados, algunos funcionarios dijeron que necesitaban tiempo y asesoría legal para cumplir con el fallo, aprobado por cinco de los nueve magistrados del Tribunal Supremo. “El derecho fundamental de los texanos a la libertad religiosa está protegido“, dijo el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott. “Ningún texano está obligado por la decisión de la Corte Suprema a actuar en forma contraria a sus convicciones religiosas con respecto al matrimonio”.

Los gobernadores de Louisiana y Mississippi también objetaron la sentencia de la corte. “Aquí se trata de nuestras libertades religiosas y la persecución de quienes creen que las uniones de personas del mismo sexo están mal“, dijo Phil Burress, dirigente de la asociación Ciudadanos por los Valores Comunitarios en Cincinnati. “Ahora comenzarán las persecuciones”.

El arzobispo católico de Cincinnati dijo que la corte desdeñó la voluntad de los votantes en Ohio y otros estados, además de desdeñar una concepción del matrimonio común a prácticamente todas las culturas hasta hace poco. “Todas las naciones tienen leyes que limitan quiénes y en qué circunstancias pueden casarse”, dijo el arzobispo Dennis Schnurr en un comunicado.

El fallo no abarca a las organizaciones religiosas y las iglesias como los bautistas del sur, los mormones y otras que se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo pueden decidir si su clero oficiará en las ceremonias.

La corte dio al bando perdedor tres semanas de plazo para pedir una reconsideración.

Fuente Dosmanzanas y Cáscara Amarga

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Por una mayoría de 5 votos favorables a 4, el plantel de jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dictaminado que el matrimonio es un derecho constitucional del que no se puede excluir a las parejas del mismo sexo. El espíritu de la sentencia puede resumirse en su resolución final, en la que los magistrados favorables estiman que las parejas demandantes reclamaban “igual dignidad a los ojos de la ley. La Constitución les otorga ese derecho”. Contra esta argumentación, la minoría disidente alude a argumentos caducos como el relacionar matrimonio y procreación o el socavamiento de la libertad religiosa.

Las previsiones más optimistas se han visto cumplidas y la más alta instancia judicial de los Estados Unidos, su Tribunal Supremo, intérprete máximo de la Constitución, ha dictaminado que las parejas del mismo sexo de todo el país tienen el derecho constitucional a contraer matrimonio, sea cual sea el estado en el que residan. Así, el matrimonio igualitario alcanza a todos aquellos estados donde las leyes que lo prohibían aún estaban vigentes o pendientes de resolución judicial definitiva: Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Kansas, Texas, Misuri, Arkansas, Luisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, Tennessee, Kentucky, Ohio y Michigan. La sentencia también afectará a otros territorios vinculados a las decisiones del Tribunal Supremo, como Puerto Rico.

Los nueve jueces del Tribunal Supremo debían discernir si las sentencias desfavorables al matrimonio igualitario de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito se ajustaban a la Constitución de los Estados Unidos. Las cuatro parejas recurrentes reclamaban el derecho a contraer matrimonio en su estado de residencia, o a ver reconocido el contraído en otro estado donde era legal. Afectaban a sentencias de los estados de Tennessee, Michigan, Kentucky y Ohio.

Todas ellas se aunaron en el caso Obergefell v. Hodges, que finalmente fue aceptado por el Tribunal Supremo para su consideración a principios de año. El caso hacía referencia al recurrente de Ohio, a quien se había denegado el reconocimiento de su matrimonio celebrado en Maryland, un estado que sí permitía casarse a las parejas del mismo sexo. Aunque la pareja consiguió una sentencia favorable de un tribunal federal, la Fiscalía de Ohio recurrió ante la Corte de Apelaciones del 6ª Circuito, que anuló tanto esa sentencia como las que habían tenido lugar en los otros estados de su jurisdicción.  Lamentablemente, el marido de Jim Obergefell, John Arthur, murió de una enfermedad terminal en plena lucha por sus derechos constitucionales.

El ponente de la sentencia ha sido el juez Anthony Kennedy (el mismo del fundamental y precursor caso Windsor), a quien se han unido con su voto favorable los jueces Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan. El juez Kennedy establece que el matrimonio es un derecho fundamental, y que “la identificación y protección de los derechos fundamentales es una parte perdurable de la obligación judicial de interpretar la Constitución”. Prohibir ese derecho fundamental a un grupo determinado de ciudadanos vulnera la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que ampara el derecho al debido proceso y la igual protección ante la ley: ”Ningún estado podrá dictar ni dar efecto a una ley que limite los privilegios o exenciones de los ciudadanos de los Estados Unidos; ningún tribunal de cualquiera de los estados podrá privar a una persona de su vida, su libertad o propiedad sin el debido proceso legal; ni podrá denegar a una persona dentro de su jurisdicción la igual protección ante las leyes. Si los estados permiten que las personas se casen con otras personas del sexo opuesto de su elección, deben permitir que las personas hagan la misma elección con cónyuges del mismo sexo”.

Discriminación histórica

No obstante, algunos esperaban que los fundamentos del fallo hicieran referencia a la orientación sexual como merecedora del más alto escrutinio, el mismo que merecen el sexo, la raza o el origen étnico. Eso hubiera significado que ninguna ley, mandato u ordenanza podría discriminar, ni siquiera por omisión, a los ciudadanos de los Estados Unidos en base a su orientación sexual. Sin embargo, la sentencia únicamente se ha ceñido al derecho al matrimonio y a la vulneración de la igual protección ante la ley en ese ámbito.

Aunque el dictamen contiene un detalle que no se ha pasado por alto: el juez Kennedy califica la orientación sexual de gais, lesbianas y bisexuales como “de naturaleza inmutable”, incidiendo más tarde en que “los psiquiatras y otros expertos han reconocido que la orientación sexual es una expresión normal de la sexualidad humana y es inmutable”. Esta calificación da fin a cualquier debate jurídico sobre la elección arbitraria de la orientación sexual y abre la puerta a que en futuros casos se le estipule el más alto escrutinio, pues la cuestión de la “naturaleza inmutable” ha sido fundamental para que le fuera reconocido al sexo o a la raza. A nadie se le escapa tampoco la relevancia que podrá tener en la lucha contra las terribles “terapias reparadoras”.

Pero el factor principal para designar a un grupo como merecedor del más alto escrutinio es el hecho de que haya sido históricamente discriminado. El juez Kennedy lo establece sin duda alguna: ”Durante gran parte del siglo XX la homosexualidad fue tratada como una enfermedad. Mientras tanto, la intimidad entre personas del mismo sexo había sido largamente condenada como inmoral por el propio Estado en la mayoría de las naciones occidentales, una creencia que a menudo se encarnaba en la ley penal. El sexo entre dos hombres o dos mujeres sigue siendo un crimen en muchos Estados, y a los gais y lesbianas se les ha prohibido el acceso a la mayor parte del empleo público, se les ha excluido del servicio militar, de las leyes de inmigración, han sido objetivos de la policía y se les ha impedido el derecho de asociación”. La repercusión que este argumento pueda tener en futuras sentencias, de este u otro tribunal, es indudable.

Finalmente, la sentencia se fundamenta en el derecho a la igual dignidad de todos los ciudadanos, sin excepción, y en la decisión de no excluir a ninguna persona de un derecho fundamental, la institución del matrimonio, que no hace sino engrandecerse al poder acoger a todos los ciudadanos:

Ninguna unión es más profunda que el matrimonio, ya que encarna los más altos ideales de amor, fidelidad, dedicación, sacrificio y familia. En la formación de una unión matrimonial, dos personas se convierten en algo más grande de lo que eran. Como algunos de los demandantes de estos casos han demostrado, el matrimonio representa un amor que puede incluso perdurar más allá de la muerte. Sería malinterpretar a estos hombres y mujeres afirmar que faltan al respeto a la idea del matrimonio. Su demanda se produce porque la respetan, la respetan tan profundamente que tratan de poder llevarla a cabo ellos mismos. Su esperanza es no estar condenados a vivir en soledad, excluidos de una de las instituciones más antiguas de la civilización. Piden igual dignidad a los ojos de la ley. La Constitución les otorga ese derecho.

La sentencia de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito queda invalidada.

Votos discrepantes

Los votos contrarios a la sentencia han partido de los jueces John G. Roberts (actual presidente del Supremo), Antonin Scalia, Clarence Thomas y Samuel Alito, como la mayoría de los expertos había previsto. Han presentado sus argumentos en cuatro opiniones de disenso, que ocupan dos tercios de los 103 folios que componen la sentencia.

La más profusa, elaborada por el juez Roberts, ha sido firmada también por Scalia y Thomas, e incide en viejos argumentos como el de relacionar matrimonio con procreación: “el matrimonio es una solución socialmente organizada para el problema de lograr que las personas permanezcan unidas y cuiden a sus hijos, pues el mero deseo de tener hijos y el sexo que hace posible que haya niños, no lo resuelve”. No sabemos si ese criterio es aplicable a las parejas heterosexuales que no puedan o no quieran procrear.

También echa mano el juez Roberts de la definición del matrimonio que ofrece la primera edición del diccionario Webster, como argumento de  peso: “la unión legal de por vida entre un hombre y una mujer”. Al parecer, al Webster aún no había llegado el divorcio. Pero su argumento fundamental es que no se trata de una cuestión de índole constitucional, sino de una decisión que debería poder tomar el pueblo mediante votación, aunque suponga la discriminación de parte de la ciudadanía. Así lo evidencia en su sorprendente conclusión final: “Si se encuentra usted entre los muchos estadounidenses, cualquiera que sea su orientación sexual, que están a favor de la expansión de los matrimonios del mismo sexo, por supuesto que celebrará la decisión de hoy. Celebrará el logro de una meta deseada. Celebrará la oportunidad de una nueva expresión del compromiso con su pareja. Celebrerá la disponibilidad de nuevos beneficios. Pero no celebrará la Constitución. No tenía nada que ver con eso”.

El juez Scalia llega tan lejos como para negar que el propio tribunal al que pertenece pueda dictar resolución alguna: “Un sistema de gobierno que subordina a las personas a un comité de nueve magistrados no electos no merece llamarse una democracia”, una clara referencia a que la mayoría de las legislaciones contra el matrimonio igualitario habían sido convalidadas mediante referéndum. Scalia asevera que no es un intolerante mientras califica a sus colegas firmantes de la sentencia favorable de “narcisistas pretenciosos”.

El juez Clarence Thomas considera que la cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo debería haberse limitado a una cuestión política, no judicial. También teme que la decisión mayoritaria socave la libertad religiosa. Aunque lo más sorprendente es que el siguiente argumento provenga del único miembro afroamericano del alto tribunal: “El corolario de este principio es que la dignidad humana no puede ser socavada por el gobierno. Los esclavos no perdieron su dignidad (más de lo que pierden su humanidad) porque el gobierno permitiera que fueran esclavizados. Los detenidos en campos de internamiento no perdieron su dignidad  porque el gobierno les confinara allí. Y a quienes les niegan beneficios gubernamentales ciertamente no pierden su dignidad porque el gobierno se los niegue. El gobierno no puede conceder la dignidad, y no la puede quitar”.

Finalmente, el juez Samuel Alito se muestra muy preocupado por que los partidarios de los derechos LGTB utilicen los argumentos de la mayoría del tribunal respecto a la discriminación histórica del colectivo para vilipendiar a quienes quieran discriminarles: “Serán utilizados para vilipendiar a los estadounidenses que no estén dispuestos a asentir a la nueva ortodoxia. En sus fundamentos, la mayoría del tribunal compara las leyes tradicionales de matrimonio a las leyes que negaban la igualdad de trato para los afroamericanos y las mujeres. Las implicaciones de esta analogía serán explotadas por aquellos que están decididos a acabar con todo vestigio de disidencia”.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Anthony Kennedy, Antonin Scalia, Clarence Thomas, Corte de Apelaciones del 6º Circuito, Discriminación, Elena Kagan, Estados Unidos, Jim Obergefell, John Arthur, John G. Roberts, Matrimonio, Obergefell v. Hodges, Ruth Ginsburg, Samuel Alito, Sonia Sotomayor, Stephen Breyer, Tribunal Supremo (Estados Unidos)

El presidente de la organización advierte a sus miembros que o cambian, o la justicia les obligará a hacerlo.

El presidente de los Boy Scouts de América, Robert Gates, ha solicitado este jueves a la organización que termine con su política discriminatoria y permita la incorporación de adultos homosexuales en calidad de profesores, en un gesto que demuestre que el grupo, duramente criticado por organizaciones LGBT por sus restricciones, “entiende al fin el mundo como es, y no como debería ser”.

Gates es ex secretario de Defensa de EEUU y se le considera como una tabla de salvación tras la crisis de liderazgo que ha padecido la organiación juevenil, precisamente por este tema.

Si bien Gates ha recalcado que no tiene intención de alterar los conservadores estatutos de la organización, sí recomendó que actualice sus políticas antes de que entre en juego la Justicia estadounidense. “O los Boy Scouts cambian por sí mismos, o al final será un tribunal quien les obligue a hacerlo“, ha hecho saber el ex alto oficial de la Casa Blanca durante la reunión anual de los Boy Scouts, celebrada en Atlanta (Georgia).

Más de un 60 por ciento de los líderes de los Boy Scouts votaron en 2013 a favor de la incorporación de jóvenes homosexuales pero eludieron pronunciarse sobre la posible presencia de adultos de la misma orientación sexual para trabajar como guías y educadores.

A pesar del silencio durante la votación, algunos grupos de scouts han manifestado su disconformidad con los estatutos permitiendo la incorporación de mayores de edad “manifiestamente homosexuales”, como es el caso de un joven de 18 años que trabaja como consejero infantil en los Boy Scouts de Nueva York.

Las declaraciones de Gates han sido recibidas con elogios de los Scouts for Equality, una organización dedicada a ponerle fin a la prohibición. “Este es otro paso adelante para los Boy Scouts de América”, dijo Zach Wahls, director ejecutivo de la organización, en un comunicado de prensa. “Estoy orgulloso de ver al Dr. Gates trazar un camino hacia la plena igualdad en la BSA”, ha hecho saber Wahls en declaraciones a la cadena estadounidense CNN.

Fuente Cáscara Amarga

General, Homofobia/ Transfobia. Boy Scouts de América, EE. UU., Homosexualidad, Robert Gates, Scouts for Equality, Zach Wahls

Estados Unidos en muchas ocasiones es definido como una de las mayores democracias del mundo y el país de la libertad. Esta afirmación choca con algunas leyes y datos que se conocen sobre el país.

En el país norteamericano, la historia sobre el matrimonio homosexual se remonta a 1973, año en el que Maryland se convierte en el primer estado en prohibir por ley el matrimonio entre personas del mismo sexo, llegando a estar prohibido casi en la totalidad de los estados en la década de los 90. En esa misma década, Bill Clinton promulga la Ley de Defensa del Matrimonio, que prohíbe al Gobierno Federal reconocer el matrimonio entre homosexuales. Unos años más tarde y numerosas sentencias de la Corte Suprema de distintos estados a favor de la unión entre personas del mismo sexo después, Clinton se posiciona contra su propia ley, que acabará siendo declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo en octubre de 2014 por 5 votos a favor y 4 en contra. Esto no supone la aprobación del matrimonio homosexual en todo el país, pero si obliga a los estados a reconocer a este tipo de uniones los mismos derechos que a las heterosexuales.

Massachusetts se convierte en 2004 en el primer estado que reconoce legalmente el matrimonio homosexual. Desde ese momento, a pesar de seguir habiendo algunas sentencias en contra de reconocer ese derecho en algunos estados, cada vez son más las regiones estadounidenses que se van uniendo a la lista de lugares en los que el matrimonio homosexual es legal. A día de hoy solo en 12 de los 50 estados de EEUU existe una ley explícita que reconoce el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo (Connecticut, Delaware, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, Nueva York, Rhode Island, Vermont y Washington). No obstante, en 24 estados más el matrimonio homosexual es legal gracias a la intervención de los tribunales, que debido a las demandas interpuestas por parte de parejas de gays y lesbianas para ver reconocidos sus derechos, han fallado en contra de las prohibiciones existentes en numerosos estados que vetaban estas uniones, declarándolas inconstitucionales y abriendo la puerta a la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo. Estos pronunciamientos judiciales a favor del derecho de las personas homosexuales a contraer matrimonio se han producido en Alaska, Arizona, California, Colorado Florida, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Montana, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Utah, Virginia, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming.

En los estados de Kansas, Misuri y Alabama, algunos tribunales han reconocido el derecho de las personas homosexuales a casarse, pero solo en parte de estos territorios y algunos condados, por lo que su aplicación no se abarca toda la extensión de estos estados. Por otro lado, Texas, Arkansas, Mississippi, Dakota del Sur y Nebraska aún mantienen litigios para determinar la legalidad del matrimonio igualitario con fecha indeterminada para su resolución, y Georgia, Kentucky, Louisiana, Michigan, Dakota del Norte, Ohio, Tennessee y Texas aún mantienen intactas sus respectivas prohibiciones a estos matrimonios.

Apoyo de la población al matrimonio homosexual

El apoyo de la sociedad estadounidense al matrimonio homosexual ha aumentado significativamente en los últimos años. Una encuesta realizada por Gallup en mayo de 2014, sitúa el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo en un 55%, frente a un 42% que está en contra. La primera encuesta que hizo Gallup sobre este tema, se remonta a 1996, donde el rechazo era abrumadoramente superior al apoyo: 68% en contra, 27% a favor. 2011 fue el primer año en el que el apoyo al matrimonio homosexual superó al rechazo (53% a favor, 45% en contra).

El futuro del matrimonio homosexual en EE UU se decidirá en junio

Una demanda de 12 parejas homosexuales demandando a los estados de de Michigan, Ohio, Kentucky y Tennessee por prohibirles el matrimonio, ha llevado al Supremo a tener que pronunciarse sobre si el derecho al matrimonio debe incluir a las personas homosexuales. Una sentencia favorable podría significar la aprobación del matrimonio homosexual en todo el país.

El alto tribunal se pronunciará, previsiblemente, en junio de este año, sobre la demanda de estas 12 parejas que consideran una violación de su derecho a la igualdad que no se les permita casarse y que además estos estados no reconozcan los matrimonios de quienes ya se habían casado en otros estados. Los nueve magistrados del tribunal se encuentran bastante divididos, así es que habrá que esperar a junio para saber si finalmente EEUU se convierte en el decimoctavo país del mundo en aprobar el matrimonio homosexual.

Fuente Cáscara Amarga

General, Historia LGTBI EE. UU., Matrimonio igualitario

Un año más, ILGA Europa ha dado a conocer su informe anual sobre la situación de los derechos LGTB en el continente europeo. Como es costumbre, junto al estudio se incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTB. España baja hasta la sexta posición, empatada con Holanda y Noruega, desbancada por los sorprendentes ascensos de Malta, que alcanza el tercer puesto, y sobre todo de Croacia, un país cuya población votó mayoritariamente en referéndum a favor de la discriminación de las personas LGTB. En cuanto al descenso en la calificación de España, han pesado las políticas en materia sanitaria y servicios sociales del gobierno del Partido Popular, entre las que se incluyen la restricción del tratamiento hormonal para los hombres transexuales, el bloqueo de las técnicas de reproducción asistida para lesbianas y mujeres bisexuales o el hecho de que las personas que viven con VIH no puedan acceder a ciertas profesiones o servicios como residencias para mayores o seguros de salud o de vida, sin que se articulen medidas legislativas para impedir la patente discriminación que eso supone.

Al igual que en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y antidiscriminación, derecho de familia, crímenes y discursos de odio, reconocimiento legal de la identidad de género, libertad de asociación y asilo. Dicho porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial.

Ello explica el ascenso de Malta hasta la tercera posición, pues tras promulgar en 2014 una ley de uniones civiles que incluía a las parejas del mismo sexo, en abril de 2015 ha aprobado una avanzada ley de identidad de género que reconoce y ampara los derechos de las personas transexuales e intersexuales. Sin embargo, cabe señalar que los gais, lesbianas y bisexuales malteses siguen sin ser iguales ante la ley, pues sus parejas no merecen el mismo reconocimiento que las parejas heterosexuales.

Ese es también el caso de Croacia, con el agravante de que en este caso fue el propio pueblo croata quien en 2013 corroboró en referéndum una reforma constitucional para prohibir el matrimonio igualitario. Tras esa decisión, en julio de 2014 el gobierno de Croacia aprobó una ley de uniones civiles que sí incluía a las parejas del mismo sexo (aunque no les permite adoptar conjuntamente), lo cual le ha proporcionado el ascenso hasta la quinta plaza en el listado de ILGA. A pesar de ello, hay que reiterar que las parejas LGTB croatas están discriminadas constitucionalmente por decisión popular.

Aunque cabe recordar, como de costumbre, que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA, no deja de sorprender que la discriminación expresa y constitucional del colectivo LGTB no reste puntuación, sino que parece sumarla. También cabe preguntarse qué medidas legislativas a favor de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales ha adoptado Rusia en el último año para que su porcentaje se incremente del 6 al 8 % y abandone el último puesto de la clasificación.

Como en los últimos años, el Reino Unido vuelve a ocupar el primer lugar, seguido de nuevo por Bélgica. Esta es la lista ordenada por calificación:

• Reino Unido: 86 %
• Bélgica: 83 %
• Malta: 77 %
• Suecia : 72 %
• Croacia: 71 %
• Holanda: 69 %
• Noruega: 69 %
• España: 69 %
• Dinamarca: 68 %
• Portugal: 67 %
• Francia: 65 %
• Islandia: 63 %
• Finlandia: 62 %
• Alemania: 56 %
• Austria: 52 %
• Hungría: 50 %
• Montenegro: 46 %
• Luxemburgo: 43 %
• Albania: 42 %
• Irlanda: 40 %
• Grecia: 39 %
• Georgia: 36 %
• República Checa: 35 %
• Estonia: 34 %
• Eslovenia: 32 %
• Andorra : 31 %
• Bosnia-Herzegovina: 29 %
• Serbia: 29 %
• Eslovaquia: 29 %
• Rumania: 28 %
• Suiza: 28 %
• Bulgaria: 27 %
• Polonia: 26 %
• Italia: 22 %
• Liechtenstein: 19 %
• Lituania: 19 %
• Chipre: 18 %
• Kosovo: 18 %
• Letonia: 18 %
• Moldavia: 16 %
• Bielorrusia: 14 %
• San Marino: 14 %
• Macedonia: 13 %
• Turquía: 12 %
• Mónaco: 11 %
• Ucrania: 10 %
• Armenia: 9 %
• Rusia: 8 %
• Azerbaiyán: 5 %

La situación en España

Entre los datos que destaca ILGA sobre la situación española, está el informe del Ministerio del Interior que señala que el mayor porcentaje entre los delitos de odios son aquellos que tienen a las personas LGTB como víctimas, al alcanzar el 39,9 % del total. A ello suma la habitual intolerancia y agresividad contra el colectivo LGTB por parte de la jerarquía de la iglesia católica, con el cardenal Fernando Sebastián a la cabeza calificando a la homosexualidad como “deficiencia tratable”.

Pero son las restricciones impuestas por el gobierno del Partido Popular en materia sanitaria y de servicios sociales las que tienen una mayor influencia en la calificación de ILGA. Entre ellas, la exclusión de las mujeres sin pareja masculina de la cobertura de las técnicas de reproducción asistida, que afecta a las lesbianas y mujeres bisexuales; la retirada del Reandron, tratamiento hormonal muy utilizado por los hombres transexuales, de la financiación pública; la no articulación de medidas legislativas para impedir la discriminación de las personas que viven con VIH en el acceso a ciertas profesiones o servicios, como las residencias para mayores o seguros de salud y de vida; el imperdonable hecho de que, desde 2009, no se haya concedido ninguna solicitud de asilo a personas LGTB perseguidas en su país, a pesar de que la legislación europea lo establezca; o  el vergonzoso convenio de adopción con Rusia, que se doblega ante su legislación homófoba y no solo impide a las parejas del mismo sexo y a las personas solteras optar a la adopción, sino que permite a Rusia hacer un seguimiento de los menores ya adoptados.

ILGA señala que las carencias en estos y en otros ámbitos a veces son aliviadas por determinadas Comunidades Autónomas. Así, destaca la aprobación en comunidades como Extremadura de una avanzada ley contra la discriminación de las personas LGTBI, a semejanza de la promulgada anteriormente en Cataluña. O la entrada en vigor de la ley integral de identidad de género en Andalucía, a la que califica como una de las más avanzadas de Europa. ILGA, sin embargo, echa en falta más legislación de este tipo de ámbito nacional.

Algunos de los datos positivos son ambivalentes. Aunque ILGA señala que los hijos de parejas del mismo sexo masculina nacidos por gestación subrogada en otros países ya pueden ser registrados, también advierte de que no ha sido así hasta que se tuvo que acatar una sentencia del tribunal de Estrasburgo. También alaba que el actual rey, Felipe VI, haya recibido a los representantes de los colectivos LGTB en diversos actos oficiales, pero critica que la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no se haya reunido con esos mismos representantes después de más de dos años de reiteradas solicitudes al respecto.

También hay datos claramente positivos para ILGA, como la presentación por parte del Ministerio del Interior del primer protocolo policial específico para los delitos de odio. También destaca la sentencia del Tribunal Supremo a favor de Maribel Blanco, una mujer lesbiana que ha conseguido ser declarada madre legal del hijo concebido por la que ahora es su expareja mediante fecundación in vitro, pese a no existir entre ellas relación matrimonial y a que la madre biológica se oponía a ello.

Existe un dato por el que ILGA alaba a España especialmente: según los informes a disposición de la organización, España está a la cabeza mundial en cuanto a la aceptación social de la homosexualidad.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, y en 2014.  España, en todos los casos, se ha situado siempre en los puestos de cabeza.

Os podéis descargar (en formato PDF) tanto el informe anual, como la tabla con todos los datos o el mapa.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Felipe de Borbón, Fernando Sebastián, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Hungría, ILGA, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Maribel Blanco, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Soraya Sáenz de Santamaría, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania

El joven, de tan solo 15 años, se despidió con una nota de suicidio en la plataforma Tumblr

Zander Mahaffey, un joven transexual de tan solo 15 años, decidió acabar con su vida el pasado 15 de febrero. El joven procedente de Georgia, se despidió de los suyos con una nota de suicidio publicada en la plataforma Tumblr. En ella arremetía duramente contra su madre, a la que culpaba de su decisión, y se refería a ella con expresiones como “pedazo de mierda”.

En la nota Zander también confesaba haber sido violado años atrás. Después de estas duras afirmaciones, el joven se despedía de amigos y familiares uno por uno. “Lo siento, no he sido lo suficientemente fuerte y he decidido abandonar. No puedo, no puedo seguir con esto”, decía Zander.

“El tiempo continuará, ojalá nadie sufra demasiado tiempo por mí. Solo debes seguir como si todo fuera normal, eso es lo que quiero. Se que soy egoísta. Siento pensar solo en mí en esta situación. Se que habrá personas que sufran por esto y lo siento, lo siento mucho. No se qué más decir, estoy cansado y solo quiero descansar” decía Zander en su nota de suicidio.

El funeral tuvo lugar el día 18 de febrero. Las redes sociales acogieron lo ocurrido, sobre todo Twitter donde se creó el hastag #HisNameWasZander.

General, Homofobia/ Transfobia. #HisNameWasZander, EE. UU., Georgia, Suicidio adolescente, Zander Mahaffey