22 de agosto: Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

“Seguimos siendo testigos del aumento del discursos de odio, la intolerancia e incluso la violencia física y los ataques a personas, grupos y sitios, simplemente debido a sus creencias religiosas o su importancia”, sostiene el secretario general de la ONU

“La libertad de religión o de creencias es un Derecho Humano, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hoy, este derecho se está probando”

 ONU reclama terminar con el acoso a la Comunidad Musulmana Ahmadía en el mundo: En Argelia, Bangladesh, Egipto, Indonesia, Irán, Malasia, Pakistán o Sri Lanka.

22.08.2021 | RD/Ep

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha recordado este viernes a las víctimas de la violencia basada en la religión, con motivo del Día Internacional de este hecho, y ha lamentado el “aumento de la intolerancia”.

“Seguimos siendo testigos del aumento del discurso de odio, la intolerancia e incluso la violencia física y los ataques a personas, grupos y sitios, simplemente debido a sus creencias religiosas o su importancia”, ha destacado Guterres en un discurso publicado por Naciones Unidas.

Ahondando en este aspecto, el secretario general de la ONU ha apuntado que, a menudo, este tipo de violencia va acompañada de la vulneración de otros Derechos Fundamentales, incluido e derecho a la libertad de pensamiento o de conciencia.

Además, en un contexto de crisis pandémica derivada de la COVID-19, el racismo y el estigma, junto con la desinformación, “ha exacerbado aún más esta peligrosa convergencia”.

“A pesar de los riesgos, las víctimas continúan hablando con gran valentía para defender sus derechos. Me solidarizo plenamente con ellos y con los decididos esfuerzos de los actores de la sociedad civil, líderes comunitarios y religiosos para movilizarnos contra cualquier acto de violencia o discriminación”, ha aseverado Guterres.

Así pues, el líder de Naciones Unidas ha puesto en los Estados la responsabilidad de “prohibir y disuadir la discriminación y la violencia”, así como “proteger los Derechos Humanos de las minorías religiosas y garantizar que los autores de estos delitos rindan cuentas”, a la par que la comunidad internacional apoya a las víctimas de estos “actos atroces”.

Naciones Unidas ha remarcado haber hecho de este problema una prioridad que se debe abordar a través de algunas de las iniciativas que se han lanzado en esta materia, como el Llamado de acción por los Derechos Humanos, o el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre Discursos de Odio, junto con el Plan de las Naciones Unidas para salvaguardar los lugares religiosos.

“La libertad de religión o de creencias es un Derecho Humano, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hoy, este derecho se está probando”, ha añadido Guterres, quien ha zanjado su discurso apuntando a un compromiso global para “cambiar el rumbo de esta terrible tendencia” y para construir “sociedades más inclusivas y pacíficas, donde la diversidad se celebra como una riqueza”.

Fuente Religión Digital

Budismo, Cristianismo (Iglesias), General, Islam, Judaísmo António Guterres, Delitos de Odio, Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias, ONU, Religiones

Foto: difusión

El soldado fue expulsado del Ejército, según la decisión del tribunal con fecha el 15 de julio dada a conocer esta semana.

La homosexualidad es legal en Indonesia, pero el código militar lo considera como un comportamiento que atenta contra la reputación del Ejército.

El tribunal militar de Indonesia condenó a un soldado a siete meses de prisión por mantener relaciones sexuales con otro hombre, actos que, según su código castrense, están prohibidos. “El acusado había sido advertido por sus superiores de que todo comportamiento LGTB estaba prohibido (…), pero persistió”, indica el documento de la sentencia, de 71 páginas.

Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo “se consideran un comportamiento sexual desviado (…) y atentan contra la reputación del Ejército”, se precisa.

El soldado, que estaba en la base de Kalimantán, la parte de la isla de Borneo, también fue expulsado de dicha institución, según la decisión del tribunal con fecha el 15 de julio y dada a conocer esta semana.

La homosexualidad es legal en Indonesia, país que cuenta con la mayor población musulmana del mundo, salvo en la provincia de Aceh, donde rige la sharia (ley que incluye como graves faltas la homosexualidad, la desobediencia de las mujeres hacia la autoridad del padre o el esposo, las relaciones con infieles, entre otros, y las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo se castigan con azotes.

Indonesia, un infierno para la diversidad LGTB

En 2018, informábamos de la detención de  diez mujeres, acusadas de «conducta lésbica». Antes, recogíamos, precisamente, la detención de cuatro personas en Banda Aceh, a manos de patrullas ciudadadanas, acusadas de «practicar la homosexualidad»: tres varones y una mujer transexual, que se enfrentan a penas que incluyen los mencionados castigos físicos. A principios del 2018 recogíamos el descarnado caso de LGTBfobia de Estado en Indonesia. La policía de Aceh detuvo a doce mujeres trans, les afeitó el cabello y las obligó a vestirse como«hombres normales». En Aceh, desde 2005 rige la sharia o ley islámica gracias a la autonomía que le fue concedida al firmar la paz con los separatistas, poco después del tsunami que asoló la región. En septiembre de 2014, además se aprobó una terrible ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de recibir cien azotes en público con una vara de ratán. La legislación entraba en vigor en octubre de 2015 y fue aplicada, entre otras ocasiones, en mayo de 2017 a dos jóvenes de 20 y 23 años. En el mismo mes de octubre de 2015 nos hacíamos eco de la detención de dos jóvenes lesbianas (de 18 y 19 años) por abrazarse públicamente y confesar que eran pareja. Según el jefe de la policía islámica las chicas serían “sometidas a rehabilitación con la participación de psicólogos en dependencias sociales”.

Indonesia también votó en 2014 en contra de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra la homofobia y la transfobia y ha sido calificado, por su propia población, como un mal lugar para vivir si eres gay o lesbiana (solo un 2% opina lo contrario) en una encuesta de Gallup.

En el mes de octubre de 2016, informábamos de la detención de una pareja gay por subir a su cuenta de Facebook unas fotos besándose, junto con un mensaje de amor, que fue considerada por las autoridades como “pornografía”. A estos hechos se suman un deterioro homófobo que reconocía el presidente Joko Widodo, quien lejos de atajarla ha llegado a aprobar medidas discriminatorias, como confiscar preservativos, o la persecución de webs LGTB, bloqueando aplicaciones de citas entre personas del mismo sexo o autorizar formas de discriminación laboralcon el veto de aspirantes LGTB a plazas públicas, el cierre de la única escuela y mezquita para personas trans de Indonesia, aparte de permitir las irresponsables declaraciones homofóbicas de políticos y alcaldes demonizando al colectivo LGBTy la radicalización de líderes religiosos que han llegado a fomentar el boicot a empresas internacionales que apoyan al colectivo LGBT.

En diciembre de 2017 nos hacíamos eco la condena de diez hombres a dos años de cárcel en Indonesia por participar en una supuesta «fiesta gay» en Yakarta, la capital de este país asiático. A diferencia de Aceh, en Yakarta las relaciones homosexuales no son ilegales, por lo que los detenidos fueron condenados por violar la ley contra la pornografía.

El hecho de que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente esta no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación que se vive hoy día en Indonesia. De hecho, solo en las provincias autónomas de Aceh y Sumatra Meridional, en las cuales se aplica la sharía o ley islámica (en Aceh a todos los ciudadanos, en Sumatra Meridional solo a los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría), las relaciones homosexuales son formalmente ilegales, castigándose incluso con castigos físicos.

Pero también en el resto del país la situación se está deteriorando. Ya lo recogíamos en febrero de 2016, cuando hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos. Desde entonces, por desgracia, no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. Un ejemplo es la redada de mayo de 2017 en el que la policía indonesia detenía en Yakarta a 141 hombres por asistir a lo que las autoridades han calificado como una supuesta “fiesta de sexo gay”, pese a que la homosexualidad no es ilegal en la capital y que desembocó en la citada condena de diez hombres, pero ha habido muchos otros. Días antes de aquella redada, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una «fiesta gay» en Surabaya, la segunda ciudad del país. En Java Occidental, la provincia más poblada de Indonesia, el jefe de policía hizo pública por su parte su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB. Y en octubre de 2017 tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres. Una estigmatización a la que también ha contribuido la decisión de la Asociación Psiquiátrica Indonesia de clasificar la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad como trastornos mentales.

Esta espantosa situación podría agravarse de prosperar la iniciativa legislativa que pretende castigar en todo el país las relaciones homosexuales con penas de hasta cinco años de prisión. Sin embargo, en diciembre también aludíamos al “respiro provisional” que había supuesto la decisión del Tribunal Constitucional de Indonesia de rechazar una propuesta de criminalización de las relaciones sexuales entre personas no casadas, cuyo objetivo principal no era otro que el de castigar por vía indirecta las relaciones homosexuales. Poco duraba el respiro, por desgracia.

En julio de 2020 conocíamos que Indonesia podría aprobar en 2021 los “exorcismos” a personas LGTB+. Y en febrero de este año, una pareja gay era condenada a 154 latigazos por tener relaciones sexuales.

Fuente Agencias

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Borneo, Indonesia, Kalimantán

Abogados de los demandantes y simpatizantes muestran una pancarta en la que se lee “Decisión inconstitucional” después de que un tribunal de distrito dictaminara la legalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo a las puertas del tribunal de distrito de Sapporo, en Sapporo, Hokkaido, norte de Japón el 17 de marzo de 2021, en esta foto tomada por Kyodo. Crédito obligatorio Kyodo/vía REUTERS

Un tribunal de primera instancia de Sapporo ha dictaminado que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo es contraria a la Constitución de Japón. Aunque la sentencia no tendrá efectos sobre la situación legal de las parejas demandantes, puede suponer un importante impulso para el objetivo de la legalización del matrimonio igualitario. Se espera que las sentencias que deben dictar los tribunales de Tokio, Osaka y Nagoya tengan un sentido igualmente favorable. Japón es el único de los siete países más industrializados del mundo que no ha establecido la igualdad legal para las parejas del mismo sexo, si bien en el continente asiático eso solo sucede en la isla de Taiwán.

Un tribunal de distrito de Japón dictaminó el miércoles, en una victoria histórica para la comunidad LGBT + del país, que no permitir que las parejas del mismo sexo se casen es “inconstitucional”, sentando un precedente en la única nación del G7 que no reconoce plenamente las parejas del mismo sexo.

Aunque la constitución del país actualmente define el matrimonio como basado en “el consentimiento mutuo de ambos sexos”, el tribunal del distrito de Sapporo en Japón se puso del lado de los demandantes, que se encontraban entre las 13 parejas del mismo sexo que entablaron demandas contra el gobierno japonés el día de San Valentín de 2019. Las parejas presentaron demandas, reclamando daños y perjuicios por la falta de reconocimiento de la igualdad en el matrimonio, en cuatro tribunales de distrito: la capital Tokio, Sapporo en la isla norteña de Hokkaido y Nagoya y Osaka en el centro de Japón. Sapporo es el primer distrito en dar un veredicto, más de dos años después.

En el mes de febrero de 2019, trece parejas del mismo sexo de diferentes ciudades de Japón decidieron demandar al Estado por la imposibilidad de contraer matrimonio legalmente. Cada una de las parejas (ocho de hombres y cinco de mujeres) reclamó una indemnización de un millón de yenes (unos 8000 euros) por los daños psicológicos causados por la prohibición, si bien el objetivo final de las demandas era impulsar el cambio legislativo que permita que la institución matrimonial ampare también a las parejas del mismo sexo.

Tres de estas parejas presentaron sus demandas ante el tribunal de primera instancia de Sapporo, que ha sido el primero en dictar sentencia. La jueza Tomoko Takebe ha fallado a su favor, dictaminando que «los beneficios legales derivados de los matrimonios deben beneficiar por igual a homosexuales y heterosexuales», según consta en el resumen de la sentencia que ha sido publicado. La jueza también ha establecido que el hecho de que el matrimonio entre personas del mismo sexo no esté permitido viola el artículo 14 de la Constitución japonesa, que prohíbe la discriminación «por razón de raza, credo, sexo, posición social u origen familiar». Sin embargo, ha denegado la indemnización solicitada por los demandantes.

Los abogados de los demandantes argumentaron que la redacción de la constitución era para prevenir el matrimonio forzado y, por lo tanto, no debería usarse para evitar que las parejas del mismo sexo se casen.

Aunque el tribunal de distrito de Sapporo no otorgó la indemnización por sufrimiento mental, dictaminó que impedir que las parejas del mismo sexo tuvieran igualdad de acceso al matrimonio era “inconstitucional”, lo que podría sentar un precedente para las sentencias de los otros tribunales de distrito.

Esta declaración de inconstitucionalidad, de ser firme en una instancia superior, es la que puede poner fin a la diatriba sobre la interpretación del artículo 24 de la Constitución japonesa, que regula el matrimonio, en el que tan solo se hace referencia al «consentimiento mutuo entre los dos sexos». Mientras que el primer ministro Shinzō Abe siempre se ha escudado en esta redacción para rechazar la constitucionalidad del matrimonio igualitario, los defensores de los derechos LGTBI arguyen un fallo del Tribunal Supremo del año 2015, que interpretó el artículo en el sentido de que el matrimonio se debe basar en una decisión libre entre iguales, sin aludir al sexo de los contrayentes. Según este criterio, la Constitución no prohíbe casarse a las parejas del mismo sexo, sino que consagra la libertad en el acceso al matrimonio.

Según Reuters, el fallo declaró: “La orientación sexual no se puede cambiar o seleccionar por voluntad de una persona. Es un trato discriminatorio … que no puedan recibir ni siquiera algunos de los beneficios legales que reciben los heterosexuales”. Un demandante le dijo a la BBC: “Este es un gran paso adelante en Japón … Nos estamos acercando a hacer realidad nuestro sueño”.

El fallo histórico es una gran victoria para la comunidad LGBT + japonesa, pero incluso si los cuatro tribunales fallaron a favor de las parejas, no garantiza que todo el país legalice el matrimonio igualitario. Por eso, los demandantes han recibido con satisfacción la sentencia de la jueza Takebe en lo que puede suponer un primer paso para terminar con la discriminación. Uno de los demandantes declaraba emocionado que no podía dejar de llorar al ver que «el tribunal nos ha tomado en serio». Otra de ellas esperaba que este fuera «un primer paso para que Japón cambie». Sin embargo, los representantes legales de los demandantes mostraban en un comunicado su intención de apelar la sentencia en cuanto a la denegación de la indemnización por daños, pues «tenemos que dejar claro que el parlamento ha hecho dejación de sus funciones respecto a una situación inconstitucional al abandonar sus obligaciones legislativas, y así conseguir que tomen medidas rápidamente».

Aunque será necesaria una nueva ley antes de que puedan celebrarse realmente los matrimonios entre personas del mismo sexo -lo que podría llevar algún tiempo en un Japón socialmente conservador-, los activistas del colectivo LGBT celebraron la sentencia y dijeron que tenía el potencial de cambiar sus vidas. “Estoy muy contento. Hasta que se anunció la sentencia, no sabíamos que esto era lo que íbamos a conseguir y estoy muy contento”, dijo Gon Matsunaka, de 44 años, director del grupo activista Marriage for All Japan y representante en Pride House Tokyo. “Su valor es absolutamente inconmensurable”.

Por su parte, el secretario jefe del Consejo de Ministros, Katsunobu Kato, declaró a la prensa que el Gobierno no estaba de acuerdo con esta sentencia. Afirmó, no obstante, que el Ejecutivo busca lograr una sociedad más tolerante con la diversidad, aunque no aclaró cómo respondería a la sentencia, excepto que observará los casos judiciales pendientes. Se espera que las demandas presentadas por el resto de parejas en Tokio, Osaka y Nagoya se resuelvan próximamente.

El Tribunal de Distrito de Sapporo desestimó la demanda de indemnización por daños y perjuicios de los seis demandantes – dos parejas de hombres y una de mujeres – que habían solicitado que el gobierno japonés pagara 1 millón de yenes (9.168,42 dólares) a cada uno en reconocimiento del dolor que sufrieron al no poder casarse legalmente. Pero la sentencia de “inconstitucionalidad” fue la victoria que los demandantes, sus abogados y activistas esperaban como un paso clave y que sienta un importante precedente.

En la actualidad se están tramitando casos similares en otros cuatro tribunales de Japón y esta sentencia puede influir indirectamente en el resultado de los mismos al cambiar la opinión pública, añadió Matsunaka.

Aunque la legislación japonesa es relativamente liberal para los estándares asiáticos, las actitudes sociales han mantenido a la comunidad LGBT en gran medida invisible en la tercera economía del mundo. Con la normativa actual, las parejas del mismo sexo no pueden casarse, no pueden heredar los bienes de su pareja -como la casa que hayan podido compartir- y tampoco tienen derechos parentales sobre los hijos de su pareja.

Aunque muchas áreas en Japón ofrecen certificados a parejas del mismo sexo que les permiten algunos beneficios legales disponibles para parejas del sexo opuesto, por ejemplo, el derecho a alquilar una casa juntos y los derechos de visita al hospital, sin matrimonio entre personas del mismo sexo no pueden heredar de su pareja y no tienen derechos parentales sobre los hijos de sus parejas.

En comparación con muchos otros países asiáticos, Japón es relativamente progresista en lo que respecta a los derechos LGBT +, pero ser LGTBI sigue siendo un tabú en la sociedad japonesa y los prejuicios anti-LGBT + todavía abundan.

Sin embargo, Japón es el único país del G-7 (compuesto además por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y el Reino Unido) en el que no está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, en su entorno geográfico únicamente se permite en Taiwán, que se convirtió en la primera nación de Asia en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2019.

Derechos LGTBI+ en Japón

Aunque las relaciones sexuales homosexuales son legales en Japón desde 1880, el estigma social hace que muchos no salgan del armario ni siquiera ante sus familias.

Algunos miembros del mundo empresarial afirman que las normas japonesas que no permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo perjudican la ventaja competitiva del país, al dificultar que las empresas, especialmente las extranjeras, atraigan y conserven mano de obra altamente cualificada en una economía cada vez más internacional.

Varias empresas han tomado sus propias medidas para sortear la situación, tanto las internacionales como las japonesas, como Panasonic. Pero hay límites. “Para las cosas que forman parte del sistema nacional, como las pensiones, no hay nada que puedan hacer”, dijo Masa Yanagisawa, jefe de Servicios Primarios de Goldman Sachs Japón y miembro de la junta directiva de Matrimonio para Todos Japón. “Todos los demás países avanzados lo tienen, por lo que Japón saldrá perdiendo competitivamente. Además, está el hecho de que la gente no puede ser quien es. Se convierte en algo bastante crítico para el negocio”.

Aunque Japón carece de matrimonio igualitario, varias ciudades han aprobado la inclusión de parejas del mismo sexo en los registros de uniones de hecho. La primera administración japonesa lo hizo fue el distrito tokiota de Shibuya, seguido del de Setagaya. Posteriormente se les unieron las ciudades de Iga, en la prefectura de Mie, y Takarazuka, en Hyogo. En febrero de 2017 y en abril de 2018, respectivamente, Sapporo y Fukuoka se convertían en las primeras grandes ciudades en aprobar las uniones de hecho para las parejas del mismo sexo.

Los resultados de una encuesta realizada en el país nipón a finales de 2015 constatan que un 51% de la ciudadanía sería partidaria de la aprobación del matrimonio igualitario. Una gran evolución, teniendo en cuenta que hasta épocas recientes la homosexualidad era un tema tabú en la sociedad japonesa. Otro importante reconocimiento llegaba en julio de 2016, cuando el ministerio de Trabajo incluía la discriminación hacia empleados LGTB como una forma de acoso sexual. Estaremos pendientes sobre cualquier movimiento que suponga un avance hacia la igualdad en el acceso al matrimonio.

La ciudad de Iga (que ronda los 95.000 habitantes, en la prefactura de Mie) se convertía en diciembre de 2015 en el cuarto municipio japonés en abrir a las parejas del mismo sexo la posibilidad de unirse civilmente. Aunque en Japón, como decíamos, tampoco se ha aprobado todavía el matrimonio igualitario, varias ciudades han tomado la delantera, aprobando la inclusión de parejas del mismo sexo en los registros de uniones de hecho.

La primera administración japonesa que anunció la apertura de uniones civiles entre parejas de gais y lesbianas fue la de Shibuya (un distrito especial de Tokio). Por su parte, Setagaya (como Shibuya, otro de los 23 distritos que conforman la municipalidad metropolitana de Tokio) secundaba poco después la iniciativa y se convertía en el segundo territorio japonés en ponerla en marcha.

Asimismo, en la ciudad de Takarazuka, en la prefectura de Hyogo, se iniciaba el pasado mes de junio la expedición de certificados de asociación a las parejas homosexuales. A diferencia de lo que ocurre en Shibuya, los registros de parejas de hecho en Takarazuka y Setagaya no exigen a las empresas privadas que reconozcan a las parejas homosexuales.

Los resultados de una encuesta realizada en el país nipón a finales de 2015 constatan que un 51% de la ciudadanía sería partidaria de la aprobación del matrimonio igualitario. Una gran evolución, teniendo en cuenta que hasta épocas recientes la homosexualidad era un tema tabú en la sociedad japonesa. Otro importante reconocimiento llegaba en julio de 2016, cuando el Ministerio de Trabajo de Japón incluía la discriminación hacia empleados LGTB como una forma de acoso sexual.

A principios de este año, la ciudad japonesa de Chiba otorgó reconocimiento oficial a las parejas del mismo sexo. La ciudad emitió certificados a cuatro parejas del mismo sexo en enero, según el periódico japonés The Mainichi. Los documentos permitirán a las parejas acceder a muchos de los derechos de que disfrutan las personas casadas, como poder solicitar una vivienda pública como pareja y visitar a sus seres queridos en el hospital. La ceremonia en Chiba fue organizada por el alcalde Toshihito Kumagai, quien les dijo a las parejas: “Les deseo la felicidad de convertirse en mejores socios.” Chiba es la última gran ciudad del país en reconocer a los parejas queer, después de que Fukuoka instituyera el reconocimiento legal el año pasado.

Aunque ningún país asiático ha aprobado por el momento el matrimonio igualitario, la situación del colectivo es diametralmente opuesta en los distintos países del continente. Japón y Taiwán furon pioneros en experimentar avances locales en el reconocimiento de las parejas del mismo sexo (aunque Taiwán está tomando la delantera, a pesar del escoyo de los grupos religiosos). Sin embargo, en algunos como Malasia, Brunéi o la India, , entre otros, las personas LGTB son víctimas de la homofobia de estado y la intransigencia social. Por el contrario, además de Taiwán y Japón, otros países como Vietnam van posicionándose en líneas más aperturistas e igualitarias (si bien no al ritmo que cabría desear).

Fuente Reuters/BBC/Cristianos Gays

General, Historia LGTBI Discriminación, Fukuoka, Gon Matsunaka, Homofobia, Iga, Japón, Katsunobu Kato, LGTBIfobia, Matrimonio, Matrimonio igualitario, Nagoya, Osaka, Sapporo, Setagaya, Shibuya, Shinzō Abe, Takarazuka, Tokio, Tomoko Takebe, Uniones Civiles

La pareja fue descubierta manteniendo relaciones sexuales en Aceh, donde rige la ley islámica

Para los que dicen que no es necesario el Día Internacional del Orgullo Gay, o el Día Internacional contra la Homofobia… Sí, hace falta un día del orgullo gay. Hay que seguir reivindicando y saliendo a las calles por los que no pueden hacerlo, por los que no están y los que vendrán. Y por noticias como esta: una pareja gay adulta en Indonesia es castigada con 3 meses de prisión y 154 latigazos (77 para cada uno) por tener sexo consentido. Según la sharia, la sodomía tiene pena de prisión y 80 latigazos… que después redujeron a 77.

La Sharia permite que un hombre se case con 4 mujeres, pero criminaliza la orientación sexual, violando el derecho internacional, algo que en pleno siglo XXI aún sucede en un tercio de los países del mundo. En doce de ellos estos casos se castigan con la pena de muerte, como indica el último informe de ILGA sobre la Homofobia de Estado en 2020.

Ya no es que sea imposible adoptar o acceder al matrimonio igualitario, es que hay países en los que ser gay es un delito penado con la muerte, con la cárcel e incluso con castigos físicos propios de épocas lejanas que tristemente han llegado hasta nuestros días. Indonesia es precisamente uno de esos países.

Dos hombres recibieron 77 latigazos en público en la conservadora provincia de Aceh, en el noroeste de Indonesia, tras ser hallados culpables de mantener relaciones sexuales entre ellos. Los hombres, de 28 y 27 años, fueron descubiertos en noviembre cuando mantenían relaciones en una habitación que habían alquilado, tal y como ha explicado Zakwan Shi, portavoz de la Policía.

 “Ambos fueron pillados por el arrendador, que sospechó cuando vio pasar varios hombres a la habitación”, afirmó Zakwan en declaraciones a la agencia de noticias DPA .“La aplicación de la ley islámica es definitiva, no importa de quien se trate, e incluso los visitantes deben respetar las normas locales”, explicó Heru Triwijanarko, oficial encargado del mantenimiento del orden.

No hubo más clemencia y el castigo se ejecutó con ellos arrodillados en medio de un tumulto y con sus respectivas madres presenciándolo. Las imágenes han recorrido todo el mundo y son estremecedoras, el sonido, la vara de madera, los verdugos ataviados con máscara… todo.

Los dos hombres, vestidos con una túnica blanca, se retorcían de dolor y suplicaron una pausa. El castigo fue brevemente interrumpido y pudieron beber agua antes de que continuara el suplicio. La madre de uno de ellos se desmayó.

Los dos fueron condenados a recibir 80 varazos pero finalmente recibieron 77 en un parque público de Banda Aceh, la capital provincial. Aceh es la única provincia de Indonesia donde rige la Sharia, o ley islámica, que tipifica como delitos las relaciones entre personas del mismo sexo, el juego y las apuestas, beber y vender bebidas alcohólicas, la violación, el acoso sexual y el adulterio.

El suceso de por sí es espeluznante, pero aún pone más los pelos de punta que haya gente que acuda a verlo o las declaraciones que presenciamos después. Llama la atención que dos mujeres jóvenes expliquen que el castigo no es suficiente, que deberían hacer algo más para reeducarlos (sic).

3 meses de prisión y 77 latigazos recibidos en público es el castigo a dos hombres por mantener relaciones sexuales en Indonesia

Lo cuenta @guerola2014 en #Canal24horas

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— RTVE Noticias (@rtvenoticias) January 29, 2021

Indonesia, un infierno para la diversidad LGTB

En 2018, informábamos de la detención de  diez mujeres, acusadas de «conducta lésbica». Antes, recogíamos, precisamente, la detención de cuatro personas en Banda Aceh, a manos de patrullas ciudadadanas, acusadas de «practicar la homosexualidad»: tres varones y una mujer transexual, que se enfrentan a penas que incluyen los mencionados castigos físicos. A principios del 2018 recogíamos el descarnado caso de LGTBfobia de Estado en Indonesia. La policía de Aceh detuvo a doce mujeres trans, les afeitó el cabello y las obligó a vestirse como«hombres normales». En Aceh, desde 2005 rige la sharia o ley islámica gracias a la autonomía que le fue concedida al firmar la paz con los separatistas, poco después del tsunami que asoló la región. En septiembre de 2014, además se aprobó una terrible ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de recibir cien azotes en público con una vara de ratán. La legislación entraba en vigor en octubre de 2015 y fue aplicada, entre otras ocasiones, en mayo de 2017 a dos jóvenes de 20 y 23 años. En el mismo mes de octubre de 2015 nos hacíamos eco de la detención de dos jóvenes lesbianas (de 18 y 19 años) por abrazarse públicamente y confesar que eran pareja. Según el jefe de la policía islámica las chicas serían “sometidas a rehabilitación con la participación de psicólogos en dependencias sociales”.

Indonesia también votó en 2014 en contra de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra la homofobia y la transfobia y ha sido calificado, por su propia población, como un mal lugar para vivir si eres gay o lesbiana (solo un 2% opina lo contrario) en una encuesta de Gallup.

En el mes de octubre de 2016, informábamos de la detención de una pareja gay por subir a su cuenta de Facebook unas fotos besándose, junto con un mensaje de amor, que fue considerada por las autoridades como “pornografía”. A estos hechos se suman un deterioro homófobo que reconocía el presidente Joko Widodo, quien lejos de atajarla ha llegado a aprobar medidas discriminatorias, como confiscar preservativos, o la persecución de webs LGTB, bloqueando aplicaciones de citas entre personas del mismo sexo o autorizar formas de discriminación laboralcon el veto de aspirantes LGTB a plazas públicas, el cierre de la única escuela y mezquita para personas trans de Indonesia, aparte de permitir las irresponsables declaraciones homofóbicas de políticos y alcaldes demonizando al colectivo LGBTy la radicalización de líderes religiosos que han llegado a fomentar el boicot a empresas internacionales que apoyan al colectivo LGBT.

En diciembre de 2017 nos hacíamos eco la condena de diez hombres a dos años de cárcel en Indonesia por participar en una supuesta «fiesta gay» en Yakarta, la capital de este país asiático. A diferencia de Aceh, en Yakarta las relaciones homosexuales no son ilegales, por lo que los detenidos fueron condenados por violar la ley contra la pornografía.

El hecho de que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente esta no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación que se vive hoy día en Indonesia. De hecho, solo en las provincias autónomas de Aceh y Sumatra Meridional, en las cuales se aplica la sharía o ley islámica (en Aceh a todos los ciudadanos, en Sumatra Meridional solo a los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría), las relaciones homosexuales son formalmente ilegales, castigándose incluso con castigos físicos.

Pero también en el resto del país la situación se está deteriorando. Ya lo recogíamos en febrero de 2016, cuando hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos. Desde entonces, por desgracia, no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. Un ejemplo es la redada de mayo de 2017 en el que la policía indonesia detenía en Yakarta a 141 hombres por asistir a lo que las autoridades han calificado como una supuesta “fiesta de sexo gay”, pese a que la homosexualidad no es ilegal en la capital y que desembocó en la citada condena de diez hombres, pero ha habido muchos otros. Días antes de aquella redada, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una «fiesta gay» en Surabaya, la segunda ciudad del país. En Java Occidental, la provincia más poblada de Indonesia, el jefe de policía hizo pública por su parte su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB. Y en octubre de 2017 tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres. Una estigmatización a la que también ha contribuido la decisión de la Asociación Psiquiátrica Indonesia de clasificar la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad como trastornos mentales.

Esta espantosa situación podría agravarse de prosperar la iniciativa legislativa que pretende castigar en todo el país las relaciones homosexuales con penas de hasta cinco años de prisión. Sin embargo, en diciembre también aludíamos al “respiro provisional” que había supuesto la decisión del Tribunal Constitucional de Indonesia de rechazar una propuesta de criminalización de las relaciones sexuales entre personas no casadas, cuyo objetivo principal no era otro que el de castigar por vía indirecta las relaciones homosexuales. Poco duraba el respiro, por desgracia.

En julio de 2020 conocíamos que Indonesia podría aprobar en 2021 los “exorcismos” a personas LGTB+.

Fuente El Periódico/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Aceh, Banda Aceh, Homofobia/Transfobia, Indonesia, Islam, Latigazos, Sharia

General, Historia LGTBI Derechos LGTBI, EE.UU., Joe Biden, Partido Demócrata

Foto: Dok. Istimewa

Padres furiosos realizaron una protesta frente a una escuela en Medan, Indonesia, exigiendo que el director renunciara después de que lo denunciaran como gay en las redes sociales.

Decenas de padres se reunieron fuera de la escuela el miércoles (23 de diciembre) con carteles que decían: “Protege a nuestros hijos, no esperes a las víctimas”, según Kumparan.

Un padre le dijo a los periodistas locales que el director, que no ha sido nombrado públicamente, fue declarado gay en Facebook en abril de este año. “Este caso fue hace mucho tiempo, hace cuatro meses se volvió viral en Facebook, lo que reveló la naturaleza de la relación entre el director y su amigo”, dijo un padre llamado Raiman.

El padre dijo que el director de la escuela admitió más tarde haber tenido relaciones sexuales con hombres, pero dijo que hacerlo era un “error” y que se abstendría de volver a hacerlo. “Tenemos miedo, porque en Facebook, se dijo que no solo una, sino varias veces [tuvo sexo] con otros hombres”, agregó el padre.

Los padres en Indonesia afirmaron que el director gay podía abusar de los niños.

Raiman continuó trazando paralelismos entre la homosexualidad y la pedofilia, un tropo homofóbico profundamente ofensivo, al afirmar que los padres temían que el director pudiera abusar de sus hijos.

Dijo que temía que el director recopilara imágenes de CCTV de niños usando los baños de la escuela.

“No permitan que nuestros hijos se conviertan en víctimas”, dijo, y agregó que 300 padres habían firmado una petición pidiendo su destitución inmediata de su cargo.

Según los informes, el director de la escuela acordó renunciar luego de una reacción violenta en julio y presentó una carta de renuncia en el verano; sin embargo, ha continuado dirigiendo la escuela.

La junta de educación de la ciudad ha dicho que investigará el asunto luego de la protesta de los padres fuera de la escuela.

Los derechos LGBT + en Indonesia están muy por detrás de otros países. Si bien las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son legales en la mayor parte del país, las personas queer a menudo enfrentan persecución, violencia y estigma por vivir como ellos mismos.

En algunas regiones, como Aceh, y para los musulmanes de la ciudad de Palembang, el sexo gay se castiga con la flagelación. En noviembre, una pareja gay de Aceh fue sacada a la fuerza de sus casas y llevada a una comisaría debido a su “orientación sexual ilegal”.

Escalada de LGTBfobia de Estado en Indonesia

Hace casi un año, informábamos de la detención de  diez mujeres, acusadas de «conducta lésbica». Antes, recogíamos, precisamente, la detención de cuatro personas en Banda Aceh, a manos de patrullas ciudadadanas, acusadas de «practicar la homosexualidad»: tres varones y una mujer transexual, que se enfrentan a penas que incluyen los mencionados castigos físicos. A principios del 2018 recogíamos el descarnado caso de LGTBfobia de Estado en Indonesia. La policía de Aceh detuvo a doce mujeres trans, les afeitó el cabello y las obligó a vestirse como«hombres normales». En Aceh, desde 2005 rige la sharia o ley islámica gracias a la autonomía que le fue concedida al firmar la paz con los separatistas, poco después del tsunami que asoló la región. En septiembre de 2014, además se aprobó una terrible ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de recibir cien azotes en público con una vara de ratán. La legislación entraba en vigor en octubre de 2015 y fue aplicada, entre otras ocasiones, el pasado mes de mayo a dos jóvenes de 20 y 23 años. En el mismo mes de octubre de 2015 nos hacíamos eco de la detención de dos jóvenes lesbianas (de 18 y 19 años) por abrazarse públicamente y confesar que eran pareja. Según el jefe de la policía islámica las chicas serían “sometidas a rehabilitación con la participación de psicólogos en dependencias sociales”.

Indonesia también votó en 2014 en contra de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra la homofobia y la transfobia y ha sido calificado, por su propia población, como un mal lugar para vivir si eres gay o lesbiana (solo un 2% opina lo contrario) en una encuesta de Gallup.

En el mes de octubre de 2016, informábamos de la detención de una pareja gay por subir a su cuenta de Facebook unas fotos besándose, junto con un mensaje de amor, que fue considerada por las autoridades como “pornografía”. A estos hechos se suman un deterioro homófobo que reconocía el presidente Joko Widodo, quien lejos de atajarla ha llegado a aprobar medidas discriminatorias, como confiscar preservativos, o la persecución de webs LGTB, bloqueando aplicaciones de citas entre personas del mismo sexo o autorizar formas de discriminación laboralcon el veto de aspirantes LGTB a plazas públicas, el cierre de la única escuela y mezquita para personas trans de Indonesia, aparte de permitir las irresponsables declaraciones homofóbicas de políticos y alcaldes demonizando al colectivo LGBTy la radicalización de líderes religiosos que han llegado a fomentar el boicot a empresas internacionales que apoyan al colectivo LGBT.

En diciembre de 2017 nos hacíamos eco la condena de diez hombres a dos años de cárcel en Indonesia por participar en una supuesta «fiesta gay» en Yakarta, la capital de este país asiático. A diferencia de Aceh, en Yakarta las relaciones homosexuales no son ilegales, por lo que los detenidos fueron condenados por violar la ley contra la pornografía.

El hecho de que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente esta no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación que se vive hoy día en Indonesia. De hecho, solo en las provincias autónomas de Aceh y Sumatra Meridional, en las cuales se aplica la sharía o ley islámica (en Aceh a todos los ciudadanos, en Sumatra Meridional solo a los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría), las relaciones homosexuales son formalmente ilegales, castigándose incluso con castigos físicos.

Pero también en el resto del país la situación se está deteriorando. Ya lo recogíamos en febrero de 2016, cuando hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos. Desde entonces, por desgracia, no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. Un ejemplo es la redada de mayo de 2017 en el que la policía indonesia detenía en Yakarta a 141 hombres por asistir a lo que las autoridades han calificado como una supuesta “fiesta de sexo gay”, pese a que la homosexualidad no es ilegal en la capital y que desembocó en la citada condena de diez hombres, pero ha habido muchos otros. Días antes de aquella redada, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una «fiesta gay» en Surabaya, la segunda ciudad del país. En Java Occidental, la provincia más poblada de Indonesia, el jefe de policía hizo pública por su parte su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB. Y en octubre de 2017 tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres. Una estigmatización a la que también ha contribuido la decisión de la Asociación Psiquiátrica Indonesia de clasificar la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad como trastornos mentales.

Esta espantosa situación podría agravarse de prosperar la iniciativa legislativa que pretende castigar en todo el país las relaciones homosexuales con penas de hasta cinco años de prisión. Sin embargo, en diciembre también aludíamos al “respiro provisional” que había supuesto la decisión del Tribunal Constitucional de Indonesia de rechazar una propuesta de criminalización de las relaciones sexuales entre personas no casadas, cuyo objetivo principal no era otro que el de castigar por vía indirecta las relaciones homosexuales. Poco duraba el respiro, por desgracia.

Y, por si fuera poco… Indonesia podría aprobar en 2021 los “exorcismos” a personas LGTB+.

Fuente Kumparan/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Indonesia, Islam, Medan

Las personas trans siguen siendo criminalizadas en 13 estados miembros de las Naciones Unidas con derechos “retrocediendo” en todos los rincones del mundo

Al menos 13 estados miembros de las Naciones Unidas siguen criminalizando a las personas trans, mientras que otros crean las leyes morales para perseguir a la comunidad, según un informe publicado el miércoles (30 de septiembre).

En medio de una pandemia donde quedó expuesta y agravada la violencia estructural que sufren las personas trans a nivel global, la organización ILGA Mundo (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex) –una federación mundial creada en 1978 que reúne más de 1.600 organizaciones – dio a conocer hoy su tercer Informe de Mapeo Legal Trans. La investigación analiza el reconocimiento legal de género y también la criminalización, y detalla el impacto de las leyes y políticas públicas sobre las personas trans en 143 Estados miembros de la ONU.

En América Latina el mapeo da cuenta de que cada vez más países suman leyes que habilitan el cambio de nombre y/o de género en el documento. Sin embargo, existen otras leyes que, aunque no sean específicas en contra de la comunidad trans, se utilizan para criminalizar de facto y muchas veces encarcelar, sobre todo, a personas trans.

Modos de criminalizar a personas trans

Nigeria, Omán y el Líbano fueron clasificados por el grupo de derechos de los homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales ILGA World, como países con la legislación transfóbica más brutal del mundo.

“Es un momento difícil para las comunidades trans a nivel mundial“, dijo el presidente del Comité Directivo Mundial Trans de la ILGA, Jabu Pereira, en el Informe de Mapeo Jurídico Trans, que evaluó la legislación de género en los 143 estados miembros de la ONU y otras 19 jurisdicciones. El informe advirtió: “En cada región del mundo donde hemos estado documentando el reconocimiento legal de género, se han producido regresiones”.

Los autores del informe reflexionaron sobre el mosaico de progreso que el mundo ha visto en lo que respecta a los derechos trans. Así como Gran Bretaña y Hungría, entre muchos otros países, han visto los derechos de los transexuales estancados o reducidos, otros, como Bélgica y Francia, han visto cómo se han dado pasos agigantados. También se registraron saltos particulares en los derechos no binarios en los dos últimos años.

De los 143 países que analiza el informe, al menos 13 criminalizan explícitamente a las personas trans. Estos son: Brunei, Gambia, Indonesia, Jordania, Kuwait, el Líbano, Malawi, Malasia, Nigeria, Omán, Sudán del Sur, Tonga, y los Emiratos Árabes Unidos. Ninguno en América Latina. “Solo un pequeño número de países en el mundo criminalizan de manera expresa la identidad o el comportamiento de las personas trans, o aquelles que se perciben como trans y transgreden las normas de género. Con frecuencia, con las “leyes de cross-dressing”, prohíben explícitamente “que una persona masculina se haga pasar por mujer” o viceversa. En esos estados, el reconocimiento legal de género tampoco se encuentra disponible, lo cual pone a las personas trans, o a aquelles que se perciben como tal, en riesgo de ser arrestadas o procesadas”, explica el informe.

Además, los investigadores dijeron que la criminalización de las personas trans puede ocurrir a través de “leyes aparentemente inocuas, como las relacionadas con los espacios públicos”. Desde las leyes sobre el vagabundeo hasta las “molestias públicas”, estas políticas vigilan a las personas trans y limitan la forma en que pueden vivir sus vidas, “igual de perjudiciales”, dijeron los investigadores.

“Algunas de las naciones más brillantes en lo que respecta al reconocimiento legal de género tienen su base en el sur global, como Argentina”, dijo Pereira, refiriéndose a cómo el país introdujo la autoidentificación para las personas trans cambiando los marcadores de género en los documentos oficiales en 2012.

¿Qué pasa en los demás? Aunque los estados de América Latina no tengan leyes tan restrictivas, igual se criminaliza a la comunidad trans, según el informe. Zhan Chiam, coordinador y coautor de la publicación advierte que las normas relacionadas a la molestia pública, la indecencia, las buenas costumbres, el merodeo, los delitos relacionados con el trabajo sexual y las relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo, entre otras, se usan para perseguir de manera sistemática a las personas trans. Estas leyes, que parecen neutrales, “son igual de dañinas que las normas que criminalizan de manera explícita las expresiones de género”.

¿Cuáles son los países más restrictivos en América Latina?

-En Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Paraguay y Santa Lucía no es posible cambiar el indicador de género en la partida de nacimiento o el documento de identidad.

-El Salvador no permite el cambio de indicador de género, pero en pocos casos excepcionales algunas personas trans pudieron hacerlo, después de haberse sometido a la cirugía genital y a la prueba forense para “verificar” la cirugía.

-De acuerdo con la abogada Matilda González Gil, las leyes más comunes usadas contra las personas trans en la región son las leyes que prohíben las relaciones sexuales consensuales entre adultos, leyes que (directa o indirectamente) criminalizan el trabajo sexual, por ejemplo, las leyes de moralidad, los reglamentos de espacios públicos, las leyes de estupefacientes y las leyes de control de identidad aplicadas por la policía.

Las leyes de estupefacientes se usan para criminalizar

-En América Latina las leyes de estupefacientes se usan para criminalizar a las personas trans, por ejemplo, en Bolivia, Colombia, República Dominicana y Ecuador.

-En Bolivia, la tenencia de estupefacientes con frecuencia es usada como una razón, aún con supuestas acusaciones falsas, para hostigar e incluso encarcelar a las trabajadoras sexuales trans y sus clientes.

-En Colombia, el 40% de las personas LGBTI y el 30% de las personas trans que son encarceladas, llegan a esa situación por delitos de estupefacientes. Ecuador también denuncia altas tasas de personas trans encarceladas por delitos relacionados con los estupefacientes.

-En Argentina, de acuerdo con el análisis de datos hecho por Agencia Presentes, el porcentaje es aún mayor: 56% de las personas trans presas está acusada de delitos relacionados con drogas.

Espacios públicos y códigos

Otra forma de criminalizar  a las personas trans en América Latina y de la que da cuenta el informe son los códigos de moral, buenas costumbres y convivencia, junto con las políticas de espacios públicos, sobre todo en Chile, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Perú y Venezuela.

En Cuba, las redadas policiales se usan para “evitar” que las mujeres trans estén en zonas consideradas proclives a la prostitución. Son detenidas, multadas y amenazadas para que no se “vistan de mujer” y luego pueden ser catalogadas como en “estado peligroso por conducta antisocial”.

La policía de Honduras puede arrestar a “prostitutas ambulantes” y a cualquier persona que muestre una conducta que “atente contra el pudor, las buenas costumbres y la moral pública”.

Argentina: con avances pero aún con leyes que criminalizan

Aunque Argenitna sea uno de los países más avanzados de la región en términos  legales para la población trans, de acuerdo con lo citado por el informe de ILGA Mundo existen al menos tres leyes que son utilizadas para criminalizarlxs: la ley de estupefacientes, el artículo del Código Penal sobre Exhibiciones obscenas y la Ley de Trata de Personas.

“Según informes de la sociedad civil nacional y de organizaciones internacionales de derechos humanos, las personas trans son criminalizadas a través de un número significativo de casos presentados en su contra por delitos de tenencia de estupefacientes y trata. Esto ocurre en el marco de tareas de prevención policial, en las cuales las personas trans reciben insultos, amenazas e intimidación por parte de la policía. También son objeto de requisas y desnudez forzosas (llevadas a cabo por personal masculino) y “violencia de terceros” incitados por agentes de la policía”, explica el informe.

En 2009, la Corte Suprema resolvió en el caso Arriola que la tenencia de estupefacientes para uso personal no puede ser criminalizada cuando no supone un peligro o daño a otros. Sin embargo, esto no se ve reflejado en la realidad. De acuerdo con datos de la Procuraduría de Narcocriminalidad, todavía hoy un gran porcentaje de las causas que ingresan son por consumo de drogas: casi 4 de cada 10 causas se iniciaron en 2018 por tenencia para consumo personal y casi su totalidad se inicia por tareas de prevención dada la persecución de casos de agrancia por parte de las fuerzas de seguridad.

La otra ley que se usa para criminalizar a las personas trans en Argentina es la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Allí, se prohíbe cualquier conducta que facilite o promueva la prostitución de otras personas, mayores o menores de edad, medie o no el consentimiento de la víctima, e indica que solo podrá ejercerse la prostitución en tanto actividad autogestionada.

“Esta ley confunde la trata con el trabajo sexual e impide que las trabajadoras sexuales trabajen de manera colectiva y organizada, ya que todos los lugares donde se puede ejercer el trabajo sexual son criminalizados. Además, algunos gobiernos municipales han aplicado políticas de “relocalización” para desplazar a las trabajadoras sexuales trans luego del reclamo de personas que vivían en la llamada “Zona roja””, advierte el informe.

Algunos avances a nivel mundial

Entre las principales conclusiones de este mapeo legal, se destacan los avances de algunos países:

-En Europa, Bélgica, Francia, Grecia, Luxemburgo y Portugal adoptaron leyes que no medicalizan ni patologizan los procesos de cambio de marcador de género.

-En América Latina, Brasil, Chile y Costa Rica han habilitado el cambio en los marcadores de género bajo el paradigma de la autodeterminación.

-Chile, Colombia y Uruguay han avanzado con respecto a les menores de 18 años

-En algunas jurisdicciones de Australia (estado de Victoria), Costa Rica y la mayor parte de Canadá, se habilitó la opción de eliminar por completo los marcadores de género.

“Incertidumbre, contragolpe y ataques”: Los dos últimos años de derechos de los trans han sido unos de los más difíciles.

La autoidentificación, según observaron los investigadores, se ha convertido en un campo de batalla apretado en muchos países, actuando como un amargo sustituto de un “debate” sobre la existencia misma de las personas trans. Desde 2018, subrayaron, los derechos de los trans han estado “marcados por la incertidumbre, las reacciones y los ataques”.

“La ideología de género, en forma de posicionamiento conservador en torno a la fijación del sexo ‘biológico’, el surgimiento de feministas radicales trans excluyentes (TERFs) y políticos de derecha que plantean los derechos LGBT contra las identidades nacionales, han tenido efectos perjudiciales en nuestras comunidades”.

Una gran carga para los derechos de los transexuales. Los investigadores contrastaron las organizaciones de derechos trans, muchas de las cuales funcionan con presupuestos desgastados, con los grupos antitrans bien financiados y con buenos recursos. Y el nivel de antitransvitalidad en Gran Bretaña, según los investigadores, ha sido incluso “exhortado a muchos de los otros países del Commonwealth“.

A lo largo de tres años, Gran Bretaña ha visto las reformas propuestas para la Ley de Reconocimiento de Género – la base de la ley de reconocimiento de género – perseguida por la cobertura transfóbica de los medios de comunicación y por poderosos grupos de presión.

Por mucho que innumerables encuestas hayan mostrado que tales puntos de vista no representan a los británicos en su conjunto, el libro de jugadas transfóbico de desinformación incendiaria y libre funcionó. Las reformas fueron desechadas por los ministros este mes. Como los derechos de los transexuales en Gran Bretaña se mantuvieron estancados, los investigadores arrojaron una luz sobre el conjunto de países y estados que, desde 2017, han pasado a un modelo de autoidentificación desmedida. “Australia, Bélgica, Brasil, Chile, Costa Rica, Francia, Grecia, Luxemburgo y Portugal”, dijeron. Todos los cuales, sorpresa sorpresa, se encargan mucho mejor por hacerlo.

“Punto de inflexión para la defensa de las personas trans”

“Nos encontramos en un punto de inflexión en cuanto a la organización y la defensa de las personas trans, y espero que el panorama que brinda este informe nos aliente a movilizarnos a través de regiones, fronteras y, sobre todo, movimientos. Existe una innegable homogeneidad en los obstáculos con que se enfrentan nuestras comunidades, lo cual significa que también podría y debería haber una manera de formular estrategias compartidas”, explica el coordinador y coautor del informe, Zhan Chiam.

Y concluye: “Mientras se termina este informe, nos encontramos en el medio de una pandemia global en la cual, en todo el mundo, los movimientos trans enfrentan nuevos desafíos para sobrevivir y sostener nuestros derechos”.

Fuente Agencia Presentes/Pink News

General, Homofobia/ Transfobia. Homofobia/Transfobia, ILGA, ILGA World, Informe, Informe de Mapeo Jurídico Trans, Jabu Pereira, Personas trans

Bien por la ministra “Otras creencias no podrán venir a rezar”, asegura el ministro de Exteriores de Ankara

 Arancha González Laya había afirmado que el templo “es una casa común para cristianos ortodoxos, católicos y musulmanes, y representa la herencia de la humanidad”

“Nosotros creemos en el diálogo entre Turquía y la UNESCO que hará preservar este aspecto”, señala la ministra

Cardenal Bo: “Convertir a Santa Sofía en una mezquita representa una amenaza a la libertad de religión”

Pedro Langa: “¿Estambul o Asís? Por esta vez, yo me quedo con Asís”

28.07.2020 Jesús Bastante

La reconversión de Santa Sofía de museo a mezquita ha provocado un incidente diplomático entre España y Turquía. Y no -al menos por el momento- a cuenta de la mezquita de Córdoba, sino a raís de unas palabras de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, que fueron duramente contestadas por su homólogo de Ankara, Mevlüt Çavusoglu.

González Laya, de visita en Turquía, fue cuestionada sobre la polémica decisión de Erdogan, que anuló el estatus de museo de Santa Sofía. “Para España es importante que se mantenga el espíritu de este monumento que es una casa común para cristianos ortodoxos, católicos y musulmanes, y representa la herencia de la humanidad”, subrayuó la ministra.

Gracias @MevlutCavusoglu x una buena discusión sobre

➡️ impulso a la relación económica y comercial 🇪🇸🇹🇷 cumbre u foro empresarial 2021
➡️ medidas de confianza para desescalar tensiones en Mediterráneo Oriental
➡️ impulso a negociación política x partes en #Libia bajo @ONU_es pic.twitter.com/vcaD1xxjhR

— Arancha González (@AranchaGlezLaya) July 27, 2020

La titular de Exteriores también destacó que España cree en el diálogo. “Nosotros creemos en el diálogo entre Turquía y la UNESCO que hará preservar este aspecto“, señalaba en referencia a esta “casa común” de la humanidad.

En ese momento, el ministro turco tomó la palabra, señalando que “si no le he entendido mal ha dicho: ‘Preferimos mantenerla como una casa común’, por supuesto ella se referirá a una casa común para preservar Santa Sofía como un lugar que es patrimonio cultural de la humanidad con todas sus características y que está abierto a todos. Eso está bien”.

Pero, inmediatamente, aclaró que “si quiere decir que Santa Sofía, que ha sido convertida en una Gran Mezquita, va a mantenerse como un sitio donde personas de otras creencias podrían rezar, estoy en desacuerdo”.

Singing different songs on #HagiaSofia in a joint press event between visiting #Spain Foreign Minsiter Arancha Gonzalez Laya and her host, #Turkey‘s Foreign Minister Mevlut Cavusoglu. . pic.twitter.com/lAY3P9b4kr

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) July 27, 2020

La reconversión en templo musulmán, función que el edificio ya cumplió entre la conquista otomana de Constantinopla en 1453 y la secularización en 1934, ha recibido felicitaciones de organismos islámicos de Catar, Pakistán, Malasia y otros países, pero también numerosas críticas.

Fuente Religión Digital

Cristianismo (Iglesias), General, Islam Arancha González Laya, Cristianismo, España, Mevlüt Çavusoglu, Recep Tayyip Erdoğan, Santa Sofía, Turquía

Comienza a debatirse el proyecto de ley de los conservadores islámicos que, entre otras barbaridades, obligaría a personas homosexuales y transgénero a someterse a un “exorcismo” para ser “rehabilitados”

Que la situación del colectivo LGTB+ en Indonesia lleva años siendo muy preocupante es algo que todos sabemos ya. Un exorcismo para que dejes de ser homosexual,  viene a ser lo mismo que aún se hace en países como Estados Unidos o España: una terapia de conversión.

En Indonesia no es ilegal ser homosexual salvo en la provincia de Aceh, un territorio autónomo que lleva ya tiempo persiguiendo al colectivo LGTB+. Pero el radicalismo en el país del mundo con más número de musulmanes se va extendiendo y el apoyo a la aplicación de la ley islámica es cada vez mayor en las encuestas. Como explica Andreas Harsono, investigador de la Human Rights Watch en el país, “la democratización del país, el asesinato de los comunistas hace unos años y la desaparición de algunas organizaciones que hacían de balanza al avance del islam han desaparecido“. Además la influencia de países como Arabia Saudí “que persiguen a la comunidad LGTBI” es cada vez más importante.

Este avance del radicalismo ha llevado a los conservadores islámicos a presentar hace unos meses un proyecto de ley llamado “Ley de Resiliencia Familiar” que tiene como objetivo que las familias sean “más fuertes y resilientes“. Una de las formas de conseguir eso, según esta panda de iluminados, es dejar claro que las tareas domésticas son obligación de la mujer.

Y otra de las formas de fortalecer a una familia es obligar a los miembros de la misma a denunciar a cualquier miembro de “orientación sexual desafiante” para que sea internado en un centro de rehabilitación. Donde se les someterá a un “exorcismo” y saldrán siendo igual de homosexuales, pero ahora torturados y con menos ganas de vivir.

“Se supone que la familia es el primer y más grande sistema de apoyo” explica Usman Hamid, director de Amnistía Internacional en Indonesia, “pero esto claramente contradice el espíritu de fortalecerla“. Porque nada une más a una familia que matar al primo maricón.

Hamid ha explicado a El País que, por ahora, no parece que el debate sobre la ley avance en el comité que se encarga de evaluarla, e incluso el portavoz adjunto de la Asamblea Consultiva del Pueblo ha solicitado su retirada. Entre otras cosas porque, si se aprueba, el país vulnerará sin miramientos un buen número de derechos humanos. Pero desde la Human Rights Watch creen que la ley saldrá adelante en 2021, puesto que se ha incluido en la lista de prioridades del Programa de Legislación Nacional.

Y es que, como explica Harsono de la HRW, en un país con más de 219 millones de musulmanes (un 84% de la población) las creencias tribales y chamanistas se han incorporado a la identidad cultural y por eso los exorcismos son “una práctica que está en aumento“; no solo para “rehabilitar” a personas LGTB+, sino que es habitual que se utilicen también en caso de enfermedad mental o para limpiar pueblos en los que han aparecido espíritus malvados.

La homosexualidad es legal en todas partes en Indonesia, excepto en Aceh, una provincia con cierta autonomía localizada en el extremo norte de la isla de Sumatra, donde rige la ley islámica y las relaciones sexuales con personas del mismo sexo son castigados con latigazos públicos. En 2018, la policía detuvo a un grupo de mujeres trans en esta misma región y las humilló públicamente cortándoles el pelo y obligándoles a vestirse con ropa masculina.

Más allá de Aceh, las encuestas de los últimos años indican que la intolerancia y el radicalismo están en aumento en toda Indonesia. Una proporción significativa de la población apoya la implementación de la ley islámica, la sharia, según una encuesta realizada en 2017 por el Instituto ISEAS-Yusof Ishak en Singapur. El 82% de los 1.620 encuestados también consideran que el uso del hiyab o el velo islámico es un signo importante de religiosidad para las mujeres. Según otra encuesta elaborada por una organización radicada en Yakarta el mismo año, uno de cada cinco estudiantes apoya el establecimiento de un califato.

En esta evolución han contribuido muchos factores. Harsono, de HRW, menciona como ejemplo “la democratización del país, el asesinato de los comunistas hace unos años y la desaparición de algunas organizaciones que hacían de balanza al avance del islam han desaparecido”. El investigador argumenta que, mientras tanto, “las influencias de los saudíes y de otras corrientes de oriente medio que persiguen a la comunidad LGTBI siguen creciendo”.

Las propuestas en el nuevo proyecto de ley están siendo combatidas por los defensores de los derechos humanos. Para Charles Santiago, miembro del Parlamento de Malasia y presidente del grupo Parlamentarios del Sudeste de Asia por los Derechos Humanos (APHR), se ha demostrado que estas supuestas terapias son extremadamente dañinas para las personas LGTBI, ya que están relacionadas “con la depresión, la ansiedad y el suicidio”.

Las personas LGTBI en Indonesia ya enfrentan una creciente persecución y odio; por lo tanto, la presentación de un proyecto de ley que legitima una mayor discriminación contra ellos “es una preocupación importante y puede aislar todavía más a la comunidad”, concluye Santiago.

Escalada de LGTBfobia de Estado en Indonesia

Hace casi un año, informábamos de la detención de  diez mujeres, acusadas de «conducta lésbica». Antes, recogíamos, precisamente, la detención de cuatro personas en Banda Aceh, a manos de patrullas ciudadadanas, acusadas de «practicar la homosexualidad»: tres varones y una mujer transexual, que se enfrentan a penas que incluyen los mencionados castigos físicos. A principios del 2018 recogíamos el descarnado caso de LGTBfobia de Estado en Indonesia. La policía de Aceh detuvo a doce mujeres trans, les afeitó el cabello y las obligó a vestirse como«hombres normales». En Aceh, desde 2005 rige la sharia o ley islámica gracias a la autonomía que le fue concedida al firmar la paz con los separatistas, poco después del tsunami que asoló la región. En septiembre de 2014, además se aprobó una terrible ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de recibir cien azotes en público con una vara de ratán. La legislación entraba en vigor en octubre de 2015 y fue aplicada, entre otras ocasiones, el pasado mes de mayo a dos jóvenes de 20 y 23 años. En el mismo mes de octubre de 2015 nos hacíamos eco de la detención de dos jóvenes lesbianas (de 18 y 19 años) por abrazarse públicamente y confesar que eran pareja. Según el jefe de la policía islámica las chicas serían “sometidas a rehabilitación con la participación de psicólogos en dependencias sociales”.

Indonesia también votó en 2014 en contra de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra la homofobia y la transfobia y ha sido calificado, por su propia población, como un mal lugar para vivir si eres gay o lesbiana (solo un 2% opina lo contrario) en una encuesta de Gallup.

En el mes de octubre de 2016, informábamos de la detención de una pareja gay por subir a su cuenta de Facebook unas fotos besándose, junto con un mensaje de amor, que fue considerada por las autoridades como “pornografía”. A estos hechos se suman un deterioro homófobo que reconocía el presidente Joko Widodo, quien lejos de atajarla ha llegado a aprobar medidas discriminatorias, como confiscar preservativos, o la persecución de webs LGTB, bloqueando aplicaciones de citas entre personas del mismo sexo o autorizar formas de discriminación laboralcon el veto de aspirantes LGTB a plazas públicas, el cierre de la única escuela y mezquita para personas trans de Indonesia, aparte de permitir las irresponsables declaraciones homofóbicas de políticos y alcaldes demonizando al colectivo LGBTy la radicalización de líderes religiosos que han llegado a fomentar el boicot a empresas internacionales que apoyan al colectivo LGBT.

En diciembre de 2017 nos hacíamos eco la condena de diez hombres a dos años de cárcel en Indonesia por participar en una supuesta «fiesta gay» en Yakarta, la capital de este país asiático. A diferencia de Aceh, en Yakarta las relaciones homosexuales no son ilegales, por lo que los detenidos fueron condenados por violar la ley contra la pornografía.

El hecho de que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente esta no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación que se vive hoy día en Indonesia. De hecho, solo en las provincias autónomas de Aceh y Sumatra Meridional, en las cuales se aplica la sharía o ley islámica (en Aceh a todos los ciudadanos, en Sumatra Meridional solo a los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría), las relaciones homosexuales son formalmente ilegales, castigándose incluso con castigos físicos.

Pero también en el resto del país la situación se está deteriorando. Ya lo recogíamos en febrero de 2016, cuando hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos. Desde entonces, por desgracia, no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. Un ejemplo es la redada de mayo de 2017 en el que la policía indonesia detenía en Yakarta a 141 hombres por asistir a lo que las autoridades han calificado como una supuesta “fiesta de sexo gay”, pese a que la homosexualidad no es ilegal en la capital y que desembocó en la citada condena de diez hombres, pero ha habido muchos otros. Días antes de aquella redada, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una «fiesta gay» en Surabaya, la segunda ciudad del país. En Java Occidental, la provincia más poblada de Indonesia, el jefe de policía hizo pública por su parte su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB. Y en octubre de 2017 tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres. Una estigmatización a la que también ha contribuido la decisión de la Asociación Psiquiátrica Indonesia de clasificar la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad como trastornos mentales.

Esta espantosa situación podría agravarse de prosperar la iniciativa legislativa que pretende castigar en todo el país las relaciones homosexuales con penas de hasta cinco años de prisión. Sin embargo, en diciembre también aludíamos al “respiro provisional” que había supuesto la decisión del Tribunal Constitucional de Indonesia de rechazar una propuesta de criminalización de las relaciones sexuales entre personas no casadas, cuyo objetivo principal no era otro que el de castigar por vía indirecta las relaciones homosexuales. Poco duraba el respiro, por desgracia.

Fuente El País/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Amnistía Internacional, Exorcismo, Homofobia/Transfobia, Indonesia, Islam, Rehabilitación, Usman Hamid

El Parlamento de Gabón ha derogado la penalización de las relaciones homosexuales, que se castigaban con penas de hasta seis meses de prisión y una fuerte sanción económica. La despenalización se ha producido un año después de que las relaciones entre personas del mismo sexo se incluyeran en el nuevo Código Penal entre los «delitos contra la moral». Aunque no se ha producido ninguna detención bajo estos cargos durante su periodo de vigencia, el mero hecho de que las relaciones homosexuales se consideraran un delito impedía que se denunciasen las agresiones sufridas por personas homosexuales o bisexuales.

El martes 23 de junio, la Asamblea Nacional de Gabón votó a favor de derogar el apartado 5 del artículo 402 del Código Penal, que penalizaba las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con hasta seis meses de cárcel y una sanción económica de 5.000.000 de francos de África Central (alrededor de 7600 euros u 8500 dólares). La votación se saldó con 48 votos a favor de la derogación, 24 en contra y 25 abstenciones. Posteriormente, el lunes 29 de junio, el Senado votó también favorablemente a la despenalización de las relaciones homosexuales, por una mayoría aún más amplia: 59 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones.

La derogación, que ha contado con el apoyo de altas instancias gubernamentales, se ha producido tan solo un año después de que se incluyeran las relaciones homosexuales entre los «delitos contra la moral» en el Código Penal aprobado a principios de 2019, que entró en vigor en julio de ese mismo año. Durante este periodo, no se ha producido ninguna detención bajo estos cargos.

No obstante, los defensores de los derechos LGTB gaboneses denunciaban que el mero hecho de que las relaciones homosexuales aparecieran en el Código Penal impedía que se presentaran denuncias cuando las personas homosexuales o bisexuales eran agredidas. Es decir, la penalización funcionaba como un seguro de impunidad para la violencia LGTBfoba.

A falta únicamente de la promulgación presidencial, Gabón queda fuera de la lista de países que criminalizan las relaciones homosexuales. Victoria Vasey, presidenta de Human Dignity Trust, expresaba su satisfacción por que «Gabón se une ahora a estados africanos como Seychelles, Angola, Mozambique y Botsuana, que han decidido eliminar de sus libros de leyes las disposiciones arcaicas que permiten la discriminación, la violencia y el hostigamiento contra las personas LGTB».

Gran parte de los sectores LGTBfobos habían expresado su desaprobación durante el proceso de votación de la derogación. La archidiócesis católica de Libreville instó a los senadores a votar en contra por medio de un comunicado emitido el 24 de junio, cuyo contenido incluía lo siguiente: «En nombre de la sabiduría de nuestros antepasados, contenida en nuestras diversas culturas, que celebra la vida, el amor, la familia, decimos no a la despenalización de la homosexualidad».

Criminalización de las relaciones homosexuales en el mundo

La penalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo implica casi siempre a todo el colectivo LGTB. No solamente afecta a gais, lesbianas y bisexuales, sino que también criminaliza a las personas trans, pues en la mayoría de estos países no se reconoce su identidad de género y son considerados legalmente por el sexo asignado al nacer. De esta manera, una mujer trans heterosexual puede ser castigada por mantener relaciones con un varón cis, de la misma manera que un hombre trans heterosexual puede ser denunciado por entablar relaciones sexuales con una mujer cis.

Tras la derogación de la penalización de las relaciones homosexuales en Gabón, aún quedan 72 países y territorios del mundo donde están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Ocurre en 69 de los países pertenecientes a Naciones Unidas:

Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Bangladés, Barbados, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 72 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 43 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

Cadena perpetua en 5 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 5 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Tanzania, Uganda y Zambia.

Las legislaciones de 11 países establecen incluso la pena de muerte. En 6 de ellos, se tienen datos contrastados de su aplicación:

Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen. En Nigeria y Somalia, en las provincias donde se aplica la sharía.

En otros cinco no se tiene constacia de su aplicación, pero la legislación vigente contempla la posibilidad:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania y Paquistán.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. África, Código Penal, Discriminación, Gabon, Homofobia, Human Dignity Trust, LGTBIfobia, Victoria Vasey

Un cordobés y un alemán dan nombre a la que se conoce como la primera mezquita liberal del mundo, que lleva abierta algo más de dos años en Berlín. La responsable del proyecto es la berlinesa Seyran Ateş, una mujer nacida en Estambul en una familia con orígenes kurdos. Ateş es la primera mujer imán de Alemania. Ella es la cara visible de la Mezquita Ibn Rushd-Goethe de Berlín. Ibn Rushd es como también llamaban en su día a Averroes, influyente filósofo andalusí que integró en la tradición islámica el pensamiento de la Antigua Grecia. Johan Wolfgang von Goethe es el escritor en mayúsculas de las letras alemanas.

Seyran Ates es la imán de la mezquita Ibn Rushd-Goethe de Berlín. Si, Seryan es mujer, y también musulmana, por eso llama la atención que sea la responsable de dirigir una mezquita.

Y es que la mezquita de Berlín, se ha convertido en un templo liberal donde hombres y mujeres pueden rezar juntos. Ates alemana de origen turco, es la responsable de este proyecto de esta mezquita liberal, que lleva abierta casi dos años en la capital alemana. El nombre de la mezquita viene por la influencia de un filósofo andalusí llamado Ibn Rushd, que integro el islam en la Antigua Grecia. El escritor Johan Wolfgang von Goethe le presta también el nombre a la mezquita.

En una entrevista, Ates ha explicado que esta mezquita es un hogar para todos los musulmanes que no tienen esa sensación en otras mezquitas. La mezquita de Berlín acoge a todos los musulmanes, sin discriminación de sexo o identidad sexual. “Aquí las mujeres reciben un trato igualitario y, sobre todo, aquí pueden ser autoridad”, comentaba Ates. “Aquí, hombres y mujeres practicamos y desarrollamos juntos una religión. Puede haber homosexuales, lesbianas, transexuales o intersexuales”, añadió.

Esta manera de ver la religión por parte de Ates, está dentro de este nuevo islam liberal que se está dando como un movimiento global en el mundo musulmán progresista. “Para nosotros el amor no está prohibido”, señala Ates. De hecho usan la bandera del arcoíris como símbolo de la mezquita. No es casualidad que Ateş y su equipo saquen pecho al mostrar una bandera con el arcoíris, símbolo del movimiento LGBT. La bandera lleva impresas en letras blancas: Mezquita Ibn Rushd-Goethe. “Estoy segura de que no existe una mezquita con una bandera como esa en todo el mundo”, afirma Ateş.

No obstante, ella sabe que no predica en el desierto. “Nosotros formamos parte de un movimiento mucho más amplio, del que también forman parte los Musulmanes para los Valores Progresistas de Estados Unidos, la Mezquita Inclusiva de Londres, la Mezquita Mariam de Copenhage y otros movimientos liberales que pueden tener lugar en Francia, Sudáfrica, Malasia…”, asegura. De hecho, según cuenta la imán berlinesa, hace poco recibió la visita del francés Ludovic-Mohamed Zahed, otra importante figura en este islam liberal. En ese movimiento reformador, dan igual las corrientes de las que vengan los fieles.

Obviamente su proyecto de mezquita no fue bienvenido para todos. En la entrada de la mezquita siempre hay dos guardias que velan por la seguridad de Ates que recibe constantes amenazas de muerte por parte de musulmanes más conservadores e islamófobos.

Fuente El Español

General, Islam Berlín, Islam, Mezquita Ibn Rushd-Goethe, Seyran Ates

Un hombre de 67 años al que el Ministerio del Interior dijo que no era “lo suficientemente gay” para quedarse en el Reino Unido recibió un regalo de Navidad temprano: el estado de asilo del gobierno.

Yew Fook Sam, conocido como Sam, vive en Kirkby, Liverpool, y ha vivido con el temor de ser deportado a Malasia, donde la homosexualidad es ilegal, durante los últimos tres años.
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Cuando se enteró de que se le había otorgado asilo, Sam le dijo al Liverpool Echo: “Estoy muy feliz. Estaba llorando y gritando de alegría cuando recibí la llamada telefónica de mi abogado. ¡Esta será mi mejor Navidad!”

Los funcionarios del Ministerio del Interior habían dicho previamente que creían que Sam estaba mintiendo acerca de ser homosexual para quedarse en el Reino Unido, utilizando el hecho de que no tiene novio como prueba.

Sam dijo que trató de decirles que a su edad, no necesita sexo. Agregó: “Estaba tan decepcionado y deprimido después de que me dijeron que no era gay. ¿Cómo puedo probarlo?”

Una campaña dirigida por sus amigos en la Iglesia St Bride’s Church en Percy Street, Liverpool, donde Sam es parte de la comunidad de adoración Open Table LGBTQIA +, y promovida por Echo, vio a más de 5,000 personas firmar una petición en línea instando al Ministerio del Interior a reconsiderar.

Sam dijo que había vivido una mentira en Malasia, casándose con una mujer a la edad de 30 años y engendrando dos hijos. Pero cuando su esposa se enteró de que era homosexual, en 1988, ella lo dejó y llevó a sus hijos a los Estados Unidos. Sam no ha visto a sus hijos desde entonces.

“Ha sido una gran alegría trabajar con Sam y estoy encantado de que tenga este hermoso regalo de Navidad”, dijo Helene Santamera, abogada de inmigración del Servicio de Asesoramiento de Inmigración en Liverpool. “A través de su valentía, ahora ha creado un camino para otros que enfrentan ideas anticuadas y demasiado simplificadas sobre la sexualidad. Y creo que la historia de Echo le aseguró el asilo, porque fue recogida por muchos otros periódicos, incluso en Malasia, lo que habría confirmado el punto sobre los peligros que podría enfrentar”.

Sam dijo: “He sido fotografiado en marchas gay aquí [el Reino Unido] y estaría en peligro de ser arrestado y atacado por miembros del público. Me temo que podría ser asesinado si tuviera que regresar”.

Sam, quien llegó al Reino Unido en 2005 con una visa de turista y permaneció en el sur de Inglaterra, trabajando, hasta que fue arrestado en 2016, está estudiando turismo en el City of Liverpool College con el objetivo de ser un guía turístico. “Estoy muy feliz aquí, la gente de Liverpool es muy amable y acogedora”, dijo.

Sam ha recibido asilo durante cinco años, el tiempo estándar. Un mes antes de que esto termine, será elegible para solicitar un permiso indefinido para permanecer.

Escalada de LGTBfobia pese al cambio político en Malasia

En entradas anteriores hemos venido hablando de la escalada de LGTBfobia de Estado en Malasia. Dos mujeres malasias, de 22 y 32 años, respectivamente, recibían a principios de este mes de septiembre seis latigazos por orden de un tribunal, tras ser descubiertas por agentes islámicos en el estado conservador de Terengganu «intentando participar en actos sexuales en un automóvil». El Gobierno, por otra parte, no solo dejaba claro su apoyo a la redada que días antes tenía lugar en un bar de ambiente gay de Kuala Lumpur sino que, en boca del ministro del Territorio Federal, Khalid Samad, expresaba que «esperamos que esta iniciativa pueda mitigar que la cultura LGTB se extienda a nuestra sociedad».

Ya con anterioridad, el nuevo Ejecutivo de Malasia había defraudado las expectativas despertadas cuando insinuó que el colectivo LGTB no debe visibilizarse porque incomoda «a la mayoría» del país. Lo hacía a cuenta de la censura de los retratos de los activistas Pang Khee Teik y Nisha Ayub en una exposición de George Town (ciudad del Estado de Penang) por orden administrativa.

Un entorno difícil para las personas LGTB

Malasia, una de las economías emergentes del sudeste asiático, es un país de variada composición étnico-religiosa, aunque de mayoría musulmana, en el que conviven leyes civiles, de obligado cumplimiento para todos, y leyes islámicas, de aplicación a los ciudadanos musulmanes. Las relaciones homosexuales, en cualquier caso, son ilegales y se castigan con penas de hasta 20 años de cárcel. De hecho, en 2011 nos hacíamos eco de las intenciones de varios líderes musulmanes malasios de endurecer las medidas contra la homosexualidad y en 2015 el entonces primer ministro, Najib Razak, comparaba a las personas LGTB con el Estado Islámico, alegando que carecen de derechos humanos.

La LGTBfobia social y política imperante en Malasia ha llevado a situaciones que rozan el absurdo, y que hemos recogido en esta misma página. En febrero del año pasado, en un vídeo promovido por el Departamento de Desarrollo Islámico de Malasia se sugería a los homosexuales que «aprender» a ser hetero es como iniciarse en la equitación. En febrero de este año nos hacíamos eco de un artículo que ejemplificaba la estigmatización de la comunidad LGTB también desde los medios de comunicación. En abril, nos enterábamos de que la Universidad de Ciencias de Malasia (USM) celebró un concurso de carteles para “convertir”alumnos gays en heterosexuales. Y en mayo que el gobierno de Malasia ha comenzado a bloquear páginas LGTB+, incluido el portal Utopia-Asia que es la principal fuente de información para viajeros gais en la región.

Otros ejemplos son el anuncio de censura de programas con personajes homosexuales; la censura de una escena de La Bella y la Bestia, de la que ya hemos hablado, y de una canción de Lady Gaga o la cancelación de un Festival que se celebraba desde 2008 para promover el respeto a la diversidad sexual.

Especialmente preocupante fue lo sucedido en 2012, cuando un joven gay musulmán recibió amenazas de muerte por difundir un vídeo en el que animaba a otros homosexuales a salir del armario. En junio del año pasado conocíamos la muerte de un adolescente, T. Nhaveen, después de cinco días en coma y sufrir una dura agresión de carácter homofóbica que le había dejado con varias heridas y quemaduras en la espalda, además de ser sodomizado con una barra. T. Nhaveen, de dieciocho años de edad, había quedado con su mejor amigo, T. Previin, de 19 años de edad, el sábado, 10 de junio, alrededor de las 11 de la mañana en una hamburguesería de Gelugor, un zona residencial de George Town, en Penang, para celebrar que iba a comenzar su vida como estudiante de música en Kuala Lumpur, pero falleció el jueves, 15 de junio, tras ser víctima de una dura agresión homofóbica que le deja en coma durante cinco días. Un episodio más de bullying homofóbico que en esta ocasión había consternado a la sociedad de Malasia por su dureza y violencia. Ante este escenario, podría pensarse que un suceso tan terrible como este debería servir de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia. Mucho nos temíamos que no iba a ser así, a la vista del hecho de que los mismos medios locales y autoridades que habían reaccionado con horror ni siquiera precisaron que el acoso que el joven sufría era de naturaleza homofóbica. Esperemos, al menos, que se haga justicia con los asesinos de  T. Nhaveen. Está claro, sin embargo, que ni siquiera un hecho tan terrible como este ha servido de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia, como ya entonces pronosticábamos. Y para corroborarlo, en julio radicales religiosos de Malasia e Indonesia se rebelaban contra Starbucks por su apoyo al colectivo LGBT…

Fuente Pink News/Cristianos Gays

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Gabón aprobó a mediados de año un nuevo Código Penal, que establece penas de prisión de hasta seis meses y una fuerte sanción económica para quienes mantengan relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. No obstante, la criminalización de la homosexualidad recogida en el nuevo texto legal no se ha difundido hasta ahora, cuando activistas que supervisan los derechos LGTB en el continente africano han tenido conocimiento de que se han producido detenciones al amparo de la nueva normativa. Con Gabón, son 73 los países y territorios del mundo que castigan las relaciones homosexuales.

El Parlamento de Gabón aprobó un nuevo Código Penal a principios de este año, que entró en vigor el 5 de julio, sin que se difundieran en ese momento las medidas condenatorias para las relaciones homosexuales recogidas en el nuevo texto legal. El título 14 del Código Penal ahora vigente recoge los delitos relacionados con las agresiones sexuales y los atentados contra la moral. El artículo 402 queda redactado de la siguiente manera:

Art.402

Los siguientes son delitos contra la moral:

1.º la exposición sexual impuesta a la vista de otros en un lugar accesible al público;

2.º las relaciones sexuales, incluso con consentimiento, excepto en el caso de incesto previsto en el subsiguiente artículo 403, entre un hombre y una mujer con un grado de parentesco que impida el matrimonio de conformidad con la legislación vigente;

3.º cualquier comportamiento, actitud o discurso repetido, asiduo o sugerente directamente o indirectamente atribuible a una persona que, abusando de la autoridad o  la influencia que se le confierem sus funciones o su rango social, con el objetivo de obtener favores sexuales de un individuo de cualquier sexo;

4.º cualquier acto indecente o antinatural con un individuo del mismo sexo y menor de dieciocho años;

5.º las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.

Todo aquel que sea culpable de los actos indecentes a los que se hace referencia en el apartado pungidos 1, 2, 4 y 5 serán castigados con una pena de prisión no superior a seis meses y una multa no superior a 5.000.000 de francos CFA.

Toda persona culpable de acoso sexual a que se hace referencia en el punto 3 del presente artículo será castigada con una pena de prisión no superior a seis meses y una multa no superior a 2.000.000 de francos CFA.

De esta manera, las relaciones libres y consensuadas entre personas del mismo se castigan con pena de cárcel de hasta seis meses y una sanción económica de 5.000.000 de francos de África Central (alrededor de 7600 euros u 8500 dólares).

Esta criminalización supone una novedad respecto al Código Penal existente, herencia de la colonización francesa, que no castigaba de ninguna forma la homosexualidad, aunque sí establecía una edad diferente de consentimiento para las relaciones sexuales (15 años para las heterosexuales y 21 para las homosexuales). Ni el Gobierno de Gabón ni su ministro de Justicia han querido hacer declaraciones al respecto.

Davis Mac-Iyalla, un activista que supervisa los derechos LGTB en África occidental, afirma que había tenido conocimiento de que dos hombres gaboneses habían sido detenidos por mantener relaciones homosexuales después de la entrada en vigor del nuevo Código Penal, y que solo habían podido conseguir su puesta en libertad tras sobornar a miembros corruptos de las fuerzas del orden. Mac-Iyalla, que es miembro de la Red Interreligiosa de Diversidad de África Occidental, considera que la reforma «ha causado que la comunidad LGBT pase a la clandestinidad y ha creado hostigamiento. La policía corrupta ahora la utiliza, detiene a personas que se ven obligadas a recurrir al soborno para salir liberadas».

Con esta reforma de su Código Penal, Gabón se suma a la larga lista de países africanos que condenan las relaciones entre personas del mismo sexo. Un lamentable retroceso en los derechos LGTB después de la buena noticia de la despenalización por parte del Alto Tribunal de Bostuana también a mediados de año.

Criminalización de las relaciones homosexuales en el mundo

La penalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo implica casi siempre a todo el colectivo LGTB. No solamente afecta a gais, lesbianas y bisexuales, sino que también criminaliza a las personas trans, pues en la mayoría de estos países no se reconoce su identidad de género y son considerados legalmente por el sexo asignado al nacer. De esta manera, una mujer trans heterosexual puede ser castigada por mantener relaciones con un varón cis, de la misma manera que un hombre trans heterosexual puede ser denunciado por entablar relaciones sexuales con una mujer cis.

En 73 países y territorios del mundo están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Ocurre en 70 de los países pertenecientes a Naciones Unidas:

Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Bangladés, Barbados, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 73 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 44 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

Cadena perpetua en 5 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 5 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Tanzania, Uganda y Zambia.

Las legislaciones de 11 países establecen incluso la pena de muerte. En 6 de ellos, se tienen datos contrastados de su aplicación:

Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen. En Nigeria y Somalia, en las provincias donde se aplica la sharía.

En otros cinco no se tiene constacia de su aplicación, pero la legislación vigente contempla la posibilidad:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania y Paquistán.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. África, Código Penal, Davis Mac-Iyalla, Discriminación, Gabon, Homofobia, LGTBfobia

Un nuevo estudio ha encontrado que Nigeria es el país más peligroso del mundo para los turistas LGBT +, mientras que el Reino Unido es el cuarto más seguro.

Los investigadores del sitio web de viajes Asher & Lyric compilaron su lista de los mejores y peores países para turistas mediante el examen de los derechos LGBT + en cada país.

Examinaron cuestiones como la legalidad de las relaciones entre personas del mismo sexo en cada país, si las parejas del mismo sexo pueden adoptar allí y qué protecciones existen para los trabajadores LGBT +.

Nigeria recibió una calificación de “F” y un puntaje de 142. La homosexualidad es ilegal en Nigeria y se castiga con hasta 14 años de prisión o la pena de muerte bajo la ley Sharia. La discusión sobre los derechos LGBT + también está criminalizada en Nigeria.

Qatar, Yemen, Arabia Saudita, Tanzania, Irán, Sudán, Barbados, Malasia y Malawi completaron los 10 países más peligrosos para que los turistas LGBT + los visiten.

Mientras tanto, Noruega ocupó el primer lugar como el país más seguro para los viajeros LGBT + con un puntaje de 307 y una calificación de “A”. Le siguieron de cerca Portugal y Bélgica, con el Reino Unido en cuarto lugar con una “B +”.

Sorprendentemente, los Estados Unidos se ubican con solo 24 en la lista de países más seguros para los turistas LGBT +. Los investigadores atribuyen esto a la variación en las protecciones LGBT + entre diferentes estados, así como a la falta de protección constitucional para las personas LGBT +.

Sin embargo, Asher & Lyric señalaron que los turistas LGBT + deberían mirar más allá de los datos cuando sea posible para garantizar su seguridad mientras viajan al extranjero.

“Para medir la seguridad LGBTQ + en el extranjero, uno no puede ver solo los datos sobre si el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal o no y si existen leyes contra la discriminación LGBTQ +”, escribieron.

La gente queer debe mirar la cultura en los países antes de visitarla. “También depende de la actitud general de la cultura, las minucias del sistema legal y la opresión de los derechos LGBTQ +. Estos problemas pueden afectar todo, desde su capacidad de mostrar muestras públicas de afecto hasta poder compartir la cama de una habitación de hotel hasta la capacidad en la que puede usar aplicaciones de citas sin ser atrapado por la policía local. Algunos elementos de nuestra lista, como el reconocimiento de adopción y la protección de los trabajadores pueden no afectar directamente a los viajeros LGBTQ +, pero estos factores son una buena indicación de las actitudes generales dentro de la cultura”.

También advierten a los turistas LGBT + que sean especialmente cuidadosos en países donde la homosexualidad es ilegal donde incluso besarse o tomarse de las manos en público puede generar multas o encarcelamiento.

Los investigadores señalaron que 45 de los 67 países donde la homosexualidad es ilegal eran antiguas colonias británicas. La mayoría de las leyes contra los homosexuales de esos países se introdujeron mientras formaban parte del Imperio Británico.

LGTBfobia de Estado en Nigeria

Mientras la Comunidad LGTBI de Nigeria nos da una lección de Orgullo a todos, la última noticia que publicábamos era la referente a Adeniyi Raji, un solicitante de asilo en el Reino Unido quien tras rechazar su solicitud de asilo  se enfrenta a la deportación a Nigeria anteriormente, Nneka Obazee, que intentaba suicidarse tras ser detenida para ser deportada a su país de origen, Nigeria, donde podría enfrentarse a la cárcel o incluso la muerte por lapidación al ser lesbiana.

Estas noticias lamentablemente no son novedad en el país africano. De hecho, esta redada se suma a otras similares. Recientemente, seis personas fueron arrestadas con los mismos cargos. Fue en el estado de Abia, donde de nuevo se enfrentan a penas de cárcel. Hace un año recogíamos en esta página la detención de otras 40 personas tras participar en un evento informativo sobre el VIH. Y en abril de 2017 nos hacíamos eco de la detención de otras 53 personas, acusadas de haber participado en una «boda gay». La mayoría de los detenidos eran jóvenes de entre 20 y 30 años.

Todas estas detenciones se dan bajo el amparo de un Estado que es agente perseguidor. En Nigeria, país con un influyente movimiento evangélico cristiano en el sur y un fuerte apoyo a la ley islámica en el norte, las relaciones homosexuales se castigan con penas que pueden llegar hasta los 14 años de cárcel o incluso hasta la muerte por lapidación en los estados del norte en los que además se aplica la sharía o ley islámica (el estado de Kaduna, de hecho, es uno de los que aplican en parte de su territorio). El pasado mes de abril recogíamos que 53 personas fueron detenidas en el país, acusadas de haber participado en una “boda gay”. La mayoría de los detenidos eran jóvenes de entre 20 y 30 años, que ya prestaron declaración ante el juez y que todavía esperan que se dicte sentencia.

Asímismo cabe recordar que a principios de 2014 el presidente Goodluck Jonathan promulgó una ley, que agrava el tratamiento penal para cualquier actividad relacionada con la realidad LGTB. Desde su entrada en vigor, de hecho, no han cesado de sucederse los actos de barbarie de la población civil contra las personas LGTB de Nigeria, alentados por los líderes políticos y religiosos, que han creado un ambiente de profunda homofobia social. Hemos informado de algunos de estos terribles hechos, aunque es de suponer que la información de la mayoría de este tipo de actos execrables no alcance a los medios de comunicación occidentales.

Así, por ejemplo, en enero de 2014, una multitud de miles de personas rodeaba un tribunal islámico, donde se juzgaba a once hombres acusados de practicar la homosexualidad, exigiendo su ejecución inmediata. Meses después, cuatro de los detenidos, que confesaron los hechos probablemente bajo tortura, fueron condenados a recibir públicamente 15 latigazos y al pago de una multa o un año de prisión. En febrero del mismo año, otra horda enfurecida asaltó los domicilios de doce homosexuales en la capital, Abuja, a quienes terminaron por arrancar de sus casas y golpearles incluso ante las puertas de la comisaría local. En las mismas fechas, en la localidad sureña de Port Harcourt, otros dos homosexuales fueron arrastrados fuera de su hogar y obligados a realizar actos sexuales ante una multitud agresiva.

En enero de 2015, la policía islámica de Kato, una ciudad al norte de Nigeria, comunicaba la detención de doce personas por participar en la celebración de una supuesta boda entre dos personas del mismo sexo. La ley vigente en Nigeria, anteriormente citada, castiga con hasta 14 años de prisión a quienes participen en una ceremonia de unión homosexual. En noviembre 21 estudiantes fueron detenidos acusados de prostitución masculina, según un periódico local.

En marzo de 2016, una turba violenta atacó a 20 jóvenes de quienes sospechaban, por su aspecto afeminado, que eran homosexuales. Todos ellos habían sido arrastrados fuera de sus casas y reunidos para golpearlos sin compasión. La brutal paliza a que les sometieron hizo temer por sus vidas. Ninguna de las víctimas quiso presentar denuncia, por temor a las represalias de sus agresores y por no enfrentarse al estigma de ser considerados homosexuales públicamente. En mayo, seis jóvenes fueron detenidos en Benin City acusados de mantener relaciones sexuales.

En el mes de octubre del mismo año, fue detenido un hombre acusado de mantener relaciones homosexuales, tras negarse a ser víctima de un chantaje. Al parecer, todo fue urdido por una pareja de madre e hijo, que se dedican a extorsionar a homosexuales con la amenaza de denuncia. Tras la negativa, la Policía procedió casi inmediatamente al arresto.

Posteriormente, en diciembre dimos la noticia de que un magistrado del Tribunal de Damaturu, la capital del estado de Yobe, había condenado a cinco hombres a sendos siete años de prisión por haber mantenido relaciones sexuales con personas de su mismo sexo.

En abril de este 2017, publicamos la detención de 53 personas, a quienes se acusaba de participar en la celebración de una supuesta “boda gay”.

Actuaciones de este tipo provocaron que el Parlamento Europeo aprobara en marzo de 2014, con el acuerdo de los principales grupos, una resolución de condena a las leyes homófobas de Uganda y Nigeria. El texto de la resolución solicitaba su derogación y proponía que si no había marcha atrás se suspendiese a los dos países del acuerdo de Cotonú sobre intercambio comercial y asistencia entre la Unión Europea y los estados de África, Caribe y Pacífico.

Sin embargo, la directora del programa africano del Centro Europeo para la Gestión de Políticas de Desarrollo (ECDPM), Faten Aggard-Clerx, muy crítica con lo que considera una postura hipócrita de la Unión Europea, se preguntaba, en referencia a Nigeria, si el organismo europeo está dispuesto a “mantener sus valores a pesar de sus intereses en algunas partes de África”. Aggard-Clerx denunciaba que la Unión Europea no había alzado la voz contra las leyes homófobas aprobadas en Etiopía en 2004, pero sí lo hacía una vez que las condenas por homosexualidad iban a carecer de la posibilidad de indulto. También ponía el ejemplo del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, muy criticado por aprobar una ley fuertemente homófoba, pero alabado por su papel en Sudán del Sur.

Parece haber servido de poco, sin embargo. En enero del pasado año nos hacíamos eco de un informe de la organización The Initiative for Equal Rights, que denunciaba hasta 152 graves vulneraciones de los derechos humanos de la población LGTB entre diciembre de 2015 y noviembre de 2016. Evidentemente, se trata de las denuncias que han llegado a conocimiento de las organizaciones de defensa de los derechos humanos. En un país en el que la homosexualidad está fuertemente castigada por el Código Penal y sufre un fortísimo rechazo social, el número real es con seguridad mucho mayor.

Fuente PinkNews/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Homofobia/Transfobia, Nigeria, Noruega, Reino Unido, Turistas LGBT

Hacía mucho que no hablábamos de la situación que se vive en Indonesia… Y es que, los grupos en pro de los Derechos Humanos están en pie de guerra: Indonesia sigue adelante con su reforma del Código Penal y lo va a ilegalizar casi todo. Hace unos meses ya explicábamos que el gobierno indonesio se planteaba reformar sus leyes para conseguir ilegalizar la homosexualidad (como ya ocurre en la provincia de Aceh, dentro del país) “sin que parezca discriminatorio”.

Pues por increíble que parezca, lo han conseguido. Como Indonesia no reconoce el matrimonio igualitario y es literalmente imposible controlar con quién se va a la cama todos sus habitantes… han tomado una decisión salomónica y han propuesto una ley que prohíbe el sexo (y hasta compartir casa) fuera del matrimonio. Todo el sexo, incluso el heterosexual.

Si la ley se aprueba, nadie (ni siquiera los turistas) podrán tener relaciones sexuales en Indonesia si no están casados con la persona con la que mantengan dichas relaciones. Y como no reconocen el matrimonio igualitario, todas las personas que practiquen sexo homosexual irán a la cárcel: 6 meses de prisión por una relación y 1 año por cohabitación sin estar casados).

“El borrador del código penal de Indonesia es desastroso, no solo para las mujeres y las minorías religiosas y de género, si no para todos los indonesios”, ha declarado Andreas Harsono, de la Human Rights Watch, «El parlamento indonesio debería revisar sustancialmente ese código penal para estar a la altura de los acuerdos internacionales sobre derechos humanos«.

El gobierno Australiano ya ha avisado a sus ciudadanos de que si la ley se aprueba  pueden acabar en la cárcel de mantener relaciones sexuales no “legítimas”….

Para Tim Lindsey, que trabaja en el Centre for Indonesian Law, Islam and Society de Melbourne, lo que pasa aquí es que el parlamento indonesio se ha metido unas “prisas locas” para aprobar una reforma penal “altamente regresiva”: “La provisión sobre el sexo extra-matrimonial es nueva en Indonesia, creará muchísimos problemas para los extranjeros si se aplica; aunque Indonesia tiene muchísimas leyes que nunca se aplican. ¿Tendrán que viajar los turistas con un certificado de matrimonio? Porque eso también les expone a la extorsión. Sería fácil que un policía de Bali te diga ‘no estás casado, tienes que pagarme’. Es un escenario bastante factible.“

Pero aunque lo de prohibir el sexo homosexual y heterosexual sin ser dentro del matrimonio es tremendamente absurdo, el nuevo Código Penal de Indonesia prohibiría también criticar al presidente, difundir ideología comunista, enseñarle cualquier método anticonceptivo a un menor y criminalizará la zoofilia , la magia negra y las Fake News. Y, también se va a restringir el derecho al aborto.

Posible criminalización de la homosexualidad en todo el país

La noticia tiene lugar en un contexto especialmente hostil, dada la discusión que se abrió sobre una posible criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, de la que también hablamos a comienzos de 2018 y que desencadenó una auténtica espiral de LGTBfobia. De hecho, un diputado indonesio proponía modificar la legislación nacional para no solo castigar las relaciones homosexuales con cárcel, sino incluir además la pena de muerte para el colectivo LGTB (o, como mínimo, la cadena perpetua). El artífice de tal propuesta es Muslim Ayub, miembro del Partido Mandato Nacional Islámico (PAN).

Hanafi Rais, otro diputado del mismo partido, aseguraba que el debate sobre la criminalización de la homosexualidad estaba siendo acordado “por la mayoría de los partidos políticos indonesios”. Los seis partidos seculares, que controlan a la mayoría en la pasada legislatura, no parecían, en todo caso, querer ponerse en contra a los extremistas islámicos antes de las elecciones de junio del año pasado, en las que 171 regiones votaron por nuevos gobernadores, alcaldes y jefes de distrito.

Escalada de LGTBfobia de Estado en Indonesia

Hace casi un año, informábamos de la detención de  diez mujeres, acusadas de «conducta lésbica». Antes, recogíamos, precisamente, la detención de cuatro personas en Banda Aceh, a manos de patrullas ciudadadanas, acusadas de «practicar la homosexualidad»: tres varones y una mujer transexual, que se enfrentan a penas que incluyen los mencionados castigos físicos. A principios del 2018 recogíamos el descarnado caso de LGTBfobia de Estado en Indonesia. La policía de Aceh detuvo a doce mujeres trans, les afeitó el cabello y las obligó a vestirse como«hombres normales». En Aceh, desde 2005 rige la sharia o ley islámica gracias a la autonomía que le fue concedida al firmar la paz con los separatistas, poco después del tsunami que asoló la región. En septiembre de 2014, además se aprobó una terrible ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de recibir cien azotes en público con una vara de ratán. La legislación entraba en vigor en octubre de 2015 y fue aplicada, entre otras ocasiones, el pasado mes de mayo a dos jóvenes de 20 y 23 años. En el mismo mes de octubre de 2015 nos hacíamos eco de la detención de dos jóvenes lesbianas (de 18 y 19 años) por abrazarse públicamente y confesar que eran pareja. Según el jefe de la policía islámica las chicas serían “sometidas a rehabilitación con la participación de psicólogos en dependencias sociales”.

Indonesia también votó en 2014 en contra de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra la homofobia y la transfobia y ha sido calificado, por su propia población, como un mal lugar para vivir si eres gay o lesbiana (solo un 2% opina lo contrario) en una encuesta de Gallup.

En el mes de octubre de 2016, informábamos de la detención de una pareja gay por subir a su cuenta de Facebook unas fotos besándose, junto con un mensaje de amor, que fue considerada por las autoridades como “pornografía”. A estos hechos se suman un deterioro homófobo que reconocía el presidente Joko Widodo, quien lejos de atajarla ha llegado a aprobar medidas discriminatorias, como confiscar preservativos, o la persecución de webs LGTB, bloqueando aplicaciones de citas entre personas del mismo sexo o autorizar formas de discriminación laboralcon el veto de aspirantes LGTB a plazas públicas, el cierre de la única escuela y mezquita para personas trans de Indonesia, aparte de permitir las irresponsables declaraciones homofóbicas de políticos y alcaldes demonizando al colectivo LGBTy la radicalización de líderes religiosos que han llegado a fomentar el boicot a empresas internacionales que apoyan al colectivo LGBT.

En diciembre de 2017 nos hacíamos eco la condena de diez hombres a dos años de cárcel en Indonesia por participar en una supuesta «fiesta gay» en Yakarta, la capital de este país asiático. A diferencia de Aceh, en Yakarta las relaciones homosexuales no son ilegales, por lo que los detenidos fueron condenados por violar la ley contra la pornografía.

El hecho de que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente esta no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación que se vive hoy día en Indonesia. De hecho, solo en las provincias autónomas de Aceh y Sumatra Meridional, en las cuales se aplica la sharía o ley islámica (en Aceh a todos los ciudadanos, en Sumatra Meridional solo a los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría), las relaciones homosexuales son formalmente ilegales, castigándose incluso con castigos físicos.

Pero también en el resto del país la situación se está deteriorando. Ya lo recogíamos en febrero de 2016, cuando hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos. Desde entonces, por desgracia, no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. Un ejemplo es la redada de mayo de 2017 en el que la policía indonesia detenía en Yakarta a 141 hombres por asistir a lo que las autoridades han calificado como una supuesta “fiesta de sexo gay”, pese a que la homosexualidad no es ilegal en la capital y que desembocó en la citada condena de diez hombres, pero ha habido muchos otros. Días antes de aquella redada, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una «fiesta gay» en Surabaya, la segunda ciudad del país. En Java Occidental, la provincia más poblada de Indonesia, el jefe de policía hizo pública por su parte su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB. Y en octubre de 2017 tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres. Una estigmatización a la que también ha contribuido la decisión de la Asociación Psiquiátrica Indonesia de clasificar la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad como trastornos mentales.

Esta espantosa situación podría agravarse de prosperar la iniciativa legislativa que pretende castigar en todo el país las relaciones homosexuales con penas de hasta cinco años de prisión. Sin embargo, en diciembre también aludíamos al “respiro provisional” que había supuesto la decisión del Tribunal Constitucional de Indonesia de rechazar una propuesta de criminalización de las relaciones sexuales entre personas no casadas, cuyo objetivo principal no era otro que el de castigar por vía indirecta las relaciones homosexuales. Poco duraba el respiro, por desgracia.

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Aceh, Andreas Harsono, Centre for Indonesian Law Islam and Society, Homofobia/Transfobia, Human Rights Watch, Indonesia, Melbourne, Reforma legislativa, Tim Lindsey

Japón ha cancelado los planes de deportar a un hombre gay taiwanés en una relación a largo plazo.

Los abogados que representan al hombre dijeron a los medios de comunicación locales que la medida representa un avance hacia la protección legal de las parejas del mismo sexo en el país.

Un abogado dijo: “Es la primera vez que un compañero gay extranjero de un ciudadano japonés recibe un permiso especial para quedarse en el país.” El ministerio ha negado que su decisión se basara en la sexualidad del hombre.

El taiwanés, de unos 40 años de edad, ha vivido en el país durante unos 25 años con su pareja japonesa, según la emisora japonesa NHK. Llegó a Japón con un visado de estudiante de un año en 1992 y volvió a entrar en el país en 1993 para prepararse para un examen de idioma, poco después de lo cual inició una relación con su pareja, dijeron sus abogados defensores.

En junio de 2016, se descubrió su residencia ilegal y se ordenó su deportación. Al año siguiente, el hombre presentó una petición ante el Tribunal de Distrito de Tokio para revocar la deportación.

“Si hubiéramos podido casarnos legalmente, nuestras vidas podrían haber cambiado”, dijo a los medios de comunicación locales el viernes, según el Shimbun de Tokio.

Derechos LGTBI+ en Japón

Aunque Japón carece de matrimonio igualitario, varias ciudades han aprobado la inclusión de parejas del mismo sexo en los registros de uniones de hecho. La primera administración japonesa lo hizo fue el distrito tokiota de Shibuya, seguido del de Setagaya. Posteriormente se les unieron las ciudades de Iga, en la prefectura de Mie, y Takarazuka, en Hyogo. En febrero de 2017 y en abril de 2018, respectivamente, Sapporo y Fukuoka se convertían en las primeras grandes ciudades en aprobar las uniones de hecho para las parejas del mismo sexo.

Los resultados de una encuesta realizada en el país nipón a finales de 2015 constatan que un 51% de la ciudadanía sería partidaria de la aprobación del matrimonio igualitario. Una gran evolución, teniendo en cuenta que hasta épocas recientes la homosexualidad era un tema tabú en la sociedad japonesa. Otro importante reconocimiento llegaba en julio de 2016, cuando el ministerio de Trabajo incluía la discriminación hacia empleados LGTB como una forma de acoso sexual. Estaremos pendientes sobre cualquier movimiento que suponga un avance hacia la igualdad en el acceso al matrimonio.

La ciudad de Iga (que ronda los 95.000 habitantes, en la prefactura de Mie) se convertía en diciembre de 2015 en el cuarto municipio japonés en abrir a las parejas del mismo sexo la posibilidad de unirse civilmente. Aunque en Japón, como decíamos, tampoco se ha aprobado todavía el matrimonio igualitario, varias ciudades han tomado la delantera, aprobando la inclusión de parejas del mismo sexo en los registros de uniones de hecho.

La primera administración japonesa que anunció la apertura de uniones civiles entre parejas de gais y lesbianas fue la de Shibuya (un distrito especial de Tokio). Por su parte, Setagaya (como Shibuya, otro de los 23 distritos que conforman la municipalidad metropolitana de Tokio) secundaba poco después la iniciativa y se convertía en el segundo territorio japonés en ponerla en marcha.

Asimismo, en la ciudad de Takarazuka, en la prefectura de Hyogo, se iniciaba el pasado mes de junio la expedición de certificados de asociación a las parejas homosexuales. A diferencia de lo que ocurre en Shibuya, los registros de parejas de hecho en Takarazuka y Setagaya no exigen a las empresas privadas que reconozcan a las parejas homosexuales.

Los resultados de una encuesta realizada en el país nipón a finales de 2015 constatan que un 51% de la ciudadanía sería partidaria de la aprobación del matrimonio igualitario. Una gran evolución, teniendo en cuenta que hasta épocas recientes la homosexualidad era un tema tabú en la sociedad japonesa. Otro importante reconocimiento llegaba en julio de 2016, cuando el Ministerio de Trabajo de Japón incluía la discriminación hacia empleados LGTB como una forma de acoso sexual.

A principios de este año, la ciudad japonesa de Chiba otorgó reconocimiento oficial a las parejas del mismo sexo. La ciudad emitió certificados a cuatro parejas del mismo sexo en enero, según el periódico japonés The Mainichi. Los documentos permitirán a las parejas acceder a muchos de los derechos de que disfrutan las personas casadas, como poder solicitar una vivienda pública como pareja y visitar a sus seres queridos en el hospital. La ceremonia en Chiba fue organizada por el alcalde Toshihito Kumagai, quien les dijo a las parejas: “Les deseo la felicidad de convertirse en mejores socios.” Chiba es la última gran ciudad del país en reconocer a los parejas queer, después de que Fukuoka instituyera el reconocimiento legal el año pasado.

Aunque ningún país asiático ha aprobado por el momento el matrimonio igualitario, la situación del colectivo es diametralmente opuesta en los distintos países del continente. Japón y Taiwán furon pioneros en experimentar avances locales en el reconocimiento de las parejas del mismo sexo (aunque Taiwán está tomando la delantera, a pesar del escoyo de los grupos religiosos). Sin embargo, en algunos como Malasia, Brunéi o la India, , entre otros, las personas LGTB son víctimas de la homofobia de estado y la intransigencia social. Por el contrario, además de Taiwán y Japón, otros países como Vietnam van posicionándose en líneas más aperturistas e igualitarias (si bien no al ritmo que cabría desear).

Fuente Cromosomax/Cristianos Gays

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. deportación, Japón, Taiwan

Coincidiendo con la celebración del 40 aniversario de su fundación, ILGA ha reanudado la publicación de su informe sobre la homofobia de Estado, tras un receso de un año. Desde el su último reporte, publicado en mayo de 2017, ILGA celebra que se hayan despenalizado las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo en tres países: India, Trinidad y Tobago y Angola. También se congratula que desde esa fecha el matrimonio igualitario sea una realidad en Malta, Alemania, Australia y Austria. Sin embargo, alerta de que de los derechos adquiridos no son inamovibles y pueden perderse, como ocurrió en Chad cuando se volvieron a penalizar las relaciones homosexuales en 2017, y que el auge de los populismos conservadores amenaza las conquistas incluso en los países más avanzados en el respeto a los derechos humanos.

Dentro del informe, como es costumbre, ILGA edita un mapa explicativo de la situación legal de las relaciones entre personas del mismo sexo en el mundo. Si en otros años la parte positiva se materializaba en el matrimonio igualitario, este año ILGA ha considerado como límite favorable que la no discriminación basada en la orientación sexual tenga rango constitucional. En el extremo negativo se sitúan los países que criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo, y el límite en aquellos que las castigan con la cadena perpetua e incluso la pena de muerte. Este es el mapa descriptivo (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

DERECHOS Y PROTECCIÓN CONTRA LA DISCRMINACIÓN

Leyes contra la discriminación con base en la orientación sexual

Tan solo en 9 países pertenecientes a la Naciones Unidas se protege constitucionalmente de manera específica contra la discriminación por razón de la orientación sexual:

Bolivia, Ecuador, Fiyi, México, Nepal, Malta, Portugal, Sudáfrica y Suecia.

Sin embargo, a pesar de esa protección constitucional, en Bolivia, Ecuador, Fiyi y Nepal se discrimina a las parejas del mismo sexo al negarles la posibilidad de contraer matrimonio, tal como se permite a las parejas de distinto sexo.

A estos 9 países se añaden otros 43 en los que existe una legislación específica que proporciona una «protección amplia» contra la discriminación con base en la orientación sexual:

Albania, Alemania, Andorra, Angola, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Kosovo, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mauricio, Mongolia, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, República Checa, Rumania, Serbia, Surinam y Uruguay.

Como en el caso anterior, la protección legal contra la discriminación no implica la plena igualdad de derechos. No solo en la mayoría de estos países también se discrimina a las parejas del mismo sexo, sino que en alguno, como en Mauricio, se compagina esa protección con la penalización de las relaciones homosexuales masculinas, que están castigadas con penas de hasta 5 años de cárcel.

En 73 de los países pertenecientes a Naciones Unidas existen leyes que protegen contra la discriminación en el lugar de trabajo por motivos de orientación sexual, aunque en algunos de ellos las relaciones entre personas del mismo sexo estén castigadas penalmente (es el caso de Botsuana, Kiribati, Mauricio, Samoa, Santa Lucía y la región autónoma de las Islas Cook). En 39 se han promulgado leyes que castigan los actos de incitación al odio, la discriminación o la violencia por motivos de orientación sexual. En otros 42 países se imponen penas más severas por delitos motivados por el odio hacia la orientación sexual de la víctima.

ILGA estima que en 8 países la protección contra la discriminación con base en la orientación sexual es limitada o dispar en su territorio:

Argentina, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Japón, República Dominicana y Vanuatu.

En otros 55 países no existe ningún tipo de legislación contra la discriminación, pero tampoco se criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Entre ellos están gigantes demográficos como China, India, Indonesia y Rusia.

Los derechos de las parejas del mismo sexo: matrimonio y adopción

En cuanto a los derechos de las parejas del mismo sexo, en 26 de los países pertenecientes a las Naciones Unidas existe la igualdad de acceso a la institución del matrimonio:

Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido (excepto Irlanda del Norte), Sudáfrica, Suecia y Uruguay,

El próximo mes de mayo vencen los plazos establecidos por sus respectivas Cortes Constitucionales para que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea legal en Costa Rica y Taiwán.

En otros 16 estados se han establecido distintos tipos legales de unión que reconocen algún tipo de derechos a las parejas del mismo sexo:

Andorra, Chile, Chipre, Colombia, Croacia, Ecuador, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Liechtenstein, República Checa, San Marino y Suiza.

En 28 países se permite la adopción en las mismas condiciones que a las parejas de distinto sexo:

Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Israel, Luxemburgo, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, Uruguay,

En 3 países más, solo se permite la adopción de los hijos de la pareja:

Eslovenia, Estonia y San Marino.

LA HOMOFOBIA DE ESTADO

Criminalización de las relaciones homosexuales

La penalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo implica casi siempre a todo el colectivo LGTB. No solamente afecta a gais, lesbianas y bisexuales, sino que también criminaliza a las personas trans, pues en la mayoría de estos países no se reconoce su identidad de género y son considerados legalmente por el sexo asignado al nacer. De esta manera, una mujer trans heterosexual puede ser castigada por mantener relaciones con un varón cis, de la misma manera que un hombre trans heterosexual puede ser denunciado por entablar relaciones sexuales con una mujer cis.

En 73 países y territorios del mundo están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Ocurre en 70 de los países pertenecientes a Naciones Unidas:

Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Bangladés, Barbados, Botsuana, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 73 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 44 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

Cadena perpetua en 5 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 5 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Tanzania, Uganda y Zambia.

Las legislaciones de 11 países establecen incluso la pena de muerte. En 6 de ellos, se tienen datos contrastados de su aplicación:

Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen. En Nigeria y Somalia, en las provincias donde se aplica la sharía.

En otros cinco no se tiene constacia de su aplicación, pero la legislación vigente contempla la posibilidad:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania y Paquistán.

Respecto al informe de 2017, han desparecido las referencias a Siria e Irak, donde se implementaba actores no formalmente estatales como el Estado Islámico.

Restricciones a la libertad de expresión y la actuación de ONG

Aparte de la criminalización de las relaciones homosexuales, en 32 Estados existen leyes que restringen la libertad de expresión en cuestiones de orientación sexual e identidad de género:

Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Bielorrusia, Camerún, Catar, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Libia, Lituania, Malasia, Marruecos, Nigeria, Omán, Paquistán, Paraguay, Rusia, Singapur, Siria, Somalia, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda y Yemen.

En Europa, aparte de Rusia, Lituania y Bielorrusia, ha habido intentos de aprobación de leyes contra la «propaganda homosexual» (que prohíben informar positivamente de las relaciones entre personas del mismo sexo) en Armenia y Letonia. En Hungría se han prohibido por decretos los estudios de género en las universidades. Por su parte, en los Estados Unidos de América, siete estados (que representan el 17,4 % del total) han promulgado leyes locales que también se han definido como contrarias a la «propaganda homosexual» en el ámbito educativo.

En 41 países se ha constatado que se plantean barreras para la formación, el establecimiento o el registro de ONG relacionadas con la orientación sexual:

Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Bahréin, Bangladés, Bielorrusia, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Catar, China, Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Fiyi, Irán, Jordania, Kazajistán, Kirguizistán, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Malawi, Mali, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Omán, Rusia, Senegal, Singapur, Siria, Somalia, Sudán, Tanzania, Uganda, Yemen y Zambia.

Según declaraban Ruth Baldacchino y Helen Kennedy, cosecretarias generales de ILGA, «esto no son solo cifras, sino leyes que realmente impactan la vida diaria de las personas de diversas orientaciones sexuales en todo el mundo. Las leyes positivas marcan la diferencia: pueden contribuir a cambiar las actitudes del público y, concretamente, dicen a la gente que son igualmente dignas de derechos».

Puedes descargar el informe completo de ILGA en inglés sobre Homofobia de Estado (536 páginas) en este enlace.

General, Homofobia/ Transfobia. Afganistán, Albania, Alemania, Andorra, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Australia, Austria, Bahrein, Bangladés, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Brasil, Brunei, Bulgaria, Burundi, Bután, Camerún, Canadá, Catar, Chad, Chechenia, Chile, China, Chipre, Colombia, Comoras, Corea del Norte, Corea del Sur, Croacia, Dominica, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estado Islámico, Estonia, Etiopía, Etiquetas:Afganistán, Finlandia, Fiyi, Francia, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Helen Kennedy, Holanda, Homofobia, Homofobia de Estado, Honduras, Hungría, ILGA, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Islas Salomón, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kiribati, Kosovo, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malawi, Maldivas, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Perú, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Ruth Baldacchino, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, senegal, Serbia, Seychelles, Sharia, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudáfrica, Sudán, Sudán del sur, Suecia, Surinam, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Yemen, Zambia. Zimbabue

Un hombre de 67 años teme ser deportado a Malasia, donde la homosexualidad es ilegal, por “no ser lo suficientemente gay”.

Yew Fook Sam, que vive en Kirkby, en Merseyside, intentó solicitar asilo en el Reino Unido después de haber sido arrestado por trabajar ilegalmente en 2016. Los funcionarios de inmigración han rechazado su solicitud de permanencia, a pesar del riesgo de persecución en su país de origen.

Un juez de la Cámara de Inmigración y Asilo afirmó que : “Tomando todas las pruebas de la ronda, encuentro que el apelante no es homosexual como él dice.” El veredicto fue repetido por un juez del Tribunal Superior que rechazó su apelación. Dijeron que el juez original “proporcionó razones detalladas y convincentes para concluir que el relato del apelante sobre su sexualidad no era genuino y creíble, identificando numerosas inconsistencias y discrepancias en su relato…“.

Sam, que llegó al Reino Unido en 2005 con un visado de visita, dice que estuvo casado en Malasia y que tuvo dos hijos, pero que ha dicho que estaba viviendo una mentira. Dice que su esposa lo dejó después de descubrir que era gay. Hablando con un medio de Liverpool, dijo: “Estaba tan decepcionado y deprimido, después de que me dijeran que no era gay. ¿Cómo puedo probarlo? Intenté decirle al Ministerio del Interior: ‘Tengo 67 años. No necesito sexo”.

Sam agregó que era parte de varias asociaciones gay y que había asistido a las celebraciones del Orgullo, lo cual, según él, llevaría a que fuera blanco de ataques en Malasia. “Quiero poder morir abiertamente como un hombre gay, no volver a Malasia y mantenerlo en secreto.”

Está siendo apoyado por una iglesia en Liverpool, donde es parte de la comunidad de alabanza de Mesa Abierta LGBTQIA+. Un miembro del grupo, Kieran Bohan, dijo que Sam tenía “mala salud” y que su “inglés e ingresos eran limitados”, lo que haría difícil estar en una relación. “Hay muchas personas en la vida adulta que se encuentran solteras, cualquiera que sea su orientación. No dejan de ser gays, bisexuales o heterosexuales porque no tienen pareja”, afirmó. Una petición para evitar su deportación ha recibido más de 1.000 firmas.

Un portavoz del Ministerio del Interior dijo al Liverpool Echo: “Este gobierno tiene un historial orgulloso de proporcionar protección a los solicitantes de asilo que huyen de la persecución por su orientación sexual o identidad de género, y el Reino Unido sigue siendo un líder mundial en su enfoque de la tramitación de este tipo de solicitudes de asilo. No hacemos comentarios rutinarios sobre casos individuales.”

Escalada de LGTBfobia pese al cambio político en Malasia

En entradas anteriores hemos venido hablando de la escalada de LGTBfobia de Estado en Malasia. Dos mujeres malasias, de 22 y 32 años, respectivamente, recibían a principios de este mes de septiembre seis latigazos por orden de un tribunal, tras ser descubiertas por agentes islámicos en el estado conservador de Terengganu «intentando participar en actos sexuales en un automóvil». El Gobierno, por otra parte, no solo dejaba claro su apoyo a la redada que días antes tenía lugar en un bar de ambiente gay de Kuala Lumpur sino que, en boca del ministro del Territorio Federal, Khalid Samad, expresaba que «esperamos que esta iniciativa pueda mitigar que la cultura LGTB se extienda a nuestra sociedad».

Ya con anterioridad, el nuevo Ejecutivo de Malasia había defraudado las expectativas despertadas cuando insinuó que el colectivo LGTB no debe visibilizarse porque incomoda «a la mayoría» del país. Lo hacía a cuenta de la censura de los retratos de los activistas Pang Khee Teik y Nisha Ayub en una exposición de George Town (ciudad del Estado de Penang) por orden administrativa.

Un entorno difícil para las personas LGTB

Malasia, una de las economías emergentes del sudeste asiático, es un país de variada composición étnico-religiosa, aunque de mayoría musulmana, en el que conviven leyes civiles, de obligado cumplimiento para todos, y leyes islámicas, de aplicación a los ciudadanos musulmanes. Las relaciones homosexuales, en cualquier caso, son ilegales y se castigan con penas de hasta 20 años de cárcel. De hecho, en 2011 nos hacíamos eco de las intenciones de varios líderes musulmanes malasios de endurecer las medidas contra la homosexualidad y en 2015 el entonces primer ministro, Najib Razak, comparaba a las personas LGTB con el Estado Islámico, alegando que carecen de derechos humanos.

La LGTBfobia social y política imperante en Malasia ha llevado a situaciones que rozan el absurdo, y que hemos recogido en esta misma página. En febrero del año pasado, en un vídeo promovido por el Departamento de Desarrollo Islámico de Malasia se sugería a los homosexuales que «aprender» a ser hetero es como iniciarse en la equitación. En febrero de este año nos hacíamos eco de un artículo que ejemplificaba la estigmatización de la comunidad LGTB también desde los medios de comunicación. En abril, nos enterábamos de que la Universidad de Ciencias de Malasia (USM) celebró un concurso de carteles para “convertir”alumnos gays en heterosexuales. Y en mayo que el gobierno de Malasia ha comenzado a bloquear páginas LGTB+, incluido el portal Utopia-Asia que es la principal fuente de información para viajeros gais en la región.

Otros ejemplos son el anuncio de censura de programas con personajes homosexuales; la censura de una escena de La Bella y la Bestia, de la que ya hemos hablado, y de una canción de Lady Gaga o la cancelación de un Festival que se celebraba desde 2008 para promover el respeto a la diversidad sexual.

Especialmente preocupante fue lo sucedido en 2012, cuando un joven gay musulmán recibió amenazas de muerte por difundir un vídeo en el que animaba a otros homosexuales a salir del armario. En junio del año pasado conocíamos la muerte de un adolescente, T. Nhaveen, después de cinco días en coma y sufrir una dura agresión de carácter homofóbica que le había dejado con varias heridas y quemaduras en la espalda, además de ser sodomizado con una barra. T. Nhaveen, de dieciocho años de edad, había quedado con su mejor amigo, T. Previin, de 19 años de edad, el sábado, 10 de junio, alrededor de las 11 de la mañana en una hamburguesería de Gelugor, un zona residencial de George Town, en Penang, para celebrar que iba a comenzar su vida como estudiante de música en Kuala Lumpur, pero falleció el jueves, 15 de junio, tras ser víctima de una dura agresión homofóbica que le deja en coma durante cinco días. Un episodio más de bullying homofóbico que en esta ocasión había consternado a la sociedad de Malasia por su dureza y violencia. Ante este escenario, podría pensarse que un suceso tan terrible como este debería servir de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia. Mucho nos temíamos que no iba a ser así, a la vista del hecho de que los mismos medios locales y autoridades que habían reaccionado con horror ni siquiera precisaron que el acoso que el joven sufría era de naturaleza homofóbica. Esperemos, al menos, que se haga justicia con los asesinos de  T. Nhaveen. Está claro, sin embargo, que ni siquiera un hecho tan terrible como este ha servido de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia, como ya entonces pronosticábamos. Y para corroborarlo, en julio radicales religiosos de Malasia e Indonesia se rebelaban contra Starbucks por su apoyo al colectivo LGBT…

Fuente Cromosomax/Cristianos Gays/Dosmanzanas

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Mikhy K. Farrera Brochez (dcha) y su pareja Ler Teck Siang

Un antiguo residente de Singapur, una nación-estado de Asia oriental en la península de Malasia, filtró deliberadamente su Registro Nacional del VIH que contenía la información personal de 5.400 singapurenses y 8.800 extranjeros a los que se había diagnosticado como seropositivos. La información personal incluía sus nombres, números de teléfono y direcciones.

Aunque el gobierno dice que la información no ha sido publicada públicamente, se cree que fue filtrada en internet a través de un ex empleado del gobierno a su novio VIH-positivo.

El receptor de la filtración ha sido identificado como Mikhy K. Farrera Brochez, un ex-residente VIH-positivo de los Estados Unidos que vivió en Singapur hasta mayo de 2018 cuando fue deportado, después de una sentencia de 28 meses de prisión por fraude y delitos de drogas.

A los extranjeros VIH-positivos se les prohíbe obtener visados de trabajo o residencia permanente en la región. Así que Brochez mintió sobre su condición de VIH-positivo al vivir en el país con su novio de Singapur. Su novio, Ler Teck Siang, era un médico que trabajaba para la Unidad Nacional de Salud Pública, quien sometió su propia sangre a la prueba nacional de VIH de Brochez.

Brochez filtró públicamente el Registro Nacional de VIH en internet después de ser deportado. El gobierno no ha dicho cómo obtuvo acceso a la base de datos, pero actualmente está siendo investigado por la policía. Si se le encuentra culpable, podría enfrentar una multa de 2.000 dólares y dos años de prisión por violar la Ley de Secretos Oficiales del Estado-Nación.

Y aunque la incidencia general del VIH en el país, de 5,6 millones de personas, es baja (su Ministerio de Salud sólo citó unos 265 nuevos diagnósticos en la mayor parte de 2018), la homofobia y el estigma del VIH en el país podrían hacer que las personas nombradas en la filtración se enfrenten a graves repercusiones sociales si sus nombres se hacen públicos.

Las personas afectadas podrían perder su trabajo, ser víctimas de acoso, ser rechazadas para recibir tratamiento médico y ser excluidas por sus amigos y familiares.

La homosexualidad y el VIH a menudo se confunden debido a la alta prevalencia de la enfermedad entre los hombres que duermen con hombres. Como tal, Singapur no es del todo acogedor para las personas percibidas como homosexuales.

La región penaliza la actividad sexual entre hombres del mismo sexo y la castiga con dos años de prisión. También tiene leyes vagas contra la “indecencia grosera”, la “indignación por la modestia”, la “molestia pública” y los “propósitos inmorales” que permiten el enjuiciamiento de cualquier hombre que supuestamente busque encuentros entre personas del mismo sexo.

En enero de 2006, el Ministerio de Desarrollo Comunitario, Juventud y Deportes del país donó 61.500 dólares a Liberty League, una organización que promueve la llamada terapia de conversión “ex-gay“. El país también prohíbe abiertamente a los ciudadanos LGBTQ servir en sus fuerzas armadas, categorizándolos junto a “travestis, pedófilos” y aquellos con “comportamiento afeminado”. Los códigos de televisión y cine del país también prohíben cualquier argumento que “promueva, justifique o glamurice tales estilos de vida”.

Fuente Cromosomax

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Ai Nakajima y Kristina Baumann (Ai Nakajima/facebook)

La ciudad japonesa de Chiba ha otorgado reconocimiento oficial a las parejas del mismo sexo.

Chiba, que alberga a un millón de personas, emitió certificados a cuatro parejas del mismo sexo el martes (29 de enero), según el periódico japonés The Mainichi.

Los documentos permitirán a las parejas acceder a muchos de los derechos de que disfrutan las personas casadas, como poder solicitar una vivienda pública como pareja y visitar a su ser querido en el hospital.

Más de una docena de ciudades y municipios se han movilizado para legalizar las uniones entre personas del mismo sexo en Japón, donde el matrimonio entre personas del mismo sexo todavía no es legal.

La ceremonia en Chiba fue conducida por el alcalde Toshihito Kumagai, quien les dijo a las parejas queer: “Os deseo la felicidad de ser mejores parejas”. “

Para calificar para los certificados, las parejas deben tener al menos 20 años de edad, no estar casadas y vivir en Chiba o planear mudarse a la ciudad, que está al este de Tokio.

Uno de los participantes de la ceremonia, Ryuta Yanase, dijo al periódico japonés The Asahi Shimbun que él y su socio Satoru Ito se habían mudado de la cercana ciudad de Funabashi después de escuchar sobre el cambio de ley. Yanase, de 56 años, estaba encantado de obtener reconocimiento legal para él y su pareja de 65 años. “Estaba anhelando el sistema, y estoy muy contento”, dijo. “Espero que esta sociedad se convierta en un lugar donde las personas LGBT sean tratadas justamente.”

Chiba es la última gran ciudad del país en reconocer a las parejas queer, después de que Fukuoka instituyera el reconocimiento legal el año pasado. Fukuoka, con una población de 1,5 millones de habitantes, fue el segundo lugar más grande de Japón en reconocer a las parejas del mismo sexo, después de que Sapporo ofreciera reconocimiento legal a las parejas del mismo sexo en 2017. Sapporo también reconoce las relaciones que involucran al menos a una persona no binaria.

Y al menos 11 parejas del mismo sexo van a demandar al gobierno japonés el próximo mes en un esfuerzo por legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La demanda conjunta se presentará en cuatro tribunales de distrito de Nagoya, Osaka, Sapporo y Tokio. Afirmará que la incapacidad de las parejas japonesas del mismo sexo para contraer matrimonio en el país viola su derecho constitucional a la igualdad y la libertad de matrimonio. Los abogados de los demandantes dijeron que la demanda es la primera presentada en Japón que busca el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Ai Nakajima y Kristina Baumann son una de las parejas del mismo sexo que planean presentar la innovadora demanda conjunta a mediados de febrero, según The Asahi Shimbun . Nakajima, que vive con Baumann en Yokohama, dijo: “Nos enfrentamos a una realidad en la que (una pareja del mismo sexo) aún no puede casarse en Japón. “Nos gustaría desafiar la situación actual con la demanda, que también será útil para un número de personas de minorías sexuales.”

Los primeros antecedentes en Japón

La ciudad de Iga (que ronda los 95.000 habitantes, en la prefactura de Mie) se convertía en diciembre de 2015 en el cuarto municipio japonés en abrir a las parejas del mismo sexo la posibilidad de unirse civilmente. Aunque en Japón, como decíamos, tampoco se ha aprobado todavía el matrimonio igualitario, varias ciudades han tomado la delantera, aprobando la inclusión de parejas del mismo sexo en los registros de uniones de hecho.

La primera administración japonesa que anunció la apertura de uniones civiles entre parejas de gais y lesbianas fue la de Shibuya (un distrito especial de Tokio). Por su parte, Setagaya (como Shibuya, otro de los 23 distritos que conforman la municipalidad metropolitana de Tokio) secundaba poco después la iniciativa y se convertía en el segundo territorio japonés en ponerla en marcha.

Asimismo, en la ciudad de Takarazuka, en la prefectura de Hyogo, se iniciaba el pasado mes de junio la expedición de certificados de asociación a las parejas homosexuales. A diferencia de lo que ocurre en Shibuya, los registros de parejas de hecho en Takarazuka y Setagaya no exigen a las empresas privadas que reconozcan a las parejas homosexuales.

Los resultados de una encuesta realizada en el país nipón a finales de 2015 constatan que un 51% de la ciudadanía sería partidaria de la aprobación del matrimonio igualitario. Una gran evolución, teniendo en cuenta que hasta épocas recientes la homosexualidad era un tema tabú en la sociedad japonesa. Otro importante reconocimiento llegaba en julio de 2016, cuando el Ministerio de Trabajo de Japón incluía la discriminación hacia empleados LGTB como una forma de acoso sexual.

Aunque ningún país asiático ha aprobado por el momento el matrimonio igualitario, la situación del colectivo es diametralmente opuesta en los distintos países del continente. Japón y Taiwán furon pioneros en experimentar avances locales en el reconocimiento de las parejas del mismo sexo (aunque Taiwán está tomando la delantera, a pesar del escoyo de los grupos religiosos). Sin embargo, en algunos como Malasia, Brunéi o la India, , entre otros, las personas LGTB son víctimas de la homofobia de estado y la intransigencia social. Por el contrario, además de Taiwán y Japón, otros países como Vietnam van posicionándose en líneas más aperturistas e igualitarias (si bien no al ritmo que cabría desear).

Fuente Cromosomax/Cristianos Gays

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