Rumanía da un paso más para convertirse en el próximo país en prohibir el matrimonio igualitario en su Constitución. La Cámara de Diputados del país apoyó el viernes pasado por una amplia mayoría la iniciativa de la Coalición por la Familia (un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa) para elevar a nivel constitucional la definición de matrimonio que excluye a las parejas del mismo sexo. El proyecto pasa ahora al Senado, y si este también le da su apoyo, será sometido a referéndum.

Malas noticias para la igualdad LGTB en Europa. El proceso para vetar el matrimonio igualitario a nivel constitucional ha dado un importante paso adelante al conseguir el apoyo de la Cámara de Diputados. Concretamente, la iniciativa de la Coalición por la Familia cosechó 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma de este tipo.

Ahora la propuesta pasará al Senado, donde necesita también el voto favorable de las dos terceras partes.. Si el Senado constituido tras los comicios también apoya la iniciativa homófoba, se convocará un referéndum sobre su aprobación definitiva. La consulta será válida si participa al menos el 30% del censo electoral y los votos a favor superan el 50%.

El proceso tomó impulso en julio del año pasado, cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum sobre la prohibición del matrimonio igualitario, que había reunido más de 3 millones de firmas. En un principio se planteó la posibilidad de que el referéndum se celebrara conjuntamente con las próximas elecciones generales. Pero el Senado del país decidió posponer la tramitación del proyecto hasta después de las elecciones legislativas del pasado mes de diciembre, y por ello se ha reactivado ahora.

Actualmente, el artículo 48.1 de la Constitución rumana establece que “La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de estos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos”. Es decir, no hay referencia alguna al sexo que deben tener ambos esposos. El objetivo de los sectores LGTBfobos es reformar ese artículo para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y  que además prohíba expresamente cualquier reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania. Tanto el líder del gobernante Partido Socialdemócrata (PSD), Liviu Dragnea, como el expresidente Traian Băsescu se han mostrado favorables al blindaje constitucional del matrimonio excluyente. Una posición diferente a la del actual presidente Klaus Iohannis, que aboga por el respeto a los derechos de las minorías y condena el extremismo religioso.

La vía judicial, en paralelo

El asunto del matrimonio igualitario está pendiente también de un proceso judicial. Se trata de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica. Posteriormente presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre del año pasado que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto, cosa que hasta ahora no se ha producido.

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Andrzej Duda con Francisco… ¿Alguna duda? En fin

En una entrevista por televisión, el presidente de polonia, Andrzej Duda, cierra las puertas al matrimonio a tanto a medio como a largo plazo.

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“Cuidado hemos de tener, no sea que por confiados
en los auxilios humanos, perdamos algo de
la confianza que debemos tener en Dios.”

(San Fco. Javier)

Al comenzar el 2017 queremos felicitaros este año nuevo con la alegría propia de los hijos de Dios.

Tenemos 365 días por delante para llevar a cabo esos propósitos nacidos a la luz de Navidad y que, con el impulso del Espíritu, nos ayudara a madurar en nuestra vida cristiana.

Estamos llamados a llevar la alegría del Evangelio a tantos y tantos hermanos y hermanas nuestros que sienten la soledad espiritual y física de estar escuchando constantemente que la forma de amar que Dios hizo nacer en nuestro corazón, por pura gracia, es pecado abominable. Debemos llevar la alegría de quien se sabe querido por Dios, se sabe hijo de Dios, a todos nuestros rincones cotidianos. No seamos nunca hombres y mujeres tristes: un cristiano jamás puede serlo. Nunca nos dejemos vencer por el desanimo. Nuestra alegría no es algo que nace de tener tantas cosas, sino de haber encontrado a una persona, Jesús; que está entre nosotros; nace del saber que, con Él, nunca estamos solos, incluso en los momentos difíciles, aun cuando el camino de la vida tropieza con problemas y obstáculos que parecen insuperables, ¡y hay tantos!… Sigamos a Jesús en este año nuevo. Nosotros acompañamos, seguimos a Jesús, pero sobre todo sabemos que Él nos acompaña y nos carga sobre sus hombros: en esto reside nuestra alegría, la esperanza que hemos de llevar a todos en este mundo nuestro. Y, por favor, no os dejéis robar la esperanza. Esa que nos da Jesús.

Ojala los pastores de todas las confesiones, de todas, sean capaces de transmitir esa esperanza y alegría propia de Dios, solo de Dios.

Desde Cristianos Gays os deseamos a todos un feliz año nuevo 2015 lleno de momentos preciosos e íntimos con el Señor.

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El Tribunal Constitucional de Rumanía vuelve a posponer la resolución del recurso presentado por una pareja de hombres, casada en Bélgica, para el reconocimiento legal de su enlace. Pero el retraso conlleva esta vez un atisbo de esperanza: antes de tomar su decisión, que estaba prevista inicialmente para el pasado martes, los jueces rumanos consultarán con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su parecer sobre el asunto.

Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, tendrán que esperar aún para conocer el desenlace de su demanda para ver reconocido su matrimonio. La pareja se casó legalmente en Bélgica y presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Los representó la abogada Iustina Ionescu de la organización Accept.

Tras un largo proceso judicial, en julio de este año el Constitucional anunció que retrasaba la resolución de la demanda hasta el 20 de septiembre. Llegada esa fecha, su presidente Valer Dordeanu anunciaba que la decisión aún no está tomada y volvía a posponer el fallo, que se esperaba para el martes 29 de noviembre. Pero esta semana, el tribunal anunciaba un nuevo aplazamiento para que los jueces puedan consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta parte de los demandantes, que argumentan que se trata de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo.

La clave reside en dilucidar si una pareja casada del mismo sexo tiene derecho a que se le aplique la normativa europea sobre reunificación familiar, toda vez que uno de los miembros es un ciudadano comunitario. La resolución podría sentar un importante precedente, como recuerda Katrin Hugendubel de ILGA-Europa: muchas parejas, perjudicadas en su derecho a la libre circulación en la Unión Europea por culpa de las legislaciones nacionales discriminatorias, “estarán esperando también con impaciencia el resultado de este caso”.

Sobre las perspectivas que se abren con el nuevo escenario, en el que entra en juego la justicia europea, se pronunció también la abogada de los demandantes Iustina Ionescu: “Es alentador. El Tribunal manda el mensaje de que Rumanía es un miembro de los países europeos que comparten unos valores comunes, como la libertad de movimiento”. Se trata de la primera vez que el Constitucional rumano pide opinión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que hace difícil hacer un pronóstico sobre el resultado final.

Del alto tribunal con sede en Luxemburgo han salido sentencias favorables para los derechos LGTB, como la que prohibió las pruebas denigrantes para los solicitantes de asilo homosexuales o la que equiparaba los derechos laborales de las parejas del mismo sexo a las que se prohíbe el matrimonio con los de las parejas casadas. Otras han sido más decepcionantes, como cuando el año pasado consideraba considera lícito que se pueda prohibir a los gais donar sangre.

Un proceso paralelo a la convocatoria del referéndum

De manera paralela al contencioso de Coman y Hamilton, se está desarrollando en Rumanía un proceso por la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario. El Tribunal Constitucional de Rumanía dio el pasado mes de julio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum sobre el asunto promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento.

Para que la iniciativa prospere, debe ser aprobada por el 75% de los representantes de las dos cámaras que constituyen el Parlamento rumano, y después ser sometida a consulta popular. La posibilidad de que el referéndum se realizara de manera coincidente con las elecciones generales del próximo diciembre fue descartada por el Senado rumano, por lo que la consulta quedó pospuesta hasta la próxima legislatura. Si el plebiscito se produce finalmente y los ciudadanos respaldan la propuesta homófoba, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

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Alivio momentáneo para los activistas LGTB en Rumanía. El Senado del país decidió el pasado lunes posponer la decisión sobre la convocatoria de un referéndum para prohibir constitucionalmente el matrimonio igualitario. El debate se traslada a las cámaras que salgan de las elecciones legislativas del próximo mes de diciembre.

El Tribunal Constitucional de Rumanía dio el pasado mes de julio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que había reunido más de 3 millones de firmas. Las dos cámaras del Parlamento deberán aprobarla con una mayoría de dos tercios para luego ser sometida a consulta popular. En un principio se planteó la posibilidad de que el referéndum se celebrara conjuntamente con las próximas elecciones generales.

Dos senadores del Partido Social Demócrata (PSD) presentaron el viernes pasado un proyecto de ley para autorizar la consulta. Pero el líder de la formación Liviu Dragnea les pidió que lo retiraran para no mezclar la campaña electoral con la del referéndum. Aunque decidieran ignorar esta petición, el Parlamento solo dispondría de dos semanas, hasta su disolución, para tramitar la propuesta. Por lo que parece altamente probable que el asunto se traslade finalmente a la próxima legislature y la comunidad LGTB gana, al menos, tiempo para organizar su estrategia.

El posicionamiento de Dragnea no implica que esté en contra de la discriminación a las personas LGTB. El líder del primer partido del Parlamento se mostró partidario de separar las elecciones generales de la consulta, pero manifestó su apoyo al fondo de la cuestión: “soy un hombre tradicional y conservador”. El expresidente Traian Băsescu también ha expresado su postura favorable al veto constitucional al matrimonio igualitario. Băsescu sí apoya una regulación en forma de uniones civiles, eso sí, siempre que se reserve la adopción a las “familias normales, formadas por un padre y una madre”.

Una posición diferente a la del actual presidente Klaus Iohannis. En unas declaraciones de hace unas semanas, Iohannis abogaba por el respeto a los derechos de las minorías y condenaba el extremismo religioso. A pesar de no mencionar expresamente al colectivo LGTB, sus palabras fueron recibidas con esperanza por parte de los activistas, que ven al menos un cambio de actitud con respecto a sus antecesores.

Dos procesos paralelos sobre el matrimonio igualitario

Los derechos LGTB en Rumanía están pendientes en la actualidad de dos procesos, que deben ser resueltos próximamente. Por un lado, la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Adrian Coman, estadounidense, contrajo matrimonio en Bélgica y presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras un largo proceso judicial, en julio de este año el Tribunal Constitucional anunció que retrasaba la resolución de la demanda hasta el 20 de septiembre. Pero en esa fecha, su presidente Valer Dordeanu anunciaba que la decisión aún no estaba tomada y volvía a posponer el fallo, esta vez hasta octubre. Ahora se espera para el 29 de noviembre. Para Dordeanu, la extensión y la complejidad del asunto hacían necesaria una deliberación más profunda.

El otro proceso que se está llevando a cabo en Rumanía tiene que ver con la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario. El Tribunal Constitucional de Rumanía dio el pasado mes de julio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento.

Actualmente, el artículo 48.1 de la Constitución rumana establece que “La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de estos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos”. Es decir, no hay referencia alguna al sexo que deben tener ambos esposos. Por ello, la Coalición por la Familia de Rumanía ha logrado reunir tres millones de firmas para obligar al Gobierno rumano a convocar un referéndum, cuyo propósito es reformar ese artículo para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y  que además prohíba expresamente cualquier reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

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El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, ha efectuado unas declaraciones en las que ha defendido el derecho a la diversidad de los ciudadanos y el respeto a las minorias, además de condenar el extremismo religioso, cuando se le ha preguntado acerca del matrimonio entre personas del mismo sexo. Aunque no ha efectuado una defensa del matrimonio igualitario, ni mencionado explícitamente al colectivo LGTB, su actitud respecto a los derechos de las minorías le posiciona a una enorme distancia del habitual discurso a favor de la “familia tradicional”, del que recientemente hizo gala el propio primer ministro del país.

Rumanía está actualmente inmersa en un debate público sobre los derechos de las parejas del mismo sexo. Por un lado, el Tribunal Constitucional debe resolver el recurso presentado por una pareja de hombres, casada en Bélgica, para el reconocimiento legal de su enlace. Tras el último aplazamiento, se espera que lo haga antes de que finalice este mes de octubre. Por otro lado, el grupo homófobo “Coalición por la Familia”, fuertemente alentado por la influyente Iglesia ortodoxa, ha logrado reunir los 3 millones de firmas necesarias para la convocatoria de un referéndum que prohíba constitucionalmente el matrimonio igualitario.

Debido a esto, en la última conferencia de prensa ofrecida por el presidente Klaus Iohannis, el mandatario fue interrogado por su opinión al respecto. Sin ofrecer un apoyo explícito a la regulación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Rumanía, Iohannis sí que abogó por el respeto y la tolerancia hacia las minorías: “es importante reiterar algo en lo que creo”, declaraba, “que se debe volver a la tolerancia y la aceptación de los demás. No somos todos iguales, ninguno de los grupos étnicos o religiosos”.

El presidente sí que tuvo duras palabras para quienes quieren enfrentar la religión con los derechos civiles, al estimar que “es un error prestar obediencia y tomar el camino de la fe extrema. No lo apoyo. Yo creo en la tolerancia, la confianza y la apertura hacia los demás”. Es más, Iohannis considera que “el fanatismo religioso no ayuda a la sociedad. Si ser cristiano implica la tendencia hacia el fanatismo… se envía una señal equivocada”.

Quizás este alegato del presidente Iohannis a favor de la tolerancia puede estar fundamentado en su propia identidad. Él mismo es miembro de la minoría étnica de origen germano  y de la minoría luterana, si bien pertenece al Partido Nacional Liberal, muchos de cuyos miembros se han afiliado al conservador Partido Popular en el Parlamento europeo, un grupo que no se distingue precisamente por su defensa de los derechos LGTB.

Vlad Viski, presidente de la asociación de defensa de los derechos LGTB MozaiQ, considera que las declaraciones del presidente Iohannis son importantes, aunque demasiado comedidas: “Los comentarios de Klaus Iohannis son una primicia en Rumania. Por primera vez, un político importante se muestra en apoyo de la diversidad. Sin embargo, sus declaraciones no van tan lejos como quisiéramos, ya que Iohannis no especificó que se estuviera refiriendo a la comunidad LGBTI, sino que evitó el uso de una referencia directa a las personas LGBTI. El primer ministro de Rumania, Dacian Ciolos, sin embargo, ha salido hoy en apoyo de la llamada ‘familia tradicional’, lo cual es decepcionante y demuestra que la lucha de las personas LGBTI está lejos de concluir”.

A pesar de ello, según Viski la comunidad LGTB ha reaccionado a las declaraciones de Iohannis con satisfacción, mientras que los homófobos han expresado su ira. “Los partidarios de la ‘Coalición por la Familia’ han tomado una postura muy agresiva, de condena a Iohannis”, afirma el activista, “se han observado en todos los medios cientos de comentarios llenos de odio. Esto demuestra el discurso extremadamente homófobo y transfóbo que está siendo promovido por aquellos que tratan de prohibir el matrimonio homosexual en la Constitución”.

Dos procesos paralelos sobre el matrimonio igualitario

Como señalábamos, los derechos LGTB en Rumanía están pendientes en la actualidad de dos procesos, que deben ser resueltos próximamente.

Por un lado, la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, contrajo matrimonio en Bélgica y presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Los representó la abogada Iustina Ionescu de la organización Accept.

Tras un largo proceso judicial, en julio de este año el Tribunal Constitucional anunció que retrasaba la resolución de la demanda hasta el 20 de septiembre. Pero en esa fecha, su presidente Valer Dordeanu anunciaba que la decisión aún no estaba tomada y volvía a posponer el fallo, esta vez hasta octubre. El alto tribunal conminaba a las partes a comparecer de nuevo para presentar sus alegatos. Para Dordeanu, la extensión y la complejidad del asunto hacían necesaria una deliberación más profunda. “Es un caso muy complejo” y de “elevado impacto mediático” que podía crear un importante precedente.

El otro proceso que se está llevando a cabo en Rumanía tiene que ver con la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario. El Tribunal Constitucional de Rumanía dio el pasado mes de julio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento, cuyas dos cámaras deberán aprobarla con una mayoría de dos tercios para luego ser sometida a consulta popular. Existe la posibilidad de que el referéndum se celebre conjuntamente con las próximas elecciones generales, lo cual hace temer que la campaña electoral se centre en los derechos de la población LGTB, con el consiguiente riesgo de que la profunda LGTBfobia social llegue hasta los discursos políticos y electorales.

Actualmente, el artículo 48.1 de la Constitución rumana establece que “La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de estos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos”. Es decir, no hay referencia alguna al sexo que deben tener ambos esposos. Por ello, la Coalición por la Familia de Rumanía ha logrado reunir tres millones de firmas para obligar al Gobierno rumano a convocar un referéndum, cuyo propósito es reformar ese artículo para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y  que además prohíba expresamente cualquier reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Presentadas las firmas en el Parlamento, la propuesta debía obtener un dictamen favorable del Tribunal Constitucional, que debía revisar si la supresión de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, tal y como se establece en la legislación rumana, es contraria a la Carta Magna.

Sin embargo, el alto tribunal decidió el pasado 20 de julio que se puede permitir la discriminación constitucional de parte de la población de Rumanía en función de su orientación sexual, por lo que la iniciativa popular puede continuar el trámite parlamentario. Para que prospere, debe ser aprobada por el 75% de los representantes de las dos cámaras que constituyen el Parlamento rumano, y después ser sometida a consulta popular. Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Constitucional de Rumanía ha pospuesto de nuevo la resolución del recurso presentado por una pareja de hombres, casada en Bélgica, para el reconocimiento legal de su enlace. El fallo, que se aplaza al mes de octubre, podría ser determinante para el proceso de prohibición constitucional del matrimonio igualitario que tiene lugar en el país.

La pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, contrajo matrimonio en Bélgica y presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Los representó la abogada Iustina Ionescu de la organización Accept.

Tras un largo proceso judicial, en julio de este año el Constitucional anunció que retrasaba la resolución de la demanda hasta el 20 de septiembre. Este martes, su presidente Valer Dordeanu anunciaba que la decisión aún no está tomada y volvía a posponer el fallo, esta vez hasta octubre. El alto tribunal conmina a las partes a comparecer de nuevo para presentar sus alegatos. Para Dordeanu, la extensión y la complejidad del asunto hacen necesaria una deliberación más profunda. “Es un caso muy complejo” y de “elevado impacto mediático” que puede crear un importante precedente, según el presidente de la sala.

El presidente de la organización LGTB MozaiQ, Vlad Viski, animó a armarse de paciencia ante el retraso en la resolución del caso y destacó como positivo que se vayan a oír de nuevo los argumentos a favor de la igualdad en la más alta instancia judicial del país. Según expertos legales citados por el Gay Star News, sin embargo, es muy probable que el Constitucional rumano rechace de todas formas la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo.

Un proceso paralelo a la convocatoria del referéndum

De manera paralela al contencioso de Coman y Hamilton, se está desarrollando en Rumanía un proceso por la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario. El Tribunal Constitucional de Rumanía dio el pasado mes de julio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento, cuyas dos cámaras deberán aprobarla con una mayoría de dos tercios para luego ser sometida a consulta popular. Existe la posibilidad de que el referéndum se celebre conjuntamente con las próximas elecciones generales, lo cual hace temer que la campaña electoral se centre en los derechos de la población LGTB, con el consiguiente riesgo de que la profunda LGTBfobia social llegue hasta los discursos políticos y electorales.

Actualmente, el artículo 48.1 de la Constitución rumana establece que “La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de estos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos”. Es decir, no hay referencia alguna al sexo que deben tener ambos esposos. Por ello, la Coalición por la Familia de Rumanía ha logrado reunir tres millones de firmas para obligar al Gobierno rumano a convocar un referéndum, cuyo propósito es reformar ese artículo para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y  que además prohíba expresamente cualquier reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Presentadas las firmas en el Parlamento, la propuesta debía obtener un dictamen favorable del Tribunal Constitucional, que debía revisar si la supresión de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, tal y como se establece en la legislación rumana, es contraria a la Carta Magna.

Sin embargo, el alto tribunal decidió el pasado 20 de julio que se puede permitir la discriminación constitucional de parte de la población de Rumanía en función de su orientación sexual, por lo que la iniciativa popular puede continuar el trámite parlamentario. Para que prospere, debe ser aprobada por el 75% de los representantes de las dos cámaras que constituyen el Parlamento rumano, y después ser sometida a consulta popular. Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Accept, Adrian Coman, Coalición por la Familia (Rumanía), Discriminación, Homofobia, Iustina Ionescu, Matrimonio, MozaiQ, Robert Hamilton, Rumanía, Valer Dordeanu, Vlad Viski

El Tribunal Constitucional de Rumanía ha dado su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum para prohibir constitucionalmente el matrimonio igualitario promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento, cuyas dos cámaras deberán aprobarla con una mayoría de dos tercios para luego ser sometida a consulta popular. Existe la posibilidad de que el referéndum se celebre conjuntamente con las próximas elecciones generales, lo cual hace temer que la campaña electoral se centre en los derechos de la población LGTB, con el consiguiente riesgo de que la profunda LGTBfobia social llegue hasta los discursos políticos y electorales.

Actualmente, el artículo 48.1 de la Constitución rumana establece que “La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de estos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos”. Es decir, no hay referencia alguna al sexo que deben tener ambos esposos. Por ello, la “Coalición por la Familia” de Rumanía, un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa, ha logrado reunir tres millones de firmas para obligar al Gobierno rumano a convocar un referéndum, cuyo propósito es reformar ese artículo para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y  que además prohíba expresamente cualquier reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Presentadas las firmas en el Parlamento, la propuesta debía obtener un dictamen favorable del Tribunal Constitucional, que debía revisar si la supresión de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, tal y como se establece en la legislación rumana, es contraria a la Carta Magna.

Sin embargo, el alto tribunal ha decidido este 20 de julio que se puede permitir la discriminación constitucional de parte de la población de Rumanía en función de su orientación sexual, por lo que la iniciativa popular puede continuar el trámite parlamentario. Para que prospere, debe ser aprobada por el 75 % de los representantes de las dos cámaras que constituyen el Parlamento rumano, y después ser sometida a consulta popular. Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

En el mismo dictamen, el Tribunal Constitucional ha aplazado su decisión sobre el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en países donde es legal, referido al requerimiento de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica.

La organización rumana de defensa de los derechos de las personas LGTB Accept ha manifestado su temor a que los derechos de las personas LGTB se conviertan en objetivo en las próximas elecciones generales, si es que se promueve una votación conjunta con el referéndum, así como ha recordado al Parlamento rumano que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanas indica que debe haber un reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo y sus familias. Lo ha hecho a través del siguiente comunicado de prensa:

El Tribunal Constitucional rumano ha decidido hoy que la iniciativa de modificar la definición constitucional de familia puede iniciar el trámite parlamentario. También hoy, el Tribunal ha decidido aplazar su decisión sobre la constitucionalidad de las disposiciones del Código Civil rumano que prohíben el reconocimiento de matrimonios del mismo sexo registradas en el extranjero. Esta última cuestión se suscitó ante el Tribunal Constitucional por Accept y la Coalición Antidiscriminación en el caso de la familia Coman-Hamilton.

Accept respeta la decisión del Tribunal, dentro del contexto del estado de derecho. “Lamentamos que los prejuicios sociales hayan hecho que el Tribunal niegue las normas internacionales de derechos humanos sobre la familia y el respeto de la dignidad humana. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece las normas sobre los derechos fundamentales, ha mostrado de forma clara y consistente que deben ser reconocidos los derechos a la vida privada y familiar de las personas LGBT y respetados a través de alguna forma de protección en los Estados miembros del Consejo de Europa”, ha declarado Romanita Iordache, vicepresidente de Accept.

Hacemos un llamamiento a los políticos para que actúen de forma responsable en lo que respecta a la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transexual (LGBT). En primer lugar, pedimos al Parlamento que aclare la pregunta que se planteará en la consulta, a fin de evitar la confusión entre familia y matrimonio. Los políticos no deben olvidar que la familia es un concepto jurídico incluyente, basado en el amor y el respeto. Incluye a las familias homosexuales y a las familias monoparentales, así como a las parejas heterosexuales no casadas. Es un hecho que existen todas esas familias y que son parte de la sociedad. En una democracia representativa, todas esas familias tienen derecho a la misma protección constitucional.

Desde hace tres años, los miembros del Parlamento de Rumanía han tenido en su agenda un proyecto de ley para la reforma de la Constitución. Pedimos al Parlamento que no utilice dinero de los contribuyentes para organizar un referéndum centrado en un solo artículo de la Constitución, mientras que no hay suficiente financiación pública para la salud, la educación y la cultura. El Parlamento debe incluir la petición de la Coalición por la Familia en los debates sobre el proyecto de ley existente para modificar la constitución, y así demostrar su responsabilidad en relación con el gasto público y lograr una reforma constitucional coherente.

La organización de un referéndum, cuyo objetivo son claramente las personas homosexuales, al mismo tiempo que las elecciones parlamentarias es una amenaza social. Los sentimientos homofóbicos, que predominan en todos los ámbitos de la sociedad, llegarán sin duda hasta el nivel de las declaraciones políticas y electorales. Las próximas elecciones legislativas que se celebrarán antes de finales de 2016 no pueden ser secuestradas por ese tipo de mensajes, haciendo que las personas LGBT se conviertan en el chivo expiatorio de todos los problemas de los rumanos.

En el caso Coman-Hamilton, el Tribunal Constitucional ha decidido posponer su decisión hasta septiembre. Los dos demandantes ya han esperado dos años para ver qué tribunal tenía jurisdicción sobre el caso. El Tribunal confirma la forma en que funciona la justicia en Rumanía: todo para otro día. Sin embargo, los dos siguen siendo una familia en todas partes, excepto en su país de origen, Rumanía.

Evelyne Paradis, directora ejecutiva de ILGA Europa, expresaba su preocupación por el dictamen del Tribunal Constitucional rumano en los siguientes términos: “La noticia de hoy es muy preocupante. En la práctica, el cambio de esas pocas palabras en el artículo constitucional tendrá profundas implicaciones para las parejas del mismo sexo que viven en Rumania y para sus hijos”.

Fuente Dosmanzanas

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Según un análisis del activista LGTB australiano Tony Pitman, en la actualidad más de mil millones de personas viven en países donde es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo. La reciente incorporación de Colombia y algunos estados de México a la lista de las naciones o territorios que reconocen la igualdad de derechos  de las personas LGTB ha causado que se alcance esa cifra, quince años después de que Holanda la iniciara. La promesa del reconocimiento del matrimonio igualitario en todos los territorios mexicanos, y del inicio del proceso en Chile hará que se sobrepasen nuevos límites.

El jueves 28 de abril, la Corte Constitucional de Colombia dictaminó, con la aprobación de una amplia mayoría de sus componentes, que el matrimonio es la única institución jurídica que supera el déficit de protección de las parejas del mismo sexo que deseen formalizar su unión de forma equivalente a las de distinto sexo. A lo largo del mes de mayo, con diferencia de pocos días, los estados mexicanos de Campeche, Michoacán, Morelos y Colima engrosaban la lista de los territorios de esa nación que permiten el matrimonio igualitario. Podéis comprobar el alcance del matrimonio entre personas del mismo sexo en el mundo en el siguiente mapa (pinchad en él para verlo a mayor tamaño):

Con estas incorporaciones a la lista de la igualdad, el número de personas en todo el mundo que viven en países o territorios donde se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo supera ya los mil millones, según  un estudio realizado por el activista LGTB australiano Tony Pitman. Así lo difundió con el siguiente cuadro, que hemos traducido al español:

Así pues, pasados quince años desde que el matrimonio igualitario fuese aprobado en Holanda en 2001, cerca del 14 % de la población mundial ha adquirido ese derecho, en un proceso con altibajos y distintas velocidades, pero imparable.

Pero aún hay que lamentar que el continente más poblado del planeta, Asia, no cuente con ningún país en el que los ciudadanos LGTB hayan alcanzado la igualdad. También es deplorable que la nación más poblada e influyente de la Unión Europea, Alemania, siga sin aprobarlo, con una líder, Angela Merkel, que se sigue escudando en sus convicciones personales (“para mí, el matrimonio es entre un hombre y una mujer”) para perpetuar la discriminación de las parejas del mismo sexo de su país.

Donde sí se presenta un futuro halagüeño es en países como el propio México, cuyo presidente anunció iniciativas legislativas para que el matrimonio entre personas del mismo sexo alcance a todos los estados. También se está iniciando un proceso legal semejante en Chile, que hará que los habitantes LGTB de todo el cono sur americano vivan en sociedades no discriminatorias.

Muy posiblemente se incorporará a la lista Australia, aunque aún queda por dilucidar qué Gobierno se formará tras las últimas elecciones. La diferencia estribará en si se convocará el referéndum defendido por el conservador Partido Liberal, o si se aprobará parlamentariamente como han prometido los laboristas. Aún así, el autor del estudio, Tony Pitman, lamenta que “Australia todavía no se encuentre entre los países con matrimonio igualitario. Es muy decepcionante que los australianos ya no puedan decir que fuimos uno de los primeros mil millones de personas en el mundo en lograr la igualdad en el matrimonio. Ya es un triste hecho histórico, del que hay que culpar a nuestros cobardes e indecisos políticos”.

Por otra parte, hay que señalar que hay países que están legislando en sentido contrario, blindando sus constituciones para impedir que se pueda aprobar una ley de matrimonio igualitario, como ocurre en Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania. Una iniciativa de este tipo se está promoviendo con lamentable éxito en Rumanía. En otros, como en Eslovenia, fue la propia población mediante referéndum la que derogó la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo aprobada por su Parlamento.

Y no hay que olvidar que también existen lugares en los que la mera idea de una legislación igualitaria es una quimera, pues en 78 países y territorios del mundo las relaciones entre personas del mismo sexo están severamente castigadas, en algunos de ellos incluso con la pena de muerte.

Fuente Dosmanzanas

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El mayor desfile tuvo lugar en Viena, donde la marcha del arcoiris reunió a más de 100.000 personas y contó con la participación de su canciller.

General Ana Aresta, Austria, Bulgaria, Croacia, Florencia, Génova, Italia, Lisboa, Lituania, Lui Fidelsberger, Massimo Milani, Milán, Orgullo Gay, Orlando, Palermo, Paulo Côrte-Real, Portugal, Ranko Ostojic, Roma, Roman Hahslinger, Treviso, Varese, Vilna, Zagreb

El acuerdo contempla reconocer a estas parejas derechos sobre el patrimonio. Se extiende también a las parejas de hecho.

Se aplicará a parejas con bienes transfronterizos, en diferentes países de la UE. Bruselas estima que hay al menos 16 millones de parejas “transfronterizas”.

Los ministros europeos de Justicia lograron este jueves un acuerdo político, en el que solo participan 18 de los 28 países comunitarios, para reconocer los derechos patrimoniales de los matrimonios en la Unión Europea (UE), entre ellos homosexuales y parejas de hecho.

El Consejo de la UE, en el que están representados los Estados miembros, optó por la vía de la cooperación reforzada entre solo algunos de sus miembros tras constatar el pasado diciembre la negativa de países como Polonia y Hungría a avanzar en este asunto con el argumento de que interfiere en la identidad y su derecho de familia nacional.

El acuerdo alcanzado este jueves afecta a dos reglamentos, que llevan casi cinco años en negociaciones en el Consejo, dirigidos a establecer las normas que deben aplicarse en casos de regímenes patrimoniales transfronterizos, por ejemplo, de parejas de distinta nacionalidad que tienen casas en varios Estados miembros.

En concreto, los reglamentos recogen la jurisdicción, la legislación aplicable y el reconocimiento y cumplimiento de decisiones judiciales en materia de regímenes patrimoniales matrimoniales y de consecuencias patrimoniales de las uniones registradas.

Estas reglas, sobre las que ahora tiene que pronunciarse el Parlamento Europeo, fueron acordadas por España, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Alemania, Grecia, Francia, Croacia, Italia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Austria, Portugal, Eslovenia, Finlandia y Suecia.

Los demás Estados miembros podrán sumarse si lo desean más adelante. Estonia ya ha anunciado su intención de unirse a esta cooperación una vez sea adoptada.

El ministro holandés de Justicia, Ard Van der Steur, celebró que se haya podido salir del bloqueo que experimentaban las negociaciones. Una vez se pronuncie la Eurocámara, se espera que la adopción formal de las medidas a finales de junio.

En la UE existen al menos 16 millones de parejas “transfronterizas”, según los datos facilitados por la Comisión Europea.

Fuente Agencias/Cáscara amarga

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La “Coalición por la Familia” de Rumanía, un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa, ha logrado reunir tres millones de firmas para obligar al Gobierno rumano a convocar un referéndum, cuyo propósito es reformar la Constitución para que se prohíba expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Presentadas en el Parlamento, el único medio para evitar la celebración de la consulta popular es un dictamen del Tribunal Constitucional que declarase contrario a la Carta Magna la supresión de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, tal y como se establece en la legislación rumana.

La Constitución de Rumanía describe el matrimonio como la unión de dos esposos, sin especificación de su sexo, aunque la legislación actual no permite el matrimonio para las parejas del mismo sexo y ni siquiera existe ningún tipo de unión civil o reconocimiento legal semejante. A pesar de ello, los grupos opuestos al matrimonio igualitario, encabezados por la Iglesia ortodoxa, temen que una decisión judicial o un futuro impulso político puedan establecer la inclusión en la institución matrimonial de las parejas del mismo sexo. Los diferentes grupos decidieron unirse y formar la “Coalición por la Familia”, con el propósito de impulsar una iniciativa popular al respecto.

Según la legislación rumana, la convocatoria popular de un referéndum necesita de 500.000 firmas para poder ser presentada ante el Gobierno. La “Coalición por la Familia” ha logrado recoger alrededor de 3.000.000, que ya han sido presentadas en el Parlamento, con el objetivo de reformar la Constitución para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, además de prohibir expresamente las uniones de personas del mismo sexo.

Satisfacción entre los LGTBfobos

El presidente de la “Coalición por la Familia”, Mihai Gheorghiu, expresaba su satisfacción por el logro porque considera que “estamos asistiendo a una primicia histórica, tanto a nivel nacional como europeo: tres millones de ciudadanos rumanos, en un gran esfuerzo de solidaridad, han firmado la iniciativa para la modificación de la Constitución. Es más, Rumania forma  parte de una tendencia europea. Hay una iniciativa europea para definir el matrimonio en estos términos y tenemos los ejemplos de Croacia y Eslovenia el año pasado, que ya han dado lugar a referendos exitosos para incluir esta definición en sus constituciones”.

En efecto, el pasado 2015 la población de Eslovenia votó mayoritariamente a favor de la derogación del matrimonio igualitario, que había sido aprobado por su Parlamento. Los croatas votaron en 2013 la reforma de su Constitución para definir expresamente el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. También lo hacen así otras constituciones de países de Europa central y oriental, como Polonia, Hungría, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia.

Una muestra de la actitud hipócrita e intolerante de quienes apoyan la discriminación de las personas LGTB son las declaraciones de Laura Sturzu, una de las firmantes de la iniciativa de referéndum:

Me decidí a firmar el apoyo a esta iniciativa porque creo que la Constitución del país debe estar en consonancia con nuestros valores, nuestros principios y nuestras tradiciones.

Hace poco visité España y me indignó ver a las parejas homosexuales caminando de la mano o besándose ostentosamente en las calles o enfrente de niños pequeños. Yo respeto la elección sexual y el comportamiento de todo el mundo, siempre que se exprese de forma privada. No quiero que nuestros valores tradicionales sean sustituidos por este tipo de comportamientos.

 Alarma entre los defensores de los derechos LGTB

El diputado verde Remus Cernea, que en 2014 presentó un proyecto de ley de uniones civiles abierto a las parejas del mismo sexo que fue rechazado por el Parlamento, define la iniciativa de referéndum como “un ejemplo de la tiranía de la mayoría”. Para Cernea, “esos tres millones de personas que han firmado no aceptan la igualdad de derechos, y quieren imponer sus puntos de vista homofóbicos al conjunto de la sociedad”.

El representante verde confía, sin embargo, en que se afiance al apoyo a la igualdad de derechos, pues “a pesar del gran número de los que promueven la homofobia, cada vez hay más personas que hablan y escriben a favor de los derechos LGTBI. Pero todavía tenemos que hacer frente a la enorme ola de las fuerzas conservadoras, apoyadas por algunas de las iglesias de Rumania. Será una batalla larga y difícil”. También expresa su confianza en que el Tribunal Constitucional anule la convocatoria del referéndum porque “no puede revisarse la Constitución si la reforma da lugar a la supresión de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos”, tal como se establece en la legislación rumana.

Vlad Viski, presidente de MozaiQ, una organización de defensa de los derechos LGTBI de Rumanía, afirma que la “Coalición por la Familia” no se detendrá si tiene éxito en la prohibición del matrimonio igualitario. Entre sus planes están la intención de proponer la prohibición del aborto y la pornografía, legislar políticas que desalienten el divorcio, e instar la prohibición de cualquier tipo de educación sexual en las escuelas.

Según teme Viski, “la comunidad LGTBI de Rumanía parece tener muy pocas opciones en la batalla contra el Goliat que es la Iglesia ortodoxa. Los grupos locales cuentan con pocos fondos, muy pocas personas fuera del armario y dispuestas a representar la causa, y todavía hay miedo entre los activistas a pedir abiertamente la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo”.

Para el activista, con este referéndum se pone también en juego el futuro de las libertades en Rumanía: “En estos días y en los próximos meses, Rumanía se enfrenta a una decisión importante, no sólo sobre los derechos LGTBI, sino también sobre el camino que quiere tomar en lo que respecta a la democracia, los valores europeos, la separación entre Iglesia y Estado y la protección de las minorías. Puede optar por volver a un pasado donde el aborto y la homosexualidad eran ilegales, o puede seguir avanzando y apoyar a sus ciudadanos LGTBI, la igualdad y la justicia para todos, independientemente de su raza, etnia, orientación sexual, identidad de género, capacidades físicas o condición socioeconómica”.

Fuente Dosmanzanas

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Un interesantísimo trabajo de Dosmanzanas que nos permite ver lo que nos estamos jugando en estas elecciones…

El actual secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, finaliza su mandato en diciembre de 2016. Desde dosmanzanas queremos dar a conocer el perfil de los aspirantes y, sobre todo, analizar cuál es su trayectoria y su compromiso con los derechos de las personas LGTB. La importancia de este puesto diplomático para nuestra colectivo, siempre que exista un compromiso real, reside en la posibilidad de defender el respeto de los derechos humanos de aquellos que, como venimos informando a diario, son perseguidos en sus países por motivo de su orientación sexual o su identidad de género; un tema de absoluta urgencia internacional.

Cuatro mujeres y cinco hombres, en su mayoría procedentes de países de Europa del Este, participan hasta el momento en la carrera por la secretaría general de la ONU. Si bien es cierto que no existe ninguna restricción legal respecto al número de mandatos que un secretario general puede permanecer en el cargo, ninguno ha estado más de dos hasta la fecha (cada mandato tiene una duración de 5 años). Por primera vez en la historia, el debate para la elección no será únicamente a puerta cerrada en el Consejo de Seguridad de la ONU. Según han justificado desde los órganos de Gobierno, se trata de una “apertura” que pretende dar más transparencia al proceso e implicar a la sociedad civil.

Con todo, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China) siguen disponiendo de su derecho a veto. En la práctica, la ejecución de dicho derecho puede ser muy perjudicial para los candidatos más comprometidos con la igualdad. Muy especialmente teniendo en cuenta la LGTBfobia de estado de Rusia, bajo la presidencia de Vladimir Putin.

El otro escollo puede ser China. Aunque el gigante asiático está inmerso en un lento proceso de aperturismo LGTB (impensable hace solo unos años), no hay que olvidar que las relaciones Rusia-China pasan por uno de sus mejores momentos. Sin duda, la Administración estadounidense de Barack Obama es la más progresista y la más comprometida con el colectivo LGTB en estos momentos, entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. A su vez, los lazos entre el bloque occidental (encabezado por Estados Unidos) y Rusia se han ido deteriorando como consecuencia de una serie de desafortunadas posiciones políticas rusas.

En este contexto, nueve aspirantes optan hasta ahora a la secretaria general de la ONU, en sustitución del surcoreano Ban Ki-moon (que lleva en el cargo desde el 1 de enero de 2007).

1) Vesna Pusić (Croacia)

Pusić, como recogía en 2013 dosmanzanas, se opuso al referéndum para prohibir el matrimonio igualitario en Croacia. En aquel momento ejercía como ministra de Asuntos Exteriores. Ahora, en su presentación informal como candidata a secretaria general de la ONU, ha defendido expresamente la necesidad de defender los derechos de la comunidad LGTB (como podéis ver en el vídeo de arriba). Aunque admite que en algunos escenarios esta reivindicación puede resultar “controvertida”, expresaba que del mismo modo puede serlo reclamar la igualdad de la mujer en otros casos y no por ello se debe dejar de hacer.

También en 2013, Pusić firmó con el ministro de Relaciones Exteriores montenegrino, Igor Lukšić (a la sazón, otro de los aspirantes a la secretaría general de la ONU) una declaración bilateral Croacia-Montenegro para proteger los derechos de la comunidad LGTB. “Estamos comprometidos con el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación”, aseveraba Pusić.

Se le considera como una de las más abiertas defensoras de la comunidad LGTB entre todos los candidatos, en los medios de comunicación generalistas de todo el mundo. Es presidenta honoraria del Partido Popular de Croacia-Liberales Demócratas. A pesar de la confusión que puede generar el nombre de la formación, en el ámbito europeo se adscribe a la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (en el que se integran diputados del PNV, de Convergència Democràtica de Catalunya, de UPyD o de Ciudadanos, entre otros) y no al Partido Popular Europeo. Vesna Pusić es doctora en sociología, tiene 62 años y habla ingles y alemán, además de croata. Rusia podría oponerse a su nombramiento debido a su abierta posición favorable a los derechos LGTB.

La diplomacia de Arabia Saudí ha advertido a Pusić que tomarán medidas contra “cualquier intento de imposición de los valores sociales que no son aceptados internacionalmente, y que no son reconocidas en todo el sistema”. Una clara demostración de la LGTBfobia institucional reinante en esta región del planeta.

2) Igor Lukšić (Montenegro)

En 2011, siendo primer ministro de Montenegro, el socialista Igor Lukšić defendió el derecho del colectivo LGTB a celebrar por primera vez el Orgullo en este país balcánico (que apenas 5 años antes se había independizado de Serbia). “Tanto si tenemos una opinión personal como otra, tenemos que afrontar el hecho de que hay diferencias en la sociedad, que este tipo de temas forman parte del cuerpo de los derechos humanos. Dejemos a las personas marchar y mostraremos que somos una sociedad civilizada”, manifestaba entonces Lukšić (tenía 34 años).

Desgraciadamente, un ataque con gas lacrimógeno contra un concierto que tenía lugar en Podgorica (capital de Montenegro) con ocasión del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia forzó a los organizadores a cancelar el Orgullo en 2011. Habría que esperar hasta 2013 para que pudiera materializarse el Orgullo LGTB. Eso sí, desafiando la violencia homófoba.

Además de primer ministro de Montenegro (de 2010 a 2012), fue anteriormente ministro de Finanzas (de 2004 a 2010), diputado del Parlamento de Montenegro (de 2001 a 2003) y diputado del Parlamento de Serbia y Montenegro de 2003 a 2006. Desde 2012, es viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores e Integración Europea. En su biografía destaca la publicación de tres libros de poesía. Asimismo, es profesor universitario de Economía y habla cinco idiomas (serbio, inglés, italiano, francés y alemán). A sus 39 años, es el candidato más joven a la secretaria general de la ONU.

3) António Guterres (Portugal)

Durante la campaña “Libres e Iguales” que lanzó la ONU en 2015, en calidad de presidente de ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados), António Guterres recordaba que “más de 40 países de todo el mundo reconocen ahora como mi oficina, que la persecución contra las personas LGTB puede ser un motivo válido para el asilo de acuerdo con la Convención de Refugiados de 1951. Mi esperanza es que cada vez más Estados miembros adoptan este enfoque en el futuro”.

Guterres también añadía en ese momento que “las personas que huyen de la discriminación y la violencia por ser homosexuales y transexuales, a menudo experimentan múltiples persecuciones: en su propio país y en los países de asilo, incluso dentro de sus propias familias y comunidades. En este día, hago un llamamiento a los Estados y las sociedades para proporcionar a estas personas una mejor protección, y eliminar todas las formas de violencia y discriminación”. Dosmanzanas se hacía eco de dicha campaña, así como del avanzado informe en materia de derechos LGTB publicado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

A sus 67 años, el único aspirante de la Europa Occidental, ha dedicado más de 20 años al servicio público. Fue primer ministro de Portugal (entre 1995 y 2002) y presidente de la Internacional Socialista (entre 1999 y 2005). Fundó la asociación portuguesa de consumidores DECO y el Consejo Portugués de Refugiados. Habla cuatro idiomas, entre los que se encuentra el castellano. Su activa y apasionada defensa de los derechos de los refugiados podría suponer un freno para su candidatura, dadas las posturas radicales que muchos gobiernos de la Unión Europea están adoptando en este sentido.

4) Irina Bokoba (Bulgaria)

Como directora general de la UNESCO, Irina Bokova lanzó en 2014 un potente mensaje contra el acoso escolar LGTBfóbico para “desarrollar y poner en práctica políticas de tolerancia y respeto a través de y en la educación”. Bokova explicaba que “la educación de calidad va más allá de la lectura, la escritura o el cálculo”, razón por la cual “es inseparable la transmisión de los valores de respeto a todas las personas, sin distinción de origen, color de piel, sexo, idioma, religión, discapacidad, estado de salud, y orientación sexual. Esta lucha es tanto más urgente hoy, cuando los países han adoptado leyes que discriminan a las personas LGBT. Los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes, cuando uno derecho es violado, todos los demás se vuelven vulnerables”.

Irina Bokova participó en la redacción la Constitución de Bulgaria en su transición hacia la democracia, a principios de los 90. Además de diputada entre 2001 y 2005, Bokova ha desempeñado las funciones de vicepresidenta de la Comisión de Política Exterior, Defensa y Seguridad, ha sido miembro de la Comisión para la Integración Europea y vicepresidenta de la Comisión Conjunta Parlamentaria.

Algunos analistas la consideran prorrusa. Sin embargo, esta mujer de 63 años (cuya familia estuvo vinculada al comunismo búlgaro), aún contando con un hipotético apoyo de Rusia, ha dejado claro que denuncia y condena la discriminación al colectivo LGTB, especialmente a los segmentos más vulnerables. Su candidatura se encuentra entre las favoritas para ocupar la secretaría general de la ONU, aunque solo llegado el momento veremos si consigue los apoyos suficientes.

5) Helen Clark (Nueva Zelanda)

Se trata de la única aspirante que procede de un país no europeo; concretamente de Nueva Zelanda. Fue la primera mujer el dirigir el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y, desde esta posición, ha denunciado la LGTBfobia de estado desarrollada por distintos países (aunque no de forma explícita, queda clara la alusión contra las legislación rusa).

En 2014, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, criticaba que “en el último año, se han promulgado leyes anti-LGBT perjudiciales con el pretexto de proteger a los niños y a las familias. Este tipo de leyes punitivas tienen el poder de fomentar la homofobia y la transfobia, y pueden tener efectos sumamente nocivos en la vida de los pueblos, destrozando la autoestima, aumentando la marginalización y obstaculizando el acceso a los servicios de salud, entre otros”.

Para Clark, “estas leyes otorgan a las personas LGBT la función de ‘chivos expiatorios’ y representan una distracción de los verdaderos desafíos sociales y de desarrollo que los países deben enfrentar. Las leyes anti-LGBT se basan en la conjetura errónea de que la homosexualidad representa un peligro para el tejido social de un país”.

No obstante, proseguía diciendo que “la evidencia demuestra todo lo contrario: en los países que han despenalizado la conducta sexual hacia el mismo sexo, no se ha observado ningún tipo de amenaza contra la institución del matrimonio ni el bienestar de los niños. De hecho, la despenalización ha sido un paso clave para que las personas LGBT, históricamente oprimidas, puedan prosperar y participar activamente, como miembros respetados de la sociedad”. Leer más…

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Preocupante informe el que ha elaborado la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, según el cual numerosos profesionales sanitarios de los países miembros, especialmente de países como Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Italia, Letonia, Polonia, o Rumanía, siguen considerando la homosexualidad una enfermedad y la transexualidad un trastorno mental. En el caso rumano, de hecho, la proporción alcanza el 50% de los entrevistados. Actitudes “erróneas y desfasadas” que este organismo considera ponen en peligro derechos fundamentales del colectivo LGTB.

Un estudio realizado por la Agencia europea de los derechos fundamentales (FRA) ha concluído tras una encuesta realizada a profesionales de la medicina en los 19 estados miembros de la Unión Europea que aproximadamente el 50% de los doctores en Europa aun creen que ser gay es una enfermedad, si bien es cierto que los resultados difieren bastante de unos países a otros, por ejemplo el informe detalla que en países como Bulgaria, Hungría, Italia, Letonia, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, los médicos aun hablan de “tratar” la homosexualidad. Igualmente importante es que la mayoría de esos profesionales no conocen la problemática específica de la comunidad LGBTI.

Este informe complementa la encuesta que en 2013 la FRA hizo a 93.000 personas en los 28 países de la Unión Europea, la mayor sobre la materia realizada hasta esa fecha, y que de forma global encontró que un 47% de las personas LGTB del continente se sintieron discriminadas o acosadas durante el año precedente a la realización de la encuesta. Las cifras se disparaban cuando de recordar sus experiencias durante el periodo escolar se trataba (puedes consultar más datos en la entrada que por entonces le dedicamos). En esta ocasión, lo que la FRA ha hecho es sondear las opiniones de los funcionarios públicos, personal sanitario, profesores y agentes de policía, los grupos profesionales mejor situados para aplicar sobre el terreno las políticas en materia de derechos LGTBdetectar tanto los obstáculos como los factores impulsores de la aplicación de políticas de protección y defensa de los derechos de las personas LGTB. En concreto, se ha entrevistado a más de 1.000 profesionales de 19 países.

Y el panorama que ha encontrado es preocupante. Muchos de estos profesionales siguen teniendo una visión negativa respecto a las personas LGTB, lo que en para la FRA obstaculiza claramente los esfuerzos por frenar la discriminación y contrarrestar los delitos motivados por los prejuicios. Otro aspecto muy a tener en cuenta es que las personas encuestadas también indicaron que la falta de información y de formación profesional respecto a las necesidades del colectivo LGTB les impide contribuir a contrarrestar la discriminación a la que se enfrenta. En palabras del director de la FRA, Michael O’Flaherty, “los resultados apuntan a que la Unión Europea y los estados miembros subestiman la necesidad de capacitar a los funcionarios públicos para actuar de acuerdo con la obligación de proporcionar un servicio de alta calidad y de ayudar a poner fin al sufrimiento que experimentan muchas personas del colectivo LGBT”.

Entre las principales conclusiones que la propia FRA extrae del informe, según el comunicado en el que lo ha dado a conocer, se encuentran:

• Parte de la sociedad mantiene actitudes hostiles respecto al colectivo LGBT y algunos profesionales siguen albergando prejuicios tales como la creencia de que la homosexualidad es una enfermedad que puede transmitirse. Por tanto, es necesario realizar campañas de sensibilización más positivas a escala nacional y de la UE, como las que figuran en la lista de acciones de la UE con el fin de mejorar el respeto a las personas del colectivo LGBT y sus derechos.
• Todos los grupos profesionales presentan bajos niveles de sensibilización y de conocimiento en relación a las necesidades del colectivo LGBT. Esto subraya la importancia de la formación profesional, y de que la sociedad civil se organice en asociaciones y coopere a fin de contrarrestar los prejuicios, especialmente en relación con las personas transexuales en el campo de la atención sanitaria, y para garantizar el mismo nivel de servicios del que disfruta la mayoría de la población.
• La falta de información objetiva, especialmente en los centros de enseñanza, puede dar lugar a acoso y prejuicios en una etapa vital posterior, así como obligar a los jóvenes LGBT a ocultar su orientación sexual o su identidad de género. Los Estados miembros deberían cooperar con las autoridades encargadas de la educación y los centros de enseñanza a fin de diseñar campañas destinadas a ayudar a que los colegios sean lugares más seguros y acogedores para con las personas LGBT.
• A menudo los delitos motivados por prejuicios contra las personas LGBT no se reconocen, no se denuncian y no se registran. Los Estados miembros deberán redoblar esfuerzos con el fin de garantizar la correcta aplicación de las leyes que protegen contra los delitos motivados por prejuicios y deberán incrementar esfuerzos con el fin de mejorar la denuncia de delitos motivados por prejuicios que deberían registrarse.

Un capítulo que ha llamado especialmente la atención, quizá por lo inesperado, es el referente al colectivo sanitario. “Los resultados revelan que algunos médicos siguen considerando erróneamente que la homosexualidad constituye una enfermedad”, ha destacado Michael O’Flaherty. Algo que destaca especialmente en los casos de Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Italia, Letonia, Polonia y Rumanía. En este último caso,  Rumanía, es donde se obtiene uno de los resultados más homófobos e incluso un enfermero se refiere a la homosexualidad como una plaga generada como resultado de hechos infelices sucedidos durante la infancia que necesitan manifestarse de otra forma(sic).la proporción de profesionales entrevistados que siguen considerando la homosexualidad una enfermedad alcanza el 50%.  Incluso sin llegar a este grado de prejuicio, resulta llamativo el peso del estereotipo y la falta de conocimiento de la realidad LGTB. En este sentido, nos ha llamado la atención el comentario de un ginecólogo lituano, según el cual hay que ser más cuidadoso cuando se atiende a personas homosexuales porque, por ejemplo, “se desmayan más fácilmente” al extraerles sangre…

El director de la FRA señala con los resultados en la mano la importancia del trabajo que debe realizarse en educación y entrenamiento profesional para contrarrestar la discriminación

El colectivo LGBT tiene el mismo derecho a la educación, sanidad y a ser tratados como iguales. Ellos también tienen derecho a vivir su vida con dignidad y sin miedo ni discriminación. El estudio revela cómo algunos doctores aun creen erróneamente que la homosexualidad e una enfermedad. Ellos subestiman la necesidad de Europa y sus estados miembros de empoderar oficialmente al colectivo gay y suministrarle servicios de calidad, ayudándoles y evitando el sufrimiento

Una consecuencia directa de las creencias de cierto sector médico es que muchos ataques homófobos contra el colectivo LGBT a menudo no son reportados ni añadidos a las estadísticas de forma adecuada, tanto por los sanitarios como por la policía.

Os invitamos a conocer en su integridad el informe, titulado Professionally speaking: challenges to achieving equality for LGBT people (tiene 100 páginas y está cargado de información de gran interés, no solo en el ámbito sanitario, también en el educativo o en el policial). Puedes descargarlo pinchando aquí.

Fuente PinkNews, vía AmbienteG/Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Atención sanitaria, Bulgaria, Discriminación, Enfermedad, Eslovaquia, FRA, Homofobia, Homosexualidad, Hungría, Italia, Letonia, Médicos, Polonia, Rumanía, Salud, Transfobia, Unión Europea

Los ciudadanos suizos han votado negativamente, aunque por un estrechísimo margen del 50,8 % frente al 49,2 %, a una reforma de la definición constitucional del matrimonio que hubiera supuesto la exclusión del mismo para las parejas del mismo sexo. La reforma LGTBfoba, sin embargo, se escondía bajo el velo de una rutinaria y aparentemente inocua cuestión fiscal, en un ardid del Partido Demócrata Cristiano que finalmente no le ha dado los frutos deseados. El proyecto de ley de matrimonio igualitario, presentado hace un año, puede proseguir su andadura parlamentaria sin el escollo de tener que derribar una barrera constitucional.

La iniciativa del Partido Demócrata Cristiano (PDC, o CVP según sus siglas alemanas) bajo el título Für Ehe und Familie – Gegen die Heiratsstrafe, pretendía excluir de la institución matrimonial a las personas homosexuales a través de una argucia semántica y estaba encaminada originariamente a eliminar lo que consideraban una discriminación fiscal de algunos –no todos–  matrimonios en Suiza, que deben pagar más impuestos que las parejas no casadas que se encuentran en una situación similar. El objetivo de los democristianos era, pretendidamente, acabar con lo que denominaban “multa matrimonial”. Pero en la redacción de la propuesta de reforma constitucional que titularon “Para el matrimonio y la familia – contra la multa matrimonial”, se introdujo también una definición excluyente del matrimonio.

La reforma implicaba una nueva redacción del artículo 14 de la Constitución suiza, que actualmente reza así: “Se garantizan los derechos al matrimonio y a la familia”. Con la redacción propuesta por el PDC, se hubiera añadido al mismo artículo el siguiente texto: “El matrimonio es la relación a largo plazo y legalmente regulada entre hombre y mujer. A efectos fiscales, es una comunidad económica. No puede ser penalizado respecto a otros modelos de vida, especialmente en materia fiscal y de seguridad social”.

Los activistas LGTB suizos reprobaron lo que consideraban una redacción engañosa del texto de la consulta. La campaña del PDC y el título de la iniciativa hacían hincapié en terminar con una discriminación (la fiscal), mientras que la discriminación LGTBfoba de la medida quedaba oculta si no se leía la literalidad de la reforma constitucional propuesta.

De haber obtenido la victoria, el matrimonio excluyente hubiera quedado blindado a nivel constitucional y solo una nueva reforma de la Carta Magna en un futuro podría haber abierto ese derecho a las parejas del mismo sexo. Suiza se hubiera convertido en el primer país de Europa occidental en prohibir el matrimonio igualitario en su Constitución, a semejanza de la situación en la que se encuentran varios países de Europa central y oriental como Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

Sin embargo, los ciudadanos suizos (en contra, por cierto, de lo que aventuraban las encuestas) han rechazado la reforma de la definición del matrimonio, en una votación que ha formado parte del conjunto de referéndums celebrados este 28 de febrero. Aunque la iniciativa ha logrado ser aprobada en la mayoría de los cantones, el conjunto de los votos negativos ha supuesto un 50,8 % del total de los participantes, frente a un 49,2 % de votos favorables. Para ser aprobada, la reforma debía contar con una mayoría favorable tanto en votos globales como en cantones, por lo que ha sido finalmente rechazada. En realidad, el conjunto de la ciudadanía ha votado en el mismo sentido que lo hicieron ambas cámaras del Parlamento, que rechazaron mayoritariamente la medida, aunque eso no evitó la convocatoria de la consulta popular.

Queda así allanado el camino para la iniciativa de matrimonio igualitario, cuya tramitación parlamentaria comenzó en febrero de 2015. El “Matrimonio civil para todos” recibió entonces el visto bueno de la Comisión de Derechos del Consejo Nacional (la cámara baja del Parlamento suizo) por doce votos a favor frente a nueve en contra y una abstención. El pasado septiembre de 2015, el proyecto superaba otro trámite, al recibir el visto bueno del órgano equivalente en el Consejo de los Estados, la cámara alta. De superar la tramitación parlamentaria, la iniciativa deberá someterse a referéndum, por suponer también una reforma constitucional.

Fuente Dosmanzanas

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El Senado italiano ha comenzado a tramitar el proyecto de ley que pretende reconocer las uniones entre personas del mismo sexo.

Este mismo órgano ha rechazado una enmienda que exigía la interrupción de su debate y la devolución del texto a la comisión de la Cámara alta.

El Senado rechazó la enmienda, presentada por los legisladores conservadores Gaetano Quagliariello, del partido Idea, y Roberto Calderoli, de la Liga Norte, por 101 votos a favor, 195 en contra y una abstención.

De este modo el texto legislativo continúa su tramitación parlamentaria, ya que lo que solicitaba esa enmienda era que se interrumpiera su estudio en la Cámara alta para devolverlo a la comisión de Justicia, donde permaneció bloqueado durante meses.

El presidente del Senado, Pietro Grasso, optó por una votación pública y rechazó el voto secreto, un mecanismo que activa a los conocidos como “francotiradores”, legisladores que votan contra las directrices de sus partidos amparados en el anonimato.

Los medios italianos apuntan a que los artículos que componen el proyecto de ley empezarán a ser votados uno a uno a partir del próximo martes.

Entretanto, continúa la batalla política debido a un texto que ha suscitado una enorme controversia en el país, tanto en el seno de las formaciones conservadoras como en las de centroizquierda, como el Partido Demócrata (PD), del primer ministro, Matteo Renzi.

Tanto es así que tanto Renzi como el creador del Movimiento Cinco Estrellas, Beppe Grillo, han anunciado su decisión de permitir a sus legisladores votar sin seguir las directrices del partido, en conciencia, en lo que respecta a la posibilidad de que las parejas homosexuales adopten.

La polémica ha alcanzado incluso al seno del Ejecutivo de coalición de Renzi y su principal aliado, el Nuevo Centroderecha, ya ha anunciado su oposición a la adopción, porque lo consideran una forma de abrir la vía a la gestación subrogada.

Esto hace que el texto corra el riesgo de naufragar en el Senado, donde el Gobierno cuenta con una escueta mayoría, y, además, Renzi podría ver como la oposición a la norma aumenta, gracias a miembros de su partido, de su propio Gobierno y de la oposición.

El proyecto de ley sobre las uniones gay ha sido impulsado por el PD y el propio primer ministro ha asegurado que el reconocimiento de las parejas del mismo sexo es una de las prioridades para el 2016.

En esencia, el texto reconoce las “uniones civiles” homosexuales y las parejas de hecho, abiertas también a los heterosexuales. En teoría, concede la mayor parte de los derechos y deberes de los que goza un matrimonio convencional, entre ellos el derecho a pensión de viudedad o la posibilidad de unir sus bienes.

Sin embargo, el punto que ha suscitado una mayor controversia es el que concierne a la adopción de hijos por parte de una pareja homosexual.

El proyecto de ley permite la adopción por parte de un miembro de la pareja del hijo biológico de su compañero sentimental, siempre y cuando el otro progenitor natural del menor haya fallecido o no reclame su custodia.

Italia es uno de los países de la Unión Europea que no ha legislado en esta materia, junto a otros como Bulgaria, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía o Eslovaquia.

El pasado julio Italia fue condenada por el Tribunal de Estrasburgo por no respetar el Convenio Europeo de Derechos Humanos al carecer de una normativa al respecto de las uniones entre personas del mismo sexo.

Fuente Agencias/Cáscara amarga

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Italia es uno de los países de la Unión Europea que no ha legislado en esta materia, junto a Bulgaria, Chipre, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía y Eslovaquia.

Italia es el único gran país de Europa occidental que carece de reconocimiento alguno de las parejas del mismo sexo, más allá de algunas iniciativas locales de escaso alcance práctico. Y ello pese a que tras el histórico resultado del referéndum irlandés sobre el matrimonio igualitario el primer ministro italiano Matteo Renzi declaraba que “las uniones civiles no pueden retrasarse más”.

Pero el primer ministro de Italia, Matteo Renzi, se ha topado con la oposición del ala católica de su formación, el Partido Demócrata, y varios senadores anunciaron ayer una enmienda a ciertos aspectos del proyecto de ley sobre uniones gais. Pero Renzi tiene la intención de seguir adelante y aunque ha dado libertad de voto pues reconoce que es un tema transversal que afecta a todas las formaciones políticas, advierte de que votar en contra colocaría a Italia en el lugar vergonzoso de la historia. Por otra parte, el día 23 se realizará una manifestación, que se espera multitudinaria de apoyo al proyecto de ley de Uniones Civiles

Los legisladores han firmado también un manifiesto para oponerse al punto en el que el texto establece la conocida como “stepchild adoption” (adopción del hijastro), que permite a un miembro de una pareja homosexual adoptar al hijo de su cónyuge. En cambio dichos senadores de este partido de centroizquierda optan, entre otras cosas, por permitir la adopción del menor cuando “es hijo, también adoptivo, del otro miembro de la pareja y el progenitor biológico ajeno a la unión sea desconocido, haya fallecido” o carezca de custodia.

En señal de protesta por esta acción, el portal de internet gay.it ha publicado la identidad de todos los senadores que han firmado la enmienda, lo que ha suscitado cierta controversia.

El proyecto de ley reconoce las “uniones civiles entre personas del mismo sexo” y es una de las prioridades de Renzi para el 2016. Fue presentado en el Senado el pasado octubre, empezará a ser discutido previsiblemente el próximo 28 de enero y todo apunta a que su tramitación parlamentaria no será fácil. A día de hoy, la propuesta que está sobre la mesa es la presentada por la senadora Monica Cirinnà en junio de 2014, que reconocería a las parejas del mismo sexo su derecho a contraer una unión civil con derechos similares a los del matrimonio salvo la adopción conjunta (aunque sí permitiría, bajo ciertas circunstancias, la adopción de los hijos que ya tenga la pareja). Un proyecto que como dijimos arriba recibió la aprobación de la Comisión de Justicia del Senado en mayo, tras lo cual tuvo lugar una gran movilización conservadora, que culminó a finales de junio con una multitudinaria manifestación en Roma. Pocas semanas después el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que condenaba a Italia por no reconocer las parejas del mismo sexo, en una sentencia referida a tres parejas de hombres a las que el Estado italiano ni ha permitido contraer matrimonio ni les ha ofertado una regulación alternativa (y ello pese a que la propia justicia italiana ha demandado en repetidas veces a su Parlamento que lo haga).

El texto ha sufrido un bloqueo de meses durante su estudio en la comisión de Justicia de la Cámara Alta y se enfrenta además a múltiples obstáculos, como los que opondrá gran parte de la oposición e incluso el aliado de Renzi en el Gobierno, el Nuevo Centroderecha, que rechaza la adopción por parte de parejas gais.  Además Renzi deberá lidiar con esta oposición en el seno de su partido y que ya provocó la modificación del proyecto de ley evitando cualquier tipo de alusión al matrimonio y calificando estas uniones como “específica formación social”.

Radio Vaticana informó ayer de que más de cien juristas han manifestado su rechazo a la norma y el próximo día 30 de enero Roma acogerá una nueva edición del “Día de la Familia”, una manifestación con la que se protestará contra este proyecto.

Italia es uno de los países de la Unión Europea que no ha legislado en esta materia, junto a Bulgaria, Chipre, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía y Eslovaquia. El pasado 21 de julio, el Tribunal de Estrasburgo condenó a Italia por no respetar el Convenio Europeo de Derechos Humanos y le instó a que legalice las uniones civiles entre personas del mismo sexo.

Agencias/Cristianos Gays

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Otro país se suma a la homofobia de estado y consagra en su Constitución la discriminación de las parejas del mismo sexo. Se trata de Armenia, cuya nuevo texto constitucional, ampliamente reformado, incluye una modificación de su artículo 34 para hacer explícita la prohibición de contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo.

La nueva Constitución armenia fue aprobada en referéndum el pasado 6 de diciembre, con el propósito de cambiar el régimen político desde un sistema presidencial (en el que el presidente de la República es elegido por sufragio directo y tiene importantes poderes ejecutivos) a un sistema parlamentario, en el que dichos poderes pasan a manos de un primer ministro elegido por el Parlamento. Aunque solo votó la mitad del censo, la reforma recibió el visto bueno del 66% de los que acudieron a las urnas, consiguiendo por estrecho margen superar el umbral necesario del 33% del censo.

Según sus críticos, la reforma fue impulsada por el presidente armenio, Serzh Sargsián, para seguir controlando los resortes del poder una vez que concluya su segundo y último mandato. Sargsián, además de actual presidente de Armenia (con importantes poderes ejecutivos), es el líder del Partido Republicano de Armenia, una formación de derecha nacionalista (adscrita con el estatus de observadora al Partido Popular Europeo) que controla buena parte de los resortes del poder desde que el país dejó de ser una república soviética y que ha gobernado el país entre acusaciones de corrupción y nepotismo.

Pero más allá del propósito político principal de la reforma, lo que llama la atención es que se aprovechase la ocasión para modificar el artículo 34 de la Constitución, referido al derecho de hombres y mujeres a contraer matrimonio y formar una familia, para añadir la coletilla de “entre sí”, lo que hace legalmente inviable no solo una futura reforma legal para aprobar el matrimonio igualitario en Armenia, sino que una pareja del mismo sexo casada en otro país pueda ver reconocido su matrimonio en Armenia a menos que se modifique la propia Constitución. “En Armenia, la familia es la unión de un hombre y una mujer”, justificó en su momento Hrayr Tovmasian, miembro de la comisión presidencial que propuso la reforma constitucional, para justificar el cambio.

En la práctica, nada va a cambiar para las personas LGTB en Armenia, dado que nadie planteaba seriamente legalizar el matrimonio igualitario en ese país, pero lo sucedido no deja de ser un nuevo síntoma de hasta qué punto llega la discriminación social de este colectivo en Armenia, donde ya en su momento se intentó aprobar una ley contra la “propaganda homosexual” al estilo de la vigente en Rusia, aunque entonces la propuesta acabó siendo retirada como consecuencia de su negativa repercusión internacional. Sin embargo, según un informe del que nos hicimos eco con cierta extensión hace ahora año y medio, el hecho de que la legislación homófoba no saliera entonces adelante no significó ningún avance en la situación de los armenios LGTB. Antes al contrario, el informe constataba “una clara regresión” en tanto que “las personas LGTB se enfrentan a la discriminación en todas las áreas de la vida social y económica, son vulnerables a ataques verbales y físicos y siguen siendo en gran medida invisibles por temor a represalias”. Lo sucedido ahora hace temer que las cosas no han mejorado.

¿Suiza, próximo país en consagrar constitucionalmente la discriminación?

Armenia se une así a la ya larga lista de países que prohíben constitucionalmente el matrimonio igualitario, básicamente estados de la Europa central y oriental como Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia (lo que fue aplaudido por el papa Francisco), Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

Pero no hablamos de una situación exclusiva de la “atrasada y conservadora” Europa postcomunista. Suiza, un país en el que el populismo derechista cuenta cada vez con más adeptos, puede convertirse en solo unas semanas en el primer país de Europa occidental en prohibir el matrimonio igualitario en su Constitución si los votantes dan su visto bueno a la propuesta del Partido Demócrata Cristiano suizo (otra formación en la órbita del Partido Popular Europeo, esta vez como miembro asociado). El referéndum suizo tendrá lugar el 28 de febrero.

Fuente Dosmanzanas

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Situación de incertidumbre para la comunidad LGTB en Suiza. Solo hace unos meses informábamos del comienzo del trámite parlamentario de una iniciativa de matrimonio igualitario. Pues bien, esta semana hemos sabido de una reforma en sentido contrario, que de ser aprobada blindaría el matrimonio excluyente en la Constitución al definirlo como la unión de un hombre y una mujer. La decisión sobre esta segunda reforma está en manos de los ciudadanos, que la votarán en referéndum en febrero del año que viene.

La iniciativa del Partido Demócrata Cristiano (PDC) estaba encaminada originariamente a eliminar lo que consideran una discriminación fiscal de algunos –no todos–  matrimonios en Suiza que deben pagar más impuestos que las parejas no casadas que se encuentran en una situación similar. El objetivo de los democristianos era que acabar con lo que denominan “multa matrimonial”. Pero en la redacción de la propuesta de reforma constitucional que han titulado “Para el matrimonio y la familia – contra la multa matrimonial”, se introduce también una definición excluyente del matrimonio.

El artículo 14 de la Constitución suiza establece que:

Se garantizan los derechos al matrimonio y a la familia.

Con la redacción propuesta por el PDC, se añadiría al mismo artículo la siguiente frase:

El matrimonio es la relación a largo plazo y legalmente regulada entre hombre y mujer. A efectos fiscales, es una comunidad económica.

Con este cambio, el matrimonio excluyente quedaría blindado a nivel constitucional y solo una nueva reforma de la Carta Magna en un futuro podría abrir este derecho a las parejas del mismo sexo. Se trata, de hecho, de la situación en la que se encuentran varios países de Europa central y oriental como Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania. Suiza se convertiría, si los ciudadanos lo aprueban en el referéndum, en el primer país de Europa occidental en prohibir el matrimonio igualitario en su Constitución.

El concepto es que algunas parejas casadas tienen que pagar más impuestos que las parejas heterosexuales no casadas; la iniciativa está tratando de cambiar esto. Este referéndum sobre la desgravación fiscal para parejas casadas también podría cambiar la Constitución para definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

“El matrimonio es a largo plazo y legalmente regulada la relación entre el hombre y la mujer. En lo que respecta a la fiscalidad, es una comunidad económica”, se propone en el párrafo adicional. “No se debe poner en una situación de desventaja en comparación con otros modelos de relación, ni en los impuestos, ni en los seguros sociales”.

Los críticos contra estos cambios alegan que el voto rompería la unidad de la regla de procedimiento del referéndum suizo, ya que obligaría a los ciudadanos a decidir sobre dos cuestiones – la fiscalidad de las parejas casadas y la definición de matrimonio – en lugar de sólo uno. Un informe del Consejo Federal Suizo dice que no hay problema con el voto, ya que hay una “coherencia fáctica” entre las dos partes de la iniciativa.

Los activistas LGTB reprueban lo que consideran una redacción engañosa del texto de la consulta. La campaña del PDC y el título de la iniciativa hacen hincapié en terminar con una discriminación (la fiscal), mientras que la discriminación homófoba de la medida queda oculta si no se lee la literalidad de la reforma constitucional propuesta. También critican que la cuestión que se somete a referéndum no cumpla la regla de la “unidad de la materia”. Esto es, que las consultas ciudadanas deben abordar un solo tema y no dos como en este caso (derecho fiscal y definición del matrimonio).

El Gobierno suizo ha rechazado esta crítica con el argumento de que los asuntos que se someten a votación guardan relación entre sí. Ahora solo queda esperar al resultado de las urnas el 28 de febrero de 2016. Para ser aprobada, la reforma debe contar con una mayoría favorable en votos globales y en cantones. No se requiere una participación mínima. Cabe destacar que ambas cámaras del Parlamento han votado contra la medida, si bien ello no impide un resultado favorable a la misma en la consulta.

Aunque el Parlamento rechazó las modificaciones propuestas, el informe del Consejo Nacional también pide a los representantes de los cantones que recomienden a los ciudadanos votar a favor de la propuesta.

Según la ley suiza, para que una iniciativa se apruebe no sólo la mayoría de los ciudadanos deben votarla, también se tiene que producir similar resultado en los cantones.

Con independencia del resultado de este referéndum, la iniciativa de matrimonio igualitario cuya tramitación adelantábamos en febrero de este año continúa su andadura parlamentaria. El “Matrimonio civil para todos” recibió entonces el visto bueno de la Comisión de Derechos del Consejo Nacional (la cámara baja del Parlamento suizo) por doce votos a favor frente a nueve en contra y una abstención. El pasado septiembre, el proyecto superaba otro trámite al recibir el visto bueno del órgano equivalente en el Consejo de los Estados, la cámara alta. De superar la tramitación parlamentaria, la iniciativa deberá someterse a referéndum, por suponer también una reforma constitucional.

En 2014, una encuesta realizada por la organización LGBTI suiza Cruz Rosa mostró que, en el referéndum para reducir los impuestos e ilegalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, el 30,2% tendería a votar sí, en comparación con un 52,1% que votaría en contra y el 17,6% de los votantes estaría indeciso.

Pacto civil de solidaridad (PACS). El término alude a una forma de unión civil entre dos adultos bajo la ley francesa. El PACS establece derechos y responsabilidades pero menos que un matrimonio, en particular en materia de adopción. Ofrece un cierto estatuto legal a las parejas del mismo sexo, pero es utilizado mayoritariamente por parejas de sexo opuesto. Una forma de unión civil se estableció en unos 20 países, principalmente en Europa y América del Norte, desde finales de 1990, entre ellos, Suiza.

En el ámbito social, la propia diversidad cultural y étnica de la Confederación, favoreció un mayor grado de respeto y tolerancia hacia los distintos grupos que conforman la nación. Cada año se celebran diversos eventos en favor de los derechos LGBTI y la diversidad sexual, tales como marchas del orgullo gay, festivales y manifestaciones varias, entre los que se destacan el Festival de Cine Pink Apple, el Christopher Street Day, el Día para salir del armario y el Festival del Orgullo de Zúrich.

Zúrich, la ciudad más poblada de Suiza, se percibe como una ciudad tolerante hacia la comunidad gay, ofreciendo una amplia variedad de atractivos para el turismo homosexual. En julio de 1993 se creó en la ciudad el «Schwulenarchiv Schweiz», organización sin fines de lucro destinada a recopilar y preservar el material referente a los homosexuales en el país. En marzo de 2009, fue electa Corine Mauch como alcaldesa de Zúrich, convirtiéndose en la primera mujer y abiertamente lesbiana en ostentar dicho cargo.

Fuente Ragap y Dosmanzanas

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