Ampliamos la noticia que ayer mismo publicábamos… Con ocasión de la reunión en Londres de los jefes de Gobierno de los 53 países que componen la Commonwealth (o Mancomunidad de Naciones), los defensores de los derechos LGTB han reclamado que se tomen medidas para que se despenalicen las relaciones homosexuales en todos esos territorios. En 36 de esos países, la homosexualidad está castigada con penas de cárcel que pueden llegar hasta la cadena perpetua, en su mayor parte como herencia de la legislación vigente en el entonces Imperio Británico del que formaban parte. La primera ministra británica, Theresa May, ha calificado de «equivocada» esta penalización histórica, y ha solicitado a los representantes de los países miembros de la Mancomunidad de Naciones la derogación de las leyes discriminatorias.

Durante la semana del 16 al 22 de abril, se ha celebrado en Londres la reunión bienal de los jefes de Gobierno de la Mancomunidad de Naciones (también conocida por Commonwealth). Aprovechando la ocasión, los activistas que defienden los derechos LGTB han organizado manifestaciones en protesta por las legislaciones que condenan las relaciones homosexuales en 36 de los 53 países integrantes.

Peter Tatchell, uno de los organizadores de las protestas, resumía así la situación: «La Commonwealth es un bastión de la homofobia. El 70 % de los estados miembros tienen leyes homófobas y no protegen a las personas LGTB contra la discriminación y los crímenes de odio. La cumbre bienal de la Commonwealth se ha negado durante décadas a debatir, y mucho menos apoyar, la igualdad LGTB. Este año no es diferente. Una vez más, los derechos LGTB han sido excluidos de la agenda de los mandatarios». El activista reclamaba que los jefes de Gobierno de la Mancomunidad «pongan fin a la persecución de más de cien millones de ciudadanos LGTB sancionada por el Estado».

Aunque, efectivamente, ningún debate sobre los derechos LGTB estaba programado, la primera ministra británica sí quiso hacer alguna referencia al respecto en su discurso de apertura de la cumbre del pasado día 17 de abril. Ante los jefes de Gobierno de los 53 países miembros de la Commonwealth, Theresa May condenó con contundencia las leyes que castigan las relaciones homosexuales, reconociendo la responsabilidad de la herencia británica. Según la mandataria, «a lo largo de todo el mundo, leyes discriminadoras creadas hace muchos años continúan afectando a la vida de mucha gente, al criminalizar las relaciones entre personas del mismo sexo, o no protegiendo a mujeres y niñas. Soy muy consciente de que, a menudo, esas leyes fueron implementadas por mi propio país. Estaban equivocadas entonces y están equivocadas ahora».

May se felicitaba porque los tres últimos países en despenalizar las relaciones homosexuales sean miembros de la Commonwealth, pero también estimaba que «aún queda mucho por hacer. Nadie debería enfrentarse a persecución o discriminación por quién es o a quién ama. Y el Reino Unido está dispuesto a apoyar a cualquier miembro de la Commonwealth que desee reformar la legislación obsoleta que hace posible tal discriminación». Efectivamente, desde la última cumbre celebrada en Malta en 2015, las relaciones homosexuales se han despenalizado en Belice, Nauru y las Seychelles. La primera ministra no ha incluido a Trinidad y Tobago, cuya Corte Suprema ha declarado recientemente inconstitucionales las leyes que castigan la homosexualidad, pues el dictámen no será firme hasta dentro de tres meses.

También ha efectuado declaraciones sobre este asunto el ministro de Asuntos Exteriores británico, Boris Johnson, que quiso dar repuesta a las reclamaciones efectuadas por el saltador olímpico Tom Daley tras conseguir la medalla de oro en los campeonatos de la Commonwealth celebrados este mes. Daley había expresado su deseo de que todas las personas LGTB de los países miembros pudieran vivir abiertamente su orientación sexual o identidad de género. En una entrevista radiofónica, Johnson se comprometió a utilizar su influencia para tratar de que cambiaran las actitudes entre los distintos mandatarios, si bien, aclaraba, «no pretendo que esas actitudes vayan a cambiar de un día para otro». Sin embargo, hizo alusión a un reciente encuentro con un jefe de Gobierno de un país de la Commonwealth, que no quiso concretar, en el que, según sus palabras «me tomé el asunto con absoluta pasión», prometiendo que habría más noticas próximamente. El ministro quiso remarcar que «el Reino Unido defiende sus valores en la Commonwealth, y en todos los foros defendemos los derechos LGTB y enarbolamos su bandera en todas nuestras embajadas».

Los críticos, sin embargo, alegan que, cuando hay intereses comerciales o estratégicos de por medio, los derechos LGTB quedan automáticamente al margen. Sería deseable que se implementaran medidas diplomáticas y políticas útiles, y que no quedara todo en discursos de buenas intenciones y reivindicaciones puramente simbólicas.

La penalización de las relaciones homosexuales en los países de la Commonwealth y las excolonias británicas

Del total de 53 países miembros actuales de la Commonwealth, en 36 se penalizan las relaciones homosexuales con penas de cárcel, en la mayoría de ellos como herencia de la legislación británica. La duración de las penas oscila entre varios meses y la cadena perpetua. En algunos de los países, las leyes penalizadoras se han agravado por la adaptación de sus códigos penales a la doctrina islámica, llegando incluso a implementarse la pena de muerte:

• Antigua y Barbuda
• Bangladés
• Barbados
• Botsuana
• Brunéi
• Camerún
• Dominica
• Gambia
• Ghana
• Granada
• Guyana
• India
• Jamaica
• Kenia
• Kiribati
• Malaui
• Malasia
• Mauricio
• Namibia
• Nigeria (castigadas hasta con la pena de muerte en los territorios donde se aplica la sharía o ley islámica)
• Pakistán (la sharía o ley islámica permite la pena de muerte, pero no hay noticias de que se esté aplicando)
• Papúa Nueva Guinea
• Islas Salomón
• Samoa
• San Cristóbal y Nieves
• San Vicente y las Granadinas
• Santa Lucía
• Sierra Leona
• Singapur
• Sri Lanka
• Suazilandia
• Tanzania
• Tonga
• Tuvalu
• Uganda
• Zambia

En los otros 17 países se han derogado las leyes penalizadoras (entre paréntesis, la fecha de la despenalización):

• Australia (en 1997 se despenalizó en el último territorio, Tasmania)
• Bahamas (1991)
• Belice (2016)
• Canadá (1969)
• Chipre (1998, en 2014 en la República Turca del Norte de Chipre)
• Fiyi (2010)
• Lesoto (2012)
• Malta (1973)
• Mozambique (2015)
• Nauru (2016)
• Nueva Zelanda (1986, en 2007 en la provincia autónoma de Tokelau).
• Reino Unido (en 1967 en Gales, en 1980 en Inglaterra, en 1982 en Escocia y en 1983 en Irlanda del Norte. En 2001 se despenalizó en los últimos territorios: Islas Pitcairn; Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña)
• Ruanda (1980)
• Seychelles (2016)
• Sudáfrica (1998)
• Trinidad y Tobago (2018, pendiente de firmeza de la resolución de la Corte Suprema)
• Vanuatu (2007)

Este es el mapa de los países de la Mancomunidad de Naciones según su legislación sobre las relaciones homosexuales (pinchad en él para verlo a mayor tamaño):

Pero la herencia de la legislación homófoba británica también ha dejado huella en otros países cuyos territorios, total o parcialmente, pertenecieron en su día al Imperio Británico y no forman parte de la Mancomunidad de Naciones. También en este caso, en algunos de ellos la penalización de las relaciones homosexuales se ha visto agravada por la adaptación de sus códigos penales a las leyes islámicas, hasta incluso implementar la pena de muerte:

• Bután
• Catar (la sharía o ley islámica permite la pena de muerte, pero no hay noticias de que se esté aplicando)
• Egipto (las leyes no castigan explícitamente las relaciones homosexuales, pero son frencuentes las detenciones de personas LGTB utilizando la legislación contra la indecencia)
• Emiratos Árabes Unidos (la sharía o ley islámica permite la pena de muerte, pero no hay noticias de que se esté aplicando)
• Irak (castigadas hasta con la pena de muerte en los territorios donde se aplica la sharía o ley islámica por parte de tribunales locales o actores no formalmente estatales)
• Islas Cook (territorio asociado a Nueva Zelanda)
• Kuwait
• Maldivas
• Myanmar
• Omán
• Palestina/Franja de Gaza
• Somalia (castigadas hasta con la pena de muerte en los territorios donde se aplica la sharía o ley islámica)
• Sudán (castigadas hasta con la pena de muerte)
• Sudán del Sur
• Yemen (castigadas hasta con la pena de muerte)
• Zimbabue

La homosexualidad no está penada tan solo en cinco países cuyos territorios han formado parte de colonias británicas y no pertenecen a la Commonwealth (entre paréntesis el año de despenalización):

• Baréin (1976)
• Irlanda (1993)
• Israel (1988)
• Jordania (1951)
• Nepal (2007)

General, Homofobia/ Transfobia. Antigua y Barbuda, Australia, Bahamas, Bangladés, Barbados, Belice, Boris Johnson, Botsuana, Brunei, Camerún, Canadá, Catar, Chipre, Commonwealth, Discriminación, Dominica, Fiyi, Gambia, Ghana, Granada, Guyana, Homofobia, India, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Lesoto, Londres, Malasia, Malaui, Malta, Mancomunidad de Naciones, Mauricio, Mozambique, Namibia, Nauru, Nigeria, Nueva Zelanda, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Peter Tatchell, Qatar, Reino Unido, Ruanda, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Suazilandia, Sudáfrica, Tanzania, Theresa May, Tom Daley, Tonga, Trinidad y Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia

Buena noticia para los derechos de las personas intersexuales y de género no binario. Solo unos meses después de que el Tribunal Constitucional alemán fallase a favor de una persona intersexual que solicitaba ser inscrita legalmente con un género distinto a los dos tradicionales, ahora es el Tribunal Constitucional de Austria el que ha emitido un fallo preliminar en favor de otra persona intersexual que no se identifica ni como varón (sexo que le fue asignado) ni como mujer, y que pide que el dato que figura en el registro civil sea modificado y se incluye una tercera opción de género o, en su defecto, que dicho dato sea eliminado.  

El Tribunal Constitucional de Austria, basándose en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de que el derecho a la propia identidad de género está englobada en el derecho a la autodeterminación personal, considera que el registro del sexo de una persona en su certificado de nacimiento interfiere con ese derecho. En ese sentido, el alto tribunal austriaco considera que los ciudadanos no tienen obligación de aceptar asignaciones de sexo que no se corresponden con su identidad de género, incluyendo aquellas personas cuya identidad de género no se acomoda al binarismo, tal y como sucede por ejemplo (aunque no solo) con muchas personas intersexuales.

El Tribunal Constitucional austriaco, de hecho, considera que en Austria no existe una obligación constitucional de registrar el sexo, aunque la Constitución tampoco lo prohíbe. En este sentido, los magistrados consideran que si el Estado opta por hacerlo convierte un aspecto de la vida privada de las personas en público, por lo que debe respetarse la libertad de estas para que el dato se acomode a su identidad de género y/o demorar dicho acto hasta que la persona sea autónoma para decidirlo.

Por lo que se refiere a la posibilidad de un tercera opción de género, el Tribunal Constitucional austriaco considera que la normativa actual es demasiado rígida, al permitir solo que la persona sea registrada como varón o como mujer, y que ello no permite la manifestación de identidades no binarias, como es el caso de la persona demandante. Como limitación, eso sí, el alto tribunal determina que las posibles opciones alternativas deben mantener una relación real con la vida social de la persona y no ser imaginarias.

El Constitucional austriaco, por último, da un importante varapalo a las cirugías de asignación en menores intersexuales, al pronunciarse en contra de la realización de intervenciones médicas que tengan como finalidad atribuir un sexo determinado a la persona (salvo que dicha intervención tenga una justificación médica suficiente) hasta que esta tenga la capacidad de decidir por sí misma.

Como hemos mencionado arriba, se trata de un fallo preliminar. Se abre ahora un plazo de varias semanas para que el Gobierno austriaco haga las alegaciones que considere pertinentes, tras lo cual el Tribunal emitirá en junio su decisión definitiva. En cualquier caso, la rotundidad del fallo, aunque sea provisional, ha sido saludado por los colectivos LGTBI austriacos. “Es el primero de este tipo en Austria. Es un caso pionero para los derechos de las personas intersexuales”, ha declarado por ejemplo el abogado Helmut Graupner, presidente del colectivo Rechtskomitee LAMBDA (RKL), y que ha asesorado a la persona demandante.

Cabe recordar, además, que en estos momentos el Tribunal Constitucional de Austria es una de las cortes constitucionales europeas más favorables a los derechos de las personas LGTBI: hace solo unas semanas, por ejemplo, decretaba que la exclusión de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio es discriminatoria, fijando la entrada en vigor de la igualdad matrimonial el 1 de enero de 2019, si el Parlamento austriaco no aprueba una ley para hacerla efectiva antes.

Alemania: el Gobierno debe adaptar la legislación este año

Como decíamos al comenzar la entrada, hace pocos meses el Tribunal Constitucional alemán dio de plazo al Parlamento para que antes del 31 de diciembre de 2018 regule el derecho a la propia identidad de género cuando esta no es binaria. También en este caso la batalla jurídica la emprendió una persona intersexual, disconforme en este caso con su género legal femenino. Según los jueces del alto tribunal alemán, el derecho al libre desarrollo de la personalidad recogido en el artículo 2 de la Constitución de Alemania incluye la protección de la propia identidad y expresión de género. Además, negarles el reconocimiento a las personas que no se identifican ni con el género masculino ni con el femenino constituye una discriminación por razón de género prohibida por la Constitución. El tribunal tampoco consideró satisfactoria la ley aprobada hace cuatro años, que abría la posibilidad de dejar en blanco el campo del género. El motivo es que esta opción da a entender que las personas afectadas carecen de género, cuando la realidad es que su género no se corresponde con los dos binarios.

Con un espíritu muy similar al de la sentencia austriaca, el Constitucional alemán ofreció dos posibles salidas a los legisladores: introducir una tercera opción de género que reconozca en positivo a las personas que no se identifican con los dos binarios (aunque no dio ninguna indicación sobre cómo denominarlo) o eliminar toda referencia al género en el registro civil y los documentos oficiales.

Con las sentencias alemana y austriaca parece que se abre en Europa una vía que ya es una realidad en otros lugares del mundo. Australia en 2011 o Canadá en 2017,  California, también en 2017ya han introducido medidas de ese tipo. La posibilidad de registrarse bajo un tercer género o de dejar en blanco el género también ha sido regulada de diferentes formas en países como Pakistán, India, Nepal,  Nueva Zelanda y que Alemania había anunciado.

El reconocimiento y las necesidades específicas de las personas intersexuales, de hecho, es un asunto sobre el que se han posicionado tanto el Parlamento Europeo como el Consejo de Europa, a favor de la prohibición de las cirugías de “asignación” en menores como principal objetivo.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Historia LGTBI Alemania, Austria, Discriminación, Género no binario, Helmut Graupner, Identidad de género, Intersexualidad, Rechtskomitee Lambda, Transexualidad, Tribunal Constitucional de Alemania, Tribunal Constitucional de Austria

Un grupo de organizaciones LGTB ha pedido al gobierno que se apresure y que el matrimonio igualitario sea ya una realidad en Taiwán. Por ello han decidido pasar a la acción y colocar grandes vallas publicitarias frente a las oficinas del Ejecutivo Yuan.

Los carteles muestran a dos mujeres que tienen un bebé que dice “ambas somos madres de los niños” y “¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para tener los mismos derechos de matrimonio?”.

Debería haberse hecho ya.

En 2017, el Yuan Judicial de Taiwán (Tribunal Constitucional) dictaminó que era inconstitucional no permitir que las personas del mismo sexo se casaran. También dictaminó que el gobierno debe aprobar la legislación de igualdad matrimonial dentro de dos años. Pero nueve meses después de esa decisión, la igualdad matrimonial no parece estar más cerca en Taiwan.

Una de las razones del retraso es que el Executive Yuan (otra rama del gobierno) no aprobó una propuesta para legislar sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo con el Yuan Legislativo.

Los grupos cristianos conservadores también han iniciado procedimientos judiciales para evitar que ocurra el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Pero varios grupos defensores de los derechos LGTB están hartos de la falta de acción. Una coalición de grupos de derechos han colocado grandes vallas publicitarias frente a las oficinas del Ejecutivo Yuan para enviar un claro mensaje sobre la necesidad del la igualdad en el matrimonio ya.

El primer ministro de Taiwán, Lai Ching-te, tenía la esperanza de que el matrimonio igualitario se convirtiese en ley antes de finales de 2017. “Apoyo a los que están enamorados del derecho a estar juntos y les deseo mucho éxito en el desfile de hoy”, escribió en Facebook el año pasado.

Una espera “sencillamente agonizante”  para las parejas del mismo sexo

En un inclusivo editorial publicado este miércoles por el diario Taipei Times, se comparaba el enroque del matrimonio igualitario en Taiwán con lo ocurrido en Australia, que “legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en diciembre del año pasado, mientras que el mes pasado, el Alto Tribunal Administrativo de Taipei rechazó a la tercera pareja de lesbianas que intentó registrar su matrimonio desde octubre del año pasado. El tribunal dijo que, dado que las enmiendas que legalizaban el matrimonio entre personas del mismo sexo no se habían aprobado en la legislatura, no tenía base legal para aprobar la solicitud de matrimonio”.

Recogíamos en diciembre el caso de Liang Tzung-huei y Chu Pei-shuan, una pareja de mujeres que contrajo, en 2014, matrimonio en Canadá y que el Estado taiwanés seguirá sin reconocer a tenor de la resolución sobre la apelación que presentaron y que era denegada por un tribunal. Esta respuesta de la justicia entronca con casos anteriores y posteriores que han obtenido la misma negativa.

El citado editorial periodístico recuerda que “las restricciones al matrimonio entre personas del mismo sexo han sido declaradas inconstitucionales” y denuncia que “cuando la Ley de Referéndum fue enmendada en diciembre del año pasado, reduciendo los umbrales para iniciar, secuestrar y aprobar referéndums, casi se esperaba que los grupos opuestos al matrimonio homosexual saltaran sobre ella para promover su agenda”.

Prosigue diciendo, en referencia a la Alianza de Grupos Religiosos de Taiwán para la Protección de la Familia, que “no tiene sentido discutir en contra de estos grupos, ya que es probable que no se detengan incluso después de que el matrimonio gay se legalice formalmente, pero solo continuamos resaltando que el gobierno no ha tomado medidas para convertir el fallo en ley”. Y finaliza señalando que “las uniones del mismo sexo se legalizarán en mayo del próximo año en cualquier caso, a menos que el gobierno tenga otras ideas”, ya que “es un tema de derechos humanos y la larga espera es sencillamente agonizante para la comunidad LGBT, muchos de los cuales necesitan desesperadamente casarse por motivos legítimos y prácticos”.

La lucha por el matrimonio igualitario ya acumula un largo recorrido en Taiwán

Sirva de ejemplo del largo recorrido que acumula el matrimonio igualitario en Taiwán la lucha del activista Qi Jia-wei (o Chi Chia-wei) y su novio, que llevan años peleando en los tribunales para ver reconocido su derecho a contraer matrimonio. Una batalla jurídica que parecía perdida después de que la Corte Administrativa de Taipéi desestimase su demanda en 2014, al considerar que la legislación vigente simplemente no lo permitía. O lo sucedido en septiembre de 2013, cuando 800 activistas celebraron con gran éxito un banquete nupcial frente a la sede presidencial para reclamar su derecho a casarse.

Tras las promesas nunca satisfechas de Nepal o de Vietnam, Taiwán (o la República de China, su nombre oficial) es el principal candidato a ser el primer país asiático que aprueba una ley de matrimonio igualitario. Por un lado, su sociedad es una de las más abiertas de Asia hacia la realidad LGTB: una encuesta llevada a cabo en 2014 mostraba ya entonces que el 68% de la población estaba a favor de que las parejas del mismo sexo pudieran casarse, cifra que ascendía al 71% en otra encuesta llevada a cabo un año después. Taipéi, de hecho, es considerada por muchos la ciudad más gay-friendly del continente asiático, celebra un Orgullo multitudinario y es un destino turístico LGTB en alza.

Asimismo, entre la clase política el matrimonio igualitario cuenta ya con un respaldo significativo. Tanto la capital y Kaohsiung, la segunda ciudad del país, cuentan con un registro de parejas del mismo sexo. Y en octubre de 2015, por primera vez, en las bodas masivas de Taipéi participaron 10 parejas del mismo sexo (cuya unión fue simbólica y sin validez legal), con el apoyo y la bendición de su alcalde, el independiente Ko Wen-je. Pero el hito político que marcó un antes y un después fue la elección, en enero de 2016, de una presidenta, Tsai Ing-wen, favorable al matrimonio igualitario. Su partido, el Partido Progresista Democrático (DPP) conseguía además la mayoría absoluta en el Yuan Legislativo. En octubre, de hecho, se anunciaba una iniciativa parlamentaria de modificación del Código Civil. Dos meses más tarde el proyecto superaba sus dos primeras lecturas.

El proceso de aprobación del matrimonio igualitario, estancado

Ninguno de los partidos representados en el Yuan Legislativo se ha comprometido oficialmente a que la medida sea finalmente aprobada. Una reticencia basada en las reservas de los diputados de los distritos más conservadores y en el temor a la reacción de los votantes cristianos, que suponen alrededor del 5% de la población de Taiwán pero cuyos sectores homófobos han empezado a movilizarse muy activamente. En noviembre de 2016, por ejemplo, tenía lugar una manifestación de diez mil personas en Taipéi convocadas por la Alianza de Grupos Religiosos de Taiwán para la Protección de la Familia, para mostrar su protesta tras la aprobación en primera lectura. No demasiadas, comparadas con las 82.000 que participaron en el anterior Orgullo, pero suficientes como para generar un importante ruido mediático.

En marzo de este año, de hecho, nos hacíamos eco de la inquietud que cundía en el activismo LGTB taiwanés ante la actitud de precaución que parecía haber adoptado Tsai Ing-wen al respecto. La presidenta, tras reunirse tanto con partidarios como con opositores al matrimonio igualitario, reconocía las dificultades políticas a las que se enfrentaba el proyecto y afirmaba incluso que se abría un camino “largo y díficil”.

Fuente Oveja Rosa/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Lai Ching-te, Matrimonio igualitario, Taiwan, Yuan Judicial

La Alianza de Grupos Religiosos de Taiwán para la Protección de la Familia, que agrupa a las jerarquías de las principales religiones de este pequeño país asiático, sigue dando vueltas de tuerca a su lucha contra la igualdad de las parejas del mismo sexo. Este miércoles, 14 de febrero, representantes de la citada organización presentaban su segunda apelación ante el Tribunal Administrativo Superior de Taiwán en contra de la interpretación constitucional que instruye al Yuan Legislativo a legalizar el matrimonio igualitario antes de 2019. Si no se producen cambios en este sentido, a partir de mayo del año que viene las parejas del mismo sexo podrán comenzar a registrar sus matrimonios automáticamente, por orden del Tribunal Constitucional. En este sentido, además de las apelaciones registradas, la Alianza de Grupos Religiosos de Taiwán para la Protección de la Familia ha presentado ante la Comisión Electoral Central la petición de celebrar un referéndum vinculante.

El pasado 10 de febrero, la Alianza de Grupos Religiosos de Taiwán para la Protección de la Familia recibía su primer mazazo: la justicia taiwanesa desestimaba su primera alegación en contra de la interpretación del Tribunal Constitucional favorable a la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo. Sin embargo, lejos de amedrentarse, a los cuatro días presentaban su segunda alegación. También conocíamos que la Comisión Electoral Central de Taiwán se verá obligada a estudiar la solicitud de la misma agrupación religiosa sobre la celebración de un referéndum.

La legislación de este país, que oficialmente recibe el nombre de República de China, establece un mínimo de 1.879 firmas para la toma en consideración sobre la celebración de un referéndum. Al parecer, la Alianza de Grupos Religiosos de Taiwán para la Protección de la Familia logró presentar 3.549 firmas (casi el doble de las necesarias). En cualquier caso, hay que recalcar que este primer paso solo obliga a la toma en consideración de la propuesta. En caso de que el Comité Electoral la aceptara, los promotores tendrían que ser capaces de presentar 281.745 firmas válidas, dentro de un plazo establecido, para la efectiva celebración del referéndum.

La pregunta que figura en la propuesta presentada por la Alianza de Grupos Religiosos es la siguiente: “¿está de acuerdo con que el gobierno mantenga la definición actual de matrimonio como el de un hombre y una mujer y apruebe una ley diferenciada para proteger el derecho de las parejas del mismo sexo a vivir juntos?”. El objetivo de la organización de jerarquías religiosas de Taiwán es agitar el odio, el miedo y el desconocimiento sobre la realidad LGTB entre la población para impedir la igualdad. De todas formas, incluso en el escenario de la hipotética celebración de un referéndum, habría que ver hasta qué punto su resultado colisionaría con la resolución del más alto tribunal del país, que es favorable a la igualdad matrimonial y que, como explicábamos en líneas anteriores, dictaminó en 2017 que si en dos años no se modifica el Código Civil en el parlamento, las parejas del mismo sexo podrán registrar sus matrimonios a partir de mayo de 2019.

En declaraciones a la prensa, representantes de la Alianza de Grupos Religiosos decían este miércoles cosas como que “el movimiento por los derechos de los homosexuales está devorando a Taiwán”, que “una vez que se aprueben estas leyes discriminatorias, las personas no tendrán libertad de expresión ni libertad religiosa” o que “queremos la educación sobre la liberación sexual fuera de nuestras escuelas”.

“Por lo tanto, pedimos a los jueces del Tribunal Administrativo Superior que tengan la conciencia y la integridad moral para decidir sobre nuestra apelación, a través de su propia postura independiente, y no ceder a la influencia política y a las fuerzas de intimidación, de cara a tomar una decisión conforme a las libertades y los valores de nuestra sociedad democrática”, decía Chang Shou-yi, secretario general de la Alianza de Grupos Religiosos de Taiwán para la Protección de la Familia.

Una espera “sencillamente agonizante”  para las parejas del mismo sexo

En un inclusivo editorial publicado este miércoles por el diario Taipei Times, se comparaba el enroque del matrimonio igualitario en Taiwán con lo ocurrido en Australia, que “legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en diciembre del año pasado, mientras que el mes pasado, el Alto Tribunal Administrativo de Taipei rechazó a la tercera pareja de lesbianas que intentó registrar su matrimonio desde octubre del año pasado. El tribunal dijo que, dado que las enmiendas que legalizaban el matrimonio entre personas del mismo sexo no se habían aprobado en la legislatura, no tenía base legal para aprobar la solicitud de matrimonio”.

Recogíamos en diciembre el caso de Liang Tzung-huei y Chu Pei-shuan, una pareja de mujeres que contrajo, en 2014, matrimonio en Canadá y que el Estado taiwanés seguirá sin reconocer a tenor de la resolución sobre la apelación que presentaron y que era denegada por un tribunal. Esta respuesta de la justicia entronca con casos anteriores y posteriores que han obtenido la misma negativa.

El citado editorial periodístico recuerda que “las restricciones al matrimonio entre personas del mismo sexo han sido declaradas inconstitucionales” y denuncia que “cuando la Ley de Referéndum fue enmendada en diciembre del año pasado, reduciendo los umbrales para iniciar, secuestrar y aprobar referéndums, casi se esperaba que los grupos opuestos al matrimonio homosexual saltaran sobre ella para promover su agenda”.

Prosigue diciendo, en referencia a la Alianza de Grupos Religiosos de Taiwán para la Protección de la Familia, que “no tiene sentido discutir en contra de estos grupos, ya que es probable que no se detengan incluso después de que el matrimonio gay se legalice formalmente, pero solo continuamos resaltando que el gobierno no ha tomado medidas para convertir el fallo en ley”. Y finaliza señalando que “las uniones del mismo sexo se legalizarán en mayo del próximo año en cualquier caso, a menos que el gobierno tenga otras ideas”, ya que “es un tema de derechos humanos y la larga espera es sencillamente agonizante para la comunidad LGBT, muchos de los cuales necesitan desesperadamente casarse por motivos legítimos y prácticos”.

La lucha por el matrimonio igualitario ya acumula un largo recorrido en Taiwán

Sirva de ejemplo del largo recorrido que acumula el matrimonio igualitario en Taiwán la lucha del activista Qi Jia-wei (o Chi Chia-wei) y su novio, que llevan años peleando en los tribunales para ver reconocido su derecho a contraer matrimonio. Una batalla jurídica que parecía perdida después de que la Corte Administrativa de Taipéi desestimase su demanda en 2014, al considerar que la legislación vigente simplemente no lo permitía. O lo sucedido en septiembre de 2013, cuando 800 activistas celebraron con gran éxito un banquete nupcial frente a la sede presidencial para reclamar su derecho a casarse.

Tras las promesas nunca satisfechas de Nepal o de Vietnam, Taiwán (o la República de China, su nombre oficial) es el principal candidato a ser el primer país asiático que aprueba una ley de matrimonio igualitario. Por un lado, su sociedad es una de las más abiertas de Asia hacia la realidad LGTB: una encuesta llevada a cabo en 2014 mostraba ya entonces que el 68% de la población estaba a favor de que las parejas del mismo sexo pudieran casarse, cifra que ascendía al 71% en otra encuesta llevada a cabo un año después. Taipéi, de hecho, es considerada por muchos la ciudad más gay-friendly del continente asiático, celebra un Orgullo multitudinario y es un destino turístico LGTB en alza.

Asimismo, entre la clase política el matrimonio igualitario cuenta ya con un respaldo significativo. Tanto la capital y Kaohsiung, la segunda ciudad del país, cuentan con un registro de parejas del mismo sexo. Y en octubre de 2015, por primera vez, en las bodas masivas de Taipéi participaron 10 parejas del mismo sexo (cuya unión fue simbólica y sin validez legal), con el apoyo y la bendición de su alcalde, el independiente Ko Wen-je. Pero el hito político que marcó un antes y un después fue la elección, en enero de 2016, de una presidenta, Tsai Ing-wen, favorable al matrimonio igualitario. Su partido, el Partido Progresista Democrático (DPP) conseguía además la mayoría absoluta en el Yuan Legislativo. En octubre, de hecho, se anunciaba una iniciativa parlamentaria de modificación del Código Civil. Dos meses más tarde el proyecto superaba sus dos primeras lecturas.

El proceso de aprobación del matrimonio igualitario, estancado

Ninguno de los partidos representados en el Yuan Legislativo se ha comprometido oficialmente a que la medida sea finalmente aprobada. Una reticencia basada en las reservas de los diputados de los distritos más conservadores y en el temor a la reacción de los votantes cristianos, que suponen alrededor del 5% de la población de Taiwán pero cuyos sectores homófobos han empezado a movilizarse muy activamente. En noviembre de 2016, por ejemplo, tenía lugar una manifestación de diez mil personas en Taipéi convocadas por la Alianza de Grupos Religiosos de Taiwán para la Protección de la Familia, para mostrar su protesta tras la aprobación en primera lectura. No demasiadas, comparadas con las 82.000 que participaron en el anterior Orgullo, pero suficientes como para generar un importante ruido mediático.

En marzo de este año, de hecho, nos hacíamos eco de la inquietud que cundía en el activismo LGTB taiwanés ante la actitud de precaución que parecía haber adoptado Tsai Ing-wen al respecto. La presidenta, tras reunirse tanto con partidarios como con opositores al matrimonio igualitario, reconocía las dificultades políticas a las que se enfrentaba el proyecto y afirmaba incluso que se abría un camino “largo y díficil”.

Fuente Dosmanzanas

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Importante avance en el reconocimiento de los derechos de las personas de género no binario e intersexuales en Taiwán. Un comité del Parlamento anunció el pasado martes una propuesta para establecer una tercera categoría de género legal junto a las existentes de masculino y femenino. La medida debe ahora recibir el visto bueno del ministerio del Interior. Taiwán se uniría así a países como Alemania, Australia o Canadá, que ya contemplan esta posibilidad, y se consagra como abanderado de los derechos LGTB en Asia.

El Gobierno de Taiwán (oficialmente la República de China) estudiará la posibilidad de regular una tercera opción de género en los documentos oficiales. El Comité de Igualdad de Género (GEC) del Yuan Legislativo, el Parlamento unicameral del país, ha elaborado la propuesta. De ser aprobada por el ministerio del Interior, que la tiene ahora encima de la mesa, supondría un avance crucial en el reconocimiento de las identidades de género no binarias.

La portavoz adjunta del Gobierno, Janet Chang, declaró que están evaluando la propuesta pero que aún no han tomado “una decisión final”, aunque calificó la medida como una cuestión de “derechos humanos”. La activista Olivia Tsai coincide en destacar la importancia de la iniciativa para reflejar la diversidad de género, pero advierte que la decisión de utilizar esta nueva categoría debe partir siempre de la persona interesada y no de las autoridades.

Si se aprueba finalmente la propuesta, como parece probable, Taiwán se uniría al pequeño grupo de países que reconoce oficialmente la identidad de las personas intersexuales y de género no binario con una tercera opción de género en los documentos oficiales. Se trata de medidas que han adoptado países como Australia en 2011, Canadá en agosto del año pasado o Alemania por mandato del Constitucional hace un mes.

La posibilidad de registrarse bajo un tercer género o de dejar en blanco el campo del género también ha sido regulada de diferentes formas en países como la India o Nepal. El reconocimiento y las necesidades específicas de las personas intersexuales es un asunto sobre el que se han posicionado instancias internacionales como el Parlamento Europeo como el Consejo de Europa, con la prohibición de las cirugías de “normalización” en menores como principal objetivo.

Con la presentación de esta medida, que esperamos que se materialice en los próximos meses, Taiwán confirma su posición a la vanguardia del reconocimiento de los derechos de las personas LGTB en Asia. El otro gran asunto nacional en este sentido es la equiparación en el acceso al matrimonio, mandatada por la Corte Constitucional en mayo del año pasado y que entrará en vigor, si antes no hay una aprobación legislativa, en 2019. Hasta entonces, las parejas del mismo sexo siguen sometidas a discriminación.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Alemania, Australia, Canadá, Consejo de Europa, Género no binario, Identidad de género, India, Intersexualidad, Janet Chang, Matrimonio, Nepal, Olivia Tsai, Parlamento Europeo, Taiwan

España, segundo país europeo donde más ataques a iglesias se registraron

Corea del Norte vuelve a encabezar la lista negra de persecución de ‘Puertas Abiertas’ 

El Cristo del Pacífico tiznado por un incendio

Cinco acuchillados en una iglesia de Ecatepec

Otra iglesia incendiada en Chile

(Puertas Abiertas).- La tendencia al alza de la opresión y la violencia anticristiana en el mundo no se ha visto frenada tampoco durante el período de investigación de la Lista Mundial de la Persecución 2018, informe elaborado anualmente por Puertas Abiertas (Open Doors) en el que se evalúa la situación de persecución a cristianos en el mundo y se elabora un ranking de países donde vivir la fe cristiana es más arriesgado.

En total, Puertas Abiertas ha registrado 3.066 cristianos muertos por causas directamente relacionadas con su fe, así como 793 iglesias o propiedades de iglesias atacadas.

Pero la persecución no solo se ve reflejada en actos de violencia y encarcelamientos, y la investigación evalúa mucha otras formas de persecución entendidas como “opresión” en diferentes niveles y ámbitos sociales. Eso explica el hecho de que Nigeria, a pesar de haber sido el país con mayor número de cristianos muertos a causa de su fe (2.000 aproximadamente), solo ocupe el 14º puesto de la clasificación de los 50 países donde existe mayor persecución.

Los primeros dos puestos de esta lista los ocupan Corea del Norte y Afganistán, respectivamente, países muy diferentes en cuanto a política y estructura social, pero cuyos resultados en la investigación muestran que ambos países han alcanzado a día de hoy el máximo nivel de opresión sobre los cristianos en todos los ámbitos comprendidos en el estudio (privado, familiar, social, eclesial y nacional).

Las diferencias en la puntuación del apartado de violencia es lo que ha determinado finalmente que Corea del Norte ocupe, por 17º año consecutivo, la primera posición.

Violencia anticristiana en el mundo (y también en Europa)

En relación a actos violentos, de entre todos los países, Pakistán está considerado el país en el que los cristianos sufren mayor brutalidad, siendo el único que alcanza el nivel máximo de violencia anticristiana según el estudio.

En el último año, además de 15 cristianos asesinados por su fe, Pakistán ha sido el país donde más iglesias y propiedades de iglesias han sido destruidas o gravemente dañadas: 168. También se han registrado 110 casos de cristianos detenidos sin juicio previo, arrestados, condenados y encarcelados, 700 casos de raptos y secuestros a cristianos (primer país en esta categoría con 550 casos más que el segundo), 83 casos de violaciones y otras formas de violencia/acoso sexual, 700 casos de matrimonios forzados y 169 ataques a casas, tiendas, negocios u otras propiedades de individuos cristianos.

Atendiendo a los registros de actos violentos anticristianos, cabe destacar también los 635 casos de cristianos detenidos sin juicio previo, arrestados, condenados y encarcelados registrados en la India, si bien en la mayoría de casos la estancia en prisión es relativamente corta (varias semanas o inclusos meses).

Asimismo, de los más de 33.000 casos en el mundo de cristianos que declararon en el último año haber sido víctimas de abuso físico o mental a causa de su fe, 24.000 se dieron en la India. Por su parte, a pesar de la disminución de la presencia de Boko Haram en el norte de Nigeria, los casos de violaciones y otras formas de violencia sexual por causa de la fe de las víctimas ha superado los 500 en este país.

Puertas Abiertas ha contado este año con la colaboración del Observatorio de la Intolerancia y la Discriminación contra los Cristianos en Europa, con sede en Viena, para analizar también actos violentos sufridos por cristianos o por iglesias e instituciones cristianas en el continente europeo. De estos datos destacan los 101 ataques (profanación, vandalismo y quemas) a iglesias y otros edificios cristianos, de los cuales 30 se dieron en España (segundo país de esta categoría tras los 41 ataques registrados en Francia). Los dos únicos casos registrados de muertes relacionadas directamente con la fe cristiana de las víctimas se dieron en Alemania.

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Países al alza y nuevos países en la lista

Las novedades en la lista de 50 países de la Lista Mundial de la Persecución 2018 son dos: Nepal y Azerbaiyán. Nepal (64 puntos / Puesto nº 25) ha sufrido un brusco incremento del nacionalismo religioso en su política nacional, de lo que se han aprovechado los radicales hindúes para presionar y actuar violentamente contra los cristianos. Los cristianos de Azerbaiyán (57 puntos / Puesto nº45), por su parte, han visto el aumento de las medidas de las autoridades para acceder a información a través de redadas y arrestos, lo que ha causado también una mayor puntuación en otros factores de persecución tenidos en cuenta en el proceso de investigación y puntuación de la lista.

Preocupa especialmente la situación en Libia (86 puntos / Puesto nº7) y en India (81 puntos / Puesto nº11). Ambos países tienen 8 puntos más que en 2017. En el caso de India, esto se debe principalmente a la escalada cada vez más rápida del radicalismo hindú. Por su parte, la retirada del autoproclamado Estado Islámico en Irak y Siria ha aliviado los índices de persecución en ambos países, aunque siguen ocupando puestos muy altos de la clasificación: 8º y 15º, respectivamente.

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Haciendo visible la realidad de los cristianos perseguidos 

La Lista Mundial de la Persecución de Puertas Abiertas, así como la información detallada de los países, publicados anualmente, sirven como herramienta para llamar la atención del mundo acerca de una realidad a menudo silenciada, así como para informar de los resultados en el ámbito de las relaciones diplomáticas internacionales y para concienciar a cristianos e Iglesias de todo el mundo con el objetivo de mostrar apoyo a los cristianos perseguidos.

La metodología y los resultados de la Lista Mundial de la Persecución son auditados de forma independiente por el International Institute for Religious Freedom.

Se puede consultar más información relevante en: https://www.puertasabiertas.org/persecucion/

Fuente Puertas Abiertas, vía Religión Digital

Cristianismo (Iglesias), General Cristianismo, Lista Mundial de la Persecución 2018, Open Doors, Persecución religiosa, Puertas abiertas

Liang Tzung-huei y Chu Pei-shuan, dos mujeres de origen taiwanés, contrajeron matrimonio legalmente en Canadá en 2014. Al regresar a Taiwán, solicitaron su inscripción como pareja casada en la Oficina de Registro de Hogares del distrito Zhongzheng de Taipei. Ante la negativa del registro, presentaron la correspondiente apelación y este miércoles llegaba la respuesta desestimatoria del tribunal. Como venimos recogiendo en los últimos años, tras este tipo de procesos judiciales a favor de la igualdad matrimonial en Taiwán subyace un activismo organizado y concienciado. En este sentido, un grupo de 30 parejas del mismo sexo solicitaron al registro en 2014 el reconocimiento legal de sus matrimonios y, sin éxito, varias de ellas acudieron a la vía judicial. Todas ellas con la misma respuesta infructuosa hasta el momento. La última de ellas, la formada por Liang Tzung-huei y Chu Pei-shuan, contaba con la particularidad de que ya están casadas oficialmente en el extranjero y buscan que el matrimonio sea homologado en su país natal.

Como informábamos el pasado mes de mayo, la Corte Constitucional de Taiwán consideraba que las disposiciones del Código Civil que impiden a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio no se ajustan a la legalidad y daba un plazo de dos años al Yuan Legislativo (el Parlamento taiwanés) para que apruebe su reforma. En caso contrario, las parejas del mismo sexo podrán automáticamente comenzar a registrar sus matrimonios. Entretanto, en medio del largo camino que queda por delante, el activismo organizado sigue visibilizando en los tribunales la discriminación vigente todavía.

Este miércoles se ha hecho público el fallo sobre el caso de Liang Tzung-huei y Chu Pei-shuan, una pareja de mujeres que contrajo matrimonio hace tres años en Canadá, que el Estado taiwanés seguirá sin reconocer a tenor de la resolución sobre la apelación que presentaron y que ahora ha sido denegada por un tribunal. Esta respuesta negativa de la justicia entronca con casos anteriores que han obtenido la misma respuesta.

Sirva de ejemplo la lucha del activista Qi Jia-wei (o Chi Chia-wei) y su novio, que llevan años peleando en los tribunales para ver reconocido su derecho a contraer matrimonio. Una batalla jurídica que parecía perdida después de que la Corte Administrativa de Taipéi desestimase su demanda en 2014, al considerar que la legislación vigente simplemente no lo permitía. O lo sucedido en septiembre de 2013, cuando 800 activistas celebraron con gran éxito un banquete nupcial frente a la sede presidencial para reclamar su derecho a casarse.

Tras las promesas nunca satisfechas de Nepal o de Vietnam, Taiwán (o la República de China, su nombre oficial) es el principal candidato a ser el primer país asiático que aprueba una ley de matrimonio igualitario. Por un lado, su sociedad es una de las más abiertas de Asia hacia la realidad LGTB: una encuesta llevada a cabo en 2014 mostraba ya entonces que el 68% de la población estaba a favor de que las parejas del mismo sexo pudieran casarse, cifra que ascendía al 71% en otra encuesta llevada a cabo un año después. Taipéi, de hecho, es considerada por muchos la ciudad más gay-friendly del continente asiático, celebra un Orgullo multitudinario y es un destino turístico LGTB en alza.

Asimismo, entre la clase política el matrimonio igualitario cuenta ya con un respaldo significativo. Tanto la capital y Kaohsiung, la segunda ciudad del país, cuentan con un registro de parejas del mismo sexo. Y en octubre de 2015, por primera vez, en las bodas masivas de Taipéi participaron 10 parejas del mismo sexo (cuya unión fue simbólica y sin validez legal), con el apoyo y la bendición de su alcalde, el independiente Ko Wen-je. Pero el hito político que marcó un antes y un después fue la elección, en enero de 2016, de una presidenta, Tsai Ing-wen, favorable al matrimonio igualitario. Su partido, el Partido Progresista Democrático (DPP) conseguía además la mayoría absoluta en el Yuan Legislativo. En octubre, de hecho, se anunciaba una iniciativa parlamentaria de modificación del Código Civil. Dos meses más tarde el proyecto superaba sus dos primeras lecturas.

El proceso de aprobación del matrimonio igualitario, estancado

Ninguno de los partidos representados en el Yuan Legislativo se ha comprometido oficialmente a que la medida sea finalmente aprobada. Una reticencia basada en las reservas de los diputados de los distritos más conservadores y en el temor a la reacción de los votantes cristianos, que suponen alrededor del 5% de la población de Taiwán pero cuyos sectores homófobos han empezado a movilizarse muy activamente. En noviembre de 2016, por ejemplo, tenía lugar una manifestación de diez mil personas en Taipéi convocadas por la Alianza de Grupos Religiosos de Taiwán para la Protección de la Familia, para mostrar su protesta tras la aprobación en primera lectura. No demasiadas, comparadas con las 82.000 que participaron en el anterior Orgullo, pero suficientes como para generar un importante ruido mediático.

En marzo de este año, de hecho, nos hacíamos eco de la inquietud que cundía en el activismo LGTB taiwanés ante la actitud de precaución que parecía haber adoptado Tsai Ing-wen al respecto. La presidenta, tras reunirse tanto con partidarios como con opositores al matrimonio igualitario, reconocía las dificultades políticas a las que se enfrentaba el proyecto y afirmaba incluso que se abría un camino “largo y díficil”.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Alianza de Grupos Religiosos de Taiwán para la Protección de la Familia, Chi Chia-wei, Chu Pei-shuan, Discriminación, Ko Wen-je, Liang Tzung-huei, Matrimonio, Partido Progresista Democrático (Taiwán), Qi Jia-wei, Taipéi, Taiwan, Taiwan Sentinel, Tsai Ing-wen

El Partido Popular es el único partido que vota en contra (¡SORPRESA!) de la propuesta del PSOE para actualizar la Ley Trans de 2007.

Las nuevas medidas buscan despatologizar la transexualidad y reconocer la autodeterminación de género de todas las personas mayores de 16 años.

El PSOE presentaba el 3 de marzo una Proposición de Ley con el objetivo de reformar la Ley 3/2007, mediante la que se regula la rectificación del género en el Registro Civil con el objetivo de incluir tres modificaciones sustanciales que se han estado debatiendo desde este martes, 28 de noviembre. Con el apoyo de Unidos Podemos, Ciudadanos y los grupos nacionalistas, salvo un voto de UPN y Foro Asturias, que han votado en contra, como también ha hecho en bloque el PP, este jueves, 30 de noviembre, se aprobaba la reforma con 203 votos a favor y 130 en contra.

En febrero de 2017 te contábamos que la diputada del PSOE, Dolores Galovart, presentó en el Congreso una iniciativa para actualizar la Ley Trans aprobada en 2007. Entre las medidas que proponía actualizar el PSOE estaba una importantísima: la despatologización de la transexualidad. ¿Cómo? Pues muy fácil: eliminando la necesidad de que existiera un diagnóstico de “disforia de género” para poder cambiar tu nombre y sexo en el registro. Y no solo eso, tampoco haría falta acreditar haberse sometido a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo (ni cirugías ni terapias hormonales ni nada) para poder hacer ese cambio. Reconociendo así el derecho a la autodeterminación del género. Otras cosa importante que proponía esa actualización era que las personas mayores de 16 años pudieran solicitar ese cambio ellos mismos y, en el caso de los menores, deberían hacerlo sus padres o tutores legales. Si había disconformidad el menor podría presentar una solicitud en el Ministerio Fiscal para que un juez decidiera teniendo siempre en cuenta el interés del menor.También podrían solicitarla las personas extranjeras cuya residencia legal esté en España para así actualizar su tarjeta de residencia y sus permisos de trabajo y que quedara reflejada su verdadera identidad.

Bueno, pues esta propuesta llegó el pasado jueves al Congreso y su toma en consideración ha sido aprobada con una inmensa mayoría de votos. 200, ahí es nada.

Nueve meses después de que el grupo socialista del Congreso la registrase (con la simbólica presencia de Carla Antonelli), por fin esta cámara ha debatido la toma en consideración de la proposición de ley que actualiza la anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como “ley de identidad de género”. Solo el Partido Popular, entre las grandes formaciones políticas, ha rechazado apoyar la propuesta. Una vez vigente la reforma, España se sumará (con retraso) al grupo de países que ya han despatologizado la transexualidad, y extenderá el derecho a ver reconocida legalmente tu identidad de género a los menores de edad (aunque manteniendo ciertas limitaciones jurídicas).

La Proposición de Ley (que puedes descargar aquí) elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serán necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Por lo que se refiere a la edad, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años podrían efectuar la solicitud por sí mismos, mientras que los menores de esa edad y los incapacitados legalmente deberán hacerlo “a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, los menores podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal, en cuyo caso resolverá un juez, “teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.

La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.

La Ley 3/2007, un texto envejecido prematuramente

La Ley 3/2007 demuestra un envejecimiento prematuro. Y es que cada vez es más numeroso el grupo de países que en esta materia han adelantado a España, incorporando el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, en Europa, de Bélgica, de Dinamarca, de Grecia, de Irlanda, de Malta o de Noruega. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente. En el continente americano, por su parte, destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. El gobierno de Colombia emitió en 2015 un decreto en el mismo sentido. Cambiando de continente, Nepal ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

España, mientras tanto, había quedado “congelada” en el tiempo, al mantener como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigir (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque varias leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo quedaba hasta ahora a criterio del juez de turno.

El PP da la espalda de nuevo al colectivo LGTB

Tras el debate de este martes, 28 de noviembre, la aprobación de la reforma por el Congreso se da por segura, al contar con el apoyo de PSOE, del grupo grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Ciudadanos, de ERC, de Compromís, del PNV y del PDCat. El PP, sin embargo, ha anunciado a través de la diputada María del Carmen Dueñas que no apoyarán el texto por incluir la posibilidad de que los menores trans puedan modificar legalmente su identidad de género sin intervención judicial. “Que no se nos olvide que hablamos de menores y hay que ser muy cautelosos”, ha expresado Dueñas.

Se da la circunstancia, a este respecto, de que hasta el mismísimo Tribunal Supremo ha llegado a plantear ante el Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad de la Ley 3/2007 por impedir a los menores transexuales ejercer su derecho a solicitar que su identidad de género sea legalmente reconocida. Fue en marzo de 2016, a través de un auto de su Sala de lo Civil que consideró que dicha negativa puede privar a las personas menores de edad de derechos fundamentales.

Será la segunda vez en pocos meses que este partido falta a la palabra dada el pasado junio, cuando se comprometió con la FELGTB a permitir la aprobación de la ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI con un texto “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español” (el pasado septiembre se abstuvo cuando se votó su toma en consideración por el Congreso) así como a “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

ACTUALIZACIÓN (sábado, 02 de Diciembre)

No ha habido sorpresas tras la votación, que había sido pospuesta hasta este jueves. Tal y como estaba previsto, el grupo popular, además de un diputado de Unión del Pueblo Navarro y otro de Foro Asturias (dos partidos regionalistas de derecha que se presentaron coaligados con el PP en las últimas elecciones) se han opuesto a la toma en consideración de la proposición de ley, que pese a todo ha sido aprobada por 200 votos a favor y 128 en contra:

El #Pleno da el primer paso para la #ReformaLeyTRANS2007 propuesta por @gpscongreso que permite a los menores transexuales la modificación registral de sexo y nombre 📝 NdP: https://t.co/5AnRWljpzW pic.twitter.com/5jaC1b2JEX

— Congreso (@Congreso_Es) 30 de noviembre de 2017

«Hoy escribimos un nuevo capítulo en la historia de los derechos de las personas transexuales», declara María Dolores Galovart, que había defendido la Propuesta de Ley este martes. Tres son los principales cambios que establece esta reforma:

1. A partir de los 16 años de edad, las personas transexuales podrán presentar la solicitud del cambio de nombre y género ellos mismos a través del Ministerio Fiscal, de forma que un juez resolvería el procedimiento «teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor», en el caso que uno de sus padres o ambos no hubieran dado su consentimiento, siendo ellos quienes podrían solicitarlo para los menores de 16 años.

2. La autodeterminación personal se convierte en el único requisito para demostrar la identidad sexual, sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos que indiquen que padecen disforia de género en lo que constituye la despatologización definitiva de la transexualidad al dejar de ser considerados «enfermos».

3. Las personas transexuales extranjeras que tengan el permiso de residencia también podrán modificar su nombre y género, tanto en el permiso de residencia como en el de trabajo, con sólo solicitarlo.

«Con esta reforma se supera una legislación que consideraba la transexualidad como un trastorno mental, al exigir para el cambio de género informes médicos sobre la existencia de una distrofia de género, además de los tratamientos médicos para llevar a cabo este proceso biológicamente (…). Un instrumento útil y necesario para mejorar la vida y hacer más felices a las personas transexuales », señala Galovart durante el debate de la reforma.

«Debemos superar una sociedad heteronormativa y binaria para poder ser libres de ser quienes somos independientemente del sexo que se nos asignó al nacer», declara Teresa Jordà, diputada de ERC, quienes junto a Unidos Podemos, consideran la reforma insuficiente y reclaman la puesta en marcha de una ley integral que luche contra la transfobia y aborde las necesidades de las personas transexuales en aspectos como la educación y los ámbitos laborales y sanitarios.

La excusa del PP para no apoyar esta reforma es que no podían hacerlo «tal y como está planteada» al no plantear seguridad jurídica a las personas menores de edad, según su punto de vista, así como consideran de más que los extranjeros puedan cambiar el género en su documentación española.

Efectivamente, como recuerdan en EstoyBailando, la gaviota ataca de nuevo.

Sí, Y es que… después de esto,  algunos pensaban que era imposible que el PP votara en contra de esta propuesta.

🏳️‍🌈 Estamos en la marcha del #WorldPrideMadrid apoyando los derechos LGTBI 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/ioFUmRxka6

— Partido Popular (@PPopular) 1 de julio de 2017

Será que España no es el “mundo”. O que era mentira. Pero no, seguro que no era mentira. No era un paripé. No se la colaron a FELGTB y COGAM. Seguro segurísimo que Andrea Levy y Maroto fueron porque de verdad creían en lo que ponía la pancarta. O a lo mejor es que no la leyeron.

Sea como sea, lo han hecho. Después de llevar la pancarta pidiendo que se reconocieran los derechos LGTBI en el mundo… han votado en contra de los derechos LGTBI en el Congreso. La T, Andrea Levy es de TRANS; que a lo mejor te dormiste el día que explicaban eso y por eso os habéis liado.

Y, como siempre, se han inventado una excusa maravillosa. Porque otra cosa, pero excusas tienen para dar y regalar. Esta vez dicen que votan en contra porque la nueva iniciativa no garantiza la seguridad jurídica de los menores y creen que no debería incluir a los extranjeros.

Que es gracioso, Javier Maroto, porque lo de los extranjeros ya sabemos que no os gusta. Tú mismo ya has dejado claro que a xenófobo no te gana nadie (bueno sí, Albiol). Pero que ahora os preocupen los menores cuando no movisteis undedo para parar las campañas tránsfobas de Hazte Oír que negaban la existencia de menores trans…

Pues aunque todos los grupos de la oposición han votado a favor de la toma en consideración de esta reforma, desde Unidos Podemos y Esquerra Republicana han reclamado además que se ponga en marcha de una vez una ley estatal integral de transexualidad como las que ya se han aprobado en diferentes parlamentos autonómicos. Con esas leyes se asegura, además de que las personas trans ven reconocida su igualdad y sus derechos, la lucha contra la transfobia por medio de protocolos y medidas concretas aplicadas tanto en el ámbito educativo como en el laboral como en el sanitario.

***

No obstante, conviene precisar que el éxito de esta votación en el Congreso no supone que la proposición de ley haya quedado definitivamente aprobada. Ahora comienza una andadura que la llevará, entre otros trámites, al Senado, cámara en la que el PP dispone de mayoría absoluta. Si los populares mantienen su negativa, el Senado rechazará la reforma, lo que obligará al Congreso a levantar el veto. Un largo camino al que por desgracia el colectivo LGTB ya está acostumbrado: ya sucedió con la ley de matrimonio igualitario en 2005, a la que el PP también se opuso.

Esta entrada fue publicada originalmente el 28 de noviembre, fecha en la que se debatió la toma en consideración. El 02 de Diciembre se ha procedido a su actualización, incluyendo el resultado final de la votación.

Fuente Dosmanzanas/EstoyBailando/Universogay

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Andrea Levy, Argentina, Bélgica, Carla Antonelli, Ciudadanos, Colombia, Compromís, Dinamarca, En Comú Podem, En Marea, ERC, Escocia, España, Foro Asturias, Grecia, Identidad de género, Irlanda, Javier Maroto, Malta, María del Carmen Dueñas, María Dolores Galovart, Nepal, Noruega, Partido Demócrata Catalán, PNV, Portugal, PP, PSOE, Teresa Jordà, Transexualidad, Transgenerismo, Ttransfobia, Unidos Podemos, UPN

Nueve meses después de que el grupo socialista del Congreso la registrase (con la simbólica presencia de Carla Antonelli), por fin esta cámara ha debatido la proposición de actualización de la ya anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como “ley de identidad de género”. Solo el Partido Popular, entre las grandes formaciones políticas, ha rechazado apoyar la propuesta, que se votará el jueves, lo que asegura su aprobación. Una vez vigente la reforma, España se sumará (con retraso) al grupo de países que ya han despatologizado la transexualidad, y extenderá el derecho a ver reconocida legalmente tu identidad de género a los menores de edad (aunque manteniendo ciertas limitaciones jurídicas). 

La Proposición de Ley (que puedes descargar aquí) elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serán necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Por lo que se refiere a la edad, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años podrían efectuar la solicitud por sí mismos, mientras que los menores de esa edad y los incapacitados legalmente deberán hacerlo “a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, los menores podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal, en cuyo caso resolverá un juez, “teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.

La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.

La Ley 3/2007, un texto envejecido prematuramente

La Ley 3/2007 demuestra un envejecimiento prematuro. Y es que cada vez es más numeroso el grupo de países que en esta materia han adelantado a España, incorporando el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, en Europa, de Bélgica, de Dinamarca, de Grecia, de Irlanda, de Malta o de Noruega. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente. En el continente americano, por su parte, destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. El gobierno de Colombia emitió en 2015 un decreto en el mismo sentido. Cambiando de continente, Nepal ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

España, mientras tanto, había quedado “congelada” en el tiempo, al mantener como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigir (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque varias leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo quedaba hasta ahora a criterio del juez de turno.

El PP da la espalda de nuevo al colectivo LGTB

A la espera de la votación del jueves, tras el debate de este martes la aprobación de la reforma por el Congreso se da por segura, al contar con el apoyo de PSOE, del grupo grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Ciudadanos, de ERC, de Compromís, del PNV y del PDCat. El PP, sin embargo, ha anunciado a través de la diputada María del Carmen Dueñas que no apoyarán el texto por incluir la posibilidad de que los menores trans puedan modificar legalmente su identidad de género sin intervención judicial. “Que no se nos olvide que hablamos de menores y hay que ser muy cautelosos”, ha expresado Dueñas.

Se da la circunstancia, a este respecto, de que hasta el mismísimo Tribunal Supremo ha llegado a plantear ante el Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad de la Ley 3/2007 por impedir a los menores transexuales ejercer su derecho a solicitar que su identidad de género sea legalmente reconocida. Fue en marzo de 2016, a través de un auto de su Sala de lo Civil que consideró que dicha negativa puede privar a las personas menores de edad de derechos fundamentales.

Si se confirma que el jueves el PP no vota a favor, será la segunda vez en pocos meses que este partido falta a la palabra dada el pasado junio, cuando se comprometió con la FELGTB a permitir la aprobación de la ley de igualdad LGTBI con un texto “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español” (el pasado septiembre se abstuvo cuando se votó su toma en consideración por el Congreso) así como a “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

Fuente Dosmanzanas

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Las personas podrán ser inscritas como intersexuales o diversas.

El fallo responde a la querella presentada por una persona intersexual, que exigía su derecho fundamental a no ser registrado por la administración como “hombre” o “mujer”.

El Tribunal Constitucional alemán instó este miércoles a la Administración a permitir en el registro de nacimiento la inscripción de personas con un tercer sexo (ya sea como “intersexual” o “diverso”) además de “femenino” y “masculino”.

La sentencia argumenta, basándose en el derecho constitucional a la protección de la personalidad, que las personas que no son ni hombres ni mujeres tienen derecho a inscribir su identidad de género de forma “positiva” en el registro de nacimiento.

La persona demandante estaba inscrita en el registro civil como mujer, pero un análisis de sus cromosomas presentado evidenciaba que no podía ser calificado ni como hombre ni como mujer.

La reforma legal de 2013, que seguía la recomendación del Comité Ético Alemán, establecía que “si un bebé no puede ser identificado como perteneciente al género masculino o femenino, se dejará sin rellenar el apartado correspondiente en el registro de nacimiento”. Fuentes del Ministerio de Interior indicaron entonces que el objetivo de la ley era “quitar presiones a los padres” para que inmediatamente después del nacimiento del bebé den por establecido el sexo de éste, lo que en caso de duda puede llevar a “decisiones precipitadas” o incluso operaciones médicas.

Hasta ese momento, los padres estaban obligados a inscribir a sus hijos una semana después de su nacimiento, a más tardar, registrando ahí su sexo.

El registro de los intersexuales había supuesto hasta ese momento un desafío para el Legislativo, por tratarse de bebés en que no aparece definida una identidad sexual masculina o femenina determinada, sino que en ellos conviven señas cromosómicas u hormonales de ambos sexos.

Se estima que en Alemania hay aproximadamente 80.000 intersexuales, algo menos del 1 por ciento de la población.

Alemania se suma a países como Australia, India, Nueva Zelanda y Nepal en reconocer un derecho básico de las personas

Hace poco también te contábamos que en  California, Canadá han comenzado a emitir pasaportes de género neutro al igual que Pakistán. India, Nepal,  Nueva Zelanda también ofrecen esta posibilidad a sus ciudadanos y que Alemania había anunciado.

Fuente  BBC, vía AmbienteG/Cáscara Amarga

General, Historia LGTBI Alemania, Intersexuales, Tercer género

El Estado acaba de aprobar una ley que permitirá que los documentos oficiales recojan la opción “no binaria” a la hora de indicar el género.

Entrará en vigor en 2019. 

El pasado mes de mayo el Senado Estatal de California tramitó un texto que permitía la elección de un “tercer género” en los formularios oficiales como el permiso de conducir o los certificados de nacimiento. El lunes, el gobernador Jerry Brown aprobó el texto, convirtiéndolo en una ley que entrará en vigor el próximo año.

Así, a partir de ahora, en dichos documentos junto a la “M” y la “F” de masculino y femenino, aparecerá una tercera opción “X” que signifca “no binario”. Además, no se requerirá ningún tipo de examen físico ni ningún informe médico como hasta ahora. Bastará con indicar cuál es el género sentido.

El senador demócrata Scott Wiener, uno de los responsables de la redacción de la ley, lanzó un pequeño dardo a Trump durante su aprobación:

Con la aprobación de la ley SB179, California continúa su lucha por una sociedad más inclusiva, incluso cuando alguien en Washington intenta quitar los derechos a las personas LGTB.

Toni G. Atkins, otro de los senadores que participó en la elaboración del texto, ha mostrado su alegría por la arobación de la ley y ha asegurado que

La sociedad nos obliga a vivir en cajas y nos dice lo que se supone que tenemos que ser. La SB 179 ayuda a las personas de todos los géneros a ser ellos mismos.

Sin embargo, California no es el primer lugar de Estados Unidos donde se reconoce el género no binario ya que la ciudad de Washington comenzó a emitir documentación de género neutro el pasado mes de junio. Al mismo tiempo, el estado de Oregón ha anunciado una ley en el mismo sentido.

Hace poco también te contábamos que en Canadá han comenzado a emitir pasaportes de género neutro al igual que Pakistán. India, Nepal, Alemania y Nueva Zelanda también ofrecen esta posibilidad a sus ciudadanos.

Fuente | PinkNews, vía EstoyBailando

General, Historia LGTBI California, Canadá, EE.UU., Género no binario, Jerry Brown, Oregón, SB 179, Scott Wiener, Toni G. Atkins, Washington

Otro año más llega el Día Internacional por la Despatologización Trans, que este 2017 tiene lugar el 21 de octubre. Y otro año más podemos repetir, casi punto por punto, el mensaje de ediciones anteriores: la situación en España sigue siendo básicamente la misma, más allá de algunos avances a nivel autonómico. Más de diez años y medio después de que entrase en vigor la ley española de identidad de género, esta sigue sin actualizarse y mantiene la consideración de la transexualidad como un trastorno que debe ser identificado por un especialista ajeno a la propia persona transexual. Un paradigma anacrónico que cada vez más países están desterrando de sus propias legislaciones y que España, un país que por desgracia ha dejado de estar a la vanguardia en materia de derechos LGTB, sigue sin modificar.

Países como, Argentina, Dinamarca,  Grecia, Irlanda,  Malta  o Noruega han modernizado ya sus legislaciones consagrando el principio de autodeterminación de género, de forma que sea cada persona, en uso de su libertad individual y sin necesidad de justificación médica o psicológica alguna, la que decida cómo quiere ser reconocida legalmente. El modelo de la católica Malta, de hecho, está considerado por las organizaciones trans como el más aventajado, al ni siquiera establecer límite de edad inferior para proceder a la modificación del “sexo registral” y por tanto extender ese principio a los menores. Incluso más allá de la consideración jurídica de la transexualidad, la ley maltesa prohíbe cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, siendo la primera del mundo en promulgar una disposición de este tipo (tan demandada por los colectivos de personas intersexuales, y que esta misma semana recibía el espaldarazo de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa). Nuestro vecino y querido Portugal ya está también en ello. La cara negativa de ela moneda la encontramos en Francia, cuya reciente reforma ha dejado al margen el principio de autodeterminación de género y mantiene bajo tutela judicial el proceso de cambio registral de la referencia al sexo.

Pero ni siquiera estos países son los únicos en abordar ya el tema. El gobierno de Colombia emitió en 2015 un decreto en el mismo sentido y en Escocia ya se están planteando un avance similar. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando sobre el terreno.

Avances que dejan en muy mal lugar a España, país donde los avances conseguidos en la histórica legislatura 2004-2008 quedaron congelados en el tiempo y que mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la modificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque normas autonómicas más recientes, como las leyes integrales de transexualidad de Navarra, Euskadi, Andalucía, Canarias o Madrid o la Comunidad Valenciana, e incluso las leyes contra la LGTBfobia aprobadas en Cataluña, Extremadura, Murcia o Baleares sí incorporan de forma expresa el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de ámbito autonómico que no permiten modificar los documentos oficiales más importantes. Cada vez resulta más imperiosa la necesidad de actualizar una legislación ya obsoleta.

También los manuales médicos deben actualizarse

Una reivindicación, además, que por encima de los marcos legislativos nacionales incluye la a retirada de las etiquetas referidas a la transexualidad de las clasificaciones diagnósticas usadas internacionalmente, basadas en buena parte en el mantenimiento de patrones socioculturales que nada tienen que ver con la verdadera ciencia pero que sirven de base a manuales médicos y psicológicos y que alimentan prácticas no solo irrespetuosas con la libertad individual, también cada vez más obsoletas.

Los dos catálogos más importantes, en este sentido, son el DSM de la American Psychiatric Association y la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud. En el caso de la última versión del DSM, por ejemplo, ya se consiguió que el anterior diagnóstico de “trastorno de la identidad sexual” fuera sustituido por el de “disforia de género”, con una menor carga patologizante, pero no dejó de ser un avance menor que los colectivos LGTB en modo alguno aceptan como definitivo. El proceso de revisión de la CIE, mientras tanto, se encuentra en curso.

Los colectivos se movilizan

Lejos quedan ya los tiempos en los que la despatologización de las identidades trans era una petición secundaria de los colectivos LGTB. Fue precisamente la presión de los grupos más radicales (aquellos que no se conformaban con una simple mejora y que exigían ir a la raíz del problema) la que hizo crecer la reivindicación hasta convertirla en una demanda aceptada incluso por las instituciones europeas. Ya han pasado seis años desde se unía al llamamiento el entonces comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, e incluso el pleno del Parlamento Europeo. Llamamientos insuficientes para forzar a los estados a actualizar sus legislaciones, pero que cada vez son más claros y rotundos.

Hoy día, los diferentes colectivos LGTB y de personas trans se movilizan activamente con motivo del Día Internacional por la Despatologización Trans. “La transexualidad debe dejar de ser considerada como una enfermedad de una vez por todas, tanto a nivel nacional como en la Clasificación Internacional de Enfermedades y en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales de la Asociación de Psiquiatría norteamericana”, ha asegurado Amanda Azañón, responsable del grupo de Políticas Transexuales de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). “Es intolerable que la psiquiatrización siga delegando a las instituciones médico-psiquiátricas el control sobre las identidades de género”, ha añadido. En este sentido, varias entidades de la FELGTB tiene previsto organizar estos días actividades reivindicativas en diversas ciudades españolas.

La campaña internacional Stop Trans Pathologization, por su parte, tiene previstas o ha realizado ya a lo largo de este mes más de 70 actividades en 41 ciudades del mundo. “Además, 417 grupos y redes activistas, instituciones públicas y organizaciones políticas en África, Asia, América Latina, Europa, Norteamérica y Oceanía, así como numerosas personas individuales han declarado hasta la fecha su apoyo”, expresan sus promotores en un largo y detallado comunicado, que recoge como demandas principales “la retirada de la clasificación diagnóstica de los procesos de tránsito por los géneros como trastorno mental de los manuales diagnósticos DSM y CIE, la cobertura pública de la atención sanitaria trans-específica, el cambio del modelo de
atención sanitaria trans-específica, desde un modelo de evaluación hacia un enfoque de acompañamiento y decisión informada, el reconocimiento legal de género sin requisitos médicos, la despatologización de la diversidad de género en la infancia y adolescencia, así como la protección contra la discriminación y violencia transfóbica”. “En cada lugar del mundo, grupos, organizaciones y redes activistas trabajan por el cumplimiento de estas demandas compartidas  aplicando prioridades y estrategias específicas, según el contexto cultural y sociopolítico”, añaden.

Stop Trans Pathologization anuncia además que la de este 2017 es la última convocatoria del Día Internacional de Acción por la Despatologización Trans lanzada por la propia campaña, “Os invitamos a seguir celebrando el 21 de octubre como Día Internacional de Acción por la Despatologización Trans en futuros años, y a seguir trabajando por la despatologización trans”, concluye el comunicado.

Manifestación en Madrid

Uno de los platos fuertes de las actividades será la manifestación que convocada por la Plaaforma Octubre Trans manifestación que tendrá lugar en Madrid este sábado 21 de octubre, y que partirá de la Plaza de Chueca a las 18:00 horas, recorrerá las calles Augusto Figueroa, Fuencarral, Montera, Puerta del Sol y  Carretas y finalizará en la Plaza Jacinto Benavente.

Os dejamos para finalizar con el vídeo de sensibilización elaborado por el colectivo COGAM con motivo de este día:

Fuente Dosmanzanas

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Grecia aprueba una Ley Trans que mejora sustancialmente el proceso legal para cambiar el nombre y el género en documentos oficiales pero no se rige por el principio de auto-determinación.

A pesar de no ser una ley perfecta los colectivos trans celebran su aprobación y lo consideran un paso adelante en una lucha que aún no ha terminado.

El Parlamento griego aprobó el martes una avanzada ley de identidad de género, la primera del país que despatologiza la realidad trans. El texto elimina la necesidad de tutela médica y de cualquier intervención quirúrgica, incluida la esterilización, para que los mayores de 17 años puedan obtener el reconocimiento legal de su identidad. Los jóvenes de entre 15 y 17 años sí necesitarán un informe psiquiátrico además del consentimiento paterno. Aunque no satisface la totalidad de sus reivindicaciones, los colectivos trans han saludado la nueva norma como un gran avance.

Durante décadas, numerosos países han obligado a las personas transexuales a someterse a procedimientos que conllevan directa o indirectamente la pérdida de la capacidad reproductiva como requisito previo a ver reconocida legalmente su identidad de género. De hecho, según un informe de Transgender Europe de noviembre de 2016, 21 estados europeos seguían haciéndolo a fecha de noviembre de 2016. La mayoría, del Este de Europa, pero también había algunos occidentales. Otros han eliminado ese requisito hace poco (Suecia, por ejemplo, no lo hizo hasta 2013, Noruega actualizó su ley en 2016 y Bélgica, en mayo de este año). Y no fue hasta 2014 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó esta práctica y pidió que todas aquellas legislaciones que obligan a este tipo de procedimientos sean revisadas. En la misma línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenaba hace unos meses a Francia por haber obligado a hacerlo (el país vecino, de hecho, modificó su legislación en 2016, eliminando dicho requisito, aunque sigue manteniendo el proceso en manos de los jueces).

Grecia se suma ahora a la lista de países que no solo eliminan ese requisito, sino que tampoco exigen ya la necesidad de un diagnóstico médico o psicológico de “disforia de género” o similar. La ley integra, en este sentido, el principio de autodeterminación de género, aunque solo para los mayores de 17 años. Para los jóvenes entre 15 y 17 años será necesario un informe psiquiátrico, además del consentimiento paterno. El texto ha recibido el apoyo de 171 diputados del Parlamento griego: de Syriza (impulsora del proyecto), sus socios de Anel y los centristas de To Potami. En contra han votado 128: la derecha de Nueva Democracia, los neonazis de Amanecer Dorado, los comunistas de KKE y la Unión de Centristas.

Pese a reconocer el indudable avance sobre la situación anterior, los colectivos LGTB consideran mejorable la nueva ley. Por ejemplo, en lo referente a la tutela médica y paterna en menores de edad. El asunto, de hecho, fue uno de los motivos esgrimidos por Nueva Democracia para oponerse en lugar de abstenerse, como habían anunciado en primer lugar. El principal partido de la oposición pretendía que el cambio del sexo legal no fuera posible bajo ninguna circunstancia antes de los 18 años.

Evelyne Paradis, directora ejecutiva de la ILGA afirma que : “Es progreso, pero no es perfecta. Hoy se ha dado un gran paso adelante, pero es una pena que ese paso no fuera uno hacia la total auto-determinación de todas las personas trans en Grecia.”  Y es que la nueva ley griega para las personas trans ha mejorado sustancialmente la realidad del colectivo, pero se ha quedado corta en varios aspectos (y en otros ha pasado a ser bastante estrambótica). Hasta la aprobación de esta nueva ley las personas trans que querían cambiar su género en los documentos oficiales tenían que pasar una evaluación psiquiátrica para acreditar un diagnóstico de disforia de género, tenían que someterse a una operación de reasignacion de sexo y se les exigía la esterilización.

Con esta nueva ley esas tres necesidades para que se reconozca su género percibido en los documentos oficiales de todos aquellos mayores de 17 años. Las personas trans entre los 17 y los 17 podrán acceder al proceso para cambiar el género en su documentación pero en esos casos sí hará falta la decisión de un grupo de doctores.

Pero hay dos cosas bastante absurdas en esta ley. Por un lado una persona trans que quiera cambiar su género oficialmente tendrá que estar soltera, lo que puede hacer que las personas trans que estén casadas tengan que divorciarse. Además la última palabra en el proceso la tendrá un juez, que decidirá si la expresión o presentación de género de la persona coincide con lo que quieren que ponga en sus documentos.

“Esta reforma es una victoria duramente conseguida por los y las activistas por los derechos trans en Grecia que han luchado por la igualdad de las personas trans durante años. Envía un mensaje claro de que nadie ha de verse obligado a pasar por procedimientos médicos para que se reconozca oficialmente quiénes son. Pero aunque se trata de una reforma histórica en la dirección correcta, la lucha aún no está del todo ganada“, han declarado desde Amnistía Internacional.

Otra de las insuficiencias es la exclusión de las personas migrantes en situación irregular y de los refugiados en la nueva ley. La nueva ley no reconoce el acceso al proceso de reconocimiento de género para personas trans refugiadas o inmigrantes y además deja muchas mejoras pendientes con respecto a los menores trans.

Por último, una enmienda para introducir una tercera opción de género junto a la de “masculino” y “femenino” en los documentos oficiales fue rechazada. Se trata de una medida que han adoptado países como Australia en 2011 o Canadá hace solo unas semanas. La posibilidad de registrarse bajo un tercer género o de no definir el género también ha sido regulada de diferentes formas en países como Alemania, la India o Nepal.

La comunidad trans del país ha celebrado la aprobación de la ley, aunque no ocultan su decepción pues se esperaba que se aprobara una primera versión del texto que reconocía el derecho de cualquier persona trans mayor de 15 años a cambiar su nombre y su género en los documentos oficiales con sólo una declaración y un proceso administrativo; pero finalmente se ha optado por un enfoque mucho más conservador y que sigue estigmatizando a las personas trans.

A pesar de eso el Primer Ministro griego, Alexis Tsipras, ha celebrado que la ley reconoce los derechos humanos básicos de “un segmento de la sociedad que ha sido marginado durante demasiado tiempo. Estamos con aquellos que no tienen voz o cuya voz está siendo acallada. Con los estigmatizados, con las minorías oprimidas, con las personas que viven cualquier tipo de desigualdad o aislamiento. Es a esas personas a las que queremos defender.”

Por delante de España

La nueva normativa coloca a Grecia por delante de España, cuya ley 3/2007 ha envejecido de forma prematura. De hecho, cada vez es más numeroso el grupo de países que ya han incorporado el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, además de los ya mencionados, de Irlanda y Dinamarca, en Europa. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente.

En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

En España seguimos a la espera de que el Parlamento decida dar el paso (el grupo socialista del Congreso registró en febrero una propuesta de actualización de la ley). Mientras tanto, sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.

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Bangladesh, un país mayoritariamente musulmán, tradicionalmente moderado, pero donde la homosexualidad es penada. 

Diecisiete meses después de llegar a Nepal huyendo de una muerte casi segura por ser homosexual en Bangladesh, Mahamood Rakib Hasan, conocido como Rakib, vive en la ilegalidad, pendiente de una petición de asilo a Canadá y con temor de que cualquier día sea devuelto a un país donde está marcado.

Su nombre estaba entre los objetivos de los extremistas islamistas que en 2013 comenzaron a atacar a intelectuales, miembros de minorías religiosas, homosexuales o simplemente extranjeros en Bangladesh, con más de 70 asesinatos, entre ellos los que tuvieron lugar en un restaurante de Dacca en julio de 2016.

“No paraba el asesinato de libreprensadores, escritores ateos e intelectuales por parte de grupos fundamentalistas islámicos y la autoridad estatal era meramente una espectadora. El colectivo de LGTB fue convertido en un objetivo alegando que van contra el islam”, contó Rakib.

A sus 24 años, aún recuerda cómo el 1 de abril de 2016, recibió junto a otros miembros del colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales amenazas de muerte en vísperas del día del Orgullo Gay.

El evento fue cancelado y muchas de las personas que trabajaban con él en una publicación de este colectivo tuvieron que esconderse.

Cinco días después Xulhaz Mannan editor de la publicación Mahbub Joney fue asesinado a machetazos. “Yo hubiera sido el siguiente”, dijo.

Hoy su situación sigue siendo apremiante. La visa de turista con la que entró ya ha caducado hace tiempo y aguarda la respuesta del Gobierno de Canadá a una solicitud de refugio que presentó a través de la organización Rainbow Railroad.

“Al Gobierno canadiense podría llevarle meses tomar una decisión. Sin una visa, tengo miedo de que las autoridades nepalíes me detengan y deporten a mi casa, donde todos desde mi familia al Estado están en contra”, dijo con frustración.

La de Rakib es la historia de tantos jóvenes homosexuales en Bangladesh, un país mayoritariamente musulmán, tradicionalmente moderado, pero donde la homosexualidad es penada.

Rakib nació en el seno de una familia del sur de Bangladesh. Hijo de un maestro con gran liderazgo en la comunidad, todo transcurrió con la normalidad de una infancia feliz hasta que empezó a actuar de forma distinta a otros niños.

Prefería jugar con muñecas a jugar al fútbol o al críquet. Cuando compartió sus sentimientos con sus padres, le dijeron que no se preocupara y le llevaron a un psiquiatra para que le atendiera como si fuera un enfermo mental.

El médico le recetó pastillas para atender lo que diagnosticó como depresión, pero Rakib también fue sometido a rituales para curarle, metiéndole en una habitación oscura llena del humo de cuerno de vaca quemado para espantar los malos espíritus.“Era tal tortura que al tercer día dije que todo estaba bien solo para salir del lugar”, dijo.

Pero la realidad se impuso y sus padres no estaban listos para aceptar un sexo que no figura en el islam.

Cuando terminó la escuela, en 2009, su familia le exigió que eligiera entre casarse con una mujer o dejar la casa, y él optó por la segunda, y con el paso del tiempo se convirtió en un líder de la comunidad LGTB.

Hoy, tras 17 meses en Nepal, Bangladesh no es el destino al que le gustaría moverse, al menos por el momento.

Tampoco en el país del Himalaya parece que pueda esperar mucho más porque sin visa y sin trabajo, su situación es complicada. “Nuestra organización no tiene fondos para ayudarle financieramente, le hemos ayudado individualmente”, indicó a Efe Prashu Ram Rai, activista gay y director de programa de Blue Diamond Society (BDS), una organización de defensa de las minorías sexuales.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) le ha dado estatus de refugiado y recomendado su acogida en un tercer país.

Rakib no sabe si Canadá le otorgará ese refugio, pero sí sabe lo que le gustaría hacer con su vida. “Tras completar mis estudios me dedicaré enteramente a abogar por los derechos de la comunidad LGTB. Si la situación en Bangladesh mejora me gustaría volver algún día a hacer el trabajo que hacía”, afirmó.

Fuente Cáscara Amarga

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A partir del 31 de agosto se podrá añadir una mención, como sexo no especificado, en los documentos oficiales. 

El Gobierno de Canadá avanza en el reconocimiento de las identidades de género no binarias. Según ha anunciado el ministerio competente, a partir del próximo 31 de agosto se empezarán a emitir pasaportes con una nueva categoría de género. La opción “X” estará disponible para las personas que no se identifiquen con la de “hombre” o “mujer”. Una medida que se ampliará a otros documentos oficiales, aunque en el caso de los pasaportes ha despertado recelos por las posibles consecuencias al viajar a países con legislaciones restrictivas.

Nuevo gesto inclusivo con la comunidad LGTBI del Gobierno canadiense de Justin Trudeau. En esta ocasión, se trata de una iniciativa para mejorar la representatividad de las diferentes identidades y expresiones de género en los documentos oficiales. El Ministerio de Justicia del país confirmaba en Mayo pasado que se había presentado una ley para actualizar el Acta de Derechos Humanos del país y permitir que se modifiquen las opciones de género en los pasaportes. Ahora, el Gobierno de Canadá ha anunciado este jueves que aquellos ciudadanos que no se identifican como mujeres u hombres podrán inscribirse como género neutro o “x” en sus documentos de identidad.

El ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, Ahmed Hussen, anunció el pasado jueves que la medida comenzará a aplicarse en las oficinas de emisión de pasaportes a partir del próximo 31 de agosto. Concretamente, se añadirá un tercera opción “X” a las categorías de género de hombre “M” y mujer “F”, para incluir a los ciudadanos que no se identifiquen con ninguna de estas dos.

Como primer paso, se puede añadir una mención a los documentos oficiales de “personas que no se identifican como mujeres (+ F +) o como hombres (+ M +)”, para indicar su deseo de que su género sea “Como + X +, de sexo no especificado”. El anuncio tiene como objetivo facilitar la obtención de pasaportes, documentos de viaje o documentos de inmigración “que mejor correspondan a su identidad sexual”, señaló el gobierno federal en un comunicado.

Estas medidas provisionales, que entrarán en vigor el 31 de agosto, se aplicarán hasta que el gobierno “pueda imprimir documentos con una designación + X +”. “Al introducir una designación de género + X + en los documentos del gobierno, estamos dando un paso importante para promover la igualdad de todos los canadienses, independientemente de la identidad de género o la expresión de género”, dijo el ministro de Inmigración , Refugiados y Ciudadanía, Ahmed Hussen.

Hussen defendió la medida para permitir a todos las personas “expresar su género como lo elijan” dentro de un país que garantice la “igualdad de todos los canadienses con independencia de su identidad o expresión de género”. No todos, sin embargo, han mostrado una visión igual de positiva. Se teme principalmente que los titulares de un pasaporte que los identifique con el género “X” sufran discriminación, acoso o violencia al viajar a destinos poco comprensivos con la realidad LGTBI. Aunque la iniciativa del Gobierno canadiense es compatible con las directrices de la Organización Internacional de Aviación Civil, la decisión de permitir la entrada en un país extranjero corresponde a las autoridades del mismo.

Así lo recuerda la abogada especialista en inmigración Adrienne Smith, tras en cualquier caso felicitarse por la medida: un documento que no identifique a su portador como hombre ni mujer puede ser para muchos Estados un motivo suficiente para rechazar al visitante. Smith se refirió a países con una importante presencia de transfobia social y de Estado como Jamaica o Uganda. Intentar entrar en ellos con un pasaporte con la “X” en la casilla del género podría exponer al titular a detenciones arbitrarias y tratos humillantes, como inspecciones corporales, por parte de las autoridades fronterizas.

De manera similar se expresa un profesor universitario de estudios transgénero, Aaron Devor, que recuerda casos de problemas generados por la inconcordancia entre la apariencia esperada y el género consignado en documentos como la partida de nacimiento. Devor recomienda prudencia a los que estén pensando en hacer uso de la nueva categoría de género y recuerda que toda persona está sujeta a las leyes del país en el que se encuentra.

Ambos expertos recomiendan al ministerio eliminar de los documentos de identidad toda referencia al género. No sería necesaria desde que existen pasaportes biométricos y control de huellas dactilares, “unas formas mucho más seguras de establecer la identidad” que las categorías de género.

En junio, Canadá aprobó un proyecto de ley añadiendo “identidad de género y expresión de género” junto a raza, religión, edad, sexo u orientación sexual entre los motivos prohibidos de discriminación bajo la Carta de Derechos de Canadá.

Varios países han dado ya pasos hacia el reconocimiento oficial de un tercer género junto a los dos tradicionales. Australia, país perteneciente como Canadá a la Commonwealth, aprobó una medida similar en 2011 con la introducción de una categoría “X” en sus pasaportes. La administración australiana avisa sin embargo a sus portadores de que pueden encontrarse con dificultades en los pasos fronterizos: “El ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio no puede garantizar que un pasaporte que muestre ‘X’ en el campo de ‘sexo’ será aceptado para la entrada o el tránsito por otro país”. La posibilidad de registrarse bajo un tercer género o de no definir el género también ha sido regulada de diferentes formas en países como Alemania, la India o Nepal.

Fuente Agencias, vía Cáscara amarga/Domanzanas

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Paquistán se une a la corta lista de países que reconocen el género neutro o no binario en sus pasaportes. 

Farzana Jan, presidenta de la alianza TransAction de Paquistán, acaba de recibir su nuevo pasaporte en la que se identifica su género con una X. O, lo que es lo mismo, se reconoce a Farzana como de género neutro.

Jan es una mujer trans que se identifica como de género no binario que solicitó el cambio en su pasaporte hace seis meses y ha declarado estar emocionada de que su país liderara estos cambios en el Medio Oriente: “Es una buena señal a nivel internacional porque el país está ahora entre los pocos con una tercera categoría de género en los pasaportes. Aún hay países como Arabia Saudí que no tienen en cuenta nuestra identidad y no nos permiten la entrada.”

Aunque el gobierno pakistaní no ha hecho ningún anuncio oficial sobre el hecho, los grupos de derechos trans han celebrado este movimiento y lo consideran histórico. “Después de una dura batalla hemos sido capaces de conseguir otro cambio” han publicado desde TransAction en su Facebook. “Gracias al gobierno de Paquistán, al Ministerio del Interior y a las autoridades de Pasaportes por escucharnos.”

Paquistán se suma así a la lista de países que reconocen los géneros no-binarios en los pasaportes, formada por India, Nepal, Alemania y Nueva Zelanda. Canadá está a punto de sumarse a esa lista después de anunciar que están estudiando cómo crear esos pasaportes.

Fuente | Pink News, vía EstoyBailando

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El Parlamento federal belga ha aprobado una nueva ley que pone punto final a la necesidad tanto de un diagnóstico médico como de un procedimiento de esterilización para que las personas transexuales puedan ver reconocidas su identidad. Bélgica se suma, de esta forma, al grupo de países que han adaptado su legislación de identidad de género al paradigma despatologizador, si bien la ley contiene todavía disposiciones que siguen sin ser del agrado de los colectivos LGTB. ILGA Europe ha saludado lo que considera un muy importante avance, aunque matiza que la ley, en su redacción actual, no supone el punto final en la lucha por los derechos de todas las personas trans. 

Durante décadas, numerosos países han obligado a las personas transexuales a someterse a procedimientos que conllevan directa o indirectamente la pérdida de la capacidad reproductiva como requisito previo a ver reconocida legalmente su identidad de género. De hecho, según un informe de Transgender Europe de noviembre de 2016, 21 estados europeos seguían hacíendolo a fecha noviembre de 2016. La mayoría, del Este de Europa, pero también había algunos occidentales. Otros han eliminado ese requisito hace poco (Suecia, por ejemplo, no lo hizo hasta 2013, mientras que Noruega actualizó su ley en 2016). Y no fue hasta 2014 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó esta práctica y pidió que todas aquellas legislaciones que obligan a este tipo de procedimientos sean revisadas. En la misma línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenaba hace pocas semanas a Francia por haber obligado a hacerlo (el país vecino, de hecho, modificó su legislación en 2016, eliminando dicho requisito, aunque sigue manteniendo el proceso en manos de los jueces).

Bélgica se suma ahora a la lista de países que no solo eliminan ese requisito, sino que tampoco exigen ya la necesidad de un diagnóstico médico o psicológico de “disforia de género” o similar. La ley integra, en este sentido, el principio de autodeterminación de género, que hace además extensivo a los menores por encima de los 12 años. El texto ha recibido un apoyo abrumador de la Cámara de Diputados de Bélgica: de los 123 diputados presentes, 117 han votado a favor, mientras que 6 se han abstenido. No ha habido votos contrarios. Se trata, además, de una ley que no precisa de la intervención del Senado, por lo que entrará en vigor en el plazo de unos pocos días, en cuanto reciba la rúbrica real y sea publicada oficialmente.

En cualquier caso, pese a suponer una evidente mejora y ser más avanzada que las de otros países europeos, la nueva ley belga es consideraba mejorable por los colectivos LGTB. Obliga, por ejemplo, a que las personas que solicitan la modificación tengan que hacer la solicitud en dos pasos, y permite a la fiscalía poder denegarla en un plazo de hasta tres meses. Por lo que respecta a los menores de 12 años, podrán ver reconocido su nuevo nombre pero no la modificación completa de los datos registrales, que tendrá que esperar a que cumplan esa edad. Entre los 12 y los 16 años, además, deberán contar con la conformidad de sus padres o tutores y sí que se les obligará a consultar previamente con un psiquiatra. Por último, la ley solo permitirá utilizar el procedimiento administrativo una sola vez. Si por alguna circunstancia quisiera modificar su sexo legal una segunda vez deberá acudir a los tribunales.

“Se trata de un paso fundamental hacia el pleno reconocimiento de los derechos de las personas trans, aunque no es el paso final”, ha declarado la directora ejecutiva de ILGA Europe, Evelyne Paradis, que ha lamentado que las autoridades belgas se hayan quedado a medio camino, adoptando un procedimiento coherente al 100% con el principio de autodeterminación de género, situandose aún por detrás de países como la ya mencionada Noruega o Malta, que por ejemplo permiten que los menores puedan acceder sin apenas cortapisas.

Por delante de España

Por delante de quien sí se sitúa es de España, cuya ley 3/2007 ha envejecido de forma prematura. De hecho, cada vez es más numeroso el grupo de países que ya han incorporado el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, además de los ya mencionados, de Irlanda y Dinamarca, en Europa. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente.

En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

En España seguimos a la espera de que el Parlamento decida dar el paso (el grupo socialista del Congreso registró en febrero una propuesta de actualización de la ley). Mientras tanto, sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.

Fuente Dosmanzanas

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Veintisiete jóvenes han sido detenidos en Bangladés, acusados de homosexualidad. Al parecer los jóvenes, la mayoría estudiantes de entre 20 y 30 años, se encontraban reunidos en un centro comunitario en Keraniganj, en los alrededores de Daca, la capital. La policía asegura haberles incautado “drogas ilegales” y condones, y todo apunta a que este será el argumento que utilizarán para juzgarlos. La detención del grupo de jóvenes supone un paso más en la escalada de homofobia que sufre este país asiático, de mayoría musulmana.

Un cuerpo de élite de las fuerzas de seguridad de Bangladés realiza una redada contra la homosexualidad en un centro comunitario, arrestando a 27 personas a las que acusan de posesión de drogas. El asalto al centro comunitario, protagonizado por una unidad policial de élite, el Batallón de Acción Rápida (RAB por sus siglas en inglés: Rapid Action Battalion), y se produjo este viernes tras un soplo de que se estaban realizando actividades delictivas como «consumir drogas y realizar actividades encubiertas» en un centro comunitario en Keraniganj, al sur de Daca. Al parecer, los jóvenes, la mayoría estudiantes, acudían de diferentes zonas del país y organizaban encuentros periódicos en el local, donde creían sentirse a salvo en un país que sigue castigando las relaciones homosexuales. Bangladés es uno de los varios países que mantienen todavía en vigor la sección 377, una norma heredada de la época colonial británica, que establece que “el que voluntariamente mantenga relaciones carnales contra natura con varón, mujer, o animal, será castigado con pena de prisión de cualquier tipo, desde reclusión durante diez años hasta cadena perpetua, y podrá ser también castigado con una multa”. El Gobierno de Bangladés, país de mayoría musulmana, rechazó en 2013 su derogación, pese a ser instado a ello por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Desgraciadamente los jóvenes no estaban a salvo. La policía asaltó el centro y detuvo a veintisiete de ellos, además de al responsable del centro. Según un portavoz policial, en el lugar encontraron “drogas ilegales y artículos sexuales como condones y lubricante”, según explica Jahangir Hossain Matabbar, comandante del RAB, señalando que los detenidos se reunían allí periódicamente y se comunicaban entre ellos a través de las redes sociales. Sin embargo, una vez fueron puestos en custodia de la policía, sólo fueron acusados por delitos relacionados con el uso de drogas. De hecho, y dado que los jóvenes no estaban manteniendo relaciones sexuales, el “hallazgo de drogas” será el elemento por el que serán formalmente acusados. «Hemos presentado un caso de narcóticos contra ellos, ya que el RAB encontró Yaba (metanfetamina) y marihuana entre sus posesiones», puntualiza posteriormente Mohammad Jubayer, jefe de la policía local.

Como tantos otros países vecinos de la zona, Bangladés es un país conservador de mayoría musulmana en el que las relaciones secuales entre personas del mismo sexo está considerado como un crimen según la sección 377, en vigor desde la época colonial británica, que contempla penas de hasta cadena perpetua. Aunque las personas homosexuales, bisexuales y transexuales son a menudo víctimas de una fuerte discriminación y abusos que llevan a muchos a ocultar su orientación sexual y su identidad de género por miedo a las represalias, en la práctica, muchas de las demandas contra ellos no prosperan en los tribunales.

Lo ocurrido este viernes es buena muestra de la escalada de homofobia que se vive en Bangladés, un país en el que la situación de las personas LGTB se deteriora por momentos. Un punto de inflexión, en este sentido, fue el asesinato en su domicilio de Daca, hace poco más de un año, de Xulhaz Mannan, activista y fundador de Roopbaan, la la primera y única revista de temática LGBT del país (lanzada en enero de 2014) a manos de extremistas islámicos vinculados con Al Qaeda. Junto a él fue también asesinado Tanay Fahim, otro activista que se encontraba en ese momento con él. Unos asesinatos que se producían en el contexto de una brutal campaña de violencia desatada por islamistas armados contra líderes de opinión contrarios al fundamentalismo islámico.,  Debido al crecimiento del extremismo religioso en la zona, muchos activistas han huido del país después de haber recibido amenazas de muerte. Desde 2013, alrededor de 70 personas han sido asesinadas en Bangladesh por grupos extremistas, siendo algunos de estos crímenes reivindicados pro El Estado islámico y Al Qaeda para el Sur de Asia, aunque el gobierno sostiene que han sido ataques perpetrados por extremistas locales.

Durante las celebraciones del año nuevo bengalí, a mediados de abril, cuatro activistas de derechos de la comunidad homosexual eran arrestados por desfilar con los colores del arco iris, a pesar de la prohibición de manifestarse de esta manera en base a amenazas islamistas, aunque eran liberados pocas horas después. Diez días después, dos activistas eran asesinados a machetazos por miembros de un grupo afiliado a la rama de Al Qaeda para el Subcontinente Indio (AQIS), quienes reivindicaron el ataque explicando que los dos activistas asesinados «eran pioneros en la práctica y promoción de la homosexualidad en Bangladesh» desde 1998, colaborando con la fundación del colectivo Roopbaan, un colectivo defensor de los derechos de la comunidad LGTB en Bangladesh, así como también en la revista de Sulhaz Mannan.

La decisión del Primer Ministro Sheikh Hasina en 2013 fue un hecho sin precedentes con el reconocimiento de un tercer género y  revolucionó al país, ofreciendo al colectivo nuevos derechos y una nueva identidad legal visible en pasaportes y papeles oficiales. El gobierno aceptó y reconoció la existencia de unas 15.000 “hijras” en Bangladesh, aunque grupos militantes dicen que la cifra es más cercana al medio millón.

A pear de ello y de que en noviembre de 2014 se pudo celebrar la primera marcha del Orgullo en Bangladesh , la discriminación y el miedo todavía están íntimamente ligados al colectivo LGBT en muchos países del mundo, como es el caso de Bangladesh. Una encuesta, elaborada por la revista Roopban en 2014, desvelaba que un 59% de los homosexuales vivían con el miedo de que descubran su condición sexual, debido a posibles respuestas violentas y discriminatorias

Este país musulmán todavía tiene mucho que avanzar tanto en derechos sociales como de igualdad de todo tipo. De hecho, muchos de los encuestados afirmaron que sentían que su orientación sexual estaba en conflicto con su identidad religiosa, algunos considerándolo un pecado mortal.

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El Ministerio de Justicia del país confirma que se ha presentado una ley para actualizar el Acta de Derechos Humanos del país y permitir que se modifiquen las opciones de género en los pasaportes. 

Aunque con sus más y sus menos (más menos que más, hay que decir) Justin Trudeau, el Primer Ministro de Canadá, siempre se ha mostrado como un gran aliado del colectivo LGTB, especialmente de las personas trans y de las de género no binario. Y ahora quiere ir un poquito más allá.

Aunque en Canadá una persona puede cambiar el sexo que figura en su pasaporte en cualquier momento, el Ministerio de Justicia ha confirmado que han introducido una ley en el parlamento para actualizar el Acta de los Derechos Humanos del país y estudiar la forma de que los pasaportes canadienses sean de género inclusivo. Es decir: que haya más opciones además de “hombre” o “mujer”.

Como explica la Ministra de Justicia, Jody Wilson-Raybould, aunque la decisión ha sido muy meditada aún faltan muchas cosas por hacer para conseguir la verdadera igualdad: “El primer ministro es muy consciente de la necesidad de incluir una tercera opción o la posibilidad de marcar algo diferente a hombre o mujer. Ese trabajo se está desarrollando ahora en Passport Canada. Varios ministros y personas en cada departamento ya han reconocido que la ley se ha presentado, aunque ahora hay mucho trabajo que es necesario continuar realizando.”

Evidentemente también hay quien está en contra. El senador conservador Don Plett ha dicho que lo de añadir una tercera opción no es “una solución funcional” porque “cuando empiezas a poner otras opciones ¿dónde acabas? ¿Cuántos recuadros vamos a poner?” .

Actualmente Canadá permite que los visitantes extranjeros se identifiquen como de género neutro en sus formularios para entrar al país y, en caso de que se añada esa opción a los pasaportes, se sumaría a países que además de las opciones de “hombre” y “mujer” reconocen un “tercer sexo” con una X, como India (aunque viven discriminados), Nueva Zelanda o Nepal, donde las personas transgénero e intersexuales pueden registrarse como un tercer sexo si así lo desean. una posibilidad que fue autorizada en mayo de 2012, . En Alemania, ya desde 2013, los padres pueden decidir qué sexo debe figurar en el certificado de nacimiento de sus hijos y tienen la opción de dejar en blanco ese campo del certificado. Y en Australia ya desde 2011 es posible que personas transgénero e intersexuales se acojan a una tercera categoría de género (“indeterminado, no especificado o intersexual”) en los pasaportes, sin que ello signifique que las personas transexuales que deseen modificar el género de masculino a femenino o viceversa no puedan hacerlo de acuerdo a los cauces legales establecidos para ello. La Alta Corte australiana daba definitivamente la razón a una militante transgénero de Sydney que llevaba años batallando para conseguir el reconocimiento del estatus de “sexo no identificado” de forma general. Tras conseguirlo momentáneamente en 2010, el eco mediático alcanzado por la noticia (tratada en muchos casos de un modo amarillista) movió al fiscal general de Nueva Gales del Sur a intervenir en el asunto y pedir aclaraciones, al tiempo que la oficina del Registro Civil comunicó a la activista que el certificado que ya le había sido entregado no era válido dado que este solo podía consignar dos posibilidades: o sexo masculino o sexo femenino. Cuatro años después la justicia le dió la razón.

Fuente | Pink News, vía EstoyBailando/Dosmanzanas

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Ayer informábamos de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminaba que los 22 países de la UE que obligan a las personas trans a esterilizarse para poder ver su género reconocido legalmente están vulnerando los derechos humanos y prohíbe su práctica. Hoy, publicaos esta nueva y buena noticia que ya adelantábamos en enero pasado…

Ya no sería necesario un informe médico para pedir un cambio de sexo en el registro civil.

El Gobierno socialista de Portugal aprobó el pasado jueves en consejo de ministros una propuesta de ley que establece el régimen de identidad de género y otorga reconocimiento civil a las personas intersexuales (que tienen características físicas de ambos sexos).

El documento también establece el marco legislativo para los transgénero y los transexuales, “suprimiendo las discriminaciones subsistentes en la ley, como forma de protección y promoción de los derechos fundamentales de estas personas”, recoge el comunicado del consejo de ministros, que no avanza más detalles.

Con ello, el Gobierno que preside Antonio Costa pretende avanzar en el respeto de los derechos humanos de transexuales, transgénero e intersexuales, “con procedimientos que garanticen una mayor calidad de vida y una mayor inclusión de un grupo social que con frecuencia es objeto de discriminación, estigma y violencia”.

El mes pasado, la secretaria de Estado para la Ciudadanía y la Igualdad, Catarina Marcelino, adelantó que la ley que estaba preparando el Ejecutivo establecería que ya no era necesario un informe médico para pedir un cambio de sexo en el registro civil. Además, reduciría la edad mínima para poder realizar esta solicitud de los 18 a los 16 años y garantizaría que los menores transexuales serían tratados en la escuela con el nombre con el que ellos mismos se identificaban. También fue anunciado que la norma prohibiría realizar intervenciones quirúrgicas para asignarles un sexo u otro a las personas intersexuales hasta que fueran lo suficientemente mayores como para elegirlo libremente.

La propuesta de ley aprobada el jueves por el Gobierno deberá ser sometida a tramitación en el Parlamento, donde los socialistas no tienen mayoría absoluta pero están apoyados por otras fuerzas de la izquierda.

¿Y en España, qué?

Portugal se sumará, de esta forma, al cada vez más numeroso grupo de países que respetan legalmente el principio de autodeterminación de género, como Noruega (que reconoce ese derecho también a los menores), Irlanda, Dinamarca o Malta. Este último país, de hecho, está considerado por las organizaciones trans el más aventajado por lo que al tratamiento del sexo legal de los menores se refiere, al no establecer límite de edad inferior para proceder a la modificación. La ley maltesa, además, fue pionera en el mundo al prohibir cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, un paso que ahora decide dar Portugal.

En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando. Y en Escocia ya se están planteando un avance similar.

España, mientras tanto, ha quedado “congelada” en el tiempo y mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la modificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.

El pasado mes de octubre, sin embargo, la Comisión de Igualdad del Congreso aprobaba, con los votos a favor de todas las fuerzas políticas salvo del PP, que prefirió abstenerse, una proposición no de ley que instaba al Gobierno a modificar la legislación. La proposición, que fue presentada por Ciudadanos y recibió aportaciones de PSOE y Unidos Podemos, pedía eliminar tanto el límite legal de 18 años para que así los menores puedan modificar en el Registro Civil la referencia a su nombre y su sexo como la exigencia de un diagnóstico y tratamiento médico.

En la actual coyuntura política española, aunque el PP se opusiera frontalmente a una reforma de este tipo, si las fuerzas que aprobaron esta proposición fuesen capaces de ponerse de acuerdo sobre el texto de una futura ley esta podría ser aprobada en el Congreso y superar un hipotético veto del Senado. Sería complicado, además, que el Gobierno hiciese uso de la prerrogativa que el artículo 134.6 de la Constitución Española le otorga: tener que dar su conformidad a aquellos proyectos de ley que pueda elaborar la oposición cuando supongan “aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario”, prerrogativa que según los analistas el Gobierno de Mariano Rajoy va a defender con uñas y dientes ante el Tribunal Constitucional cada vez que se presente un proyecto de ley que no desea aprobar. Y la actual composición del Tribunal Constitucional, como bien sabemos, es favorable a los postulados del PP por amplia mayoría, y así va a seguir siendo. Está por ver qué sucedería en este caso, en el que parece difícil argumentar que la reforma vaya a suponer un aumento del gasto. El hecho de que el PP se abstuviese y no votase en contra hace pensar que la oposición en este caso podría no ser tan frontal.

En este sentido, el pasado 20 de febrero, el grupo socialista del Congreso registró una propuesta de actualización de la ya anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como “ley de identidad de género”. La iniciativa fue presentada por la diputada socialista Dolores Galovart, que estuvo acompañada de Carla Antonelli, también diputada socialista (en la Asamblea de Madrid, en su caso) e histórica activista trans. El objetivo de la propuesta, entre otros: despatologizar la transexualidad y extender el derecho a ver reconocida legalmente tu identidad de género a los menores de edad. La Proposición de Ley, tal y como ha sido presentada por el grupo socialista (descargar PDF), elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serían necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga/Cristianos Gays

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