Por Airam Fernández, desde Santiago de Chile

Foto: Josean Rivera

La Agrupación Lésbica Rompiendo El Silencio (RS) conoce de cerca al menos seis testimonios de mujeres lesbianas agredidas, torturadas sexualmente o detenidas de forma ilegal en Chile, durante los diez días del Estado de Emergencia decretado el pasado 18 de octubre por el presidente Sebastián Piñera.

Actos de humillación que aluden a la expresión de género, burlas con extorsiones, amenazas de violaciones correctivas o incluso de muerte, por parte de funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden o por familiares o personas vinculadas a estos agentes del Estado, están entre las principales características de estas denuncias recogidas por RS, tras habilitar un número telefónico para contener y orientar a las mujeres vulneradas. Algunas fueron derivadas a la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem).

Los casos están compilados en un informe que RS entregó el fin de semana a la misión técnica enviada a Chile por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, luego de una reunión a la que asistieron junto a otras 200 organizaciones. Esa comisión estará en el país hasta el 22 de noviembre, examinando las denuncias de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las intensas protestas que estallaron hace casi tres semanas y que no parecen detenerse.

Nicole Rojas, encargada del área de investigación de RS, explicó a Presentes que la mayoría de las denuncias son por ataques por expresión de género. En los casos de amenazas con violación correctiva, siempre aparece el arma o luma. “Ese es un agravante porque tiene que ver con una construcción de poder en torno al falo y cómo irrumpe en las cuerpas de las compañeras”, observa.

Las agresiones ocurrieron en diversos puntos de la Región Metropolitana y en otras ciudades del país. Por temas de seguridad, el informe omitió los nombres de las víctimas, quienes hasta ahora no quieren hablar con la prensa.

Herida con perdigones por marchar con bandera LGBTIQ+

18 de octubre: En una manifestación en Santiago, una joven lesbiana denunció ante RS que le dispararon perdigones mientras marchaba, sólo por llevar una bandera LGTBIQ+. El caso fue derivado a Abofem.

La amenazan de muerte por “enferma y maricona”

19 de octubre: Una lesbiana de 29 años, familia de un militar, denunció persecución y agresión verbal por algunos miembros de su círculo familiar. También ha recibido amenazas a través de Facebook y audios de Whatsapp por “enferma y maricona”. Este es el único caso que viene desde antes de las protestas, explicó Rojas, pero en los últimos días las amenazas se agudizaron. La denuncia fue derivada a Abofem para interponer un recurso de amparo.

Detenida y agredida por expresión de género

20 de octubre: Una joven lesbiana de 26 años denunció agresión por expresión de género. Su testimonio indica que uniformados la confundieron con un hombre mientras estaba en una manifestación. La detuvieron ilegalmente y la culparon de encender una fogata. No fue presentada ante la Justicia sino hasta tres días después de su detención, algo ilegal. Según ella, solo estaba viendo lo que ocurría en esa protesta de la Región del Libertador Bernardo O’ Higgins. También fue derivada a Abofem.

Policías la amenazan con violarla para que “deje de ser como es”

22 de octubre: Una lesbiana de 24 años fue alcanzada por un grupo de carabineros en una protesta en Santiago. Dice que su aspecto masculino, o de “camiona”, como les dicen en Chile, llamó la atención de los funcionarios. La insultaron y amenazaron con una violación “correctiva” para que dejara de ser “como es”. La joven decidió no denunciar su caso a instituciones como el INDH porque considera que son “poco relevantes” frente la realidad que vive el país y las violencias habituales que afectan a esta comunidad.

Detenidas por marchar tomadas de la mano

23 de octubre: Una pareja de lesbianas fue detenida por militares al notar que marchaban tomadas de la mano. Denuncian que durante el procedimiento adoptado por Carabineros fueron víctima de abuso sexual, con desnudamiento y tocaciones indebidas. Es un caso de la zona norte de Chile y fue derivado a Abofem.

Ayer, el Instituto de Derechos Humanos (INDH) entregó un balance sobre las querellas presentadas por tortura sexual: en sus nueve años de historia, el organismo ha presentado 33 en contra de Carabineros. 17 de ellas se presentaron sólo en los últimos 19 días.

Rojas recordó que RS se declaró en alerta a principios de año, ante el aumento de los casos de violencia hacia la comunidad LGBT, luego de la golpiza que sufrió la joven lesbiana Carolina Torres, en Pudahuel. “Esta vez, la alerta es aún mayor, pues desde que los militares se tomaron las calles cuando fue decretado el Estado de Emergencia, supimos que estábamos en una situación donde las mujeres de la diversidad sexual, especialmente las lesbianas, podían sufrir violencia por parte de agentes del Estado. Lamentablemente estos casos son los que nosotras conocemos, pero estamos seguras de que hay muchos más de los que no tenemos conocimiento, porque existe mucho miedo a denunciar”, dijo a Presentes.

Otras denuncias

Este miércoles, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) también sostuvo una reunión con la misión de la ONU para denunciar otros episodios de violencia homofóbica cometidos por agentes del Estado. Rolando Jiménez, dirigente de la organización, reportó el caso de dos mujeres lesbianas atacadas por militares y dos ataques a jóvenes gays.

Oscar Rementería, vocero de esta organización, se refirió a otro caso ocurrido ayer en Reñaca, una localidad ubicada al norte de Viña del Mar, donde una mujer fue golpeada con un bate de béisbol por vecinos del sector que trataron de impedir el avance de una marcha. “Sin ninguna razón, la joven fue golpeada en su cabeza, mientras algunos le gritaban negra o lesbiana”, apuntó Rementería.

Fuente Agencia Presentes

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El movimiento LGBTI se reunió con la delegación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en la oficinas de la Cepal.

La agresión se dio el contexto de la alerta generalizada que tuvo lugar durante esta tarde entre los vecinos y comerciantes de Reñaca, tras anunciarse que una marcha llegaría al lugar, y la alcaldesa de Viña del Mar, Virgina Reginato (UDI), llamara a los vecinos a “cuidar su sector”

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció ante los observadores de derechos humanos de la ONU que visitan Chile diversos episodios de violencia homofóbica cometidos por agentes del Estado, al tiempo que repudió una nueva agresión con tintes discriminatorios que ayer afectó a una joven en Reñaca.

En la reunión con los delegados de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos enviados por Michelle Bachelet a Chile, el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, reportó tres abusos cometidos por agentes estatales que en las últimas semanas afectaron a dos mujeres lesbianas, atacadas por militares y a dos jóvenes gays, agredidos por carabineros, existiendo en todos los casos insultos homofóbicos.

“En momentos de crisis y de vulnerabilidad social, la homofobia es una de los males que aflora con violencia en medio de cualquier tipo de conflicto. Esperamos que en todos los casos denunciados, la ONU contribuya a paliar los daños causados, así como a prevenir nuevos atropellos. Estamos hablando de torturas, detenciones arbitrarias y hasta de abusos sexuales cometidos por agentes estatales”, precisó el vocero del Movilh, Oscar Rementería.

El dirigente lamentó además que ayer en Reñaca, una joven fuese golpeada en su cabeza con un bate de béisbol por vecinos del sector que vestían chalecos amarillos para impedir el avance de uno de los manifestantes.

“Sin ninguna razón la joven fue golpeada en su cabeza, mientras algunos le gritaban negra o lesbiana. Pese a ser testigos de esta agresión física y de los insultos Carabineros nada hizo, siendo doblemente grave este atropello, pues refleja vulnerabilidad total de la víctima”, apuntó Rementería.

Junto con solidarizar con la joven agredida, el dirigente llamó a la ciudadanía “a expresarse pacíficamente y a contribuir a erradicar de cualquier conflicto conductas o discursos homofóbicos, clasistas, racistas, sexistas o xenofóbicos. Así no se construye un mejor país, solo se potencian injusticias y el odio”.

Fuente MOVILH

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Se avanza así en el cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa que Chile asumió ante la CIDH.

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, presidida por el parlamentario Felipe Harboe, aprobó hoy por tres a votos a favor y ninguno en contra la idea de legislar el matrimonio igualitario en el marco de una sesión donde expusieron el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y el Observatorio Legislativo y Cristiano.

Votaron a favor de la iniciativa legal de la ex presidenta Michelle Bachelet los senadores Felipe Harboe, Alfonso de Urresti y Francisco Huenchumilla, mientras que los parlamentarios Víctor Varela y Andrés Allamand no asistieron a la sesión.

“Este es un paso para terminar con una discriminación legal y hacernos cargo de una realidad social del chile de hoy”, señaló Harboe. En tanto Huenchillilla destacó que “aprobamos en general el proyecto de ley sobre matrimonio igualitario en la Comisión de Constitución del Senado. Ahora pasa a la Sala del Senado” y De Urresti enfatizó la relevancia de hacer valer el Estado laico en el Congreso Nacional

Tras exponer hoy en la Comisión, el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, dijo que “estamos felices de que por fin el Congreso Nacional dé un paso concreto hacia el matrimonio igualitario, pues esto solo viene a terminar con la vulneración histórica que afecta a parejas del mismo sexo y sus hijos. . El estadillo social, está repercutiendo en todos los planos, esperamos que siga así”.

Esta era la primera vez que la Comisión sesionaba sobre el proyecto de ley desde el 10 de septiembre pasado y tras el estallido social “que entre otras demandas ha levantado el matrimonio igualitario como uno de los principales temas, según reveló el estudio Chilecracia. El Congreso Nacional está en grave deuda, en particular cuando se considera que la mayoría de los parlamentarios dice estar de acuerdo, pero aún no aprueba esta ley. Se debe pasar del discurso a la práctica. Por tanto el resultado de hoy debe ser el mismo en la Sala del Senado”, añadió el Movilh.

En tanto la abogada del Movilh, Mónica Arias, quien también expuso hoy en la Comisión, enfatizó que el proyecto de ley de matrimonio igualitario elaborado por el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet con el concurso de la sociedad civil, “es una obligación internacional que el Estado de Chile asumió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al firmar un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) con nuestra organización. Para la Contraloría General de la República este Acuerdo es legal y vinculante”.

Añadió que “por su lado la Corte Suprema chilena y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado que el matrimonio es un derecho humano, el Tribunal Constitucional ha dictaminado que legislar sobre la materia no contraviene la Carta Magna, el Comité para la eliminación da la discriminación contra la mujer (Cedaw) pidió a Chile aprobar la iniciativa, mientras que la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) hizo similar petición a los Estados de todo el mundo. No hay razón para postergar más este tema”

En la sesión de hoy también expuso la directora del Observatorio Legislativo y Cristiano y líder del Bus del Odio, Marcela Aranda, quien rechazó legislar sobre el matrimonio igualitario.

Ahora la idea de legislar deberá ser votada en Sala del Senado, tras lo cual volverá a la Comisión de Constitución para continuar con su tramitación más específica.

Fuente MOVILH

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El primer ministro de Luxemburgo ha vuelto a dar una lección de visibilidad y compromiso con la igualdad en el ámbito internacional. En un discurso ante el grupo informal LGTB de las Naciones Unidas, Xavier Bettel ha hecho un llamamiento a combatir las expresiones de odio que están en la raíz de la estigmatización y la violencia contra la comunidad. Se trata de la primera vez que un líder abiertamente homosexual aborda los derechos LGTB en Naciones Unidas. Bettel denunció hace unos meses, ante mandatarios de la Liga de Estados Árabes, las leyes que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo en sus países.

La última semana de septiembre tuvo lugar el debate general de la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Al margen de los discursos en el plenario, que reciben la mayor parte de la atención mediática, tuvieron lugar numerosos encuentros temáticos y sectoriales sobre diferentes asuntos. Entre ellos está el Grupo Central LGTBI, una reunión informal de representantes de 29 Estados miembros junto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (presidido por la expresidenta chilena Michelle Bachelet) y las ONGs Human Rights Watch y OutRight Action International.

En este marco es donde el primer ministro de Luxemburgo intervino. En su alegato, Xavier Bettel apeló a su responsabilidad, como líder político abiertamente gay, de alertar sobre el auge de los discursos de odio. Bettel se dirigió a los mandatarios mundiales pero también a cada uno de los ciudadanos que es testigo de expresiones LGTBfobas. «Esto empieza con vuestros políticos, pero alcanza también a una velada familiar, a una cena con amigos, con familia. Si tienen un discurso de odio, nunca lo debéis aceptar», reclamó. El jefe del Gobierno luxemburgués recalcó que la homofobia, a diferencia del hecho de ser homosexual, sí es «una elección personal».

No es la primera vez que Xavier Bettel se destaca en la esfera internacional por su reivindicación de la igualdad LGTB. En febrero de este año, el mandatario participó en la cumbre entre la Unión Europea y la Liga de Estados Árabes, donde hizo referencia a su condición de hombre homosexual casado con otro hombre, un hecho que podría ser castigado con la pena de muerte en muchos de los países representados en la reunión. «Si yo, como persona gay, no hablara de eso, tendría un problema», aclaró posteriormente el primer ministro.

Xavier Bettel nunca ha ocultado durante su carrera política su orientación sexual. Tampoco ha dudado en aparecer acompañado de su pareja con total naturalidad en actos oficiales incluso en El Vaticano, desde que en octubre de 2011, a los 38 años, fuera elegido alcalde de Luxemburgo y se convirtiera en el tercer alcalde abiertamente gay de una capital europea tras París (Bertrand Delanoë) y Berlín (Klaus Wowereit), lo que le convirtió en su día en una de las figuras políticas más importantes del Gran Ducado.

Visibilidad LGTBI al frente de los Gobiernos

Tras su proclamación como primer ministro, Bettel fue también la tercera persona abiertamente homosexual en ocupar la jefatura de Gobierno de un estado soberano, tras la islandesa Jóhanna Sigurðardóttir y el belga Elio Di Rupo. Una vez en el Gobierno, no tardó en promover una ley de matrimonio igualitario, que tomó efectos el 1 de enero de 2015. Tras su boda con el arquitecto Gauthier Destenay, celebrada en mayo del mismo año, se convirtió en el segundo mandatario en contraer matrimonio con una persona de su mismo sexo mientras ostentaba su cargo, pues Jóhanna Sigurðardóttir se casó con Jonina Leosdottir durante su mandato, y el primero de la Unión Europea.

Además de Bettel, actualmente lideran el Gobierno de sus respectivos países el abiertamente gay Leo Varadkar (Irlanda) y la abiertamente lesbiana Ana Brnabić (Serbia).

Fuente Dosmanzanas

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Ministro de Justicia, Hernán Larraín

Está claro que Chile lo hacen todos… pero no todos tienen los mismos derechos.

El Gobierno borró del Plan Nacional de Derechos Humanos el acuerdo internacional de impulsar el matrimonio igualitario. El compromiso fue firmado por el Estado de Chile y Movilh ante la comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y fue además declarado vinculante por la Contraloría.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) anunció hoy que denunciará al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por “romper el compromiso de impulsar el matrimonio igualitario que adquirió internacionalmente con nuestra organización”.

Lo anterior, luego de que el Ministerio de Justicia, encabezada por Hernán Larraín (UDI),  eliminara del Plan Nacional de Derechos Humanos el compromiso de “impulsar” el matrimonio igualitario, cambiándolo por el de solo “monitorear” el proyecto de ley que en la actualidad tramita la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado.

“En 2016 el Estado de Chile firmó con nuestra organización un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) donde se comprometió a impulsar el matrimonio igualitario. Este Acuerdo fue declarado en 2018 legal y vinculante por la Contraloría General de la República En tal sentido, presentaremos un requerimiento ante la Contraloría a objeto de que el Plan Nacional de Derechos se ajuste a este compromiso o se concluya que el Ministerio de Justicia no está cumpliendo con sus deberes en torno al ASA”, señaló el encargado de DDHH del Movilh, Ramón Gómez.

Añadió que “fue en virtud de este Acuerdo de Solución Amistosa que el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet presentó al Congreso Nacional el proyecto de matrimonio igualitario. Y fue también por ello, que añadió el compromiso de impulsar la ley en el Plan Nacional de Derechos Humanos, que ahora el actual Ministerio de Justicia edita y cambia de manera unilateral y sin el concurso de la sociedad civil”.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, añadió que “el Ministerio de Justicia está desafiando a sistema interamericano de Derechos Humanos al romper con los compromisos del Acuerdo de Solución Amistosa, Por ello denunciaremos al Estado ante la CIDH e iremos a la Contraloría”.

Fuente MOVILH

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En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia  del Senado.

El proyecto de ley de matrimonio igualitario que presentó en 2017 la ex presidenta Michelle Bachelet en el marco de un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que el Estado de Chile firmó con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) reactivó hoy su tramitación parlamentaria en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado.

En la ocasión estuvieron los senadores Ximena Órdenes (PPD), Francisco Huenchumilla, (DC) Andrés Allamand (RN), Alfonso De Urresti (PS), Víctor Pérez (UDI), Juan Pablo Letelier (PS) mientras que el profesores derecho civil, Eduardo Court, expuso sobre la materia.

Como oyentes participaron representantes de Iguales y del Movilh, así como la opositora a los derechos humanos, Marcela Aranda.

Durante su presentación Court se refirió al avance del matrimonio igualitario en América Latina, así como a la Opinión Consultiva Número 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual considera que la negación de la plena igualdad legal a las parejas del mismo sexo contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos

Además enfatizó que la “procreación no puede asumirse con un fin del matrimonio”, dada la realidad de parejas que no pueden o no quieren tener hijos.

Sobre la materia, el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, señaló que “esperamos y exigimos que el debate de hoy no sea un paréntesis o una excepción, sino que una constante, de manera que se cumpla lo comprometido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí estamos hablando de igualdad legal para parejas que, a los ojos del Estado, son parias solo en razón de su orientación sexual. Hablamos de iguales condiciones de dignidad y derechos para todas las personas. Este proyecto no afecta a nadie, solo mejora la calidad de vida de un sector históricamente excluido. No hay razones para seguir postergando la aprobación del matrimonio igualitario”.

Esta fue la tercera vez que la Comisión de Constitución del Senado debate sobre la ley desde que ingresó a tramitación parlamentaria el 5 de septiembre del 2017 en el marco del cumplimiento del ASA, un acuerdo que el 9 de marzo del 2018 la Contraloría General de la República declaró como legal y vinculante.

En tanto, en el primer semestre de este año, y en diversas ocasiones, los presidentes del Senado, Jaime Quintana (PPD) y de la Comisión de Constitución Legislación y Legislación y Justicia, Felipe Harboe (PPD), comprometieron en reuniones con los movimientos LGBTI y públicamente que en el transcurso de este año la Sala votará la iniciativa legal.

Fuente MOVILH

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Estos son los países de América que han aprobado el matrimonio igualitario. Hasta el momento suman 11 de 35 países americanos que lo reconocen.

Después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) desclasificara a la homosexualidad como enfermedad mental en 1990, varios países del mundo modificaron sus leyes para reconocer el derecho de la comunidad LGBT+. Uno de los más controversiales ha sido el matrimonio igualitario, las uniones civiles y la adopción homoparental.

Europa occidental es la región geográfica más tolerante con la comunidad de la diversidad sexual, seguida por América. Con la reciente aprobación de Ecuador, suman 11 naciones en este continente que reconocen las uniones entre personas del mismo sexo. A continuación te presentamos los países de América que aprueban el matrimonio igualitario.

Canadá

Fue el primer territorio de América en aprobar el matrimonio igualitario a nivel nacional, en julio de 2005. Sin embargo, antes de esa fecha, este derecho ya había sido aprobado de forma local en las provincias de Ontario, Columbia Británica, Quebec, Yukón, Manitoba, Nueva Escocia, Terranova y Labrador, y Nuevo Brunswick. Después de la aprobación de la Ley sobre el Matrimonio civil, la comunidad LGBT+ también tiene derecho a la adopción.

En junio de 2015 el Congreso de los Estados Unidos aprobó el matrimonio igualitario en todo el territorio. No obstante, antes de esa decisión, en 38 de los 50 estados que conforman a esta nación ya habían sido aprobadas leyes locales que permitían la unión entre personas del mismo sexo. Los únicos estados donde la adopción homoparental no está permitida son Mississippi y Alabama.

México

Hasta la fecha no existe una ley que permita el matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel federal. Un decreto emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015 califica de inconstitucionales todas las leyes que restrinjan el derecho al matrimonio a parejas LGBT+. Hasta junio de 2019, 18 estados del país han aprobado el matrimonio igualitario y la adopción. Y solo algunos municipios de Guerrero, Querétaro y Zacatecas reconocen estos derechos.

El país centroamericano solo reconoce la unión civil entre personas del mismo sexo. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la República determinó como inconstitucionales las leyes que prohibían las uniones homosexuales, por lo que el matrimonio igualitario será permitido desde mayo de 2020. La decisión obedece a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reconocer este derecho.

Puerto Rico

Como un Estado libre bajo la jurisdicción de Estados Unidos, Puerto Rico también aprobó la unión entre personas LGBT+ en junio de 2015, cuando fue aprobado en el país norteamericano. Además, la ley fue ratificada por la Corte Suprema de Puerto Rico en abril de 2016. También está permitida la adopción homoparental.

Argentina

Varias organizaciones LGBT+ de este país lucharon durante varios para que los derechos LGBT+ fueran reconocidos. En julio de 2010 fue aprobado el matrimonio igualitario en todo el territorio, convirtiéndose en el primer país de América Latina en aprobarlo. De acuerdo con la Ley de Matrimonio Igualitario, «el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo».

Brasil

Luego de un enlace de facto entre un brasileño y un británico, la comunidad LGBT+ solicitó a las autoridades políticas el reconocimientos de los enlaces entre personas del mismo sexo. En mayo de 2011, el Supremo Tribunal Federal aprobó la uniones civiles en todo el territorio. Algunos distritos del país, entre los que estaban São Paulo y Espírito Santo, legalizaron el matrimonio igualitario. Fue en mayo de 2013 cuando el Ministerio de Justicia lo permitió a nivel nacional.

Chile

En este país aún no se reconoce el matrimonio igualitario, pero sí las uniones civiles entre personas del mismo sexo. En agosto de 2011, el presidente Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley en el Congreso Nacional para reconocer estas uniones. Después de un largo proceso y con varias modificaciones, la ley fue promulgada por la presidente Michelle Bachelet en abril del 2015.

Colombia

La Corte Constitucional de Colombia reconoció las uniones civiles entre personas del mismo sexo en febrero de 2007. Sin embargo, no gozaban de otros derechos como la adopción o protección contra la discriminación. Fue hasta abril de 2016 cuando la Corte aprobó el matrimonio igualitario en todo el país. De acuerdo con dicha institución, «se consolida una tendencia de respeto a la igualdad y de la exclusión de la discriminación».

Uruguay

El Congreso de Uruguay reconoció las uniones civiles LGBT+ en enero de 2008. Las parejas gozaban de varios beneficios como la jubilación, derechos de herencia, entre otros. Desde septiembre de 2009, las parejas homoparentales tuvieron el derecho a adoptar. Hasta 2013, el Congreso aprobó un proyecto de ley que permitía el matrimonio igualitario en todo el territorio. La ley fue firmada por el presidente Mujica en mayo del mismo año.

Ecuador

Apenas el miércoles 12 de junio de este año fue aprobado el matrimonio igualitario en Ecuador. Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte Constitucional aprobó la ley, dotando a la comunidad LGBT+ de «igualdad, protección legal y libre decisión». La decisión ha sido considera un gran logro tomando en cuenta que Ecuador es uno de los países más conservadores de América del Sur.

Esperemos que pronto todos los países de América y del mundo aprueben el matrimonio igualitario.

Con información de CNN, El País, BBC, UNAM, Justicia PR, Identidad y Diversidad, Animal Político, El País, New York Times, EFE y La Razón, vía SoyHomosensual

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Uno de los hombres ejecutados en Arabia Saudí recientemente confesó haber tenido relaciones sexuales homosexuales con otros cuatro hombres que también se enfrentaban a la pena capital, según informes de los tribunales citados por CNN.

Una confesión presentada en el juicio de 2016 del hombre, que no fue identificado en las noticias, mostró que admitió haber tenido relaciones sexuales con los otros cuatro hombres, así como haber organizado actos de violencia contra el gobierno. Su abogado dijo que el interrogador “inventó” la confesión.

Los documentos judiciales citados en CNN, que se referían a los juicios de 25 hombres que fueron ejecutados el 23 de abril, decían en relación con este caso: “Dijo que hizo todo esto porque pertenecía a la secta chiíta y porque estaba en contra de la secta sunita, y por su odio al Estado y a sus hombres y a sus fuerzas de seguridad”, negó los cargos.

La homosexualidad es ilegal y se castiga con la pena de muerte en Arabia Saudí, que adopta una interpretación estricta de la sharia. La condena de los actos homosexuales se enseña a los alumnos en la escuela, ya que los libros de texto revisados por el grupo de supervisión Liga contra la Difamación (ADL) en noviembre demostraron que promueven la violencia contra los que tienen relaciones sexuales homosexuales, así como contra las mujeres, los judíos, los cristianos y los musulmanes chiítas.

La ejecución masiva en Arabia Saudí fue una de las más grandes en la historia del país. El hombre era una de las 14 personas, todos hombres chiítas acusados de pertenecer a una célula terrorista. Estos 14 hombres fueron nombrados en la lista de las 37 personas, incluyendo tres que eran menores de edad en el momento del arresto, acusados de varios cargos relacionados con el terrorismo que enfrentaron la pena capital en la ejecución masiva de la semana pasada. Uno de los ejecutados fue crucificado.

Uno de los hombres, identificado como Hussein Mohammed al-Musallam por la CNN, afirmó en el juicio que las confesiones eran falsas y que había sido torturado. Dijo que había sufrido varias lesiones, incluyendo una fractura de nariz, clavícula y pierna, y pidió al tribunal que citara los informes médicos del hospital de la prisión como evidencia de apoyo.

El padre de Mujtaba al-Sweikat, que tenía 17 años cuando fue arrestado tras participar en una manifestación y fue uno de los ejecutados la semana pasada, también afirmó que su hijo había sido torturado mientras actuaba como su abogado en el juicio.

“Fue sometido a abusos psicológicos y físicos que agotaron sus fuerzas”, dijo Nader al-Sweikat en una declaración contenida en la hoja de sentencia citada en la CNN, añadiendo que su hijo fue obligado a firmar una confesión dictada por un interrogador para que cesara la tortura.

La ejecución masiva, una de las más grandes en la historia de Arabia Saudita, provocó la condena internacional de varios países, entre ellos el Reino Unido y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Fuente Cromosomax

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La Cámara de Diputados de Chile ha dado su visto bueno a un proyecto de ley que reforma el sistema de adopción en ese país y que, de ser definitivamente aprobado tras su paso por el Senado, permitirá a las parejas del mismo sexo adoptar hijos. Un avance que ha sido festejado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), colectivo que firmó un acuerdo con el Estado de Chile ante la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos para la igualdad legal de las familias homoparentales.

La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados de forma general por 104 votos a favor, 34 en contra y una abstención. En términos generales, el proyecto permite adoptar a un matrimonio, a convivientes civiles o solteros/as, quienes deberán cumplir con requisitos laborales, habitacionales, previsionales y de salud física o mental, además de «capacidades socioafectivas e historia vincular de apego».

Pero además se dio luz verde, a pesar de la oposición y de los posicionamientos abiertamente homófobos de los diputados más recalcitrantes, a diversos articulados que garantizan la adopción homoparental y se rechazaron otras indicaciones, principalmente impulsadas por el Gobierno chileno, que buscaban limitarla. Así, se aprobó por 101 votos a favor, 34 en contra y una abstención que el fin de la ley es «velar por el interés superior del niño, niña o adolescente adoptado, amparando su derecho a vivir y desarrollarse en el seno de una familia, cualquiera sea su composición, que le brinde afecto y le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades espirituales y materiales, cuando ello no le pueda ser proporcionado por su familia de origen».

Por el contrario, se rechazaron dos indicaciones del Gobierno a los artículos 28 y 39, que buscaban establecer que los roles de «padre y madre» debían privilegiarse frente a otros modelos de familia. El ministro chileno de Justicia, Hernán Larraín, anunció de todas formas que insistirá con estas indicaciones durante la tramitación en el Senado. Lamentablemente el Ejecutivo sí que logró introducir un artículo discriminatorio que establece que «si el niño, niña o adolescente manifiesta su voluntad de tener un padre y una madre, el juez deberá considerarlo en forma preferente».

El MOVILH ha agradecido especialmente el trabajo de la Comisión de Familia, cuyo trabajo sobre la propuesta de texto original fue el despejó el camino a la adopción homoparental, y se ha felicitado por el resultado final en la Cámara de Diputados. «Lo ocurrido es un hito que corre desde sus bases las barreras prejuiciosas y homofóbicas que obstaculizan las posibilidades de un niño para encontrar la mejor familia posible. Ha ganado y triunfado el interés superior del niño y esperamos que el proyecto corra la misma suerte en el Senado», ha declarado su portavoz, Rolando Jiménez, que en su momento fue uno de los expertos que concurrió ante la mencionada Comisión de Familia.

Una larga batalla por la igualdad plena

Como en su momento recogimos, el Estado chileno y el MOVILH alcanzaron en 2016 una solución amistosa a la demanda que este colectivo había interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio (puedes descargar aquel acuerdo aquí). El acuerdo implicaba ir más allá de las uniones civiles entre personas del mismo sexo (aprobadas el año anterior) y promover el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y los derechos plenos de parentalidad (que a día de hoy tienen que ser reclamados ante los tribunales), así como la aprobación de una ley de identidad de género y un refuerzo de la legislación antidiscriminatoria (la conocida como «ley Zamudio»), entre otras medidas.

Mientras que la ley de identidad de género fue por fin aprobada en septiembre (tras cinco largos años de tramitación y no sin grandes dificultades en los últimos meses), el resto de avances permanecían sin embargo congelados. Es más, según se filtró en su momento a la prensa chilena, el Gobierno de Sebastián Piñera ha manifestado ante la CIDH que no piensa cumplir el acuerdo por lo que al matrimonio igualitario se refiere. Se acoge para ello a una más que dudosa interpretación de la literalidad del acuerdo, según el cual el Estado chileno se comprometía a tramitar un proyecto de ley de matrimonio igualitario y a (reproducimos literalmente) «adoptar las medidas necesarias, incluidas acciones de promoción, para impulsar la iniciativa del matrimonio igualitario como un asunto que constituye un interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva». Para el Gobierno de Piñera, este compromiso ya se cumplió con la presentación en 2017 por el entonces Gobierno de Michelle Bachelet de un proyecto de ley de matrimonio igualitario, que formalmente no ha sido retirado. El actual Gobierno considera que no está obligado a nada más, dado que «el Estado nunca se obligó a obtener la aprobación legislativa del proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo».

Para el MOVILH, las argumentaciones del Gobierno Piñera no se sostienen, dado que más allá de que el proyecto de ley deba ser aprobado por el Congreso de Chile, el Estado chileno sí se comprometió a una serie de medidas de impulso que no han existido. Para este colectivo, de hecho, el Gobierno de Piñera es consciente de su propia falsedad, y en su momento puso como ejemplo el hecho de que repusiera un sitio web oficial sobre el matrimonio igualitario que había desarrollado junto al anterior Gobierno y que había sido retirado en julio (aunque añadiendo la leyenda «Esta información fue publicada durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet (período 2014-2018)».

Se da la circunstancia de que la CIDH convocó el pasado diciembre su primera audiencia temática sobre matrimonio igualitario en el marco de su 170 período de sesiones. La audiencia fue encabezada por la presidenta de la Comisión, Margarette May Macaulay, quien respondió favorablemente a la petición de los colectivos para que se inste a los Estados a aprobar el matrimonio igualitario y para que se exija particularmente a Chile cumplir sus compromisos internacionales sobre la materia.

En este contexto, el progreso del proyecto de ley de adopción no puede ser visto como una excelente noticia. «Chile dará una inusual señal al mundo: sin duda tendremos adopción homoparental antes que matrimonio igualitario. Ello beneficiará a niños y niños en el corto plazo y dejará en ridículo la prohibición del matrimonio igualitario y, al consecuencia lógica, será también el avance de esta ley», explicaba Rolando Jiménez. Estaremos muy atentos a su evolución.

Fuente MOVILH/Dosmanzanas

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El pasado 19 de marzo, el trabajador público chileno José Miguel Lucero nuevamente fue víctima de amenazas contra su vida. “Muerte al fleto Lucero”, “tu muerte será lenta” o “te vamos a matar, conocemos todo sobre ti”, son algunas de las frases con las que el trabajador se ha visto hostigado durante su estadía en la Secretaría General de la Presidencia (Segpres). 

A mediados de enero de 2018 se hicieron públicas las amenazas de muerte sufridas por el funcionario de la Secretaría General de la Presidencia de Chile (Segpres), José Miguel Lucero, supuestamente por parte de otro u otros trabajadores del mismo ministerio y debido a su orientación sexual.

Una hoja con letras recortadas que formaban la frase “Muerte al fleto Lucero” apareció clavada con un cuchillo sobre su escritorio el 28 de noviembre de 2017. Esta amenaza directa se sumaba a otros incidentes similares y burlas a las que se había enfrentado en el tiempo que llevaba en el ministerio.

Otro incidente importante en el historial de ataques al funcionario ocurrió en mayo de 2016, cuando depositaron papeles higiénicos con excremento a la mochila del trabajador como forma de amedrentarlo.

Durante ese tiempo, el trabajador habría sido acosado laboralmente por un jefe administrativo y militante del Partido Socialista (PS), identificado como Manuel. Este hombre, la única persona que tiene una mala relación con Lucero en el ministerio, habría hecho compleja su estadía en la Segpres mediante gritos, lanzarle objetos o cuestionar en público sus habilidades para el cargo.

Todos estos hechos fueron investigados por medio de sumarios administrativos internos de la Segpres. Sin embargo, éstos no pudieron identificar al o los responsables de las amenazas hacia Lucero. Tampoco acreditaron el acoso laboral sufrido por el funcionario.

Dado que hace un tiempo fue traslado al área de Recursos Humanos, los últimos meses de Lucero en la Segpres habían sido más tranquilos. Sin embargo, este 19 de marzo de 2019 recibió una nueva amenaza, esta vez mediante siete mensajes a su correo institucional y un tweet que anunciaba una agresión directa.

El posteo en la red social provino de la cuenta @fletoluceromat1 -actualmente desactivada- y adjuntaba un pantallazo de la ficha interna del trabajador en los sistemas de la Segpres. El hecho refuerza la idea de que las amenazas son realizadas por alguien que trabaja en dicho ministerio o que al menos tiene un contacto allí dentro.

En esa línea, el ex subsecretario de la Segpres en el periodo de las amenazas, Victor Maldonado (DC), dice que el ministerio “es un espacio muy pequeño, muy chico. Es difícil que alguien haga algo y no se note. Ahí todo es visible para el resto. No es como el ministerio de Educación o de Salud, que son extremadamente grandes”.

Estas nuevas amenazas inevitablemente hacen mirar y detenerse en cómo se ha enfrentado el caso desde la vía administrativa, que prometió al trabajador afectado entregarle seguridad y justicia luego de los incidentes en su contra.

me ayudan a bloquear a esta cuenta…me amenazan de muerte nuevamente…tengo miedo sí pero no me voy a callar! @Movilh @IgualesChile gracias… pic.twitter.com/C5AsWzWp78

— José Miguel Lucero (@jotaemelucero) 19 de marzo de 2019

La investigación administrativa

En mayo de 2016 fue instruido el primer sumario por el acoso laboral que sufría Lucero al interior de la Segpres. Este finalizó en septiembre del mismo año, entregando como resultado que no se podían acreditar los hostigamientos denunciados y que además no se podía probar los tratos denostativos hacia el funcionario.

Además de algunos testimonios y pruebas -como las fotos de los papeles higiénicos usados en la mochila del trabajador-, también se adjuntaba una licencia médica con fecha 18 de mayo de 2016 que acreditaba que Lucero padecía un “trastorno de ansiedad generado a partir de un acoso laboral de aproximadamente dos meses”.

Con fecha 26 de septiembre y con la firma del subsecretario (s) William García, se sobreseyó el caso, indicando que no existían responsabilidades administrativas en los hechos investigados.

Bajo la administración del subsecretario Maldonado, el 13 diciembre de 2017 se instruyó un segundo sumario. Esta vez por las amenazas de muerte con el objetivo de “asegurar los más altos estándares de seguridad e integridad física” de los trabajadores del ministerio, consignando “la gravedad del asunto”. Este proceso fue llevado por el abogado Nicolás Facuse (PS).

Con esta nueva investigación interna se buscaba “determinar las eventuales responsabilidades del o los funcionarios que pudieran haberse visto involucrados en los hechos”. Sin embargo, este sumario tampoco encontró al o los culpables.

A inicios de la administración del presidente Sebastián Piñera se volvió a instruir un sumario por el acoso laboral contra Lucero, supuestamente motivado por la gravedad que constituían las amenazas de muerte. Este tampoco tuvo un resultado favorable para el funcionario afectado, puesto que el 10 de julio se sobreseyó la investigación, apelando a que no existieron hechos “que califiquen como maltrato laboral según las normas vigentes”.

En la actualidad, permanece en curso una cuarta investigación administrativa. Un vez más el objetivo del proceso es determinar responsabilidades. No existe hasta el momento una fecha fijada para esta nueva resolución.

La respuesta de las autoridades

Una de las autoridades relacionadas directamente a este caso es el ex ministro de la Segpres en la administración de la presidenta Michelle Bachelet, Gabriel de la Fuente (PS), quien asumió el 6 de octubre de 2016 las funciones de subsecretario. Más tarde, el 31 de agosto del 2017, asumiría el liderazgo de la cartera.

Consultado por El Desconcierto sobre la forma en que se llevó este infructífero proceso, el socialista comenta que “nos ceñimos estrictamente a lo que señala la ley, particularmente en el caso del sumario administrativo, que establece el estatuto administrativo. Paralelamente, se hizo la denuncia a la fiscalía, dada la gravedad de los hechos”.

De la Fuente agrega que además tuvo la oportunidad de entrevistarse con Lucero tras los amedrentamientos. Sin embargo, dicha cita se habría concretado después de que los hechos se hicieran públicos en la prensa. “Lo invité a que se reuniera conmigo, para darle todas las garantías y decirle que cualquier tipo de ayuda que pudiéramos brindarle nosotros lo íbamos a hacer. Tratamos de generar la mayor contención que pudimos en esa oportunidad”, cuenta.

Fuentes cercanas a Lucero indican que aquella reunión tuvo principalmente un rol testimonial y de formalidad, puesto que no se habrían asegurado medidas concretas para proteger el bienestar del trabajador.

Al ser consultado sobre estas y otras críticas a su gestión durante este proceso, De la Fuente responde que no quiere polemizar respecto al caso de Lucero. “Me parece absurdo hacerlo, porque él es la víctima”, indica.

El abogado es tajante en que desde su administración se ajustaron a lo que determina la ley y que hasta su salida de la cartera por el cambio de gobierno el caso aún no determinaba culpables. “Pedimos a quienes instruían el sumario que actuaran con la mayor acuciosidad posible, pero nadie puede inmiscuirse ni dirigir, por muy ministro que sea, por muy subsecretario que sea, en el sumario cuando ya está instruido”, asegura.

Sobre el caso en detalle, indica que “como ministro no estaba al tanto de todas y cada una de las cosas que ocurrían al interior del ministerio. Más aún cuando hay un jefe de servicio que es el subsecretario”.

Por su parte, el ex subsecretario Maldonado -aludido por De la Fuente- indica que el proceso de instrucción de sumarios se llevó con normalidad. “El caso era complejo y muy serio por el número de amenazas sufridas por el funcionario, pero no recuerdo que haya habido críticas en ese momento sobre la forma en que se llevó el sumario”, explica.

Maldonado, además, señala que la investigación estuvo dentro de los plazos reglamentarios. “No hubo nada en ese momento que afectara las normas, los procedimientos, los tiempos o la información a la persona que hizo la denuncia”, asegura.

A pesar de que en su momento el Movilh solicitó la intervención directa de Bachelet en este caso, el ex subsecretario aclara que este tema fue manejado exclusivamente por las autoridades del ministerio. Asimismo, la ex presidenta tampoco se refirió públicamente al tema ni estableció contacto con la víctima.

El caso en la justicia

En paralelo a la investigación administrativa, luego de las amenazas de noviembre de 2017, se inició un acción legal ante la justicia. Este proceso duró cerca de un año y en diciembre de 2018 fue cerrado por la falta de pruebas concluyentes para determinar al o los responsables de los graves actos.

Mediante las gestiones de la oficina de abogados Albagli & Zaliasnik, a inicios de este año se apeló a la decisión y se permitió que se continúe investigando el caso.

La abogada querellante, Elisabeth Mathei, indicó a El Desconcierto que los “hechos están bastante probados, pero lo que ha sido difícil es probar quiénes son los responsables. Por eso no se ha podido avanzar en formalizar la investigación”.

Para este proceso, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) ha acudido en un par de ocasiones a las inmediaciones del edificio de la Segpres. Asimismo, distintos trabajadores y ex funcionarios han debido comparecer a declarar en dicha causa, entre ellos, la ex jefa de gabinete de la ex subsecretaria Patricia Silva (PS), la también socialista, Gabriela Hip, quien cumplió el rol de interlocutora en el proceso administrativo.

Como una causa aparte será llevada una investigación por las amenazas cibernéticas recibidas por Lucero hace unas semanas a través de Twitter y correo electrónico. En este caso, la abogada espera que sea más sencillo encontrar al o los responsables mediante el rastreo de la IP del dispositivo desde el que se hicieron las amenazas.

Fuente El Desconcierto, vía SentidoG

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Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU en Derechos Humanos, exige a Brunéi que el nuevo y terrorífico Código Penal no entre en vigor.

Hace unos días sabíamos que el sultanato de Brunéi comenzará a partir de este jueves 4 de abril de 2019 a sentenciar a muerte a personas acusadas de homosexualidad o de adulterio. El nuevo Código Penal del país está basado en la interpretación más estricta de la ley islámica, la sharía, y aunque hace años que el sultán tiene la intención de aplicar la pena de muerte por lapidación para estos casos. La presión internacional hizo que Brunéi dejara en suspenso la aplicación de esa ley, pero hace unos días salió a la luz un documento de la Fiscalía que había pasado desapercibido hasta el momento en el que se anunciaba la fecha en que comenzará a aplicarse la ley.

Michelle Bachelet, actual Alta Comisionada de la ONU en materia de Derechos Humanos, ha emitido un comunicado condenando la nueva ley del sultanato que “castiga con pena de muerte delitos como la violación, el adulterio, la sodomía, el sexo extramarital entre musulmanes, el robo, el insulto o la difamación del Profeta Mahoma” y que también “castiga con flagelación el aborto, el robo con amputaciones y criminaliza la exposición de niños musulmanes a las creencias y prácticas de otras religiones que no sean el Islam.“

Es por eso que Bachelet apela al gobierno de Brunéi para que “detenga la entrada en vigor de este nuevo código penal draconiano, que marcaría un serio retroceso para los derechos humanos de los ciudadanos de Brunéi si se implementa“. Bachelet también recuerda que “la evidencia muestra que la pena de muerte se aplica de forma desproporcionada contra personas que ya son vulnerables, y hay un alto riesgo de errores judiciales.“

La Alta Comisionada exige que el gobierno mantenga la moratoria “de facto” que existe sobre la aplicación de la pena de muerte y recuerda que “ninguna legislación basada en la religión puede vulnerar los derechos humanos, incluyendo los derechos que los forman parte de la mayoría religiosa como de las minorías religiosas o los no creyentes. Los derechos humanos y la fe no son fuerzas opuestas; es, de hecho, la interpretación humana la que crea tensiones“.

El comunicado de Bachelet llega poco después de que la oficina del primer ministro de Brunéi emitiera un comunicado en el que defendían este nuevo código penal asegurando que “La Ley Sharía, aparte de criminalizar y disuadir frente a actos que son contrarios a las enseñanzas del Islam, también busca educar, respetar y proteger los derechos legítimos de todos los individuos, sociedades o nacionales de todas las fés y razas.”

George Clooney fue uno de los primeros famosos en expresar su oposición a las intenciones de Brunéi, proponiendo además un boicot a varios hoteles por todo el mundo que son propiedad del Sultán de Brunéi. A Clooney se ha sumado también el cantante Elton John, que en un tweet ha mostrado apoyo a los trabajadores de esos hoteles (“muchos de los cuales sabemos que son gais“) y recuerda que “debemos mandar un mensaje, como podamos, de que ese tratamiento es inaceptable. Por eso David y yo hace mucho que nos negamos a quedarnos en esos hoteles y por lo que seguiremos haciéndolo. Esperamos que os unáis a nosotros en solidaridad.“

We must send a message, however we can, that such treatment is unacceptable. That’s why David and I have long refused to stay at these hotels and will continue to do so.

We hope you will join us in solidarity.

— Elton John (@eltonofficial) 30 de marzo de 2019

Fuente Towleroad, vía HazteQueer

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El Movilh festejó que por primera vez en la historia del país un parlamentario se pronunciara a favor del matrimonio igualitario al asumir como máxima autoridad del Congreso Nacional.

 El parlamentario Jaime Quintana (PPD) “marcó hoy un hito para los derechos humanos de las parejas y familias homoparentales al convertirse en el primer legislador en comprometer la aprobación del matrimonio igualitario al momento de asumir como máxima autoridad del Congreso Nacional”, consideró hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

En efecto, al asumir como presidente del Senado, Quintana sostuvo que “tengo la profunda convicción, al igual que muchos de ustedes, que este año la sala del Senado debe aprobar el proyecto de ley de matrimonio igualitario (…) Aprobar el matrimonio igualitario es un paso civilizatorio, un paso necesario si de verdad queremos hablar de derechos humanos sin exclusiones ni discriminaciones”.

Las posibilidades de que el proyecto ve la la luz este año en el Senado, incrementan al considerar que la vicepresidencia fue asumida por el parlamentario Alfonso De Urresti, quien también respalda la iniciativa legal elaborada bajo la administración de la ex presidenta Michelle Bachelet en el marco de un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) firmado con el Movilh ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 Para el Movilh, “con su discurso Quintana ha marcado un hito para el Congreso Nacional y los Derechos LGBTI”. Él ha dado la señal política más contundente a favor del matrimonio igualitario proveniente hasta ahora desde el Senado. Podemos decir que la lucha que iniciamos hace 27 años en torno a esta norma, ya tiene una horizonte claro a la vista”.

”Nos sentimos felices con este anuncio, que viene a hacer justicia en torno a una brutal e irracional desigualdad legal que pesa sobre las parejas y familias solo por su orientación sexual”, finalizó el Movilh, organismo que junto a la Fundación Iguales fue invitado a la ceremonia que hoy tuvo lugar en el Congreso Nacional.

El proyecto de ley se encuentra radicado la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, cuyo presidente Felipe Harboe, también se ha comprometido con el Acuerdo de Solución Amistosa y con la ley.

Fuente MOVILH

Foto: Agencia Uno.

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Nos alegran mucho estas noticias. Porque a diferencia de lo que mucha gente poco empática pueda pensar, ser tran no es fácil. En una sociedad donde pesan más convicciones religiosas que creencias científicas, donde un pensamiento patriarcal se impone por sobre la libertad humana, muchas veces hemos encontrado textos en los que se refieren a las personas trans como “disfrazadas” del sexo contrario o que no aceptan su realidad. Increíble.

La lucha con el propio cuerpo, con el sistema, a veces con la familia y los amigos, implica un espíritu de superación y de lucha que es realmente admirable. Así lo ha demostrado, por ejemplo, la adolescente chilena Arlén Aliaga.

El Liceo 1 Javiera Carrera, donde por ejemplo estudió la ex presidenta Michelle Bachelet, es un colegio exclusivo para mujeres de Santiago de Chile. Y en un hecho sin precedentes ha aceptado la matricula de Arlén.

En el colegio en el que estudiaba hasta hace poco no le permitían llevar el uniforme de las chicas, estaba obligada a usar el de los chicos, lo que resultaba muy frustrante. Cuando se cansó de luchar con esas mentes cerradas comenzó la búsqueda de un centro que le permitiera ser ella misma.

Pero tampoco fue fácil. Para ser aceptada necesitó la presión de los medios de comunicación y la ayuda expresa del alcalde de la comuna.

Arlén ha sido acompañada por los medios de comunicación en su primer día de clases. “Es un día histórico, quizás soy la primera. Sé que hay otras personas que lo intentaron antes pero no pudieron, y claramente se pudo. Ahora estudio en el liceo que quiero”.

La madre de Arlén, Paola Muga, declaró que estaba feliz y tranquila. “Estoy convencida de que este va a ser un espacio resguardado y protegido para mi hija, en donde no van a seguir siendo vulnerados sus derechos; se le va a respetar, y lo mejor de todo es que se reconoce su identidad”.

Es una buena noticia para todos los adolescentes trans en Chile. Y un regalo muy especial para Arlén, puesto justo sucede cuando cumple 18 años. Felicidades Arlén, por tu mayoría de edad y tu lucha.

Fuente Oveja Rosa

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El país ha eliminado de su código penal el artículo que criminalizaba la homosexualidad y que fue redactado en 1886.

El Parlamento de Angola ha aprobado un nuevo Código Penal que supone el fin de la criminalización de las relaciones homosexuales en ese país. Una magnífica noticia que convierte al país africano en el primero en despenalizar la homosexualidad en este año 2019. El cambio va incluso más allá, al sumarse a la prohibición de discriminar a personas en base a su orientación sexual.

El pasado miércoles 23 de enero Angola hizo historia al convertirse en el primer país del mundo en despenalizar la homosexualidad en 2019. La iniciativa se aprobó con 155 votos a favor, uno en contra y siete abstenciones.

Hasta el momento la homosexualidad en Angola podía suponer penas de cárcel de 6 meses a 3 años por lo que se consdieraban “actos contra natura“. Esa ley formaba parte del Código Penal aprobado en 1886 y que el país no ha reformado ni una sola vez desde que en 1975 se independizó de Portugal.

Los legisladores aprobaron la aplicación de un proyecto de ley que reforma el Código Penal de 1886, el cual contenía prohibiciones y concepciones heredadas de la época colonial. El Código Penal vigente hasta el momento, heredado de la época colonial portuguesa, castigaba a quienes practicaren de manera habitual actos contra natura. Es cierto que en Angola, a diferencia de otros países de África, la homosexualidad no ha sido objeto de persecución sistemática, pero la persistencia de una norma que podía ser aplicada a cualquier tipo de relación homosexual mantenía en una situación especialmente vulnerable al colectivo LGTB. El nuevo Código Penal elimina esta posibilidad.

Ya el último informe sobre homofobia de Estado de ILGA, de hecho, dejaba entrever una buena predisposición por parte de las autoridades angoleñas a modificar la situación. «En 2013, la delegación de Angola respondió a una pregunta del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre discriminación social de las personas en función de su orientación sexual, diciendo: ‘El principio de igualdad se encuentra consagrado en la Constitución, pero mensurar la discriminación contra los homosexuales en la sociedad es difícil. Sin embargo, las actitudes culturales estarían cambiando. Por ejemplo, la representación de dos parejas de personas del mismo sexo en una telenovela angoleña no fue condenada por los televidentes», puede leerse en el informe, que también destaca como hecho positivo que la institución nacional encargada de los derechos humanos incluya la orientación sexual en sus trabajos. Precisamente en junio de 2018 anticipamos la mejora de la situación del colectivo LGTB en Angola, cuando recogimos la noticia de la legalización del primer colectivo LGTB en la historia del país, Íris Angola.

Con la reforma, el Código Penal de Angola no se limita a la despenalización de las relaciones homosexuales, sino qué también prohíbe la discriminación en el empleo basada en la orientación sexual de las personas. Así, por ejemplo, rechazar a un trabajador o negarse a prestar servicios a un ciudadano por su orientación sexual podría costar hasta dos años de cárcel.

La decisión ha sido saludada no solo por entidades LGTB (como ILGA, organización paraguas que agrupa a colectivos de todo el mundo) o de defensa de los derechos humanos (como Human Rights Watch), sino también por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que dirige desde septiembre de 2018 la expresidenta chilena, Michelle Bachelet:

Con esta decisión, Angola se convierte en el primer país en despenalizar la homosexualidad durante 2019. Por su parte, el  partido que gobierna el país se mostró a favor de la decisión y dijo que el nuevo Código Penal era “genuinamente angoleño”.

“Al eliminar esos vestigios arcaicos de la época colonial, Angola rechaza las discriminaciones  basadas en la orientación sexual”, señaló Human Rights Campaigne (HRC), una de las organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos más importantes del mundo, por medio de un comunicado. Tal y como informa la Human Rights Watch, el parlamento del país ha aprobado un nuevo Código Penal que no contempla la homosexualidad como delito, protege frente a la discriminación en el empleo en base a la orientación sexual y que, en algunos casos, también despenaliza el aborto.

El año pasado, se produjo ya un triunfo para el colectivo LGBT en África. La asociación Íris Angola logró que tras cinco años de espera, al fin el Gobierno de esa nación, formalizara su registro legal. En este país, donde la ley no menciona la actividad homosexual, la comunidad LGBT vive de forma anónima y discriminada en el acceso a la salud y educación.

Alrededor de 70 países siguen penalizando la homosexualidad

Según el mencionado informe de ILGA, publicado por última vez en 2017, 72 estados criminalizaban los actos sexuales consentidos entre personas adultas del mismo sexo  a través de diversas figuras legales como la “sodomía” y las “relaciones sexuales no tradicionales”; asimismo, se castiga a las personas LGBT bajo leyes relacionadas con la moralidad y la conservación del orden, con datos de detenciones recientes bajo estas leyes en 45 estados. El dato suponía una mínima mejoría respecto a lo que el mismo informe recogía en 2016, cuando 74 países penalizaban las relaciones homosexuales (según el criterio de ILGA, ya que según la fuente a la que se recurra pueden existir diferentes criterios interpretativos sobre cuál es la realidad legal en algunos países y territorios).

A la espera de una nueva evaluación de la situación, que previsiblemente se publicará este año, hoy día hay que excluir de esa lista al menos a los países más recientes en despenalizar la homosexualidad son  Trinidad y Tobago e India, el primero anuló las prohibiciones contra las relaciones del mismo sexo en abril del año pasado, y la Corte Suprema de Trinidad y Tobago ha confirmó su sentencia del pasado mes de abril en la que declaraba que la penalización de la homosexualidad vulneraba la Constitución y emitió el texto que reforma los artículos afectados del Código Penal. Asimismo, denegó al Gobierno la solicitud de suspender la sentencia. Recordemos que la Iglesia Católica se manifiestó a favor de la despenalización de la homosexualidad en Trinidad y Tobago; mientras que la corte suprema de India lo hizo en septiembre de 2018.

Fuente Agencias e información de HRC/Dosmanzanas/Cristianos Gays

Imagen tomada de Global Voices.

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Santiago de Chile ha acogido este fin de semana una multitudinaria marcha por el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, convocada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), bajo el lema «Basta de bla-bla». «Cuando las encuestas dicen que la mayoría los chilenos y chilenas respalda la adopción homoparental y el matrimonio igualitario, las más de 80 mil personas asistentes hoy a la marcha demuestran ello. El país en su mayoría no tolera que existan familias de primera y segunda categoría», ha defendido la portavoz del MOVILH Daniela Andrade. Según un reciente estudio, el 64,5% de los congresistas está a favor del matrimonio igualitario y el 65,6% de la adopción homoparental, a pesar de que el presidente Piñera se niega a cumplir el acuerdo sobre matrimonio igualitario firmado en 2016 entre el Estado chileno y el MOVILH ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Con la marcha, argumenta el activista chileno Rolando Jiménez, «también recordamos que el Estado de Chile firmó una acuerdo con nuestra organización ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para impulsar el matrimonio igualitario. Pese a que el Acuerdo es legal y vinculante, según lo señalado por la propia Contraloría General de la República, el Estado aún no cumple su promesa, lo cual es gravísimo, pues deja a Chile como un país que no cumple con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos».

Según un reciente estudio del Laboratorio Constitucional de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, que entrevistó a 183 de los 198 congresistas, es decir al 92,4% del total,  el 64,5% está a favor del matrimonio igualitario y el 65,6% respalda la adopción homoparental.

«Estas cifras coinciden con cálculos de nuestra organización y demuestran que aquí se debe pasar del discurso a la práctica. Si la mayoría apoya, no hay razón alguna para seguir postergando la adopción homoparental o el matrimonio igualitario. Pese a ello, este último proyecto de ley no se discute desde noviembre del 2017 en el Congreso. Los discursos se deben llevar a la práctica. No más bla-ba», señala el responsable del MOVILH Oscar Rementería.

El conservador Piñera no quiere avances igualitarios

Como en su momento recogimos, el Estado chileno y el Movimiento de Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) alcanzaron en 2016 una solución amistosa a la demanda que este colectivo había interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio (puedes descargar aquel acuerdo aquí). El acuerdo, considerado histórico en su momento, implicaba ir más allá de las uniones civiles entre personas del mismo sexo (aprobadas el año anterior) y promover el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y los derechos plenos de parentalidad (que a día de hoy tienen que ser reclamados ante los tribunales), así como la aprobación de una ley de identidad de género y un refuerzo de la legislación antidiscriminatoria (la conocida como «ley Zamudio»), entre otras medidas.

Mientras que la ley de identidad de género era aprobada en septiembre (tras cinco largos años de tramitación y no sin grandes dificultades en los últimos meses), el resto de avances permanecen sin embargo congelados. Es más, según se filtró a la prensa chilena, el Gobierno de Sebastián Piñera manifestó ante la CIDH que no piensa cumplir el acuerdo por lo que al matrimonio igualitario se refiere. Se acoge para ello a una más que dudosa interpretación de la literalidad del acuerdo, según el cual el Estado chileno se comprometía a tramitar un proyecto de ley de matrimonio igualitario y a (reproducimos literalmente) «adoptar las medidas necesarias, incluidas acciones de promoción, para impulsar la iniciativa del matrimonio igualitario como un asunto que constituye un interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva».

Para el Gobierno de Piñera, este compromiso ya ha sido cumplido con la presentación en 2017 por el entonces Gobierno de Michelle Bachelet de un proyecto de ley de matrimonio igualitario, que formalmente no ha sido retirado. El actual Gobierno considera que no está obligado a nada más, dado que «el Estado nunca se obligó a obtener la aprobación legislativa del proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo».

Audiencia sobre matrimonio igualitario de la CIDH

Se la la circunstancia de que la CIDH ha convocado su primera audiencia temática sobre matrimonio igualitario. La histórica audiencia tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en el marco de su 170 período de sesiones, que se desarrollará en Washington. La petición, a demanda de varios movimientos LGTB latinoamericanos, ha sido  coordinada precisamente por los abogados que representaron al MOVILH en su demanda internacional por el matrimonio igualitario, los juristas Hunter Carter, Ciro Colombara y Branislav Marelic.

Fuente MOVILH/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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La entidad pretende cambiar el compromiso de “promover” el matrimonio igualitario por el de solo “monitorear” el proyecto de ley, contraviniendo el compromiso internacional de Chile ante la CIDH que la Contraloría declaró vinculante. El Movilh expresó  preocupación al INDH y al ACNUDH, al tiempo que estudia recurrir a la Contraloría.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) lamentó hoy que la Subsecretaría de Derechos Humanos, encabezada por Lorena Recabarren, “esté liderado un proceso que ha tenido entre sus fines desmantelar los compromisos nacionales e internacionales de Chile con el matrimonio igualitario, a un punto que se ha convertido en el principal obstáculo gubernamental para el avance de esta ley y para los derechos LGBTI”.

El vocero del Movilh, Oscar Rementería, precisó que “hemos tomado conocimiento de que Recabarren ha modificado el Plan Nacional de Derechos Humanos que trabajamos con el pasado Gobierno de Michelle Bachelet, cambiando de manera arbitraria, antojadiza e inconsulta el compromiso de “promover” el matrimonio igualitario, por el de solo “monitorear” ese proyecto de ley”.

El dirigente precisó que “se trata de una situación gravísima, por distintas razones. En primer lugar porque el compromiso de impulsar el matrimonio igualitario fue asumido por Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de un Acuerdo de Solución Amistosa que la propia Contraloría General de la República declaró legal y vinculante. Sin ir más lejos, fue en virtud de este acuerdo que el Plan Nacional de DDHH comprometía la promoción del matrimonio igualitario”.

“En segundo lugar, el Plan Nacional de DDHH para ser válido y legítimo requiere del concurso de la sociedad civil, algo que solo garantiza la propuesta del Gobierno de Bachelet, pues la actual Subsecretaría de DDHH ha actuado al total margen de las organizaciones y movimientos sociales”, dijo Rementería.

Apuntó que en virtud de “estos y otros elementos, estamos estudiando recurrir a la Contraloría General de la República, en tanto es el organismo que analizará el Plan Nacional de DDHH, así como el mismo que declaro vinculante el compromiso internacional de Chile con el matrimonio igualitario”.

“Del mismo modo, hoy hemos consultado al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH)  su opinión sobre estos puntos, pues según la prensa, la nueva propuesta del Plan Nacional de DDHH fue trabajada con esas instancias. Sin embargo, dudamos que el INDH o el ACNUDH apoyaran romper con los compromisos de Chile en la temática LGBTI y del matrimonio igualitario”, dijo Rementería.

Fuente MOVILH

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La concejala Carmen Madinagoitia  (RN) sostuvo que Daniela Vega “es hombre, y va hombre, con pirulí y con problemas de próstata”. Por su lado, la diputada Francesca Muñoz (RN) pidió al Gobierno que retiren los materiales educativos sobre diversidad sexual que el Estado elaboró con el Movilh. El Presidente de RN Mario Desbordes afirmó que  “no comparto para nada” los dichos de concejala de Coronel contra Daniela Vega

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció y repudió hoy a la concejala de Coronel, Carmen Madinagoitia (RN) por “emitir violentas, brutales y siniestras declaraciones contra la actriz Daniela Vega”.

En efecto, en el concejo municipal del miércoles pasado, la concejala sostuvo que “Daniel Vega es un hombre y no una mujer y va a morir hombre (…) Bachelet es la que trajo todas estas leyes tontas del aborto, del matrimonio homosexual, de la igualdad de género (…) Daniel Vega es hombre, tiene pirulí, lo siento, y va a morir con pirulí y a va a seguir hombre. Y ojalá el día de mañana no digan que Daniela Vega está enferma de la próstata porque es hombre”.

El vocero del Movilh, Oscar Rementería, sostuvo que “las declaraciones de esta concejala son una clara incitación a la violencia y reflejan un ánimo de dañar y ofender solo porque sí. Se trata de una abuso de poder transfóbico y misógino que raya en la demencia y la irracionalidad. Toda nuestra solidaridad con Daniela”

Añadió que “el municipio de Coronal tiene el deber y la obligación ética de sancionar a esta concejala, mientras que Renovación Nacional debe sí o sí rechazar públicamente estas declaraciones. Caso contrario, se entenderá que el partido las comparte”.

En otro ángulo, Rementería lamentó que la diputada Francesca Muñoz, también de Renovación Nacional, solicitara ayer a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, retirar de los colegios y liceos los materiales educativos sobre diversidad sexual que el pasado Gobierno de Michelle Bachelet diseñó junto al Movilh.

“El gobierno anterior promovió la ideología de género que se ha estado implementando en los establecimientos educacionales a través de circular, orientaciones, charlas, talleres y textos sobre diversidad sexual, sin previo aviso a los padres y apoderados”, dijo Muñoz

Añadió que “en la Región del Biobío niños de cuarto básico fueron obligados a participar en estos talleres de diversidad sexual sin la autorización de los padres. Por lo que le pedí a la ministra Cubillos que retire todos los contenidos educacionales que comprendan la promoción de la ideología de género en los diferentes niveles educativos”.

Para el Movilh, en “su militante homofobia y tranfobia, la diputada Muñoz se ha caracterizado por faltar a la verdad, porque ningún estudiante ha sido obligado a nada en la Región del Biobío”

Rementería puntualizó que “de todas formas Muñoz pierde su tiempo, porque los materiales educativos en cuestión son un compromiso del Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al actual Gobierno no le queda más que respetar este acuerdo”.

El Presidente de RN Mario Desbordes afirma que “no comparto para nada” los dichos de concejala de Coronel

Por su parte, el Presidente de RN Mario Desbordes reaccionó ante las declaraciones transfóbicas de la concejala Carmen Madinagoitia. En tanto, la Comisión de Diversidad del Partido anunció que llevará el caso al Tribunal Supremo.

El presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, y la Comisión de Diversidad del partido fijaron postura ante las brutales declaraciones transfóbicas de la concejala de Coronel, Carmen Madinagoitia, contra la actriz Daniela Vega.

Luego de que el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) pìdiera un pronunciamiento del partido, Desbordes señaló por twitter al activista Oscar Rementería que “No comparto para nada lo que dijo la concejal. Tengo claro la diferencia entre sexo y género y creo que Daniela tiene derecho a su identidad”.

En tanto, el secretario general de RN rechazó “categóricamente las imprudentes y transfóbicas declaraciones de la concejala de Coronel, Carmen Madinagoitía, respecto a Daniela Vega. En RN, partido tolerante y respetuoso, no propiciaremos ni aceptaremos jamás estas faltas de respeto”

Por su lado, la Comisión de Diversidad del partido indicó que “acudiremos al Tribunal Supremo del partido a exigir las máximas sanciones por sus dichos que atropellan gravemente los derechos de la comunidad trans”

Rementería valoró la “reacción de Desbordes, del secretario general y de la Comisión de Diversidad de RN. Esperamos que ello se traduzca en verdaderas sanciones contra la concejala, pues su transfobia y ordinariez son una clara incitación a la violencia”

Fuente MOVILH (1, 2)

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El Movilh repudió las marchas contra los derechos humanos de las personas LGBTI que neonazis y evangélicos realizaron en Chile el fin de semana.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) expresó hoy toda su solidaridad “con las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) y con las familias homoparentales de Brasil, las cuales viven en la incertidumbre sobre el respeto a sus derechos humanos más básicos tras la elección de Jair Bolsonaro como presidente”.

“Vemos con profunda preocupación que Brasil vaya a tener desde enero próximo como máxima autoridad a un personaje que ha amenazado incluso con golpear a personas LGTBI. Como movimiento de derechos humanos no podemos ser indiferentes a esta cruel realidad, por lo que desde ya les decimos a las personas LGBTI de Brasil que no están solas”, sostuvo el Movilh.

El vocero del Movilh, Oscar Rementería, añadió que “nuestra organización, como muchas otras de América Latina y del mundo, estará atenta frente a cualquier abuso que cometa el futuro gobierno brasileño en razón de la orientación sexual o identidad de género de las personas. Acompañaremos a la población LGBTI de Brasil en todas las denuncias que formulen o informes que presenten ante organismos internacionales de derechos humanos, brindándoles todo nuestro respaldo”.

Entre otros discursos de odio, Bolsonaro ha indicado que “no voy a combatir ni a discriminar, pero si veo a dos hombres besándose en la calle, les voy a pegar” o si “el hijo empieza a estar así medio gay, lleva una zurra (golpiza) y cambia su comportamiento”.

En este contexto, Rementería calificó de “deseable y necesario que en sus felicitaciones de protocolo a Bolsonaro, los Gobiernos y Estados del mundo expresen solidaridad con grupos históricamente discriminados que hoy están más atemorizados que nunca en Brasil. Ningún protocolo, ni la diplomacia, pueden imponerse sobre el respeto total a la universalidad de los derechos humanos”.

El dirigente advirtió, por último, “que estamos evaluando manifestaciones contra la primera visita de Bolsonaro Chile. El presidente electo debe saber que no será bien recibido en ningún país por la población LGBTI mientras no garantice el más pleno respeto a los derechos humanos de todas las personas con orientación sexual o identidad de género diversa”.

Marcha del odio

En otro ángulo, el Movilh lamentó las marchas que “grupos anti-derechos realizaron el sábado para oponerse a la igualdad y dignidad de las personas con orientación sexual o identidad de género diversa”.

Se trató de la denominada “Marcha contra la Ideología de Género”, también llamada “Marcha por Jesús”,  que tuvo lugar en Arica, Iquique, Alto Auspicio, Calama, Copiapó, Coquimbo,  La Serena, Rancagua, Talca, Concepción, Temuco y Santiago, entre otras ciudades.

Según lo señalado por la Agencia Católica de Noticias Aciprensa, la marcha buscó “rechazar los proyectos de ley que atentan contra la vida y la familia (…) Las familias se manifestarán contra los proyectos que son parte del acuerdo firmado en junio de 2016 entre el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y el Estado chileno -entonces liderado por Michelle Bachelet, con mediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

El Movilh denunció que “esta marcha no tiene un ente organizador claro, pero al conocerse sus convocantes, es claro que se trata de una alianza evangélica-neonazi contra los derechos humanos de las personas LGBTI y de las mujeres”.

Entre otros convocaron a la marcha los colectivos neonazis Movimiento Social Patriota y Nacionalismo Cristiano, así como los grupos evangélicos “Defiendo Chile” y “Padres Objetores”, a los que se sumó el ex candidato presidencial José Antonio Kast.

“Llamamos a las personas a no dejarse engañar por estos discursos de odio, así como a proteger a los niños, niñas y adolescentes de estas acciones que promueven la violencia contra otras personas, dando ejemplos negativos y dañinos para la calidad de vida”, puntualizó Rementería.

Fuente MOVILH

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Lo publicábamos hace unos días… El Gobierno de Sebastián Piñera se niega a cumplir el acuerdo alcanzado entre el Estado chileno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el cual Chile se comprometía a promover una ley de matrimonio igualitario. El nuevo Gobierno conservador argumenta que los compromisos alcanzados en ese acuerdo ya están satisfechos con la presentación por el anterior Gobierno de un proyecto de ley de matrimonio igualitario que aunque no ha progresado (ni el Gobierno de Piñera ha demostrado interés alguno en que lo haga) formalmente no ha sido retirado.  

Como en su momento recogimos, el Estado chileno y el Movimiento de Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) alcanzaron en 2016 una solución amistosa a la demanda que este colectivo había interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio (puedes descargar aquel acuerdo aquí). El acuerdo, considerado histórico en su momento, implicaba ir más allá de las uniones civiles entre personas del mismo sexo (aprobadas el año anterior) y promover el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y los derechos plenos de parentalidad (que a día de hoy tienen que ser reclamados ante los tribunales), así como la aprobación de una ley de identidad de género y un refuerzo de la legislación antidiscriminatoria (la conocida como «ley Zamudio»), entre otras medidas.

Mientras que la ley de identidad de género ha sido aprobada hace pocas semanas (tras cinco largos años de tramitación y no sin grandes dificultades en los últimos meses), el resto de avances permanecen sin embargo congelados. Es más, según se ha filtrado a la prensa chilena, el Gobierno de Sebastián Piñera ha manifestado ante la CIDH que no piensa cumplir el acuerdo por lo que al matrimonio igualitario se refiere. Se acoge para ello a una más que dudosa interpretación de la literalidad del acuerdo, según el cual el Estado chileno se comprometía a tramitar un proyecto de ley de matrimonio igualitario y a (reproducimos literalmente) «adoptar las medidas necesarias, incluidas acciones de promoción, para impulsar la iniciativa del matrimonio igualitario como un asunto que constituye un interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva».

Para el Gobierno de Piñera, este compromiso ya ha sido cumplido con la presentación en 2017 por el entonces Gobierno de Michelle Bachelet de un proyecto de ley de matrimonio igualitario, que formalmente no ha sido retirado. El actual Gobierno considera que no está obligado a nada más, dado que «el Estado nunca se obligó a obtener la aprobación legislativa del proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo».

Para el MOVILH, las argumentaciones del Gobierno Piñera no se sostienen, dado que más allá de que el proyecto de ley deba ser aprobado por el Congreso de Chile, el Estado chileno sí que se comprometió a una serie de medidas de impulso que no han existido. «Es falso que el Gobierno ya hubiese cumplido con el impulso del matrimonio igualitario. Es de conocimiento público que el actual Gobierno no ha hecho ninguna gestión a favor del matrimonio igualitario, por tanto, mal podría cumplir con su impulso. Esta evidente falta a la verdad del Ejecutivo deja en muy mal pie los niveles de confianza y transparencia que se requieren para dialogar sobre cualquier ASA [Acuerdo de Solución Amistosa]», ha expresado el MOVILH. «Para la CIDH es claro que a través del ASA el Estado de Chile se obligó a impulsar el matrimonio igualitario y que, por tanto, el cumplimiento del acuerdo pasa por adoptar medidas al respecto. Que el Gobierno niegue ello, y con publicidad a través de la prensa, es de gravedad extrema, así como un insulto y una falta de respeto a la CIDH y a nosotros/as, en calidad de peticionarios/as», añade.

Para el MOVILH, de hecho, el Gobierno de Piñera es consciente de su propia falsedad, y ha puesto como ejemplo el hecho de que ahora haya repuesto un sitio web oficial sobre el matrimonio igualitario que este colectivo había desarrollado junto al anterior Gobierno y que había retirado en julio (aunque añadiendo, eso sí, la leyenda «Esta información fue publicada durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet (período 2014-2018)».

Habrá que ver qué medidas adopta a partir de ahora la CIDH ante este evidente incumplimiento de un acuerdo que en su momento supuso la paralización de la demanda del MOVILH. Estaremos atentos, aunque en cualquier caso la batalla se prevé larga.

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Así reaccionó el Movilh luego de que el Ejecutivo señalara no estar obligado a impulsar dicha ley y que ya cumplió al respecto. El acuerdo firmado ante la CIDH desmiente por sí solo al Gobierno.

Luego de que el Gobierno de Sebastián Piñera señalara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado, ni el Ejecutivo están obligados a impulsar el matrimonio igualitario, información que hoy difunde La Tercera, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), declara y anuncia lo siguiente:

1.- El Gobierno de Sebastián Piñera falta a la verdad al indicar que el Acuerdo de Solución Amistosa que el Estado de Chile firmó con nuestra organización no lo obliga a impulsar el matrimonio igualitario, por tanto:

1a. En el punto III.1 del ASA se señala expresamente que el Estado debe “impulsar en conjunto con los peticionarios un proceso de discusión pública del matrimonio igualitario”, que involucre al Gobierno, al Congreso Nacional y a la Sociedad Civil.

1b. En el punto III.3 del ASA, el Estado se compromete a ”adoptar las medidas necesarias, incluidas las de promoción, para impulsar la iniciativa de matrimonio igualitario como un asunto que constituye un interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva”.

1.c El pasado 17 de mayo del 2018, el Gobierno de Sebastián Piñera firmó un adenddum donde se comprometió a dar el total cumplimiento el ASA, sin hacer observación u objeción alguna a los compromisos sobre de matrimonio igualitario.

En concreto, señala el adenddum, “con este acto se confirma la voluntad del Gobierno en cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos contraídos por el Estado de Chile en lo referente a las materias que comprende el presente Acuerdo de Solución Amistosa”.

Este compromiso fue firmado por los/as ministros/as vocera de Gobierno, Cecilia Pérez; de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero; de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá; de Justicia, Hernán Larraín; de Salud, Emilio Santelices; de Educación, Gerardo Varela y por la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.

2.- Es falso que el Gobierno ya hubiese cumplido con el impulso del matrimonio igualitario. Es de conocimiento público que el actual Gobierno no ha hecho ninguna gestión a favor del matrimonio igualitario, por tanto, mal podría cumplir con su impulso. Esta evidente falta a la verdad del Ejecutivo, deja en muy mal pie los niveles de confianza y transparencia que se requieren para dialogar sobre cualquier ASA.

3.- Para la CIDH es claro que a través del ASA el Estado de Chile se obligó a impulsar el matrimonio igualitario y que, por tanto, el cumplimiento del acuerdo pasa por adoptar medidas al respecto. Que el Gobierno niegue ello, y con publicidad a través de la prensa, es de gravedad extrema, así como un insulto y una falta de respeto a la CIDH y a nosotros/as, en calidad de peticionarios/as.

Tan obligado está el Gobierno a cumplir con el ASA que:

3.a Para una próxima reunión de la Comisión de Seguimiento del ASA, el Estado deberá gestionar la presencia de un miembro de la CIDH, a objeto de seguir evitando erróneas interpretaciones del ASA.

3.b. El Ejecutivo debió reponer la semana anterior el sitio sobre matrimonio igualitario que nuestra organización había desarrollado junto a la ex presidenta Michelle Bachelet, el cual había sido eliminado en julio pasado.

El sitio fue repuesto justamente porque es una de las tantas medidas que el Ejecutivo debe ejecutar por obligación para impulsar el matrimonio igualitario

4.- Lamentamos profundamente que el Ejecutivo falte a la verdad ante la CIDH respecto al debate sobre el matrimonio igualitario que sostuvimos con el Gobierno anterior y al espíritu que a ambas instancias nos motivó a firmar el ASA. El Gobierno de la presidenta Bachelet jamás se negó a impulsar el matrimonio igualitario, como mañosamente indica el actual Ejecutivo, según información difundida hoy por La Tercera y que el Gobierno no ha desmentido

5.- Repudiamos que una vez más sean agentes gubernamentales los que filtren a la prensa informaciones falsas sobre el ASA y que van en el sentido contrario del compromiso asumido por el Estado. Ello porque lo difundido hoy por La Tercera, posiciona al Gobierno como contrario al matrimonio igualitario, lo cual por donde se mire, constituye una violación del ASA.

6.- Insistiremos ante la Cámara de Diputados para que cite al Gobierno a dar explicaciones por estas y otras inconsistencias y afirmaciones falsas sobre el ASA, y gestionaremos ante el Ejecutivo que la coordinación del Acuerdo lo asuma un ente con capacidad y voluntad para cumplir los compromisos internacionales del Estado en materia de derechos humanos.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Homofobia/Transfobia, Matrimonio igualitario, MOVILH, Sebastián Piñera