La mayor alza de atropellos ocurrió en órganos estatales, en especial en Carabineros, aumentando también los ataques y crímenes de odio. Por primera vez en una década hubo estancamientos y retrocesos en políticas públicas pro LGBTI. Pese a todo, hubo 54 hitos favorables a los derechos de la diversidad, la mayoría relacionados con la identidad de género. 

Un 44% aumentaron las denuncias y abusos basados en la orientación sexual o la identidad de género, acumulando el 2018 un total de 698 casos, la cifra anual más alta conocida hasta ahora y que acumula el 22% del total de los 3.137 atropellos contabilizados en 17 años.

Así lo arrojó el XVII Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género elaborado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y dado a conocer hoy junto a Luis Lillo, joven atacado por su orientación sexual, y sus familiares.

Si bien por primera vez en una década hubo retrocesos y estancamientos en materia de políticas públicas favorables a las personas LGBTI, se registraron 54 hitos positivos para el sector, buena parte de estos relacionados con quienes tienen una identidad de género diversa, siendo así el 2018 definido como el “Año Trans”, toda vez que fue el más fructífero para el sector conocido hasta ahora.

Casos de discriminación y relajo del Estado

Los 698 atropellos del 2018 contra la población LGBTI se dividen en 3 asesinatos; 58 agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles desconocidos por las víctimas; 16 casos de abusos policiales; 28 hechos de discriminación laboral; 37 episodios de exclusión educacional; 102 movilizaciones o campañas homo/transfóbicas; 271 situaciones de marginación institucional; 17 denegaciones de derechos en espacios públicos o privados; 72 actos de violencia comunitaria (familiares, vecinos, amigos, conocidos), 92 declaraciones de odio y 2 abusos en el terreno de la cultura, los medios o el espectáculo.

Las golpizas, torturas y robos policiales fueron la categoría de discriminación donde más incrementaron los atropellos, con un 1500% más que el año precedente, seguida por la marginación o intentos de exclusión institucional (+613%), los abusos en el sistema educacional (+85%), los asesinatos (+50%), la denegación de derechos en espacios públicos o privados (+54%,), las movilizaciones o campañas contra los derechos LGBTI (+32%.) y las agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles (+3,6).

En tanto, los abusos homo/transfóbicos propinados por familiares, conocidos o vecinos de personas LGBTI mantuvieron la cifra del año precedente, registrándose solo bajas de discriminación en las declaraciones homo/transfóbicas (-44%), en el terreno de la cultura y el espectáculo (-33) y en el campo laboral (-26).

“Los principales aumentos se dieron en áreas administradas por el Estado (policías, instituciones públicas, educación), justamente donde los agentes públicos debiesen garantizar la integridad de las personas. Por el contrario, el Estado se relajó frente a los abusos cometidos en sus dependencias y por sus funcionarios y fue totalmente indiferente a los atropellos ocurridos en otros campos, a tal nivel, que no hubo condena a ningún abuso o torturas de policías o gendarmes, ni tampoco asistencia a las víctimas. Tampoco existió reproche público por parte del Poder Político  contra los asesinatos o agresiones físicas padecidas por personas inocentes, lo cual implica un retroceso y olvido de todo lo aprendido tras la muerte de Daniel Zamudio en 2012, dándose una negativa señal de impunidad a favor de los victimarios y potenciándose la victimización secundaria, que, queriéndolo o no, a su vez refuerza y valida de manera indirecta la ocurrencia de violencias en áreas ajenas al aparato estatal”, señaló el informe.

El vocero del Movilh, Óscar Rementería, explicó que “sin duda este contexto del 2018 fue el caldo de cultivo para las continuos ataques padecidos durante los tres primeros meses del 2019 contra la población LGBTI. La diferencia, es que recién en el último mes recién el Gobierno comenzó a condenar públicamente a los abusos y a ayudar a los movimientos LGBTI a hacerles frente”.

Población trans concentra la mayor cantidad de abusos

Por tercera vez, en 17 años, la población trans acumuló el mayor número de atropellos con el 39% del total, correspondiente a 273 casos, el más alto conocido hasta ahora.

“El aumento se cruza con paradojas. Por un lado, se explica por el avance de la Ley de Identidad de Género y el triunfo de Una Mujer Fantástica en los Oscars, lo cual provocó la ira y el rechazo de los grupos y personas anti-derechos que se movilizaron continuamente para boicotear la norma o, derechamente, para ofender a la actriz Daniela Vega. Sin ir más lejos, del total de casos de discriminación del 2018, 15 fueron dirigidos contra Vega y 218 para boicotear la ley”, precisa el informe.

Añade como otra razón del incremento, el mayor empoderamiento “de las personas trans para denunciar abusos en áreas donde antes guardaba silencio. Así es como se conoció denuncias en los campos laborales y educacionales (…) terrenos históricamente vedados a este grupo humano”.

La población lésbica, en tanto, acumuló el 13% del total de casos y la gay el 15%, mientras el 33% de los atropellos afectó a la población LGBTI como conjunto.

Las denuncias o atropellos contra trans subieron un 217%, contra lesbianas un 34%, contra gays un 6.3%, mientras contra la población LGBTI como conjunto bajaron un 1,2%.

Responsables de los atropellos: los mismos, pero con más influencia

Un total de 58 instituciones y 404 personas fueron responsables de los 694 casos de homofobia y transfobia ocurridos en 2018.

“Se trata de los mismos sectores ideológicos de siempre, los cuales si bien no incrementan en términos cuantitativos, si multiplicaron sus acciones en 2018, en particular por los debates en torno a la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el desarrollo de la Campaña Arcoíris y el acuerdo de Solución Amistosa que Chile firmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH”, explicó el informe.

La gran diferencia con años previos “radica en que estos grupos alcanzaron influencia y poder tanto en el Congreso Nacional; con la autodenominada Bancada Evangélica; como en el Gobierno, donde representantes de esta misma religión asumieron cargos en áreas claves, como Educación. A ello se suma la coordinación de referentes sociales con aspiración electoral, como es el caso de Acción Republicana, así como la relación que estos grupos pueden alcanzar con el abiertamente homofóbico presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, todo lo cual constituye un peligro para los grupos históricamente discriminados o desaventajados”, advierte el informe.

En el plano institucional, el Ranking Anual de la Homofobia y la Transfobia ubicó en primer lugar a Carabineros de Chile, seguido por Gendarmería, la UDI, el Tribunal Constitucional, la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes, la Sociedad Chilena de Pediatría, la Catedral Evangélica, el Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas de Chile, la Universidad de Los Andes, el Centro de la Familia Universidad Católica y el Destacamento de Montaña Número 17 de Los Ángeles, entre otros.

En el plano individual, el Ranking es encabezado por asesinos de personas LGBTI, seguidos por los ministros/as del TC, Iván Aróstica, Marisol Peña, Domingo Hernández, Juan José Romero y Cristián Letelier, así como por la presidenta de la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes, Carmen Gloria Aylwin; por el presidente de la Sociedad Chilena Pediatría, Humberto Soriano; por la endocrinóloga infantil de la Clínica Universidad de los Andes, señora Francisca Ugarte; por los senadores Iván Moreira, Jacqueline Van Rysselberghe, Juan Castro Prieto, Fransciso Chahuán y por los diputados Juan Antonio Coloma, Enrique Van Rysselberghe, Ignacio Urrutia, Osvaldo Urrurtia, Eduardo Durán, René Manuel García, Francesca Muñoz, Cristóbal Urriticoechea y Leonidas Romero, entre otros, como José Antonio Kast.

El Año Trans

“El 2018 pasará a la historia como el año cuando se más discutió y debatió en el espacio público y privado sobre los derechos humanos de las personas trans, alcanzando la temática de la identidad de género un impacto que trascendió las fronteras, en el marco de un proceso de visibilización y de conquista de derechos sin precedentes”, explica el informe.

La aprobación de la Ley de Identidad de Género y la determinación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de excluir a la transexualidad de su lista de trastornos mentales, están en la cima de los cambios. A ello se suman dos fallos de la Corte Suprema que permitieron cambiar el nombre y sexo legal a personas trans con hijos, matrimonios previos y sin necesidad de cirugía y la implementación de un programa sobre identidad de género en el Hospital Sótero del Río, hechos que se añadieron a una seguidilla de avances en el campo de la educación.

“Todos los avances fueron coronados con un hecho que marcó la historia de todo el país y también del mundo. Chile obtuvo su primer Oscar y gracias a una película con temática trans, “Una Mujer Fantástica”, dirigida por Sebastián Lelio y protagonizada por la actriz Daniela Vega”, precisa el informe.

Estancamientos, retrocesos e incumplimientos

El informe advierte que “tras una década de avances sistemáticos en materia de políticas públicas emprendidas desde el Poder Ejecutivo para la promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI, a partir de marzo del 2018 hubo severos estancamientos y retrocesos”.

“Por un lado no se implementó ninguna nueva política pública y por otro no se dio seguimiento a las pasadas para garantizar su continuidad y buen funcionamiento. Solo existió apoyos muy puntuales de algunas carteras o servicios, pero que no se constituyeron en una política pública formalizada”, explica el informe

“Lo más grave fue el silencio del Ejecutivo frente a los abusos y atropellos, a veces cometidos por agentes estales, contra las personas LGBTI, a un punto que ni siquiera en los asesinatos existieron condenas públicas y en relación a las torturas de Carabineros y Gendarmes, no se implementaron medidas para sancionar, ni para solidarizar con las víctimas”, lamentó el estudio.

Además, y pese a que en mayo del 2018 el Gobierno de Sebastián Piñera firmó un addendum donde se comprometió a cumplir compromisos pro derechos LGBTI asumidos ante la CIDH “la verdad es no se registró ningún avance y, más lamentable aún, el acuerdo fue violentado en distintas oportunidades, a tal punto que el Ejecutivo fue citado por la Comisión Interamericana y la Cámara de Diputados para dar explicaciones”, recuerda el estudio.

“La paradoja es que el retroceso y el estancamiento tuvieron lugar mientras representantes de Evópoli, un partido que se dice liberal, ocupan importantes cargos en el Gobierno. En tanto, pese a que la colectividad no existía bajo la primera administración de Piñera, en esa oportunidad sí se logró avanzar y el Gobierno fue dialogante y sincero en sus acercamientos con el movimiento LGBTI”.

Un Congreso Nacional comprometido a medias

“La aprobación de la Ley de Identidad de Género marcó un hito para los derechos humanos de la población trans mayor de 14 años y soltera, a lo que sumaron los esfuerzos de un reducido número de parlamentarios por avanzar en temáticas claves”, como la adopción homoparental, recuerda el informe.

Sin embargo, y pese a existir una mayoría discursivamente favorable, el Congreso Nacional no dio ningún impulso a la Ley de matrimonio igualitario y siguió con las tendencia de aprobar “normas a medias”, denuncia el informe.

Existe un “acostumbramiento de aprobar leyes a medias, en tanto la Ley de Identidad de Género excluyó a las personas casadas y a los menores de 14 años, solo basado en prejuicios e ignorancia y pasando por alto los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, una indolencia extrema, injustificable y repudiable y que repite lo ocurrido en el pasado: la ley antidiscriminatoria y el Acuerdo de Unión Civil, aprobadas en años previos, también presentan vacíos, problemas e inconsistencias, solo porque el Poder Político consensuó ceder a ideologías que ven a las personas LGBTI como ciudadanos/as de segunda categoría”, indica el estudio.

Poder Judicial, sigue siendo el más progresista y Contraloría resguarda avances

“En 2018 el Poder Judicial terminó por consolidarse como el más progresista del Estado en materia de derechos humanos LGBTI, aún cuando el proceso está atravesado por contradicciones, en tanto, los tribunales son incapaces de contribuir a resolver a través de fallos las incoherencias con la Constitución y con los tratados internacionales que revisten la prohibición del matrimonio igualitario y la falta del reconocimiento legal de dos padres o dos madres”, señala el informe.

Junto a importantes fallos de la Suprema a favor de los derechos trans, el máximo Tribunal aprobó en 2018 la Política de Igualdad de Género y No Discriminación en el Poder Judicial; el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo aplicó por primera vez la agravante de la Ley Zamudio por un crimen homofóbico, el que quitó la vida a Marcelo Velius Lepe Parraguez; el 25 Juzgado Civil de Santiago condenó a la Catedral Evangélica por dañar la hora, moral y reputación del Movilh y el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago ordenó por primera vez que el sobreviviente de una convivencia civil fuera indemnizado por daño laboral contra su fallecida pareja, entre otras sentencias analizadas por el Informe.

Por su lado, la Contraloría General de la República “se perfiló en 2018 como una instancia que puede contribuir a reguardar los avances en derechos humanos LGBTI y a cumplir compromisos cuando estos se ajustan a tratados internacionales, a la Constitución y a las leyes”, indica la investigación.

“Así es como en el año dictaminó que el Acuerdo de Solución Amistosa sobre el matrimonio igualitario firmado por Chile ante la CIDH es legal y vinculante y rechazó una homo/transfóbica impugnación contra textos educativos sobre diversidad sexual y de género elaborados por el Estado y la sociedad civil”, apunta el estudio.

Otros hitos

Junto a lo expuesto, el informe destaca otros hitos favorables a los derechos LGBTI ocurridos en 2018, como son el llamado del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) para que Chile legisle sobre el matrimonio igualitario, la celebración en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la primera audiencia temática sobre matrimonio igualitario y la instalación en el histórico Cerro Santa Lucía de un Monumento por los Derechos LGBTI.

A lo anterior se suman “la distribución en colegios y liceos de una circular y cuatro textos educativos con temática LGBTI, el más amplio dossier sobre la materia trabajado por el Gobierno de Bachelet y el movimiento de la diversidad; la promulgación de la Ley de Educación Superior, norma que garantiza la no discriminación; el anuncio sobre su unión civil efectuado por la capitana de Ejército Maribel Mesías (36) y la enfermera Helda González (34); una entrevista dada por la deportista de la Selección Femenina de Fútbol, FernandaPinilla, quien habló abiertamente sobre su homosexualidad; la marginación de los canales de televisión abierta de la transmisión de los Te Deum evangélico y ecuménico y la 59 versión del Festival Internacional de Viña del Mar y su respectiva gala, las cuales resultaron ser las más pro-LGBTI de su historia, al incluir a personas lesbianas, trans y gays”.

Fallecimientos

“Entristeció el 2018 la partida de figuras claves para el movimiento LGBTI: el defensor de derechos humanos Patricio Bustos, el escritor Rodrigo Muñoz Opazo, el transformista Mauricio Burgos (Katiuska Molotov) y el periodista Ítalo Passalacqua, todos los cuales desde distintos frente aportaron su grano de arena para un país más justo”, finalizó el informe.

Gráficos y estadísticas

Evolución de casos y denuncias por discriminación en 17 años

Casos y denuncias según categorías de discriminación

Casos de discriminación según distribución geográfica

Casos de discriminación separados por gays, lesbianas, trans…

Ranking anual de la Homofobia y la Transfobia: personas

Ranking Anual de la Homofobia y la Transfobia: instituciones

Porcentaje de respuesta de las organizaciones LGBTI a las denuncias y casos por discriminación

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Año Trans, Chile, Homofobia/Transfobia, Luis Lillo, MOVILH, Óscar Rementería, XVII Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género

Fue golpeada, desnudada por hombres, ridiculizada por su identidad de género y hasta impedida de acceder a medicamentos para tratar una enfermedad en las cárceles del Biobío, Alto Hospicio, Antofagasta y La Serena. Todos los hechos fueron confirmados en fallos de los propios tribunales.

Una mujer trans, María del Pilar López Barrera (43), presentó hoy en el 12 Juzgado Civil de Santiago una inédita demanda contra el Estado de Chile, luego de haber sido torturada y agredida en razón de su identidad de género en distintos Centros de Cumplimiento Penitenciario (CCP) del país, donde en diciembre pasado terminó por cumplir una condena de 15 años.

En la demanda por indemnización de daños y perjuicios interpuesta contra el Consejo de Defensa del Estado el abogado Juan Pablo Badani precisó que “desde un inicio del cumplimiento de su condena, en diferentes cárceles del país”, María del Pilar, sufrió “malos tratos y burlas de parte del personal de Gendarmería de Chile, humillaciones, incluso apremios ilegítimos. Cabe señalar que siempre el origen de estos hechos, radicaban en su identidad de género, así como en llamarla por su nombre legal”.

“Entre otros, la mujer fue golpeada, desnudada, revisada por personal masculino de Gendarmería e incluso impedida de acceder a medicamentos para tratar una enfermedad. Todas las veces que denunció los abusos, María del Pilar ganó los casos en tribunales. Gendarmería, lejos de cumplir los fallos de tribunales, exacerbó su violencia contra la mujer”, señaló el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), organismo que lleva unos dos años siguiendo el caso.

Los abusos ocurrieron en el CCP del Biobío, de Alto Hospicio, y de Antofagasta y de La Serena.

Entre otros, fallaron a favor de María del Pilar las cortes de Apelaciones de Concepción, de Iquique, Antofagasta y de La Serena.  Más aún, en dos ocasiones fue la propia  Corte Suprema la que falló a favor de la víctima, “luego de que Gendarmería apelara con transfóbicos argumentos, pues exigía tratarla como hombre y no como mujer”, redondeó el Movilh.

“Uno de los aspectos más graves de este caso, es que luego de que los tribunales exigieran a Gendarmería tratar a la víctima por su nombre social, así como respetar en todo momento su identidad de género, la reacción de los gendarmes fue más violenta, incumpliendo así los órdenes de los propios tribunales y convirtiendo a las cárceles en tierra de nadie” apuntó el Movilh.

En diciembre pasado “María del Pilar fue diagnosticada con trastorno del estrés postraumático crónico, como consecuencia de los hechos, malos tratos, golpes, apremios ilegítimos, discriminación y burlas sufridas por un agente del Estado, como lo es Gendarmería de Chile”, señaló en la demanda el abogado Juan Pablo Badani.

El Moivlh dijo “esperar justicia en este caso, el cual no solo servirá para paliar el daño causado a María del Pilar, sino también para que de una vez Gendarmería cese con los abusos en razón de la orientación sexual o la identidad de género de los/as internos y a veces también de los funcionarios LGBTI”.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Alto Hospicio, Antofagasta, Biobío, Chile, Concepción, de Iquique, Expresa, Homofobia/Transfobia, Juan Pablo Badani, La Serena, María del Pilar López Barrera, MOVILH, Torturas

En un ángulo similar, el Movilh se reunió con la Policía de Investigaciones

Importantes iniciativas de capacitación en derechos humanos efectuaron en el transcurso de este mes Carabineros y Gendarmería, incluyendo a la diversidad sexual y de género en sus contenidos a través de charlas dictadas por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

Especialmente significativo fue el “X Curso de Instructores en Derechos Humanos Aplicables a la Función Policial” que organizó Carabineros entre el 7 de mayo pasado y hoy.

El curso, que tiene entre sus estudiantes a policías chilenos y extranjeros, “forma instructores en diversas materias como el Derecho Internacional de los DDHH, Derecho Internacional Humanitario, uso de la fuerza, privación de libertad, protección de grupos sujetos a vulnerabilidad y mantenimiento del orden público”, entre otros.

Lo anterior, “con la finalidad de que repliquen los conocimientos adquiridos en sus propias unidades y que apoyen la labor de difusión y capacitación que realiza el Departamento de Derechos Humanos de Carabineros”, explicó dicha entidad.

El pasado 18 de mayo el Movilh expuso en el mencionado curso sobre los derechos de personas LGBTI y las familias homoparentales, a lo que sumó una charla de similares características dictada por la misma organización el 4 de mayo en la Escuela de Adiestramiento Canino de Carabineros.

El Movilh también participó el 24 de mayo de un panel sobre la Ley de Identidad de Género que organizó Gendarmería de Chile en el marco de un seminario de dos días denominado “Trabajo Penitenciario, Derechos Humanos y Violencia de Género”

El cónclave, efectuado en la Escuela de Gendarmería de Chile, contó con la exposición de académicos, funcionarios públicos y movimientos sociales.

Por último, el viernes anterior el Movilh se reunió con el Subdirector Escuela de Investigaciones Policiales de la PDI, Óscar Escudero, con el objeto de definir trabajos conjuntos que minimicen los riesgos de vulneración de derechos de los grupos vulnerables.

En la cita también estuvieron las direcciones de la PDI de Extranjería, de Asuntos de Familia,  de Educación y de Inteligencia, entre otros.

Fuente MOVILH

General, Historia LGTBI Carabineros, Chile, Escuela de Gendarmería, Escuela de Investigaciones Policiales, Gendarmería, Óscar Escudero, Policía de Investigaciones, X Curso de Instructores en Derechos Humanos Aplicables a la Función Policial

Con el objetivo de recibir con la debida preparación la futura promulgación de la Ley de Identidad de Género. El Movilh propuso además incorporar la realidad LGBTI en los planes de estudio de los uniformados.

El Ministerio de Defensa y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) se reunieron hoy para analizar la realidad de las personas lesbianas, gays, bi, trans e intersexuales (LGBTI) en las Fuerzas Armadas, acordándose el trabajo conjunto para prevenir y erradicar toda forma de discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género.

En cita con el jefe del Gabinete del Ministerio de Defensa , Pablo Urquízar, y con la jefa de Asesoría Jurídica, Alicia De la Cruz, el Movilh propuso trabajar “desde ya un plan que garantice la plena igualdad de derechos para los uniformados y uniformadas trans al interior de las Fuerzas Armadas”.

“Si bien a la fecha ningún integrante de las FFAA ha reconocido públicamente ser trans, esta es una realidad que está a la vuelta de la esquina y el Estado tiene el deber de implementar a tiempo las medidas para garantizar un trato digno y respetuoso a este grupo humano”, sostuvo el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez

“Habrá personas trans que asumirán su identidad una vez al interior de las FFAA (como ya ha ocurrido en Gendarmería) y otras lo harán al postular su ingreso a la Armada, la Fuerza Aérea o el Ejército. Cuando ello ocurra, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas deben tener claro como reaccionar, con miras a garantizar la plena igualdad”, apuntó la vocera del Movilh, Cristina Poblete.

Tanto Urquízar como De la Cruz se comprometieron a “implementar en el breve plazo una mesa de trabajo sobre la materia que tenga resultados concretos antes de la entrada en vigencia de la Ley de Identidad de Género, por lo que esperamos próximamente encuentros de tipo más técnico”, redondeó Poblete.

Otros temas abordados fueron “la necesaria modificación del Acuerdo de Unión Civil, norma que no regula el régimen patrimonial de las FFAA. Al respecto, el Ministerio de Defensa fue claro en respaldar esta reforma, por lo que cuando se avance en ello, emitirá un pronunciamiento favorable”, dijo Jiménez.

“De igual manera hubo consenso en la necesidad de establecer un enlace entre el Ministerio de Defensa y nuestra organización para resolver a tiempo las denuncias por discriminación que uniformados lesbianas, gays, bi o trans nos hacen llegar, y se estudiará como se reactivará el Grupo de Asesor de Trabajo de las FFAA, donde representantes de todas sus ramas definen medidas para hacer frente a la homofobia, la transfobia y otras formas de discriminación”, apuntó el Movilh.

“Por último, acordamos que se explorarán estrategias para incorporar a la realidad LGBTI en los planes de estudio de los uniformados, algo que ya ocurre en Carabineros y en la Policía de Investigaciones”, finalizó el Movilh

Conviene recordar que tras denuncias y movilizaciones del Movilh entre el 2012 y 2013 las FFAA derogaron toda las normativas internas que impedían el ingreso de personas LGBTI a sus filas, mientras que distintas ramas establecieron trabajos conjuntos con dicha organización de la diversidad sexual y de género. Ello derivó en las primeras salidas del armarios de uniformados gays y lesbianas, así como el reconocimiento a su derecho a conformar familias y parejas con personas de su mismo sexo.

Fuente MOVILH

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El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) ha presentado su 16º Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género. Los datos que arroja el informe son preocupantes: en 2017, un año que el propio MOVILH ha calificado como “de la furia” contra personas y activistas, las denuncias por LGTBfobia en ese país experimentaron un aumento del 45,7%. El informe recoge como uno de los detonantes de este aumento la presencia en Chile del “autobús de odio” de HazteOír y su marca internacional, CitizenGO. Como dato optimista el MOVILH recoge 61 hitos favorables a la igualdad de derechos de las personas LGTBI en todo el país. 

Los grupos contrarios a la igualdad de derechos para las personas LGBTI multiplicaron sus discursos y acciones en el último año a lo largo de todo Chile, un hecho sin precedentes. Pese a ello, las víctimas están alcanzado justicia, a un punto que en 2017 el Poder Judicial se transformó en el más progresista del Estado.

Un alarmante aumento del 45.7% experimentaron los casos y denuncias por homofobia y transfobia en Chile, hecho que contrasta con 61 hitos favorables a la igualdad de derechos de las personas LGBTI en los más variados planos, reportó el XVI Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género lanzado hoy por el Movimiento Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

Debido al explosivo incremento de los abusos, el 2017 fue calificado como el “Año de la Furia” contra los activistas y personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (LGBTI) , aunque resalta y brilla de manera positiva que el Judicial se transformó en el poder estatal más progresista en la temática y el que más protege los derechos humanos de las personas con identidad de género u orientación sexual diversa, mientras que en la Derecha política destaca la expresión pública de profundas diferencias sobre estos tópicos.

El Año de la Furia

“El 2017 fue un año de violencia extrema contra las personas LGBTI, las familias homoparentales, los adolescentes y niños/as trans y los defensores de DDHH, en tanto los opositores a la igualdad cursaron iniciativas sin precedentes para torpedear todo tipo de legislación y/o política pública favorable a la diversidad sexual y de género”, indica el informe.

Añade que “la inédita cruzada del Bus del Odio en el Gran Santiago provocó un efecto de odiosidad en cadena: fue emulada en regiones, los grupos homo/transfóbicos potenciaron la virulencia de sus discursos y las autoridades ultraconservadoras dieron la mano a la campaña, dotándola de cierta “validez” en el escenario público en tanto era presentada como una forma de expresión neutral, en vez de nociva para la dignidad de los seres humanos”.

El estudio explica que el “contexto de los comicios presidenciales y parlamentarios hizo lo suyo. Las candidaturas contrarias a la igualdad extremaron su rechazo a la diversidad sexual y de género, a un punto que lo convirtieron en una de las banderas de sus campañas, algo inédito en la historia democrática del país”.

“En tanto, toda medida pro LGBTI fue enfrentada con iniciativas violentas que iban desde la presentación de recursos judiciales, hasta las golpizas y ataques en la vía pública, en especial contra los defensores de los derechos humanos”, indica la investigación.

“El Año de la Furia contra las personas LGBTI conoció de acciones y discursos tan cavernarios como las que tenían tribuna en la década de los 90, siendo la prueba más simbólica de ello el hecho de que fuese la propia presidenta de la República, Michelle Bachelet, la que se convirtiera en una de las víctimas de la homofobia y la transfobia al ser insultada en el Tedeum evangélico por su apoyo a los derechos de las personas LGBTI y de las mujeres”, sostiene el estudio.

Las cifras de la discriminación

Los casos y denuncias por homofobia y transfobia incrementaron un 45,7% en 2017, conociéndose 484 episodios de odio, la cifra más alta que se tiene registro y que por si sola acumula el 20% del total de abusos ocurridos en los últimos 16 años.

Los 484 hechos se dividieron en 2 asesinatos, 56 agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles, 1 abuso policial, 38 casos de discriminación laboral y 20 de exclusión educacional, 77 movilizaciones homo/transfóbicas, 38 episodios de marginación institucional, 11 obstáculos para el acceso a servicios o productos en los espacios públicos o privados, 72 abusos propinados por familiares, amigos o vecinos, 166 declaraciones de odio y 3 casos de vulneración de derechos en la cultura, los medios y el espectáculo.

En 7 de las 11 categorías de discriminación aumentaron los abusos, registrándose el incremento más alto en las declaraciones de odio (245% más que en 2016), seguida por los abusos en cultura y medios (200%), las movilizaciones homo/transfóbicas (108%), la discriminación educacional (53%), las agresiones físicas o verbales cometidas por civiles (40%), los atropellos impulsados por familiares o vecinos (28%) y las exclusiones laborales (18%).

El 20% de los casos afectó a gays; con un alza del 26% en relación al 2016; el 18% a trans; el 14% a lesbianas y el 48% a la diversidad sexual y de género como conjunto. Los denuncias por abusos contra trans bajaron un 17% y contra lesbianas un 1,4% en comparación con el 2016.

Del total de abusos fueron responsables 49 instituciones y 304 personas, buena parte de éstas vinculadas a movimientos ultra católicos, ultra-evangélicos, neonazis o de extrema derecha.

Las regiones que más casos de discriminación registraron en 2017 fueron la Metropolitana (31%), Valparaíso (14%), Biobío (10.1%) y Coquimbo, (4.6%), seguidas por Los Lagos (3.7%), La Araucanía (2.5%), Antofagasta (2.3%), Maule, (2.1%) Libertador Bernardo O´Higgins (1,7%), Región de Magallanes y la Antártica Chilena (1.2%) Tarapacá (0.6%), Atacama (0.4%), Los Ríos (0.2%), Arica y Parinacota (0.2%) y Aysén (0%).

En tanto las regiones donde más aumentaron los casos o denuncias en comparación con el 2016 fueron Libertador Bernardo O´Higgins (300%), Coquimbo (266%), Los Lagos (157%), La Araucanía (100%), Biobío (88%), Magallanes y la Antártica Chilena (50%), Metropolitana (39%) y Antofagasta (10%).

Los movimientos LGBTI intervinieron en el 97.2 % de los casos, brindando ayuda y orientación a las víctimas.

Ranking Anual de la homofobia y transfobia

A nivel individual encabezaron el Ránking Anual de la Homofobia y la Transfobia 2017 los asesinos de personas LGBTI (Cristián Andrés Muñoz Muñoz, César Antonio Araneda Palma, Bernabé Vega y Héctor Morales), seguidos en el segundo lugar por la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda; el presidente de la Ong Padres Objetores, Francisco Fritis y el director de Citizen Go, Luis Losada.

Con ellos/as comparten el segundo lugar los senadores Manuel José Ossandón e Iván Moreira, los diputados José Antonio Kast e Ignacio Urruria y el ex alcalde de Talca, Juan Castro Prieto. Le siguen, en el tercer puesto la psicóloga de la Fundación Restauración, Marcela Ferrer y, en el cuarto, el magistrado Ricardo Blanco.

El quinto lugar lo integran los senadores Juan Antonio Coloma, Jacqueline Van Rysselberghe, Ena Von Baer, Francisco Chahuán, los diputados José Manuel Edward, María José Hoffman, Patricio Melero, Iván Norambuena, Claudia Nogueira, Arturo Squella, Osvaldo Urrutia, Felipe Ward y René Manuel García. (Listado completo, hasta la ubicación 25, se encuentra en el informe).

A nivel institucional lideran el Ranking el Observatorio Legislativo Cristiano, la Ong Padres Objetores y Gendarmería, todos en el primer lugar. Le siguen la Catedral Evangélica, Citizen Go y Hazte Oír, el Colegio Español de Coquimbo, Colegio Instituto Cristiano Gandarillas de Maipú, el Liceo Bicentenario Italia, la UDI, la Iglesia Católica, el Consejo Regional del CNCA en el Maule, la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes (Soched). A estos suman diversas iglesias evangélicas, ongs ultra-conservadoras y empresas como el Club Playa Luna y Pre-Unic. (Listado completo hasta la ubicación 18 se encuentra en el informe)

 Poder Judicial, el más progresista

“El Poder Judicial llegó tarde a la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI y las familias homoparentales, pero cuando lo hizo superó en apertura a los otros poderes del Estado, avanzando a pasos agigantados y sin precedentes”, sostiene el informe. Añade que la “evolución acelerada del Poder Judicial desde el 2015, se consolidó en 2017 a un punto que temas como los derechos de niños y niñas trans, el matrimonio igualitario y la adopción homoparental ya los tiene zanjados a nivel institucional, pues se ha pronunciado a favor amparado en una perspectiva de derechos humanos. Por el contrario, el Legislativo aún no aprueba estas leyes y las medidas del Ejecutivo se mueven entre consensos, además de poner el acelerador para la tramitación legislativa de manera coyuntural y discontinua”.

“Moviéndose en los márgenes de las leyes; lo que ata de manos en algunos puntos al Poder Judicial mientras no se cuente con el matrimonio igualitario; durante el 2017 los tribunales dictaron 5 fallos a favor de los derechos de internas/as LGBTI recluidos/as en centros penitenciarios, además de cambiar el nombre y sexo legal de 89 personas, en circunstancias que en 2006 sólo había autorizado a 7”, precisa el estudio.

Detalla que “la Corte Suprema aplicó además dos veces la Ley Zamudio por homofobia, además de entregar la tuición de sus dos hijos a un hombre que vivía con su pareja del mismo sexo. Hubo otros cinco fallos de distintos tribunales contra los abusos laborales a personas LGBTI, mientras que las cortes rechazaron dos recursos de protección contra las políticas educacionales pro diversidad y una querella por prevaricación que una ONG había presentado contra el juez Luis Fernández por haber cambiado el nombre y sexo legal de una niña trans”.

“A la par fue condenado el asesino transfóbico de Litzi Odalis Parrales y se sancionó a dos mujeres que habían agredido a una madre por defender a su hijo de apenas 8 años de insultos homofóbicos”, sostiene el Movilh

Se trata así de al menos 107 fallos favorables a los derechos LGBTI dictados en el plazo de un año, lo cual contrasta con el pasado homofóbico y transfóbico del Poder Judicial” apunta la investigación.

“En efecto, la transformación del Judicial es radical y profunda cuando se recuerda que de todos los poderes del Estado es el que más ha aparecido en el Ranking Anual de la Homofobia y la Transfobia, ocupando la Corte Suprema el primer lugar en los años 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2012 y el 2013, mientras que en 2014 quedó en el sexto puesto”, recuerda el estudio. “Nunca antes algún ente experimentó tal nivel de cambio en torno a los derechos LGBTI, aspecto que merece todos los aplausos y convierte al Judicial en el poder del Estado más progresista en la materia, lo cual sólo se mantendrá si se profundiza en la mima línea, al margen de cuáles sean las autoridades de turno”, apunta el informe.

 Exacerbación de diferencias en la Derecha

Otro “sello del 2017 es la exacerbación de las diferencias entre la Derecha política sobre los derechos humanos de las personas LGBTI, en tanto se hicieron más visibles que nunca los extremos: por un lado una deshumanizada homofobia y transfobia y por otro la promoción de la no discriminación, estando en el centro quienes rechazan la igualdad plena, pero evitan ofender o denigrar a través de sus discursos”, indica el informe.

Añade que “el proceso fue nítido en el contexto de las elecciones presidenciales, estando en la ultra-homofobia y transfobia los candidatos Manuel José Ossandón y José Antonio Kast y en el lado opuesto Felipe Kast, el primer abanderado de derecha en cuadrarse con el matrimonio igualitario”.

La investigación enfatiza que “las disputas públicas entre la derecha sobre temáticas LGBTI también se apreciaron en otros contextos, como le llegada a Chile del Bus del Odio, la campaña Arcoíris que insta a instituciones públicas y privadas a izar la bandera de la diversidad, los debates sobre la ley de matrimonio y la ley de identidad de género y la reunión del Comando de Piñera con el Movilh, hechos coyunturales que convirtieron al 2017 en el año con mayor exposición de las distintas posturas de la Derecha”. “El desafío para la Derecha será comprender que la no discriminación por orientación sexual e identidad de género es un tema de DDHH y que, en consecuencia, deben respetarse al margen de cualquier consideración política, ideológica o valórica. En caso contrario, simplemente no se respetan los derechos humanos, un talón de Aquiles para la Derecha cuando se trata de igualdad legal para las personas LGBTI”, apunta el estudio.

 61 hitos positivos, 6 negativos

El estudio destaca, por último, que el año “hubo 67 hechos de transcendencia que marcaron la historia de los derechos humanos de las personas LGBTI”.

En el plano de las políticas públicas, la Superintendencia de Educación lanzó una circular para proteger derechos de estudiantes trans; el Servicio de Salud de Reloncavi se transformó en el cuarto del país donde pueden gestionarse las cirugías de readecuación corporal; el Hospital Sótero del Río elaboró un programa sobre identidad género; el Minsal enfatizó su rechazo a las terapias reparativas de la homosexualidad; el Primer Plan Nacional de Derechos Humanos incorporó temáticas LGBTI; se publicó un sitio web estatal para informar y sensibilizar sobre el matrimonio igualitario y Bachelet se convirtió en la primera mandataria en dar un mensaje pro igualdad con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, al igual que la ministra de Educación Adriana Delpiano.

Además la Municipalidad de Providencia distribuyó entre sus funcionarios la circular número 1 sobre no discriminación, mencionando todas las categorías protegidas por la Ley Zamudio; su símil de Recoleta inauguró la Biblioteca Pública Pedro Lemebel; el municipio de Quellón organizó la Primera Marcha por la Inclusión y la Diversidad de la comuna y Las Condes y la Plaza de Tribunales de Concepción desplegaron la bandera de la diversidad. En tanto, las piletas de la Plaza Cruz, de la Plaza Bélgica y de las rotondas Paicaví y Lomas de San Sebastián, en la región del Biobío, fueron iluminadas con los colores del arcoíris, al igual que el Arco de la Universidad de Concepción.

En el plano legislativo se aprobó una reforma al Acuerdo de Unión Civil que extiende a los convivientes los 5 días de permiso laboral y la presidenta Bachelet presentó en el Congreso Nacional un Proyecto de Ley que Sanciona la Incitación a la Violencia Física y el Proyecto de Matrimonio Igualitario, lo cual fue antecedido por dos históricas ceremonias sobre la materia celebradas en La Moneda, en el marco del cumplimiento del acuerdo firmado ante la CIDH.

En el mismo ángulo, la bancada del PS presentó un proyecto de ley que sanciona la incitación al odio, parlamentarios de la Nueva Mayoría ingresaron una iniciativa que permite la adopción aparejas del mismo sexo y la Cámara de Diputados aprobó una resolución impulsada por el PC que rechazó los mensajes discriminatorios promovidos por el autodenominado “Bus de la Libertad”.

En el campo judicial hubo 107 sentencias favorables a los derechos humanos de las personas LGBTI y de las familias homoparentales, destacando la tuición de sus dos hijos entregada a un padre, pese al homofóbico rechazo de la madre, y un fallo que validó la determinación del juez Luis Fernández de cambiar el nombre y sexo legal de una niña de 5 años.

En el terreno cultural, académico y/o mediático el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) lanzó su primera guía contra la homofobia y la transfobia, la cinta “Una Mujer Fantástica” fue seleccionada para representar a Chile en la carrera por los Oscar; la Universidad Academia de Humanismo puso en marcha un reglamento que garantiza el respeto al nombre y sexo social de las personas trans; la Universidad de Chile se transformó en la primera Casa de Estudios en impartir un curso sobre la realidad de las personas LGBTI y la actriz Daniela Vega se convirtió en la primera mujer trans en participar de un spot publicitario.

En el campo social y de las movilizaciones, el Metro de Santiago adhirió con una campaña al Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia y el Movimiento LGBTI celebró la Primera Muestra de Cine LGBTI en Aysén, la Primera Campaña contra la Homofobia en el Fútbol, la primera marcha del Orgullo en Punta Arenas y la Primera Marcha por el Interés Superior del Niño y de la Niña en Santiago, además de convocar al primer debate sobre el matrimonio igualitario organizado por la sociedad civil en el Congreso Nacional.

En tanto, el testimonio público de la joven Carla Aranda González, hija de una líder homo/tranfóbica, brilló al causar debate nacional e internacional y acelerar la tramitación de la ley de identidad de género

En la línea política, Guido Girardi leyó en Sala una declaración del movimiento LGBTI y Carolina Goic se convirtió en la primera presidenta de la DC y abanderada de ese partido en respaldar el matrimonio igualitario, al igual que Felipe Kast, pues fue el primer pre-candidato de Derecha en apoyar dicha ley.

En el escenario internacional la Corte Interamericana de DDHH estableció que el matrimonio igualitario y la protección y respeto de la identidad de género están garantizados en la Convención Americana de Derechos Humanos; el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que prohíbe la pena de muerte contra las personas que tienen relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo; la OEA dio luz verde a la “Resolución sobre Promoción y Protección de los Derechos Humanos”, donde incluye a la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas; Chile y Canadá asumieron la co-presidencia de la Coalición por la Igualdad de Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI); el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que Australia violentó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al negarse a rectificar la partida de nacimiento de una mujer trans casada y Luz de Luna (Moonligth), una cinta con temática LGBTI, ganó el Óscar como mejor película.

Los hitos negativos fueron las campañas de odio de los autodenominados buses de la “Libertad” y de la “Familia”; una querella que una ONG presentó contra el juez Luis Fernández porque había autorizado el cambio de nombre y sexo legal de una niña de 5 años; el despacho por parte del Senado de una propuesta de ley de identidad de género que excluye a niños, niñas y casados y patologiza a los mayores de 18 años; las ofensas contra la presidenta Bachelet en el Te Deum evangélico y el sensible fallecimiento el diseñador de la bandera LGBTI, Gilbert Baker.

Por último, en 2017 salió a la luz el primer crimen homofóbico cometido por agentes de la Dictadura.

Informe completo aquí

Fuente MOVILH

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Miles, Movilh y el Sindicato Amanda Jofré denunciaron las torturas en Gendarmería contra mujeres trans y la ausencia de programas focalizados para atender a bisexuales, lesbianas o transgéneros que son víctimas de violencia.

En una comunicación conjunta con la Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles) y el Sindicato Trans Amanda Jofré, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció ante Naciones Unidas una serie de atropellos que en Chile padecen las mujeres lesbianas, bisexuales y trans.

La denuncia se hizo llegar al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) de Naciones Unidas, el cual analizará el desempeño de Chile en la materia en el marco de su 69 período de sesiones, a desarrollarse en Suiza entre hoy  y el 9 de marzo próximo.

En su informe los organismos denunciaron los continuos abusos y torturas que padecen en manos de gendarmes las mujeres trans recluidas en diversos centros penitenciarios, así como la carencia de presupuestos, servicios o programas estatales focalizados para la promoción de los derechos humanos de ese sector social, como también de las lesbianas y bisexuales.

“La situación en Gendarmería es alarmante, en menos de dos años los tribunales han dictado nueve fallos que demuestran golpizas, insultos, negación de medicamentos y total rechazo al respeto a la identidad de género. Hemos tocado todas las puertas para revertir esta situación, pero no fuimos escuchados. De ahí que recurriéramos a la ONU”, dijo el Movilh.

A la par se reportó que “las Casas de Acogida o Centros para Las Mujeres no brindan ayuda a mujeres, trans, mientras que sus funcionarios/as no están capacitados para atender y/u orientar lesbianas o bisexuales que sufren violencia intrafamiliar o en manos de sus parejas”.

“También informamos a la ONU que Chile carece de un protocolo de atención en salud para resguardar los derechos de las mujeres, bisexuales y lesbianas que atienda a sus realidades específicas. La atención está pensada, diseñada y ejecutada sólo para mujeres heterosexuales”, redondeó el Movilh.

A la par se denunció que Chile no ha aprobado el matrimonio igualitario, ni la ley de identidad de género ni ha reformado la Ley Antidiscriminatoria 20.609, pese a ser ambas medidas compromisos internacionales.

Por último se reportó que la Ley Nº 20.480 sobre Tipificación del Delito de Femicidio no considera a las mujeres trans, y que la Ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar no es clara sobre los derechos de las personas LGBTI.

Las organizaciones denunciantes esperan que en función de su denuncia, la ONU haga recomendaciones y/o exigencias a Chile para mejorar la calidad de vida de las mujeres lesbianas, bisexuales o trans.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. CEDAW, Chile, Delito de Femicidio, Lesbianas, Miles, MOVILH, Mujeres bisexuales, Mujeres transexuales, Naciones Unidas, Sindicato Amanda Jofré, Violencia Intrafamiliar

Gays y trans fueron tratados de “caballos”, “perras”, “maricones” y “sidosos”, luego de que ganaran en tribunales distintos recursos por similares abusos. El Movilh concluyó que “Gendarmería es en extremo peligrosa para los derechos humanos de las personas LGBTI”

Nuevos abusos en razón de la orientación sexual e identidad de género propinados por gendarmes sufrieron personas privadas libertad, esta vez del Centro de Cumplimiento Penitenciario del Biobío, informó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

Los últimos atropellos afectaron a la interna trans Vicky Rosas Mendéz y a Cristofer Fidel Carrasco Galvez, en represalias por denuncias previas contra abusos homo/transfóbicos que fueron confirmados por tribunales.

Los hechos ocurrieron en el Centro de Cumplimiento Penitenciario del Biobío, donde los/as internos/as fueron tratados/as de “caballos”, “culiaos sidosos”, “perras” y “maricones” (Sic). Además, Vicky fue golpeada con un palo, y luego lanzada al suelo, recibiendo patadas por parte de al menos un funcionario de Gendarmería, mientras otros eran testigos pasivos de los abusos.

Los responsable de estos atropellos serían un sub-oficial identificado como Jorge González Roa y los capitanes de apellidos Mosalve y Valenzuela, quienes al presenciar los abusos nada hicieron para detenerlos.

Sólo en el 2017 se conoció de 13 casos de discriminación y torturas contra interno/as LGBTI en diversos penales del país, “todos los cuales fueron confirmados por tribunales. Hubo un total de cinco fallos, dos de la corte Suprema, que dieron la razón a los internos. Esto se suma a otros tres fallos del 2016”, indicó el Movilh.

“Contra todo lo deseable, los abusos han continuado, lo cual refleja que Gendarmería es una institución en extremo peligrosa para los derechos humanos de las personas LGBTI”, indicó el Movilh.

En ese sentido, el Movilh envió hoy una carta al director nacional de Gendarmería, Jaime Rojas Flores, expresando repudio por lo ocurrido y exigiendo medidas inmediatas.

En paralelo, el Movilh solicitó al director del Instituto Nacional de Derechos (INDH), Branislav Marelic, que encomiende a sus representantes en Bíobío la intervención de la entidad para sancionar y prevenir nuevos abusos.

“Recibimos una rápida respuesta del señor Marelic, quien al instante designó a la abogada de la Unidad Jurídica Nacional, Marlenne Velásquez, para hacerse cargo de la denuncia y dar respuestas a las víctimas. Valoramos profundamente ello”, dijo Guzmán

Muy distinto es lo ocurrido “de Gendarmería, la cual ni siquiera acusa recibo de las denuncias, lo cual incrementa la gravedad de los permanentes daños causados por esta institución”, finalizó el Movilh.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Biobío, Branislav Marelic, Centro de Cumplimiento Penitenciario, Cristofer Fidel Carrasco Galvez, Esteban Guzmán, Gendarmería, Instituto Nacional de Derechos (INDH), Jaime Rojas Flores, Jorge González Roa, Marlenne Velásquez, Unidad Jurídica Nacional, Vicky Rosas Mendéz

El Movilh consideró que “el Congreso Nacional no puede prestarse para ser escenario de abusos, como los ocurridos ayer”. El Movilh recordó que fallos de cortes de apelaciones y del máximo tribunal han sancionado a quienes no respetan el nombre y sexo social de personas trans.

 El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) reaccionó hoy a las declaraciones de la líder del “Bus del Odio”, Marcela Aranda, quien ayer en el Congreso Nacional violentó la dignidad y la identidad de género de su hija, Carla González, no respetando ni su nombre, ni su sexo social.

“Aranda usó un power point titulado “mi hijo”, dio a conocer aspectos íntimos y privados de Carla, la trató en todo momento como hombre, visibilizó su nombre legal y asoció a la transexualidad con abusos sexuales. Pues bien esto es transfobia, pero no es sólo. Es violencia intrafamiliar, así como un delito de discriminación sancionado por la Ley Zamudio que ocurrió de manera flagrante en el Congreso Nacional”, sostuvo el dirigente del Movlh, Rolando Jiménez.

El dirigente específico que “la Corte Suprema y diversos tribunales han sancionado a personas e instituciones por no respetar el nombre y sexo social de quienes son trans. Sólo el año pasado funcionarios de Gendarmería de Chile fueron sancionados en 5 fallos distintos por no respetar la identidad de género de las internas trans, mientras que la Corte Suprema aplicó la Ley Zamudio por igual motivo a la alcaldesa de Lampa, Graciela Ortúzar, quien violentó la dignidad de la ex concejala Alejandra González”.

“Es evidente, y no tenemos ninguna duda, de que iniciar acciones legales, Marcela Aranda sería sancionada por discriminación y violencia intrafamiliar. Sin embargo, dar este paso es una decisión exclusiva de Carla, que ella decidirá y a nosotros, sólo nos corresponde acatar”, dijo Jiménez.

Junto con expresar “su cariño y solidaridad” a Carla “por este nuevo difícil momento en su vida”, Jiménez apuntó que “el Congreso Nacional no puede ser escenarios de delitos flagrante. Estos abusos no pueden permitirse. Llamamos a los parlamentarios y parlamentarias a adoptar medidas al respecto en lo queda de debate de la Ley de Identidad de Género”

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Bus del odio, Chile, Homofobia/Transfobia, Marcela Aranda, Transexualidad

Por primera vez en 12 años, lesbianas y transexuales reportaron más atropellos que los gays.  En paralelom hubo 69 hitos a favor de las personas LGBTI, siendo así el 2016 el año de los cambios multisectoriales pro-igualdad. Destaca el mayor número de fallos judiciales y de nuevas leyes favorables, así como el Acuerdo por la Igualdad, el primer compromiso del Estado contra la homo-transfobia.

Informe DDHH 2016

 El 2016 fue el año de los “cambios multisectoriales en materia de igualdad de derechos y no discriminación” para la población lésbica, gay, bisexual, transexual e intersexual (LGBTI) de Chile, en tanto hubo avances en los tres poderes del Estado, así como en los planos socioculturales y políticos, sin embargo, el proceso está cruzado por un aumento significativo de los casos y denuncias por homofobia y transfobia, lo que el plano internacional fue especialmente extremo con la tragedia de Orlando.

 La constatación es parte del XV Informe anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, texto elaborado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y que se ha convertido en la principal fuente de organismos nacionales e internacionales para conocer  la realidad y estadísticas de las personas LGBTI en Chile, siendo citado en investigaciones de la ONU, la OEA, embajadas,  de los tres poderes del Estado y de universidades, entre otros.

Los casos de discriminación

 Un total de 332 casos o denuncias por homofobia o transfobia ocurrieron en 2016, un incremento del 28,6% en relación al año precedente. Esto marca una explosiva tendencia al alza desde el 2015.

Los casos se dividieron en 4 asesinatos; 40 agresiones físicas o verbales perpetradas por desconocidos, 3 atropellos policiales, 32 abusos laborales y 13 educacionales, 37 campañas homo/transfóbicas, 79 exclusiones institucionales, 19 negaciones de productos o servicios, 56 agresiones comunitarias (familia, amigos, vecinos), 48 discursos de odio y 1 hecho de discriminación en los medios.

Lamentablemente los crímenes de odio aumentaron un 33%, sumando 4 los homicidios, mientras que los abusos policiales pasaron de 0 en el 2015  a 3 en 2016.

En tanto, las denuncias por homo/transfobia laboral y comunitaria (familia, amigos, vecinos) aumentaron un 100% y un 80,6%, “un reflejo de un mayor empoderamiento para la exigencia de derechos en espacios que suelen ser difíciles, pues tienen el denominador común de generar cierta dependencia económica y/o afectiva entre la víctima y los victimarios”, señala el informe.

La investigación añadió que el aumento de casos y denuncias se relacionó “además con una intensificación de las acciones de las autoridades ultraconservadoras para boicotear a nivel institucional la tramitación de la Ley de Identidad de Género, así como por la intolerancia frente al Acuerdo por la Igualdad sellado entre el Estado y el Movimiento LGBTI. “Sin ir más lejos, las denuncias por homo/transfobia institucional; es decir aquella discriminación que busca limitar derechos en reglas, leyes, o políticas; subieron un 139% respecto al 2015”.

En lo referente a la distribución geográfica, la Región Metropolitana concentró la mayoría de las denuncias o casos de homofobia y transfobia, con el 32.2% del total nacional, seguida por Valparaíso (27,4%), Biobío (8%), Antofagasta (3%), Maule (3%), Los Ríos (2.4); Los Lagos (2,1%), Coquimbo (1.8%), Tarapacá (1.8%), Araucanía (1,8%), Magallanes (1.2%), Atacama (0.6%), Libertador Bernardo O´Higgins  (0.6%), Arica (0,3%) y Aysén (0.3%).

El estudio destacó que por “primera vez en 12 años las personas transexuales y lesbianas denunciaron más abusos que los gays, concentrando el 28%, el 24%  y el 23% del total de casos, en forma respectiva. En tanto, el 25% de los atropellos afectó a la diversidad sexual y de género como conjunto”.

“En el caso de la población trans el incremento se explica porque está exigiendo derechos en lugares donde antes se auto-marginaba  por la discriminación; como la educación y el trabajo; un fenómeno incipiente que seguirá enfrentándose a las diversas barreras transfóbicas, siendo esperable nuevos aumentos de denuncias en los próximos años”, redondea el estudio.

“La población lésbica, en tanto, incrementó sus denuncias en todos los planos, especialmente en los espacios laborales, educacionales y familiares, existiendo un mayor y más sólido empoderamiento en derechos, situación que merma la brecha con los hombres gays en lo referente al reporte de los atropellos”, indica la investigación.

Si bien es cierto en buena parte de los 332 atropellos del 2016 los responsables fueron los mismos sectores ultra-conservadores de siempre “en el año lamentablemente hubo abusos en nuevos espacios”.

“Así por ejemplo se conoció de torturas sistemáticas en Gendarmería de Chile, de abusos coyunturales de discriminación laboral en el CNCA del Maule y de violencia contra una madre en una Casa de Acogida financiada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, situaciones que chocan con los avances y demuestran la incapacidad de ciertos agentes estatales para hacer frente a la homofobia y transfobia y para tener como primera consideración la protección de las víctimas”, sostiene la investigación.

Pese a lo expuesto, el Estado mayoritariamente efectuó un correcto abordaje de los casos puntuales de discriminación, al colaborar activamente a través del Ministerio del Interior con el movimiento LGBTI en la entrega de ayuda y orientación a la casi totalidad de las víctimas del 2016, situación inédita.

Del total de casos y denuncias del 2016, fueron responsables 58 instituciones y 301 personas.

A nivel institucional, el Ranking 2016 de la Homofobia y la Transfobia lo encabeza Gendarmería, seguido por la UDI, la Clínica Alemana y la Clínica Alemana de Temuco; la Municipalidad de Talca, la Casa de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia Intramiliar Rebeca Ergas,  el Regimiento Brigada Acorazada La Concepción, de Antofagasta; la Primera Comisaría de Carabineros de Concepción,  la 55 Comisaría de Pudahuel, el CNCA-Maule, la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes (Soched), el Colegio Guardiamarina Ernesto Riquelme de Ovalle y la Escuela El Porvenir de Zapallar (Curicó), entre otros.

A nivel personal, el Ranking es encabezado por Juan Carlos Altamirano Matus, Constanza Andrea Opazo Rondanelli, Marcos Antonio Arenas Fariña, Iván Astoga Astorga y Yefferson Semmler Semmler (homicidas), seguidos por los/as  senadores/as Jacqueline Van Rysselberghe, Iván Moreira, Manuel José Ossandón, Andres Allamand y Francisco Chahuán, entre otros.

Los avances multisectoriales

 Durante el 2016 se registraron 69 hitos  pro igualdad LGBTI, entre esos los más fructíferos en el Poder Judicial, el más relevante a nivel estatal y los más amplios en el terreno legislativo, con especial impacto en los derechos de las familias homoparentales, de las personas trans y de los/as trabajadores/as, así como los más significativos avances en temas de adopción y matrimonio igualitario. Leer más…

General, Homofobia/ Transfobia. Chile, Homofobia/Transfobia, Informe 2016, MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Chile, Concejal, Concepción, Discriminación, Esteban Guzmán, Héctor Muñoz, Ley de Culto, Movilh-Biobío, RN

Rolando Jiménez, presidente del Movilh. Foto: Felipe Pinto / Terra

Desde 1991 el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) ha peleado para conseguir igualdad de derechos para las personas con diferente orientación sexual en Chile. Rolando Jiménez, uno de sus líderes históricos reconoce que han sido 23 años de mucho trabajo y asegura que aunque aún quedan muchos temas por sacar adelante, el cambio en la sociedad le hace pensar un próximo fin del Movilh.

“Lo hemos estado conversando, incluso entendemos que el Movilh es una herramienta y por lo tanto nosotros el otro día conversábamos de manera informal aún, si sacamos una institucionalidad anti discriminación, mejoramos la ley antidiscriminatoria, resolvemos el tema del matrimonio igualitario con la adopción de hijos, eventualmente estaríamos evaluando cerrar el Movilh y pensar en el recambio y que sean otros que asuman la tarea que queda”, apunta.

Jiménez analiza su paso por la agrupación y pese a que valora la forma en que las nuevas generaciones se han integrado y están aportando al avance en materia de igualdad, siente que la falta de conocimiento de la historia de las demandas homosexuales y cómo se han gestado debe cambiar.

“Por un lado es como de dulce y de agraz la situación que pasa con los jóvenes porque los chicos hoy día no se imaginan lo que era vivir a la edad de 20 años la represión que cada uno se asignaba así mismo”, explica.

“Hoy día los cabros no tienen idea de que las disco gay, las pocas que habían, eran allanadas permanentemente, que en las calles la policía te detenía porque si te pillaban del brazo con tu pareja o de la mano, que eran muy pocos los que se atrevían a hacerlo y la violencia policial era feroz en esos términos”.

“Hoy día eso no está en la conciencia, porque claro; uno, tememos tanta actividad cotidianamente que no nos da el cuero, no nos da la capacidad de además hacer un ejercicio de memoria, porque además las urgencias son otras, pero es interesante visualizar el cambio que se ha producido en las generaciones jóvenes cuando ellos no tienen incorporado en su memoria, en las historias de su vida, situaciones de represión o violencia como las que vivió mi generación o generaciones inmediatamente posteriores a la mía”, relata.

Jiménez reconoce que el tema de la falta de esa memoria histórica le molesta, pero tras una pausa advierte que el tema de que los jóvenes no se identifiquen con esa represión demuestra que el trabajo que han llevado adelante ha tenido valor.

“Me molesta a mí en lo personal que soy un viejo, como que me cuestiona que los cabros no tengan conciencia o respeto de esos temas, pero es normal y da cuenta del proceso, o sea, finalmente es la ganancia del trabajo que hemos hecho estos 23 años y eso termina reconfortando por lo que hemos hecho”.

Las banderas de lucha que quedan

Pese al análisis que hace Jiménez ante la posibilidad de que en un futuro próximo el Movilh ya no tenga necesidad de seguir existiendo, advierte que aún existen temas que se deben seguir trabajando.

“Estamos todavía a mitad de camino, o a un tercio de terminar de tramitar el Acuerdo de Vida en Pareja, esperamos que sea ley de la república a finales de este año o el primer trimestre del próximo a más tardar, va a ser un buen proyecto y paralelamente con eso estamos trabajando el matrimonio igualitario, estamos manteniendo también presencia en la tramitación de la ley de identidad de género que se está tramitando a un ritmo más lento”.

El presidente de la agrupación comenta además la propuesta legislativa entregada al Gobierno para modificar y mejorar la Ley antidiscriminación, la evaluación de políticas públicas en salud y educación y el grupo de trabajo instalado con las Fuerzas Armadas para aplicar la Ley Zamudio al interior de estas organizaciones.

“Estamos trabajando y tenemos convenios de cooperación con Gendarmería, con el Metro, con empresas privadas, hay una agenda muy amplia que se amplía cada vez más porque hay muchas demandas por ejemplo de parte de la empresa privada en temas de capacitación en materia de inclusión, de diversidad sexual, la ley antidiscriminatoria, entonces hay todavía mucho que hacer”, comenta.

“Las políticas públicas recién se empiezan a desplegar en Chile por lo tanto hay que monitorear eso, hay que proponer, hay que perseguir una vez que se establecieron los compromisos porque en los ministerios y servicios hay que hacerles seguimiento día a día”, concluye.

Fuente: Terra Chile , vía SentidoG

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El 2013 fue definido como el año de “las contradicciones gatilladas por la transición hacia mejores condiciones de igualdad”, pues al mismo tiempo que se registraron 50 hitos favorables a las minorías sexuales, se conoció de graves atropellos en los más variados planos.

Un 3% disminuyeron las denuncias y casos por discriminación a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) en el 2013, registrándose la baja más considerable en los episodios de  exclusión escolar (-50%), sin embargo, los asesinatos incrementaron (+33%) y se conocieron hechos de violencia sin precedentes, reportó el XII Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual en Chile elaborado por el Movilh con el financiamiento de la Unión Europea.

El estudio calificó al 2013 como el año de “las contradicciones” en torno a los derechos de la diversidad sexual, pues al mismo tiempo que hubo avances, se registraron graves abusos, situación explicable por “la transición hacia más y mejores condiciones  de vida para las personas”, indicó el movimiento.

“El fenómeno de la contradicción se da en todos los planos. Así, por ejemplo,  la Corte Suprema y Carabineros volvieron a ser las instituciones responsables de los atropellos más graves, pero al mismo tiempo, y a diferencia de antes, ciertos sectores  de los tribunales y policías dieron importantes pasos por la igualdad, como ocurrió con la histórica sentencia en el Caso Zamudio y en la edición de un manual que educa a los uniformados en derechos de la diversidad sexual”, sostuvo el Movilh.

Añadió que lo mismo “ocurre con la propia Ley Antidiscriminatoria, la cual contra todo pronóstico ha sido insuficiente en su carácter punitivo, sin embargo su existencia es responsable o ayudante de gran parte de los avances en políticas públicas antidiscriminatorias ocurridas el 2013”, redondeó la organización

En tanto,  mientras los denuncias y casos por discriminación disminuyeron, estos no sólo fueron más graves porque aumentaron los asesinatos, sino también porque se registraron casos de violencia sin precedentes: un joven quedó en estado vegetal, otro perdió un pie, un padre secuestró y amenazó de muerte a la pareja de su hijo sólo porque era gay y una docente hostigó a un niño de 9 años por creer que podría ser homosexual.

LA DISCRIMINACION EN CIFRAS

Los 143 casos y denuncias por discriminación del 2013 se dividieron en  4 asesinatos, 13 agresiones físicas o verbales perpetradas por  desconocidos, 6 abusos policiales, 10 atropellos laborales y 5 educacionales, 19 movilizaciones homofóbicas o transfóbicas, 15 casos de exclusión institucional,  10 prohibiciones a la libertad de expresión en espacios públicos y privados, 17 hechos de marginación comunitaria (familia, amigos/as, vecino/as), 42 declaraciones de odio y 2 episodios de segregación en el campo de la “cultura, medios y espectáculo”.

La categoría de  discriminación que más aumentó fue la “comunitaria”, con un 41%, más que el 2012, seguida por los asesinatos (+33%), las declaraciones homofóbicas o transfóbicas (+27%), las exclusiones laborales (+11%) y los abusos que violentaron la libertad de expresión (+11%),

Los aumentos se explican en la mayoría de los casos porque cada vez son más las personas que denuncian hechos que antes silenciaban, en un marco donde la sub-representación de los atropellos a la diversidad sexual sigue siendo un problema, pues sólo el 8% de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) reporta los abusos que padece en razón de su orientación sexual o identidad de género.

“En tanto,  el incremento de los dichos homofóbicos o transfóbicos mediatizados y/o emitidos por personajes públicos más bien se explicó porque las declaraciones cuentan con impunidad total a falta de una ley que sancione la incitación al odio. Además es en el plano discursivo donde los discriminadores están concentrando sus esfuerzos anti-igualdad al constatar que su interferencia en terrenos institucionales o de políticas públicas se está reduciendo por ser  cada vez más antipopular y porque la Ley Zamudio les juega en contra”,  señaló la investigación.

“Así por, ejemplo, quedó claro cuando un grupo  de diputados UDI presentó una reforma constitucional de manera que los hijos/as de parejas del mismo sexo pasaran a ser ilegales y/o de segunda categoría, cruzada que recibió un portazo de la mayoría de los parlamentarios y partidos”, recordó el estudio

Por otro lado, las discriminaciones de tipo institucional bajaron 21% en relación al 2012, mientras que fue en el terreno educacional donde se registró el mayor descenso de abusos (-50), seguido por las agresiones físicas perpetradas por desconocidos (-35%) y las movilizaciones homo-transfóbicas (-24%)

“El descenso en estos  casos se explica por el positivo efecto preventivo  y disuasivo de la Ley Zamudio,  pues por un lado  se implementaron políticas estatales contra las exclusiones, mientras que por otro los organismos públicos y privados han ido erradicando prácticas y reglamentos homo-transfóbicos sólo porque ahora estos son claramente ilegales a los ojos de la norma antidiscriminatoria.”, indica el estudio

El 8% de los 143 casos y denuncias del 2013 afectó sólo a personas transexuales, el 15% a lesbianas, el 27% a gays y el 50% a la población LGBTI como conjunto, siendo los abusos que dañaron a hombres homosexuales los más violentos, mientras que la población trans sigue siendo excluida de antemano de derechos  básicos y las mujeres que aman mujeres deben enfrentar la homofobia y el machismo al unísono.

Por su alta población, la Región Metropolitana concentró la mayor cantidad de casos y denuncias por homofobia y transfobia, con el 39.2%, seguida por Valparaíso (12.6%), La Araucanía (4.2%), Atacama, (2.8%), Biobío (2.8%), Antofagasta (2.1%), Los Lagos (2.1%), Libertador Bernardo O´Higgins (1.4%), Maule (1.4%), y Magallanes (0.7%).

Mientras que por primera vez se conocieron denuncias en Atacama, las regiones que más aumentaron en cuanto a la concentración de casos fueron La Araucanía, con 2.2 puntos porcentuales más que el 2012, seguido por el Maule (+1.6), Antofagasta (+0.8), Valparaíso, (+0.7), Magallanes (+0.1).

Desde el 2002 se han conocido 1.128 casos de discriminación, concentrando el 2013 el 12.7% del total.

Responsables de los abusos:

Los responsables de los atropellos del 2013 fueron 50 instituciones y 106 personas,  gran parte de estas representantes o integrantes de las iglesias católica y evangélicas, grupos ultra-religiosos ad hoc, autoridades de la UDI y de RN, militares en retiro y personas con antecedentes.

A nivel institucional el Ranking de la Homofobia y la Transfobia 2013 fue encabezado por la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones, por su rechazo a reconocer a la maternidad lésbica y a las familias homoparentales,  y en el segundo lugar la UDI, por su boicot al Acuerdo de Vida en Pareja y porque sus parlamentarios promovieron un proyecto de ley que buscaba declarar ilegales a los hijos de convivencias del mismo sexo.

En tercer lugar quedó Carabineros, por agredir física y verbalmente a personas  en razón su orientación sexual e identidad de género, seguido por la Iglesia Católica, varias iglesias evangélicas, el Liceo Santa Marta de Vallenar, el Liceo Politécnico 120 de Talagante, Eulén S.A, Hotel Sol Naciente de Puerto Montt, Empresa Shs, variados grupos ultra-religiosos (como Idea País, la Fundación Jaime Guzmán y Acción Familia), la Panadería Kether de Castro y distintas comunidades de militares en retiro.

A nivel personal, el primer lugar fue para los asesinos de los cuatro jóvenes que perdieron la vida el 2013, seguido en el segundo puesto por los jueces de la Corte Suprema Pedro Pierry, María Eugenia Sandoval, Juan Eduardo Fuentes y por el magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Cristóbal Mera.

En el tercer lugar quedaron los diputados UDI Ramón Barros, María Angélica Cristi, Claudia Nogueira, Mónica Zalaquett y el senador RN, Carlos Larraín. En el cuarto lugar los senadores UDI Víctor Pérez y Juan Antonio Coloma, los diputados UDI Iván Moreira, José Antonio Kast, Enrique van Rysselbergue,  el vicepresidente de RN, Manuel José Ossandón, el diputado (ind) Cristián Letelier, el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, y el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, entre otros de una lista de 16 ubicaciones.

Avances

Un total de 50 hitos favorables a los derechos humanos de la diversidad sexual ocurrieron el 2013.

En el campo de las políticas públicas brilló una nueva normativa de los bancos de sangre que terminó con la prohibición para que homosexuales donaran, mientras que se puso en ejecución la primera política estatal  de apoyo a víctimas LGBTI de delitos violentos.

Por su parte, el Minsal oficializó que los procesos de readecuación corporal de las personas transexuales pueden y deben ser cubiertos por Fonasa y el Mineduc lanzó las primeras orientaciones para erradicar la discriminación en los colegios haciendo por primera vez  explicita  mención a  la diversidad sexual y a las familias homoparentales, además de recomendar a los liceos un texto elaborado por el movimiento LGBTI. De igual manera, el Injuv consultó por primer vez en su encuesta nacional sobre la orientación sexual de los jóvenes y el Gobierno aplicó el primer sondeo nacional sobre discriminación.

En el  mundo uniformado se incluyó la temática de la diversidad sexual en una guía de formación para carabineros,  mientras que Gendarmería eliminó variadas prácticas homo-transfóbicas y firmó un convenio con el movimiento LGBTI para que los condenados por delitos menores cumplan sus penas con trabajo antidiscriminatorio. En un plano similar, las minorías sexuales se reunieron por primera  vez con el alto mando de la Fuerza Aérea de Chile

En el nivel municipal, cinco comunas (Independencia, Maipú, Providencia, Santiago, Vallenar) aprobaron ordenanzas, oficinas y/o políticas pro-derechos de la diversidad sexual , mientras que en un hecho del mayor simbolismo  nueve edificios consistoriales  (Antofagasta, Coquimbo, Independencia, La Reina, Providencia,  Tocopilla, San Antonio, Santiago y Valparaíso)  izaron la bandera del arcoíris.

Mientras en el terreno judicial marcó un hito la condena contra los asesinos de Daniel Zamudio y destacó una sentencia por discriminación contra un colegio católico en Vallenar, en lo político de la máxima relevancia fueron la inédita sanción por homofobia contra un diputado, Ignacio Urrutia, la llegada al Congreso Nacional de un hombre abiertamente gay, Claudio Arriagada, la asistencia de la mayoría de los candidatos presidenciales a un evento (Gay Parade) organizado por la diversidad sexual y las disculpas públicas ofrecidas por un candidato al Parlamento, tras dichos que dañaron la dignidad de personas.

En el campo laboral resaltó el inédito convenio firmado por una multinacional (Sodexo) con el movimiento LGBTI y en el académico-social seminarios que abordaron la doble discriminación que padecen las minorías sexuales adultas mayores y con capacidades diferentes.

En el terreno televisivo se perfiló como un cambio el primer matrimonio igualitario difundido por una serie, Separados.

En tanto, a nivel internacional destacó que la OEA aprobará la “Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia” y su sexta resolución sobre “Derechos Humanos, Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género”, mientras que un grupo de países celebró en la ONU la “Primera reunión ministerial sobre el papel de las Naciones Unidas para la eliminación de la violencia y la discriminación contra  personas LGBTI”.

En un ángulo similar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  aprobó crear la Relatoría sobre los Derechos de las Personas LGBTI y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) incluyó entre sus desafíos de población y desarrollo a los derechos de la diversidad sexual.

Por su parte, la Unión Europea aprobó  las “Directrices para promover y proteger el disfrute de todos  los derechos humanos por parte de las personas LGBTI” en todo el mundo, mientras que su delegación en Chile firmó convenios y/o respaldó actividades de diversos movimientos LGBTI.

En tanto, el Papa Francisco se convirtió en el primero del Vaticano en cuestionarse públicamente que “¿quien soy yo para criticar?” a una persona homosexual, generando un gran debate y múltiples interrogantes.

Por último, el 2013 queda registrado como el año de mayor movilización pro derechos de la diversidad sexual en las calles, pues 252 mil personas se expresaron por la no discriminación y la igualdad de derechos en 12 ciudades donde hubo marchas o eventos masivos, destacando los primeros desfiles en Castro y Los Ángeles.

Fuente MOVILH

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Junto con recordar al joven, el Movilh reportó que tras su asesinato otras 34 personas LGBITQ+ han perdido la vida en crímenes de odio. En tal sentido el organismo insistió en la necesidad de reformar la Ley Zamudio, llamando al Congreso Nacional a acelerar su tramitación, además de lamentar que a la fecha Gendarmería aún no explica los irregulares e ilegales beneficios con que cuenta uno de los homicidas de Daniel en la Cárcel de Valparaíso.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) recordó que hoy se cumplen nueve años del “brutal ataque homofóbico que terminó por quitar la vida a Daniel Zamudio”, al tiempo que instó al Congreso Nacional a acelerar la tramitación de la reforma a la Ley Antidiscriminatoria y lamentó que hasta la fecha Gendamería “no explique los irregulares e ilegales beneficios carcelarios con que cuenta uno de los homicidas del joven, hecho que denunciamos el año pasado”.

El vocero del Movilh, Oscar Rementería, recordó que “un día como hoy, a eso de las 20:00 horas, Daniel Zamudio  salió de un cibercafé en Providencia y se dirigió al Parque San Borja. Cerca de las 21:30 horas comenzó a conversar con cuatro sujetos, que solo en razón de su orientación lo torturaron durante horas, hasta la madrugada del día siguiente”.

El crimen homofóbico “es unos de los más brutales conocidos en Chile y a nivel internacional. A Daniel lo orinaron y quemaron con cigarros, azotaron su cabeza con una piedra de 6 kilos y con vidrios dibujaron la esvástica en su cuerpo. Producto de la golpiza falleció el 27 de marzo. Daniel significó un antes y un después para los derechos LGBTIQ+ y en razón de su fatal desenlace, se aceleró la tramitación de la Ley Antidiscriminatoria, que renombramos como Ley Zamudio”.

Lamentablemente, añadió Rementería, “tras  el asesinato Zamudio, las denuncias por ataques a personas LGBTIQ+ han aumentado, a un punto que se han registrado 34 nuevos crímenes de odio, resultando en la casi totalidad de los casos completamente ineficiente la Ley Zamudio para alcanzar justicia, pues solo en cuatro ocasiones se ha aplicado el agravante contemplado en la norma y no ha habido ningún tipo de reparación”.

Un estudio del Movilh arrojó que desde la entrada en vigencia de la Ley Zamudio, y hasta el 2020, se presentaron unas 500 denuncias por Ley Zamudio. De éstas, apenas el 23,4% terminó con sentencias, la mayoría desfavorables para las víctimas.

“Esto significa que las personas no están usando la ley y que cuando la utilizan en pocas ocasiones hay justicia. Por eso insistimos en la necesidad de acelerar la reforma, la cual se encuentra radicada en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, tras su aprobación general en Sala el pasado 27 de enero”, sostuvo Rementería.

Entre otros, la reforma debe considerar “indemnización y reparación  para las víctimas, la eliminación de restricciones que impiden apelar a la ley para derogar normas o sentencias discriminatorias y la instalación de posibilidades  reales para aplicar el agravante ante un delito relacionado con  exclusiones, enfatizando el enfoque preventivo de la vulneración de derechos”, apuntó Rementería.

Finalmente, el Movilh lamentó que a “nueve meses de denunciar que Alejandro Angulo,  uno de los asesinos de Daniel Zamudio, gozaba a julio del 2020 de diversos beneficios carcelarios en la Cárcel de Valparaíso; como son uso de celular y de videojuegos; Gendarmería de Chile aún no responde a estos reclamos, ni menos se ha conocido de sanciones contra los responsables de estas ilegalidades. Repudiamos la indiferencia e indolencia de Gendarmería frente a estos atropellos, que han significado incluso que desde la cárcel Angulo amenace con asesinar más personas”.

Historia sobre el Caso Zamudio aquí:

Fuente MOVILH

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Alejandro Angulo, Chile, Daniel Zamudio, Gendarmería, Homofobia/Transfobia, Ley Zamudio, MOVILH, Óscar Rementería

El Movilh reportó los hechos al Ministerio de Justicia y al INDH. Una de las mujeres trans afectadas ha sufrido 4 episodios de violencia en distintos penales del país en el plazo de un año y en todos los casos tribunales ha sancionado a Gendarmería de Chile.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) se reunió ayer con el subsecretario de Justicia, Nicolás Mena, para denunciar violentos abusos y torturas propinados por gendarmes del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Antofagasta contra internos/as gays y transexuales, hechos que han sido confirmados por el Tribunal de Garantía de la ciudad.

Los abusos afectaron el pasado 21 de diciembre a la pareja del mismo sexo R.O.O y C.C.G, así como a las mujeres trans V.R.M y M.P.B, está última especialmente afectada, pues desde hace un año viene padeciendo periódicas torturas en diversos penales del país, tras traslados decretados por tres tribunales a raíz de los atropellos.

Los abusos en el módulo 88 de la cárcel de Antofagasta “se tradujeron en golpes con pie, puño y luma propinados por funcionarios de Gendarmería, así como lanzamiento de agua con una manguera de bomberos y rociamiento de gas pimienta. Además los/as internos/as fueron obligados/as a desnudarse, junto con recibir continuos insultos en razón de la identidad de género y la orientación sexual, lo cual afectó especialmente la dignidad de las mujeres trans”, indicó el Movilh

Por esta razón, el magistrado del Juzgado de Garantía de Antofagasta, Marco Antonio Rojas, se vio en la obligación de ordenar el pasado 25 de enero el traslado de los internos/as a un penal de Arica, lo cual debería ocurrir en los próximos días.

“Expresamos nuestra extrema preocupación por estos hechos al subsecretario Mena. Se trata de atropellos que ya se han transformado en un lamentable y deleznable constante y que convierten a Gendarmería en un lugar peligroso para los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI)”, sostuvo el Movilh.

El organismo añadió que “especial preocupación expresamos a Mena por la calidad de vida de la mujer trans M.P.B, pues ella ha sido previamente torturada y ofendida por su identidad de género en dos oportunidades en el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio y en una en el Centro de Cumplimiento Penitenciario del Bío-Bío, siendo esa la razón por la que fue trasladada a Antofagasta”.

“Aquí nos encontramos en un círculo vicioso, pues los jueces hacen lo que pueden ordenando los traslados a otros recintos penitenciarios, pensando que esa medida será para mejor, pero los atropellos continúan donde sean derivados los/as internos/as, quizás por represalias, por lo que hace falta una política más integral”, añadió el Movilh.

En efecto, el pasado 15 de enero del 2017, M.P.L.B, C.C.G, R.O.O y V.R.M, fueron además agredidos/as verbalmente por su orientación sexual e identidad de género por parte de un cabo de apellido Pezoa, quien los/as roció con gas pimienta y los/as amenazó con nuevos abusos si es que persistían con sus denuncias.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, precisó que en ese sentido, “el subsecretario Mena comprometió una investigación, ahora gubernamental, sobre los hechos, así como un reforzamiento de los convenios que nuestra organización tiene con Gendarmería y del trabajo conjunto que veníamos desarrollando con éxito hasta el 2015 con el Departamento de Derechos Humanos de esa entidad”.

Jiménez añadió que “todos abusos también los reportamos al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, a quien solicitamos que envié a sus funcionarios a fiscalizar lo que está ocurriendo en Antofagasta. Esperamos noticias sobre este punto en los próximos días”.

En uno de los atropellos, el de C.C.G ya había intervenido el INDH, que el inspeccionar la cárcel de Antofagasta, dio con cámaras de video, logrando acceder al registro audiovisual de los abusos.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Antofagasta, Branislav Marelic, Chile, Homofobia/Transfobia, INDH, Marco Antonio Rojas, MOVILH, Nicolás Mena, Rolando Jiménez

Los atropellos van desde la negación de medicamentos, hasta golpizas. Pese a existir fallos de tribunales contra los  abusos,  la Dirección Regional de Gendarmería del Biobío faltó en forma grave a la verdad al indicar que “no hay denuncias”.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) expresó a la Dirección Nacional de Gendarmería su preocupación por brutales atropellos contra la dignidad de las personas transexuales y de quienes viven con VIH al interior de los recintos carcelarios de Iquique y Concepción.

“Se trata de negación de medicamentos a personas viviendo con VIH y de golpizas tan graves, que los tribunales han llamado a Gendarmería a respetar la Convención Internacional contra la Tortura”.

En ese contexto, el viernes pasado el Movilh envió una carta al director nacional de Gendarmería Jaime Rojas Flores, solicitando “medidas inmediatas para acatar los fallos y para implementar medidas que cesen los atropellos”.

El Movilh, que desde hace años trabaja con Gendarmería en medidas anti-discriminatorias, se mostró “alarmado y decepcionado por estos atropellos , que han ocurrido principalmente en regiones. Ello demuestra la necesidad de más, mejores y, en especial, descentralizados procesos de sensibilización”.

El organismo recordó que el pasado 29 de julio la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Iquique acogió un recurso de protección de una interna trans afectada por el VIH que acusó a Gendarmería de negarle en forma sistemática la triterapia para su tratamiento.

El fallo de la magistrada Mónica Adriana Olivares, enfatizó que “lo cierto es que Gendarmería de Chile, correspondiéndole hacerlo, no ha adoptado ninguna acción de forma diligente para resolver los padecimientos de salud que pudiera estar enfrentando la amparada como sería el haber obtenido una muestra de sangre en el mismo hospital del penal al momento de su ingreso parta determinar si padece VIH y consecuencialmente los pasos a seguir”.

Se ordenó así a Gendarmería a “trasladar de inmediato” a la interna al “Policlínico UNACSESS del Hospital” de Iquique “para recibir el tratamiento respectivo”.

Sin embargo, explicó el Movilh, “la situación es aún más grave al considerar que el coronel de Gendarmería y Director Regional, Sergio Castillo, negó en todo momento los hechos, sin asumir responsabilidades, mientras que la afectada permanece en las mismas condiciones a las anteriores al fallo”.

En tanto, el 8 de marzo pasado la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción acogió una denuncia de una persona trans y de otra viviendo con VIH, las cuales acusaron a funcionarios de Gendarmería de propinarles golpes con un bastón en las manos, espalda y rostro, de obligarlas a desnudarse, de impedirles constatar lesiones bajo amenazas, y de aislarlas por excesivo tiempo, hechos ocurridos en el marco de allanamientos a las celdas.

Al respecto, los jueces César Gerardo Panés Ramírez, Jaime Solís Pino y Valentina Salvo Oviedo, dieron por ocurridos los graves hechos y fallaron que “la situación vivida por los indicados internos atenta contra su seguridad individual (…) razón por la cual habrá de otorgársele la protección impetrada”.

Se ordenó así al Director Regional de Gendarmería de Chile, Coronel Pablo Toro Fernández, a “arbitrar las medidas efectivas que correspondan para que el personal de su dependencia cautele la integridad física de los internos garantizándoles un trato digno, dando estricto cumplimiento a lo establecido en las leyes, la Constitución Política de la República, los Tratados Internacionales y, en forma especial, a lo dispuesto en la Convención contra la Tortura”.

El fallo apuntó que Gendarmería debe adoptar las medidas “compatibles con el servicio en orden a instruir al personal de su dependencia acerca del trato adecuado que debe dársele a las internas, en consideración a su particular situación de transgénero”.

Repudiable reacción de la Dirección Gendarmería en el Biobío

En el marco de una “grotesca falta a la verdad”, lamentó el Movilh, la Dirección Regional de Gendarmería del Biobío negó el fallo y las denuncias al ser consultada por la prensa.

En efecto, el alcaide Subrogante, Andrés Muñoz, rechazó  la existencia de denuncias, y alegó que sólo se conocía de un abuso al respecto, pero cometido entre internos del Centro Penitenciario El Manzano.

El Movilh replicó que “con esta declaración, la Dirección Regional de Gendarmería ha cometido una doble falta, ocultar la verdad, lo que resulta intolerable y repudiable. Nos asombra y molesta profundamente que se recurra a una estrategia tan baja, como faltar a la verdad, para desviar responsabilidades”.

El organismo precisó que “la prueba contundente y que desnuda la falsedad en la que ha incurrido la Dirección Regional de Gendarmería y el alcaide Muñoz, es un fallo de la justicia que acogió el reclamo de dos internos y que exigió al centro penitenciario, nada más, ni nada menos, que respetar la Convención Internacional contra la Tortura, justamente porque no lo estaban haciendo”.

El Movilh puntualizó que “si la Dirección Regional del Biobío está desmintiendo un fallo de la justicia, ha incurrido en una falta gravísima, por lo que exploraremos las acciones administrativas o legales que sean necesarias para impedir estos grotescos encubrimientos”.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Andrés Muñoz, Biobío, Cárceles, Centro Penitenciario El Manzano, César Gerardo Panés Ramírez, Chilr, Concepción, Iquique, Jaime Rojas Flores, Jaime Solís Pino, Malos tratos, Mónica Adriana Olivares, MOVILH, Pablo Toro Fernández, Sergio Castillo, Transexuales, Transexualidad, Valentina Salvo Oviedo, VIH/SIDA

Una pequeña muestra de la hipocresía con la que algunosque no hicieron nada ante estos hechos pretenden dar lecciones a otros…

El ex-párroco de Can Picafort ingresa en prisión

Llegó a violarla entre 10 y 12 veces

La sentencia destaca “la violencia e intimidación que ejerció el acusado sobre la menor”

General, Iglesia Católica Abusos sexuales, Bonifacio Buzzi, Can Picafort, Chile, Hipocresía, John O´Reilly, legionarios de Cristo, Mallorca, Pederastia, Pere Barceló, Spotlight, Tres Coraçoes

General, Historia LGTBI Acuerdo de Unión Civil, Capacitación, Carabineros, Chile, Cruz Roja, Espofen, Gendarmería, IV Curso de Instructores de Derechos Humanos Aplicables a la Función Policial, MOVILH, “Nicolás tiene dos papás”

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– Asociación de transexuales pide centros de acogida para jóvenes LGTB en Madrid. En el Día Internacional del Orgullo LGTB, la asociación Transexualidad Clínica de Madrid denunció un incremento en el número de jóvenes y menores de edad que se ven obligados a vivir en las calles y plazas de Madrid. La asociación Transexualidad Clínica de Madrid (TCM) pidió ayer a los Gobiernos de la capital y de la comunidad autónoma la apertura de casas de acogida para jóvenes LGTB que han sido expulsados de sus hogares por razones de LGTBfobia. “Vienen a nuestra ciudad desde cualquier punto de España, y ningún joven ni ningún anciano deben dormir en la calle teniendo por almohada el asfalto y por sábana el aire raso””, afirmó el portavoz de la asociación, Andrés de la Portilla. Transexualidad Clínica de Madrid señaló a la homofobia, la transfobia y la bifobia como causas de la expulsión de estos jóvenes de sus hogares. Por este motivo, solicitó a las autoridades que no permitan que en la Comunidad de Madrid haya huérfanos sin hogar por razones de discriminación. Por este motivo, plantearon la necesidad de abrir, de inmediato, una casa de acogida que ofrezca protección y evite que estos jóvenes acaben en la mendicidad o en la prostitución. Leer más…

– Miss Gay Nicaragua luchará contra la homofobia en el país. Para competir en el certamen de belleza, decenas de concursantes desfilaron la pasada semana por el escenario del auditorio de un hotel en Managua con exuberantes vestidos tradicionales, trajes de noche adornados con lentejuelas y plumas y ropa de baño. El ganador del certamen, Carlos CastroCarlos Castro, conocido artísticamente como Amerika Ithzell Korkobas Berdrinadxy, ahora visitará varias provincias de la nación centroamericana en el papel de Miss Gay Nicaragua con el objetivo de crear conciencia social sobre la diversidad sexual y la identidad de género y ayudar a combatir la discriminación. Leer más…

– Cine LGTB en las cárceles de Chile para erradicar la homofobia. El acuerdo será firmado por el director de Gendarmería (guardia de prisiones en este país), Juan Letelier Araneda, y el director del Área de Derechos Humanos del Movilh, Rolando Jiménez, en la Cárcel Santiago. La Gendarmería de Chile y el Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh) firmarán hoy viernes un inédito convenio que contempla, entre cosas, llevar a las cárceles de este país cine de temática LGTB con el fin de erradicar allí la homofobia y la transfobia. Una vez se firme el convenio, se pondrá en ejecución inmediata uno de los puntos del trato, consistente en educar y sensibilizar sobre los derechos humanos a través del cine con temáticas sobre la diversidad sexual, por lo que se proyectará en una pantalla gigante un corto español que podrán ver los reclusos y guardias. Leer más…

– Hija de familia trans recibió partida de nacimiento que respeta identidad de género de sus padres. Fuente: 100% Diversidad y Derechos. Hoy, en la sede del Registro Civil de la provincia argentina de Salta, una niña de tres años recibió una nueva partida de nacimiento con los nombres y el sexo registral de sus padres rectificados. La modificación – por vía administrativa- de los datos identificatorios de la pareja trans le dará legalidad a la partida de nacimiento de su hija y respetará su derecho a la identidad y sus vínculos filiatorios. El cambio fue ordenado por la fiscal de estado, Dra. Mónica Lionetto, luego de que la directora del Registro Civil se negara a aplicar la Ley de Identidad de Género. 100% Diversidad y Derechos y la Fundación Igualdad de Salta habían exigido el cumplimiento de la Ley. Leer más…

– La primera red profesional internacional para mujeres lesbianas: LesWorking. Su impulsora es la española Marta Fernández. Cuenta con más de 300 asociadas de 15 países diferentes. Para entrar hay que ser lesbiana y tener al menos 10 contactos, pues LesWorking es la primera red profesional internacional para mujeres lesbianas. Su impulsora, la gallega Marta Fernández es directiva de la consultora internacional KPMG. “El lesbianismo es algo que muchas mujeres llevan en secreto. Lo que trato de hacerles ver es que no están solas. Luego organizamos conferencias y otro tipo de actos abiertos a heterosexuales. Lo que queremos es facilitar el contacto entre las mujeres lesbianas empresarias o trabajadoras por cuenta ajena para ayudarse mutuamente en sus carreras profesionales y dar soporte a proyectos que sirvan para dar visibilidad a este colectivo tanto en la sociedad como en las empresas”, asegura en una entrevista a “La Opinión de Málaga”. Leer más…

– La unión civil y unión solidaria volverán a debatirse en agosto en Perú. Fuente: El Comercio (Perú). Comisión de Justicia peruana postergó discusión de iniciativas hasta la próxima legislatura para priorizar otros puntos de su agenda.La Comisión de Justicia del Congreso de Perú postergó hasta la próxima legislatura –que comienza en agosto– el debate de los proyectos de la unión civil y la unión solidaria. Según el parlamentario Julio Rosas (Fuerza Popular), la decisión se tomó porque su colega Carlos Bruce (Concertación Parlamentaria) pidió que su proyecto de la unión civil se excluya del predictamen de la unión solidaria (que acumula varias iniciativas del tema). Ante este nuevo escenario, ambas iniciativas deben discutirse por separado en el grupo. Rosas acotó que por ello se decidió priorizar otros puntos de la agenda de la comisión. El mencionado predictamen se debatió en la sesión del grupo congresal del martes pasado. Tras esa reunión, Bruce solicitó que la unión civil se desacumule de la unión solidaria porque este documento tampoco tiene el apoyo mayoritario de las bancadas. Leer más…

– Apoyo Positivo defiende una “diversidad integral e inclusiva” en el Orgullo. Reivindica una mayor implicación por parte de las Administraciones Públicas y empresas, especialmente del colectivo LGTB, en programas de promoción de la educación afectivo-sexual y respuesta a ITS. El aumento de infecciones por VIH y otras ITS dentro del colectivo LGTB debe ser una de las principales preocupaciones y reivindicaciones de la comunidad. La educación, promoción de la diversidad y empoderamiento de los jóvenes son clave para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la población. El día 5 de julio se celebrará en Madrid la manifestación estatal del Orgullo LGTBI 2014 en la que Apoyo Positivo participará, de nuevo, junto a la Embajada de Holanda, único país en apoyar oficialmente una marcha del Orgullo LGTB en España, con el lema: “Celebramos la diversidad con Orgullo”. Leer más… Leer más…

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Carlo Alberto Capella (Foto: Internet)

Carlo Alberto Capella, exconsejero de la nunciatura en Washington

El religioso se enfrenta a una multa y una pena de cárcel que puede exceder los cinco años

La Santa Sede a través de una escueta nota, informó este sábado del arresto del religioso Carlo Alberto Capella, exconsejero de la nunciatura en Washington y acusado por Canadá de poseer imágenes de pornografía infantil, quien actualmente se encuentra en una celda del cuartel de la Gendarmería vaticana a disposición judicial. Monseñor Carlo Alberto Capella había sido acusado por Canadá de haberse descargado dichos contenidos durante una estancia en diciembre de 2016. El monseñor, diplomático de alto rango, exoficial de la Sección para las Relaciones con los Estados de la Secretaria de Estado, se encontraba en el Vaticano, en el Colegio de los Penitencieros, en estado de restricción y esperando el juicio. Ahora, sin embargo, se encuentra en una celda del cuartel de la Gendarmería vaticana a disposición judicial. Lo que indicaría que se han reunido más pruebas en su contra.

La Santa Sede explicó en un comunicado que “esta mañana, a propuesta del promotor de Justicia (fiscal), el juez instructor del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano emitió una orden de arresto contra monseñor Carlo Alberto Capella”.

“El procedimiento se ha llevado a cabo por miembros de la Gendarmería vaticana. El imputado está detenido en una celda del cuartel del cuerpo de la Gendarmería, a disposición de la autoridad judicial”, reza la nota.

El comunicado informa además de que el arresto se produce después de una investigación que ha llevado a cabo el promotor de Justicia y de que “el juez instructor ha tomado la decisión sobre la base de los párrafos 3 y 5 del artículo 10, de la ley VIII de 2013”.

El párrafo 3 de este artículo establece que aquel que “distribuya, divulgue, transmita, importe, exporte, ofrezca, venda o guarde” material con contenido “de pornografía infantil”, o “distribuya o divulgue noticias o información con finalidad de explotación sexual de menores”, será sancionado “con prisión de uno a cinco años” y una multa de entre 2.500 y 50.000 euros.

Por su parte, el punto 5 dice que la pena puede ser superior si el material “es de ingente cantidad”.

En septiembre de 2017, el promotor de Justicia vaticano abrió una investigación contra este funcionario después de que la Policía canadiense lo acusara de posesión y distribución de material pornográfico infantil, descargado durante un viaje que el sacerdote realizó al país en diciembre de 2016, informan los medios italianos.

El caso llega en un momento en el que arrecian sobre el Vaticano las críticas por no haber llevado la eficacia en la lucha contra la pederastia a los estándares de “tolerancia cero” que el papa Francisco prometió a su llegada, ahora hace 5 años. Especialmente después de la tormenta desatada tras las presuntas negligencias en el tratamiento de los casos de abusos a menores en Chile y la protección jurídica que, en tantas ocasiones, se ha brindado a los religiosos acusados.

EE UU, según publicó AP en su momento, pidió que se levantase la inmunidad diplomática del religioso para presentar cargos, pero la Santa Sede (que no tiene tratados de extradición con ningún país), según la misma fuente, prefirió traerlo de vuelta para juzgarlo. Las autoridades canadienses, según difundió el Vaticano en su momento, no habían emitido una orden de captura para Capella. De modo que, como ha sucedido otras veces, y teniendo inmunidad diplomática, el funcionario será juzgado en la Santa Sede pese a que cometió su delito en suelo extranjero.

Desde la apertura de la investigación, Capella ha permanecido en el Vaticano.

Fuente Agencias/Religión Digital)

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Evangélicos en la cárcel

En algunos países los protestantes tienen módulos aparte

Con parquet y televisión de plasma, financiados por la Iglesia

“Cuando alguno de los “hermanos” no sigue las normas, es expulsado del pabellón evangélico y vuelve con los demás reos“

Mario Ibáñez cumple su condena de traje, corbata y Biblia en mano. Es uno de los reos evangélicos que están revolucionando las cárceles chilenas, donde obtienen seguridad y comodidades a cambio de disciplina y devoción.

El fenómeno comenzó en Brasil y siguió en Argentina, que incluso cuenta con una cárcel -la Unidad 25- exclusiva para evangélicos. Éste es el próximo objetivo de los religiosos chilenos, que ya han pedido a Gendarmería que les ceda un penal.

En la exPenitenciaría de Santiago, los portones con rejas chorrean líquidos oscuros. Un vaho de humedad reina en el ambiente y la pintura descascarada evidencia la dejadez del sitio, maltratado por los propios internos, según Gendarmería.

Pero en la denominada Calle 4 se aprecia un mundo aparte: 252 reos de pie y ordenados en filas rezan y cantan con las manos alzadas en un largo corredor con celdas a cada lado. Se han levantado a las 06H00 locales, aseado y lavado su ropa por turnos; luego han trabajado en talleres en el mismo pasillo con olor a desodorante ambiental durante toda la mañana. Las paredes están recién pintadas, los baños nuevos y el suelo es de cerámica o parqué flotante. Son todas reformas hechas por ellos mismos.

“Aquí hay principios, buenas costumbres. En los módulos que no son de ‘hermanos’, es una vida donde se baten a muerte día a día“, explica a la AFP Mario Ibáñez, un reo evangélico con 15 años de condena por robo con intimidación proveniente de la cárcel Colina, donde también existe una torre exclusiva para evangélicos.

Para los gendarmes, sobrepasados por la presión de su trabajo en un sistema que sufre un hacinamiento del 70%, los evangélicos son una solución para la convivencia interna. Para el resto de los reos, son los “que se esconden detrás de la Biblia”.

Los pastores que llegan a evangelizarlos son en su mayoría exreos como ellos, como Guillermo Cáceres: media vida perdida en la cárcel por asesinar a un joven, y hoy capellán de la exPenitenciaría, respetado y aclamado en el patio.

“Sé lo que es estar aquí, pasar hambre“, explica. “La población penal que nos conoció a nosotros en la vida pasada, y nos ve cómo estamos ahora, creen. Y se van sumando cada día más”, agrega.

En su corredor los religiosos cuentan con equipos de música de alta fidelidad, un televisor de 52 pulgadas y lavadoras. Todo es propiedad de la Iglesia Evangélica, financiado con donaciones de sus fieles.

Cuando alguno de ellos no sigue las normas, es expulsado del pabellón evangélico por el pastor y los reos.

La misma Gendarmería ha pedido el traslado de pequeños grupos de reos evangélicos a otras cárceles del sur para crear otras comunidades. “Son los más pacíficos y sirven como neutralizador de problemas en el penal”, explica el obispo de la Catedral Evangélica de Chile, Eduardo Durán.

Según Clemir Fernandes, sociólogo del Instituto de Estudios de la Religión (ISER) brasileño, “con las actividades y el lenguaje que usan (los evangélicos), parece que atendieran más la realidad del preso“.

Para el obispo, “el Estado ha fracasado en muchas de estas áreas“, mientras la iglesia evangélica ofrece recursos, atención y reinserción social.

El seguimiento a los reos sigue fuera de la cárcel, con una red de empresarios practicantes que les dan trabajo y ayudan a limpiar sus antecedentes, siempre que exista voluntad de su parte.

Ocho de cada diez reclusos evangélicos no vuelve a delinquir según datos de la iglesia, que no han sido confirmados de forma oficial.

Un reciente informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) alaba la labor y logros de los evangélicos, pero se pregunta por el riesgo de coerción y la necesidad de que todos los presos aspiren a esas condiciones de bienestar, no únicamente por ser fieles.

En las cárceles chilenas esos fieles representan un 39% de los internos, según el INDH, en un país de tradición católica con creciente secularización, donde los evangélicos suman una décima parte de la población.

En los últimos diez años, los evangélicos se han triplicado en América Latina.

¿Pero cómo logran convivir con los “gentiles”, como llaman a los no creyentes? “Es complicadísimo, pero hay estrategias. Como atenderlos cuando llueve o hace frío, abrirles las puertas de la Iglesia”, explica Hernán Romero, un reo evangélico que se puso la primera corbata de su vida en la cárcel.

“La comunidad es un refugio. No todos queríamos llegar aquí, pero cuando uno llega termina por caer vencido“, sonríe. (RD/Agencias)

Fuente Religión Digital:

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