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Venezuela, Nicaragua y El Salvador, en la mira por violaciones de DD.HH. contra las personas LGBT+

Lunes, 2 de mayo de 2022
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CCFCEA7C-5208-4A03-8E46-1CF7BEDBD0E7Trío anti-derechos LGBT+… Nicolás Maduro, Nayib Bukele y Daniel Ortega.

Son tres de los países latinoamericanos con mayor cantidad de menciones negativas en el informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos en el mundo. Brasil, señalado por el aumento de asesinatos de personas trans.

Por Rodrigo Duarte

19 de Abril de 2022

En América Latina, Venezuela, Nicaragua y El Salvador fueron tres de los peores países para ser una persona de la comunidad LGBT+ durante el año pasado, junto a los 9 países caribeños que siguen criminalizando las relaciones homosexuales, perennes integrantes de esa bochornosa lista año tras año.

Así se desprende del flamante informe sobre Derechos Humanos en el mundo elaborado por el Departamento de Estado de EU, que su titular Antony Blinken presentó la semana pasada, y en el que nuevamente aparecen Rusia y China como los principales perpetradores de violaciones a los Derechos Humanos en el 2021 (con la invasión a Ucrania, el régimen de Putin se aseguró revalidar el título en el 2022)

Con respecto a Venezuela, uno de los régimenes más represivos en la región en términos generales, el gobierno de Biden menciona el desabastecimiento de antirretrovirales para personas portadoras de VIH y enfermas de SIDA, que han sufrido desde el 2016 una criminal escasez de medicamentos, agudizada luego que el Estado se convirtiera en el único autorizado para comprarlos. Esta dramática situación ha llevado al exilio a decenas de miles de pacientes imposibilitados de continuar su tratamiento en el país, además de empujar a otra enorme cantidad de personas positivas a interrumpir su adherencia, lo que debilita el sistema inmune y acelera la progresión del virus en el cuerpo.

El informe también señala que la Defensoría Especial para la Protección de las Personas de la Diversidad Sexual de Venezuela es “ineficaz” y que la mayoría de los delitos de odio contra personas LGBT+ no son investigados, detallando la falta de legislación en el país para proteger a personas de dicho colectivo, que van desde la falta de un marco legal para relaciones entre personas del mismo sexo hasta la ausencia de una ley de identidad de género.

“El régimen de Maduro niega sistemáticamente el reconocimiento legal a las personas transgénero e intersexuales al impedirles obtener los documentos de identidad necesarios para acceder a la educación, el empleo, la vivienda y la atención médica. Esta vulnerabilidad a menudo llevó a las personas transgénero e intersexuales a convertirse en víctimas de la trata de personas”, apunta el Departamento de Estado.

Tampoco dejaron pasar la persecución por parte de las Fuerzas Armadas en Venezuela contra sexualidades diversas. Los cinco cuerpos que la integran, centrales para el proyecto dictatorial de Maduro, tipifican como delito las relaciones homosexuales en el código de justicia militar, sancionando a los miembros de la comunidad LGBT con prisión de uno a tres años y multas.

Desprotección y persecución

Con respecto a Nicaragua, vale recordar que el país recién despenalizó la homosexualidad en el Código Penal de 2008, tras haberlo hecho brevemente a principios de los 90s. Se trata de otro país latinoamericano donde las violaciones contra las libertades y los DD.HH. son moneda corriente en relación a toda su población, situación que solo ha empeorado en los últimos años.

La población LGBT+ no cuenta con protección alguna por parte del Estado, y derechos que en muchos países de la región ya llevan más de una década, como el matrimonio igualitario, no podrían estar más alejados de la agenda represiva del matrimonio Ortega-Murillo, quienes han prohibido toda manifestación que no sea de apoyo a su régimen, incluyendo la Marcha del Orgullo de Managua, y han perseguido a militantes LGBT+, quienes en muchos casos han debido exiliarse.

“Los grupos LGBT+ denunciaron discriminación, falta de acceso a la justicia y falta de respuesta de la policía. El gobierno y los simpatizantes del FSLN [Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido del oficialismo] atacaron con frecuencia a los participantes LGBT+ en particular en las protestas civiles, utilizando campañas de difamación en línea y ataques físicos en algunos casos”, indica el gobierno estadounidense.

Y añade: “Los activistas dijeron que los presos políticos LGBT+ ocultaron su orientación por temor a un aumento de los abusos por parte de los guardias de la prisión”.

La falta de protección para las personas trans y el abuso en manos de la Policía es otro de los temas que detalle el informe. “Las mujeres transgénero detenidas por participar en protestas a favor de la democracia sufrieron hostigamiento particular durante su detención. Las retuvieron con reclusos varones, las obligaron a desnudarse frente a sus compañeros y los guardias las arengaron específicamente”.

La Constitución nicaragüense no reconoce el derecho a la autodeterminación con respecto a la identidad de género, por lo cual, señalan, “el sistema penitenciario no está obligado a separar a los reclusos en función de la identidad de género”, provocando una violencia todavía mayor hacia las personas trans.

Presidente millennial, agenda ultra-conservadora

Cuando Nayib Bukele llegó al poder en junio del 2019, el ex alcalde de San Salvador prometió una renovación de la política salvadoreña (“Nuevas Ideas” llamó a su partido), cautivando a numerosos medios internacionales que hicieron énfasis tanto en su juventud (37 años al momento de asumir) como en sus estrategias de comunicación alejadas del proselitismo de antaño y enfocadas en el uso de redes sociales y el trato directo con los ciudadanos.

Sin embargo, su presunta modernidad no ha pasado de gestos superficiales (informalidad al vestir) o la adopción de tendencias muy cuestionadas (su fanatismo por las criptomonedas). Con respecto a la agenda doméstica de derechos, el presidente salvadoreño, que ha cooptado el Poder Judicial para poder reelegirse, dejó en claro el año pasado que en su reformulación del Estado no había lugar para el matrimonio igualitario o el derecho a abortar de las mujeres.

“Ustedes me conocen desde hace muchos años y saben que no propondría ninguna de esas cosas, por más presiones internacionales que tenga”, dijo Bukele, cuyo desinterés por la población LGBT+ es documentada en el informe.

“[En El Salvador] la policía y las pandillas continúan cometiendo actos de violencia contra las personas LGBT+. Estas acciones fueron toleradas por el gobierno y los perpetradores rara vez fueron procesados”, señalan.

Y agregan: “Activistas LGBT+ denunciaron ante la Fiscalía General que recibieron amenazas de muerte en redes sociales. En general, la Policía no actuó ante estas denuncias. Las ONG informaron que los funcionarios públicos, incluida la Policía, cometieron actos de violencia y discriminación contra las personas LGBT+. Personas de la comunidad LGBTQI+ afirmaron que la Policía Nacional Civil y funcionarios de la Fiscalía General acosaron a personas transgénero y homosexuales que denunciaron casos de violencia contra personas LGBT+, incluso mediante la realización de cacheos al desnudo innecesarios e invasivos”.

El informe también recuerda que la administración Bukele eliminó en 2020 la Secretaría de Inclusión y que la oficina ministerial a la que le trasladó esas responsabilidades no cuenta con apoyo alguno y no ha impulsado cambios significativos para las personas LGBT+ en el país.

El caso brasileño

Si bien todos los países de la región reciben un señalamiento con respecto a las violaciones de los DDHH de las personas LGBT+ que han ocurrido en sus territorios el año pasado, ya sean aspectos puntuales como en Uruguay y Argentina o sistemáticos como en numerosas naciones del Caribe y Centroamérica, destaca en el informe realizado por el Departamento de Estado el caso de Brasil.

Si bien el gobierno de Biden reconoce que en general los actos de violencia contra las personas LGBT+ han disminuido en Brasil desde el 2017, también advierten sobre el aumento de homicidios contra las personas trans. En los primeros 6 meses del año pasado, fueron 80 los crímenes, y el Departamento de Estado estima que la cifra real posiblemente sea mayor.

Se trata del mayor número de personas trans asesinadas en ese período de tiempo en todo el mundo, por delante de México, Honduras y el propio Estados Unidos.

Fuente Infobae

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El Salvador: Un canal televisivo se negó a entrevistar en vivo a una reconocida activista trans

Miércoles, 16 de marzo de 2022
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El-Salvador-10-1200x600En el Día Internacional de la Mujer, un programa de tevé se negó a entrevistar a la activista trans Britany Castillo.

SAN SALVADOR, El Salvador. En el marco del día internacional de las mujeres, activistas de la Asamblea Feminista fueron invitadas al canal 12 para participar en la revista matutina “Hola El Salvador”, pero una de ellas fue discriminada por su identidad de género y le negaron su participación en el programa.

Britany Castillo, mujer trans y reconocida activista que forma parte de la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoiris Trans – llegó junto a Sara García de la Asamblea Feminista a las instalaciones del canal.

Ambas participarían en el programa de televisión que se transmite todas las mañanas a nivel nacional. La entrevista a las activistas fue acordada una semana de anterioridad, dijo a Presentes Castillo.

De acuerdo con su testimonio, las activistas fueron recibidas en la recepción del canal. Les pidieron esperar hasta que la producción les indicara el momento de pasar al estudio. Minutos después, una persona del equipo les notificó que solamente una de ellas podía participar en los quince minutos de entrevista que les concedieron días atrás.

“Nos dijeron que solamente podía entrar una de nosotras por las tomas gráficas. Luego que habían vendido la publicidad y que el tiempo no era suficiente. Que solamente podía participar quien representaba a las mujeres, porque la otra persona que estaba ahí no era mujer”, narró Britany a Presentes.

El canal no respondió

La producción del programa justificó que no podían salir las dos en cámara, a pesar de que en el monitor de la sala de espera Britany observó que en la entrevista previa participaron cinco personas.

“Es lamentable que se negara el derecho de participar en un espacio de entrevista que ya se había gestionado y estaba confirmada. Que se le haya dicho que solo la ‘representante de mujeres’ podía hablar, es negarle el reconocimiento de su identidad de género como mujer trans, sumado a la vulneración de su derecho a la libertad de expresión”, dijo a Presentes Angélica Carcamo, expresidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador – APES.

Presentes pidió comentarios a la producción de canal 12, pero en la recepción respondieron que “por el momento no se encontraba nadie del programa, pero que pasarían el mensaje (a los encargados)”. Al cierre de la nota no se obtuvo respuesta.

La discriminación, una moneda corriente

“Este día denunciamos a canal 12, que en este día ha discriminado. No puede ser que en el día de los derechos de las mujeres este canal cierre las puertas a activistas feministas y transfeministas. No puede ser que sigan generando tanto odio, tanta discriminación y tanta violencia”, dijo Sara García en un video publicado en su cuenta de Twitter.

El informe “Estudio de casos que evidencian la discriminación y violencia contra la población LGBTI en El Salvador” realizado por la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans – Comcavis Trans, señala que el 90 por ciento de las personas consultadas en la investigación ha sufrido discriminación por su orientación e identidad de género.

“Hoy denunciamos que el canal 12 no permitió participar en una entrevista a nuestra compañera transfeminista Britany Castillo. Condenamos esta acción que representa violencia, odio, exclusión y transfobia”, señaló la Asamblea Feminista en su cuenta oficial de Twitter.

La falta de ley avala los actos discriminatorios

El Salvador no cuenta con una ley de identidad de género. El 22 de febrero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo parcial que reconoce el derecho de las personas trans de cambiar su nombre en los documentos de identidad acorde a su género autopercibido.

“No contamos con una ley de identidad de género en este país machista y patriarcal. Espero que por fin pueda haber una ley de identidad de género y que no nos sigan violentando en estos espacios donde no conciben que existimos mujeres que nos construimos a base de nuestra feminidad”, expresó Britany.

Britany lamentó que un hombre que no se identificó del equipo de producción del canal la haya ignorado completamente. Mientras lo hacía, justificaba a Sara García los motivos del cambio repentino del espacio de la entrevista, después de rechazar participar por la discriminación.

“Era como si yo no existiera en ese momento, como que era una pared que no podía dar mi opinión porque ni siquiera me miraba. Dijo que hiciéramos lo que quisiéramos, que si nos pronunciamos públicamente a ellos les daba igual”, agregó Britany.

El Salvador, que reporta altos índices de discriminación y asesinatos contra la población LGBTI, contaba hasta junio de 2019 con el decreto presidencial número 56 que prohibía la discriminación por razón de identidad de género y orientación sexual en todas las instituciones del Estado.

Sin embargo, tras la investidura de Nayib Bukele, el mandatario eliminó la dirección de diversidad sexual en donde se atendían las denuncias de violaciones de derechos hacia la población LGBTI.

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El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos emitió un comunicado condenando la discriminación contra Britanny.

El papel que juegan los medios

Los medios de comunicación tradicionales en El Salvador mantienen una agenda conservadora y limitan la apertura a identidades disidentes en su programación.

El canal 12 forma parte de una red de medios que cuentan con una escuela para presentadores de televisión y locución, sin tomar en cuenta formación de abordaje de contenidos de género y diversidad.

“Aunque hay avances en medios comunitarios y digitales en abrirles espacios, aún hay muchos retos. Por ejemplo: los medios privados siguen mostrando una postura conservadora y excluyente hacia la comunidad trans. Es necesario que los medios implementen políticas de no exclusión y manuales de tratamiento informativo hacia las personas trans. Las gremiales de periodistas y la academia también pueden abonar a ello”, acotó Angélica.

Fuente Agencia Presentes

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El doble estigma de ser afro y LGBT en El Salvador: la historia de Carlos Lara

Jueves, 10 de febrero de 2022
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45C4157D-8F53-4751-8D78-5AB5FEA9EE6EA Carlos le exigieron que se cortara el pelo y no hiciera visible su homosexualidad en el instituto donde daba clases de inglés.

Carlos Lara comenzó a trabajar como profesor de inglés en el Instituto Nacional de San Antonio Silva, un cantón ubicado en San Miguel, en el oriente de El Salvador, en 2016. Era primera vez que trabajaba en esta escuela, que queda en el lugar de donde es originario. Lara hablaba abiertamente sobre su homosexualidad y ese enero, cuando iniciaron las clases, usó el pelo corto, pero se lo dejó crecer y sus rizos quedaron visibles. El director del instituto le puso dos condiciones para renovar su contrato. Una era que se cortara el pelo y otra que dejara de hablar sobre su orientación sexual.

Él no aceptó las condiciones. Al no contar con una justificación válida para renovar el contrato, confrontó al director con la Ley de la Carrera Docente y la Constitución. Pero prefirió no denunciar el caso en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT).

Lara se reconoce como afrodescendiente en un país que invisibiliza a las minorías. La población afro en El Salvador es un tema que no se aborda en ningún plan de estudios de las escuelas o universidades, y que recientemente la academia ha comenzado a investigar.

Empezar a reconocerse

Hubo un tiempo en el que el joven reprimió su gusto por el pelo largo y rizado. Lo usó corto y se lo alisó. Se sentía incómodo con su color de piel moreno y con sus ojos negros.

La abuela paterna de Lara es la que tiene el pelo rizado y su mismo color de piel. Con su papá y otras tías, maternas y paternas, comparten el color de piel. Las visitas a casa de la abuela paterna no eran tan constantes como las visitas que hacían a la abuela materna.

En casa, escuchaba burlas sobre la piel negra y el pelo rizado que predominaban en la familia. “Las ideas de racismo y supremacía también pasan en la familia. Hacen que uno rechace a ciertos parientes y ame o tenga respeto u obediencias a otros”, reflexiona.

A esta discriminación hacia aquellxs que étnicamente son diferentes, lxs disidentes sexuales en El Salvador también enfrentan constantes ataques LGBTIQ+ odiantes o despidos injustificados de su trabajo por su identidad. No tienen ninguna garantía de protección estatal en el actual gobierno de Nayib Bukele.

La discriminación en el hogar

CF564D4C-7AF5-4561-9688-421BBCCE9564Para 2017, la relación de Lara con sus padres no estaba bien. Ellxs sabían que su hijo es gay, pero no lo aceptaban. Entonces él viajó a Tela, una ciudad del caribe hondureño. Iba por una semana y se quedó por cinco meses.

En Honduras conoció a su pareja, un activista, y decidió no volver a dar clases en escuelas, sino dedicarse de lleno a la pintura. Pintaba desde pequeño, pero ese año se alejó de pintar escenas de la cotidianidad salvadoreña para reflejar en su arte el LGBTIQ+ odio.

Al volver a El Salvador, la vida cambió. Sus padres, con quienes visitaba casi todos los días la iglesia católica, lo expulsaron de casa. Su padre lo golpeó en dos ocasiones y en una de ellas le lesionó fuertemente la quijada.

Mientras estaba en el proceso de asumirse como un hombre gay y se desprendía obligado de su familia, Lara comenzó a interesarse por sus orígenes. Entonces conoció a Marielba Herrera, una antropóloga afrosalvadoreña, en una ponencia sobre afrodescendencia que ella dio en el Teatro Nacional de San Miguel.

Hacia el origen

Herrera recuerda el día que conoció a Lara. Vio que, entre lxs asistentxs, había un chico con rasgos afros, que tocaba tambores, hablaba portugués y que vestía una camisa africana. Y pensó inmediatamente que se trataba de un afrodescendiente.

Tras su ponencia, Lara se le acercó y le planteó que posiblemente él también fuera afrodescendiente. “Te toca a vos investigar si sos o no”, le encomendó Herrera.

A sus 28 años y ante la falta de un registro familiar sobre su descendencia afro, la información de la que parte Lara para afirmarse como tal, además de sus rasgos físicos y los de su familia, es que en San Antonio Silva hubo producción de añil y allí posiblemente trabajaron africanxs.

Afrodescendencia y racismo en El Salvador

40E7BEEF-D91B-4D59-BAD6-3A8AEA382AF2-768x576Durante la colonia, explica la antropóloga Herrera, miles de africanxs esclavizaxs llegaron a El Salvador y establecieron vínculos con otras personas. Eso permitió que la población afrodescendiente creciera.

Su llegada fue parte de una política de repoblación del territorio que ocurrió en toda América Latina ante la muerte de indígenas por diferentes causas. La corona española pretendía seguir creciendo económicamente con el trabajo que los africanxs realizaban en estas tierras.

Yohalmo Cabrera, un exdiputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el único partido de izquierdas, es también afrodescendiente y un profesor de Estudios Sociales ya jubilado. Él ha realizado investigaciones sobre la afrodescendencia salvadoreña. Sostiene que, desde mediados de 1500 y por 300 años más, cuando El Salvador fue productor de añil, muchxs africanxs vinieron esclavizadxs a trabajar en las haciendas añileras.

Marielba Herrera hace referencia a un documento de 1807, elaborado por Antonio Basilio Gutiérrez Ulloa, quien fue intendente de San Salvador a finales de la colonia. Allí se indica que para entonces el país contaba con “enorme” descendencia de africanxs.

En 1933, agrega, el general Maximiliano Hernández Martínez decretó la Ley de Migración, la cual prohibía la entrada de africanos, chinos y otras razas, como consecuencia de una política eugenésica tomada por países de la región en un contexto de guerra mundial.

Con la ley se pretendía empezar a “limpiar” a las sociedades y hacer creer que lxs latinoamericanxs provenían de una “raza superior”. Pero no se expulsó a lxs afrodescendientes de El Salvador. Hay documentos que sustentan que al país podían entrar personas de otros lugares si justificaban que llegaban a trabajar, como el caso de los afros que trabajaron en ferrocarriles.

Un racismo con historia y sin registro

La antropóloga afirma que el racismo que hay en el país centroamericano viene desde la colonia.

“La gente dice que no, que aquí no somos racistas, que respetamos a todo el mundo. No es cierto, nada que ver. Somos un país altamente racista. Cuando viene alguien afro al país es una sorpresa, la gente hasta gira para verlo, porque les parece un ser exótico”, menciona Herrera.

Señala que actualmente, sin la ley del martinato (del período gobernado por Martínez), aún hay restricciones migratorias para las personas afros.

Ejemplifica un caso salvadoreño de discriminación racial. En 2018, una delegación de personas del Congo, en África, había sido invitada oficialmente a un festival de cultura, pero del grupo de 30, solo tres pudieron ingresar al país.

En el censo de Población y Vivienda de 2007, el último censo realizado en el país y que arrojó que había 7 millones de habitantes, 7,441 respondieron que se autoreconocían como negrxs.

Sin embargo, Herrera cuestiona que la pregunta para obtener ese dato fue muy abierta y mal planteada. Se limitaba a conocer si las personas eran “negrxs de raza”. Faltó enumerar un listado de indicadores, como preguntar si en la familia había un ancestro negro o africano o si las personas habían nacido en un territorio con prácticas culturales afros.

Las investigaciones sobre afrodescendencia salvadoreña las inició en la última década el historiador Pedro Escalante Arce y a partir de sus hallazgos las han continuados otrxs académicxs. Herrera, la presidenta de la Red de Estudios Afrocentroamericanos, se ha especializado en investigar religiosidad popular.

Ella destaca que hay presencia de población afro en todo el país, en algunos lugares más visibles que en otros, como el caso de San Alejo, un pueblo del departamento de La Unión, cercano a San Antonio Silva, el cantón donde nació y creció Lara.

Más violencia por ser negro y gay

En El Salvador, la situación del color de piel marca territorios y puestos de trabajo, apunta Amaral Arévalo, investigador del Centro Latinoamericano en Sexualidad y Derechos Humanos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.

Lara, el joven migueleño, además de autoreconocerse como afrodescendiente, es gay. Eso lleva a ser más discriminado en un país racista y LGBTIQ+ odiante, donde no hay leyes ni políticas públicas a favor de las disidencias sexuales.

Para explicar la interseccionalidad, Arévalo recurre a la académica estadounidense Kimberlé Crenshaw. quien indica que la interseccionalidad no es la suma de características negativas, pero existen marcadores, como en este caso, la afrodescendencia y la sexualidad, que confluyen y actúan negativamente, lo que genera menos posibilidades de una adecuada inserción social. 

“Esa situación de interseccionalidad te va mostrar que sos más vulnerable a sufrir más situaciones de violencia en tu cuerpo, en tu identidad, como tal, por tener esos marcadores que interaccionan en vos. Van aumentando esos rasgos de violencia”, dice el investigador.

Uno de los trabajos de Arévalo es la historia de Rosaura Pereira, una chica trans hondureña que llegó El Salvador y vivió entre San Miguel y La Unión, dos departamentos rodeados de playas en el oriente del país.
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Encontraron asesinada a Alexa, la joven trans desaparecida desde diciembre en El Salvador

Jueves, 3 de febrero de 2022
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273122052_5138697746180215_4669621774149507239_nLa joven de 22 años estaba desaparecida desde diciembre. Es el primer crimen del año contra la población LGBT.

 SAN SALVADOR, El Salvador. Autoridades salvadoreñas confirmaron el crimen de Alexa Valle Landaverde, una mujer trans de 22 años que estaba reportada como persona desaparecida desde la segunda semana de diciembre de 2021. El supuesto responsable del hecho será procesado por el delito de privación de libertad.

Este es el primer asesinato contra la población LGBTI en el país centroamericano.

De acuerdo con su familia, Valle Landaverde salió el viernes 10 de diciembre de la casa que compartía con su mamá. Luego perdió la comunicación, por eso, ella emprendió su búsqueda.

Un familiar relató a Presentes que Alexa salió junto a su pareja desde tempranas horas de su vivienda ubicada en el municipio de Quezaltepeque, unos 21 kilómetros al norte de la capital. Al finalizar el día, intentaron tener comunicación con ella, pero su teléfono aparecía apagado.

El director de la policía, Mauricio Arriaza, informó el viernes 28 de enero sobre el hallazgo de los restos humanos, presumiblemente de Alexa. Pero fue hasta el lunes 31 que las autoridades forenses realizaron el examen de ADN para confirmar la identidad de la víctima.

“Estamos presentando la captura de José Elías Hernández Morales por el delito de desaparición de personas, quien en fecha 11 de diciembre de 2021 en Quezaltepeque privó de libertad al joven G.A.V.L, conocido como Alexa”, dijo el director policial, Mauricio Arriaza Chicas a la prensa.

Durante el evento, Arriaza se refirió a Alexa en masculino. Los restos humanos de Valle Landaverde fueron encontrados en un pozo seco en el municipio de Ciudad Arce, 26 kilómetros al oeste del último sitio donde fue vista.

La identificación

Cifras oficiales indican que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2021 reportaron 1,124 personas desaparecidas en El Salvador.

“En el lugar se localizó un pozo seco donde se encontraron osamentas humanas, a los cuales se les realizarán los análisis de ADN y así determinar si estos pertenecen a la víctima”, informó la fiscalía.

El Ministerio Publico informó el martes que José Elías Hernández Morales está acusado del delito de privación de personas. Las investigaciones indican que Hernández Morales citó a Alexa el día de su desaparición para cenar juntos. Durante la audiencia inicial se decretó detención provisional mientras continúa la investigación.

“Se esperan los análisis dentro de estas diligencias de investigación, pues se ha logrado también encontrar unos restos humanos en el Cantón Zapotitán. Hasta estos momentos estamos a la espera de los resultados de ADN”, dijo la fiscal del caso al finalizar la audiencia inicial.

De confirmar que los restos encontrados en el pozo son de Alexa, el delito cambiará a homicidio, dijo la fiscal del caso.

“Ya hicieron la prueba de ADN, pero todavía estamos esperando la respuesta. Vamos a dejarlo en manos de Dios”, dijo a Presentes un familiar de Alexa.

Facebook y Whatsapp activos posteriores a la desaparición

Alexa mantenía activa su perfil en la red social Facebook, ahí mostraba sus actividades cotidianas. Una de sus últimas publicaciones fue una serie de cuatro fotografías junto a un hombre que no es el detenido.

La familia de Alexa confirmó a Presentes que la ropa que viste en las imágenes, se encontró en su casa, por tanto, eran antiguas. Y, por lo tanto, fueron publicadas posterior a su desaparición.

Cuando se hizo la primera alerta de la desaparición, el perfil de Facebook de Alexa aún aparecía activo, Jessica Hernández de la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoiris Trans, mostró a Presentes capturas de imagen de la actividad de la cuenta de Whatsapp de Alexa.

“Ella me aparecía conectada. En mi historia de Facebook aparecía que ella había visto mi historia, le escribí al messenger para preguntarle cómo estaba y el mensaje aparecía visto”, dijo Jessica a Presentes.

La organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans – COMCAVIS Trans, reportó en 2020 ocho asesinatos en contra de la población LGBTI. Hasta el 16 de diciembre de 2021 se contabilizaban siete personas asesinadas: un hombre trans, cuatro mujeres trans y dos hombres gay. Alexa no había reportado amenazas en su contra, se dedicó al comercio informal de ropa en su municipio.

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Agravante de odio no se aplica a las sentencias

El congreso salvadoreño aprobó en 2015 una reforma a los artículos 129 y 155 del código penal para reconocer los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género.

La mayoría de casos han sido desestimados en las cortes del país. Únicamente cinco de 600 asesinatos en contra de mujeres trans ocurridos desde 1992 a la fecha han sido judicializados: Camila Díaz, Anahy Miranda, Tita Andrade, Sayuri Orellana y Daniela Rodríguez.

El fallo a favor de Camila Díaz fue el primero con una condena en el país centroamericano. En febrero de 2021 tres pandilleros de la Mara Salvatrucha MS-13 fueron condenados hasta 66 años de prisión por el asesinato de Sayuri Orellana y Daniela Rodríguez. Ningún fallo tomó en cuenta el agravante de crimen por odio.

Crímenes de odio siguen impunes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno. Cuando Nayib Bukele asumió la presidencia, en junio de 2019, una de las primeras decisiones de su gabinete fue la desaparición de la Secretaría de Inclusión Social, a la que pertenecía la Dirección de Diversidad Sexual…

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

2019020410144827559Desde el pasado 1 de mayo, cuando se instalaron los nuevos diputados de la Asamblea Legislativa, en el país centroamericano no han faltado las puestas en escena protagonizadas por el partido oficialista, con jóvenes que dicen “luchar por el pueblo”.

En tres meses han destituido a los magistrados de la Corte constitucional y el Fiscal General, aprobaron la polémica ley que reconoce a Bitcoin como moneda de curso legal y enviaron al archivo propuestas de ley de agua y la ley por la Igualdad y la no Discriminación.

El partido Nuevas Ideas, del presidente Nayib Bukele, obtuvo una contundente victoria en las elecciones intermedias de febrero, al conseguir, junto a sus aliados, una súper mayoría en el hemiciclo, 64 curules de un total de 84. Esta conformación les permite gobernar y aprobar iniciativas sin oposición.

Bukele, de 40 años de edad, se autodenomina el “presidente más cool” del mundo. Arrasó las elecciones de 2019 y se convirtió en el fenómeno mediático que logró derrotar a los partidos tradicionales del país centroamericano. En las 41 páginas de su oferta electoral “Plan Cuscatlán” no hay ninguna propuesta para la población LGBTI.

“Estamos a la expectativa porque ahora tenemos a quien señalar. Nuevas Ideas cuenta mayoría absoluta en la Asamblea y el poder de decisión para adecuar normativas y dictar leyes que garanticen los derechos de todas las personas por igual”, expresó Britanie.

Fuente Agencia Presentes/Cristianos Gays

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Excluidas de la educación: otras violencias contra personas trans en El Salvador

Miércoles, 29 de diciembre de 2021
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Sin ley de identidad de género, las personas trans no pueden estudiar dignamente. Su nombre no se respeta en los títulos. Algunas ni siquiera terminan la educación básica por la discriminación que viven en las aulas.

San Salvador, EL SALVADOR. Cuando Amalia Leiva había logrado que la departamental educativa de San Salvador, amenazara con sancionar al director de la escuela pública que no la dejaba inscribirse en la modalidad nocturna para retomar su séptimo grado, el maestro -cuenta ella- usó a pandilleros para amedrentarla. Era 2015 y Amalia comenzaba su vida en la capital. Cinco años antes su familia la había echado de casa por encontrarle un kit de maquillaje. Entonces, la vida de aquella niña que cursó sus primeros años entre colegios católicos, vivió la crisis económica de sus padres, pero siempre tuvo su atención, cambió.

Su padre, recuerda Amalia, la amenazaba desde Estados Unidos por la identidad de género femenina que ella estaba descubriendo. Su madre le dio la espalda. Se refugió por eso en la casa de su abuelo paterno, donde aprendió a cortar caña y se enteró de la desigualdad que sufren lxs jornalerxs. Por ese tiempo también llegó el activismo.

Fuera de casa

Amalia había llegado a la ciudad con muchas ganas de estudiar. Aunque era abril y el año escolar había comenzado tres meses atrás, una maestra le permitió llenar su ficha de inscripción y retomar su séptimo grado, cuenta. Las cosas, dice, no le fueron fáciles desde el primer día: el director de la escuela la sacó de la clase bajo la excusa que se había inscripto tarde.

Amalia cuenta que ella inició la denuncia en la departamental educativa y cuando, con respaldo de esa instancia, logró que el director se reuniera con ella y con la planta de docentes para tratar el tema, él comenzó preguntándole si creía en dios.Volvió a justificarse en que ella no podía estudiar por haberse inscrito fuera del plazo.

Amalia insistió en su derecho a entrar a la escuela y cuenta que el director le espetó que prefería que ahí estudiaran pandilleros a que lo hiciera una chica como ella.

La negativa de la escuela

La reunión quedó grabada en el teléfono de Amalia. El audio lo presentó en la departamental educativa, que le extendió una carta al docente con la amenaza de sancionarlo si no la admitía en la escuela. La carta citaba los derechos de Amelia que, según la Constitución, el director estaba violando. Allí se citaba el inciso 20 del artículo 56 de la Ley de la Carrera Docente, que considera como falta muy grave que unx docentx no admita a alumnxs por diferentes motivos, como las diferencias sociales, raciales, políticas o “de otra índole”.

El director, mientras tanto, terminó sacándola de la escuela con pandilleros, dice ella. A esta denuncia le dio seguimiento la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), pero sin una legislación que proteja su condición de persona trans en El Salvador.

Amalia, sin embargo, volvió a intentar cursar su séptimo grado. Esta vez bajo la modalidad a distancia. En la escuela la quisieron obligar a posar para una foto con el pelo amarrado. Se opuso y la escuela borró todos sus datos del sistema.

“Para El Salvador, Amalia solo tiene séptimo grado. Y no tengo vergüenza de decirlo, porque es una pelea que me dejó muchas gratificaciones y muchas lecciones de vida”, dice ella. Hoy es una activista de los derechos de la población LGBTIQ+.

No hay avances en materia de identidad de género

La población LGBTIQ+ no cuenta con leyes a su favor. El único avance legislativo ocurrió en 2015, cuando lxs diputados aprobaron agravar las amenazas y los crímenes por razones de odio en el Código Penal.

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador (MINEDUCYT) cuenta con una Unidad de Género y una política de género, que no es difundida a lxs docentxs, de acuerdo a lo que afirmaAmalia.

Y en el caso de las universidades, la Universidad de El Salvador (UES, la universidad estatal) y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) son las únicas que respetan el derecho a la identidad de las personas trans, dice la activista.

Pero estas instituciones, como todas las del sistema educativo público y privado, pueden emitir diplomas de reconocimiento con el nombre elegido por las personas trans. No así títulos, porque al no haber una Ley de Identidad de Género, las personas trans, para el Estado salvadoreño, seguirán llamándose por el nombre según su documento.

Este año, lxs diputadxs de Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele, archivaron varios proyectos de ley presentado por la sociedad civil, entre ellos la Ley de Identidad de Género.

Una de las diputadas oficialistas los calificó de “obsoletos y no acordes a la realidad”. Las organizaciones LGBTIQ+ presentaron otra iniciativa en agosto pasado, que aún no es tratada.

El diploma sí, el título no

Brenda Rosales es una escultora que, en 2006, sin haber hecho su transición, se graduó de la carrera de Artes Plásticas de la UES y hace unos días fue reconocida por la universidad como unx de sus exalumnxs y profesionales destacadxs.

El diploma de reconocimiento lleva su nombre elegido, pero en el título universitario se mantiene su nombre de acuerdo a su documento de identidad.

Rosales, sin embargo, considera que este reconocimiento es significativo porque la universidad le ha reconocido su identidad de género.

Lo mismo pasa en el lugar donde trabaja, el Ministerio de Cultural, donde le han permitido que use su carnet de empleada con su nombre elegido.

“Es engorroso llegar a un lugar en el que de repente las personas no sepan ni cómo tratarnos, porque se basan en un documento. Hay muchas que tienen ética a la hora de dirigir la pregunta de cómo quieren que nos llamen. Admiro la voluntad que tienen, pero otras no lo hacen adrede o no saben cómo tratarnos”, sostiene la artista.

A pesar del decreto 56, hay desamparo

En el Ministerio de Cultural está la Unidad de Género y Diversidad, a la cual el gobierno de Bukele asignó las funciones de la Secretaría de Inclusión Social que él y su gabinete desaparecieron a inicios de su gestión, en junio de 2019, y que entre sus objetivos tenía velar por la aplicación del Decreto Ejecutivo 56.

Este prevenía la discriminación por razones de orientación, expresión o identidad de género, y proyectaba charlas de sensibilización en temáticas sobre la diversidad sexual al personal que trabajaba en instancias que pertenecían al Ejecutivo.

Rosales es Técnica y Especialista en dicha unidad, pero en esta entrevista no quiere profundizar sobre el trabajo de la instancia, porque dice que es nueva en el área.

Amalia señala que, de todos los ministerios, el MINEDUCYT fue el reacio en aplicar el Decreto Ejecutivo 56. Por hoy, la aplicación de este decreto es uno de los cuestionamientos que más realizan las organizaciones de la población LGBTIQ+, porque sigue vigente, pero la población no ve visible el trabajo de la Unidad de Género y Diversidad.

Agencia Presentes solicitó una entrevista a lxs encargadxs de la Unidad de Género del MINEDUCYT, pero al cierre de esta nota, no hubo respuesta.

Universidades sin políticas contra LGBTIQ+fobia

Danilo Ramírez es el director ad honorem del Centro de Estudios de Géneros de la UES. Esta universidad cuenta solo con una política de equidad de género, pero no tiene una unidad de género. Para el próximo año, la política será actualizada y contemplará acciones a favor de las personas de la diversidad sexual.

Por el miedo de la población LGBTIQ+ de hacer visible su identidad y expresión de género en espacios que no son de su confianza, estos centros de estudios no llevan registro de la cantidad de estudiantes diversos que tienen.

Desde la UES, dice Ramírez, todavía se planea un censo interno para contabilizarles, tomando en cuenta que uno de los errores del censo sería que muchxs prefieren que su sexualidad pase desapercibida.

La discriminación, el mal permanente

E865C677-4E91-47F2-9DBC-2F077AD990A2-768x576El Primer Informe Situacional de la Población LGBTI publicado por la PDDH en 2017 señaló que el 52.5 % de las mujeres trans en El Salvador han recibido amenazas de muerte o violencia. En primer lugar, por el transodio; y segundo, por la extorsión impuesta por las pandillas para quienes realizan trabajo sexual.

Ante la falta de un protocolo para atender casos de discriminación, Ramírez menciona que lo que él hace es acompañar a las víctimas a presentar las denuncias ante instancias internas de la universidad.

Pero sin protocolos de actuación respaldados por las autoridades universitarias, las denuncias quedan archivadas.

Desde el Centro de Estudios de Géneros, dice, se trabaja en capacitaciones de sensibilización en temas sobre diversidad sexual, que comenzaron con lxs docentxs, estudiantes y personal administrativo de la Facultad de Medicina, de donde, en su momento, recibieron denuncias por discriminación de una chica trans que ya egresó.

La formación universitaria

La UCA, por su parte, respeta internamente la identidad de género de las personas trans: les permite a estas realizar cursos, diplomados o taller con su nombre elegido. Amalia está pronta a graduarse de la Escuela de Formación Política de esta universidad.

Hasta el momento, la universidad solo ha recibido la denuncia de una ciudadana trans canadiense que no pudo inscribirse a una carrera con su nombre elegido por la falta de la Ley de Identidad de Género en El Salvador. Y al final, tuvo que hacerlo con el nombre que aparecía en su documento, cuenta Omar Serrano, encargado de la Vicerrectoría de Proyección Social, de esta universidad de la Compañía de Jesús.

La UCA, según el académico, tiene entre sus “principios y valores” la no discriminación. No cuenta con una Unidad de Género, solo con políticas contra el acoso sexual, laboral y la discriminación, además de comités de éticas que reciben denuncias.

En los casos de discriminación por razones de género y orientación sexual ocurre una autocensura: las personas no denuncian la discriminación que sufren porque saben que su denuncia será infructuosa, opina Serrano. “Creo que uno de los frutos de la impunidad es que la gente no denuncie. Estoy refiriéndome a todo nivel”, señala.

El camino de Amalia

Amalia tiene 25 años y está por publicar un libro de poesía. Le lleva la lucha al sistema que la excluyó y ha continuado estudiando cursos, diplomados y talleres de todo tipo, desde derecho hasta medicina.

Espera llegar a la edad en la que pueda ir al Centro Nacional del Registro y que sus poemas queden registrados bajo el nombre que ella ha elegido.

Pero esta es su decisión: “No voy a vivir con un título con un nombre que no me identifica.  Yo sé muy bien que, si no me preparo académicamente, los años van a seguir pasando, pero estoy dispuesta a morir con dignidad”.

Fuente Agencia Presentes

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El Salvador forzó la esterilización de mujeres con VIH

Jueves, 23 de diciembre de 2021
Comentarios desactivados en El Salvador forzó la esterilización de mujeres con VIH

El-Salvador-estirilizacionCuando Lizz se enteró de que estaba embarazada, también le informaron que tenía VIH. Al momento de parir a su única hija, a la edad de 17 años, fue esterilizada de manera forzada por el personal médico de uno de los principales hospitales públicos de El Salvador. La Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema del país centroamericano solo reconoció que se violó su derecho de salud reproductiva. A once años de lo ocurrido, mantiene el deseo de volver a ser madre. Este texto es parte del proyecto de periodismo colaborativo #CambiaLaHistoria, impulsado por la Deutsche Welle Akademie.

Lizz había recibido meses antes de forma simultánea la noticia de su embarazo y el resultado positivo a la prueba del virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Asegura que le preocupaba más la noticia de su embarazo que el diagnóstico del virus

Una mañana de diciembre de 2010, Lizz* sintió en su vientre que su bebé pateaba fuerte y con ello exigía su llegada al mundo. Su embarazo, marcado por la desesperanza de un diagnóstico imprevisto, estaba por llegar a término.

Desde su llegada al Hospital Nacional de la Mujer “Dra. María Isabel Rodríguez”, el más importante para la atención de la mujer en El Salvador, personal médico le preguntó si quería ser esterilizada, pero Lizz respondió que no. Por su condición de VIH le tenían que hacer una cesárea y en la noche fue llevada a la sala de operaciones.

Minutos antes de que se le aplicara la anestesia para practicarle la cesárea, una enfermera le preguntó de nuevo si se iba a esterilizar y le entregó un formulario para autorizar el procedimiento. Lizz firmó sin haber sido informada plenamente de las consecuencias.

A once años de lo ocurrido, habla sobre ese día a través de una videollamada. Hace una pausa, quita la mirada de la pantalla y dice: «prácticamente me iban a dejar morir, me dijeron que si no firmaba no me iban a atender. Yo firmé porque no soportaba el dolor».

Después de dar a luz a su única hija, a Lizz le fue mutilada una parte de su órgano reproductivo en una intervención quirúrgica para impedir que volviera a tener hijos cuando sólo tenía 17 años.

Cuatro años después, el caso de Lizz fue llevado a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, donde se comprobó que no tenía la capacidad plena para otorgar su consentimiento informado para ser esterilizada por el hecho de ser menor de edad.

I Un pilar de apoyo

Cuando Lizz tenía apenas 16 años, tuvo una relación con un hombre ocho años mayor que ella. A los pocos meses, comenzó a sentir malestar y dolores de cabeza intensos. Fue al médico en la comunidad de Cojutepeque, a menos de una hora de la capital, y después de hacer estudios le dijeron que estaba embarazada y que también era portadora de VIH.

“En ese momento lo que más me preocupó fue estar embarazada. No dimensioné el diagnóstico de VIH”, relata.

Cuando le dio la noticia a su pareja, él no se sorprendió. Ya sabía que era portador del virus y le ofreció vivir en pareja. Lizz salió de la casa de sus padres y suspendió sus estudios. Hoy considera que quedó embarazada por un acto de violación porque aún era menor de edad.

De su comunidad tuvo que ir los siguientes meses al Hospital de la Mujer, el único para atención materna en el país, donde recibió un tratamiento de retrovirales. Al nacer, su bebé nació con diagnóstico negativo. Estaba libre del virus.

El virus de la inmunodeficiencia humana ataca al sistema inmunitario y debilita los sistemas de defensa contra las infecciones y contra determinados tipos de cáncer. Se transmite a través del intercambio de líquidos corporales de la persona infectada, como la sangre, la leche materna, el semen o las secreciones vaginales.

Los datos del Estado reflejan que las probabilidades de que un menor se infecte de VIH al momento de su nacimiento son muy bajos. Según el Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL) uno de cada 100 bebés nacidos de madres con VIH son diagnosticados con el virus. Estos datos coinciden con los reflejados en el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida ONUSIDA, donde se asegura que el riesgo de que una mujer con VIH le transmita el virus a su hijo se reduce a un 5 % o menos con un tratamiento eficaz.

Lizz recibió el tratamiento estipulado por el MINSAL. Incluso, el mismo informe asegura que para el año 2010 el 100 % de embarazadas con VIH conocidas en el país, recibieron medicamentos antirretrovirales para reducir el riesgo de transmisión infantil. Estas cifras reflejan que Lizz podía tener más hijos de forma segura.

En 2019, el Ministerio de Salud de El Salvador reportó 26,893 personas vivas con VIH en el país, de ellas el 34 % eran mujeres.

Lizz dio seguimiento a su estado de salud y el de su bebé en su hospital local, unos 18 km al sur de la capital del país, y ahí tuvo conexión con organizaciones de apoyo a personas con VIH cuando iba a sus citas médicas.

“Yo iba a controles al Hospital de Cojutepeque, ahí me uní a un grupo de apoyo y a organizaciones feministas no gubernamentales. Él (su expareja) era un hombre alcohólico y me golpeaba. Sufrí mucho abuso físico. Pero al unirme a estos grupos me empoderé. Me empoderé muchísimo”, dice en tono enérgico. Cuando su bebé cumplió tres meses, decidió separarse y volvió a casa de sus padres.

En el hospital conoció a integrantes de la Asociación Atlacatl Vivo Positivo, que trabaja a favor de los derechos de las personas con VIH. Ellos le brindaron una beca para terminar sus estudios de educación media. Las terapias psicológicas y las sesiones grupales contribuyeron a su formación y empoderamiento. Y asegura que después de un proceso de sanación muy difícil, ahora puede hablar con mayor facilidad sobre el tema.

II Más mujeres con VIH esterilizadas

El caso de Lizz no ha sido el único. Otras mujeres con VIH y menores de edad han sido esterilizadas de forma sistemática en El Salvador.

En su juicio de amparo, se comprobó que “en la práctica hospitalaria se esteriliza a niñas y adolescentes con el único requisito que estas suscriban un formulario de autorización para tal efecto”. En el fallo al que tuvo acceso Alharaca, se documenta que una de las doctoras interrogadas en el proceso dijo que «una menor de doce años de edad puede ser esterilizada según la normativa de planificación familiar».

La Guía Técnica de Atención en Planificación Familiar (GTAPF), mencionada en el amparo, no estipula que exista esterilizaciones a ciertos pacientes en razón de edad, únicamente exige que haya un consentimiento informado del paciente.

El caso de Lizz fue llevado al Poder Judicial gracias a la Asociación Nacional de Personas Positivas Vida Nueva (ANP+VN), enfocada en la reducción de la morbilidad del VIH en El Salvador.

Junto con otras organizaciones de la sociedad civil y autoridades, participaron en la realización del Índice de Estigma en Personas con VIH (INDEX) 2019, haciendo entrevistas a pacientes en 19 hospitales del sistema público de salud.

En el Informe se documentó que 23 de 514 personas encuestadas fueron esterilizadas sin su conocimiento o su consentimiento en el último año. Todas las que afirmaron este hecho eran mujeres. La mayoría de ellas son de escasos recursos económicos y tienen poco acceso a educación, señala Catherine Serpas, directora ejecutiva de ANP+VN.

El mismo estudio reflejó que a un 7.2 % de las personas encuestadas le aconsejaron no tener hijos y un 5.6 % menciona que fue presionado, motivado o inducido para esterilizarse de forma permanente por medio de ligadura de trompas o vasectomía.

Serpas añadió que en el estudio también encontraron tres casos más de menores de edad que contaban su experiencia.

“Fue alarmante encontrarnos con casos de esterilizaciones forzadas. El primer caso que recolectamos fue de una mujer que vivió esto en 1998. Además, aquí encontramos casos de niñas, menores de edad”, expresa Serpas. Ella dice que la asociación no guardó registro de todos, sin embargo, al realizar contacto con algunas mujeres, muchas decidieron no participar en procesos legales por miedo al estigma.

Una de las que sí lograron dar seguimiento fue Lizz, luego de realizar el estudio INDEX 1.0. “El caso ocurrió en 2010, pero ella habló de este hecho hasta 2014”, explicó.

III La batalla legal

Las organizaciones de protección de los derechos de personas con VIH suelen formar parte de los grupos de ayuda como a los que asistía Lizz. Ahí conoció a compañeras que pasaron por lo mismo y que fueron persuadidas por el personal médico para ser esterilizadas. Eso la motivó a hablar e iniciar un proceso legal con el acompañamiento de ANP+VN.

En 2014 promovieron un amparo para que se reconociera la violación de los derechos de salud reproductiva de Lizz y discriminación en razón del VIH por parte del personal médico del Hospital Nacional de la Mujer «Dra. María Isabel Rodríguez».

Un elemento clave para llevar el caso era tener el expediente médico, el cual solicitaron al hospital por medio del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), pero les fue negado. Hasta que fueron llevadas al juicio de amparo, las autoridades del hospital entregaron el expediente, el cual no tenía pruebas que justificaran la esterilización.

La defensa de Lizz tuvo acceso a declaraciones de parte del equipo médico que señalaban que “no tenía sentido” que las personas con VIH siguieran teniendo bebés.

El director del hospital negó ante la Sala cualquier acto de discriminación por VIH o que se haya forzado a la paciente para ser sometida a esterilización.

La Sala de lo Constitucional declaró en 2015 que sí hubo «vulneración de sus derechos fundamentales a la salud reproductiva, a la autodeterminación reproductiva y a la integridad personal —con relación al hecho de que, siendo menor de edad, y por lo tanto no teniendo la capacidad plena para otorgar su consentimiento informado para ser esterilizada».

“Sí logramos probar que hubo discriminación (en razón de VIH), pero la Sala no lo admitió”, lamentó su abogada y apoderada legal Crissia Pérez.

En el fallo de la Sala se ordenó la promoción de un proceso por los daños materiales y morales y garantizar un tratamiento psicológico adecuado para superar las secuelas por el acto de esterilización.

IV Maternidad. Un derecho negado

Lizz sufrió cuadros de depresión recurrentes. Después del juicio quiso recuperar su fertilidad.

La esterilización quirúrgica es un procedimiento en el que las trompas de Falopio, que transportan el óvulo desde el ovario hasta el útero, se bloquean. Esto puede ser por atadura y corte de los conductos, por cauterización, o cierre con un anillo o grapa.

Un 20 % de las mujeres esterilizadas se arrepiente de su decisión, pero hay casos que no se pueden revertir. Uno de ellos fue el de Lizz.

«Hay diferentes tipos de cortar las trompas, pero el corte que le hizo el médico era al ras. No había forma de reconstruir las trompas. Nosotros interpretamos esto como una práctica de violencia y un acto de lesa humanidad», señala Catherine Serpas.

Entre enero de 2013 hasta julio de 2021 se realizaron 36 esterilizaciones en mujeres que verificaron parto con un diagnóstico principal VIH de un total de 280 partos en los hospitales públicos del país, según datos del MINSAL brindados por medio del Instituto de Acceso a la Información Pública.

***

Una ginecóloga que trabaja para el sistema de salud público, cuyo nombre desea omitir para resguardar su seguridad, advierte que es una temática discutible el recomendar a una mujer con VIH no tener hijos.

“Si nos remontamos a los años ochenta, el diagnóstico de infección por VIH era prácticamente una muerte anunciada. Hoy tenemos la facilidad de que hay diversos programas de apoyo para estos pacientes, que incluyen la terapia antirretroviral, exámenes de control y grupos de apoyo social y psicológico”, explica.

La médica asegura que si la paciente es responsable de su salud y sus medicamentos, puede embarazarse y llevar el control periódico de su embarazo.

“Ahora, si el panorama es diferente con una paciente que ha tenido poca adherencia a su tratamiento o sea irresponsable en sus controles, que tenga enfermedades secundarias no controladas o de mal pronóstico», advierte, «se vuelve necesario evitar el embarazo para evitar complicaciones maternas o fetales”.

Serpas explica que los temas de salud reproductiva no son vistos como un problema. “Eso pasa porque vivimos en un mundo que se ve totalmente masculino, y más, en temas como el VIH”, dice.

ANP+VN recibe con frecuencia reclamos sobre la falta de apoyo en términos de planificación familiar, agrega. “Todavía se cree que la persona recibe el diagnóstico y se olvida de su vida sexual… Hemos detectado que a la hora que se les hace la citología (prueba de detección del virus del papiloma humano, que causa el cáncer de cérvix) han recibido maltrato por parte del personal de salud, siempre con la interpretación de ‘¿por qué sigue teniendo relaciones sexuales?’. La respuesta del VIH ha evolucionado, pero el pensamiento sigue siendo mediocre”.

IV Migración

Lizz no solo enfrentó la violencia obstétrica en su país, durante el juicio también recibió llamadas anónimas donde la amenazaban con atentar contra su vida. En sus visitas al hospital para recibir tratamiento psicológico, hubo personal médico que la intentó persuadir para que desistiera en su demanda.

El Jefe Departamento de VIH y Derechos Humanos de la Procuraduría General de Derechos Humanos, Jaime Argueta, reconoció que “no existe un sistema de protección que pueda dar garantías a la persona que ha tenido el valor de presentar la denuncia, para protegerla contra el mismo estado. Incluso, ella empezó a ser cuestionada al momento de recibir su tratamiento».

Cada vez es menos frecuente es el estigma en ámbito de salud o en el ámbito laboral, dice, pero aún se pide la “prueba de VIH para el ingreso a un empleo como parte de la batería de exámenes”.

En el ámbito comunitario, advierte que todavía hay mucha discriminación y se divulgan los diagnósticos de personas en los lugares donde ellos viven.

“Tal vez trabajan en una sala de belleza y alguien empieza a divulgar el diagnóstico y pierden sus clientes. O venden cualquier tipo de alimentos ya preparados para el consumo y también son afectadas en sus formas de vida”, expuso.

Lizz vivía en una zona declarada de alto riesgo de violencia por pandillas. Esto se convirtió en una razón más que la llevó a migrar a Estados Unidos junto con su hija y su actual pareja. Allá, a más de 10 mil kilómetros del país que la expulsó, ahora intenta rehacer su vida.

“Quería una vida mejor para mi hija. El miedo también tuvo que ver en mi decisión de migrar”, expresó.

V Una nueva vida

A pesar de su condición migratoria irregular, Lizz ha logrado tener acceso a un tratamiento de retrovirales a través de un protocolo en un Centro de Investigación en Estados Unidos, al cual accedió por medio de un hospital.

Por ahora trabaja, estudia inglés y desea regresar a la Universidad a estudiar leyes para ayudar a otras personas: “Mi sueño es trabajar en una organización que ayude en los derechos humanos o migración”.

Según la Comunidad Internacional de Mujeres viviendo con VIH Sida (ICW Latina), en El Salvador el marco legal que establece sanciones para el personal sanitario en el caso de la esterilización forzada a las mujeres con VIH tiene una calificación positiva, es decir, según esta organización los médicos sí reciben penalidad ante estos casos. Sin embargo, los que atendieron el caso de Lizz no recibieron ninguna penalidad.

Al cierre de esta investigación se solicitó una entrevista con la jefa del Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA, Dra. Ana Isabel Nieto Gómez, para conocer su postura respecto al caso de Lizz, sin embargo no se recibió respuesta. La doctora Nieto fungía en ese mismo cargo en 2010, cuando Lizz fue esterilizada de forma forzosa.

En la actualidad Nieto es funcionaria del Gobierno del presidente Nayib Bukele. Su régimen ha sido señalado por nula rendición de cuentas, dar poco acceso a la prensa y por declarar “confidencial” información pública.

En la actualidad ANP+VN trabaja para brindar apoyo legal, capacitaciones, atención psicológica, reinserción laboral y generación de alternativas de ingresos para personas con VIH. Además, tiene estrecha relación con los grupos de apoyo de personas con VIH de la red hospitalaria nacional. Cientos de personas se han visto beneficiadas por sus proyectos. Su abogada compartió que cuando la prensa cubrió el caso de Lizz, tuvieron conocimiento de más casos a los que podrían dar más seguimiento y llevar a la justicia si contaran con los fondos.

*El nombre real de Lizz no se da a conocer en protección a su integridad

Fuente Agencia Presentes

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El Salvador no protege a las personas LGBTIQ+ despedidas por discriminación

Martes, 14 de diciembre de 2021
Comentarios desactivados en El Salvador no protege a las personas LGBTIQ+ despedidas por discriminación

67A6F3F7-83F7-4881-9A9B-B48E30922822El mecanismo para prevenir estas violencias, al menos en instituciones públicas, no es implementado por el gobierno actual. El presidente Nayib Bukele eliminó la Dirección de Diversidad Sexual, la instancia encargada de aplicarlo y de capacitar en temas de diversidad sexual al personal que dependía del Ejecutivo.

 Ernesto es un chico gay. Fue despedido de una Alcaldía del oriente de El Salvador después de haber sufrido durante un mes discriminación y acoso laboral. Durante cuatro años trabajó allí como Jefe de Turismo, pero desde mayo, cuando cambió la administración, fue removido al área de Archivo y Digitación.

En su nuevo trabajo, Ernesto era enviado a visitas de campo junto con otro compañero delegado por sus jefes. La alcaldía garantizaba su traslado, pero a diferencia de la anterior modalidad de trabajo, ya no disponía de un vehículo para sus viajes. Tenía un carro lo llevaba a las cercanías de su destino. Así es que, debía caminar al menos cinco kilómetros en zonas rurales para realizar funcionar de catastro o señalar postes de electricidad.

Además del cansancio y del peligro que implicaba recorrer lugares solo, en los viajes soportaba los ataques homoodiantes de su compañero. En una ocasión, le obligó a que se metiera a un terreno con un matorral, donde Ernesto encontró un panal y las abejas le persiguieron.

El 30 de junio, un motorista de Uber al que Ernesto conocía y había recomendado a su hermana, le fue a buscar a la alcaldía para cobrarle un viaje . El hombre llegó hasta su oficina y amablemente le pidió que salieran del local. Afuera, comenzó a golpearlo y él se defendió.

Nadie de la alcaldía intervino. Al contrario, la comuna usó los videos de las cámaras de vigilancia en su contra. Pese a contar con un tipo de contratación que amerita un proceso administrativo para llegar a un despido, a Ernesto lo despidieron omitiendo ese proceso.

“Ellos trataron la forma de hacer las cosas verbalmente y en el documento hablan lo contrario. En los documentos no dicen que me despidieron por ser gay, cuando así fue, le dieron otra modalidad a mi despido… En la alcaldía solo tienen gente homofóbica”, cuenta. Prefiere que en esta nota no aparezca su nombre ni que se den detalles que puedan poner en peligro su integridad.

Ernesto ha denunciado su caso en la Fiscalía General de la República, pero la denuncia no avanza. Lo que así avanzó es un juicio laboral en un juzgado y para la próxima semana está programada la audiencia.

Sin ingresos

En la administración pasada de la alcaldía, Ernesto había logrado un convenio de la comuna con un ministerio para construir un parque central. Con el cambio de gobierno municipal a Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele, la alcaldía se desentendió del proyecto.

Ya despedido, personal del ministerio siguió en contacto con Ernesto para terminar la obra. Pero la página oficial de Facebook de la alcaldía publicó un video, con una fotografía suya y música de terror de fondo. Allí decía que Ernesto ya no trabajaba para la municipalidad y que no se hacían responsables de las acciones que él realizara.

Ese mismo video llevó a que una orquesta a la que él pertenecía, de la que era manager, cantante y bailarín, lo despidiera. También, a partir de la publicación, dejaron de llamarlo para producir fiestas de quince años, otro de sus ingresos.

Contra la LGBTIQ+ fobia en instituciones públicas

En El Salvador, las personas LGBTIQ+ que pueden optar por un empleo formal pero que luego son despedidas por su orientación sexual, identidad y expresión de género no cuentan con una normativa que les proteja. Ni en las instituciones públicas ni en las instituciones privadas.

En el país, hubo un mecanismo de prevención de la discriminación para lxs empleadxs de las disidencias sexuales que trabajan en las instituciones públicas dependientes del Ejecutivo. Fue el Decreto Ejecutivo 56, aprobado en 2010, en la administración del expresidente Mauricio Funes, con el esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil.

Cuando Nayib Bukele asumió la presidencia, en junio de 2019, una de las primeras decisiones de su gabinete fue la desaparición de la Secretaría de Inclusión Social, a la que pertenecía la Dirección de Diversidad Sexual, encargada de aplicar el decreto. Sus funciones las derivó a la Unidad de Género y Diversidad del Ministerio de Cultura.

La dirección tenía un call center al que podían llamar aquellxs empleadxs que se sintieran discriminadxs por su orientación sexual, identidad o expresión de género. También realizaba capacitaciones para sensibilizar en temas LGBTIQ+ al personal de instituciones públicas.

Aunque el decreto no contemplaba sanciones, Roberto Zapata, secretario de la Asociación Amata El Salvador, recuerda que en una ocasión, una persona a la que un chico gay denunció por discriminación fue removida a otra institución.

A la fecha, el decreto no ha desaparecido, pero las organizaciones sociales denuncian que no tienen claridad de su aplicación. Así lo señala Jessica Torres, experta en temas LGBTIQ+ y procuradora adjunta de Derechos Civiles e Individuales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Para Torres, el decreto tenía dos defectos, por su carácter Ejecutivo, era temporal pero era limitado. Se aplicaba solamente en las instancias que dependían de la presidencia, y dejaba afuera a otras instituciones públicas. Es decir, en el caso del despido de Ernesto de la alcaldía, la normativa no hubiese tenido ningún valor.

En los últimos años, la PDDH recibió seis denuncias de las disidencias sexuales por estigma y discriminación, no solamente en el área laboral. Sin embargo, en los casos laborales, aclara Torres, sobresalen las denuncias contra el sector privado.

Temor a denunciar

Roberto Saldaña, coordinador de áreas de la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES) y coordinador del programa LGBTIQ+ , explica que no se recibieron denuncias de violación laboral en instituciones públicas. No se denuncia por temor a represalias.

En los últimos dos años, con Bukele al frente del Ejecutivo, fueron despedidas injustificadamente diferentes personas de las instancias públicas. A partir de junio de este año, cuando Nuevas Ideas (su partido) arrasó con las elecciones en las alcaldías, hubo muchos despidos sin un debido proceso.

Desde 2015, la FEASIES capacitó a lxs líderes, lideresas y a las bases sindicales en temas de diversidad sexual. A partir de entonces, observaron cambios: lxs sindicalistas de la disidencia sexual están más empodoradxs y aumentó la afiliación de personas de LGBTIQ+ a la federación.

Entre las denuncias que recibe la FEASIES, se encuentran muchas de mujeres trans a quienes en sus lugares de trabajo no les permiten expresar su identidad de género, prohibiéndoles vestuario femenino y maquillaje. A ellas, cuando trabajaban en el Ejecutivo, fue a quienes más benefició el Decreto Ejecutivo 56, dice.

De forma general, según señala Saldaña, lo que sucede con los despidos en El Salvador es que por desconocimiento sobre las leyes laborales, un 80 por ciento de lxs empleadxs firman su indemnización antes de denunciar una violación a sus derechos laborales. Cuando esto ocurre, ya no pueden ayudar.

“No queda claro si el Decreto Ejecutivo 56 está completamente inaplicable o no. Es curioso que, dentro del Ministerio de Cultura, si verificás documentos actuales creados por la Unidad de Género y Diversidad, no menciona el decreto. Es como si que no existiera, como si no hubiera antecedentes, como si el tema se tratara por primeva vez. Tiene que ver mucho con la política tácita del régimen: borrar lo que había antes”, sostiene Roberto Zapata, secretario de la Asociación Amate El Salvador.

Esta asociación acompañó, con la llegada al Ejecutivo de Bukele, a mujeres trans y lesbianas despedidas con la desaparición de la Secretaría de Inclusión Social. También lo hizo con la reducción de personal de Ciudad Mujer, proyecto insignia de los gobiernos de izquierda, con un enfoque integral en acompañamiento a las mujeres.

Presentes intentó contactar a delegadxs de la Unidad de Género y Diversidad del Ministerio de Cultural, pero al cierre de esta nota, no hubo respuesta.

Hasta el momento, lo más cercano sobre la discriminación hacia la población LGBTIQ+ que existe en la legislación salvadoreña es una resolución de 2009 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de un pronunciamiento sobre la negación del Ministerio de Gobernación hacia un grupo de hombres gay que querían conformar una organización.

El tribunal, en su momento, estableció que no era posible discriminar a las personas por su orientación sexual. Para entonces en el país no había mayor educación sobre la identidad de género. Por ejemplo, esta resolución no sirvió para vincularse con otras leyes.

Durante los dos gobiernos pasados, el Ministerio de Trabajo realizaba feria de empleo dedicadas a personas LGBTIQ+. También contaba con una ventanilla de atención especializadas para ellas. La iniciativa no continuó y aunque las organizaciones y la PDDH ya se reunieron con delegados del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Cultura para seguir con estos proyectos, todavía no reciben una respuesta oficial.

Mientras, como el caso de Ernesto, podrían continuar los despidos injustificados de personas de las disidencias sexuales sin ninguna protección estatal.

Tras las publicaciones de la alcaldía en sus redes sociales, Ernesto no tuvo más ingresos. Sólo la remuneración por la producción de una fiesta de 15 años hace una semana. “Con la fiesta rosa pagué tres meses de la renta de la casa. Con la comida, voy pasándola. Por ratos me ayuda mi mamá, por ratos me desespero, pero ahí voy”, detalló el joven.

Fuente Agencia Presentes

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El Salvador: Una pandilla asesinó a un joven gay después de asistir a una fiesta

Viernes, 10 de diciembre de 2021
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259862482_1878564619012425_2537147459015135648_nFue atacado por recorrer la zona de una pandilla contraria a su barrio. A pesar de lo que dice el gobierno, los crímenes de odio siguen en aumento.

Brayan Alexander Aguiñada García de 22 años fue atacado con arma de fuego cuando regresaba hacia su casa ubicada en Copapayo, departamento de Sonsonate. El crimen fue cometido después de participar en una fiesta que cada año organiza la municipalidad de Armenia por su patrono.

Personas cercanas a la víctima contaron a Presentes que Brayan visitaba con frecuencia la pequeña ciudad, pese a que la pandilla Barrio 18, que controla la zona, le advirtió que no lo hiciera. Su lugar de residencia está bajo el dominio de sus rivales, Mara Salvatrucha MS13.

Transgredir estas advertencias les ha costado la vida a muchas personas en esa región. Por la misma razón, Brayan Aguinanda fue asesinado la madrugada del 21 de noviembre.

“Brayan había comentado que le habían prohibido que fuera a Armenia. Recibió amenazas por parte de grupos pandilleriles de la 18. Le dijeron que no lo querían ver más en Armenia porque si no lo iban a matar”, dijo a Presentes una persona defensora de derechos humanos que pidió resguardar su identidad por temor a represalias.

Las reglas de las pandillas: “no queremos culeros”

La Policía Nacional Civil informó en su cuenta oficial de Twitter que una patrulla trasladó a Brayan hasta el hospital donde murió. “Reportamos un homicidio en Cantón Tres Ceibas, Armenia, Sonsonate. Nuestras unidades trasladaron a la víctima a un centro asistencial donde falleció. Rastreamos la zona en busca de los hechores”, publicó la policía en la mañana del 21 de noviembre.

Presentes consultó a las sedes policiales del departamento de Sonsonate pero aseguraron no estar autorizados para dar información sobre el caso. También se contactó al área de prensa de la policía en reiteradas ocasiones, pero al cierre de la nota no respondieron.

Las pandillas son estructuras delincuenciales que surgieron en las calles de Los Ángeles de Estados Unidos. Se establecieron en El Salvador tras una masiva deportación de sus integrantes hacia el empobrecido país centroamericano.

En los territorios, los pandilleros defienden a muerte, extorsionan, controlan y determinan la vida de las personas. Tienen reglas claras sobre la orientación sexual: “no queremos culeros (una palabra despectiva para llamar a las personas gay)”.

El cuerpo de Bryan fue encontrado en la zona conocida como las Tres Ceibas, dos kilómetros de su casa. “Nadie sabe cómo Brayan salió, porque nadie vio que lo hiciera después de volver de la fiesta”, expresó la persona defensora de derechos humanos.

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Vivir en peligro

El Cantón Tres Ceibas es una zona peligrosa por la presencia de las pandillas. De acuerdo cifras oficiales de la Policía, en octubre asesinaron a dos hombres por “trabajar en zona de la pandilla contraria”.

El Salvador tuvo un notable descenso de los homicidios provocados. En su mayoría, por la disputa a muerte de las pandillas para hacerse del control del comercio y tráfico de drogas, las extorsiones a negocios y el uso de “sus territorios”.

Según el presidente Nayib Bukele, el descenso se debe a la efectividad del Plan Control Territorial. Sin embargo, especialistas en seguridad afirman que se debe a un posible pacto o negociación entre el gobierno y las pandillas Mara Salvatrucha MS-13, Barrio 18 revolucionarios y sureños.

Una fuente policial consultada por Presentes, y que pidió se reservara su identidad por miedo a represalias internas, confirmó que las pandillas continúan ejerciendo control y su accionar en los territorios. A pesar de que los asesinatos se han reducido, se han incrementado las cifras de personas desaparecidas.

“Hasta ahorita no he visto ninguna hoja impresa del Plan Control Territorial. No sé si existe. Las pandillas mantienen el control territorial, sigue igual, no ha cambiado. El tránsito de la droga, la extorsión, sigue igual”, aseguró a Presentes una fuente policial.

Los crímenes que no descienden

La Fiscalía General reportó de enero al 30 de noviembre del presente año 2.063 personas desaparecidas a nivel nacional.

“No ha tenido ningún efecto, ya que no se puede decir en este momento que viviendo en una zona donde domina una pandilla, se puede ir tranquilamente donde domina otra. A lo mejor se puede entrar, pero no se sabe si va a salir. Podemos ver que no hay seguridad, no existe tranquilidad”, lamentó la persona defensora de derechos humanos.

De acuerdo a cifras oficiales durante el 1 de enero al 2 de noviembre se han contabilizado 936 asesinatos, mientras en 2020 de enero a diciembre se cometieron 1.322 crímenes.

La Federación Salvadoreña de personas Lesbianas, Gays, Trans e Intersexuales (FESLBTBI), ha reportado cinco crímenes de personas LGBTI en lo que va de 2021.

Fuente Agencia Presentes

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Guardias de seguridad de una tienda golpearon a una pareja de lesbianas en San Salvador

Viernes, 1 de octubre de 2021
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75B3CF0B-23A6-4CE7-A49E-FF4CE2EBFC0AUna pareja de lesbianas se besó en la tienda Imperio USA y los guardias de seguridad las increparon y golpearon. La policía culpó a las víctimas.

 Comprar ropa se tradujo en un ataque lesboodiante en un almacén en El Salvador cuando el 14 de septiembre guardias de seguridad increparon y golpearon a una pareja en la tienda Imperio USA, ubicada frente a la plaza Francisco Morazán.

“Llegamos a la tienda por la mañana y nos dimos un beso entre los estantes. Un vigilante se acercó de forma violenta y nos exigió que saliéramos del lugar”, contó la pareja a Presentes.

Ellas exigieron que les mostraran el código de comportamiento del lugar. La respuesta fue que otros dos vigilantes armados las rodearan para expulsarlas a empujones.

“Ellas se dieron un beso e inmediatamente un vigilante se les acercó de forma violenta y empezó a decirles expresiones lesbofóbicas, a decirles que mejor se buscaran marido y que esas cosas no eran permitidas ahí”, dijo a Presentes Lissania Zelaya, integrante del colectivo AMORALES.

AMORALES es una organización de feministas, artistas y profesionales que promueve los derechos humanos y la toma de espacios públicos para mujeres y disidencias. Al día siguiente del ataque, en el Día de la Independencia, participaron de la marcha masiva contra el gobierno, en reclamo por la ley de bitcoins, la reforma constitucional y el desmantelamiento del Poder judicial.

“Hubo una mujer que las defendió ahí adentro, al parecer era una empleada quien las defendió y les dijo ‘hijas, mejor váyanse porque estos hombres son unos machos’. La compañera dice que en lo que ella se da la vuelta viene el tipo y le pega por la espalda, cuando yo llegué revisamos a la compañera y evidentemente en la espalda tiene signos de violencia”, expresó Lissania.

La policía, contra las víctimas

Al recibir el golpe por la espalda, la pareja se defendió provocando un altercado con los atacantes. El personal del almacén llamó a la policía quienes en un primer momento amenazaron con detener a las víctimas por “causar desordenes públicos”. Las víctimas fueron rodeadas por policías, militares y los vigilantes que las atacaron.

“Estos sujetos (atacantes) se han reído  y se han reído enfrente de la policía y todavía el gerente del almacén indicó al vigilante, aquí también hay una protección por parte del gerente hacia este vigilante, le indica que se vaya porque nosotras estamos en ese momento interponiendo la denuncia”, acotó Lissania.

A pesar que las víctimas dieron una primera declaración a la policía en el lugar del ataque, no lograron detener al principal agresor porque fue protegido por el gerente del almacén.

“Primero lo catalogaron como un desorden público. Yo alegué que no podía ser un desorden público ni una riña o pleito porque no hay proporcionalidad en el uso de la fuerza y en la posesión de armas. Mis compañeras eran dos mujeres que no estaban armadas, ellos eran tres hombres, uno de ellos tenía un arma de fuego, los demás tenían macanas y tenían esposas también, eran tres hombres armados frente a dos mujeres que no estaban armadas”, lamentó Lissania.

Presentes consultó a la delegación de la policía que está a cargo del área geográfica donde ocurrió el ataque. Al preguntarles por qué no detuvieron al agresor, se limitaron a responder que “sí interpusieron la denuncia por agresiones” sin dar mayores detalles.

“No puede haber confianza en la policía porque inclusive en el momento en que las compañeras estaban poniendo la denuncia la policía les dijo que ellas aparecen en el video y que también le levantaron la mano al vigilante. Pero en realidad las compañeras estaban defendiéndose. Ellos también han intentado que las compañeras desistan de poner la denuncia”, lamentó Lissania.

Ataques en la impunidad

El Salvador, que reporta altos índices de discriminación y asesinatos contra la población LGBTI, contaba hasta junio de 2019 con el decreto presidencial número 56 que prohibía la discriminación por razón de identidad de género y orientación sexual en todas las instituciones del Estado.

Sin embargo el presidente Nayib Bukele eliminó la dirección de diversidad sexual en donde se atendían las denuncias de violaciones de derechos hacia la población LGBTI.

“En El Salvador ha pasado en varias empresas, en lugares de comida, ha pasado en centros comerciales y creemos que es necesario que estas situaciones se regulen dentro de la Ley Integral Para una Vida Libre de Violencia (LEIV) expresamente como un delito motivado por odio, porque las compañeras no estaban haciendo nada que transgrediera el orden público y la paz social que es a lo que alegan siempre y ellas estaban en todo el ejercicio de su derecho”, señaló Lissania.

El trabajo que desarrollaba la antigua dirección de diversidad sexual pasó bajo la dependencia de la unidad de género del Ministerio de Cultura, además se crearon mesas de interinstitucionales en los ministerios de trabajo y seguridad que en la actual administración no funcionan.

“Creemos que si es importante que las denuncias puedan sentar un precedente también para que las mujeres no tengamos que vivir este tipo de violencia, sino que se nos proteja y que las personas alrededor sepan que es un derecho legitimo el que se está reclamando y que también se está defendiendo un derecho, creemos que es necesario que se reconozca que existen este tipo de acciones que son motivadas por odio”, puntualizó Lissania.

La extinta dirección creo la línea telefónica 131 para atender denuncias, brindar orientación sobre sus derechos y ayuda psicológica en los casos que lo requerían, sin embargo, el actual gobierno transfirió el número al ministerio de salud para atender a mujeres embarazadas, niñez menor de cinco años y personas que requieran atención en salud mental.

Fuente Agencia Presentes

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Cómo es la nueva propuesta para que El Salvador tenga Ley de Identidad de género

Jueves, 26 de agosto de 2021
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IMG_2770-1024x683El Congreso salvadoreño recibe nueva versión de la ley de identidad de género. La anterior había sido archivada.

Defensores de derechos de personas trans presentaron al Congreso de El Salvador una propuesta actualizada del anteproyecto de identidad de género. La misma busca que las personas trans tener un documento de identificación oficial acorde a su identidad, un derecho hasta ahora negado por la normativa vigente.

La propuesta de ley consta de 22 artículos, mantiene el espíritu de la propuesta previa y argumenta sobre las normativas internacionales. Entre ellas, la opinión consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordena a los Estados parte del Sistema a establecer un procedimiento para que las personas trans puedan adecuar su nombre a su identidad de género.

“Esperamos que esta vez sí haya voluntad política (para aprobarla). Como ellos (diputadxs) tanto que lo han repetido de representar al pueblo o a la ciudadanía. No somos menos ciudadanos, ni menos salvadoreñas, ni salvadoreños que el resto de las personas que no tienen problemas con el nombre y que no estamos pidiendo privilegios. Estamos pidiendo un derecho que se ajusta a nuestras necesidades y a nuestras realidades”, dijo a Presentes Amalia Leiva, representante de Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans – COMCAVIS.

Cómo se llega a esta propuesta

El primer anteproyecto de ley de identidad de género se presentó el 22 de marzo de 2018. Se discutió tres años en la comisión de la mujer y la igualdad de género de la legislatura pasada (2018 – 2021), pero los legisladores no lograron el consenso para trasladar la propuesta a su aprobación en el pleno.

Para que la propuesta de ley fuera aprobada por el Congreso se requerían 43 votos de lxs 84 diputadxs. Sin embargo, las organizaciones promotoras del anteproyecto sostienen que hizo falta compromiso y voluntad de todos los partidos representados en la Asamblea Legislativa.

El Salvador, que reporta altos índices de discriminación y asesinatos contra la población LGBT, contaba hasta junio de 2019 con el decreto presidencial número 56 que prohibía la discriminación por razón de identidad de género y orientación sexual en todas las instituciones del Estado.

La nueva legislatura (2021 – 2024), con una súper mayoría del partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados, ordenaron el pasado 14 de mayo que el anteproyecto fuera archivado. Lo mismo ocurrió con 30 expedientes que estaban siendo examinados por considerarlos “obsoletos y no acordes a la realidad”, según la diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda.

“En ningún momento la propuesta tenía algún tinte partidario, que fue el argumento que ocupó la bancada cyan (Nuevas Ideas) para archivarlo y decir que era una realidad obsoleta. Ahora nos volvimos a presentar a la Asamblea Legislativa para mejorar la propuesta hacia una mejor interpretación de la misma”, recalcó Amalia.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos enviaron cartas a las fracciones fracciones de los ocho partidos políticos representados en el Congreso para solicitar un espacio de discusión del anteproyecto de ley. Sin embargo, solamente dos partidos minoritarios respondieron: juntos suman cinco de 84 curules.

“Prácticamente no tuvimos respuesta de todos los partidos, lastimosamente solo nos respondió el FMLN y Nuestro Tiempo. Seguimos a la espera que los demás se sumen a esta iniciativa de ley”, dijo a Presentes, Britanie Castillo, asistente técnica de la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans.

El Salvador no cuenta con legislación que garantice el derecho al reconocimiento de nombre ni género de personas transgénero y transexuales. Las mujeres y hombres trans deberán continuar utilizando en sus documentos el nombre y género que no corresponde a su identidad. Solamente México, Argentina, Chile y Uruguay cuentan con normativas similares.

“Esperamos que hagan conciencia de la necesidad de una ley de identidad de género para las personas trans, que sean empáticos a esta realidad que vivimos las personas trans en El Salvador”, señaló Britanie.

El gobierno y la Asamblea menos “cool”

Desde el pasado 1 de mayo, cuando se instalaron los nuevos diputados de la Asamblea Legislativa, en el país centroamericano no han faltado las puestas en escena protagonizadas por el partido oficialista, con jóvenes que dicen “luchar por el pueblo”.

En tres meses han destituido a los magistrados de la Corte constitucional y el Fiscal General, aprobaron la polémica ley que reconoce a Bitcoin como moneda de curso legal y enviaron al archivo propuestas de ley de agua y la ley por la Igualdad y la no Discriminación.

El partido Nuevas Ideas, del presidente Nayib Bukele, obtuvo una contundente victoria en las elecciones intermedias de febrero, al conseguir, junto a sus aliados, una súper mayoría en el hemiciclo, 64 curules de un total de 84. Esta conformación les permite gobernar y aprobar iniciativas sin oposición.

Bukele, de 40 años de edad, se autodenomina el “presidente más cool” del mundo. Arrasó las elecciones de 2019 y se convirtió en el fenómeno mediático que logró derrotar a los partidos tradicionales del país centroamericano. En las 41 páginas de su oferta electoral “Plan Cuscatlán” no hay ninguna propuesta para la población LGBTI.

“Estamos a la expectativa porque ahora tenemos a quien señalar. Nuevas Ideas cuenta mayoría absoluta en la Asamblea y el poder de decisión para adecuar normativas y dictar leyes que garanticen los derechos de todas las personas por igual”, expresó Britanie.

Fuente Agencia Presentes

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Protestas por rechazo a Ley de Identidad de Género en El Salvador

Lunes, 24 de mayo de 2021
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El proyecto de Ley de Identidad de Género fue archivado junto con la ley por la Igualdad y la no Discriminación.

 La propuesta de Ley de Identidad de Género tuvo el primer revés en la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador el viernes 14 de mayo. Fue luego de que la Comisión de la Mujer y Género del Congreso decidiera archivar 30 expedientes que estaban siendo examinados por la pasada legislatura (2018 – 2021). Lo hizo por considerarlas “obsoletas y no acordes a la realidad”, de acuerdo a la diputada del partido oficialista Nuevas Ideas, Marcela Pineda.

La ley por la Igualdad y la no Discriminación también fue archivada. Ninguno de los diputados oficialistas de Nuevas Ideas y su aliado Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) han dado una explicación del por qué enviaron al archivo la propuesta de ley.

La propuesta de Ley de Identidad de Género había sido presentada el 22 de marzo de 2018 por diversas organizaciones a la Asamblea Legislativa. La Comisión de la Mujer e Igualdad fue la encargada de su estudio y discusión. Sin embargo no fue aprobada.

El Salvador no cuenta con legislación que garantice el derecho al reconocimiento de nombre, sexo y género de personas transgénero y transexuales.

Para que la propuesta de ley fuera aprobada por el Congreso se requerían 43 votos de les 84 diputades. Sin embargo, las organizaciones promotoras del anteproyecto coincidieron en que hizo falta compromiso y voluntad de todos los partidos representados en la Asamblea Legislativa.

Ahora la propuesta de ley fue enviada al archivo, sin posibilidades de discutirse de nuevo.

“No vamos a pasar tres años más para que se nos tome en cuenta. Se supone que esta Asamblea legislativa ha venido a legislar por el pueblo y por sus necesidades, así que esperamos respuestas lo más pronto posible”, dijo Bianka Rodríguez, directora de Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans – COMCAVIS durante una manifestación de rechazo a la decisión de engavetar la propuesta de ley de identidad.

Las organizaciones que trabajaron desde 2010 en la elaboración de la propuesta lamentaron la decisión. Creían que la nueva legislatura conformada en su mayoría por jóvenes tendría más “sensibilidad” por sus derechos.

MarchaTransElSalvador7-1024x683Con esta decisión las mujeres y hombres trans deberán continuar utilizando en sus documentos el nombre y género que no corresponde a su identidad. La propuesta de ley pasó al archivo sin ser consultada con las organizaciones sociales proponentes.

“De no sacar del archivo la propuesta de ley dejarían ver la homofobia, la transfobia, la misoginia que existe desde esta nueva Asamblea Legislativa y desde los diputados para legislar por las necesidades de la población LGBTI que también les dieron el voto y los pusieron en esos curules”, recalcó Bianka Rodríguez.

El 1 de mayo de 2021 se instaló la nueva Asamblea Legislativa en El Salvador para un período de tres años. El partido Nuevas Ideas, del presidente Nayib Bukele, obtuvo una contundente victoria en las elecciones intermedias de febrero, al conseguir, junto a sus aliados, una súper mayoría en el hemiciclo, 64 curules de un total de 84. Esta conformación les permite gobernar y aprobar lo que sea sin oposición.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) criticó la decisión de nueves diputades e instó a hacer un nuevo cabildeo para que fuera presentada, analizada y discutida con la comisión a cargo.

“Reitero a la población LGBTIQ+ de El Salvador mi compromiso en acompañarles en sus justas reivindicaciones, realizando las acciones de mi competencia”, expresó el Procurador para la defensa de los derechos humanos, Apolonio Tobar.

Condenada a la exclusión

 Eliza Velásquez entró al baño de mujeres de una cadena de restaurantes de comida rápida, pero al instante fue sacada por el vigilante de seguridad. Le dijo que se había equivocado de lugar, ella debería ir al de hombres.

“Siempre entro a los baños de mujeres porque es lo correcto, pero en una ocasión el vigilante del lugar me dijo que me saliera, me dijo que yo siempre seré un hombre. Me fui para el baño de hombres y ahí también se me quedaban viendo raro, no tuve otra opción”, expresó Eliza a Presentes.

Sin poder contradecir al vigilante por no contar con un documento que confirmara su identidad como mujer transgénero, decidió utilizar en adelante los baños destinados para hombres en lugares públicos. El Documento Único de Identidad (DUI) de Eliza tiene el nombre y género asignados al nacer, y ella se ha unido a la lucha de la población trans para lograr la aprobación de la ley de identidad de género.

La invisibilidad como política pública

MarchaTransElSalvador3-1024x683 Desde que inició la administración en junio de 2019, Nayib Bukele, eliminó la dirección de diversidad sexual en donde se atendían las denuncias de violaciones de derechos hacia la población LGBTI.

La extinta dirección había creado la línea telefónica 131 para atender denuncias, brindar orientación sobre sus derechos y ayuda psicológica en los casos que lo requerían. El actual gobierno transfirió el número al ministerio de salud para atender a mujeres embarazadas, niñez menor de cinco años y personas que requieran atención en salud mental.

El trabajo que desarrollaba la antigua dirección de diversidad sexual pasó bajo la dependencia de la unidad de género del Ministerio de Cultura, Presentes confirmó que desde 2019 no se reúnen con las autoridades a cargo.

“Ser un hombre trans en El Salvador significa no existir porque no soy reconocido legalmente. Significa ser excluido y rechazado por la sociedad, significa no tener derechos”, dijo a Presentes Bryan Rodríguez subdirector de Hombres Trans El Salvador (HT).

El Salvador, que reporta altos índices de discriminación y asesinatos contra la población LGBT, contaba hasta junio de 2019 con el decreto presidencial número 56 que prohibía la discriminación por razón de identidad de genero y orientación sexual en todas las instituciones del Estado.

“Ya no queremos ser olvidadas en las políticas públicas. No vamos a retroceder nunca más. Nuestras voces van a gritar las arbitrariedades que ellos y ellas hagan como diputados y diputadas de esta nación”, indicó Bianka.

La lucha por la aprobación de la ley

 El pasado lunes, Eliza de 27 años salió de su casa de madrugada, afuera le esperaban más de doscientos kilómetros que recorrer desde el municipio de Nueva Esparta, departamento de La Unión hasta la capital.

Dice que cada 17 de mayo a viajado hasta la capital de El Salvador para participar en la marcha en contra de la transfobia, pero este año lo hizo para protestar contra la decisión de legisladoras de la Asamblea legislativa que de un tajo mandó al archivo una propuesta de ley que le permitiría a Eliza tener un documento con su nombre, sexo y género auto percibido.

“Esa ley es necesaria que se apruebe porque así ya tendríamos que estar acreditadas como mujeres ante la ley. Sin necesidad de andar escondiendo cómo nos llamamos o que la gente nos diga que debemos de llamarnos como nacimos y no como nuestra expresión”, dijo Eliza a Presentes.

IMG_2820-1024x683Eliza se unió a cientos de personas que salieron a las calles de San Salvador para exigir que se saque del archivo la propuesta de ley y sea aprobada. Dice que aún recuerda cuando hace siete años tuvo el valor de asumir su identidad y expresión de género.

“Las primeras veces fue difícil para mi, sentí pena y temor que toda la gente me mirara y dijeran: ‘ahí va ese vestido de mujer’. Al principio fue difícil, después me fui adaptando a las discriminaciones, a los bullying que aún me hacen”, expresó.

Bukele de 39 años de edad se autodenomina el “presidente más cool” del mundo, arrasó las elecciones de 2019 y se convirtió en el fenómeno mediático que logró derrotar a los partidos tradicionales del país centroamericano. En las 41 páginas de su oferta electoral “Plan Cuscatlán” no hay ninguna propuesta para la población LGBTI.

“Yo di el voto a Nuevas Ideas creyendo de que todo iba a ser diferente. Me genera indignación porque ellos prometieron apoyar a la población LGBTI y que ahora salgan con que no le toman importancia. Así como nosotros los apoyamos para que estén en la Asamblea, así deben cumplirnos”, dijo Eliza.

Fuente Agencia Presentes

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Discriminan a pareja gay en un café de El Salvador: la denuncia se hizo viral

Jueves, 11 de febrero de 2021
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Screenshot_20210204_111156_com.google.android.googlequicksearchbox_2-1-1018x509Por Paula Rosales, desde El Salvador

Mientras desayunaban la mañana del martes 2 de febrero en la cadena de cafeterías San Martín en El Salvador, una pareja de hombres gay fue acusada de cometer supuestos actos indecorosos frente al resto de los clientes, por lo que la gerente les pidió se separaran.

Indignados, los hombres gay se retiraron del local, situado en uno de los centros comerciales más concurridos en Antiguo Cuscatlán, unos ocho kilómetros al oeste de la capital. Minutos después la pareja denunció en su cuenta de Instagram que fueron víctimas de un acto de intolerancia en un restaurante de El Salvador. Organizaciones de derechos humanos denunciaron además que los dueños de esta cadena han financiado movimientos antiderechos.

“Solo tenía su brazo sobre mi hombro y hablábamos como personas civilizadas. Cuando le pedimos explicaciones a que se referían con “comportarse decorosamente” me dijeron: ‘ustedes saben a que me refiero”, denunció la pareja en su perfil de red social, sin que revelaran su identidad.

 

Condena social

Su denuncia fue retomada por usuarios de Twitter que pidieron difundir la discriminación hecha a la pareja, muchos usuarios apoyaron y llamaron a sumarse a la condena. Estos mensajes contrastaron con los ataques de otras cuentas que justificaron y atacaron a quienes defendieron a la pareja.

“A la fuerza quieren ser aceptados y no respetan ni lugares privados que se reservan el derecho de admisión, no es necesario hacer show en lugares familiares, ellos dicen que sólo se abrazaban, pero que tan cierto es eso? (sic) quien lo comprueba? (sic)”, escribió el usuario Dayan Archila.

Presentes se comunicó con las oficinas de San Martín, pero dijeron que la persona a cargo de dar la posición oficial de la compañía se encontraba en reunión y que se comunicaría al terminar, al cierre de la nota aún no respondieron.

“Condeno todo tipo de discriminación, ya sea en un lugar público o en este caso en un establecimiento del sector privado contra una pareja de personas del mismo sexo o si fuera en contra de otro tipo de población. Existe en parte de la sociedad salvadoreña ese tipo de acciones discriminatorias que terminan afectando la dignidad de las personas”, expresó a Presentes Roberto Zapata, secretario general de la organización Amate El Salvador.

Amate es una organización que trabaja por el rescate de la memoria histórica de la población LGBTI en El Salvador.

Sin apoyo del Estado

El Salvador, que reporta altos índices de discriminación y asesinatos contra la población LGBT, contaba hasta junio de 2019 con el decreto presidencial número 56 que prohibía la discriminación por razón de identidad de genero y orientación sexual en todas las instituciones del Estado.

Sin embargo, tras la investidura de Nayib Bukele, el mandatario eliminó la dirección de diversidad sexual en donde se atendían las denuncias de violaciones de derechos hacia la población LGBTI.

“No esperamos de parte del gobierno ningún tipo de pronunciamiento en este tipo de casos, no los ha habido en el pasado y veo con mucha menos posibilidad que pase con el actual gobierno donde parece ser que su política pública es el silencio en cualquier tipo de discriminación y violencia en contra de la población LGBTI, ya hemos visto que la ministra de cultura cuando han sucedido crímenes de odio ha salido con eufemismos”, dijo Zapata.

El trabajo que desarrollaba la antigua dirección de diversidad sexual pasó bajo la dependencia de la unidad de género del Ministerio de Cultura, además se crearon mesas de interinstitucionales en los ministerios de trabajo y seguridad que en la actual administración no funcionan.

“En este caso se pudo visibilizar por la denuncia en redes sociales, las organizaciones ya conocemos que esta panadería o sus dueños han financiado en Guatemala marchas anti derechos contra la población LGBTI y contra las mujeres”, señaló Zapata.

La extinta dirección creo la línea telefónica 131 para atender denuncias, brindar orientación sobre sus derechos y ayuda psicológica en los casos que lo requerían, sin embargo, el actual gobierno transfirió el número al ministerio de salud para atender a mujeres embarazadas, niñez menor de cinco años y personas que requieran atención en salud mental.

“Es un mensaje que invita a seguir discriminando, que esta bien que se nos trate de esa manera y que está bien que nosotros no podamos expresarnos en los espacios públicos”, recalcó Zapata.

Crímenes de odio siguen impunes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno. Bukele, que asumió su gestión el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarías de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que atendía a poblaciones vulnerables y LGBTI.

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.

“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.

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Fuente Agencia Presentes/Cristianos Gays

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Histórico: una mujer trans y un hombre gay aspiran a convertirse en diputadxs en El Salvador

Viernes, 29 de enero de 2021
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Captura-de-pantalla-2021-01-26-a-las-8.44.31-646x323Alejandra Menjívar y Erick Iván Ortiz competirán el 28 de febrero en las elecciones nacionales. Ella busca una diputación en el Parlacen y él en la Asamblea Legislativa. Su candidatura ocurre en un momento crucial para la democracia salvadoreña.

Por Stanley Luna

Las elecciones para alcaldes y diputados del 28 de febrero en El Salvador, por primera vez, contarán con la representación de una mujer trans y un hombre abiertamente gay. Se trata de Alejandra Menjívar, candidata a diputada por el Parlamento Centroamericano (Parlacen), y Erick Iván Ortiz, quien corre por una diputación para la Asamblea Legislativa.

De ser elegidos funcionarixs, ambxs tienen en su agenda temas que son una deuda para la población LGBTI en el país: llevar a discusión la Ley de Identidad de Género –de la cual existe un anteproyecto desde 2018 en el Congreso-, generar mecanismos de protección para las disidencias sexuales y que el país atienda resoluciones internacionales, que, por ley, tiene la obligación de cumplir.

Menjívar tiene 34 años y es candidata al Parlacen por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido de izquierda en el que milita desde 2008 y del que es Secretaria Nacional de la Diversidad Sexual y Género.

Trabajó en la construcción del plan de gobierno de Mauricio Funes, el primer expresidente de izquierda salvadoreño, que gobernó entre 2009 y 2011, y hoy se encuentra asilado en Nicaragua tras acusaciones de corrupción.

En 2009, la hoy candidata comenzó como voluntaria en un proyecto con la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh Arcoíris Trans) y a involucrarse en la lucha por derecho humanos de la población LGBTI, lo que marcó el inicio de su activismo.

Con el 60% de los votos de su partido

Ella tomó la decisión de competir como diputada al Parlacen y no para la Asamblea Legislativa como una prueba a las bases del FMLN, para saber lo abierto que eran respecto a la participación de las disidencias sexuales a cargos públicos, explica en una entrevista a Agencia Presentes.

“El Parlacen no solo es un ente de la integración centroamericana, sino que tiene que ver con recomendar a los Estados de la región hacia dónde deben de ir encaminadas las políticas públicas”, dice Menjívar.

En las elecciones internas del FMLN, Menjívar quedó en la quinta posición de entre 20 precandidatxs. Obtuvo más del 60 por ciento de los votos de la militancia a nivel nacional. En las internas, también fue elegido como candidato a alcalde un hombre abiertamente gay, mientras que otras personas de la población LGBTI participarán por cargos de regidores, concejales y diputados suplentes en las elecciones de febrero.

Lxs diputados del Parlacen son elegidos en elecciones democráticas. Son 20 diputados por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Panamá. Lxs expresidentes y vicepresidentes de estos países también se convierten en diputados inmediatamente terminan sus mandatos.

Roberto Zapata, secretario de la organización Amate El Salvador, reconoce que no solo en El Salvador, sino que, en cualquier país, candidates o funcionaries LGBT se enfrentan a “barreras” antes y durante ejercen su cargo.

Escuchar a la sociedad civil

Las postulaciones a diputaciones de Menjívar y de Ortiz, dice, generan expectativa en la sociedad civil organizada y la población LGBTI, en general. Si llegan a convertirse en diputades, tendrán que legislar a favor de esta población de forma transversal. Y, al mismo tiempo, legislar a favor de otros temas sociales, incorporando el componente de la inclusión.

“Si elles son electos para su cargo, yo espero que tengan la apertura de llevar adelante las iniciativas que desde la sociedad civil organizada se convocan. Que, si nos acercamos a elles, tengan la apertura”, señala el activista.

Zapata destaca que, en el caso de Menjívar, ella se ha encargado de informar, desde su candidatura, sobre las funciones del Parlacen, una instancia poco conocida para la sociedad salvadoreña.

Menjívar asegura que es en el Parlacen donde ella ve la oportunidad de incidir para que los Estados aprueben leyes a favor de las disidencias sexual, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y que, además, atiendan resoluciones vinculantes, como la emitida en 2018 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, a través de una opinión consultiva en Costa Rica, ordenó garantizar el matrimonio igualitario y el cambio de nombre y género de las personas trans. Una resolución que atañe a El Salvador y a otros 19 países de América. 

Aunque el voto en El Salvador para alcaldes y diputados es por rostro, sin una Ley de Identidad de Género, ella ve imposible que el Tribunal Supremo Electoral la deje competir en las elecciones con su nombre elegido, como sí lo hizo en las elecciones internas de su partido. De exigirle el nombre según documento de identidad, optará por los apellidos.  De hecho, en su campaña le ha apostado a posicionarse como “Menjívar Guadrón” y “Aleja Menjívar”.

“Es complicado, es complejo, es todo un panorama adverso, porque, evidentemente, voy a ser una contra varios que vienen siendo parte del sistema, pero eso es lo que nos motiva.”, afirma Menjívar.

“Todo en adelante es nuevo”

Erick Iván Ortiz, candidato por Nuestro Tiempo, un partido fundado por exdiputados del partido conservador Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y que debutará en las elecciones de este año, busca ser diputado por el departamento de San Salvador, dentro del cual se encuentra la capital del país centroamericano.

Ortiz tiene 29 años y casi una década de involucrarse en la defensa de los derechos humanos. Forma parte de la Federación Salvadoreña LGBTI, que aglomera a varias organizaciones que luchan por los derechos de las disidencias sexuales en El Salvador.

En 2017, él fue parte del grupo de seis jóvenes que renunció a la juventud de ARENA tras mostrar públicamente su postura a favor hacia temas progresistas, como el matrimonio igualitario y el aborto.

“Hay que decir que la mía es la primera candidatura abiertamente LGBTI para un cargo de diputación en la Asamblea Legislativa, entonces, todo en adelante es nuevo, no ha sido explorado, pero lo que yo sí esperaría es que, desde la población LGBTI, podamos, también, tomar consciencia de la importancia de la representatividad”, sostiene.

Si se convierte en diputado, Ortiz dice que impulsará la Ley de Identidad de Género y presentará un anteproyecto de Ley Nacional contra la Discriminación en la Asamblea Legislativa, para crear una institución que proteja los derechos de la población y que sea independiente del Ejecutivo.

Deudas del gobierno actual y perspectivas

El 28 de febrero, el partido fundado por el presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas, también participará por primera vez en las elecciones para diputadxs y alcaldes.

Bukele, en el año y medio en el cargo, no ha mostrado interés de crear políticas públicas a favor de la población LGBTI. Es más, en el segundo día de su gobierno trasladó las funciones de la Dirección de la Diversidad Sexual, creada en el primer gobierno del FMLN bajo presión de la sociedad civil, al Ministerio de Cultura. Este es uno de los ministerios con uno de los presupuestos más bajos.

La dirección estaba adscrita a la ya desaparecida Secretaría de Inclusión Social y dependió presupuestariamente de la Presidencia. Sus funciones fueron la capacitación del personal de los diferentes ministerios, la generación de ferias de empleo para las disidencias sexuales y la creación de un call center para atender denuncias por discriminación de las personas de las disidencias sexuales que trabajaran en alguna institución gubernamental. Hasta el momento, las organizaciones de la sociedad civil, si el gobierno dará seguimiento a estas acciones.

Con las diputaciones ganadas por Nuevas Ideas, más el bloque de los otros partidos de derecha que no tienen en su agenda las políticas públicas a favor de la población LGBTI, Zapata adelanta que se están preparando para más retrocesos en derechos humanos.

“Lo más probable es que la mayoría de diputaciones terminen siendo bastantes conservadoras, lo que puede terminar en que, en lugar de avances, sean retrocesos en tema de derechos humanos. Ya lo hemos visto dentro del Órgano Ejecutivo. Ahora, es probable, y nos estamos preparando para ello, de que también suceda en el Órgano Legislativo”, advierte.

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Fuente Agencia Presentes

General, Historia LGTBI , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Procesan a joven lesbiana por defenderse de un ataque policial en El Salvador

Jueves, 3 de diciembre de 2020
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BastaDeLesboodio-e1576506994556-1024x682-773x386Por Stanley Luna, desde El Salvador

Valentina y su pareja fueron detenidas por dos policías en febrero de este año. Los agentes las torturaron durante horas, pero Valentina es acusada de lesionar a un agente por auto defenderse y la Fiscalía General de la República sigue un juicio de lesiones y resistencia contra ella.

Valentina y Fernanda volvían de cenar y se detuvieron a hablar a dos cuadras de su colonia, en departamento occidental de Santa Ana, 68 kilómetros al oeste de San Salvador. Era la noche del 8 de febrero de 2020.

Valentina contó a Present que alzaron un poco la voz y tres hombres encargados de la vigilancia de la colonia donde viven se les acercaron y les dijeron que se tranquilizaran. Luego pasaron a acosarlas con preguntas incómodas.

A las 10:30 de la noche, 15 minutos después de estar con los vigilantes, los policías German Ernesto Ruíz Olano y Cruz Alberto Castro Sánchez llegaron en un pick up policial, según la denuncia fiscal.

Valentina recuerda que los dos policías se bajaron enojados de la patrulla y comenzaron a insultarlas. Fernanda les intentó explicar que estaban por volver a casa, que simplemente hablaban, y que no podían llevárselas detenidas sin ningún motivo, ya que ellas conocían sus derechos.

Estas palabras bastaron para que Ruíz Olano la tirara al suelo, boca abajo, y la esposara. Su compañero Castro Sánchez esposó a Valentina con los brazos atrás de su espalda.

“Yo, como pude, traté de defenderme a mí y traté de defenderla a ella. A ella la tenían en el suelo. La estaba pateando el otro hombre, que es el que mí me está acusando de agresión”, cuenta Valentina.

Los policías las subieron a la cama del pick up y Ruíz Olano les pateó la cara a ambas con sus botas, mientras el otro policía, por 30 minutos, condujo hasta llegar a una delegación policial.

En la delegación, los policías que las capturaron las lanzaron a un suelo de graba, las ataron las celdas y las obligaron a hincarse. Les rociaron agua sucia y fría de una pila, las siguieron golpeando y les tomaron fotografías.

Encerradas e incomunicadas

A las dos les robaron los zapatos. Además, a Valentina le robaron su celular y a Fernanda 22 dólares. Luego las encerraron en una celda en la que convivieron con nueve pandilleras.

Por las pandilleras lograron comer, debido a que, desde su captura hasta el día de la audiencia inicial, no tuvieron comunicación con su familia. Los primeros días tampoco contaron con un abogado, lo cual viola el principio de la presunción de inocencia.

Valentina recuerda que después de la tortura, sus caras quedaron irreconocibles. Antes del amanecer, fueron trasladas a otra delegación policial en la que esperaron la audiencia por resistirse a la captura. Pero el agente Ruíz Olano también denunció a Valentina por lesiones.

Las mujeres llegaron descalzas a la audiencia del 11 de marzo, con las marcas y lesiones de los golpes en su cuerpo. Las dos quedaron libres y, de todo lo que les robaron, lo único que pudieron recuperar fue parte de los 22 dólares.

Fernanda fue absuelta, pero Valentina sigue todavía en libertad condicional el proceso por resistencia y lesiones. El policía intentó conciliar con $100 dólares a cambio de terminar el caso, pero ella no aceptó. La jueza, entonces, le impuso medidas a cumplir mientras termine el juicio.

Valentina tiene 30 años y Fernanda 26. Nunca antes habían sufrido un ataque lesbofóbico como el de esa noche. Por temor, prefieren no revelar su identidad.

Una denuncia que no avanzó

Angélica María Rivas es la abogada de Valentina y Fernanda. Ella pertenece a la Colectiva Feminista, una organización de mujeres en El Salvador.

En una entrevista con Presentes dijo que desde la defensa se presume que fue uno de los tres vigilantes que se acercó a la pareja el que llamó a la policía para que capturaran a las víctimas.

“Ambas se defendieron, pero como la primera que fue tirada a la cama (del carro) fue Fernanda, la otra compañera tuvo como un poquito más de margen de defenderse. Pero claramente a esto no se le puede llamar lesiones, porque una mujer con su complexión física, imposible que va a golpear a un policía entrenado con armas”, señala.

Rivas acompañó a Valentina y Fernanda a denunciar a los policías en la Fiscalía General de la República (FGR), en marzo, por los delitos de lesiones, tortura, actos arbitrarios y privación de libertad por funcionario público. Las víctimas ya lo habían hecho, días después de los hechos, en el Juzgado Especializado de Instrucción de la Mujer de San Ana.

A ocho meses de la denuncia, la abogada dice que los agentes todavía no han sido acusados en un juzgado, pero la FGR tiene un año para presentar la acusación.

Una audiencia contra Valentina

El 4 de diciembre es la audiencia de instrucción en la que Valentina es acusada de lesiones y resistencia. Esta audiencia se ha suspendido tres veces. La última suspensión fue a finales de octubre, ya que Rivas le pidió tiempo a la jueza para llegar a un acuerdo que no favorezca al policía, pero que tampoco deje impune la tortura de la pareja.

La FGR, por medio de su unidad de comunicaciones, señaló que Valentina y Fernanda desistirán de continuar la denuncia contra los policías y luego Valentina conciliará con Ruíz Olano en el juzgado.

Esta información es descartada por Rivas, quien aclara que ante la renuencia de Ruíz Olano de que su expediente policial no quede manchado, han hablado sobre la posibilidad de que él retire la denuncia contra Valentina y que la pareja retire la denuncia contra los policías por la salud mental de Valentina. Pero esto todavía no es un acuerdo.

Presentes intentó conocer si la Policía Nacional Civil (PNC) ha abierto una investigación interna contra los agentes, pero no hubo respuesta del encargado de la unidad de comunicaciones de la institución.

No es primera vez que la PNC está involucrado en ataques a la población LGBTI. En julio pasado, tres policías recibieron una condena de 20 años por el asesinato de Camila Díaz, una mujer trans que había intentó huir de la violencia que sufría en El Salvador, pero fue retornada al país y meses después fue asesinada.

El crimen no fue tipificado como un crimen de odio, pero el modo de operar de los acusados fue similar al de los policías Ruíz Olano y Castro Sánchez, pues los condenados detuvieron ilegalmente a Díaz y la golpearon, desde el momento de su captura hasta dejarla tirada en una calle solitaria a las afueras de San Salvador.

El Salvador aún no cuenta con una política criminal, ni con un protocolo para investigar y procesar los crímenes de odio. En noviembre del año pasado, tras los continuos asesinatos de cuatro mujeres trans, la Organización de las Naciones Unidas exigió a las autoridades procesar y castigar a los responsables.

Crímenes de odio siguen impunes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno. Bukele, que asumió su gestión el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarías de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que atendía a poblaciones vulnerables y LGBTI.

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.

“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.

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Fuente Agencia Presentes/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. , , , , ,

Juan José Tamayo: “La extrema derecha de Dios”

Jueves, 5 de noviembre de 2020
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Extrema-derecha_2282181811_15044976_660x371“La internacional cristo-neofascista al asalto del poder blandiendo la Biblia”

Una alianza cristo-bíblico-militar-neoliberal-patriarcal neofascista ensombrece el mundo, y muy especialmente América Latina. Ejemplos de ello son España, Colombia, Costa Rica, Brasil, El Salvador, Bolivia…

Actúa coordinadamente en todos los continentes, utiliza irreverentemente el nombre de Cristo y defiende la “teología de la prosperidad” como legitimación del sistema capitalista en su versión neoliberal

Estamos ante una crasa manipulación de la religión y una perversión de lo sagrado que se alimenta del odio, crece e incluso disfruta con él, lo fomenta entre sus seguidores y pretende extenderlo a toda la ciudadanía

El salto a la política del movimiento religioso fundamentalista en alianza con la extrema derecha supone un grave retroceso para la sociedad en todos los sentidos

¿Tendremos que resignarnos ante esta extrema derecha de Dios y sus violentas manifestaciones? En absoluto

Una exposición más amplia y fundamentada se encuentra en mi libro La Internacional del odio. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se deconstruye?, que aparecerá a mediados de noviembre en la editorial Icaria

Juan José Tamayo

En América Latina, Estados Unidos y Europa estamos asistiendo a un avance de las organizaciones y partidos políticos de extrema derecha, que conforman un entramado perfectamente estructurado y coordinado a nivel global y están en conexión orgánica con grupos fundamentalistas cristianos, hasta conformar lo que Nazaret Castro llama “la Internacional neofascista” y yo califico de “Internacional Cristo-neofascista” y “Extrema derecha de Dios”.

Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta Internacional en España es la complicidad y total sintonía entre las organizaciones católicas españolas ultraconservadoras HazteOír, El Yunque, Infocatólica y otras, y el partido de extrema derecha Vox.

En Colombia fracasaron los acuerdos de paz porque los evangélicos fundamentalistas y los católicos integristas hicieron campaña en contra alegando que en ellos se defendían el matrimonio igualitario, el aborto y la homosexualidad. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Costa Rica en 2018 ganó el pastor evangélico Fabricio Alvarado con un discurso a favor de los “valores cristianos” y del neoliberalismo y contra el aborto y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos favorable al matrimonio entre personas del mismo sexo.

En Brasil, los partidos evangélicos fundamentalistas fueron decisivos en la reprobación de Dilma Rousseff y en la elección del exmilitar Jair Messias Bolsonaro como presidente del país. Son ellos realmente los que inspiran y legitiman su política declaradamente homófoba, sexista, xenófoba y antiecológica.

El Gobierno de El Salvador parece seguir similares derroteros. En su toma de posesión el presidente de la República, Nayib Bukele, invitó a dirigir una oración al pastor evangélico argentino Dante Gebel, conocido por sus vínculos con pastores ultraconservadores de Estados Unidos. La diputada de Conciliación Nacional, Eileen Romero, presentó en la Asamblea Legislativa una moción para decretar la lectura obligatoria de la Biblia en las escuelas.

En Bolivia, los militares y los grupos religiosos fundamentalistas dieron un golpe de Estado contra Evo Morales, presidente legítimo de la República Plurinacional, que colocó a las comunidades indígenas en el centro de su política social, cultural, económica y en la cartografía mundial. Y lo hicieron con la Biblia y el crucifijo para legitimar el golpe, lavar las muertes producidas por el mismo, confesionalizar cristianamente la política, negar la identidad de las comunidades indígenas, justificar la represión contra ellas y desprestigiar sus cultos, calificándolos de “satánicos”.

Felizmente la ciudadanía ha devuelto la democracia a Bolivia en las elecciones del 18 de octubre, en las que el candidato del partido de Evo Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, ex ministro de Economía con Evo, ha obtenido la mayoría absoluta en la primera vuelta con el 53% de los votos y tomará posesión de su cargo como presidente de la República Plurinacional de Bolivia el 8 de noviembre para un periodo de 2020 a 2025.

Tras los fenómenos aquí analizados producidos en diferentes países creo puede hablarse de una alianza cristo-bíblico-militar-neoliberal-patriarcal neofascista que actúa coordinadamente en todos los continentes, muy especialmente en América Latina, y utiliza irreverentemente el nombre de Cristo. Estamos ante una crasa manipulación de la religión y una perversión de lo sagrado que se alimenta del odio, crece e incluso disfruta con él, lo fomenta entre sus seguidores y pretende extenderlo a toda la ciudadanía y que nada tiene que ver con la orientación liberadora e igualitaria del cristianismo originario.

La Internacional cristo-neofascista ha cambiado el mapa político y religioso en Estados Unidos, está cambiándolo en América Latina y va camino de hacerlo en Europa. El salto a la política del movimiento religioso fundamentalista en alianza con la extrema derecha supone un grave retroceso en la autonomía de la política y de la cultura, en la secularización de la sociedad, en la separación entre Estado y religión, en la autonomía de la ciencia, en las políticas ecológicas y en la opción por las personas, los colectivos y los pueblos oprimidos.

El cristo-neofascismo no tiene intención de abandonar el escenario político y religioso. Ha venido para quedarse, posee un importante protagonismo en la agenda política internacional y está consiguiendo cada vez más seguidores. Actúa coordinadamente en todos los continentes, y muy especialmente en América Latina, utiliza irreverentemente el nombre de Cristo y defiende la “teología de la prosperidad” como legitimación del sistema capitalista en su versión neoliberal. Y, a decir verdad, lo hace con excelentes resultados: refuerza gobiernos autoritarios, derroca a presidentes elegidos democráticamente, da golpes de Estado enseguida legitimados por otros Estados y organismos internacionales, impide la aprobación de leyes en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de los derechos LGTBI y de los derechos de la Tierra, encarcela a dirigentes políticos, etc.

¿Tendremos que resignarnos ante esta extrema derecha de Dios y sus violentas manifestaciones? En absoluto.

Coincido con la intelectual alemana Carolin Emcke en su brillante ensayo Contra el odio (Taurus) en la necesidad de hacer un elogio de lo diferente y lo “impuro”, enfrentarnos al odio como condición necesaria para defender la democracia, adoptar una visión abierta de la sociedad y ejercer la capacidad de ironía y duda, de la que carecen los generadores de odio.

Este artículo es una reelaboración actualizada y ampliada del publicado en la Agenda Latinoamericana 2021.

Una exposición más amplia y fundamentada se encuentra en mi libro La Internacional del odio. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se deconstruye?, que aparecerá a mediados de noviembre en la editorial Icaria.

Fuente Religión Digital

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Ser LGBTI en el Triángulo Norte de América Central es vivir en peligro

Martes, 20 de octubre de 2020
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Screenshot_2020-10-13 centralamerica_lgbt1020sp_web pdfPor Paula Rosales, desde El Salvador

Foto: Portada informe Human Rights Watch (HRW)

Los gobiernos del llamado Triángulo Norte de Centroamérica no han hecho los esfuerzos suficientes para garantizar la integridad y seguridad de las personas LGBTI en sus países. Por eso,  muches se ven obligades a escapar principalmente a Estados Unidos donde rechazan su solicitud de asilo, señala un informe realizado por la organización Human Rights Watch (HRW).

El informe “Vivo cada día con miedo’: Violencia y discriminación contra las personas LGBT en El Salvador, Guatemala y Honduras y obstáculos al asilo en Estados Unidos” recoge los testimonios de 116 personas de los tres países.

El Estado y las pandillas: principales amenazas

Según el estudio de HRW, los principales actores que atentan contra la comunidad son los cuerpos de seguridad del Estado, como policías, soldados, las pandillas, el crimen organizado y sus propias familias, sin que los estados garanticen su protección.

“Los gobiernos del Triángulo Norte no brindan una protección adecuada a las personas LGBT contra la violencia y la discriminación, y que estas deben sortear graves obstáculos si intentan obtener asilo en Estados Unidos”, señaló Human Rights Watch en un comunicado.

Los gobiernos de los tres países son conservadores, como el del hondureño Juan Orlando Hernández y el guatemalteco Alejandro Giammattei, o el estilo totalitario del salvadoreño Nayib Bukele, quién suprimió la dirección de la diversidad sexual en 2019 y adoptó otras medidas que contravienen los derechos de la población como la anulación de la única línea telefónica para recibir denuncias de discriminación y ataques.

Huyendo de la pobreza y los altos niveles de violencia, miles de centroamericanos salen de sus países en busca de mejores oportunidades. Desde 2018, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, formaron caravanas de migrantes que intentaron cruzar a Estados Unidos, muchos perdieron la vida y fueron deportados hacia sus países.

Trump y el rechazo de Estados Unidos

El éxodo desató el enojo del presidente Donald Trump, quien reforzó las medidas de seguridad en las fronteras y coordinó estrategias de contención de los países de origen para frenar el flujo de personas.

El presidente estadounidense Donald Trump también anunció el 20 de abril, en el marco de la crisis por coronavirus, que su país estableció la suspensión temporal de peticiones de asilo humanitario, afectando a la población de la diversidad sexual.

Para las organizaciones defensoras de los derechos LGBTI, esta política pone en riesgo de muerte a las personas migrantes que huyen de sus países de origen para salvar su vida.

“Para algunas personas LGBT de la región, pedir asilo en Estados Unidos es la única esperanza de seguridad. Pero el gobierno de Trump lo impide de todas las maneras posibles”, expresó Neela Goshal investigadora sénior sobre derechos de las personas LGBT de HRW.

Sin condena para los crímenes de odio

Human Rights Watch destaca que tanto Honduras como El Salvador han aprobado leyes sobre delitos de odio en los últimos 10 años, pero ninguno de estos países ha impuesto condenas por esos delitos.

En julio, en un fallo inédito, tres policías fueron condenados a 20 años de prisión, luego que un juez los encontrara culpables de asesinar con brutalidad a la mujer trans, Camila Díaz, sin embargo, el agravante de crimen de odio no fue incluido.

Camila Díaz, que era perseguida por la pandilla Barrio 18, viajó a Estados Unidos y solicitó asilo, pero le fue denegado por las autoridades.

Bianka Rodríguez, directora de Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS TRANS), dijo a Presentes que en Centroamérica no existen las condiciones necesarias para que la población LGBTI pueda desarrollarse plenamente, debido a políticas de exclusión y discriminación, muchas veces impulsadas desde el Estado.

“Vivimos en países cimentados por sistemas o patrones heteropatriarcales y a esto se le suma a la crisis económica, política y de poca transparencia, que también contribuyen a que no se obtengan esos medios necesarios para asegurar el sostenimiento de la vida de las personas LGBTI y de sus familias”, dijo a Rodríguez a Presentes.

Según COMCAVIS registra desde 2015 hasta la fecha, unas 450 personas de la población LGBTI han salido del país, en busca de protección internacional, mientras que de enero a junio de 2020, unas 110 personas se debieron desplazar, en el contexto de la pandemia, por razones de violencia, persecución y amenazas en El Salvador.

Fuente Agencia Presentes

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Asesinan a mujer trans en El Salvador: activistas reclaman investigación

Miércoles, 16 de septiembre de 2020
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CA8CF85D-ABE6-4EEC-8A70-568DB4B23D5DPor Paula Rosales, desde San Salvador

Organizaciones LGBTI de El Salvador condenaron el asesinato de Katherine Rosmery Duvall, una mujer trans cuyo crimen no ha sido esclarecido por las autoridades. Informes preliminares de la fiscalía señalan que Katherine fue asesinada a balazos la noche del 3 de septiembre en la populosa residencial Altavista, municipio de Ilopango, 14 kilómetros al este de la capital. Pero hasta hoy no se ha podido reconstruir qué pasó. Las instituciones del Estado tampoco dieron mayores detalles sobre el hecho o capturas de los responsables.

Katherine se dedicaba a la lectura del tarot, y lo último que se supo de ella fue que se preparaba para la celebración de su natalicio. “Ya casi cumplo años, mis amores”, escribió el 3 de septiembre en su cuenta de Facebook.

La directora de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH), Mónica Linares, comentó a Presentes que hace dos años Duvall había puesto una denuncia por acoso de la policía.

“Katherine era acosada por la policía. La policía era la que le ponía renta (extorsión), llegaba a la casa de ella y la extorsionaba, llevándose televisores y cosas así. Y amenazándola con que si no se las daba, le iban a imponer cargos y se la iban a llevar presa”, dijo Linares.

Presentes solicitó información oficial sobre la muerte de Katherine a la Policía Nacional Civil, pero la institución no respondió.

“Exigimos a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil, realicen las investigaciones pertinentes para traer justicia en este nuevo crimen cometido hacia nuestra comunidad, pedimos al gobierno garantice la seguridad de nuestras compañeras. ¡Las mujeres trans, no están seguras! ¡Exigimos justicia!” expresó a través de un comunicado la organización salvadoreña AMATE. Desde HT también condenaron el asesinato “pidiendo al universo brinde fortaleza a sus familiares y amigos y a la vez exigimos a las autoridades correspondientes realizar una exhaustiva investigación y que el peso de la ley caiga sobre quienes acabaron con su vida”.

Trans violentadas por el Estado en El Salvador

El informe “Basta de genocidio trans”, presentado en 2019 por ASPIDH y la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS) da cuenta de cómo en El Salvador las mujeres trans son violentadas por instituciones del Estado. De acuerdo al estudio, mujeres trans reportaron que sufrieron algún tipo de discriminación y acoso de parte de instituciones estatales: el 46% en los hospitales, un 36% en la Policía, un 6% en la Fuerza Armada y alcaldías, y un 3% en las universidades.

“Exigimos a la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, realicen las investigaciones pertinentes para traer justicia en este nuevo crimen cometido hacia nuestra comunidad, pedimos al gobierno garantice la seguridad de nuestras compañeras”, expresó la organización Amate.

Esta es la segunda muerte de una mujer trans en El Salvador en lo que va de 2020. En enero fue asesinada Briyit Michelle Alas en el municipio de Ciudad Delgado.

El Congreso de El Salvador reformó en 2015 el Código Penal para tipificar los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género. Sin embargo, hasta la fecha todos los casos continúan impunes.

Únicamente tres de 600 asesinatos en contra de mujeres trans ocurridos desde 1992 a la fecha han sido judicializados: Camila Díaz  cuyo asesinato fue condenado por primera vez por la Justicia de El salvador como un transfemicidio, Anahy Miranda y Tita Andrade.

Crímenes de odio siguen impunes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno. Bukele, que asumió su gestión el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarías de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que atendía a poblaciones vulnerables y LGBTI.

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.

“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.

Fuente Agencia Presentes/Cristianos Gays

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Por primera vez la Justicia de El Salvador condena un transfemicidio

Jueves, 30 de julio de 2020
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policias-condenados-640x320Por Paula Rosales, desde El Salvador

Un tribunal de El Salvador emitió hoy un inédito fallo en contra de tres policías acusados de privar de libertad, golpear y tirar desde la patrulla en marcha a Camila Díaz Córdova, una mujer trans de 29 años de edad.

Por medio de un proceso deductivo, el juez primero de sentencia consideró que los agentes de seguridad del Estado Luis Alfredo Avelar, Carlos Valentín Rosales Carpio y Jaime Geovany Mendoza Rivas tuvieron participación del hecho, por lo que la condena de veinte años fue por el delito de homicidio agravado. Pero no se reconoció que fuera un crimen de odio hacia la identidad de género.

“Para nosotras como ASPIDH es un sabor dulce y amargo al mismo tiempo, es dulce porque por lo menos ha habido una condena por fin por la muerte de una compañera trans y amargo porque al final no pusieron el agravante de crimen por odio y eso  nos deja un mal sabor de boca porque no llegamos a la sentencia que esperábamos que eran 50 años. Obviamente estos 20 años pueden ser apelados y pueden ser disminuidos a la mitad”, dijo a Presentes Mónica Linares, directora de Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans.

Para el magistrado, los agentes sometieron y esposaron a Camila en la parte de atrás de la patrulla, no la llevaron a un lugar donde estableció la bitácora policial, la abandonaron en un lugar solitario y peligroso y descartó que haya sido arrollada por un automóvil, tal y como sostenía la defensa.

“Los imputados han tenido participación en el hecho, porque los únicos que lesionaron a la víctima son los agentes”, dijo el juez.

La mayoría de casos contemplados como crímenes motivados por odio a la identidad, orientación y expresión de género han sido desestimados en las cortes del país. Únicamente tres de 600 asesinatos en contra de mujeres trans ocurridos desde 1992 a la fecha han sido judicializados: Camila Díaz, Anahy Miranda y Tita Andrade.

El fallo a favor de Camila Díaz es el primero con una condena en el país centroamericano.

El caso inicialmente contemplaba tres delitos: privación de libertad, homicidio agravado con el perjuicio de haber sido motivado por el odio a la identidad, orientación y expresión de género. Pero solo quedó firme uno.

“Como Fiscalía nos sentimos satisfechas porque creemos que se le hizo justicia a Camila verdad, el juez decidió condenarlos a 20 años de prisión a cada imputado por el delito de homicidio agravado”, dijo a la prensa la fiscal del caso, Gisela Meléndez.

Todavía está pendiente una resolución de tipo civil, luego que la fiscalía pidiera la cantidad de 1,000 dólares de reparación a la familia de Díaz por cada agente procesado.

“Yo sé que se hizo justicia, porque agarraron a estas personas desde el momento que asesinaron a mi hijo, las están procesando y si no hubiera sido así no hubiera llegado este proceso hasta donde está ahorita, por eso pienso que se ha hecho justicia”, dijo a Presentes la mamá de Camila, Edith Córdova a Presentes.

Camila fue deportada en 2017 desde Estados Unidos después que le negaran el asilo humanitario por carecer de arraigo en el país del norte, emigró por las amenazas a muerte de la pandilla del barrio, una de las más sangrientas de Centroamérica.

“Mi sentimiento más grande es que desde el momento en que a mí me dijeron ‘tu hijo no está, tu hijo desapareció’ desde que lo asesinaron mi sentimiento más grande es que mi hijo jamás va a volver a estar conmigo, nadie lo va a borrar de mi mente, de mi corazón, siempre va a estar ahí”, agregó la madre.

La última noche de Camina

De acuerdo a la investigación de la fiscalía, la madrugada del 31 de enero de 2019, los policías sentenciados llegaron para atender una emergencia en una calle al norte de la capital, en la que tenían un reporte que Díaz estaba realizando disturbios en la vía pública, por lo que fue arrestada y llevada en una patrulla.

Durante el trayecto, se sospecha a partir de las evidencias, que la mujer trans fue golpeada por los agentes y luego lanzada a una carretera, donde fue rescatada con vida minutos más tarde por una ambulancia. Camila Díaz Córdova murió en un hospital el 3 de febrero de 2019.

“Me quedo sorprendida de verdad, creo que era algo que yo esperaba, esta es una de las mejores noticias que he tenido después de tanta situación que hemos pasado, de tanta espera, de tanta lucha, de tanta zozobra, todo esto fue muy largo, pero ahora he recibido una de las mejores noticias”, dijo a Presentes Virginia Flores, amiga de Camila.

Los acusados

El agente Luis Alfredo Avelar, de 35 años de edad, estudió ciencias religiosas en la Universidad Católica de Occidente. Emigró de manera irregular a Estados Unidos y fue deportado el 26 de abril de 2019. Renunció a la institución policial en 2008 y se reintegró en 2012. En su expediente consta que ha cometido faltas leves: ausentarse en horas laborales y abandono de servicio.

El segundo imputado es el agente Carlos Valentín Rosales Carpio, de 37 años de edad. Era el de mayor jerarquía en el grupo que atendió la llamada de emergencia. En la prueba de ingreso, en la parte de derechos humanos obtuvo una nota de cuatro de diez puntos.

El tercer imputado es Jaime Geovany Mendoza Rivas, de 28 años de edad. En su expediente el agente no tiene faltas disciplinarias y recibió el reconocimiento a la excelencia policial.

“No compartimos el criterio del juez por haberse basado en una imputación, como el mismo lo manifestó, en una imputación subjetiva, ya que nosotros consideramos que no se logró establecer que efectivamente ellos lo hayan golpeado”, dijo a la prensa el abogado José Cabezas, uno de los defensores de los agentes.

Crímenes de odio siguen impunes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno. Bukele, que asumió su gestión el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarías de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que atendía a poblaciones vulnerables y LGBTI.

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.

“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.

Fuente Agencia Presentes/Cristianos Gays

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. , , , , , , ,

Mujeres trans desplazadas por las pandillas en El Salvador temen por sus vidas

Viernes, 10 de julio de 2020
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CAMILA13-1000x500El Triángulo Norte de Centroamérica, una de las regiones más mortales para las poblaciones LGBTI+ del continente.

Por Paula Rosales, desde San Salvador

Virginia Flores, mujer trans salvadoreña, está acostumbrada a huir y esconderse para resguardar su vida. Se ha tenido que cambiar por lo menos tres veces de vivienda en los últimos seis años, tiempo en el que sus dos mejores amigas fueron asesinadas: una por las violentas pandillas que operan en el Triángulo Norte de Centroamérica y otra golpeada hasta la muerte por tres policías. Esta última, Camila Díaz, se transformó en un caso emblemático de violencia institucional: por primera vez en El Salvador, tres policías fueron juzgados por el asesinato de una persona trans.

El desplazamiento y la migración forzada han sido su salvación; en dos ocasiones tuvo que salir de El Salvador y dejar toda su vida, familia y hogar. Cuenta a Presentes que esta dinámica se convirtió en el hábito que ella tuvo que adoptar después de ser amenazada de muerte en reiteradas ocasiones.

De acuerdo al estudio sobre desplazamiento forzado interno de la población LGBTI en El Salvador “Huir y sobrevivir” realizado por la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH en El Salvador – COMCAVIS TRANS, se reportó un incremento de 50% en 2019, respecto al 2018.

Los golpes, la discriminación, la falta de acceso a empleo, salud y vivienda digna se convirtieron en la cotidianidad de la vida de Virginia, 34 años. Ella se ha movido entre la precariedad y el miedo a perder lo poco que tiene.

“Me he quedado acá donde estoy actualmente, pero eso no significa que no perciba la discriminación, no perciba esa zozobra y ese temor de la inseguridad, no por el hecho de la inseguridad en general que hay en el país, sino también a esto le sumamos la inseguridad por el hecho de ser una mujer trans y pertenecer a la población LGBTI que eso nos antepone, nos predispone y nos expone a ser más vulnerables”, dijo Virginia a Presentes.

Sin defensa para las personas LGBTI

En 2018 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que ordenaba al Estado salvadoreño reconocer el desplazamiento forzado y tomara medidas de protección efectiva para las victimas y en enero de 2020 el Congreso emitió la “Ley especial de para la atención y protección integral de personas en condición de desplazamiento forzado interno”, pero a la fecha no existe un mecanismo que proteja a las personas LGBTI.

“Tengo temor de ser alcanzada por las garras de la violencia, temor de ser asesinada, porque lo he vivido en carne propia en dos ocasiones muy, pero muy cerquita de mí con el asesinato de mis dos amigas, Mónica y Camila, sin embargo, lo he percibido, lo he tocado y lo he palpado en muchas ocasiones más”, dijo Virginia.

La organización COMCAVIS TRANS registró, de enero a diciembre, un total de 84 denuncias de desplazamiento forzado, frente a los 56 casos del mismo período de 2018 a nivel nacional.

Adicionalmente a las denuncias de desplazamiento forzado, se han documentado ocho casos de necesidad de protección para personas LGBTI deportadas desde México y Estados Unidos.

“Muchas personas no pueden encontrar un lugar seguro dentro del país y no tienen otra opción que la de cruzar una frontera en búsqueda de la protección y de la seguridad que no encuentran en el país”, expresó Elisa Carlacini, jefa oficial nacional de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, durante la presentación del informe.

Las mujeres trans son las que mayor desplazamiento forzado sufren, COMCAVIS registró 38 denuncias.

“El informe representa estadísticas actualizadas de una población que es afectada gravemente por el desplazamiento forzado interno y que no se ve reflejada en las estadísticas oficiales”, recalcó Elisa Carlacini.

Población violentada que no denuncia por temor a represalias

La población LGBTI en El Salvador no está exenta de las violentas pandillas que operan en todo el país y que controlan territorios para el comercio de drogas y extorsión. El informe registra que en un 62% son sus mayores perpetradores, la Policía Nacional Civil en un 21% y las parejas sentimentales en un 7%.

“Cuando mataron a mi amiga Mónica a ella la asesinaron las pandillas yo tuve que encerrarme en mi casa, yo pasé alrededor de siete a ocho meses encerrada en mi cuarto, yo no salía, yo estaba cayendo en una gran depresión, pasaba con dolores de cabeza, escuchaba ruidos y percibía que ellos (las pandillas) iban a buscarme a mí”, dijo Virginia.

Los tipos de violencia que COMCAVIS TRANS registra en las entrevistas de las victimas son: amenaza directa en un 36%; lesiones personales, extorsión en un 18% respectivamente y violación sexual en un 8%. (Acá faltan datos 80% da)

El Salvador se redujo el número de homicidios 62,5% en los primeros seis meses del año, frente al mismo período del año previo por una mayor presencia de policías y militares en las calles, informó el gobierno.

Según datos oficiales, entre enero y junio de este año, las autoridades registraron 585 homicidios, frente a los 1,561 del año pasado del mismo período.

Los datos de violencia contrastan con la cantidad de denuncias interpuestas, las victimas de desplazamiento forzado interno no denuncian por temor a represalias de sus atacantes, el estudio registro que solamente el 51 por ciento se atrevió a denunciar, mientras el 49 por ciento no lo hizo por desconfiar en las instituciones del Estado.

“A estas alturas de mi vida yo ya no espero nada, al menos no para mí, pero no tengo que ser egoísta y también pienso en las nuevas generaciones, muchas chicas trans que empiezan su etapa de transición y ellas merecen un trato digno, merecen una vida digna, merecen tener asistencia de salud digna, merecen tener un empleo que sea formal, con todas las prestaciones de ley que cualquier ser humano puede tener, tener todos los mismos derechos, creo que todos tenemos los mismos derechos” expresó Virginia.

Crímenes de odio siguen impunes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno. Bukele, que asumió su gestión el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarías de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que atendía a poblaciones vulnerables y LGBTI.

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.

“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.

Fuente Agencia Presentes/Cristianos Gays

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Honduras: Detuvieron a activista trans cuando salió a buscar alimentos: “No es un caso aislado”

Miércoles, 15 de abril de 2020
Comentarios desactivados en Honduras: Detuvieron a activista trans cuando salió a buscar alimentos: “No es un caso aislado”

Gabriela-Redondo-Honduras-Lactrans-Image-2020-04-12-at-19.35.27La activista trans hondureña y defensora de DDHH Gabriela Redondo vive con medidas de seguridad por amenazas contra su vida.

Por Paula Rosales

La defensora de derechos humanos y directora del Colectivo Unidad Color Rosa de Honduras, Gabriela Redondo, fue detenida el sábado 11 de abril por la policía del país centroamericano cuando salió a buscar alimentos a pocos metros de su casa. La supuesta acusación fue incumplir un toque de queda impuesto por el gobierno para intentar frenar más brotes de coronavirus.

Tras pasar varias horas retenida en la calle, la trasladaron a la delegación de tránsito de la policía. Durante todo el tiempo que fue detenida no pudo ser asistida por ningún abogado. Al ser liberada, Gabriela Redondo denunció públicamente que se trata de una detención injustificada y arbitraria. Las organizaciones dicen que no es un caso aislado y que están recibiendo varias denuncias de hostigamiento contra personas trans por parte de las fuerzas de seguridad.

 La activista trans conversó con Presentes y contó que ese día salió de su casa, situada en la industrial San Pedro Sula (338 kilómetros al noroeste de la capital) porque estaba sin comida y sin dinero. Se dirigía a unos metros desde su lugar de habitación hacia donde su hermana, que le ofreció alimentos.

“Las fuerzas de seguridad vulneran derechos de trans”

“Iba saliendo del pasaje de mi casa y la policía estaba a dos cuadras deteniendo. Pensé que no me iban a detener porque solo iba a la vuelta de mi casa. Y le dije al policía que solamente iba a traer comida. Me dijo que me parqueara, me preguntó si tenía algún salvoconducto para estar en la calle, me tuvieron varias horas ahí, sin decirme nada”, relató a Presentes.

El gobierno del conservador Juan Orlando Hernández decretó el 23 de marzo un toque de queda absoluto en todo el territorio de Honduras con el fin de contener la transmisión del virus. La medida ha sido ampliada hasta el 19 de abril. Cifras oficiales estiman que en Honduras más 6.000 personas han sido detenidas por incumplir el toque queda y unos 2.000 vehículos han sido confiscados por las autoridades.

“El policía parecía que quería que yo me alterara y así justificar que me agrediera. Me dijo que yo le había tomado una foto y por ese motivo iba a hacer todas las gestiones para detenerme”, recordó.

“La detención de la activista en la Ciudad de San Pedro Sula, Honduras, no es un caso aislado y se suma a las decenas de denuncias que hemos recibido donde las Fuerzas de Seguridad vulneran y violan los derechos de las personas trans que salen de sus hogares busca de alimentos o con el objetivo de asistir a otras personas en situación de vulnerabilidad”, denunció en un comunicado la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans – RedLacTrans. Las activistas exigen a los Estados incorporar la perspectiva de géneros en las estrategias de respuesta a la pandemia.

 

Discriminada por policías por su identidad de género

Gabriela Redondo lamentó que los policías que la detuvieron también vulneraron su derecho a ser reconocida de acuerdo a su identidad y expresión de género. Fue llamada por el nombre registrada en su licencia de conducir.

“Ellos hicieron burla del nombre de Gabriela, me llamaban con el nombre del documento de identidad. La Asociación ha capacitado a las fuerzas policiales sobre los derechos de la población trans de Honduras. Me hicieron pasar tanta pena, tanta vergüenza, tanta humillación y tanta discriminación solo por fastidiarnos la vida”, recalcó.

El congreso hondureño estudia desde 2018 un anteproyecto de ley de identidad de género, pero a la fecha continúa con pocos avances.

“Le pedimos al Estado que nos apoye con la ley de identidad de género para no sufrir discriminación con las personas que por tener un uniforme y arma se creen superior a uno y juegan con nuestra dignidad”, señaló Gabriela.

Miedo a represalias

Después de sufrir amenazas por su labor de defensa de los derechos humanos de la población trans del país centroamericano, Gabriela tiene medidas de seguridad. Tras esta detención tiene miedo de sufrir ataques de la policía en represalia por las denuncias públicas que realizaron organizaciones sociales sobre su retención injustificada.

“La policía me escoltó hasta la casa para cuidarme, pero siento que es conocer donde yo vivo y posiblemente después en civil, atacarme o buscarme porque no lograron el objetivo de tenerme detenida 24 horas como esta estipulado. Es temor, miedo de que ellos sepan dónde yo vivo, por mi vida y la de mi familia”, denunció Gabriela.

Desde que entró en vigencia el toque de queda y el cierre de los mercados y comercios, se han registrado protestas en la capital Tegucigalpa debido al desabastecimiento de alimentos para la población. Hernández ordenó que los militares salgan a las calles para reprimir las manifestaciones. Se estima que unas tres personas fueron heridas durante el desalojo.

Población trans vulnerable en la crisis sanitaria

La Asociación Feminista Trans-AFET denunció que las condiciones de subsistencia de mujeres trans en Honduras ha llegado a niveles insostenibles debido a que muchas sobreviven gracias al trabajo sexual que realizan en las calles de San Pedro Sula y Tegucigalpa.

“Los problemas que enfrentamos en esta crisis es porque muchas chicas trabajan el diario para su gasto y ahora no pueden salir a las calles. No tienen alimentación, para el pago de la renta de donde viven. Nosotras queremos ayudarlas, pero no podemos salir a las calles para apoyarlas, eso nos pone en riesgo como lo que me sucedió ayer porque la policía siempre quiere agredirnos”, señaló Gabriela.

“Le pido al Estado hondureño que cumpla lo que han prometido para que la gente no ande en la calle pidiendo o buscando su pan de cada día, que les den las bolsas solidarias o la bolsa Honduras solidaria donde supuestamente están dando un saco de alimentación. A nosotras como mujeres trans no estamos incluidas porque supuestamente es solo para familias y nosotras no tenemos familia”, puntualizó Gabriela.

Honduras reporta al día 12 de abril 393 casos confirmados de coronavirus y 25 personas fallecidas.

En el vecino El Salvador, el presidente Nayib Bukele, también ha sido denunciado por organismos de derechos humanos y por la misma Corte Suprema de Justicia, quien le ha ordenado abstenerse de realizar detenciones de personas que hayan incumplido una cuarentena domiciliar obligatoria. Unas 1,716 personas en El Salvador han sido detenidas y enviadas a un centro de contención durante 30 días.

Fuente Agencia Presentes

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