El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha declarado contrario al Acta de Derechos Civiles de 1964 la discriminación en el trabajo de las personas LGTB. Para ello ha unido tres casos distintos, que afectaban a dos trabajadores homosexuales y a una trabajadora trans, todos ellos despedidos por su orientación sexual o identidad de género. El alto tribunal considera que han sido discriminados puesto que el despido se ha producido por razón de su sexo, dado que no habría tenido lugar si hubieran pertenecido a un sexo diferente. Se trata de la mayor victoria para los derechos de las personas LGTB estadounidenses desde la declaración de inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio igualitario en 2016. La nota amarga es que dos de los demandantes no podrán celebrar esta importante victoria, pues ambos han fallecido durante el proceso.

Se trata de una de las decisiones más importantes sobre los derechos LGTB en la historia de los Estados Unidos. Según el dictamen del Tribunal Supremo del 15 de junio, «un empleador que despide a un individuo por ser homosexual o transexual lo hace por rasgos o acciones que no habría cuestionado en miembros de un sexo diferente. El sexo juega un papel necesario e indiscutible en la decisión, exactamente lo que el título VII prohíbe».

Efectivamente, el título VII del Acta de Derechos Civiles protege contra la discriminación en las relaciones laborales «por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional». En este caso, ha sido el sexo el factor contemplado por todos los implicados. La Fiscalía, en representación de la Administración Federal, y dos de los jueces del Tribunal Supremo se ciñen a la literalidad de la ley y estiman que solo está amparada la discriminación entre hombres y mujeres. Pero para la defensa de los litigantes y la mayoría del tribunal el espíritu de la ley es más amplio. Según la sentencia, «los que adoptaron la Ley de Derechos Civiles podrían no haber previsto que su trabajo llevaría a este resultado en particular. Pero los límites de la imaginación de los redactores no dan ninguna razón para ignorar las exigencias de la ley. Solo la palabra escrita es la ley, y todas las personas tienen derecho a su beneficio».

La sentencia ha sido sorprendente, dado el cariz conservador de la composición del Tribunal Supremo. Pero en esta ocasión, a los cuatro jueces liberales (Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan) se han unido los conservadores John Roberts (presidente del tribunal) y Neil Gorsuch, el primer juez nombrado por Donald Trump durante su presidencia. Gorsuch, además, ha sido el ponente de la sentencia. Han emitido voto particular en contra de la sentencia los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas, que abogaban por la literalidad de la ley. También se ha opuesto el juez Brett Kavanaugh, el último en incorporarse al tribunal y nombrado por Donald Trump, que defendía la separación de poderes y estimaba que debía ser el poder legislativo quien modificase el Acta de Derechos Civiles, si bien defendía que este cambio debía producirse.

Los casos implicados

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos unificó en un solo caso tres apelaciones que consideró que tenían factores comunes. El caso tomó el nombre de uno de los demandantes, Bostock contra el condado de Clayton, Georgia.

Gerald Bostock era un funcionario del tribunal de menores del condado de Clayton, dentro del área metropolitana de Atlanta. A principios de 2013, se unió a una liga de softball para gais y la promovió en el trabajo. En abril de 2013, el condado de Clayton llevó a cabo una auditoría de los fondos controlados por Bostock y lo despidió por «conducta impropia de un empleado del condado».

Bostock, sin embargo, estaba convencido de que el condado utilizaba este subterfugio como pretexto para despedirlo por ser gay, e interpuso una demanda por discriminación en el lugar de trabajo en 2016 ante el Tribunal de Distrito Norte de Georgia. El condado solicitó que la demanda fuese desestimada, petición que fue aceptada por el juez, al estimar que el título VII del Acta de Derechos Civiles no incluye la protección contra la discriminación por motivos de orientación sexual, según la jurisprudencia asentada en el Undécimo Circuito de Apelaciones, que ya había fallado en contra de demandas semejantes anteriormente. A pesar de ello, Bostock apeló al Undécimo Circuito, cuyo panel de tres jueces confirmó el fallo del Tribunal de Distrito en 2018.

El segundo caso implicaba a Donald Zarda, un empleado de la compañía de paracaidismo Altitude Express, que había sido despedido tras comentarle a una de las clientes que era gay, con el propósito de que se sintiera cómoda mientras él le ajustaba el traje de seguridad. El marido de la cliente puso una queja y Altitude Express despidió a Donald Zarda por «comportamiento inapropiado en el trabajo». Zarda interpuso una demanda ante el Tribunal de Distrito, que falló en su contra. Posteriormente, recurrió el fallo ante el Segundo Circuito de Apelaciones, cuyo panel de tres jueces confirmó la sentencia desfavorable del Tribunal de Distrito. Zarda falleció en un accidente en Suiza en octubre de 2014, pero su familia decidió proseguir con el caso. Presentaron una petición para que decidiera el pleno del tribunal del Segundo Circuito, que en esta ocasión revertió su dictamen  anterior y dictó sentencia favorable a Zarda, al estimar que «dado que la orientación sexual es una cuestión de sexo y el sexo es una característica protegida por el título VII, se deduce que la orientación sexual también está protegida».

El tercer caso afectaba a Aimee Stephens, una mujer trans que trabajaba como empleada en una funeraria. Cuando se inició la relación laboral, Aimee Stephens aún se presentaba públicamente como perteneciente al género que le fue asignado al nacer. Pero en 2013 tomó la decisión de vivir su vida plenamente con su género real y así lo comunicó al dueño de la funeraria, informándole de que en el futuro acudiría al trabajo con el uniforme femenino. Apelando a sus convicciones religiosas, el empleador despidió a Aimee Stephens por no vestirse apropiadamente en el trabajo. Stephens decidió denunciarlo ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, con la convicción de que había sido despedida por ser una mujer trans. La comisión la apoyó y presentó demanda ante el Tribunal de Distrito, que falló en su contra y confirmó el despido. Sin embargo, el Sexto Circuito de Apelaciones falló a su favor, dictaminando que la «discriminación por sexo» del título VII incluye a las personas trans.

Los tres casos fueron llevados ante el Tribunal Supremo por parte del demandante en el primero de ellos y de la Fiscalía en los otros dos. Tras la unificación de casos y las audiencias que tuvieron lugar en 2019, el alto tribunal confirmó las sentencias del Segundo y Sexo Circuito y revocó la del Undécimo Circuito.

Lamentablemente, Aimee Stephens falleció en un hospital en mayo de 2020, sin poder conocer una sentencia de tanta importancia para el colectivo trans, que se había producido gracias a su lucha.

Satisfacción por la sentencia

Los grupos de defensa de los derechos LGTB han expresado su profunda satisfacción por una sentencia histórica para los derechos de las minorías sexuales.

Kevin Jennings , director ejecutivo de Lambda Legal, declaraba lo siguiente: «Por fin. Hoy, la ley, la justicia y la equidad están de nuestro lado. El más alto tribunal de nuestra nación ha confirmado lo que Lambda Legal ha argumentado durante años, que la discriminación contra los trabajadores LGBTQ es ilegal. Tenemos un largo camino por recorrer para asegurar los plenos e innegables derechos civiles de las personas LGBTQ, especialmente los de nuestra comunidad que son negros, indígenas y personas de color para quienes su orientación sexual o identidad de género es solo una de las muchas barreras para la igualdad de oportunidades en este país. Pero la victoria de hoy es un paso necesario en el camino hacia la igualdad de justicia para todos sin salvedades o condiciones».

Sarah Kate Ellis, presidenta de GLAAD, emitía un comunicado en el que afirmaba: «La histórica decisión del Tribunal Supremo confirma lo que no debería haber sido ni siquiera un debate: los americanos LGBTQ deberían poder trabajar sin miedo a perder sus trabajos por ser quienes son. La decisión nos da la esperanza de que como país podemos unirnos por el bien común y continuar la lucha por la aceptación de las personas LGBTQ. Especialmente en un momento en el que la Administración Trump está haciendo retroceder los derechos de las personas trans y la violencia antitrans continúa plagando nuestra nación, esta decisión es un paso hacia la afirmación de la dignidad de las personas trans, y de todas las personas LGBTQ».

También han dado a conocer las palabras del único demandante superviviente de los tres, Gerald Bostock. «No hay palabras para describir lo eufórico que estoy», afirmaba, «cuando me despidieron hace siete años, estaba devastado. Pero esta pelea se convirtió en mucho más que yo. Estoy sinceramente agradecido al Tribunal Supremo, a mis abogados, a las organizaciones de defensa como GLAAD, y a todos los que me apoyaron en esta lucha. Hoy podemos ir a trabajar sin el temor de ser despedidos por lo que somos y por lo que amamos. Sin embargo, hay más trabajo por hacer. La discriminación no tiene cabida en este mundo, y no descansaré hasta que tengamos derechos iguales para todos».

Por su parte, el presidente Donald Trump, en una mesa redonda de la Casa Blanca sobre temas de la tercera edad, calificó la decisión de «muy poderosa» y añadió que «ellos han dictaminado y nosotros viviremos con su decisión. De eso se trata, viviremos con la decisión del Tribunal Supremo».

Fuente Dosmanzanas

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El alto tribunal redefine el significado de “sexo” en la ley de derechos civiles

“Es una injusticia que tendrá implicaciones en muchas áreas de la vida”, afirma su presidente, José H. Gómez

Este lunes, los jueces dictaminaron que la prohibición de discriminación por “sexo” en el empleo, en el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, ahora prohíbe la discriminación basada en la “orientación sexual” y el estado de “transgénero”

16.06.2020

“Estoy profundamente preocupado de que la Corte Suprema de Estados Unidos haya redefinido efectivamente el significado legal de ‘sexo’ en la ley de derechos civiles de nuestra nación. Esta es una injusticia que tendrá implicaciones en muchas áreas de la vida”, lo afirma Monseñor José H. Gómez, Arzobispo de Los Ángeles y Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), en una Declaración – publicada en el sitio web de la USCCB – sobre la decisión emitida, este 15 de junio, por la Corte Suprema de Estados Unidos, que combina los casos Bostock vs. Clayton County, Ga., Altitude Express vs. Zarda, y R.G. & G.R. Harris Funeral Homes vs. Equal Opportunity Employment Comm’n. 

Este lunes, los jueces dictaminaron que la prohibición de discriminación por “sexo” en el empleo, en el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, ahora prohíbe la discriminación basada en la “orientación sexual” y el estado de “transgénero”.

“Al borrar las hermosas diferencias y la relación complementaria entre el hombre y la mujer – precisa Monseñor Gómez – ignoramos la gloria de la creación de Dios y dañamos a la familia humana, la base fundamental de la sociedad”.

 Nuestro sexo, recuerda el Prelado, ya sea hombre o mujer, es parte del plan de Dios para la creación y para nuestras vidas. Como el Papa Francisco nos ha enseñado con tanta sensibilidad, vivir en la verdad con los dones previstos de Dios en nuestras vidas requiere que recibamos nuestra identidad corporal y sexual con gratitud de nuestro Creador. Nadie puede encontrar la verdadera felicidad siguiendo un camino contrario al plan de Dios.

Asimismo, el Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos recuerda que, “toda persona humana está hecha a imagen y semejanza de Dios y, sin excepción, debe ser tratada con dignidad, compasión y respeto. Proteger a nuestros vecinos de la discriminación injusta no requiere redefinir la naturaleza humana”. Antes de concluir, Monseñor Gómez eleva sus oraciones “para que la Iglesia, con la ayuda de María, la Madre de Dios, pueda continuar su misión de llevar a Jesucristo a cada hombre y mujer”.

Presidente de la Conferencia Episcopal se pronuncia sobre la Decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la Definición Legal de “Sexo” en la Ley de Derechos Civiles

Lea el comunicado de arzobispo José H. Gomez en: https://t.co/FKTqxxnmiK
Foto Paul Haring/CNS pic.twitter.com/ooR6wEjL03

— USCCBespanol (@USCCBEspanol) June 15, 2020

Fuente Religión Digital

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La Corte Suprema analizará, por primera vez en su historia, si las personas LGTB están protegidas de la discriminación laboral, una audiencia histórica sobre una cuestión que genera profundas divisiones en la sociedad y también en los tribunales.

El caso de Aimee Stephens es uno de un conjunto de casos que se empezaron a escuchar ayer, 8 de octubre, y que podría determinar si millones de trabajadores LGTB están protegidos por la ley federal contra la discriminación en el lugar de trabajo más poderosa de los EE. UU.

El martes por la mañana, un centenar de personas se reunieron delante de la Corte Suprema en Washington en apoyo a los derechos de las minorías, grupo al que se sumó la actriz trans Laverne Cox.

El gobierno de Donald Trump ha mostrado abiertamente su apoyo a los empleadores. La administración republicana, que accedió al poder con el apoyo de la derecha evangélica, se ampara en una lectura estricta de una ley federal de 1964 que prohíbe, entre otras, la discriminación «en base al sexo».

Laverne Cox junto a Aimee Stephens charlando ante la Corte Suprema

“El ‘sexo’ se refiere aquí a si naciste mujer u hombre, no a tu orientación sexual o identidad de género“, argumentó el representante legal del gobierno ante la Corte Suprema, Noel Francisco, quien considera que es competencia del Congreso y no de la justicia actualizar la ley.

Sin embargo, los derechos de las minorías sexuales han tenido avances gracias a los tribunales, incluida la Corte Suprema, que en 2015 legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en Estados Unidos.

Desde la histórica decisión sobre el matrimonio igualitario, la Corte se ha inclinado hacia el conservadurismo, con la llegada de los jueces nombrados por Donald Trump, por lo que una victoria para la comunidad LGTB no está garantizada

Solo 22 estados prohíben la discriminación de las minorías sexuales en el ámbito profesional. En los demás estados, es la Corte Suprema la que puede quitar a las personas LGTB su estatus de (ciudadanos) de segunda categoría», dijo Ria Tabacco Mar, de la asociación de defensa de los derechos civiles ACLU.

La Corte Suprema comenzará por escuchar los casos de Donald Zarda y Gerald Lynn Bostock. Donald Zarda, un instructor de paracaidismo de Nueva York, fue despedido tras bromear con una clienta sobre que era homosexual. Zarda murió en un accidente en 2014, pero su familia ha continuado la disputa legal. Bostock, un trabajador social del estado de Georgia, fue despedido después de unirse a un equipo deportivo gay. El despido de Zarda fue anulado por la justicia, pero el de Bostock se ratificó en un tribunal. Esa diferencia de interpretación de la ley justifica la intervención de la Corte Suprema.

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Por otro lado, los nueve magistrados examinarán públicamente, por primera vez, el caso de una persona trans.

Nacida como hombre, Aimee Stephens trabajó durante seis años en una funeraria de Detroit, estado de Michigan. Cuando anunció a su jefe su decisión de asumir completamente su identidad femenina, recibió dos semanas después por respuesta un «esto no va a funcionar». Y fue despedida.

El propietario de la funeraria, Thomas Rost, quien se describe como un «ferviente cristiano», alega que su decisión se basa en la defensa de sus valores y en la necesidad de «evitar todo lo que pueda molestar» al luto de sus clientes.

La decisión le afectó emocionalmente, pero Stephens se armó de valor y decidió luchar. «Es tiempo de que alguien se levante y diga que ya es suficiente», dijo Stephens. «No estamos pidiendo que nos traten diferente, sino igual».

Ahora solo queda esperar…

Fuente Oveja Rosa

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La administración Trump le ha dicho a la Corte Suprema que es legal despedir a una persona por ser transgénero.

Un escrito fue presentado el viernes 16 de agosto por el Departamento de Justicia argumentando que los trabajadores transgéneros no están protegidos por la ley federal de derechos civiles y pueden ser despedidos debido a su identidad de género.

A principios de este año, la Corte Suprema acordó escuchar tres casos para determinar si el Título VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación en el lugar de trabajo, se aplica a los trabajadores LGBT+.

El escrito presentado por el Departamento de Justicia de Trump se refiere a uno de esos tres casos: RG & GR Funeral Homes Inc contra la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo, en la cual la mujer transgénero Aimee Stephens (en la fotografía) fue despedida después de su transición.

La Sra. Stephens se había presentado como hombre cuando comenzó a trabajar en la empresa funeraria con sede en Michigan en 2007. Fue despedida por el dueño de la compañía, Thomas Rost, después de anunciar sus planes de transición.

Su despido fue considerado discriminatorio por la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el 6º Circuito. La discriminación contra los empleados por su condición de transexuales es ilegal. “Los hechos no refutados muestran que la funeraria despidió a Stephens porque se negó a acatar la concepción estereotipada de su empleador sobre su sexo”, dijo la jueza Karen Nelson Moore en la decisión del 6º Circuito. “La discriminación contra los empleados, ya sea por no ajustarse a los estereotipos sexuales o por su condición de transexuales y en transición, es ilegal bajo el Título VII. Es analíticamente imposible despedir a un empleado por su condición de transexual sin estar motivado, al menos en parte, por el sexo del empleado.”

En su petición a la Corte Suprema, el Departamento de Justicia argumenta que, cuando se aprobó la Ley de Derechos Civiles en 1964, “el significado ordinario de ‘sexo’ era sexo biológico. No incluía el estatus de transgénero, que Stephens y el Sexto Circuito describen como una desconexión entre el sexo biológico y la identidad de género de un individuo”, afirmó el Departamento de Justicia el viernes.

En el contexto particular del Título VII – legislación originalmente diseñada para eliminar la discriminación en el empleo contra las minorías raciales y de otro tipo – estaba especialmente claro que la prohibición de la discriminación por razón de “sexo” se refería al trato desigual de hombres y mujeres en el lugar de trabajo.

Alliance Defending Freedom, el grupo legal de derecha que solicitó a la Corte Suprema escuchar el caso de la Sra. Stephens, dijo que el 6º Circuito había ‘redefinido el término sexo’ en el Título VII para ‘significar algo distinto de lo que el Congreso claramente pretendía’, informa NBC News.

Los otros dos casos que la Corte Suprema ha aceptado escuchar – Zarda vs. Altitude Express y Bostock vs. Clayton County – involucran a empleados que han sido despedidos debido a su orientación sexual. La Corte Suprema escuchará estos tres casos en el término neto, que comienza en octubre.

Fuente Cromosomax

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Brett Kavanaugh ya es juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Poco han importado las acusaciones de abuso sexual en el pasado. Poco ha importado la movilización progresista en su contra. Lo que cuenta en este caso es la Presidencia y el Senado, y el Partido Republicano recuperó el control simultáneo de ambas instituciones en las elecciones de 2016. Salvo conjunciones circunstanciales inesperadas, el sector más conservador de la sociedad estadounidense se hace con la rama judicial del Gobierno durante lustros, quizá décadas, y podrá modelar a su antojo la jurisprudencia en sentido restrictivo en materias como el acceso al aborto o el fin de la discriminación legal de las personas LGTB. La confirmacion de Kavanaugh supone posiblemente el éxito más importante de la presidencia de Donald Trump, cuya elección en 2016 se confirma como una auténtica tragedia para los derechos civiles de las minorías.

Tras la jubilación el pasado 31 de julio del juez Anthony Kennedy como miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Donald Trump designó su candidato a ocupar la plaza, como es su atribución. Eligió a Brett Kavanaugh, un juez de 53 años, que fue designado por el entonces presidente George W. Bush para ocupar plaza en la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde ya emitió conflictivos dictámenes en materia de empleo, medio ambiente o consumo, destacándose siempre por su conservadurismo y su apoyo a las grandes corporaciones. Durante su carrera, ha sido frecuentemente criticado por el partidismo de sus valoraciones, sin ocultar su apoyo declarado al Partido Republicano. Ya desde un primer momento su candidatura fue celebrada por grupos ultraconservadores y fuertemente LGTBIfobos como la American Family Association (AFA),  la National Organization for Marriage (NOM), Americans for Prosperity (AFP) o Judicial Crisis Network. Desde el activismo LGTBI, sin embargo, se ha acogido con gran preocupación.

Para que el nombramiento del candidato presidencial sea efectivo, debe ser corroborado por el Senado. Por ello, Brett Kavanaugh se está sometiendo al escrutinio de los senadores, que pueden interrogarle acerca de sus opiniones respecto a diversos asuntos. En la sesión del 6 de septiembre, el juez fue interpelado por la senadora demócrata por California Kamala Harris, que le preguntó sobre cuestiones como el derecho de las mujeres al aborto, la influencia rusa en la política estadounidense, el derecho a portar armas o su propia nominación.

Pero la senadora también le formuló la siguiente pregunta: «Mi pregunta es muy específica. ¿Puede comentar su opinión personal sobre si Obergefell se decidió correctamente? Es un sí o no. Por favor». Obergefell es como se conoce a la sentencia del Tribunal Supremo que instauró el matrimonio igualitario en los Estados Unidos, por el nombre de uno de los demandantes. Kavanaugh, sin embargo, evitó dar una respuesta directa e hizo referencia a una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre un pastelero que discriminó a una pareja del mismo sexo: «En Masterpiece Cakeshop, que creo que es relevante para su pregunta, el juez Kennedy escribió en la opinión de la mayoría: “Los días de discriminación contra gais y lesbianas estadounidenses o de tratar a los gais y lesbianas estadounidenses como inferiores en dignidad y valor han terminado”».

Tras ese circunloquio, se produjo el siguiente y revelador diálogo:

—Senadora Harris: «Han terminado. ¿Está de acuerdo con esa afirmación?».

—Juez Kavanaugh: «Ese es el precedente con el que el Tribunal Supremo estuvo de acuerdo…».

—Senadora Harris: «Señor, le estoy pidiendo su opinión. Usted es el candidato en este momento, por lo que, como prueba de su capacidad para servir en tribunal más alto de nuestro país, le hago una pregunta muy específica. O está dispuesto a responder o no, y si no está dispuesto a responder, podemos seguir adelante. ¿Cree que Obergefell fue decidido correctamente?

—Juez Kavanaugh: «Todos los jueces han declinado, como cuestión de independencia judicial, responder preguntas sobre esa jurisprudencia. Siguiendo el precedente establecido por la jurisprudencia, todos han declinado».

Posteriormente, el candidato fue interrogado por el senador demócrata por Nueva Jersey Cory Booker, que también quiso saber su opinión sobre el matrimonio igualitario y la discriminación de las personas LGTBI. El senador estaba interesado en saber su «opinión moral» sobre las leyes que permiten despedir a una persona debido a su orientación sexual, que están en vigor en la mayoría de los estados, o acerca de si los ciudadanos LGTBI deben temer porque sus matrimonios con personas del mismo sexo vayan a quedar invalidados. El juez se escudó en que había casos pendientes sobre discriminación laboral para no emitir una opinión, por lo que el senador Booker cambió de táctica.

Kavanaugh formaba parte del equipo del entonces presidente George W. Bush cuando este propuso enmendar la Constitución para impedir el matrimonio entre personas del mismo sexo. El senador Booker quiso saber cuál fue su opinión entonces al respecto. El juez respondió que no recordaba, y que, además, desde 2004 las opiniones acerca de ese asunto habían cambiado mucho, en clara referencia al cambio de criterio al respecto del posterior presidente Barack Obama. El senador entonces quiso saber su opinión actual, y se produjo el siguiente diálogo, no menos esclarecedor que el anterior:

—Senador Booker: «Pero usted tendrá una opinión. No necesito a Obama o a Cheney, tan solo, ¿me quiere dar su opinión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo?»

—Juez Kavanaugh: «No recuerdo…».

—Senador Booker: «No le estoy preguntando por su opinión de entonces, le estoy preguntando por su opinión de ahora. ¿Recuerda su opinión actual sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo?».

—Juez Kavanaugh: «Bueno, el Tribunal Supremo en Obergefell…».

—Senador Booker: «Señor, su opinión. No he conseguido su historial. No sé si ha llevado a cabo matrimonios entre personas del mismo sexo. No sé si ha acudido a un matrimonio entre personas del mismo sexo».

—Juez Kavanaugh: «Soy juez, aplico la ley».

—Senador Booker: «¿Ha celebrado un matrimonio gay? ¿Ha presidido uno? ¿Ha oficiado un matrimonio gay?».

—Juez Kavanaugh: «No lo he hecho».

—Senador Booker: «¿Pero no quiere decirme su opinión sobre este asunto?».

—Juez Kavanaugh: «Aplico la ley».

Esta constante elusión de las preguntas referentes a los derechos de las personas LGTBI ha desagradado profundamente a los defensores de los derechos civiles. Chad Griffin, presidente de Human Rights Campaign, opinaba al respecto que «la negativa de Brett Kavanaugh a responder preguntas muy básicas y muy directas sobre el histórico fallo del Tribunal Supremo que establece la igualdad matrimonial en todo el país es alarmante y completamente inaceptable. La decisión de Obergefell es una ley establecida. Si este candidato no puede ni siquiera afirmar eso o corroborar la igualdad fundamental de las personas LGTB y de nuestras familias, no se le debe otorgar ni se le debe garantizar un nombramiento de por vida para el máximo tribunal de nuestra nación».

Las acusaciones de abuso sexual no detienen su confirmación

El proceso de confirmación de Kavanaugh en el Senado no terminó sin embargo ahí. De forma inesperada vieron la luz al menos tres acusaciones de abuso sexual contra Kavanaugh. La más sólida de ellas fue la que protagonizó la profesora universitaria Christine Blasey Ford, que acusó al juez de haber abusado de ella en 1982, cuando ella tenía 15 años y él 17 (y se encontraba borracho).

Ford llegó a declarar ante el Comité Judicial del Senado, pero la ausencia de pruebas más allá de su propio testimonio (la otra persona presente durante el supuesto abuso, un amigo de Kavanaugh, aseguró no recordar ya nada de lo sucedido aquella noche) y el cierre de filas de los senadores republicanos dejaron en vía muerta la acusación. El FBI acabó de darle la puntilla, al concluir, tras una investigación de solo una semana (durante la cual ni Kavanaugh, ni Christine Blasey Fold ni las otras mujeres que lo acusaban fueron interrogados) que no existían pruebas que la sustentasen.

Finalmente, Kavanaugh fue confirmado por el Senado este sábado. De los dos únicos votos dudosos entre los republicanos, los de las senadoras Susan Collins y Lisa Murkowski (sobre el papel reacias a votar a un juez que seguramente contribuirá a aumentar las restricciones al aborto), Kavanaugh recibió el «sí» de  Collins y la abstención de Murkowski. Esta última, senadora por Alaska, en realidad tenía intención de votar «no», pero finalmente llegó a un compromiso con otro senador republicano, Steve Daines, que ayer sábado quería asistir a la boda de su hija, para abstenerse de votar y de esa forma no obligarlo a acudir a Washington. Por parte de los demócratas Kavanaugh recibió un solo voto, el del Joe Manchin, un demócrata conservador que dentro de un mes opta a la reelección como senador por Virginia Occidental, un estado en el que Donald Trump obtuvo en 2016 casi el 70% del voto popular. Su voto, en cualquier caso, era irrelevante. Kavanaugh fue confirmado finalmente por 50 votos a favor y 48 en contra, y ya es juez del Supremo tras haber jurado su cargo en una ceremonia

La nueva composición del Tribunal Supremo

Kavanaugh sustituye como juez del Supremo a Anthony Kennedy, cuyo voto ha sido el que en la mayoría de ocasiones desempataba entre conservadores y liberales. En este sentido, y pese a sus credenciales conservadoras en otras materias, Kennedy ha destacado por ser un firme defensor de los derechos civiles, significándose especialmente en cuanto a los derechos de gais, lesbianas y bisexuales. Las cuatro grandes sentencias del alto tribunal que abrieron el camino de la igualdad de derechos de ese colectivo lo tienen a él como ponente.

Con la sustitución de Kennedy por Kavanaugh, un conservador duro, el Supremo queda constituido como sigue: el bando liberal está formado por Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan (estas dos últimas propuestas por el presidente Barack Obama). El bando conservador lo integran John G. Roberts (actual presidente del Supremo y con voto de calidad), Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch (que también fue nombrado por Donald Trump tras ganar las elecciones presidenciales, en este caso después de la sucia maniobra de los republicanos, que al controlar ya el Senado se negaron durante todo el año 2016 a cubrir esa vacante con el candidato designado por Obama) y el propio Kavanaugh.

Por supuesto que a lo largo de los próximos años pueden acontecer circunstancias inesperadas que den la vuelta a la situación, pero conviene tener en cuenta que Ruth Bader Ginsburg, considerada la jueza más progresista del Supremo, cuenta ya con 85 años de edad y un estado de salud delicado, lo que hace prever que su retiro sea también próximo y deba nombrarse otro sustituto (aunque ella misma ha sugerido que su intención es permanecer en el puesto al menos otros cinco años). Y que tras Ginsburg, el juez de mayor edad es Breyer, también de la minoría liberal, que cuenta con 80 años.

El temor a que un Tribunal Supremo de holgada mayoría conservadora, con la visión más restrictiva de la Constitución y reacia a defender los derechos civiles de las minorías, sea quien tenga que decidir sobre cuestiones fundamentales durante lustros, quizá décadas, es ya una realidad. Por mencionar solo un ejemplo, entre los casos que el Supremo debe decidir en próximos meses se encuentra el caso Zarda, cuya resolución determinará muy posiblemente si el Titulo VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación laboral por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional, impide también la discriminación laboral por razones de orientación sexual (lo explicamos con detalle en esta entrada de marzo). A día de hoy, con Kavanaugh en el Supremo, el pesimismo es mayúsculo.

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En estos tiempos de regresión política en Estados Unidos, la protección legal contra la discriminación de las personas LGTB es una de las principales batallas que se están librando en ese país, tanto a nivel local y de los estados como en el nivel federal, en el que la administración Obama fue incapaz de consolidar una legislación garantista. Analizamos la situación al hilo de dos noticias contrapuestas. Una, procedente de la justicia federal, muy favorable: por segunda vez en la historia reciente, y a pesar de los esfuerzos de la administración Trump (que se personó en el proceso), una Corte de Apelaciones ha considerado que la orientación sexual es una categoría protegida por la Ley de Derechos Civiles por lo que la protección laboral se refiere. Otra, procedente de la política, desfavorable: 21 senadores republicanos han presentado un proyecto de ley que haría legal la discriminación homófoba. 

El contexto: ausencia de una ley contra la discriminación laboral LGTBfoba

La aprobación de una ley que prohíba a nivel federal la discriminación laboral por razones de orientación sexual o identidad de género ha sido una de las reivindicaciones históricas del colectivo LGTB estadounidense. A día de hoy la legislación varía según los estados, e incluso hay normas distintas según el condado o la localidad de residencia, de manera que en muchos lugares sigue siendo legal negar un empleo a un candidato solo por ser gay, lesbiana, bisexual o transexual. Desde 1994, de hecho, diversas variantes de una propuesta de ley de no discriminación en el empleo (ENDA, por sus siglas inglesas) han sido presentada ante el Congreso, sin que ninguna haya prosperado. Ni siquiera en 2007, con un Congreso de mayoría demócrata: entonces solo pasó el filtro de la Cámara de Representantes y ello a cambio de retirar del proyecto la protección a las personas transexuales.

El último intento fue el que tuvo lugar en 2013. En noviembre de ese año el Senado, aún con mayoría demócrata, consiguió aprobar un proyecto presentado inicialmente por el senador Jeff Merkley con apoyo “bipartidista”, aspecto que es muy valorado en la política interna estadounidense: diez senadores republicanos se adhirieron al proyecto. Lamentablemente los republicanos no movieron un dedo por conseguir que el proyecto avanzase en la Cámara de Representantes, que controlaban de forma mayoritaria. El proyecto quedaba, una vez más, en vía muerta. La victoria de Donald Trump en las elecciones de 2016 y el tsunami republicano acabaron con cualquier esperanza de aprobación.

Obama y Trump: las órdenes ejecutivas de la discordia

Para compensar la no aprobación de la ENDA, Barack Obama dictó en 2014 una orden ejecutiva que de forma explícita prohibía a todas aquellas empresas que tengan o que aspiren a cerrar contratos con la administración federal discriminar a sus empleados por razones de orientación sexual o identidad de género (categoría esta última que antes no gozaba de ningún tipo de protección). Unos 14 millones de personas que trabajaban para empresas dependientes del gobierno federal vieron de esta forma reforzada su seguridad jurídica ante posibles acciones discriminatorias. Se trata, en cualquier caso, de una orden ejecutiva, no de una ley. Donald Trump puede revertirla al margen del Congreso, y de hecho esa fue una de las posibilidades que se barajó tras su victoria.

Finalmente la reversión no se materializó y Trump mantiene de momento la orden de Obama. Ahora bien, ya en varios momentos los medios estadounidenses han recogido su intención de emitir otra orden ejecutiva a favor de la “libertad religiosa” que la convertiría en papel mojado.

La batalla en los tribunales: el caso Zarda

Pero la posición de la administración Trump respecto a la discriminación de los trabajadores LGTB tiene más frentes, no solo el referido a las empresas que trabajan con la administración federal. De fondo, existe una larga discusión jurídica, que radica en si el Titulo VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohibe la discriminación laboral por motivos de “raza, color, religión, sexo u origen nacional”, impide también la discriminación laboral por razones de orientación sexual. Tradicionalmente, la justicia estadounidense había adoptado en este punto una interpretación “literalista”, según la cual si “orientación sexual” no forma parte de la lista de circunstancias citadas en el texto de ley, no puede considerarse cubierta.

Pero en abril de 2017, por primera vez desde que en 1964 Estados Unidos aprobase su histórica Ley de Derechos Civiles, la Corte de Apelaciones del 7º Circuito (con sede en Chicago y jurisdicción sobre los estados de Illinois, Indiana y Wisconsin), consideró que la discriminación laboral por razones de orientación sexual sí queda cubierta por la misma. Y hace solo unas pocas semanas otra Corte de Apelaciones, en este caso del 2º Circuito (con sede en Nueva York y jurisdicción sobre los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont), emitía un fallo en el mismo sentido.

Una decisión, la del 2º Circuito de Apelaciones, que ha sido además toda una bofetada a la administración Trump, cuyo Departamento de Justicia llegó a personarse en el proceso judicial para argumentar que la legislación federal contra la discriminación laboral no debía aplicarse a la orientación sexual. El caso en litigio, Zarda v. Altitude Express, dirime una denuncia por discriminación interpuesta por Donald Zarda, un instructor de paracaidismo que fue despedido poco después de que su empresa supiese de su orientación sexual.

Estaremos atentos a cómo evoluciona el tema, aunque la cuestión tiene altas probabilidades de acabar siendo revisada antes o después por el Tribunal Supremo. Por lo pronto, el hecho de que el Departamento de Justicia decidiese personarse en Zarda v. Altitude Express para apoyar la causa homófoba dice mucho de la dirección que la administración Trump ha decidido escoger. Al frente del Departamento de Justicia, recordemos, está nada más y nada menos que Jeff Sessions, uno de los políticos estadounidenses con un historial más activamente anti-LGTB.

Los republicanos rescatan la FADA, una propuesta de ley discriminatoria

En este contexto, los republicanos han decidido reactivar una de sus propuestas: la de la llamada First Amendment Defense Act (FADA), una ley que prohibiría sancionar, con independencia de las regulaciones de los estados o de la administración federal, a personas y negocios que discriminen a parejas del mismo sexo en base a motivos religiosos. La FADA, que en cierto modo podría considerarse “el reverso tenebroso” de la ENDA, fue introducida por primera vez en el Congreso estadounidense en 2015 y recabó significativos apoyos entre los legisladores republicanos, aunque entonces no prosperó y ni siquiera llegó a ser votada en ninguna de las dos cámaras.

El Partido Republicano, sin embargo, la incluyó en su plataforma electoral de 2016, y ahora un grupo de 21 senadores de ese partido, liderados por Mike Lee (senador por Utah) ha decidido presentarla de nuevo. De acuerdo a su literalidad, la FADA persigue impedir “que el Gobierno federal tome cualquier medida discriminatoria” contra personas, negocios o instituciones por su “creencia religiosa o convicción moral de que el matrimonio es o debe ser reconocido como la unión de un hombre y una mujer” o de que “las relaciones sexuales fuera del matrimonio son inadecuadas”. En la práctica, de ser aprobada, la FADA haría prácticamente inservible cualquier tipo de medida antidiscriminatoria por razones de orientación sexual, y no solo a nivel laboral: también en materia de prestación de servicios, vivienda o cobertura sanitaria o de cualquier otro tipo de cónyuges del mismo sexo.

Veremos qué sucede finalmente. A día de hoy, teniendo en cuenta que faltan menos de ocho meses para las elecciones “de medio término”, en las que se renovarán la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, y dado los recientes reveses republicanos en elecciones parciales (como la derrota del LGTBfobo Roy Moore en Alabama), todo apunta a que la FADA cuenta con pocas posibilidades de salir adelante y constituye más un “postureo” hacia el electorado ultraconservador que otra cosa. Pero de lo que no cabe duda alguna es de que la discusión sobre cómo permitir la discriminación legal de las personas LGTB sigue muy viva entre los republicanos. En 2018.

Fuente Dosmanzanas

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El Juez Robert Allen Katzmann y Trump

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York sentencia que la orientación sexual sí está protegida por el Título VII de la Ley de Derechos Civiles; llevándole la contraria a la Casa Blanca.

Cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca una de las primeras cosas que hizo fue cargarse uno de los grandes avances que la administración Obama había llevado a cabo en materia de derechos LGTB+. No, no tumbó el matrimonio igualitario (aunque ganas no le faltan): dijo que la LGTBfobia no es discriminación sexual.

La Ley de Derechos Civiles estadounidense de 1964 deja claro, en su Título VII, que cualquier tipo de discriminación sexual está prohibida. Obama dio orden al Departamento de Justicia de que comenzaran a incluir la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género dentro de ese Título. Pero Trump, cuando cambió a los funcionarios apropiados, dijo lo contrario y de repente las personas LGTB podíamos ser discriminadas de forma legal porque no hay ninguna ley federal (aunque sí algunas estatales) que nos proteja si, por ejemplo, tu jefe decide despedirte por maricón.

Cuando un tribunal le dio la razón a la empresa porque entendían que el Título VII (que prohíbe la discriminación sexual) no incluye la discriminación por orientación sexual, el equipo legal de Zarda recurrió la sentencia en el Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York. El pasado lunes ese tribunal, formado por 13 jueces, le dio la vuelta a esa sentencia y dictaminó que sí, que a pesar de lo que diga Trump el Título VII sí prohíbe la discriminación en base a orientación sexual, identidad y expresión de género puesto que es obvio que existe una relación entre ambas cosas.

El Juez Robert Allen Katzmann escribió en su sentencia que el tribunal sostiene que “la discriminación por orientación sexual constituye una forma de discriminación ‘en base a… el sexo’” y, por lo tanto el despido de Zarda violó el Título VII de la Ley de Derechos Civiles. “Una mujer que es víctima de una acción adversa por parte de su empleador porque se siente atraída por otras mujeres habría sido tratada de forma diferente si hubiera sido un hombre que se siente atraído por mujeres. Por lo tanto podemos concluir que la orientación sexual es una función del sexo y, por extensión, la discriminación por orientación sexual es un subconjunto de la discriminación sexual.”

Desde la Human Rights Campaign su Directora Legal, Sarah Warbelow, ha calificado la sentencia como “una victoria a largo plazo por la igualdad”: “La sentencia del Segundo Circuito afirma lo que ya sabíamos: la orientación sexual es una característica protegida bajo el Título VII. Las personas LGTBIQ tienen derecho a un entorno laboral seguro.”

Aunque puede parecer poca cosa, lo cierto es que esta sentencia es un varapalo bastante gordo para la LGTBfobia de la administración Trump. Si alguien quiere recurrirla solo podrá recurrir al Tribunal Supremo, puesto que este dictamen sienta un precedente legal que todos los juzgados del país habrán de respetar en casos similares.

Fuente | Gay Star News, vía EstoyBailando

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En EE.UU se lanza una campaña contra la posibilidad de que el Tribunal Supremo legalice la discriminación por orientación sexual basada en motivos religiosos.

Estamos cansados de dar noticias sobre si es legal o no discriminar por orientación sexual en Estados Unidos. Y es que Trump dice que La Ley de Derechos Civiles no protege la orientación sexual aunque un Tribunal acaba de dictaminar lo contrario.

¿Qué es lo que pretende el presidente de los EE.UU? Básicamente que una empresa pueda despedirte o dejar de atenderte porque tu orientación sexual atenta “contra las creencias religiosas de la empresa”. Ahora, desde la campaña Open to All, que lucha contra esta posibilidad, se ha lanzado este anuncio que muestra cómo a una viuda se le niega el funeral cuando en la empresa de pompas fúnebres descubren que es lesbiana.

La campaña tiene su origen cuando Jack Phillips, propietario de una pasteleria, se negó a hacer un pastel para una boda gay porque su libertad de expresión está por encima de las leyes anti-discriminación. ¡Y lleva dando la murga con esto en los tribunales desde 2012! Así que cuando el Templo Satánico decidió trollearlo nos pareció algo maravilloso.

Por otro lado, la administración norteamericana está empeñada en legalizar esta discriminación desde que, el ahora fallecido, Donald Zarda denunciara que había sido despedido por ser homosexual.

Recordemos que Trump ha instaurado el Día de la Libertad Religiosa y que ha asegurado que “los homófobos no volverán a ser silenciados”.

Fuente | PinkNews, vía EstoyBailando

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El gobierno de Trump se persona por sorpresa en los tribunales en dos casos de homofobia… para defender a los homófobos.

La Administración argumenta que las creencias religiosas y la Ley de Derechos Civiles deben permitr discriminar a las personas homosexuales.

Los republicanos están decididos a que las personas LGTB no tengamos los mismos derechos que los demás y parece que no van a parar hasta conseguirlo. De momento, y de forma totalmente absurda a la vez que sorprendente, la administración Trump ha decidido aparecer en dos procesos judiciales para defender la discriminación a personas LGTB con la más peregrinas excusas: por un lado, la libertad de creencias religiosas y por otro, que la Ley de Derechos Civiles no contempla en ningún caso la discriminación por orientación sexual (de la identidad de género ni hablamos, claro).

En representación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, un abogado sostiene en un juicio por discriminación laboral que los empresarios deberían tener derecho a despedir a sus trabajadores si son homosexuales.

De esta manera, el gobierno norteamericano contradice la política que había llevado a cabo Obama de ampliar la protección a las personas LGTB sin agarrarse al literal de la ley. Y es que la Ley de Derechos Civiles es de 1964 y podría necesitar alguna reforma para actualizarla, algo que nadie quiere hacer.

Los dos casos de homofobia defendidos por Trump.

El primero de ellos es el de Jack Philips, un pastelero de Colorado, que se negó en 2012 a hacer una tarta para una boda homosexual. Entonces los novios le demandaron y ganaron pero… el pastelero recurrió y ahora el caso ha vuelto a los juzgados y el Tribunal Supremo deberá decidir si la igualdad para personas LGTB entra en conflicto con la libertad a las creencias religiosas. Philips, que cuenta con el apoyo de la firma de abogados ultrareligiosos Alianza por la Defensa de la Libertad, asegura que su fe cristiana implica el rechazo a las personas homosexuales.

Y los republicanos han dicho que se presentarán en el proceso argumentado que la libertad religiosa y la libertad de expresión otorgan el derecho a discriminar a las personas LGTB. El senador Mike Lee ha asegurado que según la Primera Enmienda “no se puede obligar a que un ciudadano diga lo contrario de lo que piensa” y suponemos claro, que eso justifica cualquier barbaridad que se nos pase por la cabeza.

El otro caso que llega a los tribunales es el de Donald Zarda, La empresa de paracaidismo Altitude Express Inc, una empresa de paracaidismo, fue demandada por uno de sus empleados, Donald Zarda, tras despedirlo con la única excusa de su orientación sexual, violando de esta manera la Ley de Derechos Civiles de 1964. Debido a que Zarda fallece en un accidente en 2014, han sido sus representantes legales, su socio Bill Moore y su hermana Melissa Zarda, los que han apelado una primera sentencia que no les daba la razón, esperando ahora que los 13 jueces del Segundo Tribunal de Apelación de Nueva York tomen una decisión a su favor después de que un Tribunal de apelaciones de Chicago sentenciara que el Título VII sí protege a los trabajadores homosexuales. Sin embargo, un representante del Departamento de Justicia de Donald Trump ha defendido ante el tribunal este martes, 26 de septiembre, que los empresarios deberían tener el derecho de despedir a un empleado si es homosexual.

«Los empleadores están amparado bajo el Título VII que les autoriza a considerar la conducta sexual de sus empleado fuera del trabajo. Hay un sentido común, una diferencia intuitiva entre el sexo y la orientación sexual», argumenta Hashim Mooppan, abogado del Departamento de Justicia ante el tribunal, refiriéndose a que la Ley de Derechos Civiles establece la igualdad entre género, pero no se refiere específicamente a la orientación sexual, lo que sirve a algunos jueces para fallar en favor de las empresas y no de las personas discriminadas, como le sucede a Zarda en primera instancia.

A petición de los representantes de Zarda, la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo, que también es una organización gubernamental, comparecía también ante el tribunal, rebatiendo el punto de vista de Mooppan al alegar que el Título VII de la Ley de 1964 sí ampara a los empleados homosexuales. Si bien los jueces del Tribunal del Segundo Circuito no parecían impresionados por la postura del Departamento de Justicia en el caso, la juez Rosemary Pooler sí ha descrito su intervención como «un poco incómoda» al comprobar cómo dos agencias gubernamentales defienden posturas diametralmente opuestas.

Mooppan no ha considerado «apropiado» comentar si sus declaraciones habían sido consultadas por la división de discriminación del Departamento de Justicia, recalcando que la discriminación no se basa en la orientación sexual, sino en las diferencias «reales, físicas» entre un hombre y una mujer, llegando a firmar que los empresarios deberían estar autorizados a despedir a sus trabajadores por determinadas conductas fuera del trabajo, como la promiscuidad, y que el Congreso de los Estados Unidos nunca había amparado a las personas homosexuales con esta ley. El caso podría llegar finalmente ante el Tribunal Supremo, donde el gobierno estaría representado por el Departamento de Justicia.

CBS Corp, Google, Microsoft y Viacom Inc., son algunas de las cincuenta compañías que han suscrito un escrito ante un Tribunal de Apelaciones del Circuito Manhattan, solicitando una regulación que prohíba expresamente la discriminación por orientación sexual a nivel federal, refiriéndose específicamente al caso de Zarda. Una protección que estaba confirmada por la administración de Barack Obama, pero que era revocada por la de Donald Trump en marzo de este mismo año en una de sus acciones contra el colectivo LGBT, del que tan amigo era en campaña.

Fuentes | Towleroad y PinkNews , vía Universogay/EstoyBailando

General, Homofobia/ Transfobia. Alianza por la Defensa de la Libertad, Bill Moore, Discriminación, Donald J. Trump, Donald Zarda, Hashim Mooppan, Homofobia/Transfobia, Ley de Derechos Civiles, Melissa Zarda

El mismo día que Donald Trump anunció la expulsión de las personas trans del ejército llevó a cabo otra medida homófoba.

El Departamento de Justicia ha solicitado que la protección por orientación sexual quede fuera de la Ley de Derechos Civiles.

Ampliamos la noticia que dábamos el pasado día 1 de agosto: Gran preocupación entre los colectivos LGTB y de defensa de los derechos civiles estadounidenses ante la posibilidad que Donald Trump dé por fin vía libre a una orden ejecutiva permitiendo la discriminación de los ciudadanos LGTB por razones de “libertad religiosa”. Dos recientes decisiones han despertado las alarmas, y no nos referimos al anuncio en Twitter de que a las personas transexuales se les prohibirá servir en el Ejército. Hoy nos ocupamos de la primera:

La primera de las señales, la más directa e inquientante, ha sido el hecho de que el Departamento de Justicia se haya personado en un proceso judicial para argumentar, a través de un amicus curiae (figura legal que permite a personas u organizaciones que no son parte en el proceso aportar de forma voluntaria argumentos a favor o en contra para colaborar en su resolución) que la legislación federal contra la discriminación laboral no debe aplicarse a la orientación sexual. La administración Trump ha decidido en este caso personarse en el caso Zarda v. Altitude Express, que dirime una denuncia por discriminación en el caso de Donald Zarda, un instructor de paracaidismo que fue despedido poco después de que su empresa supiese de su orientación sexual. En 2010 Donald Zarda, instructor de paracaidismo, le dijo a una cliente que era homosexual para que se sintiera más segura a la hora de saltar atada a él. La mujer se quejó a Altitudd Express, la empresa para la que trabajaba Zarda, porque ella no quería acercarse a ningún homosexual bajo ningún concepto. El profesor fue despedido. Zarda denunció y en una primera instancia, se rechazó su demanda porque la Ley de Derechos Civiles no protege contra la discriminación por orientación sexual. Donald falleció en 2014 en Suiza y ahora su caso va a ser revisado.

Se trata, de una larga discusión jurídica, que radica en si el Titulo VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohibe la discriminación laboral por motivos de “raza, color, religión, sexo u origen nacional”, impide también la discriminación laboral por razones de orientación sexual. Tradicionalmente, la justicia estadounidense había adoptado en este punto una interpretación “literalista”, según la cual si “orientación sexual” no forma parte de la lista de circunstancias citadas en el texto de ley, no puede considerarse cubierta. Y no hablamos, precisamente, de sentencias antiguas: dos recientes pronunciamientos de las Cortes de Apelaciones del 2º y del 11º Circuito (con sedes en Nueva York y Atlanta) han ido precisamente, en ese sentido. Pero recientemente, por primera vez desde que en 1964 Estados Unidos aprobase su histórica Ley de Derechos Civiles, la Corte de Apelaciones del 7º Circuito (con sede en Chicago y jurisdicción sobre los estados de Illinois, Indiana y Wisconsin), ha considerado que la discriminación laboral por razones de orientación sexual sí queda cubierta por la misma.

Y aquí es donde nos preocupamos. Primero, porque el gobierno de Trump se ha metido en el caso sin razón alguna y desde luego no para bien. Por otro lado, recordemos que el Departamento de Justicia está dirigido por Jeff Sessions conocido por su postura contra los derechos LGBT posicionándose contra la Ley Matthew Shepard con el argumento de que los crímenes de odio son simplemente “crímenes de pensamiento”, o su intento de prohibición de una conferencia LGTB en la Universidad de Alabama argumentado que el estado no podía hacer “promoción de la homosexualidad”.

Aunque la cuestión tiene altas probabilidades de acabar siendo revisada en el futuro por el Tribunal Supremo, la discusión está sobre la mesa, y el hecho de que el Departamento de Justicia haya decidido personarse en Zarda v. Altitude Express sin ser parte del proceso para apoyar la causa homófoba dice mucho de la dirección que la administración Trump ha escogido. Al frente del Departamento de Justicia, recordemos, está nada más y nada menos que Jeff Sessions, uno de los políticos estadounidenses con un historial más activamente anti-LGTB.

Fuente | NYTimes, vía EstoyBailando/Cristianos Gays/Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Altitudd Express, Disriminación, Donald J. Trump, Homofobia/Transfobia, Jeff Sessions, Ley de Derechos Civiles, Ley Matthew Shepard

Ampliamos la noticia que yer mismo pubicábamos: Gran preocupación entre los colectivos LGTB y de defensa de los derechos civiles estadounidenses ante la posibilidad que Donald Trump dé por fin vía libre a una orden ejecutiva permitiendo la discriminación de los ciudadanos LGTB por razones de “libertad religiosa”. Dos recientes decisiones han despertado las alarmas, y no nos referimos al anuncio en Twitter de que a las personas transexuales se les prohibirá servir en el Ejército.

La primera de las señales, la más directa e inquientante, ha sido el hecho de que el Departamento de Justicia se haya personado en un proceso judicial para argumentar, a través de un amicus curiae (figura legal que permite a personas u organizaciones que no son parte en el proceso aportar de forma voluntaria argumentos a favor o en contra para colaborar en su resolución) que la legislación federal contra la discriminación laboral no debe aplicarse a la orientación sexual. La administración Trump ha decidido en este caso personarse en el caso Zarda v. Altitude Express, que dirime una denuncia por discriminación en el caso de Donald Zarda, un instructor de paracaidismo que fue despedido poco después de que su empresa supiese de su orientación sexual.

Se trata, de una larga discusión jurídica, que radica en si el Titulo VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohibe la discriminación laboral por motivos de “raza, color, religión, sexo u origen nacional”, impide también la discriminación laboral por razones de orientación sexual. Tradicionalmente, la justicia estadounidense había adoptado en este punto una interpretación “literalista”, según la cual si “orientación sexual” no forma parte de la lista de circunstancias citadas en el texto de ley, no puede considerarse cubierta. Y no hablamos, precisamente, de sentencias antiguas: dos recientes pronunciamientos de las Cortes de Apelaciones del 2º y del 11º Circuito (con sedes en Nueva York y Atlanta) han ido precisamente, en ese sentido. Pero recientemente, por primera vez desde que en 1964 Estados Unidos aprobase su histórica Ley de Derechos Civiles, la Corte de Apelaciones del 7º Circuito (con sede en Chicago y jurisdicción sobre los estados de Illinois, Indiana y Wisconsin), ha considerado que la discriminación laboral por razones de orientación sexual sí queda cubierta por la misma.

Aunque la cuestión tiene altas probabilidades de acabar siendo revisada en el futuro por el Tribunal Supremo, la discusión está sobre la mesa, y el hecho de que el Departamento de Justicia haya decidido personarse en Zarda v. Altitude Express sin ser parte del proceso para apoyar la causa homófoba dice mucho de la dirección que la administración Trump ha escogido. Al frente del Departamento de Justicia, recordemos, está nada más y nada menos que Jeff Sessions, uno de los políticos estadounidenses con un historial más activamente anti-LGTB.

Un político abiertamente anti-LGTB, embajador para la libertad religiosa

Otro de los políticos más abiertamente LGTB de los Estados Unidos es el gobernador de Kansas, el republicano Sam Brownback, que durante sus años de congresista en Washington (primero en la Cámara de Representantes y luego en el Senado) votó siempre en contra de cualquier medida en favor de los derechos LGTBI. En 2003 fue uno de los impulsores de una propuesta de enmienda para prohibir el matrimonio igualitario en la Constitución de los Estados Unidos (que no llegó a materializarse), mientras que en 2015, siendo ya gobernador de Kansas, emitió una orden ejecutiva retirando la protección contra la discriminación a los trabajadores LGTB implementada ocho años antes por Kathleen Sebelius, entonces gobernadora demócrata.

Pues bien, Sam Brownback ha sido nominado por Donald Trump como nuevo embajador del Departamento de Estado para la libertad religiosa, un cargo creado en 1998 y cuya función es la de  velar por la “libertad religiosa” en el mundo (aún debe ser ratificado por el Senado, pero nadie espera que en este caso haya sorpresas). Por mucho que su nominación sea vista por muchos como una forma de dar continuidad a la carrera política de Brownback (uno de los gobernadores con menor popularidad del país), el hecho de que una persona con un perfil tan marcadamente LGTBfobo sea considerada la más idónea para este puesto muestra que para la administración Trump “libertad religiosa” y oposición a los derechos LGTB van de la mano.

Rumores de una próxima orden ejecutiva anti-LGTB

Si a estas decisiones y al historial de Trump (que en el tiempo que lleva en el despacho oval ya ha aprobado unas cuantas como una Ley de Libertad Religiosa o la derogación de la protección de personas trans en los centros educativos públicos, entre otras muchas), unimos el reciente (y sorpresivo) anuncio en Twitter de que las personas transexuales tendrán vetado el acceso al Ejército estadounidense, no es de extrañar que de nuevo se hayan reavivado los rumores de que Donald Trump podría emitir en breve la tan temida orden ejecutiva para revertir, en nombre de la “libertad religiosa”, la prohibición decidida por Barack Obama en 2014 de que aquellas empresas y negocios que tengan o que aspiren a firmar contratos con la administración federal discriminen a sus empleados por razones de orientación sexual o identidad de género.

A finales de enero, de hecho, numerosos medios recogieron la existencia de un borrador en ese sentido, aunque finalmente la Casa Blanca emitió un comunicado desmintiendo que en ese momento estuviese en la agenda de Trump la anulación de la orden de Obama. Fuentes cercanas a la Casa Blanca aseguraron entonces que la hija y el yerno de Donald Trump fueron los responsables de que el presidente no firmara la orden ejecutiva contra el colectivo LGTB. Semanas después, Donald Trump sí que emitió una orden ejecutiva sobre “libertad religiosa”, pero menos polémica de los previsto. Su objetivo no era otro que facilitar a los grupos religiosos intervenir en política sin perder por ello sus ventajes fiscales, pero dejaba fuera los aspectos relacionados con los derechos LGTB. Sin embargo, los recientes acontecimientos y el anuncio por parte de Tony Perkins, presidente del ultraconservador y LGTBfobo Family Research Council, de que Trump podría haber decidido rescatar la orden y firmarla en próximos días ha disparado de nuevo las alarmas. Veremos qué sucede.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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CBS, Google, Viacom o Microsfot son algunas de las 50 empresas que demandan una regulación de ámbito estatal que proteja a los trabajadores de la discriminación en base a su orientación sexual.

CBS Corp, Google, Microsoft y Viacom Inc., son algunas de las cincuenta compañías que suscriben un escrito presentado ante un Tribunal de Apelaciones del Circuito Manhattan, demandando una regulación que prohíba la discriminación por orientación sexual en los lugares de trabajo, una protección que la comunidad LGBT tenía en la administración de Barack Obama, pero que Donald Trump revoca en marzo de este año. Se trata de la primera vez que un grupo tan grande de empresas respaldan una petición sobre discriminación laboral a empleados del colectivo LGBT.

Según estas compañías, los prejuicios contra los empleados homosexuales son generalizados, además que más del 40 % de los trabajadores gays han denunciado acoso y otras formas de discriminación en sus puestos laborales. La ausencia de una ley federal que prohíba claramente la discriminación por motivos de orientación sexual juega a favor de aquellos estados que no han querido adoptar ninguna medida en este sentido. «Reconocer que nuestra ley federal uniforme protegiera a los empleados LGBT beneficiaría a las empresas individuales y la economía en su conjunto, eliminando una barrera artificial para el reclutamiento, retención y libre flujo del talento», declaran los abogados de Quinn Emanuel Urquhart &Sullivan, que han redactado el escrito.

Las compañías demandan la revisión de una demanda interpuesta por Donald Zarda, instructor de paracaidismo en Long Island que afirmó haber sido despedido después de haber confirmado su orientación sexual a un cliente. Tras fallecer posteriormente en un accidente de salto, un grupo de tres jueces del Circuito II desestima su demanda alegando que cuando se trata de personas gays no se considera discriminación, según el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Pero el mes pasado, el Tribunal de Apelaciones, con autoridad para revocar el fallo anterior, acuerda revisar este caso varias semanas después de que un Tribunal de apelaciones de Chicago sentenciara que el Título VII sí protege a los trabajadores homosexuales.

La empresa Altitude Express, para la que trabajaba Zarda, ha declarado que el Congreso de los Estados Unidos no pretendía que el Tïtulo VII se aplicara a los trabajadores gays cuando se aprobó la ley. Sin embargo, otro Tribunal de Apelaciones de Atlanta, en Georgia, está considerando actualmente la revisión de otra demanda, desestimada en marzo y presentada por una ex guardia de seguridad de un hospital que fue acosada y obligada a dejar de fumar en base a su orientación sexual.

Fuente Universogay

General, Homofobia/ Transfobia. Altitude Express, Ámbito laboral, CBS Corp, Discriminación, Donald Zarda, Estados Unidos, Google, Homofobia/Transfobia, Microsoft, Quinn Emanuel Urquhart &Sullivan, Tribunal de Apelaciones del Circuito Manhattan, Viacom Inc

Fuente Fe Adulta

Biblia, Espiritualidad 3º Domingo de Cuaresma, Ciclo A, Cuaresma, Dios, Evangelio, Jesús, la Samaritana