Comentarios desactivados en La Corte IDH declaró culpable al Estado Hondureño por el transfemicidio de Vicky Hernández
En una decisión sin precedentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró culpable al Estado de Honduras por el asesinato de la activista trans Vicky Hernández.
El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) impulsado por una petición de Cattrachas realizada el 23 de diciembre de 2012. Años después se unió a la defensa la organización Robert F. Kennedy Human Rights de Estados Unidos. Las audiencia fueron virtuales.
Qué se denuncia
Vicky Hernández sobrevivía en las calles de San Pedro Sula ejerciendo el trabajo sexual. Y era una reconocida activista de Unidad Color Rosa, una organización de mujeres trans de esa ciudad hondureña.
La noche del 28 de junio salió a la calle sin saber del toque de queda. Esa misma noche, Zelaya fue sacado de su casa a punta de fusil. A la mañana siguiente Vicky fue encontrada muerta en una calle de la colonia Ruiz, en el noreste de San Pedro Sula. En la oscuridad de aquella noche las únicas personas que circulaban en la ciudad eran las de las fuerzas de seguridad de Honduras.
La autopsia -realizada con mucha posterioridad porque en su momento se le negó a la víctima esa posibilidad por su identidad de género y por vivir con VIH- reveló que Vicky fue asesinada con un arma de fuego, así señala un documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitido en diciembre de 2018.
Un decreto de amnistía que data del año 2010 protege a los responsables de la violencia institucional. La querella buscar eliminarlo para así identificar la cadena de mando detrás del asesinato de la activista trans hondureña.
“Se alega que la muerte de Vicky Hernández ocurrió en dos contextos relevantes. Por una parte, el presunto contexto de violencia y discriminación contra personas LGBT en Honduras con alta incidencia de actos cometidos por la fuerza pública y, por otra, el presunto contexto del golpe de Estado ocurrido en el año 2009”, dice el texto con que la Corte IDH dio a conocer la noticia en septiembre de 2020.
Con miedo, pero sin echarse para atrás
La noche en que mataron a Vicky, sus compañeras corrieron para escapar de la muerte. Pero al final mataron a las testigas que lograron huir. “Yo todavía le dije a Vicky ‘corre, corre, corre’”, le contó una testiga a Rosa, la mamá de Vicky. “Cuando volteamos a ver, no miramos a Vicky, sólo oímos los disparos”.
Rosa, la mamá de Vicky
Mataron “a Lisa y a la otra”, recuerda Rosa. “No quedaron testigos, pero me aseguraron que la policía había matado a Vicky”.
“Cuando estábamos en la audiencia en la Corte IDH recibí una llamada de la DPI”, cuenta Rosa con voz quebrada. DPI es la sigla de la Dirección Policial de Investigación de Honduras y la llamada, según Rosa, fue para amedrentarla y hacer que abandonara su deseo de buscar justicia en las audiencias de la Corte IDH.
“Me dio miedo porque matan a la gente y no saben ni quién [lo hace]. Por eso he estado en zozobra. Me da miedo porque tal vez uno tiene demandado el Estado y vayan a querer fregarlo [matarlo] porque para ellos la vida de uno no vale nada”.
Pero con la ayuda de Cattrachas y las demás organizaciones que lxs respaldan, Rosa y su familia han agarrado el valor necesario para contar su historia y mantenerse en pie de lucha durante más de una década. “Me dijeron que luchara y luchara para que la muerte de Vicky no quede impune”, dice Rosa con mirada desafiante.
Comentarios desactivados en Un juicio histórico para Vicky Hernández, trans hondureña asesinada por fuerzas estatales
Por Dunia Orellana
El 11 y 12 de noviembre de 2020 se llevará a cabo de forma virtual la audiencia fijada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para emitir sentencia contra el Estado de Honduras por el crimen de la líder trans Vicky Hernández. Vicky fue asesinada el 28 de junio de 2009, día del golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya, que estableció el gobierno de facto de Roberto Micheletti. La querella busca eliminar el decreto de amnistía de 2010 que protege a los perpetradores del golpe de Estado para identificar la cadena de mando que ordenó el asesinato de la activista trans hondureña.
Vicky Hernández, la primera víctima de ejecución extrajudicial del régimen de facto durante el golpe de Estado, tenía 26 años en el momento de su asesinato. Vicky terminó la primaria y abandonó los estudios para trabajar y mantener a su madre, su hermana y su sobrina. Era trabajadora sexual y reconocida activista de la organización de derechos humanos de mujeres trans Unidad Color Rosa de San Pedro Sula, Honduras.
La noche del crimen
Vicky salió a la calle la noche del 28 de junio a ejercer el trabajo sexual sin saber del toque de queda impuesto por el gobierno de facto. Esa noche, Zelaya fue sacado de su casa a punta de fusil y enviado en un avión a Costa Rica.
La mañana del 29, Vicky fue encontrada muerta en una calle de la colonia Ruiz, en el noreste de San Pedro Sula. Agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal hicieron el levantamiento del cadáver a las 7:30 de la mañana. La noche anterior, solo había fuerzas estatales de seguridad en las calles sampedranas. Eso hizo despertar la sospecha entre las organizaciones de la diversidad sexual y los defensores de los derechos humanos de que los culpables del asesinato tienen vínculos con el Estado hondureño.
El cadáver de la activista trans presentaba “una herida irregular en su ojo izquierdo” y otra igual “en la región frontal izquierda”. El forense concluyó que Vicky fue asesinada por arma de fuego”, según documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitido en diciembre de 2018.
Audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos
La cadena de impunidad comenzó con el crimen y continuó con el manejo del cadáver de Vicky, que fue trasladado a las instalaciones de Medicina Forense en el norte de San Pedro Sula, donde las autoridades se negaron a practicarle la autopsia.“Organizaciones de derechos humanos denunciaron que las autoridades forenses se negaron a realizar el dictamen de autopsia con la excusa de suponer que la víctima vivía con VIH”, señala el documento de la CIDH.
“No quisieron emprender ninguna diligencia investigativa por considerar que la víctima era una persona ‘diferente’ y sin derechos, lo que constituye una discriminación en razón de sus preferencias sexuales”, agrega una petición presentada el 23 de diciembre de 2012 por organización Cattrachas y años después se unió a la defensa la organización Robert F. Kennedy Human Rights de Estados Unidos.
Tiempo después, las autoridades argumentaron que habían hecho la autopsia, pero no hay registros oficiales de que se la hayan practicado.
El velatorio de la líder transexual Vicky Hernández tuvo lugar en la sede del colectivo Unidad Color Rosa, Colectivo TTT de San Pedro Sula. La enterraron en La Puerta, un cementerio para la población general situado en el sur de la ciudad.
De la impunidad a la esperanza
Vicky Hernández ha dejado de ser otro número en la larga lista de muertes violentas de personas LGBTIQ+ en Honduras para convertirse en un signo de esperanza para los colectivos tradicionalmente despreciados en el país.
Desde el asesinato de la activista en 2009 hasta la fecha han muerto violentamente al menos 366 personas LGBT, incluyendo a 117 mujeres transexuales como Vicky. Pero el Código Penal hondureño aún no recoge en sus páginas la palabra “transfemicidio” para tipificar el asesinato de mujeres y hombres transexuales. Casi todos los casos, incluyendo el de Vicky, siguen impunes.
“Un asesino en Honduras tiene 96% de posibilidades de que el sistema no lo atrape. Es un gran negocio ser sicario en Honduras; 96% de posibilidad y a la comunidad, 98%”, agrega, ahondando en las causas de las altas cifras de impunidad en Honduras. Eso se debe a la deficiente investigación en Honduras”, explica a Presentes el abogado y catedrático universitario Ramón Enrique Barrios
La activista Indyra Mendoza, de la red Cattrachas
Según Barrios, los propios órganos de investigación consideran que los miembros de la comunidad LGBTI son asesinados porque se lo merecen. Incluso hay prejuicios religiosos de fondo, pues la sociedad cree que se lo merecen porque “no siguen los dictados tradicionales de Dios”.
La organización lésbica Cattrachas ha estado trabajando en sus más de 11 años de lucha para que el caso de Vicky no quede impune. Este es solo el comienzo de un esfuerzo por hacer que también paguen los responsables de los crímenes contra las otras 116 mujeres trans y 250 personas LGBTIQ+ asesinadas desde 2009.
“Con tanta impunidad, con tantas muertes, esto es como una justicia colectiva”, dice la coordinadora de Cattrachas, Indyra Mendoza. “Allí van a estar los nombres de otras trans. Hubo prejuicio, discriminación, violencia, odio, pero al final vamos a lograr esa justicia colectiva”.
“Fue una ejecución extrajudicial”
El equipo liderado por Cattrachas y Robert F. Kennedy Human Rights ha pedido que se derogue el decreto de amnistía de 2010 que ha permitido que sigan impunes todos los crímenes cometidos durante el golpe de Estado de 2009. De esa manera, la justicia podrá caer sobre los violadores de derechos humanos escudados detrás del golpe. “Fue una ejecución extrajudicial, pero hubo una cadena de mando alrededor de ellos”, afirma Indyra Mendoza.
Los otros resultados del grupo de litigantes encabezados por Indyra Mendoza son los reparos económicos y psicológicos que el Estado hondureño debe conceder a la familia de la activista transexual asesinada el día del golpe de Estado que depuso a Manuel Zelaya para imponer el gobierno de facto de Roberto Micheletti.
“Con el establecimiento del toque de queda, las autoridades de facto justificaron la militarización del territorio hondureño y la presencia de militares y policías en las calles”, señala Cattrachas.
“Demostrar que nuestros cuerpos valen”
Además, la organización con sede en Tegucigalpa registra durante los ocho meses que duró el gobierno de Micheletti 31 asesinatos de personas LGBTI, de las que 15 eran mujeres trans y 16 de gays. Esa cantidad supera el total documentado entre 2003 y 2008. Cattrachas identifica un patrón de asesinatos contra mujeres trans, lo cual afianza la teoría de que en su mayoría fueron ejecuciones extrajudiciales.
El caso de Vicky está rodeado de misterios y viciado por la impunidad. Al negarse a hacerle la autopsia porque según las autoridades vivían con VIH, “sufrió discriminación incluso después de su asesinato”, dice la directora de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights, Angelita Baeyens.
“Es muy significativo que llegue por primera vez a la Corte Interamericana un caso de violencia letal contra una mujer trans porque abre la puerta para visibilizar la situación de esta población y exponer todos los abusos cometidos en ese caso. No solo es la historia trágica de Vicky. Es la de cientos de mujeres trans en Honduras y la región que son víctimas de constante discriminación y violencia por parte de las autoridades y de muchos otros sectores de la población”, agrega Baeyens.
“Es como demostrar que nuestros cuerpos también valen, nuestras vidas valen, nuestras luchas valen. Eso para mí es importante”, afirma Indyra Mendoza.
La CIDH responsabilizó en mayo del 2019 a Honduras de la muerte de Vicky Hernández.
Según la Comisión, “tomando en cuenta tales contextos, el hecho de que las calles estaban bajo control total de la fuerza pública, así como la falta de esclarecimiento judicial de lo sucedido, existen suficientes elementos para concluir la responsabilidad directa del Estado por la muerte de Vicky Hernández”.
Para el organismo, el asesinato de Hernández “constituyó un supuesto de violencia por prejuicio hacia su identidad y expresión de género”.
Fue un transfemicidio
El equipo de las organizaciones Robert F. Kennedy de Human Rights y Cattrachas espera que en el asesinato de Vicky se reconozca el término legal “transfemicidio”, pero el camino ha estado sembrado de obstáculos.
Un primer paso para llegar a la meta fue establecer un patrón en los asesinatos de personas LGBTI y en especial de mujeres trans durante el golpe de Estado en Honduras como una manera de categorizar esos crímenes como ejecuciones extrajudiciales.
“Estos transfemicidios se llevaron a cabo a altas horas de la noche, durante toques de queda ilegales, cuando las calles estaban bajo la custodia absoluta de las fuerzas públicas militares y policiales. Además, la mayoría de víctimas se dedicaban al trabajo sexual y fueron ejecutadas con un disparo a la cabeza”, apunta Cattrachas.
Según el patrón identificado en los 15 asesinatos de mujeres trans cometidos durante el régimen de facto de Roberto Micheletti, Cattrachas creó la siguiente definición de la palabra ‘transfemicidio’: “Muerte violenta de mujeres trans, motivada por el prejuicio, el desprecio y la discriminación del género y la identidad asumida de las víctimas, siendo la materialización de una violencia sistemática por la exclusión social y estatal”.
A pesar de todo, el informe de fondo de la Comisión Interamericana reconoce que la ejecución extrajudicial de Vicky fue un transfemicidio. Esta es la primera vez que el término ‘’transfemicidio’’ es utilizado en el seno del sistema interamericano.
La muerte de Vicky es la primera ejecución extrajudicial transfemicida reconocida por el Sistema Interamericano. Para la Comisión, el caso puede catalogarse como un asesinato por prejuicio basado en la identidad de género y hay fuertes indicios de que el Estado hondureño está involucrado directamente en el crimen.
No obstante, hasta hoy el Estado sigue negando las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el golpe de Estado y la vinculación directa de agentes del orden público en el asesinato de Vicky.
Comentarios desactivados en Ataque transodiante a Vicky Rodríguez, protagonista del documental hondureño Victoria
Vicky Rodríguez, una mujer trans hondureña y protagonista del documental Victoria, sufrió un ataque transodiante en La Libertad, Comayagua. Es la segunda vez que la agreden físicamente. El ataque se perpetró 12 días después del asesinato de otra trans, Erika Tatiana, activista del Partido Nacional, al que pertenece el presidente de Honduras.
Comayagua, Honduras. Una golpiza dejó inconsciente y grave a la mujer trans hondureña Victoria “Vicky” Rodríguez, de 64 años. El ataque se perpetró este jueves 7 de octubre en la madrugada, y poco después a Vicky la encontraron semidesnuda y con la cara cubierta de moretones en el patio de su casa en la comunidad de La Libertad, departamento de Comayagua, en la zona central de Honduras.
Vicky, de 64 años, fue atacada por desconocidos en esta comunidad a dos horas y media de distancia de la capital de Honduras, Tegucigalpa. Debido a las heridas en rostro, piernas y brazos, fue atendida en un centro médico con el apoyo económico de una amiga.
Vicky trabaja como modista y se hizo conocida por protagonizar el premiado documental “Victoria”. Ya había sido atacada en 2017 debido a su identidad y expresión de género. Los culpables de la agresión de hace cuatro años fueron arrestados, según la sobrina de Vicky, Vilma Suyapa Rodríiguez, en declaraciones para Presentes.
El ataque criminal contra Vicky ocurre 12 días después del asesinato de Erika Tatiana en la ciudad de Santa Rosa de Copán, en el occidente de Honduras, el 25 de septiembre. Erika era activista del Partido Nacional, al que también pertenece el presidente hondureño Juan Orlando Hernández.
La familia de Vicky Rodríguez denunció el ataque criminal a la Policía Nacional. Se espera que cuando Vicky mejorede salud de Vicky pueda compartir más detalles acerca del ataque.
La tarde del jueves el personal de la Dirección Policial de Investigación le tomó la declaración de Vicky. Hoy será revisada por los especialistas de Medicina Forense del Ministerio Público en la ciudad de Comayagua.
Familiares de Vicky exigen a autoridades judiciales arrestar a los culpables del ataque y castigarlos. Aunque hay pistas sobre los responsables de esta nueva agresión transfóbica en Honduras, la policía sigue trabajando en el caso para capturar a los atacantes.
Justicia para Vicky Rodríguez
La golpiza contra Vicky fue calificada como un ataque de odio por la asociación Awilix de Tegucigalpa. La organización trans pidió al Estado de Honduras respuestas concretas y justicia.
“Otra vez queda claro que la mujer trans es la más vulnerable, independientemente en qué ciudad o país se encuentre”, escribió Awilix en redes sociales.
La situación de los grupos LGBTIQ+ a los que pertenece Vicky es precaria en todo Honduras, pero es peor en zonas rurales como La Libertad, en el centro de Honduras.
El municipio de La Libertad carece de organizaciones LGBTI+, cuyxs miembroxs padecen toda clase de vejámenes y humillaciones, dijo a Presentes el director del espacio de noticias Libernoticias, el abogado y periodista Luis Aranda.
El municipio de La Libertad carece de organizaciones LGBTI+, cuyxs miembroxs padecen toda clase de vejámenes y humillaciones, dijo a Presentes el director del espacio de noticias Libernoticias, el abogado y periodista Luis Aranda.
El documental que le dio fama
Vicky se volvió un rostro conocido en varios países tras el estreno del documental “Victoria”, dirigido por el cineasta hondureño William Reyes.
El filme de Reyes ganó en 2019 varios premios internacionales a la excelencia cinematográfica y permitió conocer mejor la situación de las personas LGBTIQ+ en Honduras, en especial en zonas rurales como La Libertad.
El director de “Victoria” dijo a Presentes que conoció a Vicky cuando vivió una temporada en La Libertad, Comayagua. El cineasta decidió filmar el retrato de Victoria al conocer su lucha constante por ser ella misma.
A pesar de que las personas LGBTIQ+ en Honduras no acceden a derechos elementales, Vicky se ganó el respeto de su comunidad, dijo Reyes. El director de “Victoria” y su equipo tardaron dos días en filmarlo y un mes en el proceso de editarlo y preparar la versión final.
El director presentó el filme en varios festivales y ganó el premio centroamericano Ícaro al mejor corto documental.
Sin justicia ni derechos para las activistas trans
Vicky fue atacada 12 días después del asesinato de la activista del Partido Nacional, Erika Tatiana, en la ciudad de Santa Rosa de Copán, en el occidente hondureño, el 25 de septiembre.
Tatiana se convirtió en la cuarta mujer trans asesinada en Honduras. Hasta la fecha, desde el transfemicidio de Vicky Hernández en 2009 han muerto violentamente 390 personas LGBTI en Honduras.
La activista trans Vicky Hernández fue asesinada entre el 28 y el 29 de junio de 2009, durante el toque de queda por el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya Rosales para imponer un régimen de facto.
Según el Observatorio de Muertes Violentas de la Red Lésbica Cattrachas, de los 17 asesinatos de 2021, 10 son de hombres gay, tres de mujeres lesbianas y cuatro de mujeres trans.
La impunidad de los crímenes de odio contra las personas LGBTI+ en Honduras es de un 91%, revelan datos de la misma institución.
Tatiana era activista del Partido Nacional en Santa Rosa de Copán. Acompañó a la institución política durante años en diferentes elecciones primarias y generales.
El partido de gobierno del presidente Juan Orlando Hernández al que pertenecía Tatiana se ha pronunciado públicamente en contra de leyes que benefician en derechos a las personas LGBTIQ+ y mujeres, pero no por el asesinato de una de las líderes de sus bases.
Además, el mandatario hondureño ha dicho públicamente su oposición a las propuestas a favor del derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres y a los defensores de los territorios que se pronuncian contra las ciudades modelos o ZEDE.
El crimen de Tatiana ha sido condenado por organizaciones nacionales e internacionales, como la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pidieron al Estado de Honduras investigar y esclarecer el hecho.
Comentarios desactivados en Argentina: Por qué es histórico reconocer a trans y travestis como víctimas del Terrorismo de Estado
El Tribunal durante la lectura del veredicto, en marzo de 2024, La Plata.
La Justicia reconoció en marzo que los delitos contra travestis y trans fueron parte del Terrorismo de Estado. Ahora se conocieron los fundamentos de un fallo “único e inédito en el mundo”. Ana Oberlin, auxiliar de fiscal, explica su relevancia.
Fuente Agencia Presentes
10 de julio de 2024
Agustina Ramos Archivo Agencia Presentes Archivo de la Memoria Trans
Edición: María Eugenia Ludueña
BUENOS AIRES, Argentina. “Es un fallo único, inédito en el mundo”, expresó a Presentes la auxiliar de fiscal Ana Oberlin tras conocer los fundamentos del juicio Brigadas. En él, por primera vez se reconoció judicialmente a ocho mujeres trans y travestis como víctimas del terrorismo de Estado. El 5 de julio el Tribunal dio a conocer los fundamentos de la sentencia del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata que el 26 de marzo condenó a 11 acusados por delitos de lesa humanidad durante el Terrorismo de Estado. Diez de ellos a prisión perpetua.
“Las detenciones arbitrarias e ilegales, la violencia sexual, la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y la reducción de servidumbre” sufridas por estas ocho mujeres trans y travestis “en manos del personal policial y militar, se encuadra en el ataque que sufrió la población civil en la Argentina durante el periodo investigado, y en consecuencia, corresponde calificar tales sucesos como delitos de lesa humanidad”, concluye la parte de los fundamentos dedicada a los delitos contra ell colectivo trans. La sentencia fue dictada por los jueces Ricardo Basílico, Walter Venditti y Esteban Rodríguez Eggers.
Las víctimas trans y travestis de este juicio, el más grande en la región, fueron Valeria del Mar Ramírez, Julieta Alejandra González, Claudia, Judith Lagarde, Analía Velázquez, Paola Leonor Alagastino, Carla Fabiana Gutiérrez y Marcela Viegas Pedro. Se investigaron delitos contra 610 víctimas. Entre ellas, 23 mujeres embarazadas, 10 nietes apropiades -7 recuperaron su identidad-, militantes, estudiantes de La Noche de los Lápices y una madre secuestrada junto a su hijo.
Los delitos juzgados fueron cometidos durante la última dictadura militar en los centros clandestinos Pozo de Banfield; Pozo de Quilmes; El Infierno (Lanús, Avellaneda); y en la Brigada de Investigaciones San Justo, en la provincia de Buenos Aires. En el caso de las ocho víctimas travestis y trans, los delitos fueron en el Pozo de Banfield.
«Nos decían puto, maricón, ustedes tienen que morirse, los vamos a matar, los vamos a tirar por ahí y quién los va a buscar», contó Paola Alagastino. A la derecha, Ana Oberlin, auxiliar de fiscal. .
“Esta fue la primera vez que un juicio por crímenes de lesa humanidad analizó lo sucedido con las mujeres trans en esos años. Además, estos casos fueron presentados por la fiscalía no como hechos aislados, individuales, sino como parte de la violencia estatal sistemática hacia ellas, que se agudizó en la dictadura”, explicó la auxiliar de fiscal Ana Oberlin, abogada especializada en Derechos Humanos, Género y Derecho Penal, doctora en Derecho y Ciencias Sociales y familiar de desaparecides.
Delitos contra travestis y trans fueron parte del Terrorismo de Estado
Julieta Alejandra González, el día de su declaración ante el Tribunal. Archivo de la Memoria Trans.
“Ya fue un hito el hecho de que cinco de ellas, sobrevivientes, hayan brindado testimonio en la audiencia del 18 de abril. También que lo hiciera Valeria del Mar (primera querellante trans en juicio de lesa humanidad) y que Marlene (Wayar) fuera convocada en su calidad de testiga experta, como otras personas que aportaron en el mismo sentido”, compartió Oberlin a Presentes. El Tribunal consideró en su veredicto y fundamentos “algo fundamental: que estos delitos también fueron de lesa humanidad, formaron parte del Terrorismo de Estado”, explicó Oberlin.
Desde hace años, la Fiscalía insiste en que si bien existían códigos contravencionales por los que personas travestis y trans eran detenidas, no fueron detenciones legales. “Las violencias a las que fueron sometidas son exactamente las mismas a las que fueron sometidas todas las personas en centros clandesrtinos durante el Terrorismo de Estado”, argumentó.
En esta línea, el doctor en Comunicación y militante por los derechos LGBT+ Flavio Rapisardi subrayó durante el juicio: “Estas comunidades estaban marcadas con anterioridad y posterioridad, pero durante el golpe de Estado sufrieron una persecución sistemática”.
La identidad de género, enemiga de la dictadura
Marcela Viegas Pedro declaró en abril de 2023, acompañada por el equipo de Acompañamiento de Testigxs de la Secretaría de DDHH de la provincia. Foto: Archivo de la Memoria Trans
Los fundamentos del Tribunal retoman el alegato formulado por Oberlin. Para la Fiscalía y los jueces, la identidad de género de estas víctimas quedó incluida “en el esquema binario que eliminaba todo lo que se presentase como disidente para la concepción del opresor”. Oberlin fundamentó que las mujeres trans formaron parte de las personas consideradas enemigas por el Terrorismo de Estado ya que no se ajustaban al modelo sexo-genérico “occidental y cristiano” que la dictadura buscó garantizar. En este sentido fueron consideradas subversivas en razón de su identidad de género y formaron parte del plan de aniquilamiento.
A esto se suma que fueron utilizadas instrumentalmente, a través de actividades de inteligencia, con el objetivo de conseguir información de ellas. Lo que “refuerza que eran parte de los objetivos a perseguir”, dice el fallo.
Los fundamentos de los jueces cumplen una función pedagógica al explicar qué son los conceptos “cisnormatividad” y “heteronormatividad”, al tiempo que argumentan por qué la dictadura se apoyó en ellos en el modelo social y cultural que buscó reforzar e implantar.
Una sentencia que habla de cisnormatividad y heteronormatividad
Fabiana Gutiérrez, una de las víctimas que declaró en el juicio. Foto: Ariel Gutraich/Agencia Presentes
Para el Tribunal quedó verificado “de manera clara y contundente” que “el Terrorismo de Estado fue garante de un modelo sexo genérico hegemónico, en el cual, los roles de mujeres (cis) y varones (cis) estaban asignados, respectivamente, a los ámbitos doméstico y público, en una cultura netamente patriarcal-occidental”, según se sostiene en el documento.
Se apoyaron en el concepto de “cisnormatividad” que reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “la expectativa de que todas las personas son cisexuales [o cisgénero], que aquellas personas a las que se les asignó masculino al nacer siempre crecen para ser hombres y aquéllas a las que se les asignó femenino al nacer, siempre crecen para ser mujeres”. Al mismo tiempo explicaron que la “heteronormatividad” se refiere al “sesgo cultural a favor de las relaciones heterosexuales, conforme al cual dichas relaciones son consideradas ‘normales, naturales e ideales’ y son preferidas sobre relaciones del mismo sexo o del mismo género”.
Además, consideraron que quedó demostrado que “las mujeres -cis y trans- sufrieron en mucha mayor medida que los varones, violaciones y abusos en sus cautiverios, y otras violencias específicas”, retomando las palabras de Oberlin.
Ana Oberlin, abogada especializada en Derechos Humanos, Género y Derecho Penal, doctora en Derecho y Ciencias Sociales y familiar de desaparecides, junto a una sobreviviente trans, en una charla sobre el juicio en el Bachillerato Popular Trans No Binarie Mocha CelisDelitos de violencia sexual
Los delitos cometidos contra este colectivo fueron privaciones ilegales de la libertad agravadas, tormentos agravados, abusos sexuales agravados y reducción a la servidumbre. Los jueces detallaron que fueron en su mayoría delitos de violencia sexual.Y explicaron que estos “configuran delitos de lesa humanidad como el resto de los delitos evaluados en este juicio (privación ilegal de la libertad, sometimiento a tormentos, reducción a la servidumbre, homicidios), y, por ende, son imprescriptibles”.
“He pasado todo tipo de torturas, también psicológicas. Me han violado. Continuamente se sentía la muerte», contó Analía Velázquez
El Tribunal consideró especialmente los testimonios brindados en debate por las víctimas. “En diversos pasajes han señalado el constante hostigamiento y criminalización sufrido estructural e históricamente por las disidencias sexo-genéricas, que como se ha verificado en este juicio, alcanzó niveles de intensidad y sistematicidad mayores en la época en que acaecieron los sucesos”, explicaron.
Los jueces reconocieron finalmente que el análisis sobre los delitos contra el colectivo trans en este juicio “dio cuenta de la notoria discriminación. Hasta la fecha, no ha sido cristalizada en el marco de un juicio oral por los crímenes de lesa humanidad”. Además, subrayaron que tales crímenes “no resultan aislados sino que corresponde enmarcarlos dentro de un contexto de discriminación histórica y estructural”.
Comentarios desactivados en El Triángulo Norte centroamericano expulsa a la diversidad sexual
En Honduras, Guatemala y El Salvador, las disidencias sexuales, para salvar sus vidas, deciden huir. El peso que la religión tiene en Latinoamérica.
De entre los tres libros a la vista en un mueble de la sala, resalta uno que lleva por título El Exiliado. Es un libro de poemas de un autor argentino que le regalaron en un evento al que fue con uno de los tres amantes que ha conocido por Grindr, la aplicación más usada para encuentros entre hombres.
A la par de ese libro, hay otro que Arturo levanta. Lo abre y muestra la contratapa, donde aparece la foto del amante escritor que ha presumido esta tarde de primavera.
Arturo vive en un edificio con vista a la avenida Cabildo, una vía emblemática y concurrida de la Ciudad de Buenos Aires, la capital de Argentina. Llegó hace cuatro meses a la ciudad y no tiene país. A sus 43 años ha vivido entre Honduras y Costa Rica, y hoy está en Argentina.
Entre los seis y los 12 años, sus papás le pegaron porque su hermano mayor les contó que lo veía jugando y acariciándose con otros niños vecinos de su edad. Su hermano también le pegaba cuando se emborrachaba, y sus tías católicas le decían que se iría al infierno por ser un niño amanerado.
A los 17 años, Arturo escapó de su pueblo. Terminó el bachillerato y se mudó a San Pedro Sula. Esta ciudad industrial y Tegucigalpa, la capital hondureña, son las más importantes del país. También han figurado algunas veces como unas de las más peligrosas del mundo.
Una discriminación estructural
La violencia hacia las personas de la diversidad sexual comienza en la casa, continúa en las escuelas y se extiende en todos los espacios sociales. Incluidos aquellos en los que se toman decisiones políticas.
“El mayor problema de América Latina es que es una región religiosa, principalmente católica”, opina Adriana Espinosa, directora de Viajes de Emergencia y Asistencias Financieras de Rainbow Railroad, una organización canadiense, con presencia mundial. Ayuda a las personas LGBTIQ+ a salir de sus países por la violencia que atraviesan por no vivir dentro de la norma heterosexual.
La organización acompaña actualmente 400 casos de personas LGBTIQ+ que huyen porque son perseguidas por su orientación sexual, identidad y expresión de género. Entre los casos están el de un hondureño y el de dos mujeres nicaragüenses reubicadxs en Argentina.
A nivel cultural, Latinoamérica no está de acuerdo con la diversidad sexual, agrega Espinosa, y las personas son católicas de nacimiento, aunque no sean practicantes.
El Congreso de Guatemala, por ejemplo, aprobó en 2022 la conmemoración del Día por la Vida y la Familia, fijando la fecha cada 9 de marzo. El decreto aprobado por lxs diputadxs, explícitamente, obliga a los tres poderes del Estado a realizar actividades para “proteger” la concepción tradicional y heterosexual de la familia, y prohíbe hablar sobre educación sexual el país.
…
Después de informarse sobre la diversidad sexual y entender que la atracción que sentía por otros hombres también la sentían otros hombres, Arturo se convirtió en activista LGBTIQ+.
En San Pedro Sula, tuvo su primer novio, sus primeros amigos gais y fue diagnosticado con VIH. En 2007, con lo que había aprendido hasta entonces, comenzó a trabajar, dentro de una organización, en la prevención y tratamiento de las personas de la diversidad sexual viviendo con VIH.
Pero Honduras estaba por estallar. El 28 de junio de 2009, a un año de terminar su gobierno, el presidente Juan Manuel Zelaya, un militar de izquierda, fue derrocado en un golpe de Estado y luego se instaló un gobierno de facto.
El día del golpe y los que le siguieron hubo toques de queda. Los cuerpos de seguridad estatal, policías y militares, fueron denunciados a nivel internacional por organizaciones sociales debido al uso excesivo de la fuerza y los crímenes que cometieron contra civiles.
Una de las víctimas del golpe fue un amigo y compañero de trabajo de Arturo. A él, dice, lo mataron los militares cuando transitaba por la calle. Era un hombre organizado, y esto, más ser amanerado, le valió para ser asesinado.
Esta condena describe las violaciones a los derechos humanos en Honduras. En total, durante el golpe, hubo 300 asesinatos y así el país centroamericano, según la Corte IDH, pasó a ser uno de los más inseguros. Y, San Pedro Sula, una de las ciudades más peligrosas del mundo.
De todos los grupos de la población LGBTIQ+, la que ha sido mayormente vulnerada es la población trans, sobre todo las mujeres trans, por su identidad y expresión de género visibles y contrarias a la norma heterosexual. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estima que la esperanza de vida de una mujer trans en América Latina oscila entre los 30 y 35 años.
Sin una Ley de Identidad de Género que les reconozca, las personas trans siguen sin acceder a derechos humanos básicos como la salud y la educación. Y, al no insertarse en un mundo laboral formal, algunas mujeres trans no tienen otra opción para buscar ingresos distinta al trabajo sexual.
“Ser LGBTIQ+ es una sentencia de muerte en Honduras, no hay ninguna ley de protección”, apunta Osmán Lara, presidente del Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula, que está conformado por 15 organizaciones con presencia en 16 municipios hondureños.
El estigma y la violencia que pesan contra la diversidad sexual en Honduras son tal que, cuando una persona es visiblemente LGBTIQ+ y quiere acceder a un servicio de salud, primero tiene que pasar por un testeo de VIH. A la discriminación social se suma que las pandillas obligan a algunas mujeres trans y a algunos gais a vender droga, señala Lara.
Las organizaciones hondureñas, con los pocos recursos que tienen, trabajan en el acompañamiento legal a las personas de la población LGBTIQ+ y registran las violencias que enfrentan.
En 2023, según el Comité LGBTIQ+, 48 personas de las disidencias sexuales fueron asesinadas en Honduras. Guatemala alcanzó índices de violencia similares, con 34 casos registrados. Estos homicidios se fundamentan en el odio hacia la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas, por ello son llamados crímenes de odio y, en la mayoría de los casos, quedan impunes.
“En víctimas LGBTIQ+, Honduras tiene un triste récord”, reconoce Tony García, Vice Canciller Consular y Migratorio en el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, quien asumió en enero de 2022.
A pesar de reconocer la violencia hacia la diversidad sexual, García minimiza su impacto al afirmar que no es una de las principales razones de la migración en Honduras. Según él, lxs hondureñxs emigran principalmente para reunificarse con familiares en Estados Unidos, donde reside un millón y medio de hondureñxs. La segunda causa para migrar es el desempleo y, en último lugar, por la amenaza de las pandillas.
Lo mismo ocurre con el gobierno guatemalteco, el cual no reconoce en sus registros la migración como resultado de la violencia, mucho menos la violencia estructural que enfrenta la población LGBTIQ+.
Alharaca solicitó una entrevista con representantes del Instituto Guatemalteco de Migración. Alejandra Mena, de la oficina de prensa, atendió la entrevista por escrito. Allí, dice que lxs guatemaltecxs migran por «mejoras» y oportunidades laborales, reunificación social y “familiar”.
De parte de El Salvador, no hubo una respuesta de las autoridades sobre la migración forzada.
Arturo no tuvo otra opción que huir de San Pedro Sula durante el toque de queda. Junto a uno de sus colegas, pidió medidas de protección a la CIDH por la persecución estatal de la que eran víctimas lxs activistas en ese tiempo. Las medidas no les aseguraban que sus vidas estuvieran a salvo, porque quienes les cuidaban, por órdenes de la CIDH, eran policías que frente a ellos presumían la violencia que ejercían contra la población LGBTIQ+.
En el Triángulo Norte centroamericano, los Estados no han legislado a favor los derechos de las disidencias sexuales, lo que les hace más vulnerables a la violencia. Los crímenes contra estas personas quedan impunes, no hay leyes de identidad de género que reconozcan a las personas trans y el matrimonio igualitario no está permitido. En esta región, no solo hay presencia de pandillas, sino que, paralelo a estos grupos, las policías y los ejércitos han sido agresores de identidades sexuales diversas, hasta asesinarlas o expulsarlas de sus países.
“Estas violencias, la mayoría de veces, las viven en silencio y no son denunciadas, porque los represores son también policías o funcionarios públicos judiciales”, enfatiza Patricia Vargas, investigadora guatemalteca especializada en población LGBTIQ+ y violencia contra las mujeres.
Vargas lleva años documentando los procesos migratorios y la exclusión que viven las disidencias sexuales en Guatemala. Una de sus investigaciones apunta a que, en la zona 1 de Ciudad de Guatemala, la capital, de cada 100 personas en situación de calle, una es parte de la población LGBTIQ+.
Son personas que muchas veces, dice la especialista, viajan del interior del país creyendo que en la capital la situación de discriminación y racismo que viven en sus comunidades va a cambiar. Pero en la capital se enfrentan con un racismo “diluido” y también con más clasismo que en sus comunidades de origen.
Arturo, agotado por la itinerancia constante y tras enfrentar una nueva pérdida en su organización, tomó la decisión de huir a Costa Rica. La decisión surgió cuando un compañero, después de que las pandillas asesinaran a su pareja y a toda su familia (10 personas en total) en 2012, se vio obligado a huir a Estados Unidos. En Costa Rica, Arturo vivió durante una década.
En Centroamérica, Costa Rica se vuelve un posible destino para quienes huyen de la violencia, pero la migración masiva no permite que el país dé respuesta rápida a todos los procesos migratorios.
Dennis Castillo es un hombre gay refugiado en Costa Rica. Huyó en 2012 de Honduras y al año de haber llegado se agrupó con otres activistas para formar el Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica (IRCA-Casa Abierta), que acompaña legal y psicológicamente. Además, ayuda a la integración social a las personas de la diversidad sexual que buscan refugio. “Las personas LGBTI no migramos con familias biológicas, viajamos solos, elegimos familia”, menciona Castillo.
IRCA acompaña 902 casos de solicitudes de refugio. De ellos, la mitad espera una resolución final a su solicitud. Pero, de acuerdo con Castillo, desde 2018 —cuando estalló la crisis política en Nicaragua— a la fecha, Costa Rica tramita 250 mil solicitudes.
El refugio es una protección internacional que brindan los Estados a personas que huyen por situaciones de violencia de sus países de origen. Hay dos convenciones que regulan este tema, una de 1961 y otra de 1967. Ambas consideran que una persona puede ser refugiada al ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, por sus opiniones políticas o por pertenecer a un determinado grupo social.
Las solicitudes de refugio de las personas LGBTQI+, según normativa desarrollada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR), el ente encargado de las personas refugiadas, son tramitadas bajo las últimas dos causas.
El mismo informe revela que, a julio de 2022, en el mundo había un millón de personas procedentes de Centroamérica y México refugiadas o solicitantes de refugio. La cifra superó por un 590 % a la cantidad de casos que había en 2015.
Alejandro Córdova presentó El show de la Taylor el 4 de noviembre en La Casa Rosada, San Salvador. Foto: Kellys Portillo.
En la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Córdova conoció el ballroom y, al encuentro con esta subcultura representativa de la comunidad latina y afroestadounidense de inicios del siglo XX, le agradece haber redescubierto su identidad sexual.
La Taylor, como se hace llamar en el mundo artístico, en referencia a la cantante de pop estadounidense Taylor Swift, es una persona no binaria de El Salvador que viajó en junio de 2019 a estudiar becade una maestría en dramaturgia a Argentina.
Después de la pandemia del COVID-19, optó por establecerse en Buenos Aires para avanzar en su carrera profesional. Sin embargo, durante un viaje de cinco semanas a El Salvador entre octubre y noviembre de 2023, llegó a la conclusión de regresar. Económicamente, Argentina ya no le resulta viable: en su primer día de gobierno, Milei devaluó la moneda e implementó medidas que liberalizan la economía en un contexto de inflación descontrolada. Además, su enfoque en recortar el gasto público ha llevado al presidente ultraderechista a amenazar con el cierre de espacios artísticos, incluyendo el Fondo Nacional de las Artes.
«Estoy tomando una decisión basada en oportunidades», comenta Córdova en una entrevista telefónica con Alharaca, a pocos días de regresar a El Salvador.
El paso de La Taylor por Argentina estuvo marcado por los escenarios: uno de sus proyectos, Yender, una obra que habla sobre las vivencias dentro de la cultura ballroom, ganó el Fondo Nacional de las Artes; y, en Buenos Aires, inspirade en la cantante estadounidense, comenzó a presentar sus shows, en los que mezcla la poesía y la música para hablar sobre sus romances con hombres. En 2022, también se casó con una persona no binaria y pudo acceder gratuitamente a su tratamiento de antirretrovirales cuando conoció su diagnóstico positivo de VIH.
En El Salvador, Córdova no experimentó violencia familiar debido a su orientación sexual cuando aún se autopercibía como un hombre gay. Reconoce que, a nivel social, no todas las personas LGBTIQ+ tienen la misma experiencia. “El Salvador es un lugar bien hostil para crecer como disidencia sexual”, afirma.
Desde la aprobación de la Convención sobre el Estatuto de los de Refugiados de 1961 y su adhesión al mismo, Argentina ha reconocido como refugiadas a 773 personas que han huido debido a la persecución que sufrían en sus países de origen por sus opiniones políticas o por pertenecer a un grupo social determinado, como la población LGBTIQ+, de acuerdo con datos oficiales de la Comisión Nacional para los Refugiados.
En 2011, el gobierno de este país sudamericano consideró la posibilidad de otorgar visas humanitarias a personas del Triángulo Norte de Centroamérica, inspirándose en el Programa Siria, el cual entrega visas humanitarias a personas sirias que escapan de una guerra que se ha prolongado por 12 años. La discusión de las visas para centroamericanxs, según Esteban Tome Fuentes, exfuncionario a cargo del programa, no prosperó.
En Guatemala, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) accedió a testimonios de cuatro personas LGBTIQ+ que vivieron estas terapias con las que se les pretendía «corregir» su orientación sexual e identidad de género diferente a la heterosexual.
La investigación, llamada “¿Cura o tortura? ECOSIEGCS—Esfuerzos de cambio de la orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales—. Las mal llamadas ‘terapias de conversión’ en Guatemala”, explica que en Guatemala no solo se intenta “corregir” a las personas de población LGBTIQ+ por medio de la religión, que ve como enfermedades a las orientaciones sexuales y a las identidades sexuales diversas, sino que también a través de las psicoterapias.
En las escuelas, explayan lxs investigadores de Flacso, hay represiones directas o indirectas para las personas LGBTIQ+, como la expulsión de los centros de estudio y el encubrimiento del bullying homolesboodiante por parte de la comunidad educativa. Luego, esta exclusión evoluciona a la expulsión de las personas de sus países de origen.
«La mía es una migración diferente a la migración de irse por mejorar económicamente o porque no te gusta el país. En nuestro país hay persecución para las personas LGBTI», advierte Arturo, el activista gay de Honduras.
Argentina, en cambio, tiene aprobados derechos que les falta a los países del Triángulo Norte de Centroamérica para garantizar el desarrollo y una vida digna de las personas LGBTIQ+. Pero estas garantías están amenazadas con el gobierno del ultraderechista Javier Milei, que el 10 de diciembre asumió su cargo y ya inició un recorte al gasto público, dejando más vulnerables a las disidencias sexuales y a las mujeres.
En Argentina, las personas trans tienen derecho a cambiarse de nombre, a la posibilidad de acceder a tratamientos hormonales en el sistema público, porque, además, hasta el momento, la salud es gratis para argentinxs y extranjerxs; lo mismo que el sistema de educación en todos sus niveles. Y transversalmente, las escuelas imparten la materia de Educación Sexual Integral. También, el país ha legalizado el matrimonio igualitario y las uniones civiles de personas LGBTIQ+.
“Las personas LGBTIQ+ migran porque no están en igualdad de oportunidades”, dice Karla Guevara, activista trans, directora del Colectivo Alejandría y secretaria general de la Federación Salvadoreña LGBTI+.
El colectivo que preside Guevara ha trabajado en los últimos 11 años en el acompañamiento de personas trans salvadoreñas para que puedan acceder a derechos como la salud y la información en prevención y tratamiento al VIH. Recientemente, también abrió Casa Francela, un centro comunitario creado para convertirse en un punto de encuentro de las disidencias sexuales.
Ante el escenario de violencia compartido por los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica, la migración forzada ha sido una constante. Pero entre 2018 y 2019 se volvió más visible y masiva. Durante esos años, de Honduras, El Salvador y Guatemala partieron caravanas de migrantes hacia Estados Unidos que hicieron que la administración de Donald Trump obligara a los gobiernos a frenar la migración.
En estas caravanas, Lara, el activista hondureño, dice que las organizaciones de Honduras identificaron 62 casos de migrantes LGBTIQ+.
Por el imaginario colectivo del «sueño americano», Amaral Arévalo, un investigador salvadoreño especializado en violencia y homicidios contra personas LGBTIQ+ de El Salvador, dentro del Instituto Fernándes Figueira, en Brasil, indica que el principal país de destino que buscan lxs migrantes centroamericanos es Estados Unidos.
En Rainbow Railroad pretenden “desmantelar” la migración hacia Norteamérica y ofrecen otros países latinoamericanos de reinstalo a lxs solicitantes de refugio, cuenta Adriana Espinosa.
Este año, la organización lanzó un programa para reubicar a latinoamericanxs LGBTIQ+ en Argentina, donde el refugio es tramitado en menos de un año, pero no todxs lxs solicitantes aceptan este destino.
“Los latinoamericanos no queremos ir a Latinoamérica. Tenemos esa mala percepción de nosotros mismos y nuestros compañeres en Latinoamérica, del país o de las situaciones económicas”, menciona la especialista.
Guevara, la activista salvadoreña, opina que las personas de la diversidad sexual no eligen migrar a un país distinto a Estados Unidos, porque no cualquiera puede pagar un boleto de avión, como para viajar a Argentina. A las disidencias sexuales no les queda otra opción que arriesgar su vida, atravesando por tierra la ruta migratoria.
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Durante la década de los 90, en Europa, detalla Arévalo, hubo hombres gais que huyeron hacia Estados Unidos porque eran perseguidos por gustar de otros hombres. Desde finales de los años 60, el país norteamericano ya abanderaba la lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+ en el mundo.
De 2016 a la fecha, la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT+) colabora asesorando a personas de diferentes países del mundo que, por ser parte de la disidencia sexual, además de sufrir conflictos internos en sus lugares de origen, se ven obligadas a migrar o refugiarse en Argentina.
A este tipo de migración se le llama sexilio, que es una palabra derivada de la combinación de sexo con exilio: personas obligadas a salir de sus países o que salen por razones propias, porque no siguen las normas sociales y heterosexuales.
Los sexilios que hoy ocurren en el Triángulo Norte centroamericano se caracterizan porque en esta región los principales represores son los Estados, que no garantizan ningún derecho para las personas LGBTIQ+, sostiene Arévalo. «Garantizan, básicamente, una muerte», recalca.
La representación de ACNUR en Argentina, consultada por Alharaca, aclaró que no podía hablar detalladamente sobre los casos de asilo en ese país, por la confidencialidad de la información, pero remitió informes que dan cuenta sobre el desplazamiento y migración forzada ocurrida en los últimos años en el Triángulo Norte de Centroamérica.
Sigfredo Funes sí planificó su huida. Lleva más de un año viviendo en Buenos Aires y no quiere volver a su país. Con la excusa de migrar, aplicó a una beca para cursar una maestría en Argentina y así salir de El Salvador.
Antes, en 2021, y en el marco de la conmemoración del Día del Orgullo LGBTIQ+, fue expulsado de casa después de que sus padres se enteraran de que es gay. Cuando logró independizarse, comenzó el régimen de excepción en El Salvador y él, que es un militante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido salvadoreño de izquierda, y crítico en redes sociales del gobierno del presidente Nayib Bukele, fue perseguido hasta recibir una amenaza de muerte.
Funes tomó una llamada anónima en Telegram. Era la voz de una mujer que, luego de decirle que se iba a morir, colgó de golpe el teléfono. Días más tarde, un motociclista, al que no conocía, llegó a buscarlo a la casa de sus padres.
Él asume que esto ocurrió a partir de sus críticas al gobierno. En Facebook, donde suele postear publicaciones contra Bukele, tiene más de dos mil seguidores.
Funes ya había terminado la carrera de Relaciones Internacionales. Este título le sirvió para aplicar a la maestría. En agosto de 2021, lo aceptaron en una universidad argentina para estudiar una maestría en Derechos Humanos y viajó a Buenos Aires.
En octubre de 2023, tenía que volver a El Salvador, porque ya había terminado sus estudios, pero su madre le advirtió que no regresara, porque afuera de la casa suele parquearse una camioneta con vidrios polarizados, y sospecha que lo están buscando.
Una de las condiciones del refugio es que la persona no pueda regresar a su país de origen, ya que, al hacerlo, el Estado que le ha otorgado el refugio asume que ya no existen las condiciones de peligrosidad que motivaron su huida. Funes tiene la intención de establecerse nuevamente en El Salvador, en el futuro, por lo que no solicita refugio. Planea vivir en Sudamérica, hasta que pueda retornar.
«La intersección entre el acceso a recursos, el color de la piel, desgraciadamente, y el nivel educativo de las personas que migran influye mucho en cómo es su proceso, en cómo será su proceso y en qué acceso tienen a ciertas cosas o a cierta información”, sostiene Vargas, la investigadora guatemalteca.
María Fernanda Parada, una veinteañera salvadoreña, que se autopercibe como pansexual y reconoce sus privilegios, reside en Buenos Aires desde enero. En su familia nunca ha sido discriminada por su orientación sexual. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Liceo Francés Salvadoreño, un colegio privado, en el que frecuentemente lxs profesores, recuerda, le decían a lxs alumnxs que debían marcharse del país.
El año pasado, comenzó su carrera en una universidad de Francia, pero desistió de cursarla, porque no le gustaba el enfoque. Sin embargo, allá pudo explorar la libertad de la metrópolis, su sexualidad y salió por primera vez con mujeres. En El Salvador su grupo “queer”, dice, era reducido y todxs se conocían entre sí.
“Hay un montón de gente que estamos dejando desamparada y ellos solos no se pueden salvar así nomás”, apunta. Este año, Parada cursa el ciclo inicial para ingresar a la carrera de Antropología en la Universidad de Buenos Aires y, en los pocos meses viviendo en Argentina, ha logrado hacer amistades diversas. Al terminar la carrera, su plan es volver a El Salvador para trabajar como periodista e investigar sobre población LGBTIQ+.
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De las 200 consultas que la FALGBT+ ha recibido en los últimos años de personas que quieren refugiarse en Argentina, la mayoría son de personas de Ucrania y Rusia, países que están en guerra desde febrero de 2022. Un caso, aclara Maribe Sgariglia, secretaria de Relaciones Internacionales de la FALGBT+, a veces se traduce en más casos, porque algunas personas huyen con parejas e hijxs.
Sgariglia explica que estxs migrantes preparan su huida con ahorros, consiguen trabajos remotos y también se asesoran anticipadamente sobre los procesos migratorios que deben realizar. Una vez en Argentina, hacen comunidad entre sus mismas nacionalidades, al punto de crear un grupo de Telegram para comunicarse.
No ocurre lo mismo con aquellxs que, además de la barrera del idioma en otro país, se encuentran solxs. Hay jamaiquinxs que no han podido acostumbrarse a Argentina y han tenido que regresar a su país, aunque saben que allá, donde está criminalizada la homosexualidad, su vida corre peligro, agrega la activista.
La mayoría de latinxs LGBTIQ+ que buscan refugio en el país Sudamericano, dice Sgariglia, han pasado por situación de calle: “Llegan acá quizá sin ningún recurso ni económico ni social, sin redes. La mayoría de esas personas vienen solas, su familia queda atrás con un vínculo súper duro”.
Como el caso de Arturo, la migración forzada de la diversidad sexual ocurre en dos pasos, enfatiza Amaral Arévalo: si las personas son del interior del país, primero se desplazan al área metropolitana y después migran. Sin embargo, estos trayectos están condicionados por las redes de apoyo con las que cuentan en su país de origen o en el país de destino.
En Costa Rica, Arturo no trabajó como activista. Fue cajero en un banco, mesero en restaurantes de comida rápida, administrador de un hotel y carnicero.
Le pareció que, en Costa Rica, la población LGBTIQ+ ya había ganado derechos que en Honduras no se han reconocido. Por ello, no encontró forma de trabajar en su área. Aunque pudo migrar a Estados Unidos, porque allá está una de sus hermanas y para allá migró el colega al que asesinaron la pareja, no era un país que le llamara la atención para vivir. Y en Costa Rica no quiso refugiarse, ya que lo considera un país xenófobo.
En 2021, con la idea de que, casi una década después de haber huido de Honduras su familia y el país habían cambiado, volvió. Pero la situación de violencia seguía igual.
Pensó mudarse a la casa de sus padres, dos personas mayores y solas, en Ocotepeque. Quería cuidarles, pero su mamá le condicionó en cómo debía vestir, actuar y con quién debía de relacionarse en el pueblo. Tampoco podía hablar de temas que le incomodaran a la familia, como su homosexualidad y su condición de persona viviendo con VIH.
En una discusión, su papá lo agredió por hablar de su homosexualidad. Desde entonces, Arturo decidió nunca volver a su casa de infancia. Se fue, de nuevo, para San Pedro Sula, donde no logró conseguir trabajo. Se quedó unos días en la casa de otra de sus hermanas, pero empezó a ser perseguido por un carro del que, en tres ocasiones, un grupo de desconocidos se bajó y lo apaleó. La última vez, aparte de golpearlo, le robaron el celular.
Intentó denunciar el primer ataque, pero cuando lo vieron golpeado de la cara, los policías de una delegación se burlaron de él. Arturo dijo que no valía la pena seguir viviendo en Honduras.
La tarde del jueves cae en Buenos Aires. Afuera está el ruido habitual de la ciudad porteña, dentro de este departamento, un gay hondureño busca refugio porque su país lo expulsó.
Hay días en los que Arturo no sale de casa. Se siente novato y solo en esta ciudad de cuatro millones de habitantes, que apenas está aprendiendo a recorrer por su cuenta. En una canasta al centro de la mesa del comedor hay dos guineos, una fruta abundante en el trópico centroamericano. De vez en cuando, Arturo prepara comida hondureña, sobre todo sopas de frijoles y ensaladas frescas, para sentirse en su país.
“Allá sí estaba solo, pero me iba, tal vez, adonde mis amigos. Dejé todo, pero a la vez no tengo nada”, lamenta.
Con la asunción de Milei y el ajuste económico en Argentina, Arturo se replantea la idea de seguir su proceso de asilo y pretende volver a Honduras, donde su vida no está asegurada.
Nota: Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa Exprésate. El nombre del personaje principal del texto se ha omitido por razones de seguridad. Fue publicada por nuestro medio aliado Alharaca.
Comentarios desactivados en La activista trans Megan Kerr, atropellada en Desfile del Orgullo en Tegucigalpa
“Estuve a centímetros de que ese carro me pasara por encima y me dejara las piernas quebradas”, dijo Megan Kerr, de Arcoíris Honduras.
Contribuyeron con este reporte Kate Orellana, Eva Galeas, Amílcar Cárcamo, Daniela Palma y José Manuel Serén
TEGUCIGALPA, Honduras. “¡Cuidado!”, gritaron. Las asistentes a la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ 2023 en Tegucigalpa, centro de Honduras, vieron cómo el turismo Honda plateado aceleraba sobre la calle mojada y levantaba una cortina de agua lluvia. Siguieron gritando cuando el carro derribó a Megan Kerr y frenó unos metros más adelante. Durante unos segundos creyeron que el violento golpe había terminado en tragedia.
Eran las 7:40 de la noche del sábado 29 de julio. El conductor tomó la calle principal en vez de la alterna en el bulevar Suyapa, cerca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y se llevó de encuentro a un motociclista antes de arrollar a Megan. “El chico aceleró el carro y la atropelló”, agregó una testigo poco después del accidente que estuvo a punto de causar una desgracia en el final del Pride 2023.
El vestido de Megan quedó enrollado bajo las llantas del automóvil. No podía moverse. Estaba atrapada bajo la pesada carrocería. Las personas asistentes a la marcha se echaron de inmediato encima del Honda plateado para impedir que el responsable del arrollamiento escapara del lugar. “Empujemos el carro para atrás. No vayan a dejar que se vaya”, gritaron.
El conductor, un hombre de barba, camiseta ocre y pantalones verdes que muchas personas identificaron en redes sociales como “Barba Juca”, salió del carro al verse rodeado de manifestantes. “Estaba borracho”, aseguraron después muchas de las personas presentes.
Reportar Sin Miedo todavía no ha podido identificar de forma independiente la identidad ni las redes sociales de la persona que atropelló a Megan, quien es integrante de la asociación Arcoíris Honduras.
Solicitamos información a la Policía de Tránsito sobre el accidente, pero todavía no hay reporte oficial del caso. Se espera que la primera audiencia se desarrolle esta semana.
Mientras impedían la huida del agresor, participantes del Pride trataron de empujar el Honda plateado para liberar a Megan. A pesar de los gritos de las personas indignadas y los lamentos de la activista trans, el conductor se negó a mover el automóvil. Por el contrario, empezó a comportarse de manera irracional y se quitó la camisa mientras discutía con las personas que rodearon su carro.
«Estuve a centímetros de que me pasara por encima»
“Por milagro de Dios no me tocó los pies ni pasó por encima de mí el carro”, relató Megan en exclusiva a Reportar sin Miedo tras el accidente. “La gente comenzó a mover el carro hacia atrás y me lograron sacar. Me golpeó la rodilla y la cadera”.
Poco después llegaron los paramédicos y le dijeron a Megan que no necesitaba hospitalización, pero que tendría problemas físicos debido al atropello. “He estado con dolores en la cadera y la rodilla”, afirmó. “Estuve a centímetros de que ese carro me pasara por encima y me dejara las piernas quebradas”.
Para Esdra Sosa, directora de Arcoíris, el ataque a Megan fue más que un “acto de transfobia”. Mientras tanto, para la líder de AFET y Frida Trans, Angie Orellana, participar en el Pride en Tegucigalpa significó exponerse al peligro. “Teníamos miedo de que nos tiraran un carro o unas balas. Sabemos del odio impulsado por los grupos antiderechos contra nuestras orientaciones, expresiones e identidades”.
La Policía de Tránsito “costó un mundo que llegara”, añadió Megan Kerr. Cuando las autoridades acudieron a las 9:00 p.m. al lugar del accidente, el responsable del arrollamiento “empezó a molestar a los policías. Lo que hicieron fue arrestarlo y meterlo a la patrulla”.
Sin embargo, el odio que estuvo a punto de acabar con la vida de Megan no había hecho más que comenzar.
Amenazas y discursos de odio
No habían pasado dos horas desde que atropellaron a Megan Kerr durante el desfile del Orgullo LGBTIQ+ cuando empezaron los ataques en redes sociales contra la vida de la activista trans y el equipo periodístico de Reportar sin Miedo.
¿La razón? Haber denunciado los mensajes de odio después del atropello de Megan.
Las actitudes odiantes de los propietarios de varias cuentas inundaron Twitter con más de 50 comentarios que incluían insultos, amenazas de muerte y pornografía dirigida contra los periodistas del medio digital inclusivo.
En algunos de los comentarios amenazaron al equipo periodístico y a las disidencias sexuales con atropellarlos, colgarlos de un puente o ponerles una bomba.
En consecuencia, Reportar Sin Miedo emitió una alerta condenando las agresiones contra Kate Orellana, Eva Galeas, Amílcar Cárcamo y Dunia Orellana, quienes hicieron el viernes y sábado cobertura colectiva de la semana Pride en el acompañamiento de las defensoras de derechos humanos Daniela Palma, de la colectiva Nosotras la Preferimos Sencilla, y la abogada Dixi Ponce.
El viernes 28 de julio, un auto siguió a dos compañeras de Reportar Sin Miedo mientras estaban en la cobertura del evento del foro LGBTIQ+ organizado por el Comité de la Diversidad Sexual de Honduras y Usaid Honduras, en donde se presentó la declaración de de Amapala que busca proteger derechos.
“No es la primera vez que nuestro equipo es víctima de asaltos, amenazas, hackeos y persecución por parte de funcionarios, empresas y personas extremistas”, expresó el anuncio.
“Ser una mujer, una persona LGBTIQ+ y hacer periodismo independiente en Honduras significa poner nuestra vida en peligro. En Reportar Sin Miedo enfocamos nuestras coberturas en las luchas por los derechos de las mujeres, personas disidentes y defensa del territorio. Quieren callarnos, pero no lo harán”, manifestaron en la red social.
Y si fui un niño de bordo no me daría pena al contrario me siento orgulloso de donde vengo y a donde he podido llegar . Y desde ya hago público que si algo me llegará a pasar sería ud el principal sospechoso porque ya veo que sabe demasiado de mi ! https://t.co/M9swsgIAUl
Por otro lado, Víctor Grajeda, diputado del Congreso Nacional de Honduras, también sufrió amenazas y recibió una serie de comentarios de odio. Grajeda, primer diputado abiertamente gay en el Legislativo, expresó a Reportar Sin Miedo que teme que algo malo le pase a su familia, ya que sus agresores amenazaron con atentar contra su vida y la de sus padres.
Víctor fue amenazado el pasado abril cuando sufrió una serie de ataques tras participar en las manifestaciones contra Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula por sus comentarios LGBTIQ+ odiantes y racistas.
✅ Reportar Sin Miedo se presentó hoy a la audiencia en las oficinas de Tránsito en Tegucigalpa, donde el responsable del atropello contra Megan Kerr se presentaría para ser escuchado acerca del caso.
Sin embargo, el infractor no llegó a la cita donde explicaría el arrollamiento… pic.twitter.com/10z7JJ5Km8
El sábado 29 de julio, no sólo las personas de las disidencia sexuales recibieron golpes y amenazas. También sufrieron agresiones las niñas, adolescentes y jóvenes después de que la presidenta Xiomara Castro vetara la ley de prevención del embarazo en adolescentes en Honduras.
El veto se dio tres horas antes de iniciar la marcha del orgullo en el bulevar Suyapa de Tegucigalpa, a la altura del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La decisión de la presidenta fue como una bomba para los grupos que defienden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las disidencias.
El mismo día de la Marcha del Orgullo, la presidenta Xiomara Castro publicó un tuit que dividió a la opinión pública. A un lado se situaron las organizaciones de la coalición en defensa de educación sexual integral y, al otro, los grupos antiderechos.
Estos últimos, con apoyo de iglesias fundamentalistas y líderes políticos, salieron a las calles el sábado 22 de julio a exigirle a la mandataria que no permitiera que la “ideología de género” llegara a los salones de clases de las escuelas públicas y privadas.
No tardaron en dar su opinión quienes estaban en contra y a favor del veto presidencial. Un funcionario abiertamente gay que salió a marchar en el Pride 2023 le dijo a Reportar Sin Miedo que primero era persona y luego partidista y que sentía mucho la decisión de Castro de vetar la ley.
“Yo creo que esto es un retroceso bien marcado. Los grupos conservadores están tomando decisiones claves dentro del gobierno”, aseguró.
Por su parte, Fredy Fúnez, de la asociación Iguales, enfatizó en que el veto convirtió a esa ley en una promesa incumplida del gobierno de Castro. “Siguen irrespetando el Estado laico, siguen dejándose guiar por los grupos fundamentalistas. No podemos vivir en un país donde la religión toma las decisiones o decide qué se puede o no se puede hacer en el país”, señaló.
“Las cosas no han cambiado”, dijo Ramón Valladares. El legendario activista corrió a refugiarse de la lluvia junto con un pequeño grupo durante el Pride 2023.
Valladares, fundador de la Comunidad Gay Sampedrana, primera organización junto a Kukulcán en recibir la personería jurídica en 2004, esperó que la marcha continuara después de la tormenta que obligó a los colectivos a dispersarse en pequeños grupos para buscar refugio bajo pancartas de vinilo o sombrillas.
Mientras esperaba que dejara de llover, Ramón recordó las luchas desde hace más de 40 años. “Antes marchábamos en San Pedro Sula contra el pastor Misael Argeñal y el caricaturista Darío Banegas por discurso de odio. Ahora contra otros grupos fundamentalistas”.
Banegas ya había sido denunciado públicamente por el Centro de Educación y Prevención en Salud, Sexualidad y Sida (Cepres) en 2017 y la Red Lésbica Cattrachas debido a su discurso de odio contra la diversidad sexual.
Cattrachas también fue una de las primeras organizaciones LGBTI+ en denunciar los ataques de odio provocados por el veto de la ley para prevenir embarazos en adolescentes. La red pidió a las poblaciones diversas mantenerse alerta ante los ataques físicos de fundamentalistas religiosos en el contexto del veto presidencial.
Aunque todavía estaba lloviendo a las 5:00 p.m. del 29 de julio, más de 500 participantes en el Pride 2023 no quisieron esperar y comenzaron a marchar hacia la UNAH. Una semana antes, otro grupo de padres, religiosos y políticos recorrieron las mismas calles, pero en sentido contrario, pidiéndole a Xiomara Castro proteger a la familia tradicional conformada por “varón y hembra”.
Un pelotón de policías y militares resguardó la protesta antiderechos. Por el contrario, apenas una patrulla policial y unos 10 policías cuidaron a los manifestantes en la Marcha del Orgullo.
Si bien los policías podían contarse con los dedos de una mano, el Pride 2023 sí recibió el apoyo de observadores internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), las Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Pasmo e integrantes del refugio Casa Frida de México.
Después de la tormenta sale el arcoíris
En medio de los coletazos de la violencia y los discursos de odio, siempre quedó un espacio para las manifestaciones de esperanza. Líderes LGBTI+ presentes en el Pride 2023 hablaron también de cómo estos espacios les permiten manifestarse a favor de sus derechos y luchas.
Uno de esos líderes es José Zambrano. Cubierto de pies a cabeza con un traje de papel periódico y trifolios sobre la ESI y el VIH-sida, Zambrano protestó contra la intolerancia de grupos antiderechos que han promovido campañas de miedo y odio contra las disidencias sexuales en los últimos nueve meses.
“La población LGTBIQ+ en Honduras que está prácticamente excluida y aislada, sobrevive porque es resiliente, pero también somos personas y tenemos derechos y aquí tenemos que reclamar en nuestro país nuestros derechos”, afirmó el miembro de la Asociación Para Una Vida Mejor (Apuvimeh).
Por otro lado, el líder de la juventud Néstor Hernández, de Honduras Diversa, dijo que se siente decepcionado e “instrumentalizado” por el gobierno de Castro. “Usan nuestra lucha, utilizan nuestros cuerpos y las estadísticas de muertes violentas contra la población LGBTI+ y actualmente no están haciendo absolutamente nada”.
A su vez, Obrayan Robison, de Negritudes Trans, considera la deuda pendiente del Estado de Honduras, pues no ha cumplido la sentencia de la Corte IDH en el caso Vicky Hernández y otras versus Honduras. La sentencia del caso debería haber brindado por primera vez el cambio de nombre en el documento nacional de identidad (DNI) a las poblaciones trans. Sin embargo, eso no ha sucedido.
“Hasta el momento no hemos tenido una respuesta verdadera que garantice el reconocimiento de nuestras existencias y de nuestros derechos. Siguen siendo nuestros pueblos exterminados, borrados de este sistema, de esta existencia”, dijo Robinson.
“Sentimos el compromiso de seguir luchando por nuestra identidad negra, por nuestra sexualidad. No es una lucha por separado. Estamos aquí como personas negras, garífunas, viviendo nuestras identidades y sexualidades. Vamos a ir luchando y resistiendo contra ese sistema”, agregó.
Mientras tanto, para Osman Lara, del Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula, el veto de Xiomara Castro “coincidió” con el Día del Orgullo. “Esta marcha ya no es tanto de orgullo y de celebración, sino que se convierte en protesta contra este veto de la ley”, señaló.
Reportar Sin Miedo pudo observar que muy pocas personas no binarias participaron en la marcha. Tras los ataques de odio, algunes publicaron en sus redes sociales que tenían miedo de andar en eventos públicos porque alguien podría agredirles.
“Nosotras como palillonas lo dimos todo por el todo”, dijo JLo Córdova, de Muñecas de Arcoíris. La líder acudió a la marcha acompañada de su sobrina Bexara. “Algunas nos gritaban que nos mirábamos bellas y otras nos insultaron, pero nunca dejamos de bailar”, relató la defensora de derechos de las personas trans.
A pesar de los mensajes de odio y amenazas, Grecia O’Hara de Somos CDC expresó que Honduras está en un momento histórico donde las personas y las organizaciones LGBTIQ+ salen a las calles con orgullo a exigir sus derechos y pedir por las personas que les han quitado su voz. “Exigimos al Estado que garantice todos nuestros derechos”, reclamó.
Llamamos a las personas #LGBTIQ, a nivel nacional, a que se mantengan alertas por posibles ataques físicos de parte de fundamentalistas religiosos en el contexto del veto realizado por la @XiomaraCastroZ de la Ley de Educación Integral para prevenir los embarazos en adolescentes
Reportar Sin Miedo se presentó hoy a la audiencia en las oficinas de Tránsito en Tegucigalpa, donde el responsable del atropello contra Megan Kerr tenía cita para ser escuchado acerca del caso.
Sin embargo, el infractor no llegó a la cita donde explicaría el arrollamiento ocurrido la noche del 29 de julio en el Pride 2023.
Quien sí acudió a la reunión de hoy por la tarde en Tránsito fue Megan Kerr. La activista trans dio más declaraciones a Reportar Sin Miedo sobre su estado de salud y otros detalles relativos a los sucesos en la Marcha del Orgullo donde ella estuvo a punto de sufrir graves fracturas por la irresponsabilidad del conductor.
Comentarios desactivados en Sobrevivientes trans y travestis declararon ante la Justicia como víctimas del Terrorismo de Estado en el Pozo de Banfield
Por primera vez en la historia, un juicio de lesa humanidad se enfocó en la declaración de cinco mujeres trans y travestis víctimas de la dictadura.
LA PLATA, Argentina. Por primera vez en la historia, un juicio de lesa humanidad se enfocó en la declaración de cinco mujeres trans y travestis víctimas de la dictadura en el Pozo de Banfield. También participó una testigo experta travesti, la activista Marlene Wayar. En la jornada 101 del juicio por delitos perpetrados en las brigadas del sur del Conurbano de la provincia de Buenos Aires, conocida como causa Brigadas, brindaron su testimonio ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata Carla Fabiana Gutiérrez, Paola Leonor Alagastino, Julieta Alejandra González, Analia Velázquez y Marcela Viegas Pedro, sobrevivientes, contaron a los jueces (Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico) que estuvieron cuando eran muy jóvenes en el Pozo de Banfield, uno de los 230 centros clandestinos que funcionaron en la provincia de Buenos Aires bajo el Terrorismo de Estado.
En la jornada de hoy las cinco mujeres trans/travestis que declararon como víctimas contaron que sufrieron la privación de su libertad en lo que luego supieron fue el centro clandestino Pozo de Banfield. Que sufrieron abusos, violaciones y diversos tipos de violencia sexual y psicológica. A muchas las obligaron a trabajar y las secuelas de los tormentos que padecieron permanecen hasta hoy. En sus relatos recordaron a muchas otras con las que compartieron cautiverio. Y dejaron en claro que ellas son sobrevivientes y que su declaración es también una forma de lograr Memoria, Verdad y Justicia para todas aquellas que quedaron en el camino y murieron a edades tempranas a causa de la violencia estructural, que continuó bajo otras formas pasada la dictadura cívico militar.
Esa persecución y criminalización que siguieron sufriendo, llevó muchas veces a travestis y trans a la justicia como acusadas. Hoy, después de muchos años, al menos algunas de ellas por fin pudieron contar lo que les pasó y ser escuchadas en el escenario judicial desde otro enfoque.
La audiencia duró 5 horas y fue transmitida a través de Youtube por La Retaguardia y El Pulso Noticias, dos medios cooperativos que cubren este juicio que inició en 2020. Fue una de las sesiones que convocó mayor cantidad de público.
“En términos simbólicos la audiencia de hoy fue muy contundente porque parte de lo que venimos diciendo desde distintos lugares es que durante el Terrorismo de Estado parte de la persecución también incluyó al colectivo travesti trans”, dijo a Presentes la Auxiliar Fiscal Ana Oberlin. “Sabemos que sufrieron violencia antes y después del Terrorismo de Estado pero eso no quita que hayan sido sometidas a los mismos dispositivos, como muestran estos cinco testimonios de víctimas travestis y trans”.
Oberlin es abogada especializada en Derechos Humanos, Género y Derecho Penal, doctora en Derecho y Ciencias Sociales y familiar de desaparecidxs. Ella considera que «la contundencia de estas declaraciones está dada porque esto que ellas mismas contaron hoy, no había tenido un reflejo dentro de una de las las cuestiones mas importantes que tiene Argentina como son los juicios de lesa humanidad que se vienen llevando adelante. Esto marcó la sistematicidad de la persecución a este colectivo hacia muchas más personas que las que logramos que lleguen a juicio hoy. En términos de lesa creo que hay un antes y después. Es la primera vez que hay un grupo tan grande de víctimas que son escuchadas. Ojalá este sea un primer paso y otros tribunales hagan lugar a esos planteos. Que tenga un reflejo y quede inscripto en una sentencia como parte de lo que pasó en Terrorismo de Estado”.
Para ellos nosotras éramos monstruos
La primera en declarar fue Fabiana Gutiérrez. Lo hizo por videconferencia, desde Italia, adonde llegó huyendo de las violencias hace más de 40 años. Carla contó que era una adolescente cuando fue llevada al Pozo de Banfield.
“En una de las noches que empecé a trabajar en la calle, yo era muy chica, vivía cerca de La Tablada, tenía 14 o 15 años, empecé a trabajar en la ruta. En 1976 o1977 fui llevada en un coche particular, yo era menor, lloraba, fui detenida a la fuerza. Fue la primera vez que me detuvieron. Me sacaron del auto a las patadas, me tiraron en un lugar que no se podría decir que era una celda.
Nunca fui registrada. Había otras chicas, me decían no vayas a decir que sos menor porque es peor.
Me sacaron los zapatos, me dejaron media desnuda. Para comer teníamos que pedirles que por favor nos dieran las sobras, y teníamos que pagarles con sexo. Si querés comer tenés que hacer eso. Hacer esto era chuparle el pene. A veces te daban un mate cocido o un pedazo de pan.
Tres noches estuve ahí adentro. Creía que me llevaban por prostituta. La primera noche me encontré ahí con otras colegas, me dieron fuerzas.
Yo vivía enfrente de los cuarteles de Tablada y en la rotonda conocí a Claudia Lescano, que ya no está mas.
La auxiliar fiscal Ana Oberlin le preguntó si recordaba otros nombres.
Estaba Estrellita, La Muñeco, La Jujeña, Paola Alagastino, con quien nos conocemos hace años. Estaba la Maricela. Quedamos pocas, muchas de las chicas murieron. Fui varias veces detenida, esa fue la primera”.
En una de las veces que me pegaron con un palo en la cabeza estuvo la Meri conmigo. Ellos nos daban patadas, nos decían putos de mierda. Cuqui López, La Perica, Norma correcaminos. Todas nos poníamos apodo. Yo era Fabiana la cañito. Me acuerdo de la Judith. De la Luli. De todas no me puedo acordar porque pasaron más de 40 años.
Yo era menor, cuando desaparecí mi mamá se dirigió a los cuarteles de La Tablada para ver si podía saber algo de mí. El oficial le dijo: no le habrá pasado nada. Yo salí al tercer día la primera vez.
No quería involucrar a mi familia, tener un hijo homosexual era la vergüenza del barrio. Me fui a lo de mi madrina a Villa Madero. Estaba cansada de estar en los calabozos, para ellos éramos animales pero cuando querían sexo nos venían a buscar a nosotras. Tenían problemas psicológicos porque nos terminaban pidiendo sexo oral o anal a cambio de un pedazo de pizza. No nos podíamos negar, si te negabas te mataban a palos.
Fabiana contó que anduvo por distintos lugares del país hasta que decidió irse a Italia en 1986.
Me vine sola. Nosotras nos acostumbramos a todo. Nosotras nos rompemos por las cosas que nos pasaron y nos hicieron. Que hoy se haga Justicia por nosotras es algo que ganamos después de tantos años de saber que no están más las chicas”, dijo Fabiana con la voz quebrada.
Ustedes sabrán que trabajamos en Panamericana, nos atropellaron y muchas también fallecieron ahí. Empezar en otro país no es fácil. Yo tuve suerte después de haber sufrido tanto y encontrar gente, trabajar en un restaurante. De la Argentina tengo lo peores recuerdos de mi vida por las injusticias que sufrí. Para ellos nosotras éramos monstruos. No se puede entender cómo nos trataban. Haces sexo con una persona y a la vez la odias, no se puede entender. Creo que tenían problemas psicológicos. Yo vi cuando le doblaban los brazos a una compañera. O cuando me pegaron un palazo en la cabeza, que me dejó secuelas hasta hoy, la cabeza toda hinchada, el cráneo astillado. Un amigo me llevó al hospital Salaberry. Hasta el día de hoy sigo teniendo dolores, pierdo la memoria a veces, sigo tomando pastillas. Son cosas que pasaron y cosas que quedan dentro de nosotras. Por más que somos fuertes a veces nosotras mismas nos rompemos.
Ellos hacían lo que querían con nosotras
Paola Leonor Alagastino fue la segunda testigo, también por videconferencia desde España. Contó que tenía 17 años cuando la llevaron de Camino de Cintura, la metieron adentro del baúl de un Falcon Blanco, en el invierno de 1977, y la llevaron a la Brigada de Bánfield, donde funcionó este centro clandestino.
“Cuando me bajaron, pensé que me iban a matar. Gracias a Dios no sucedió eso. Pero fui maltratada, violada, me pegaron con palos. Algunos estaban ahí de civil y algunos llevaban esas ropas no de policía, sino una ropa gris con botas negras. Teníamos miedo, nos trataban mal, nos insultaban, nos decían de todo. Querían sexo y si no había sexo, eran palos.
Nos daban el borde de la pizza. Nos decían puto, maricón, ustedes tienen que morirse, los vamos a matar, los vamos a tirar por ahí y quién los va a buscar.
Escuchábamos la picana a las chicas y chicos en otro piso arriba. Era un infierno todo eso. A Fabiana la agarraron y le pegaron con palos en la cabeza. No les importaba nada de nosotras, peor que un animal nos trataban.
Nos dábamos cuenta cuando llegaban al lugar los militares por esas botas que hacían ruido. Pum, pum. Gritaban y le daban picana. Nosotras pensábamos que nos tocaba. Hubo palo, violaciones, hambre, frío, insultos. Horrible lo que pasamos. Además de Fabiana recuerdo a Yenny, Mónica, Estrellita. Pero ellas no están mas con nosotras. Fallecieron todas. Estaba Maricela, está viva. Somos pocas. Perica. Cuqui. Marcela que falleció hace 2 o 3 años. Carla. Una vez me hicieron pasar a la oficina del comisario. Me mostraron una foto y me preguntaron: ¿La conocés a ella?
Cuando le preguntaron cómo sabía que a las secuestradas le aplicaban picana, contó que se daba cuenta por las lámparas y luces, que subían y bajaban, y por los gritos.
Estábamos en un lugar como si fuese que no existíamos.
Querían sexo y si la persona no quería, venían palos y más palos. No era sexo, eran violaciones. Ellos hacían lo que querían con nosotras. A estos putos hay que matarlos, decían.
Después me quedó miedo hasta de salir a hacer las compras.
Cuando llegué a España fui la personas mas feliz del mundo porque sabia que no iba a sufrir más.
Continuamente se sentía la muerte
Analía Velázquez, tercera testiga, declaró de modo presencial, sentada ante una mesa desde donde colgaba una bandera del Archivo de la Memoria Trans, que permaneció durante las declaraciones de las dos víctimas siguientes. El Archivo de la Memoria Trans colabora con esta investigación aportando datos de personas trans y travestis sobrevivientes que fueron víctimas del Terrorismo de Estado.
“Yo tenía 22 o 23 años. Fui secuestrada de la casa de mi familia y llevada al Pozo de Banfield, donde estuve en varias oportunidades. Por lo general siempre nos llevaban de madrugada.
He pasado todo tipo de torturas, también psicológicas. Me han violado. He escuchado cosa muy horribles por las noches. Ellos decían “máquina”, se sabía que eso era picana, y advertían que en cualquier momento me podía pasar. En una oportunidad me hicieron desnudar, llegué a conocer una cama elástica, toda de metal. Decían que ya me iba a tocar.
Cuando querían nos sacaban de la celda y nos hacían hacer strip tease, querían que bailáramos para ellos, a veces estaban alcoholizados. Recuerdo estar con una compañera y nos sacaban fotos y nos preguntaban cuál de las dos era más linda. Me he negado. Estaba muy nerviosa, siempre fui de temperamento nervioso. Y creo que el cuadro de ella estaba puesto en una de las oficinas del comisario. Esa chica se llamaba Claudia Lescano, creo que ya no esta.
Entre 1976 y 1978 estuve 6 o 7 veces en ese lugar. Recuerdo a Paola Leonor, Fabiana. Perica. Claudia Maderna. Judith.
No solo éramos travestis ni trans sino que había otras mujeres que hacían lo mismo que nosotras. En ese lugar sufrimos tortura, hambre, frio. Dormíamos sobre papel de diario. No nos daban de comer. Si bien a mi me atendía mi familia, no comía porque soy muy delicada. Estaba siempre como….enojada.
Mi familia me ponía un abogado para saber cual era mi destino y ese abogado me encontraba. Mi madre y mi hermana hacían hábeas corpus.
De día estaban policías y de noche militares. Me sacaban de madrugada y me bañaba con agua fría.
Continuamente se sentía la muerte, se oían los gritos de las personas a las que les daban picana. Hombres, mujeres, señoras y chicos que lloraban. Mamá no me abandones, gritaban.
Todo eso pasaba en el Pozo de Bánfield. Era un lugar como una pocilga.
Mi nombre de pila era Maricela. Tuve que hacer juicio para ser reconocida como mujer y como argentina. He salido en diarios, en revistas, en el noticieron, en televisión. Existía una revista que se llamaba Asi. . Mi familia estaba muy asustada porque se decía que yo era una delincuente, no lo era. El barrio estaba convulsionado. Ellos te inventaban causas, hacían lo que se les ocurría con nosotras.
Nos soltaban de madrugada. Me llevaban a una estación de trenes, yo iba pidiendo plata para poder llegar a mi casa. Nunca sabía dónde estaba, por donde salía.
A veces estaba 15 días, o 30, 60 y a veces hasta 90 días nos tenían tiradas en esos lugares.
Analía contó al Tribunal que en un momento tuvo que teñirse el pelo de negro y salir del país por Misiones para cruzar a Foz do Iguazú en Brasil. De ahí se fue a San Pablo, anduvo por Río de Janiero. Después volvió a la Argentina y cayó presa. Y se fue a Europa.
¿Cómo me siento después de todo esto que vivi? Con muchos miedos, con muchos temores que no se van. A veces no duermo, tengo pesadillas. He vivido en lugares muy oscuros. Tengo eso. Soy muy nerviosa.
La abogada de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, Coleen Torres, le preguntó si sabía la edad de los niños que mencionó en su testimonio, cuyos gritos escuchaba,
-Tendrían 6 o 7 años.
Ahora vas a saber lo que es bueno
A Marcela Viegas Pedro, como cualquier persona que va a declarar después de haber sufrido años de violencias, le temblaba la voz. Contó que cuando estaba por cumplir 15 años fue secuestrada en Camino de Cintura, provincia de Buenos Aires, adonde llegó escapando de Rosario (Santa Fe). Leer más…
Comentarios desactivados en Cinco personas LGBTIQ+ bajo amenaza tras discurso racista y de odio de alcalde en Honduras
Amenazas, persecución y campañas de desprestigio tras las declaraciones del alcalde de San Pedro Sula.
SAN PEDRO SULA, Honduras. En medio de cordones policiales, unas cincuenta personas de los colectivos LGBTIQ+ y afrodescendientes realizaron un plantón el viernes 14 de abril frente a la alcaldía de San Pedro Sula, en el norte de Honduras. Su objetivo era denunciar la actitud racista y discriminatoria de Roberto Contreras, alcalde de esta ciudad considerada la más industrializada y rica del país. La indignación de los colectivos se debe a que el 12 de abril, en el parque central, Contreras dio un discurso de odio contra la diversidad sexual y la población afrodescendiente.
“Prefiero cien mil veces portar esta bandera garífuna que una bandera de la diversidad sexual. Me siento bien entre mis negros bellos de Power Chicken”, dijo ese día Contreras. El alcalde llegó al poder tras ser candidato del Partido Libertad y Refundación (Libre). Además de funcionario, Contreras es propietario de la próspera cadena de restaurantes Power Chicken, donde emplea a personas afro.
📌El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, expresó un discurso de odio, discriminativo, racista y patriarcal contra la población LGTBIQ+ y afrohondureña durante la conmemoración de los 226 años de presencia garífuna en el país, denuncian organizaciones.
Debido a la gravedad de la situación, Javier Carrington, director de la Asociación Iguales, se presentó el 13 de abril en las oficinas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para poner la denuncia contra Contreras por su “discurso de odio y discriminación”.
Parte del equipo del Colectivo Unidad Color Rosa durante el plantón en el parque central de San Pedro Sula.
Entre la intimidación y los cordones policiales
Bajo el calor ardiente típico de esta época, el grupo de manifestantes ondeó banderas LGBTIQ+ y del orgullo garífuna en la parte baja de las astas que se encuentran en medio del Parque Central, frente a la alcaldía. Lo hicieron así porque la policía les impidió colocarlas en la parte superior.
Los colectivos se instalaron hombro con hombro frente al edificio de la municipalidad, portando la bandera del arcoíris, la trans, la bisexual, la lésbica y la incluyente. Habían acudido al lugar con el objetivo de reclamar por lo que consideran un atentado cometido por el alcalde contra las poblaciones más violentadas del país.
A pesar de que el plantón fue en todo momento pacífico, la policía desplegó un cordón de al menos 20 agentes policiales. Se dispersaron por la zona y se apostaron frente a las puertas del edificio para tapar la entrada. Su actitud fue considerada intimidante por el Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula, encabezado por su presidente Osman Lara.
Policías municipales y nacionales acordonan la alcaldía para evitar el plantón.
“Estas son órdenes de Roberto Contreras donde no permite una manifestación pacífica y jamás permitirá izar una bandera LGBTI+. Lo hemos pedido con permiso y nos lo ha negado”, expresó Lara. Además, enfatizó que en otras manifestaciones no había tantos agentes resguardando el lugar.
Esta veloz acción policial motivó las críticas del Comité. Sus integrantes la calificaron como una medida intimidatoria con el propósito de impedirles llevar a cabo el plantón pacífico.
El diputado @grajedavictor90, denunció que después del discurso de #RobertoContreras, ha recibido amenazas a muerte a través de sus redes sociales, además señaló, “Señor alcalde, no sea irresponsable y piense dos veces antes de referirse no solamente a la Comunidad LGBTIQ+, sino… pic.twitter.com/hEGdLps6lm
“No gozamos de un Estado laico. Lo hemos venido acarreando desde años. Siempre la Iglesia ha estado incluida en las decisiones del pueblo”, dijo en esa ocasión el presidente del Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula, Osman Lara.
La mala experiencia entre el alcalde y las poblaciones diversas se repitió el viernes 14. Los policías impidieron nuevamente que los colectivos izaran la bandera del orgullo diverso. Alexa Solórzano, gobernadora del departamento de Cortés, donde está situada San Pedro Sula, asistió al plantón.
Osman Lara, presidente del Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula
“No fuimos electos para generar odio. Los pueblos originarios y la comunidad garífuna son diversos también y por eso se deben respetar sus derechos. Aunque él (Roberto Contreras) no comparta, tiene que respetar. Sus mensajes no pueden motivar el odio y también la diversidad lo tiene en el puesto de poder. El pensamiento del señor alcalde no es el mismo de la presidenta”.
Contreras pertenece a Libre, el mismo partido de la actual mandataria de Honduras, Xiomara Castro. Por otra parte, la secretaria de Derechos Humanos Nathalie Roque escribió en sus redes respecto al discurso del alcalde que la libertad de opinión “tiene límites”.
“La libertad de expresión y opinión tiene límites y el discurso discriminatorio está penado en Honduras. El hecho se agrava cuando el acto es cometido por un funcionario en el ejercicio de sus funciones. La opinión consultiva 24/17 de la Corte IDH expresa que la violación del derecho a la igualdad de las personas LGBTI se produce a consecuencia del discurso discriminatorio, el cual ocasiona homofobia, lesbofobia y transfobia”.
1/2 Libertad de Expresión y Opinión tienen límites y el discurso discriminatorio está penado en Honduras: se prohíbe incitar a la discriminación contra grupos vulnerables, el hecho se agrava cuando el acto es cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones
Después del plantón frente al edificio de la municipalidad, los colectivos se dirigieron a la zona donde se encuentran las astas para las banderas en el parque central de San Pedro Sula.
Su objetivo era izar las banderas del arcoíris, trans, bisexual y de la inclusiva. Sin embargo, de nuevo los policías municipales reaccionaron con una velocidad inaudita e impidieron que los colectivos elevaran sus símbolos para hacerlos flamear en el cielo de la ciudad.
Es la segunda vez que las autoridades impiden con violencia que las poblaciones diversas utilicen los lugares públicos para mostrar sus banderas. La acción policial del viernes 14 de abril repite lo sucedido hace cerca de un año, cuando el alcalde Roberto Contreras también impidió que los grupos diversos las hicieran ondear.
Víctor Grajeda razona con policías durante el plantón del 14 de abril en el parque central de San Pedro Sula.
Tras la petición del diputado estalló un enfrentamiento de un minuto entre policías y miembros de los colectivos.
Los agentes seguían empecinados en impedir que la población usara el espacio público.
Al final, tras una nueva discusión, la policía permitió que los colectivos elevaran las banderas hasta la parte más baja de las astas situadas en el corazón del parque central.
Después de elevar las banderas hasta la cuarta parte de las astas, las personas LGTBIQ+ pronunciaron discursos contra la actitud del alcalde Contreras.
Además, denunciaron que varias personas de la diversidad sexual han recibido amenazas y sufrido violencia tras las palabras del funcionario municipal.
Gabriela Rendondo, directora del Colectivo Unidad Color Rosa.
“Cualquier muerte, crimen o violencia contra las personas LGBTIQ+, hacemos público que responsabilizaremos a Roberto Contreras por emitir esos discursos de odio”. Además, Vienna Ávila, directora de la Asociación Feminista Trans (AFET), señaló que varias mujeres trans habían sufrido amenazas por estos discursos.
Vienna Ávila (centro), de la Asociación Feminista Trans.
Reportar sin Miedo documentó al menos 100 cuentas en Twitter, Instagram y Facebook creadas por bots o manejadas por perfiles falsos. Todas buscaban incidir en la opinión a favor del alcalde Roberto Contreras. Muchas de estas cuentas apenas tienen seguidores, tienen fotos falsas o hechas con inteligencia artificial y son de reciente creación.
Javier Carrington solicitó a Josué Cover, director de comunicaciones del alcalde Roberto Contreras, que deje de ser “partícipe de estas humillaciones y violaciones de derechos humanos porque él siempre que estamos en un lugar público asesora al alcalde para que nos invisibilice”.
Javier Carrington, de la Asociación Iguales
Cuatro casos de persecución
Reportar sin Miedo documentó al menos cuatro casos de personas que tras participar en el plantón sufrieron persecución física, acoso, intimidación y amenazas directas contra sus vidas por grupos que se hacen llamar “organizaciones más grandes de Honduras”.
Al mismo tiempo, Reportar sin Miedo ha sufrido una campaña digital contra integrantes de su equipo de trabajo. También, varios hackers han intentado ingresar a nuestras cuentas en redes sociales por medio de links engañosos y otras tácticas que atentan contra la libertad de expresión y prensa.
Los seguidores de Roberto Contreras justifican el discurso de odio y racismo de su alcalde basándose en la libertad de expresión.
Voces diversas
Para Jensy Ávila, militante del Movimiento Diversidad en Resistencia (MDR), el discurso de Roberto Contreras es una herramienta para vulnerar a las otras minorías. Por estas formas las mujeres seguimos siendo instrumentalizadas “seguiremos peleando nuestros derechos”.
Gabriela Rendondo, directora del Colectivo Unidad Color Rosa, aprovechó la oportunidad para recordarle al Estado de Honduras que cumpla con la sentencia de Vicky Hernández. “No vamos a permitir discursos de odio contra nuestras poblaciones, seguiremos luchando por una ley de identidad de género”.
También los colectivos de LGBTIQ+ de Ofraneh condenaron el discurso de Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula.
“Solicitamos a todas las entidades de derechos humanos nacionales e internacionales y a la presidenta Xiomara Castro que le exijan (a Roberto Contreras) una disculpa pública y que se le aplique el marco normativo vigente de protección para las personas LGBTI contenido en el actual código penal, Articulo 321, en el cual se tipifica el delito de discriminación”.
Colectivos LGBTIQ+ de @ofraneh condenan discurso racista y de odio de Roberto Contreras alcalde De San Pedro Sula:
“Solicitamos todas las entidades de DDHH nacionales e internacionales y a la presidenta @XiomaraCastroZ que le exijan (Roberto Contreras) una disculpa publica y… pic.twitter.com/OPnbDRdRCf
Por otra parte, German Aguirre, joven afrodescendiente LGBTIQ+, expresó que el discurso de Contreras lo ofendió y vulneró. “La cultura garífuna no sólo se necesita para la política ni para difundir discursos de odio. Actualmente, la comunidad LGBTIQ+ garífuna es invisibilizada por las autoridades políticas del país”.
El joven afrodescendiente LGBTIQ+ German Aguirre.
Exigen no normalizar el odio
Para el académico, asesor internacional de Ofraneh y defensor de derechos de las personas garífunas, Rony Castillo, las palabras de Roberto Contreras son “racistas” y manifiestan odio a las poblaciones LGBTIQ+. “Es peligroso normalizar los discursos de odio racistas porque pervierten el acto mismo del pensar”, escribió en Twitter.
Castillo tiene un doctorado en Ciencias Administrativas en Honduras y otro por la Universidad de Texas, Estados Unidos, en educación, sociolingüística e indigenidad y negritud.
Mientras tanto, O’Bryan Robinson, del Negritudes Trans de Honduras, dijo que en el Estado de Honduras hay prácticas racistas institucionales. Las palabras de Contreras, señaló Obrayan, son un ejemplo claro de lo que los funcionarios hacen en público y en privado.
Para él, el discurso del alcalde de San Pedro Sula no solo va contra las poblaciones de la disidencia sexual. También va contra las poblaciones afrohondureñas. “Sus palabras, ‘me siento bien entre mis negros bellos de Power Chicken’, se pueden interpretar como que las personas que trabajan en la organización que él preside son de ‘su propiedad’. Las coloca en un estado de subordinación”, explicó O’Bryan.
Las frases del alcalde Contreras, según el activista, recuerdan el pasado esclavista de millones de afrodescendientes, cuyos antepasados vinieron a América como esclavos desde África. “Su segunda palabra es ‘bellos’, lo que interpretaría como que las negritudes siguen siendo un objeto de exotización”, señaló O’Bryan.
Además, “es claro cómo el racismo se manifiesta en las autoridades de nuestro país”, indicó. Contreras “expresó lo que a diario les sucede a las personas negras en Honduras. No puedo decir que me sorprende porque sabemos que muchas de nuestras autoridades son racistas y LGBTIQ+ odiantes”.
En entrevista para Reportar sin Miedo, Josué Cover lamentó las declaraciones de Carrington. Enfatizó que Roberto Contreras es el único relacionista público de la Municipalidad de San Pedro Sula.
Cuando se le preguntó si el presupuesto de la alcaldía es usado para pagar campañas digitales en contra de sus adversarios, lo negó rotundamente. “Tenemos un presupuesto de nueve millones al año y está distribuido en pago de planillas, campañas sociales y publicaciones como licitaciones y plan de arbitrios”.
Javier Carrington frente a la alcaldía de San Pedro Sula junto a integrantes de la Asociación LGBTIQ+ Iguales.
“Contreras utilizó la bandera de una población violentada para violentar a otra”
Para la defensora de derechos humanos Massay Crisanto, el alcalde Contreras está ejerciendo un discurso de odio porque usa la bandera del pueblo garífuna que enfrenta violaciones de sus derechos humanos.
Crisanto afirma que las y los garífunas sufren violencia desde el momento en que son personas negras en un Estado que a nivel estructural y sistemático es racista. “Roberto Contreras utilizó la bandera de una población históricamente violentada para violentar a otra, sabiendo que dentro de la comunidad garífuna hay personas LGBTIQ+”, dijo Crisanto.
La activista enfatizó que Contreras ejerce violencia desde su posición como funcionario, desde el hecho de que, siendo persona blanca, profesional y funcionario, diga “mis negros en mis restaurantes” porque desde ahí está ejerciendo un discurso violento y racista.
Otra causal mencionada por la activista es que en el discurso del alcalde sampedrano está el adultocentrismo como un hombre que ejerce una política conservadora desfasada. También hay una necesidad de ver cómo la población está votando por este tipo de personas y bajo qué criterio.
“No debemos olvidar que dentro de la comunidad garífuna hay colectivos y organizaciones que trabajan por los derechos LGBTQI+”, finalizó Crisanto.
Comentarios desactivados en Conmoción por asesinato de la activista trans Melissa Núñez en Honduras
Melissa Núñez,
Es el homicidio número 34 de una persona LGBTI+ durante 2022. Piden que se respeto su identidad de género.
TEGUCIGALPA, Honduras. De varios balazos fue asesinada la noche del 18 de octubre, la activista trans Melissa Núñez, de 42 años de edad, en Morocelí, El Paraíso.
Murió después de que sujetos encapuchados la atacaran a tiros en la colonia Tomás Moncada de ese municipio en el oriente del país.
“Fue una persona llena de vida”
Melissa había llegado hace unos meses de Miami, Estados Unidos, donde vivía y desarrollaba un fuerte activismo en pro de los derechos de las disidencias sexuales sobre todo en las redes sociales. Tenía más de 20 mil seguidores en Tik Tok.
La Policía Nacional de Honduras informó que al principio los familiares de Melissa impidieron que el cadáver fuera trasladado por el Ministerio Público a Medicina Forense para realizarle la autopsia.
Sin embargo, la tarde del miércoles, las autoridades lograron movilizar el cuerpo a Tegucigalpa para hacer los exámenes correspondientes y comprobar cuáles fueron las causas de su muerte. Según la coordinadora de Cattrachas, Indyra Mendoza, se conoce preliminarmente que Melissa murió de dos balazos en la cabeza.
“Fue una persona tan llena de vida y energía que nada se le complicaba. Vuela alto, Melissa, una mujer con mucho talento. Desgraciadamente existe gente malvada”, dijo su amiga Catrina en una publicación de Facebook.
Hasta el momento se desconocen las razones y los responsables de la muerte violenta de Melissa. Ese crimen se suma a lxs 434 miembrxs de la población LGBTI+ asesinadxs y una desaparecida desde 2009 en Honduras, de lxs cuales 131 eran personas trans, según el Observatorio de Muertes Violentas de Cattrachas.
Solo este año han fallecido de forma violenta 34 personas. “Este 2022 ha sido un año que superó al 2021 y 2017. Primero fue el asesinato de Thalía y ahora el crimen de Melissa”, dijo la coordinadora de Cattrachas, Indyra Mendoza.
“Los noticieros no respetan” la memoria de Melissa, escribió Cattrachas en su Instagram. “Pedimos justicia y respeto para Melissa, pedimos que el Gobierno se responsabilice por los asesinatos que aumentan”, agregó la red lésbica.
Medios que replican odio y trans que migran
Los medios de comunicación se convierten en agentes de desinformación al replicar noticias falsas sobre las poblaciones de las disidencias sexuales en Honduras. Así lo afirmaron en entrevista para Reportar sin Miedo las defensoras de derechos humanos y de las personas trans en Honduras, Rihanna Ferrera y Allison Hernández.
“Aparecieron informaciones en varios medios donde usaban información desfasada para rellenar los espacios informativos”, denunció la directora de Cozumel Trans en Tegucigalpa, Rihanna Ferrera.
Según Ferrera, muchos sitios de comunicación nunca la llamaron para entrevistarla y utilizaron declaraciones suyas de otros casos para rellenar sus espacios.
“Estamos en un país donde no hay oportunidades, los gobiernos no nos quieren. Nos siguen dando atol con el dedo y nos están dando una ley para que se nos reconozca el nombre y mucho menos respetando la sentencia de Vicky Hernández”.
“Melissa era una trans querida y reconocida en su comunidad. El club hípico de su ciudad publicó un pésame con su nombre asumido y los medios de comunicación siguen violentando a las personas trans vivas y muertas”, dijo Indyra Mendoza.
“Reconocemos ante la comunidad internacional, el pueblo y familiares de Vicky Hernández, la responsabilidad del Estado en los hechos que llevaron a su muerte en el 2009, al encontrar que la violencia ejercida fue en razón de su expresión de género”.
Presidenta @XiomaraCastroZpic.twitter.com/Kg3RyC1LXb
Una de las demandas de la sentencia es que entre en vigor la reforma de la ley y reglamento del Registro Nacional de las Personas para cambiar el nombre de las personas trans y erradicar de ese modo la transfobia en el país.
— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) June 28, 2021
No se han tomado acciones al respecto.
Aunque el nuevo gobierno aparentemente apoya a la población LGBTIQ+, los medios de comunicación masiva perturban y violentan la vida de las personas trans.
Allyson Hernández, de Asociación Feminista Trans (AFET) de San Pedro Sula, señaló que las mujeres trans se ven orilladas al desplazamiento porque las violencias que sufren en Honduras son muy altas.
“Las compañeras sufren extorsión de diferentes grupos. No les queda más que huir. Muchas tienen que retornar de forma forzada para seguir sufriendo más violencias porque el Estado hondureño no ofrece derechos para nuestra población”, enfatizó.
Como si no fueran suficientes las violencias con las que viven las mujeres y las disidencias sexuales en Honduras, los medios de comunicación masivos utilizaron el nombre muerto de Melissa para seguir generando odio.
Para la especialista en género Vanessa Siliezar, las plataformas tienen la responsabilidad porque continúan contando narrativas que llaman al prejuicio y la exclusión.
Melissa en la memoria
Las redes sociales se llenaron desde hoy de mensajes para recordar el legado de Melissa Núñez como activista dedicada a defender los derechos de las poblaciones LGBT+.
Otros mensajes critican la desidia del gobierno en la protección de las poblaciones trans.
“Fuiste víctima de un sistema transfóbico e intolerante como de la maldad más cobarde de algunos seres humanos”, escribió su amiga Daniela Simba.
Por otra parte, otro amigo identificado como Robert Gudiel dio su pésame a la familia de Melissa Núñez. “La recordaré con mucho cariño”, comentó en sus redes. “Siempre estuvimos cerca y compartimos muchos momentos recordables”.
La nota de Reportar sin miedo se hizo también con colaboración de Amelian Zerón y Dennis Arita .
Comentarios desactivados en Denuncian la detención ilegal de una mujer trans en Honduras
La mujer fue torturada física y psicológicamente. Los policías también amenazaron a militantes de derechos humanos.
SAN PEDRO SULA, Honduras. Una mujer trans fue encerrada ilegalmente y torturada psicológicamente durante 10 horas por varios policías en la posta de Armenta, en San Pedro Sula, norte de Honduras. Los oficiales también amenazaron a defensorxs de derechos humanos LGBTI+.
«Ya tengo sus nombres», amenazó un policía de apellido Herrera, según el testimonio de los defensores de derechos humanos Osman Lara y Javier Carrington para Presentes. Los también miembros del Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula llegaron a la posta a pedir la liberación de la mujer trans arrestada en el barrio Guamilito, centro de San Pedro Sula, el viernes pasado cuando ejercía el trabajo sexual.
Esa noche, los agentes le exigieron a la trans que le diera dinero a cambio de no arrestarla. Como ella se negó, los policías la llevaron detenida a la posta de Armenta, en el noroeste de San Pedro Sula. La posta queda en una zona remota y solitaria al final de una carretera oscura.
Vulneración de derechos
En el camino a la posta, la mujer trans arrestada sufrió violencia por parte de integrantes de la Policía Nacional de Honduras. Le negaron sus derechos básicos, la detuvieron de manera arbitraria y la encerraron en una bartolina sin derecho a comunicarse con sus defensores ni compañeras. Así lo detalla en su denuncia el Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula.
Inmediatamente después de recibir la denuncia de arresto injustificado, Javier Carrington, Osman Lara, otrxs integrantes del Comité y la gobernadora Alexa Solórzano del departamento de Cortés, -donde se encuentra el municipio y ciudad de San Pedro Sula-, llegaron a la posta de Armenta a exigir que liberaran a la trans arrestada.
Lxs defensores permanecieron 10 horas fuera de la posta, ya que los agentes cerraron el local «porque este lugar es inseguro», argumentaron. Lara les reclamó porque dejaron afuera a los miembros del Comité, a pesar de que el lugar es peligroso.
Bajo amenaza policial
«Ya tengo sus nombres», les dijo un oficial de apellido Herrera en la posta de Armenta a los integrantes del Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula, Osman Lara y Javier Carrington. “Esta es la parte que más me gusta”, agregó el oficial Herrera cuando, después de 10 horas de arresto, la joven salió de la bortolina.
Herrera también les a lxs defensorxs que había visto el video que filmaron en esas horas y que publicó Reportar sin Miedo. «¿Eso es una amenaza?, le pregunté», relató Osman Lara en entrevista para Presentes. «Tómelo como quiera», les contestó el oficial, «anden con cuidado», les digo, según agrega Lara en su narración de los hechos acaecidos la noche del viernes 26.
Procedimiento arbitrario
A pesar de la evidente amenaza del policía, Lara, Carrington y los demás integrantes del Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula hicieron vigilia en la posta de Armenta, en el noroeste de San Pedro Sula.
Además del Comité, a la posta de Armenta llegaron varias mujeres trans, pero los policías no les permitieron comunicarse con la detenida.
Los agentes alegaron que habían arrestado a la mujer trans en el barrio Guamilito, centro de San Pedro Sula, porque estaba “cometiendo actos inmorales en la vía pública”.
«La compañera fue encerrada de manera arbitraria en la bartolina para hombres porque se rehusó a pagar la extorsión que la Policía Nacional le estaba haciendo, mencionando que es prohibido el trabajo sexual», afirmó Osman Lara.
Durante toda la noche del viernes, los agentes no dieron información sobre la detenida. «No nos daban respuesta sobre ella», relató Lara.
La violencia no para
El arresto injustificado del viernes 26 se suma a una ya larga lista de maltratos y asesinatos contra la población diversa en Honduras.
En 2022 han sido asesinadas en el país 29 personas LGBTI+, según el Observatorio de Muertes Violentas de la Red Lésbica Cattrachas.
Desde el 2009 hasta hoy se reportan 432 casos, pero solo 97 crímenes han sido judicializados y apenas 39 casos registrados con sentencias condenatorias.
El 9 de mayo de 2022, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, pidió perdón en nombre del Estado por el crimen contra la activista trans Vicky Hernández, asesinada durante el golpe de Estado de 2009. Sin embargo, hasta hoy, las principales medidas de reparación que dicta la sentencia condenatoria todavía no se han cumplido, incluyendo el cambio de nombre de las personas trans en el documento nacional de identidad.
“El desplazamiento forzado interno y su efecto en las poblaciones y comunidades LGBTIQ+ debe continuar identificándose, documentándose y reconociéndose desde la voluntad política para responder ante esta realidad de la que poco se habla. Desde México también exigimos el cese a las detenciones arbitrarias, extorsión y persecución a mujeres Trans en Honduras la Secretaria de Seguridad debe estar a la altura en el marco de DDHH” dijo Raul Carporal de Casa Frida en Twitter:
Comentarios desactivados en Las juventudes LGBT renovaron la marcha del orgullo de Honduras
Unas mil personas de toda Honduras participaron en la multitudinaria marcha del orgullo. Fue un desfile lleno de color y música.
SAN PEDRO SULA, Honduras. “Este maricón seguirá en las calles”, dijo con su altavoz el miembro de la Asociación LGBTIQ+ Iguales, Javier Carrington, después de que algunos conductores intentaran tirarles sus carros encima en varias ocasiones a quienes asistieron este sábado 30 de julio a la marcha del orgullo 2022, que recorrió las principales vías del centro de San Pedro Sula.
No solo Javier detenía los carros. También la líder de la Asociación Feminista Trans (AFET), Allyson Hernández, y el presidente del Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula,Osman Lara, estaban allí para proteger a sus compañerxs que estaban desfilando. Venían de Tegucigalpa, La Ceiba, San Manuel, Puerto Cortés, Tela, Nacaome, Choloma, Villanueva, Siguatepeque, Santa Cruz, Santa Bárbara, entre otras ciudades.
“Hubo insultos y nos querían tirar los carros. Nos defendimos con uñas y dientes. Fue una manifestación pacífica y valió la pena porque ya no queremos ser invisibilizadas”, dijo Hernández.
La marcha se enfrentó no sólo a las agresiones de los automovilistas, sino también a un intento de boicot, ya que varias organizaciones de San Pedro Sula y Tegucigalpa decidieron a última hora no asistir al evento. A pesar de todo, la cantidad de asistentes fue enorme, en su mayoría jóvenes, según lo constató el equipo periodístico de Reportar sin Miedo.
“Esta marcha presenta un nuevo relevo generacional”, dijo Osman Lara. “Estamos dando la apertura para que estas nuevas juventudes, identidades y corporalidades estén siendo incluidas. Estamos ofreciendo mayor visibilidad en un contexto como el de Honduras, donde las personas LGBTI+ existimos y resistimos”.
“Todos tenemos derecho a ser diferentes”
El evento demostró el fortalecimiento de las alianzas con diferentes organizaciones que resistieron a las presiones internas de otros colectivos. Además, mostró el apoyo de la gobernadora de Cortés, Alexa Solórzano, el diputado de Libre, Víctor Grajeda, y el vicealcalde de San Pedro Sula, Omar Menjívar.
“Todos tenemos derecho a ser diferentes”. Esas fueron las palabras de Menjívar mientras participaba en la marcha del orgullo LGBTIQ+. El evento se desarrollaba en la ciudad del alcalde Roberto Contreras, quien ha enviado mensajes de odio contra las poblaciones diversas como no asistir a las actividades, aunque sí abrió el espacio de la municipalidad de San Pedro Sula para publicitar bodas masivas de grupos religiosos.
Menjívar se desliga de los discursos del edil y se muestra más inclusivo. “Es importante una manifestación como esta porque se visibiliza una población que existe, resiste y tiene derechos”, afirmó.
La gobernadora del departamento de Cortés y el diputado de Libre fueron nombrados los mariscales de la marcha. “Seguiremos apoyando todas las iniciativas que ayuden a la inclusión y la diversidad”, manifestó Alexa Solórzano.
Por su parte, el primer diputado abiertamente gay en el Congreso Nacional de Honduras, Víctor Grajeda, enfatizó la importancia de participar en este tipo de espacios. “Aunque se hizo la invitación a varios políticos, no todos están aquí, pero sabemos que el próximo año habrá más oportunidades”.
Foros por la igualdad
Usaid junto con sus programas Unidos por la Justicia y Gobernabilidad Local patrocinaron y apoyaron de forma directa la marcha. También estuvieron presentes otras organizaciones, como Pasmo, la Iglesia Episcopal, Médicos sin Fronteras, Asonapvsidah, Brigadas Internacionales de Paz, Policía Nacional e integrantes de la Policía Municipal de San Pedro Sula. La embajada de Taiwán en Honduras apoyó el espacio.
En la semana del orgullo, Usaid patrocinó dos foros, el primero sobre inclusión y no discriminación con los gobiernos locales y el segundo sobre migración LGBTIQ+. De allí participaron las organizaciones de San Pedro Sula, Tegucigalpa, Tela, La Ceiba, Choloma, Puerto Cortés y otras ciudades.
Entre las palillonas que alegraron el desfile con sus habilidades y ritmo se hallaban niñas como la sobrina de la líder de la organización Muñecas de Arcoiris, JLo Córdova. “Lo que queremos en nuestro país es vivir nuestra comunidad LGBTI+ con orgullo», exigió Córdova. «Sin desprecio ni discriminación, sin maldad ni prejuicio hacia nosotras”.
Al desfile llegaron en masa jóvenes hondureñxs, así como niñxs acompañadxs por sus madres, padres y familiares. Un ejemplo de esto fue Max, que llegó junto a su hija, su sobrina y su familia para enviar mensajes hacia las familias diversas. Ella dice que es difícil ser una mujer diversa en un contexto como Honduras. Pero marchar para encontrar la igualdad vale la pena, por eso lo hace en familia.
La juventud fue la que en su mayoría llenó las calles de color y música. A pesar de los discursos y acciones de rechazo de algunos conductores sampedranos que se molestaron por la manifestación pacífica de las poblaciones de las disidencias sexuales.
Blanca Osorio marchó junto con su hijo Gago apoyándolo y reclamando sus derechos. “Como madre lo apoyo incondicionalmente. Muy triste al principio porque uno no lo acepta. Pero viendo las cosas y tratando con ellos nos hace ver que cada quien tiene que respetar sus decisiones”.
2022, el año de la juventud LGBTIQ+
Casi mil personas, en especial jóvenes, llenaron las principales calles de San Pedro Sula para ser parte de la marcha del orgullo LGBTIQ+. El desfile recorrió las céntricas tercera avenida y primera calle hasta finalizar en la Plaza de las Banderas, junto al estadio Morazán.
Este año, a la marcha llegaron en su mayoría representantes de la juventud LGTIQ+ de todo el país para aportar colorido y ritmo al evento.
Además de lxs integrantes de organizaciones como Coven, Iguales, Cepres, Afet, Cefi, Pueblo y Barrio, asociación Luna, Aprest, Humac, Oprouce, Muñecas de Arcoiris, Litos, Arcoiris, Horus, Red LGBTIQ de Chamelecón, Frida trans y Red LGBTIQ de Choloma, entre otras, en el desfile participaron los miembros de la banda marcial Independiente Tecno Sampedrano. Ellos pusieron música hondureña, folklórica, tradicional y punta en el desfile con sus liras y tambores.
En representación de los chicos trans, estuvieron Andy Tosta y Alex Bustillo. Expresaron que estos espacios son importantes para visibilizar la violencia que sufren los hombres trans en Honduras. “Acabemos con el genocidio trans”, gritaron en las calles sampedranas.
También la juventud diversa afrodescendiente y garífuna se destacó por sus mensajes de inclusión. El líder garífuna hondureño Darwin Pérez llevaba una camisa inclusiva que decía “todos somos humanos”. “Mi mensaje es lograr inclusión de verdad y que las personas LGBTIQ+ afrodescendientes tengamos espacios verdaderos”, enfatizó.
La colectiva Pueblo y Barrio sobresalió por sus mensajes antipatriarcales, anticolonialistas y antiheterocisnormales al pedir una representación inclusiva de las disidencias sexuales. Allí también se encontraban también las personas asexuales, no binarias y queer. Su mensaje fue claro: “Los pueblos somos diversidad”.
El relevo generacional
La directora de Litos, Esdras Sosa, llegó desde Tegucigalpa y fue una de cientos de personas que apoyaron la marcha del orgullo en el centro sampedrano. El evento recorrió las dos principales vías hasta llegar a la Plaza de las Banderas, situada junto al estadio Morazán, al oeste de la ciudad. Poco antes de llegar a la Plaza, las organizaciones hicieron estallar fuegos artificiales que llenaron de chispas de colores el cielo de la ciudad.
“Hay nuevos liderazgos y nuevas etapas para seguir en la lucha”, dijo Sosa. Ella con su colectiva viajó desde Tegucigalpa exigiendo igualdad para las mujeres diversas, ya que enfrentan tres veces más la discriminación en el país. Primero por ser mujeres, segundo por ser lesbianas y tercero por no tener recursos o pertenecer a un grupo originario o afrodescendiente.
Así como Esdras estuvo presente, el activista de Iguales y excandidato a la diputación por el departamento de Cortés, Fredy Funes, enfatizó que participar en este espacio no es para pedir nada extraordinario, sino respeto e inclusión. La petición más importante es la aprobación de una ley de identidad de género integral. “Honduras ya tiene la sentencia de Vicky Hernández y es importante que se cumpla”.
Las garantías que faltan
El Estado de Honduras a través de la presidenta Xiomara Castro pidió perdón el 9 de mayo de 2022 por el asesinato de Vicky Hernández. La petición es parte de la sentencia de la Corte IDH que obliga a la burocracia hondureña a ofrecer un conjunto de derechos para las personas trans y LGBTI+.
Hasta la fecha, las personas trans siguen sin acceder a su DNI ni tener otra serie de garantías.
Entre los participantes de la marcha estuvo presente el líder de Arcoiris, Donys Reyes, quien pidió mayor inclusión para la diversidad y no más crímenes de odio. En 2022 se han registrado más de 12 muertes LGBTIQ+ y suman más de 412 desde el 2009 hasta la fecha, según el Observatorio de muertes violentas de la Red Lésbica Cattrachas.
También resurgió Ramón Valladares, fundador de la Comunidad Gay Sampedrana, quien acaba de fundar una colectiva de Chamelecón. “Estoy muy orgulloso porque hemos limpiado el camino, esto sigue y vamos para adelante. Qué bueno que se vea gente joven, pero todavía estamos luchando porque la Iglesia tiene mucha influencia sobre el Estado y se supone que en Honduras estamos en un Estado laico”, finalizó.
Dunia Orellana
Fotos: Telma Quiroz, Stephanie Mondragón y Dennis Arita / Reportar sin miedo
Comentarios desactivados en Protestan contra discursos de odio emitidos en la Universidad Autónoma de México
En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hubo un panel de feministas trans-excluyentes donde se negó la existencia de las personas trans, intersex y no binarias.
Estudiantes, personas trans y disidencias de distintas facultades de de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) protestaron y exigieron que la Universidad se posicione en contra de los discursos de odio. Esto luego que el pasado 24 de marzo el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM difundiera un foro virtual titulado: “Aclaraciones necesarias sobre las categorías sexo y género” en el que sus participantes, mujeres feministas, emitieron discursos de odio contra personas trans, no binarias e intersexuales.
¿Qué pasó en ese foro?
El evento “Aclaraciones necesarias sobre las categorías sexo y género” fue organizado por la comunicóloga Aimee Vega y sus ponentes fueron Marcela Lagarde (antropóloga), Amelia Valcárcel (filósofa), las abogadas Alda Facio y Andrea Medina, y como moderadora Angélica de la Peña Gómez, ex senadora federal.
Una semana antes del día de la visibilidad trans y durante casi cuatro horas las académicas pusieron en duda la existencia de las personas trans, no binarias e intersexuales; de manera particular para referirse a las personas intersexuales la española Amelia Valcárcel usó palabras como “cosas”, “anomalías”.
Negaron las aportaciones feministas que incluyen a las personas trans así como las aportaciones teóricas a los estudios de género y feminismos hechas por personas trans.
Sostuvieron que la penalización del concepto ‘discurso de odio’ no debe existir. “Con el delito de odio hay que tener mucho cuidado, porque en la práctica es muy difícil de probar que, en efecto, exista delito de odio (…) Prefiero que el delito de odio no exista, que exista la libertad de expresión (…) los convencimientos razonables”, señaló Valcárcel.
Dijeron que hay un movimiento que supuestamente busca borrar a las mujeres cis de toda figura jurídica y mecanismos de protección y por ello proponen abolir la categoría de ‘género’.
Alda Facio hizo un llamado a que la convención Belem do Pará, que establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, deje de proteger a las mujeres trans.
“Las agresiones estuvieron motivadas por lo que se llama identidad de género y no porque los perpetradores creyeran que era una mujer”, dijo la abogada.
Por su parte la abogada Andrea Medina se refirió a la identidad de género y el derecho humano a la libre autodeterminación como un “deseo”, “sentimiento” y un cambio “sin ton ni son”. Y agregó “el mundo jurídico no debe entrar en eso (…) la definición jurídica es completamente objetiva, se mide en derechos y libertades y ahí no hay un tema de sentimientos o sensibilidades”.
Al día siguiente del foro, el CEIICH dijo en un comunicado que es un espacio que se distingue “por la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos” y que “las ideas expresadas son responsabilidad de quienes participaron en el debate”.
#UNAMSinTransfobia
Al finalizar el foro al menos 743 personas de la comunidad universitaria y ajenas a ésta firmaron un posicionamiento donde advierten la preocupación que implica que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abra espacio a discursos de odio.
“Espacios como este contribuyen a la violencia de género en contra de las mujeres trans, hombres trans, personas no binaries, y travestis (…) Los señalamientos realizados por parte de las participantes de este foro no solamente niegan las vivencias e identidades trans sino que generan un retroceso en la conquista de derechos para las poblaciones trans. Además de que su discurso excluye a éstas del derecho a la autonomía corporal, el derecho a la identidad y el derecho a una vida libre de violencia”.
También exigieron que los programas, centros de investigación, institutos y el Comité de Género de la UNAM se posicione en contra “de las voces transfóbicas y dejen de dar espacios a discursos que deshumanicen las vivencias trans”.
Además, en redes sociales se empezó a usar el hashtag #UNAMSinTransfobia para señalar los discursos de odio vertidos en el foro y exigir a las autoridades universitarias desde una disculpa pública, medidas de reparación hasta la renuncia de la organizadora de dicho foro.
Distintas organizaciones, colectivos y activistas emitieron comunicados reprobando el contenido del foro y la posición de la UNAM por difundirlo.
La personas trans existen
Brújula Intersexual, un colectivo virtual para la comunidad intersexual que nació en 2013, expresó un comunicado tras las declaraciones emitidas en el foro “Aclaraciones necesarias sobre las categorías sexo y género”.
“La intersexualidad sí existe (…) No es una patología o una anormalidad que deba ser “corregida” (…) Hay muchos cuerpos de mujer y muchas formas de ser mujer. Las mujeres intersexuales también somos mujeres, algunas mujeres intersexuales somos trans y algunas de nosotras también somos feministas (…) Existen otras realidades corporales y subjetivas distintas a las hegemónicas, y aceptarlo no anula otras existencias ni pone en riesgo los derechos conseguidos hasta este momento”.
El comunicado fue firmado por colectivas intersex de México, Argentina, Chile y España.
“Las mujeres trans son mujeres”: Copred
El msimo día del foro, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) de la Ciudad de México, un organismo descentralizado, se pronunció en contra de los discursos de odio.
“Excluir del reconocimiento de derechos a determinadas poblaciones, en específico a las mujeres trans, no es un discurso protegido constitucionalmente porque niega derechos y lastima su dignidad (…) La diversidad construye; los discursos de odio destruyen. Las mujeres trans son mujeres. Dentro de los feminismos deben caber todas las mujeres”.
En su comunicado, el Copred no hace mención a la UNAM o al foro difundido por la universidad pero aclara que el organismo en ningún caso respalda discursos transodiantes, y los califica de “expresiones inaceptables que vulneran la dignidad de las personas y las colocan en riesgo pues legitiman, multiplican y fomentan las violencias”.
La protesta estudiantil: “¡Fuera Terfas de la UNAM!”
El lunes 28 de marzo en Ciudad Universitaria, el complejo más grande la UNAM, estudiantes de distintas facultades se manifestaron en contra del foro, de los discursos de odio y exigieron que se retire el video del foro difundido por el CEIICH.
“Estamos aquí alzando la voz porque en el foro se dijeron discursos abiertamente racistas y transfóbicos que atentan contra la identidad y autonomía de las personas trans. Es muy importante hacer presencia porque posibilitar discursos a través de un feminismo blanco posibilita el fascismo que atenta contra las personas trans”, comentó a Presentes, Malinalli, estudiante de sociología, durante la protesta.
La manifestación partió de distintos puntos de Ciudad Universitaria y les estudiantes se concentraron, en un primer momento, en la Torre II de Humanidades, complejo donde se encuentran las oficinas del CEIICH. Ahí leyeron varios pronunciamientos, gritaron consignas como “biología no es destino”; “Fuera terfas de la UNAM”; “los derechos humanos no se debaten”, protestaron bailando vogue y exigieron la renuncia de Aimeé Vega, organizadora de dicho foro.
La manifestación continuó hasta el edificio de Rectoría de la UNAM en donde el edificio permaneció con las puertas cerradas. Afuera, les estudiantes pegaron los carteles que traían para la protesta, y dejaron escrito con plumón el mensaje: “Condeno enérgicamente tu transfobia”, en alusión a la forma como la UNAM responde cuando a las denuncias de acoso o violencia de género ejercida por profesores o funcionarios universitarios.
Un tercer comunicado, firmado por más de mil cien personas, se leyó afuera de Rectoría y entregaron copias a funcionaries de la UNAM que les atendieron en la explanada. Les estudiantes les exigieron que retiraran de la web el video del foro, que se disculparan públicamente y que la UNAM emita una postura clara y efectiva contra la transfobia. Les funcionarios solo dijeron que van a “analizar” el documento entregado.
Comentarios desactivados en En la misma noche, asesinaron a tres personas LGBTI+ en Honduras
En lo que va de 2022 se cuentan cinco muertes LGBT+ en Honduras. Entretanto, desde 2009, al menos 405 personas diversas han muerto violentamente en el país
TEGUCIGALPA, Honduras.Jonathan Gabriel Martínez (31), César Gustavo Zúñiga y Fer Martínez (18) fueron asesinadxs la misma noche del miércoles 2 de febrero en el norte y el centro de Honduras. Lxs tres eran personas LGBTI+.
A esos crímenes se suman las tres muertes violentas del jueves: las dos víctimas homosexuales en San Pedro Sula y la joven asesinada en La Libertad, Comayagua.
En total, asesinaron a al menos 5 personas LGBTI+ en lo que va de 2022.
Iban vestidos de policías
Según lxs vecinxs de la colonia La Sabana, hombres vestidos de policías asesinaron a tiros a Jonathan Martínez y a su pareja, César Gustavo Zúñiga, en un negocio de bebidas alcohólicas que era propiedad de Martínez.
En el mismo hecho murió German Nufio Hernández, quien se presume que era cliente del bar.
Presentes pidió una declaración oficial a las autoridades de investigación hondureño y hasta la fecha todavía no han ofrecido un informe sobre los crímenes.
Según testigos, Jonathan y César fueron asesinados en un bar.
Asesinan a Fer: organizaciones exigen justicia
La misma noche que mataron a los tres hombres en San Pedro Sula, murió de varios balazos Fer Martínez en la colonia Bella Vista del municipio de La Libertad, Comayagua, en el centro de Honduras.
Karla Martínez dio a conocer en redes sociales la muerte violenta de Fer, quien en 2018 se unió a una caravana de migrantes que se dirigía a Estados Unidos. Solo pudo llegar a México antes de que la deportaran en 2019 porque era menor de edad.
“Justicia y clemencia para Fer, que ya no haya más muertes innecesarias como esta. Era una persona muy joven. El sistema siempre se ensaña con lxs menores y eso es lamentable”, dijo el director de la organización humanitaria Casa de Luz en Tijuana, Irving Mondragón, quien conoció de cerca a Fernanda cuando ella pasó por México de camino a Estados Unidos.
Entretanto, desde Ciudad de México, la organización de ayuda a migrantes Casa Frida publicó en Twitter: “Desde México, Honduras y la región enfrentamos la que quizás es la mayor crisis de violencia y crímenes de odio por orientación sexual y/o identidad de género en 2022 que expone la cruda realidad ante la falta de voluntad política”.
“Pensé que eras la que me iba a ver así”, escribió en sus redes Karla Martínez sobre Fer, “pero me tocó a mi pequeña. Duele tanto. Soy fuerte, según yo, pero no he tenido el valor de verte. Me alegra saber que había muchas personas que te querían y me lo han demostrado. Solo me queda decirle gracias a cada uno de ustedes, Dios les bendiga hoy, mañana y siempre”.
Karla continuó su emotivo mensaje hablando sobre la aventura de su hija cuando intentó emigrar. “Fuiste bien aventurera. Muy pronto estaremos juntas. María Fernanda Martínez, te amo siempre”.
Karla confesó que no siente “odio y rencor” por el asesinato de Fer. También les deseó bendiciones a quienes la mataron. “Era una niña… 12 tiros y de remate le tiraron una piedra en su cabeza”.
Fer estaba a punto de cumplir 19 años en marzo, agregó su mamá en el posteo: “Vuela alto, mi pequeña”.
Fer en la caravana de migrantes durante el año 2018.
Condenan crímenes
Entretanto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) condenó las muertes violentas de las tres personas LGBTI asesinadas la noche del miércoles.
“Expresamos nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas”, escribió la institución. “La Oficina expresa su preocupación frente a los ataques, amenazas y hostigamiento que enfrentan las personas LGBTI en el país. El Estado hondureño debe garantizar la verdad, justicia y reparación por estos crímenes y la no repetición de los hechos”.
1/3 #OACNUDH condena las muertes violentas de tres personas LGBTI, dos hombres gay en San Pedro Sula el 2 feb. y una joven en La Libertad, Comayagua el 3 feb. Expresamos nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas. pic.twitter.com/s15v6vK69x
Para el defensor y psicólogo hondureño experto en migración, Osman Lara, los crímenes como el de Fer, Jonathan y César provocan aún más olas de desplazamiento forzado de personas diversas del país.
“Actualmente, de tres a cinco personas LGBTIQ+ viajan a diario desde San Pedro Sula rumbo a Estados Unidos y con el incremento de los crímenes de odio, muchxs se cuestionan si realmente salir del clóset es seguro en un país como Honduras”, señala.
Honduras y los crímenes de odio
Honduras es uno de los peores países de Latinoamérica para ser una persona de la diversidad sexual.
“Para Juan Orlando, las personas diversas somos enemigos de la patria y no nos quieren”, señala Lara. Desde entonces, las agresiones, crímenes y ataques en diferentes medios de comunicación han sido más recurrentes, según denuncias de más de 30 organizaciones.
En contraste con el discurso del 12 años del gobierno nacionalista, la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, prometió en su toma de posesión que las personas LGBTI+ tendrían “un lugar y atención precisa” dentro de su gobierno.
El nuevo gobierno de centro-izquierda que lidera la primera presidenta del país tendrá que investigar estas primeras tres muertes.
Comentarios desactivados en Asesinan a la líder trans Thalía Rodríguez en Honduras
Más de 400 personas de la comunidad LGTBI han perdido la vida violentamente en Honduras desde 2009
La activista trans Thalía Rodríguez fue asesinada con varios balazos en la cabeza el pasado lunes en un barrio de Tegucigalpa, la capital de Honduras. Es la primera muerte violenta LGBTIQ+ de 2022 en el país y la número 402 desde el transfeminicidio de Vicky Hernández, en junio de 2009. Un hombre que acompañaba a Thalíaen el momento del atentado recibió heridas de bala en varias partes del cuerpo, pero logró sobrevivir al ataque.
El crimen de Rodríguez fue denunciado por la organización hondureña LGBTIQ+Cattrachasen Twitter: «Exigimos justicia por el terrible asesinato de Thalía Rodríguez, activista trans en Honduras«. La organización indicó que hasta ahora se desconoce «el actor material e intelectual de los hechos«, y recordó que la víctima era una «mujer trans que dedicó más de 20 años a la defensa de los derechos humanos» en Honduras. «Recientemente había señalado que la condena al Estado de Honduras por el asesinato de Vicky Hernández era un avance para las mujeres trans y que habían esperado más de 20 años por el reconocimiento de la identidad de género en documentos oficiales«, añadió en otro mensaje.
Exigimos justicia por el terrible asesinato de Thalía Rodríguez, activista trans en Honduras
Hoy 10 de enero de 2022, Thalía Rodríguez, mujer trans y activista a favor de los derechos LGBTI, fue asesinada en su casa ubicada en el cerro Juana Laínez, en Tegucigalpa.
Rodríguez estaba «luchando por una Honduras sin discriminación contra las personas LGBTIQ+ y personas que viven con VIH«. Los asesinatos de personas del colectivo no son investigados por las autoridades y como consecuencia la mayoría de los casos quedan en total impunidad. «Honduras es un país hostil y peligroso para las personas LGBTIy el Gobierno no ha hecho lo suficiente para enfrentar esta realidad«, afirmó la organización. Por eso Cattrachas exigió al Ministerio Público que «investigue los hechos y haga todos los esfuerzos necesarios por definir la responsabilidad penal de quienes cometieron el crimen. El asesinato de Thalía Rodríguez no puede quedar impune«.
«Es indignante comenzar el año con el asesinato de un ícono de la comunidad trans«, dijo el miembro del Movimiento Diversidad en Resistencia, Eric Martínez. «Conocí a Thalía hace más de 20 años. Su compromiso y solidaridad hacia sus compañeras trans fueron muy marcados. Nunca se engrandecía por su trabajo. Al contrario, lo hacía de forma desinteresada y con humildad. Me indigna saber que la política de odio instalada por la narcodictadura siga cobrando vidas en el país y sin investigación y reparo«.
“¿Realmente quién es el protagonista de todos los daños que nos hacen a la comunidad de mujeres trans?”, preguntaba Thalíaen un reportaje reciente “Es el mismo Estado”, respondió. “Quien dice que vela y protege es el que nos mata, el que nos lastima”. Cuando muera van a hablar de mí por mi legado«, dijo Thalía Rodríguez en un vídeo en el que afirmó que lo más importante en la vida es «amar y ser amada«. Ella lo fue. D.E.P.
Comentarios desactivados en Histórico: el primer diputado gay llega al Congreso de Honduras
Víctor Grajeda, el suplente de Silvia Ayala por el departamento de Cortés, hace historia al ser electo en el Legislativo por más de 100,000 votos, según los resultados del 60 por ciento de las actas escrutadas. Personas LGBTIQ+ de Honduras salen a votar y eligen a Xiomara Castro como su presidenta.
Miles de personas LGBTIQ+ votaron el 28 de noviembre contra el Partido Nacional, que ha gobernado Honduras más de 12 años. Partido que en los últimos tres meses dirigió una campaña de odio, miedo y discriminación hacia la diversidad sexual y el derecho a decidir de las mujeres.
El voto de la diversidad sexual de Honduras benefició mayoritariamente a la candidata del partido de oposición Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro, ganadora de los comicios del 2021 en Honduras por más de 20 puntos arriba de su rival, el candidato por el Partido Nacional, Nasry Asfura.
«El triunfo de Xiomara representa la esperanza de un cambio en temas de políticas y leyes. Pero también un avance en derechos humanos», dijo a Presentes el presidente de la juventud del Partido Libre, Kevin Ramos.
“Vamos a construir una nueva era. Fuera los escuadrones de la muerte, fuera la corrupción, fuera el narcotráfico y el crimen organizado. Fuera las ZEDE. No más pobreza y más miseria en Honduras. Hasta la victoria siempre. Unido, pueblo. Juntos vamos a transformar este país”, expresó Castro en su primer discurso. Ella será la primera presidenta del país en 200 años de independencia.
Victor Grajeda fue candidato electo a diputado por el partido Libre.
En el proceso electoral de 2021 sólo participaron cinco candidatxs LGBTIQ+. Por el departamento de Cortés, como aspirantes a diputado propietario, se lanzaron Fredy Fúnez, Odalis Sarmiento por el PINU y Víctor Grajeda como diputado suplente del Partido Libre. Ninguna persona trans participó en el proceso.
Grajeda va encabezando los cuatro primeros lugares de las diputaciones de Cortés junto con su compañera de fórmula Silvia Ayala. Él es decorador y tiene un negocio junto con su pareja.
“En mi tiempo libre trabajo en decoración”, se presenta este hombre abiertamente gay nacido en cuna humilde, quien tuvo que trabajar desde pequeño para sobrevivir en la violenta ciudad de San Pedro Sula.
Víctor lamenta la falta de diversidad que ofrecen los partidos políticos hondureños. Para él, la oportunidad de participar en este proceso es única. “No podía dejarla atrás. Nos permite crear una representación digna y transparente”. No ser un político de clóset es, para Víctor, desafiar al sistema. “Busco abrir espacios y descartar la discriminación por la orientación o la identidad sexual”, asegura.
Grajeda promete promover leyes que penalicen los crímenes de odio, así como la creación de unidades especializadas para la investigación de estos delitos. Entre sus promesas también está crear programas de salud mental.
Al contrario de otros partidos políticos hondureños, Libertad y Refundación se caracterizó por abrir más sus puertas a la inclusión de personas LGBTIQ+. Es el caso de la activista Kendra Jordany o la abogada Vienna Ávila, a quien Libre nombró secretaria de la diversidad sexual.
“Ciudadanas y ciudadanos, le apostamos a que Honduras se pueda convertir en un país de esperanza”, dijo Kevin Ramos. “Nosotros, como parte de la diversidad sexual, esperamos que cumpla sus promesas de ofrecer derechos a nuestra población”.
El fin de un gobierno de discriminación y odio
Con su voto, la población diversa pone un alto a los gobiernos nacionalistas, que en más de una década no garantizaron derechos para las personas trans y diversas.
Un reflejo de la visión heterocispatriarcal de los partidos políticos en Honduras es la cantidad de candidatxs de la diversidad sexual en los comicios de este año.
Entretanto, en Francisco Morazán, Miguel Caballero Leiva se presentó como aspirante a una diputación por el partido Unificación Democrática. Sin embargo, todavía no hay resultados de las posiciones electorales para saber el destino de estxs candidatxs.
La discriminación anti-LGBTIQ+ ejercida por el partido en el poder continúa a pesar de la sentencia condenatoria por el transfeminicido de Vicky Hernández cometido la madrugada del 29 de junio de 2009.
Hernández, defensora de derechos humanos, se convirtió en la primera víctima del golpe de Estado que marcó la historia reciente de Honduras. El golpe de 2009 derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya, esposo de la actual candidata presidencial Xiomara Castro.
Ni el gobierno de facto del empresario del transporte Roberto Micheletti ni las administraciones nacionalistas de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández aclararon o buscaron castigar el crimen contra Vicky. Por el contrario, durante los 12 años de poder nacionalista aumentó desmedidamente la cantidad de crímenes de odio en Honduras.
Desde el 2009 hasta la fecha hay un registro de 389 muertes violentas contras personas LGBTI+. Solo en 2021 han sido asesinadas 16 personas: diez gays, tres transexuales y tres lesbianas, reporta Cattrachas en su Observatorio de Muertes Violentas.
Hubo un destello de esperanza a mediados de este año, cuando por fin la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Honduras por el transfeminicidio de Vicky Hernández.
“Esta es la apertura para que vean que ninguna lucha es exclusiva de un grupo de personas”, dijo en aquella ocasión la coordinadora de Cattrachas, Indyra Mendoza.
Sin embargo, aunque el Estado dijo que iba a cumplir con la sentencia por el caso de Vicky Hernández, hasta el momento no ha pedido perdón a la familia ni cumplido con una serie de reparaciones de la condena de la Corte IDH.
Algunxs no pudieron votar contra el nacionalismo
A pesar del deseo de las personas trans de usar su voto para sacar del poder al Partido Nacional, algunas de ellas se quedaron sin esa posibilidad.
La directora de Oprouce, la líder trans Sasha Rodríguez, no pudo votar porque nunca recibió el nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI).
Igual que Rodríguez, miles de personas estaban habilitadas para votar. El Registro Nacional de las Personas no les entregó sus nuevas identidades, sin las cuales no podían votar, según las nuevas reglas electorales.
Los usuarios de redes sociales comentaron que los problemas en la entrega de los DNI eran otros de los trucos del oficialismo para seguir en el poder fraguando un supuesto fraude en las votaciones del 28 de noviembre.
“El triunfo de Xiomara es una reivindicación como ciudadana”, dijo Sasha Rodríguez. “Ella ha sido una aliada de la población diversa y las personas LGBTIQ+ . Ya se cansaron de 12 años en el poder del Partido Nacional y su líder Juan Orlando Hernández, que se unió con los fundamentalistas religiosos, en especial los evangélicos, para difundir mentiras y discriminaciones hacia todas”.
Rodríguez recordó el discurso de Hernández del pasado 15 de septiembre, donde manifestó su rechazo a los derechos de las personas diversas. En medio del ambiente electoral en Honduras, asesinaron a Tatiana García en Santa Rosa de Copán. Ella era militante del partido de gobierno. También más de 10 personas trans sufrieron discriminación o fueron víctimas de agresiones.
La Red Lésbica Cattrachas denunció ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) que el Partido Nacional junto a los antiderechos utilizaban sus discursos de odio para estigmatizar a las personas LGBTI+ y mujeres.
El CNE admitió el 23 de noviembre su denuncia por prejuicio de la dignidad humana, por promover el odio y la discriminación a grupos históricamente colocados en situación de vulnerabilidad.
La violencia en Honduras se extiende a lxs candidatxs pertenecientes a los grupos LGBTIQ+. El Observatorio Político de Cattrachas registró, hasta el 21 de noviembre, 33 muertes violentas de candidatas y candidatos. También denunció una serie de ataques y amenazas a diferentes sectores.
En un evento público, la coordinadora de la red, Indyra Mendoza, pidió un alto a la violencia política. “No hay elecciones libres si lxs candidatxs tienen miedo. Necesitamos que el país entero rechace las agresiones, necesitamos que defender derechos humanos no sea una condena”.
Cattrachas también denunció al exsecretario del presidente Hernández, el ministro Ebal Díaz, quien utilizó en sus campañas el video de una niña con discapacidad para manipular la opinión pública sobre el tema del aborto. “Es cruel que hagan política atacando a las mujeres y a las personas con discapacidad”, señaló la red lésbica.
Violencia antes y durante las elecciones
El más reciente caso de violencia contra la población diversa de Honduras es el de Emeli Rachel Villafranca (23), quien fue salvajemente golpeada por cuatro hombres en Tegucigalpa, denunció la organización Arcoíris.
Tres días antes de las elecciones, más de 20 organizaciones LGBTIQ+ presentaron una propuesta de reforma de ley ante el Registro Nacional de las Personas para que reconozca el cambio de nombre. Se recogieron 4,600 firmas a nivel nacional. En el marco de este evento se realizó una marcha exigiendo justicia, alto a la violencia y a los discursos de odio.
Personas LGBTIQ+ monitorean las elecciones
Al menos 30 mujeres trans distribuidas en la capital Tegucigalpa, en el centro de Honduras, y San Pedro Sula, en la costa norte, realizaron un proceso de observación ciudadana en centros de votación masivos. Las observadoras registraron incidencias de discriminación, problemas de identificación con el nombre registro al nacer y otras anomalías.
La directora de la Asociación Muñecas de Arcoíris, JLo Córdova, denunció que en su centro de votación sufrió discriminación al ejercer el sufragio porque fue llamada públicamente con el nombre registrado en su DNI. “Esto no debería ser. Recomendamos mejor capacitación en temas de diversidad y género a lxs integrantes de las mesas electorales”.
Personas trans participaron del monitoreo durante la jornada electoral.
Por otro lado, tanto en San Pedro Sula y Tegucigalpa, más de 15 personas de diferentes organizaciones LGBTI+ realizaron el trabajo de observadoras electorales nacionales.
La activista lesbiana Seidy Irías dijo a Presentes que un país que no considera los derechos humanos de las personas con mayor vulnerabilidad no es una república. “Luchemos por un gobierno visible para todas las poblaciones”, dijo Seidy.
En las redes sociales se promovió el #VotoConOrgullo y la respuesta fue masiva. “Las juventudes demostramos que no somos de cristal, sino de diamantes en este proceso electoral, el cual fue un triunfo contundente para la democracia pacífica y participativa”, expresó el director de Honduras Diversa, Néstor Hernández.
El triunfo de Xiomara Castro representa para muchxs el rompimiento de una brecha de desigualdad. “Hoy, más de una niña se levantó creyendo que también puede ser presidenta”, dijo el influencer Denisol Mehujael.
Comentarios desactivados en A pocos días del discurso de odio del presidente de Honduras, asesinaron a una militante trans de su partido
Erika Tatiana Martínez García era dueña de un pequeño negocio donde vendía bebidas y alimentos y además militaba en el Partido Nacional al que pertenece el actual presidente hondureño Juan Orlando Hernández.
28 de septiembre de 2021
Dunia Orellana
Erika Tatiana Martínez García, una mujer trans de 32 años, fue asesinada el domingo 26 de septiembre en su casa de Santa Rosa de Copán, occidente de Honduras. Luego de llamar varias veces por teléfono, su madre fue hasta el departamento y encontró muerta a su hija. Tatiana es la cuarta mujer trans asesinada en Honduras en lo que va de 2021.
Tatiana era dueña de un pequeño negocio donde vendía bebidas y alimentos y además militaba en el Partido Nacional al que pertenece el actual presidente hondureño Juan Orlando Hernández.
El transfemicidio de Tatiana ocurre diez días después de que el presidente Hernández, pronunciara un discurso de independencia donde se despachaba contra la diversidad sexual y las mujeres, lo que las organizaciones LGBTIQ+ del país consideraron un “discurso de odio”.
Su madre quiere justicia para Tatiana, pero sabe que la mayoría de los crímenes quedan en la impunidad. “Si no se hace justicia acá, sé que el Señor lo hará. De Dios nadie se escapa”, dijo María.
Tatiana fue enterrada la tarde del lunes por sus familiares en Santa Rosa de Copán.
Un activista LGBTIQ+ nacionalista consultado por Presentes dijo que los estatutos del Partido Nacional prohíben tocar el tema de la diversidad sexual y el aborto.
Sin embargo, agregó el entrevistado, muchas personas LGBT+ que trabajan en la formación de las bases de la organización política reciben a diario un reconocimiento por parte de los grupos locales por su trabajo en la organización de la participación comunitaria y las estructuras del partido
Mientras tanto, la Policía Nacional trabaja en las primeras pesquisas del caso. El vocero policial en el departamento de Copán, Gregorio Cornejo Campos, dijo a Presentes que Tatiana falleció de tres heridas, supuestamente de puñal, en el tórax y el cuello.
“Hay mucha desinformación sobre las heridas y cómo se encontró el cuerpo, pero lo oficial que tenemos es que la mataron entre la noche del sábado y madrugada del domingo”, dijo Campos a Presentes.
Siguen los crímenes de odio
Tatiana Martínez se suma a 390 personas LGBTIQ+ muertas violentamente en Honduras desde el transfemicidio de Vicky Hernández en 2009. Sólo en 2021 se reportaron cuatro transfemicidios. Los otros tres asesinatos fueron: Vanessa Zúniga, degollada en Tela, en el litoral atlántico de Honduras, el domingo 27 de marzo; el de Valery Pereira, muerta a balazos en La Lima, norte de Honduras, el 14 de mayo; y el Karen, asesinada en Tegucigalpa el 24 de mayo.
Según el Observatorio de Muertes Violentas de la Red Lésbica Cattrachas, de los 17 casos de este año, 10 son de hombres gay, tres de mujeres lesbianas y cuatro de mujeres trans.
La impunidad de los crímenes de odio contra las personas LGBTI+ en Honduras es de un 91%, revelan datos de la misma institución. Tatiana fue enterrada la tarde del lunes por sus familiares en Santa Rosa de Copán.
Sin respeto por su identidad
La organización LGBTIQ+ Honduras Diversa realizó un pronunciamiento público con una imagen de Tatiana en la que incluyó un mensaje pidiendo justicia.
“Hagamos oír nuestra voz, nuestro dolor y rabia, exigiendo una investigación exhaustiva para que el asesinato de Tatiana no se sume al 91% de impunidad de los crímenes de odio de personas LGBTI+ en Honduras”, dice el comunicado.
El director de Honduras Diversa, Néstor Hernández, denunció que los medios locales y de circulación nacional colocaron el nombre con el que Tatiana aparece en sus documentos públicos y no su nombre asumido, ya que las personas trans no tienen ley de identidad de género en Honduras.
También las asociaciones diversas Arcoíris y Muñecas de Arcoíris realizaron un pronunciamiento público: “No más crímenes de odio contra nuestras hermanas, no más apología para nuestras colectivas”.
Miembros del principal partido hondureño de oposición, Libertad y Refundación (Libre), lamentaron el crimen contra Tatiana. “Seguiremos en la lucha por la búsqueda de la justicia. La transfobia es una realidad y más viva que nunca”, escribió en sus redes sociales Kevin Ramos, de Libre.
Vicky Hernández fue asesinada en pleno toque de queda por el golpe de Estado que en Honduras derrocó al presidente Manuel Zelaya para imponer el gobierno de facto del dueño de autobuses Roberto Micheletti.
Por el asesinato de la activista, el Estado de Honduras fue condenado el 28 de junio de 2021 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, Tatiana Martínez y todas las personas LGBTIQ+ de Honduras no han sido aún beneficiadas en sus derechos por la sentencia del caso que obliga al país a crear protocolos y normativas para dar identidad de género a las personas trans.
El gobierno hondureño no ha cumplido ninguno de los mandatos de la Corte IDH incluidos en la sentencia del caso de Vicky. Al contrario, como preámbulo de las elecciones generales que se llevarán a cabo en noviembre de este año.
“Para hacerle justicia a Vicky hay que entender el modo en que el sistema les falla a las mujeres trans y cómo se puede mejorar”, escribieron para el New York Times las abogadas Angelita Baeyens y Kacey Mordecai de la organización estadounidense Robert F. Kennedy Human Rights.
El equipo legal del caso también contó con las abogadas hondureñas Astrid Ramos y Nadia Mejía, de la Red Lésbica Cattrachas, con sede en la capital hondureña Tegucigalpa, en el centro del país.
El mandatario Hernández, apodado JOH por sus iniciales, en su discurso de Bicentenario llamó “enemigos de la independencia” y defensores de los “antivalores” a los grupos diversos hondureños.
El mensaje de JOH se presenta en medio de una ola de ataques de fanáticos y líderes religiosos en Honduras. Sin embargo, la población diversa, que considera el discurso “un mensaje de odio”, llevó a cabo un colorido desfile por las principales calles de San Pedro Sula, bajo un sol ardiente.
Lxs participantes en la marcha alzaron la voz para responder las acusaciones de JOH, quien en su mensaje citó la Constitución hondureña para, supuestamente, defender “principios y valores” como “la familia, el matrimonio, la maternidad y la infancia”.
A pesar de que el ataque era directo, el mandatario cometió un error absurdo en su discurso, ya que habló de proteger los principios sociales de “peligros como el matrimonio entre personas de diferente sexo”, en lugar de hablar de personas del mismo sexo. Su error fue motivo de burlas en redes sociales como Tik Tok.
Agresiones tras mensajes de odio
Rihanna Ferrera, directora de Conzumel Trans, dijo a Presentes que el discurso del Ejecutivo genera más agresiones para las poblaciones diversas en especial para las mujeres trans. El pasado viernes una mujer trans de Tegucigalpa fue agredida quebrando botellas de vidrio en la cabeza. Al poner la denuncia a la Policía Nacional no la quisieron escuchar.
“Estas situaciones están pasando y es necesario evidenciar. Krisna fue a la posta policial a poner la denuncia y no se le tomó ninguna declaración discriminando por ser una mujer tran” dijo.
En Honduras, desde el 2009 hasta el 2021 han sido asesinadas 389 personas LGBTIQ+, de las cuales en este año han sido asesinadas 10 gays, tres trans y tres lesbianas, según el monitoreo de muertes violentas que mantiene la Red Lésbica Cattrachas.
Siguen exigiendo ley de identidad de género
El colorido desfile de la diversidad sexual recorrió este año calles y avenidas del centro de San Pedro Sula hasta plantarse frente a la Alcaldía, dirigida por Armando Calidonio, político perteneciente al Partido Nacional, el mismo del presidente Hernández.
El desfile detuvo el pesado tráfico que recorre la tercera avenida de San Pedro Sula, donde por tradición se instalan multitudes de vendedores callejeros.
Lxs miembros de la diversidad sexual del norte, centro, sur y occidente de Honduras se pusieron ropas alusivas a sus luchas, retos y logros. Además cargaban banderas y grandes sombrillas con los colores de la bandera LGBTIQ+.
Lxs participantes en el desfile llevaban coloridos carteles y pancartas en los que escribieron mensajes contra la discriminación y contra lo que consideran el discurso de odio de las iglesias, el Estado y otros grupos conservadores en Honduras.
En sus mensajes durante la movilización, los grupos LGBTIQ+ pidieron que el Estado apruebe la ley de identidad de género y el matrimonio igualitario y les dé mayor participación política.
Las organizaciones diversas llevan años pidiendo al gobierno que apruebe una ley que les dé más visibilidad y les permita unirse en matrimonio.
Sin embargo, en lugar de aprobar leyes de beneficio para las poblaciones vulnerables como la LGBTIQ+ y las mujeres, el gobierno ha promovido normativas que condenan el aborto con multas imposibles de pagar y con años de cárcel.
Grupos diversos como Kukulcán, Cozumel Trans, Arcoíris, Iguales, Somos CDC, Afest, Oprouce, Aprest, Cepres, Muñecas de Arcoíris, Diversidad en Resistencia, Honduras Diversa, Colectivo Violeta, Colectivo Color Rosa, Asociación Luna LGBT, Horus, Asociación LGBTI Sureña, Human e Ixchekl, Colectivo Negritudes Trans, entre otros, se unieron a la multitudinaria actividad.
Lxs miembrxs de las organizaciones llegaron vestidxs con alegres atuendos que llenaron de color y brillo las calles hondureñas.
“Son las personas las que tienen derecho a tomar sus propias decisiones y el Ejecutivo está creando una campaña sucia para desinformar”, dijo Montesinos. Kukulkán, con sede en Tegucigalpa, apoya a personas gays, lesbianas y transexuales en todo Honduras.
Por su parte, la Red Lésbica Cattrachas escribió en su Twitter: “Los derechos de las personas LGBTI no dependen de ningún partido político. El matrimonio igualitario es un asunto de derechos humanos y de obligaciones internacionales del Estado de Honduras”.
Los derechos de las personas LGBTI no dependen de ningún partido político.
El matrimonio igualitario es un asunto de derechos humanos y de obligaciones internacionales del Estado.
Cattrachas ganó el caso de Vicky Hernández junto con Robert F. Kennedy Human Rights a comienzos de este año. Hernández era una activista trans asesinada en pleno golpe de Estado de 2009 que derrocó al presidente Manuel Zelaya para poner un gobierno de facto encabezado por Roberto Micheletti.
El caso de Vicky permaneció impune 12 años, hasta que Cattrachas y un equipo de abogadas lo llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte IDH condenó al Estado hondureño por el asesinato de Vicky.
Grecia O’Hara, de la organización juvenil y LGBTIQ+ Somos CDC, se pronunció: “En tiempo de elecciones se toma el tema LGBTI+ como algo de mofa. Me parece un acto deplorable que no debería estar sucediendo”.
Por otra parte, JLo Córdova, de la asociación trans Muñecas de Arcoíris, dijo “sus palabras no nos impiden marchar con orgullo. Ya podemos seguir permitiendo que nos sigan llamando enemigos y personas sin valores. No tenemos miedo”.
En esta misma línea se expresó Donnis Reyes, director del Centro de Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh). Según Reyes, las campañas de desinformación contra los defensores lo único que están promoviendo es la división.
“Dios es amor, respeto y construcción de comunidades de paz. Los mercaderes de la fe utilizan a las personas para mantener la ignorancia a través de la desinformación”, dijo.
También Javier Carrington, de la organización Iguales, gritó que ahora más que nunca hay que salir a defender los derechos de las personas de la diversidad sexual ,en especial el de las infancias y familias LGBTIQ+.
La juventud se une a la marcha
La marcha LGBTIQ+ de 2021 se renovó con una ola de jóvenes de las diferentes orientaciones y expresiones que se unieron a lxs líderes del movimiento para defender sus derechos.
Además, la juventud hondureña junto con las organizaciones de defensa de la diversidad sexual exigió que se dejen de utilizar “los discursos de odio” para promover la desinformación cuando quedan pocos meses para que se lleven a cabo las elecciones generales este próximo 28 de noviembre.
Como es tradición en Honduras, los partidos conservadores tradicionales Liberal y Nacional se disputan la presidencia de la república y los demás poderes estatales. Sin embargo, como desde hace algunos años, hay un tercero en disputa, el partido Libertad y Refundación (Libre), el cual promueve la apertura para las poblaciones LGBTIQ+ del país.
Los partidos tradicionales que han gobernado siempre Honduras, en cambio, ofrecen pocos espacios a la diversidad sexual e incluso, como en el caso del “discurso de odio” del presidente Hernández, promueven el rechazo y la discriminación contra los grupos LGBTIQ+.
De hecho, el Partido Nacional gobernante en la actualidad muestra una enorme influencia de los grupos religiosos, en especial de la Iglesia católica, a pesar de que el Estado hondureño es laico, según la Constitución. Al respecto, un grupo de jóvenes de la organización Honduras Diversa escribió en una pancarta: “Mi mayor fantasía sexual es la separación entre la Iglesia y el Estado”.
El mensaje conquistó la simpatía de los presentes por su planteamiento original y al mismo tiempo los hizo reflexionar.
El mensaje de Honduras Diversa es una respuesta a los discursos de los últimos días de los pastores evangélicos y líderes de la Iglesia católica como el cardenal Óscar Andrés Rodríguez.
También es un reclamo dirigido a aspirantes políticos como el candidato del Partido Nacional a la Municipalidad de Tegucigalpa, David Chávez, quienes se pronuncian en contra del aborto, la ley de identidad de género y las uniones igualitarias.
“No votemos por la muerte ni por el asesinato ni mucho menos por los antivalores”, dijo el cardenal Rodríguez. El líder católico se refirió con esta frase a la propuesta de Xiomara Castro, del Partido Libre, que en que en su plan de gobierno incluye derechos para las mujeres, las personas LGBTIQ y una educación sexual integral para jóvenes.
Pedir perdón y cumplir la sentencia
“Que tenga pantalones y le pida perdón a la familia de Vicky Hernández y otros”, le pidió la directora del Colectivo Unidad Color Rosa, Gabriela Redondo, a Juan Orlando Hernández.
Redondo aludió de ese modo a que la Corte IDH condenó al Estado hondureño por estos asesinatos y le ordenó reparar a los familiares de las víctimas.
“Le pedimos al gobierno que cumpla la sentencia y queremos la ley de identidad de género ya. Así como (Juan Orlando Hernandez) pone a la población en contra de nosotras, entonces que tenga pantalones para poner su cara y pedir disculpas por las muertes de nuestras compañeras”, expresó Redondo en un aplaudido discurso.
Según la sentencia de la CIDH, el Estado de Honduras tendrá que buscar la normativa y los protocolos legales para la identificación de las personas trans.
Además está obligado a incluir en sus procesos de formación la capacitación de los operadores de la justicia en temas de género y diversidad sexual.
Comentarios desactivados en Cuatro hombres atacaron a Rebeca Lara, trans hondureña de 59 años: heridas profundas y varias costillas rotas
Rebeca Lara, mujer trans de 59 años, se está recuperando de los golpes que recibió el 29 de abril.
Rebeca Lara, mujer trans de 59 años, se está recuperando de los golpes que recibió el 29 de abril. La atacaron cuatro hombres en el Municipio de Santa Bárbara, al oeste de Honduras. El ataque fue a la diez de la noche en pleno centro de la ciudad cuando ella intentó defender a mujeres que estaban siendo asediadas.
Entre las mujeres se hallaba una amiga suya, a quien Rebeca le aconsejó que no se fuera con ellos. “Les hablé quedito, sin que se dieran cuenta. Vámonos de aquí, dije, porque a esos hombres no los miro muy buenos”, dice Rebeca a Presentes.
Rebeca y su amiga empezar a caminar y los hombres comenzaron a seguirlas en una camioneta. En un momento, una patrulla policial se atravesó en el camino para interrogarlos pero luego siguió de largo. Los hombres continuaron con el asedio.
“Cuando menos acordé ya estaban encima los cuatro y me golpearon toda y dicen que la policía me llevó al hospital”, cuenta Rebeca.
Los golpes le dejaron heridas profundas y hematomas y le rompieron varias costillas. Rebeca fue trasladada por agentes policiales al hospital para que la atendieran de sus graves lesiones.
“Tengo golpeado el pecho, el ojo morado y unos puntos en la quijada. El brazo lo tengo raspado”, dice Rebeca.
Esta es la segunda vez que Rebeca recibe una golpiza. La primera fue hace años, cuando la asaltaron.
“La auxiliamos y se le dio atención médica. Estamos en proceso de ver el caso. No se ha logrado determinar si los atacantes eran de Santa Bárbara o fuera de aquí”, explica a Presentes el subcomisionado de la Policía Nacional de Honduras asignado al departamento de Santa Bárbara, Daniel Molina.
Según Molina, la policía asignó el caso a un agente y se inició una investigación de oficio para lograr determinar las personas que atacaron a Rebeca.
Por otra parte, la asociación de mujeres trans ‘Muñecas de Arcoiris’ dijeron que en Santa Bárbara no hay asociaciones LGBTI para atender a Rebeca, pero que están trabajando para ofrecerle asistencia.
Además denunciaron a los medios de comunicación por la forma en que se abordó la noticia de la golpiza: “Llamamos a los medios de comunicación masiva a respetar la identidad de género de las mujeres trans en Honduras, reconociendo su nombre asumido, haciendo uso del lenguaje inclusivo LGTBI+”.
Querida por su comunidad
“Es muy querida. Es un personaje de la comunidad”, dice a Presentes la amiga de Rebeca, Flor de María García. “Se reúne con grupos de amigos para cantar canciones de Rocío Dúrcal y otras cantantes famosas. También hace mímicas”.
La comunidad la conoce porque Rebeca es una vendedora de ropa usada y lotería. “Nunca imaginamos que le pasaría algo así”, agrega Flor de María, quien considera a Rebeca una persona respetuosa y servicial.
Usuarios de redes sociales y organizaciones también se han pronunciado para condenar el ataque que dejó gravemente herida a la reconocida mujer trans santabarbarense.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) condenó el ataque sufrido por Rebecca y pidió a las autoridades hondureñas realizar una investigación sobre los hechos que incluya la hipótesis de crimen de odio por su identidad de género.
“La OACNUDH reafirma su compromiso con las personas LGBTI y reitera el deber del Estado de garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación, consagrado en la Constitución y en los tratados de DDHH ratificados por el Estado de Honduras.” escribieron en un tuit.
Crímenes impunes
El ataque contra Rebeca ocurre poco más de un mes después del asesinato de la mujer trans Vanessa Zúniga, quien fue degollada en la ciudad de Tela, en el litoral atlántico de Honduras.
Las agresiones y asesinatos contra personas trans no se detienen. La muerte de Vanessa y la golpiza contra Rebeca se suman a un largo historial de crímenes de odio contra la población LGBTIQ+ en Honduras.
Según el Observatorio de Muertes Violentas de Personas LGBTI de la Red Lésbica Cattrachas, 2020 finalizó con 20 crímenes. En lo que va del 2021 se registran dos asesinatos de homosexuales y uno de una mujer trans.
Desde junio de 2009 a la actualidad ha habido 373 muertes violentas, de las cuales 119 fueron personas trans. Los casos tienen un 91% de impunidad. A pesar de haber logrado la inclusión en el nuevo Código Penal del agravante de violencias basadas en orientación sexual, expresión e identidad de género, ninguna sentencia de este país lo ha tenido en cuenta.
A la espera de una sentencia clave
Este mes se espera la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso de Vicky Hernández, la mujer trans de 26 años de edad asesinada entre el 28 y el 29 de junio de 2009, en pleno toque de queda por el golpe de Estado en Honduras que depuso al entonces mandatario Manuel Zelaya.
El asesinato de Vicky sigue impune. La Corte IDH deliberó el pasado mes de marzo sobre la sentencia del caso de Hernández versus el Estado de Honduras. En los próximos días se hará el anuncio. Si declaran culpable al Estado hondureño por la muerte de Vicky, será la primera sentencia sobre violencia contra personas trans en América Latina y será un referencia para los países de la región.
Falta de derechos y emergencia
A mediados de enero, más de 300 personas de la diversidad sexual de Honduras huyeron en la primera caravana migrante rumbo a Estados Unidos. Muchxs de ellxs no pudieron llegar a sus destinos porque fueron detenidxs por las autoridades de migración en Guatemala y México y luego fueron deportadxs a Honduras.
El 21 de enero el Congreso Nacional de Honduras prohibió el aborto en cualquier circunstancia al igual que el matrimonio entre personas del mismo sexo y no existe la figura de unión libre para la diversidad sexual hondureña. Tampoco se reconocen las uniones celebradas en otros países.
A finales de marzo la Corte Suprema de Honduras admitió un recurso de inconstitucionalidad presentado por Cattrachas contra la reforma a los artículos 67 y 112 de la Constitución de Honduras sobre el aborto y el matrimonio igualitario. La admisión fue el primer paso.
Triángulo Norte: una región hostil para la población LGBTI
El Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, continúa siendo una de las regiones más mortales para las poblaciones LGBTI del continente.
En 2019, las organizaciones registraron al menos 67 asesinatos en contra de la población LGBTI en la región norte de Centroamérica. La cifra ya superó en seis casos a los crímenes cometidos el año anterior, según un recuento elaborados por las instituciones.
De acuerdo al reporte, Honduras aparece a la cabeza de la lista de la región con 34 casos de crímenes de odio, seguido de Guatemala con 24 casos y El Salvador con nueve. Sólo han sido judicializados dos de estos asesinatos en El Salvador: el de Camila Díaz y el de Anahí Miranda.
En Honduras la cifra aumentó un 36 por ciento en relación a 2018, que fue de 25 casos. La mayoría de los crímenes fueron cometidos en contra de hombres gays con 19 casos; nueve mujeres trans y seis lesbianas murieron de manera violenta, según la organización Cattrachas.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ganó la reelección presidencial en 2017 de la mano del derechista y conservador Partido de Nacional de Honduras, que se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo y promueven la lectura de la Biblia en las escuelas.
“Nos asesinan por discriminación, por odio a nuestra población. Con esta pandemia nos hacemos más vulnerables por la pobreza y más si son trabajadoras sexuales porque ahorita no pueden trabajar para su alimentación o pago de renta”, dijo a Presentes Gabriela Redondo, directora del Colectivo Unidad Color Rosa con sede en la ciudad de San Pedro Sula.
Discursos de odio desde las iglesias y el gobierno
En reiteradas ocasiones personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que los crímenes de odio contra las personas de la diversidad sexual son motivados por el prejuicio, alentado por sectores conservadores y religiosos, desde el propio gobierno.
En Honduras la comunidad LGBT forma parte un amplio sector vulnerable, que ha sido acorralado por un fundamentalismo religioso, que a través de las iglesias católica y evangélica, impone la agenda de las políticas públicas. Cada vez que los temas de avances en derechos son expuestos, la clase gobernante convoca a pastores y curas para que den sus puntos de vista desde el ámbito moral y religioso.
En noviembre de 2018 el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, del conservador y gobernante Partido Nacional, planteó la necesidad que se reformara el artículo 77 de la Constitución de la República para que los pastores y ministros de la fe puedan optar a cargos de elección popular.
“El postular a los pastores como parte de la política, da mucho que pensar, porque qué saben los pastores de política o qué saben los pastores de la crisis nacional que enfrentamos, más allá de un discurso religioso, basado en la fe y en la moral, y dentro de ese discurso, de esa visión de nación, las personas LGBT no existimos”, dijo Nahil Zerón´.
Derechos como el aborto, el matrimonio entre las parejas del mismo sexo, la adopción de menores a parejas del mismo sexo no forman parte de la agenda de las instituciones del Estado, incluso, en el año 2009, se prohibió la venta de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), por considerarse “
Comentarios desactivados en Exigen que el crimen de Vanessa Zúniga no quede impune: la activista trans hondureña fue degollada
Vanessa Zúniga era trans y trabajaba como voluntaria en la Asociación de Prevención y Educación en Salud, Sexualidad, Sida y Derechos Humanos. La encontraron degollada el lunes 28 de marzo.
Dunia Orellana, desde San Pedro Sula
Vanessa Zúniga era una trans de 43 años, trabajaba como voluntaria en la Asociación de Prevención y Educación en Salud, Sexualidad, Sida y Derechos Humanos (APREST) y durante el domingo 27 de marzo nadie supo de ella. La hallaron golpeada, semidesnuda y degollada en un solar baldío del puerto de Tela, en el litoral atlántico de Honduras, al día siguiente, el lunes 28.
Vanessa vivía con su padre y sus hermanas en este municipio. Fueron sus familiares quienes reconocieron su cuerpo el martes 29 en las instalaciones de Medicina Forense de San Pedro Sula. “El lunes informaron de un cadáver que quedó en ropa interior y que tenía a su lado las pertenencias que andaba, como una camisa y tenis rojos. Estaba en Colonias Unidas, a dos metros del Ministerio Público”, relata a Agencia Presentes el director ejecutivo de la Asociación de Prevención y Educación en Salud, Sexualidad, Sida y Derechos Humanos (APREST), Leonel Barahona Medina. “Era Vanessa, que tenía como 24 horas de haber muerto”.
Según un oficial de la Policía Nacional de Honduras, en el caso está trabajando la Dirección Policial de Investigación (DPI) y la Unidad de Homicidios de Personas Pertenecientes a Grupos en Situación de Vulnerabilidad.
Vanessa sobrevivía con la venta de artículos a muy pequeña escala y haciendo tareas de limpieza. “Tenía una bicicleta con un troco [especie de carreta] en el que vendía agua y cigarrillos. También lavaba ropa ajena y limpiaba casas”, explica Barahona.
Las autoridades tienen varias hipótesis del hecho, pero en la escena donde fue hallado el cuerpo no lograron encontrar evidencia en las cámaras de seguridad ni testigos presenciales del hecho. “Es un caso bien complicado, pero esperamos obtener más detalles y así darle respuesta”, expresó el oficial a Presentes.
Exigen Justicia al Ministerio Público
El cadáver de la activista trans hondureña permaneció un día en la morgue de la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, adonde acudió el cuñado de Vanessa para trasladarla al puerto de Tela. “No pudieron velarla”, cuenta para Presentes el director de APREST, Leonel Barahona. “El mismo día que la reconocieron se llevaron el cuerpo a Tela para enterrarlo cerca de las 7:00 PM”.
Las organizaciones LGBTI y de derechos humanos claman por justicia. “Fue un vil asesinato” llamó la Mesa de Acceso a la Justicia LGTB que reúne a 11 organizaciones nacionales, a la muerte de la voluntaria de APREST en un pronunciamiento emitido el 2 de abril. En el comunicado, la Mesa exigió al Ministerio Público que haga “una investigación exhaustiva del asesinato de la defensora de derechos humanos Vanessa Zúniga”.
“Por la forma como la mataron es un crimen de odio”, asegura el defensor de derechos humanos Leo Barahona. “Ella ya había recibido amenazas”.
Condenamos enérgicamente el asesinato de la mujer trans Vanessa Zúniga, quien fue encontrada sin vida, el miércoles 31 de marzo del año en curso, en el Municipio de Tela, Atlántida. pic.twitter.com/je8Johe2wF
Desde junio de 2009 a la actualidad ha habido 373 muertes violentas. De todas ellas, 119 fueron personas trans. Los casos tienen un 91% de impunidad. A pesar de haber logrado la inclusión en el nuevo Código Penal del agravante de violencias basadas en orientación sexual, expresión e identidad de género, ninguna sentencia de este país lo ha tenido en cuenta.
Siguen matando a trans en Honduras
Según el Observatorio de Muertes Violentas de Personas LGBTI de la Red Lésbica Cattrachas, 2020 finalizó con 20 crímenes de odio. En lo que va del 2021 se registran dos asesinatos de homosexuales y ahora el de Vanessa, el cual es el primero del año registrado contra una mujer trans.
En abril se espera la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el la ejecución de Vicky Hernández, la mujer trans de 26 años de edad asesinada entre el 28 y el 29 de junio de 2009, en pleno toque de queda por el golpe de Estado en Honduras que depuso al entonces mandatario Manuel Zelaya.
El asesinato de Vicky sigue impune. La Corte IDH deliberó el pasado mes de marzo sobre la sentencia del caso de Hernández versus el Estado de Honduras. Si declaran culpable al Estado hondureño por la muerte de Vicky, será la primera sentencia de esta Corte sobre violencia contra personas trans en América Latina y una referencia más, tal como fue la sentencia por el travesticidio/transfemicidio de Diana Sacayán, para los países de la región.
A finales de marzo la Corte Suprema de Honduras admitió un recurso de inconstitucionalidad presentado por Cattachas contra la reforma a los artículos 67 y 112 de la Constitución de Honduras sobre el aborto y el matrimonio igualitario. La admisión fue el primer paso.
A mediados de enero, más de 300 personas de la diversidad sexual de Honduras huyeron en la primera caravana migrante rumbo a Estados Unidos. Muchxs de ellxs no pudieron llegar a sus destinos porque fueron detenidxs por las autoridades de migración en Guatemala y México y luego deportadxs a Honduras.
Triángulo Norte: una región hostil para la población LGBTI
El Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, continúa siendo una de las regiones más mortales para las poblaciones LGBTI del continente.
En 2019, las organizaciones registraron al menos 67 asesinatos en contra de la población LGBTI en la región norte de Centroamérica. La cifra ya superó en seis casos a los crímenes cometidos el año anterior, según un recuento elaborados por las instituciones.
De acuerdo al reporte, Honduras aparece a la cabeza de la lista de la región con 34 casos de crímenes de odio, seguido de Guatemala con 24 casos y El Salvador con nueve. Sólo han sido judicializados dos de estos asesinatos en El Salvador: el de Camila Díaz y el de Anahí Miranda.
En Honduras la cifra aumentó un 36 por ciento en relación a 2018, que fue de 25 casos. La mayoría de los crímenes fueron cometidos en contra de hombres gays con 19 casos; nueve mujeres trans y seis lesbianas murieron de manera violenta, según la organización Cattrachas.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ganó la reelección presidencial en 2017 de la mano del derechista y conservador Partido de Nacional de Honduras, que se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo y promueven la lectura de la Biblia en las escuelas.
“Nos asesinan por discriminación, por odio a nuestra población. Con esta pandemia nos hacemos más vulnerables por la pobreza y más si son trabajadoras sexuales porque ahorita no pueden trabajar para su alimentación o pago de renta”, dijo a Presentes Gabriela Redondo, directora del Colectivo Unidad Color Rosa con sede en la ciudad de San Pedro Sula.
Discursos de odio desde las iglesias y el gobierno
En reiteradas ocasiones personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que los crímenes de odio contra las personas de la diversidad sexual son motivados por el prejuicio, alentado por sectores conservadores y religiosos, desde el propio gobierno.
En Honduras la comunidad LGBT forma parte un amplio sector vulnerable, que ha sido acorralado por un fundamentalismo religioso, que a través de las iglesias católica y evangélica, impone la agenda de las políticas públicas. Cada vez que los temas de avances en derechos son expuestos, la clase gobernante convoca a pastores y curas para que den sus puntos de vista desde el ámbito moral y religioso.
En noviembre de 2018 el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, del conservador y gobernante Partido Nacional, planteó la necesidad que se reformara el artículo 77 de la Constitución de la República para que los pastores y ministros de la fe puedan optar a cargos de elección popular.
“El postular a los pastores como parte de la política, da mucho que pensar, porque qué saben los pastores de política o qué saben los pastores de la crisis nacional que enfrentamos, más allá de un discurso religioso, basado en la fe y en la moral, y dentro de ese discurso, de esa visión de nación, las personas LGBT no existimos”, dijo Nahil Zerón´.
Derechos como el aborto, el matrimonio entre las parejas del mismo sexo, la adopción de menores a parejas del mismo sexo no forman parte de la agenda de las instituciones del Estado, incluso, en el año 2009, se prohibió la venta de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), por considerarse “
En los últimos días fueron asesinadas en Honduras tres mujeres trans, entre ellas la defensora de derechos humanos Bessy Ferrera, y un hombre bisexual. También se produjo una tentativa de homicidio contra otra chica trans.
Los nuevos crímenes de odio, con los que ya se acumulan 21 casos en lo que va del año, comenzaron el 3 de julio con Antonia Laínez Larios (38) asesinada con arma de fuego la madrugada de ese día en una calle del municipio de El Negrito, en el norteño departamento de Yoro. Antonia era una reconocida estilista de la zona.
Los violencias continuaron la noche del sábado 6 de julio con el crimen de Santi Hernández Carbajal (32), una comunicadora social que conducía un programa en un canal de televisión. Santi fue asesinada de múltiples disparos de arma de fuego en la ciudad de Puerto Cortés, también en la zona norte de Honduras. Y en menos de 36 horas, se registró en la Segunda Avenida de Comayagüela, en el Distrito Central, el crimen de Bessy Ferrera (40), una activista de las personas VIH, desde hace trece años. Bessy fue ejecutada de un balazo en el abdomen, entre la 1:30 y 2:00 de la madrugada del lunes 8 de julio cuando ejercía la prostitución junto a otras tres compañeras. En el hecho resultó herida de varios impactos de bala otra mujer trans y las otras dos compañeras salieron huyendo de los agresores.
Las horas de la mañana transcurrieron cuando a eso de la 1:00 de la tarde del mismo lunes ocho de julio, se registró el crimen de un joven bisexual de 27 años, en la colonia Oswaldo López Arellano, uno de los sectores más conflictivos de la ciudad de San Pedro Sula, al norte de Honduras. La víctima recibió varios impactos de bala.
Antes del golpe de Estado de 2009, los ataques a personas LGBT+ eran de policías, militares y otros agentes estatales, por delitos como violación, asesinato, secuestros, extorsión, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, dijo a Presentes Indyra Mendoza, fundadora de la Red Lésbica Cattrachas. Sin embargo, ahora los crímenes se cometen además por miembros de maras y pandillas, taxistas, guardias de seguridad privada, clientes y jornaleros.
Bessy Ferrera, una defensora de los derechos humanos
Para la Red Lésbica Cattrachas, el crimen de Bessy Ferrera se torna en un caso emblemático porque a lo largo de su vida ejerció defensoría de derechos humanos, especialmente a favor de las personas VIH positivas y personas trans, trabajo que inició en el año 2006.
Ella luchó porque las personas VIH positivo tuvieran acceso a los tratamientos antirretrovirales y para que no fueran discriminadas en los centros de salud. Formó parte, además, de investigaciones internacionales como “No vales ni un centavo” de la Human Rights Watch, con datos de 2004 al 2009. Asimismo, de una campaña mundial de Amnistía Internacional, después de haber sido golpeada por agentes policiales en diciembre de 2008.
Bessy laboró de manera intensa en la defensa de los derechos humanos por ocho años ininterrumpidos y fue una de las primeras personas en pedir la ciudadanía plena de las personas trans, lo que hoy en día se conoce como ley de identidad de género. Después de su agresión y constantes amenazas, migró a Guatemala de donde regresó a Honduras en el año 2017. Era hermana de Rihanna Ferrera, defensora de derechos humanos de la organización Cozumel Trans.
Como parte de esa violencia, Rihanna recordó que ella fue víctima de un secuestro temporal para exigirle que revelara la ubicación de su hermana.
“Desde que inició el año la comunidad trans hemos venido sufriendo una serie de ataques, por defender, por exigir derechos”, dijo a Presentes Rihanna Ferrera, quien además manifestó sentirse indignada y que el asesinato de su hermana la hará más fuerte para seguir luchando por los derechos de las personas trans.
Rihanna, lamentó que la justicia hondureña no haya hecho nada en el caso de su hermana y sobre la denuncia que ella interpuso ante el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia
En medio de la consternación, recordó que hace poco una mujer trans fue quemada viva en el municipio de Villanueva, Cortés, mientras otra en Roatán, Islas de la Bahía, fue apuñalada y luego le echaron un vehículo en marcha hasta asegurarse que estaba muerta.
“A otra compañera la secuestraron, la golpearon a patadas y luego la mataron”, siguió relatando la defensora de las personas trans.
Violencia sistemática
Nahil Zerón, defensora LGBT de la Red Lésbica Cattrachas, dijo que la mayoría de los casos registrados en la última semana son de mujeres trans y que la inexistencia del Estado para garantizar los derechos a este grupo poblacional hace que este tipo de violencia sea sistemática. A su juicio, la falta de una ley de identidad de género hace que el Estado excluya a las mujeres trans y que el único espacio para que éstas tengan un ingreso económico, sea a través de la prostitución.
En los últimos años se ha introducido en tres oportunidades al Congreso Nacional, proyectos de ley encaminados a establecer una normativa de identidad de género.
Los miembros de la diversidad sexual interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 112 de la Constitución de la República, sobre el matrimonio entre las personas del mismo sexo, para el cambio de nombre y cambio de género y al artículo 116 sobre la adopción. La Corte aún no ha emitido el fallo.
Historia de impunidad
“Es importante aclarar que, aunque en este momento se está dando la muerte de estas personas, esto ha sido histórico en Honduras, siempre ha habido estos picos de asesinatos de tres, cuatro, cinco personas, en término de diez días o quince días y lo que queda es realmente una impunidad”, dijo a Presentes Indyra Mendoza, fundadora de la Red Lésbica Cattrachas.
El 96% de los crimines contra las personas de la diversidad sexual se encuentra en la impunidad, pese a que en el Ministerio Público funciona la Unidad de Investigación de Muertes Violentas de las Personas LGBTI. La unidad especial no funciona y se ha convertido en un simple requisito internacional dictado por comités de derechos humanos, e implementado por el Estado hondureño, dijo Nahil Zerón.
El único trabajo de la unidad es el registro de casos y paradójicamente éste se circunscribe a la certificación que hagan organizaciones defensoras de derechos humanos como el caso de la Red Lésbica Cattrachas. Esto se hace por la inexistencia de la identidad de género.
A partir del golpe de Estado
En los últimos diez años, a raíz del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, la Red Lésbica Cattrachas contabiliza 327 crímenes contra personas de la comunidad LGBT. En seis meses posterior al golpe de Estado se contabilizó 30 crímenes, 13 de los cuales se cometieron contra mujeres trans y de los cuales nueve se registraron durante los toques de queda (suspensión de las garantías constitucionales).
El primer caso reportado fue el de la defensora transgénero, Vicky Hernández, quien fue víctima de una ejecución extrajudicial, la noche del 28 de junio de 2009, en San Pedro Sula, en el marco de un toque de queda (restricción de circulación). El caso de Vicky se conocerá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por considerar la falta de cumplimiento del Estado de Honduras, para esclarecer el crimen.
A partir del golpe de Estado de 2009, Indyra Mendoza habla de la época post impunidad, porque “el Estado permitió tanto el asesinato de las personas LGBTTI, con impunidad, que ahora cualquiera nos puede matar por el hecho de ser una persona sexo-género diversa”, manifestó.
Indyra añadió que en aquel entonces los crímenes de odio contra las personas trans y contra sus clientes eran cometidos en las calles por elementos de la Policía Nacional Preventiva, militares y policías municipales.
Discursos de odio desde las iglesias y el gobierno
En reiteradas ocasiones personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que los crímenes de odio contra las personas de la diversidad sexual son motivados por el prejuicio, alentado por sectores conservadores y religiosos, desde el propio gobierno.
En Honduras la comunidad LGBT forma parte un amplio sector vulnerable, que ha sido acorralado por un fundamentalismo religioso, que a través de las iglesias católica y evangélica, impone la agenda de las políticas públicas. Cada vez que los temas de avances en derechos son expuestos, la clase gobernante convoca a pastores y curas para que den sus puntos de vista desde el ámbito moral y religioso.
En noviembre de 2018 el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, del conservador y gobernante Partido Nacional, planteó la necesidad que se reformara el artículo 77 de la Constitución de la República para que los pastores y ministros de la fe puedan optar a cargos de elección popular.
“El postular a los pastores como parte de la política, da mucho que pensar, porque qué saben los pastores de política o qué saben los pastores de la crisis nacional que enfrentamos, más allá de un discurso religioso, basado en la fe y en la moral, y dentro de ese discurso, de esa visión de nación, las personas LGBT no existimos”, dijo Nahil Zerón´.
Derechos como el aborto, el matrimonio entre las parejas del mismo sexo, la adopción de menores a parejas del mismo sexo no forman parte de la agenda de las instituciones del Estado, incluso, en el año 2009, se prohibió la venta de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), por considerarse “abortivas”, según los alegatos de organizaciones fundamentalistas religiosas.
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